Concepto (misional) 64 - 2026 de 2026 — Se reconocerán en tanto se encuentren debidamente probadas en el proceso

DOCUMENTO ANONIMIZADO-Hace referencia a la actividad de reemplazar datos personales al igual que información sensible, íntima, personal y familiar en aras de garantizar derechos fundamentales de las personas tanto en actuaciones administrativas iniciales como en la publicación/DOCUMENTO ANONIMIZADO-Dando cumplimiento a la resolución 352 de 2024 se procede a anonimizar el presente documento por parte del grupo de Relatoría sustituyendo los datos a proteger por xxxx,yyy o sucesivas ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad del Estado por perjuicios derivados por muerte de miembro militante del partido político de la Unión Patriótica ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Caducidad en esta cuando se alegan delitos de lesa humanidad, según Sentencia de Unificación del Consejo de Estado CADUCIDAD-Su término no inicia solo con la ocurrencia del hecho dañoso, sino cuando la víctima tiene conocimiento o puede inferir la participación del Estado, adoptándose enfoque flexible cuando se trate de víctimas del conflicto armado o de graves violaciones de derechos humanos PRUEBAS OBRANTES-Ninguna permite inferir que se haya puesto en conocimiento de las autoridades, amenazas previas que permitieran predicar una omisión en deber de protección por parte del Estado CARGA DE LA PRUEBA-Aunque recae en las partes, en caso de violación a derechos humanos el juez administrativo debe flexibilizar la valoración probatoria y puede acudir a estándares fijados por Corte Interamericana de Derechos Humanos INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS-Se encuentran justificados a título de daño moral, los demás no fueron acreditados con suficiencia LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA- No se demostró por parte de personas que adujeron ser afectadas DEMANDANTE-No se vislumbra que haya acreditado fidedignamente el desplazamiento forzado alegado CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-Se reconocerán en tanto se encuentren debidamente probadas en el proceso RECURSO DE APELACIÓN-Está llamado a prosperar respecto de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y frente a hecho victimizante de muerte objeto de estudio PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION C O L O M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA CONCEPTO N° 064/2026 Bogotá, D. C., 18 de marzo de 2026 Señores CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C Consejero Ponente, doctora WILLIAM BARRERA MUÑOZ S. D. Ref: Proceso: 05001-23-33-000-2016-00184-02 (74.041) Reparación directa Actor: xxxxxxxx y otros Demandado: Nación — Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa- Ejército Nacional y Policía Nacional El Ministerio PÚblico presenta concepto en el expediente de la referencia. En esta oportunidad, solicita revocar la sentencia recurrida. Para dicho propósito se suplica sean tenidos en cuenta los argumentos que se exponen a continuación ANTECEDENTES DEMANDA' La demanda que dio origen al presente proceso fue presentada el 28 de enero de 20162 por los familiares3 de la víctima directa xxxxx, en contra de la Nación - Presidencia de la República, Ministerio del Interior, y Ministerio de Defensa National —Ejército Nacïonal y Policia National, con el propósito de obtener la reparaciôn de los perjuicios derivados de la muerte del señor yyyyyyy (miembro militante del partido politico de la Unión Patriótica). 1 Expediente Digital. Proceso de Reparación directa en el Tribunal Admìnistrativo de Antioquia 05001-23-33-000- 2016-00184-00. 01Cuadeno1. Folios 65 a 134 del expediente fisico y páginas 87 a 156 del PDF Cuaderno 1 Expediente Digital. Expediente Digital. Proceso de Reparación directa en el Tribunal Administrativo de Antioquia 05001-23-33-000-2016-00184-00. 01Cuadeno1 . Folio 136 del expediente físico y página 157 del PDF Cuaderno 1. * Leticia Taborda Sánchez de Cuartas, Gloria Edilma Cuartas Taborda quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor Milena Vélez Cuartas; Daniel Vélez Cuartas. Mario Alexander Cuartas Taborda quien actÚa en nombre propio y en representaciön de su hijo menor Miguel Ángel Cuartas Ramirez; Sandra Liliana Cuartas Taborda quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor Jacobo Gil Cuartas: Andrés Camilo y Esteban Gaviria Cuartas, Andrés Felipe Cuartas Restrepo, Cecilia y Manuel Nelson Cuartas González. PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIAClON ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4 ' PBX 5878750 Ext 13710 PROCURADURiA GE NERAL DE LA NAC IÓN C O L O M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Asi mismo, reclaman la declaración de responsabilidad e indemnización de perjuicios por parte de las demandadas en atención a los padecimientos que han tenido que enfrentar a causa del desplazamiento forzado del que fueron víctimas a raíz de la muerte del señor xxxxx ocurrida en el municipio de ltagüí (Antioquia) el 14 de noviembre de 1988, toda vez que consideran que las entidades demandadas no cumplieron con sus deberes legales y constitucionales de protección y por el contrario aducen que, sectores de la institucionalidad de la que hacen parte de las demandadas, actuaron en connivencia con grupos paramilitares y organizaciones no oficiales que arrasaron a sangre y juego a la mayoria de los miembros o integrantes de ese partido político. Los demandantes sostienen que el señor xxxxx, fue victima de un contexto prolongado de amenazas, persecuciones y actos de intimidación derivados de su actividad politica como miembro del partido político de la Unión Patriótica, lo que lo obligó a desplazarse en varias oportunidades junto con su familia a distintos municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá con el fin de salvaguardar su integridad. Indican que en 1986 el señor xxxxxx fue designado por el Gobernador de Antioquia como alcalde del municipio de Yondó, cargo que ejerció aproximadamente durante dos años, hasta que dos meses antes de su muerte se vio forzado a renunciar debido a las constantes amenazas que recibía por su filiación ideológica y pertenencia al partido político en mención. Afirman que, ante la ausencia de medidas de protección por parte de las autoridades estatales, finalmente se trasladó con su familia al municipio de Itagüí. Afirman que, ante la ausencia de medidas de protección por parte de las autoridades estatales, finalmente se trasladó con su familia al municipio de Itagüí. Señalan que el señor xxxxxx fue asesinado con once disparos de arma de fuego en inmediaciones de la Autopista Sur, en jurisdicción del municipio de Itagüi (Antioquia) el dia 14 de noviembre de 1988. Añaden que, con posterioridad a estos hechos, los familiares continuaron siendo objeto de amenazas, lo que los obligó a abandonar el departamento de Antioquia durante varios años. Finalmente, manifiestan que acudieron ante distintas autoridades estatales para denunciar los hechos y conocer el estado de las investigaciones, pero que, según relatan, un funcionario de la Fiscalía les habria indicado que “por su propio bien no siguieran investigando soóre el caso”, situación que incrementó su temor y los Ilevó a PROCURAOURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4“ PBX 5878750 Ext. 13710 permanecer en silencio y a cambiar reiteradamente de residencia para evitar represalias y perder a otro miembro de la familia. CONTESTACIONES La Nación — Presidencia de la República se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda, señaló que carece de legitimación en causa por pasiva, y que en el caso habia operado la caducidad. El Ministerio del Interior también se opuso y adujo que los demandantes no especificaron la forma en que esa entidad pudo haber incidido en los hechos que describen. Como excepciones propuso la caducidad, la falta de legitimación en causa por pasiva y la inexistencia de la falta. Como excepciones propuso la caducidad, la falta de legitimación en causa por pasiva y la inexistencia de la falta. La Policia Nacional se opuso a la demanda y agregó que no existe prueba que demuestre la calidad de desplazados de los demandantes puesto que ta condición de víctimas por estos hechos se deriva de una condición fáctica y no de una calidad jurídica. Como excepciones propuso la caducidad de la acción, puesto que la muerte del señor Cuartas ocurrió en 1988 y la demanda solo se interpuso hasta el año 2016. lgualmente esgrimió la causal de ruptura del nexo causal relacionada con el hecho de un tercero, (en este caso grupos delincuenciales al margen de la ley), asi como el cumplimiento de sus deberes de diligencia y cuidado y culpa personal del agente. El Ejército Nacional, al igual que sus predecesores se opuso a las pretensiones y adujo que los hechos narrados por los accionantes son imputables a grupos armados al margen de la Iey por lo que propuso como excepción la falta de legitimación en causa por pasiva. A su vez esgrimió ía caaucidad y la falta de presupuestos para que se les endilgara la responsabilidad civil extracontractual, toda vez que la responsabilidad de la entidad es de medio y no de resultado. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Antioquia — Sala Séptima de Oralidad, profirió Sentencia el 17 de septiembre de 20254 en la que negó las pretensiones de la demanda. La Sala Expediente Digital. Proceso de Reparación directa en el Tribunal Administrativo de Antioquia 05001-23-33-000-2016-00184-00. Archivo 49Sentencia.pdf PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext 13710 Archivo 49Sentencia.pdf PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext 13710 inició el estudio del asunto a partir del marco general de la responsabilidad patrimonial del Estado. En relación con la caducidad del medio de control de reparación directa cuando se alegan delitos de lesa humanidad, señaló que el Consejo de Estado, mediante Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020, estableció que la regla general del término de caducidad de dos años también es aplicable en estos casos, salvo en los eventos de desaparición forzada, que cuentan con regulación especial. Precisó que dicho término comienza a contarse desde el momento en que la victima conoció o pudo conocer la participación del Estado en la producción del daño y la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y que este término puede inaplicarse únicamente cuando existan circunstancias materiales que hayan impedido ejercer el derecho de acción, situación que debe analizarse según las particularidades de cada caso. La sentencia del a quo indicó que la existencia de un proceso penal por los mismos hechos no modifica el cómputo del término de caducidad, pues lo procedente es que el interesado ejerza oportunamente la acción de reparación directa y, de ser necesario, solicite la suspensión del proceso contencioso por prejudicialidad mientras se decide el proceso penal. Recordó que la Corte Constitucional ha reiterado que el término de caducidad no inicia Únicamente con la ocurrencia del hecho dañoso, sino cuando la víctima tiene conocimiento o puede inferir razonablemente la participación del Estado y está en condiciones materiales de acudir a la jurisdicción, debiendo el juez contencioso adoptar un enfoque probatorio flexible, especialmente cuando se trate de victimas del conflicto armado o de graves violaciones de derechos humanos. Manifestó que, aunque la carga de la prueba recae en las partes, en casos de graves violaciones a derechos humanos, el juez administrativo debe flexibilizar la valoración probatoria, pudiendo acudir a pruebas indirectas, inferencias lógicas y máximas de la experiencia, en atención a la asimetría probatoria de las víctimas y a los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según los cuales el Estado no puede fundar su defensa en la falta de prueba de la víctima cuando él mismo controla los medios para esclarecer los hechos. AI valorar las pruebas mencionó que dentro del expediente obran, entre otros elementos: PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX 5878750 Ext: 13710 Una certificación de la Notaría de Itagüí en la que consta el registro de defunción de xxxxxxx^, así como el acta de levantamiento del cadáver. El oficio de la Policia Nacional6 en el que se informa que no encontraron coincidencias en sus bases documentales sobre la muerte del señor xxxxxxx. Respuestas a derechos de petición y exhortos dirigidos a distintas entidades, según los cuales, la Unidad para las Víctimas (UARIV)’ informó que el señor xxxxxxx se encuentra incluido en el Registro Único de Víctimas por el hecho victímizante de homicidio, así como bbbbb, ccccccc (sic)® dddddddd, eeeeeee, ffffffff y ttttttttttt10. En cuanto al registro por el hecho del desplazamiento forzado, señaló que ninguno de los demandantes se encontraba incluido por esa causa en el RUV11. En cuanto al registro por el hecho del desplazamiento forzado, señaló que ninguno de los demandantes se encontraba incluido por esa causa en el RUV11. Copia del cuaderno de investigación por el homicidio Ilevada a cabo por parte de la Fiscalia General de la Nación12. De este expediente se trasladó como prueba la declaración rendida el 16 de noviembre de 1988 por ddddddd, quien relató haber escuchado varios disparos cuando se encontraba cerrando un kiosco cercano al lugar de los hechos. La misma entidad informó que, revisados los archivos de los antiguos juzgados de instrucción criminal, no se encontró constancia de denuncia por amenazas contra la vida de xxxxxxx1* De igual forma expuso que la Personeria Municipal de Yondó indicó que, revisados sus archivos, no se halló expediente administrativo relacionado con las amenazas de muerte que habria recibido el señor xxxxxx mientras se desempeñaba como alcalde del municipio en los años 1986 a 198814. 5 Carpeta 01DemandaDigital archivo 01. Folio. 55 ° Carpeta 01DemandaDigital archivo 02. Folio 187. Carpeta 01DemandaDigital archivo 02. Folio 249. ^ El nombre real es Mario Alexander Cuartas Taborda (hubo un error de digitaciôn). El nombre real es Lìllìana (hubo un error de digitaciòn de quien remitìó el ìnforme) 10 lncorporada al RUV mediante Resolución del 30 de junio de 2015 de la UARIV. 11 Carpeta 01DemandaDigital archivo 04 Folio 5. 12 Carpeta 02DemandaDigital archivo 02. Folios 264 y ss. '3 Carpeta 01DemandaDigital archivo 03. Folio 47. '4 Carpeta 01DemandaOigital archivo 04. Folios 50 a 57. PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext 13710 Folios 50 a 57. PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext 13710 Relacionó como prueba trasladada el testimonio de ggggggg15, rendido dentro de otro proceso, quien como Fiscal Delegada para los procesos de Justicia y Paz, manifestó que la Unidad de Análisis y Contexto UNAC se encarga de aplicar la metodología de investigación criminal integrando análisis asociativos para identificar patrones en fenómenos delictivos complejos dentro de los cuales examinaron el paramilitarismo. Con fundamento en este material probatorio, el a quo indicó que, al abordar el estudio de la caducidad, observó que los demandantes tuvieron conocimiento de que los hechos fueron perpetrados por grupos armados al margen de la ley desde el mismo momento del fallecimiento del señor xxxxxx. Así mismo, indicó que dentro del proceso no existe prueba que permita inferir la participación directa o indirecta de agentes estatales en el hecho victimizante, ni evidencia de que el señor xxxxx hubiera puesto en conocimiento de las autoridades, amenazas previas que permitieran predicar una omisión en el deber de protección por parte del Estado16. Con base en Io anterior, adujo que el término de caducidad debia computarse desde la ocurrencia del hecho dañoso, esto es, desde el 14 de noviembre de 1988, y que como la solicitud de conciliación se radicó en julio de 2015, y la demanda en diciembre del mismo año17, los demandantes habían dejado vencer el término legal, sin que hubiesen acreditado alguna circunstancia que les hubiera impedido materialmente acudir a la jurisdicción18, debido a Io anterior, declaró probada la excepción de caducidad. Para justificar su decisión acudió a algunos precedentes jurisprudenciales con el propósito de delimitar el marco jurídico aplicable al caso. En particular citó Io relativo a la responsabilidad del Estado por omisión en el deber de protección y la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 sobre el cómputo del término de caducidad en las acciones de reparación directa. Sobre Io primero citó decisiones de la Sección Tercera del Consejo de Estado1 en las que se precisan los supuestos en los que *^ Archivo 09 expediente digital. '” En el proceso obran varios folios que revelan la existencia de un homónimo con cédula de ciudadania diferente. " La demanda realmente se radicó el 28 de enero de 2026 segÚn acta de reparto relacionada en SAMAI. Expediente Digital. Expediente Digital. Proceso de Reparación directa en el Tribunal Administrativo de Antioquia 05001-23-33-000-2016-00184-00. 01Cuadeno1. Folio 136 del expediente físico y página 157 del PDF Cuaderno 1. “Como secuestro enfermedad u otra situaciôn similar, y/o condiciones socioeconómicas que justificaran la inactividad procesal”. según menciona el a quo. ' ' Sección Tercera üel Gonsejo de Estado (õenłencias ae 11 de agosto de z011, exp. 20.325, y 29 de agosto de 2012. exp. 24.444) PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No 4-75 Torre C Piso 4ᵉ PBX. 5878750 Ext: 13710 PROCURADURiA GENE RAL DE LA NAC ION C O L O M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA 13710 PROCURADURiA GENE RAL DE LA NAC ION C O L O M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA puede configurarse la falla del servicio por incumplimiento del deber de brindar seguridad a las personas amenazadas, para concluir que en el expediente no se acreditaban circunstancias que permitieran inferir que las autoridades hubieran tenido conocimiento previo de un riesgo concreto contra la vida de xxxxxxx o que hubieran omitido adoptar medidas de protección*0. Igualmente, se apoyó en la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 y en otros precedentes relativos a la imposibilidad material de acudir a la jurisdicción, con el fin de afirmar que, en ausencia de pruebas que demostraran una circunstancia excepcional que justificara la inactividad procesal de los demandantes, el término de caducidad debía computarse desde la ocurrencia del hecho dañoso, esto es, desde el 14 de noviembre de 1988. En cuanto al desplazamiento forzado adujo que, al analizar la caducidad frente a este hecho y con base en la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, si bien el Consejo de Estado ha reconocido que el desplazamiento forzado constituye un daño continuado, razón por la cual el término de caducidad de la acción de reparación directa puede contarse desde el momento en que cesa ta situación de desplazamiento, esto es, i) cuando existen condiciones de seguridad para el retorno, ii) cuando se produce el restablecimiento en el lugar de origen, o iii) cuando la víctima logra reasentarse o arraigarse en otro lugar, lo que permite acceder a la administración de justicia, también es cierto que en este expediente no se acreditó la existencia de circunstancias que permitieran inaplicar de manera excepcional la regla de caducidad, pues, de acuerdo con la Resolución No. 2015-144199 del 30 de junio de 2015 de la UARIV, se observa que la señora ffffff acudió ante la Personería Municipal de Guarne para solicitar su inclusión en el Registro Único de Víctimas por el homicidio de su padre, mas no por desplazamiento. De igual forma, indicó que no reposaba prueba de amenazas dirigidas contra los demandantes, ni elementos que permit‹eran concluir que no contaban con garantías para retornar, o que hubieran estado materialmente impedidos para ejercer el derecho de acción. Con fundamento en lo anterior, concluyó que no se configuraron las circunstancias excepcionales que permitirían inaplicar el término de caducidad, y reiteró que para el caso del desplazamiento forzado, tampoco se acreditaron supuestos como un secuestro, enfermedad u otros eventos que les hubieran impedido a los demandantes 20 Según esas reglas, la responsabilidad procede cuando: 1) la victima solicitó protección y esta no fue brindada o fue insuficiente: 2) la victima no solicitó protección, pero las autoridades conocían las amenazas; o 3) cuando por las circunstancias de orden público el riesgo era previsible y cognoscible para las autoridades. PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext 13710 GENE RAL DE LA NACIÓ N C O L O M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA acudir a la jurisdicción; en consecuencia, al encontrar configurada la caducidad de la acción también sobre este aspecto, la Sala indicó que se encontraba impedida para emitir un pronunciamiento de fondo. RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL EXTREMO ACTIVO21 La parte recurrente manifestó su desacuerdo con la decisión del a quo, solicitó la revocatoria de la sentencia y la declaratoria de responsabilidad patrimonial de los demandados. El extremo activo sostuvo que la providencia apelada desconoció los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de acceso a la justicia y reparación por graves violaciones a los derechos humanos. Señaló que Colombia, al haber ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos mediante la Ley 16 de 1972 y reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1985, se obligó a acatar su jurisprudencia y a ejercer control de convencionalidad en la aplicación del derecho interno. En ese contexto, afirmó que el análisis de caducidad realizado por el a quo desconoció la doctrina interamericana según la cual, las restricciones temporales no pueden impedir el acceso a la justicia cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos. Con tal propósito citó, entre otras, las decisiones de la Corte Interamericana en los casos Gelman vs. Uruguay y Ordenes Guerra y otros vs. Chile, en las cuales se indicó que las acciones dirigidas a obtener reparación por graves violaciones a los derechos humanos no deben quedar sometidas a interpretaciones restrictivas que impidan su ejercicio. Añadió que tales pronunciamientos se apoyan en desarrollos del derecho internacional —como los principios de lucha contra la impunidad y los Principios y Directrices Básicos de Naciones Unidas sobre el derecho de las victimas a obtener reparaciones— los cuales excluyen la prescripción de las reclamaciones orientadas a obtener reparación por violaciones graves a los derechos humanos. El recurso destacó que la propia jurisprudencia del Consejo de Estado había admitido en varias de sus sentencias, la inaplicación del término de caducidad del medio de control de reparación directa cuando los hechos constituían crímenes de lesa humanidad, tal como ocurrió en la providencia del 2 de mayo de 2016 con ponencia Expediente Digital. Archivo 056_MemoriaIWeb-RECURSO APELACIONLE.pdf PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACION AOMINISTRATIVA Galle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX. 5678750 Ext: 13710 del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, citada incluso por la Corte Interamericana como referente comparado. 4-75 Torre C Piso 4º PBX. 5678750 Ext: 13710 del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, citada incluso por la Corte Interamericana como referente comparado. Pese a lo anterior, también indicó que el Consejo de Estado había emitido la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 contradiciendo la postura anterior, y que, con base en esta, el a quo fundó su análisis de una forma tal que esta Procuraduría no comparte, conforme lo que se consigna en el presente concepto. A juicio del recurrente, aunque el tribunal de origen reconoció que el criterio relevante para el inicio del término es el conocimiento de la eventual intervención estatal, el a quo concluyó que la caducidad debía contarse desde la ocurrencia del homicidio del señor xxxxxxxxx el 14 de noviembre de 1988, bajo el argumento de que desde ese momento, los demandantes habian conocido el hecho. Tal razonamiento —afirma—desatiende la regla de unificación, pues los demandantes solo pudieron advertir la posible injerencia estatal a partir de la Resolución del 27 de octubre de 201422 proferida por la Fiscalía 33 Especializada de la Dirección Nacional de Análisis y Contexto de Violencia contra miembros de la Unión Patriótica, y con la cual se pudo establecer que, en el exterminio de dicho movimiento politico, si hubo connivencia con el Estado. En cuanto al desplazamiento forzado, el recurrente cuestionó el análisis efectuado por el a quo en torno a la caducidad de este fenómeno. Señaló que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, el desplazamiento forzado constituye un daño continuado, lo que exige examinar las particularidades de cada caso para determinar el momento a partir del cual puede contabilizarse el término de caducidad. Según se destaca en el recurso, esa jurisprudencia ha indicado que dicho término puede computarse a partir de la condena de los responsables o desde cuando cesa el daño, esto es, i) cuando existen condiciones de seguridad para el retorno o, ii) cuando se logra el restablecimiento en el Iugar de origen, independientemente de que los afectados retornen o no; igualmente, se reconoce que, iii) el reasentamiento o arraigo en otro Iugar puede incidir en la posibilidad real de acudir a la administración de justicia. A juicio del apelante, el tribunal desatendió estos criterios al afirmar que no existían circunstancias que permitieran inaplicar el término de caducidad, conclusión que se fundamentó en la ausencia de prueba sobre desplazamiento forzado o amenazas •‘ Fecha citada de manera literal por los recurrentes. PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext. 13710 GENERAL DE LA NACION C O L O M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA 5878750 Ext. 13710 GENERAL DE LA NACION C O L O M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA contra los demandantes. En particular, reprochó que se le hubiera otorgado valor determinante a la Resolución N° 2015-144199 del 30 de junio de 2015, en la cual la señora fffffff reclamó ante la Personería Municipal de Guarne su inclusión en el Registro Único de Víctimas solo por la muerte de su padre, xxxxxxxxx, sin que por ello —según el recurrente— se permita descartar las circunstancias de violencia y persecución que sufrieron, así como las dificultades materiales que tuvieron para ejercer oportunamente el derecho de acción. El apelante también cuestionó que el a quo hubiera considerado inaplicables las excepciones reconocidas en la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado, reiteradas por la Sentencia SU-429 de 2024 de la Corte Constitucional, relativas a la existencia de circunstancias objetivas que impiden materialmente el acceso a la jurisdicción. Según el recurso, la decisión del tribunal de origen reduce el alcance de esos criterios al exigir prueba directa de amenazas o de obstáculos especificos, sin considerar el contexto de violencia generalizada que rodeó los hechos, o las condiciones que pudieron limitar durante años la posibilidad real de acudir a la justicia. En ese orden, sostuvo que en la sentencia de primera instancia se hizo una interpretación restrictiva de las reglas jurisprudenciales sobre la caducidad, lo que condujo a declarar probada dicha excepción y a abstenerse de examinar el fondo del litigio. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SANEAMIENTO DEL PROCESO CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SANEAMIENTO DEL PROCESO Analizados cada uno de los cuadernos y anexos del expediente, revisadas las pruebas aportadas, las solicitadas, las decretadas y las practicadas, así como los presupuestos para incoar la acción; esta Vista Fiscal señala que, existe un posible defecto procedimental absoluto y un desconocimiento parcial del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado con relación a la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 y de las Sentencias de Unificación de la Code Constitucional SU -167 del 18 de mayo de 2023 y SU-439 del 16 de octubre de 2024, toda vez que en la etapa de PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5876750 Ext: 13710 10 alegatos de conclusión, (surtida a partir del Auto del 1 de abril de 2022*3; es decir, a los dos años de la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, y antes de que se profiriera la sentencia de primera instancia el 17 de septiembre de 202524; es decir, con posterioridad a las sentencias de unificación de la Corte Constitucional citadas en precedencia), el a quo debió ajustar el procedimiento*5 y garantizar el derecho a la defensa y contradicción de los demandantes, solicitándoles que explicaran los motivos por los cuales no instauraron la acción de reparación directa desde que tuvieron conocimiento de que, a su juicio, el Estado a través de las entidades demandadas, tuvo injerencia en la muerte del señor xxxxxx y el desplazamiento forzoso que alegan. Lo anterior debido a que las Sentencias de Unificación de la Corte Constitucional mencionadas le imponen tres deberes a los jueces en materia de caducidad de las acciones de reparación directa que se relacionan con delitos de lesa humanidad, a saber: i) que sigan los lineamientos de la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 y la apliquen retrospectivamente cuando hay Iugar a ello, ii) que no apliquen de manera irreflexiva el cómputo de la caducidad en estos casos, sino que examinen las circunstancias particulares de cada caso, a fin de verificar si existe algÚn motivo de peso que impida la aplicación del precedente del 2020, y iii) que reajusten el trámite procesal, proporcionándole a los demandantes la oportunidad de explicar por qué a pesar de endilgarle la responsabilidad al Estado, solo pudieron acudir a la justicia hasta el año 20162*. En efecto, la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020*7, debe ser armonizada con las Sentencias de Unificación de la Corte Constitucional SU-167 de 2023* y SU -439 de 20242 , toda vez que cuando el artículo 10 del CPACA (deóer de aplicación uniforme de los normo‹s y lo jurisprudencia"), fue *3 Expediente Oigital. Archivo 27AutoTrasladoAlegatos.pdf ‘° Expediente Digital. Proceso de Reparación directa en el Tribunal Administrativo de Antioquia 05001-23-33-000-2016-00184-00. Archivo 49Sentencia.pdf ‘5 Lo cual podia haber hecho a través de un auto para mejor proveer 2^(Ver Sentencia de tutela contra providencia judicial T-044 de 2022 de la Corte Constitucional). "Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Sala Plena. Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico. Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020) Radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033) ' Corte Constitucional. Sentencia del 18 de mayo de 2023. dentro del Expediente T-8 473.096. Magistrada Ponente Diana Fajardo Rivera 2° Corte Constitucional. Sentencia de unificación SU-439 del 16 de octubre de 2024 Exp(s). T-10.001.552 y T- 10.007.411. 30 Articulo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No 4-75 Torre C Piso 4 PBX: 5878750 Ext 13710 Con este propósito, al adoptar las PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No 4-75 Torre C Piso 4 PBX: 5878750 Ext 13710 examinado por la Corte Constitucional en Sentencia C-634 de 2011, allí se expuso que la norma era exequible bajo el entendido según el cual, la jurisprudencia de la Corte Constitucional se tendría en cuenta de manera preferente a las de unificación proferidas por el Consejo de Estado, sin perjuicio del carácter obligatorio y erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad. Bajo ese entendido, y de conformidad con lo señalado en la Sentencia SU-167 de 2023, es preciso aclarar que los jueces que conocen de demandas dirigidas contra el Estado por daños derivados de delitos de lesa humanidad, genocidio o crimenes de guerra, deben examinar las circunstancias particulares del caso y de los demandantes para determinar si se configura o no la caducidad de la acción. En ese sentido, la Corte Constitucional precisó que cuando se trate de procesos en cursos’ iniciados con anterioridad a la expedición de la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, el juez tiene el deber de readecuar e/ trámite Procesal, con el fin de garantizar que los demandantes puedan pronunciarse sobre el cambio de precedente y exponer las razones que, en su criterio, les habrían impedido ejercer oportunamente la acción dentro del término de caducidad previsto para el medio de control de reparación directa, conforme a las reglas fijadas en la referida sentencia de unificación. De no otorgarse dicha oportunidad, según lo advirtió la Corte Constitucional en el precedente de unificación de 2023, podría configurarse un “defecto procedimental absoluto, susceptible de conducir a la invalidez de la decisión adoptada por el juez sontencioso administrativo, en sede de tutela”. En el caso bajo examen se advierte que, si bien esta actuación no era posible al momento de correr el traslado para alegar de conclusión el 1 de abril de 2022, porque aún no se habían proferido las sentencias de la Corte Constitucional, el a quo sí tenia el deber de hacerlo después de la emisión de estas, durante el curso del proceso en los años 2023 y 2024, y en todo caso, antes de proferir la sentencia de primera instancia en el año 2025. decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas. ^' Como ocurre en este caso, el cual inició con la interposición de la demanda el 28 de enero de 2016. PROCURADURÍA DELEGAOA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Galle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX. 5678750 Ext. 13710 12 No obstante, a juicio de esta Vista Fiscal, es posible evaluar la pertinencia de conceder o no dicha posibilidad, ante las condiciones materiales y probatorias de este proceso. REVISIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES PARA INSTAURAR LA ACCIÓN. El Ministerio Público no formula reparo alguno en relación con la competencia y jurisdicción para conocer del asunto. REVISIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES PARA INSTAURAR LA ACCIÓN. El Ministerio Público no formula reparo alguno en relación con la competencia y jurisdicción para conocer del asunto. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, advierte que no se allegó registro civil, ni partida eclesiástica de matrimonio, o alguna otra prueba fehaciente que acredite el vínculo entre la señora bbbbbbbb y el señor ccccccccc. Si bien se encuentra demostrado que tuvieron dos hijos en común —fffffff y hhhhhhh—, también consta que existió un periodo de separación durante el cual el occiso tuvo otro hijo, bbbbbbbbbbb, con una tercera persona. No se aportó prueba adicional que permita acreditar la persistencia o reanudación de la relación entre dddddd y fffff, pues la afirmación en ese sentido provino únicamente de lo manifestado por el apoderado en el libelo introductorio33. De otra parte, no se advierte poder conferido por la zzzzzzz al apoderado judicial dentro del proceso. En consecuencia, ni ella, ni sus hijos que representa, cuentan con legitimación para intervenir en la presente controversia. En lo que respecta a la legitimación en la causa por pasiva, se observa que los demandantes desistieron de atribuir responsabilidad a la Presidencia de la República, circunstancia reconocida por el a quo mediante Auto dei 7 de julio de 20203°. En cuanto a los demás integrantes del extremo pasivo, se observa que, si bien los actores señalan que el Ministerio del Interior se encuentra vinculado en los hechos, lo cierto es En cuanto a los demás integrantes del extremo pasivo, se observa que, si bien los actores señalan que el Ministerio del Interior se encuentra vinculado en los hechos, lo cierto es 3* Asi figura en su registro civil de nacimiento *3 Corte Constitucional. Sentencia T-113 de 2019/ “De conformidad con la junsprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, cuando los demandantes no aportan pmeba del estado civil a fin de acreditar el parentesco con la victima en los procesos de reparación directa o el daño causado, el juez. (i) debe hacer uso de sus facultades oficiosas con el fin de solicitar a la Registraduría o a los demandantes que aporten el Registro para acreditar la legitimación en la causa por activa (cuando falta el registro civil de nacimiento para probar el parentesco o el registro civil de matrimonio para probar la relación), la existencia del hecho o el hecho dañoso (cuai›do se requiem el registro civil de defunción para probar la muerte); y (ii) excepcionalmente, ante la imposibilidad de obtener el registro. debe analizar si existen indicios que permitan dar por probada la situación que se pretende acmditar (como la mación familiar entm las personas y la muerte)”. *4 Expediente Digital. Archivo 02TerminaProcesoPresidencia.pdf PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No 4-75 Torre C Piso 4º PBX. 5878750 Ext: 13710 que, desde el punto de vista material35, no se advierte relación alguna entre su actividad misional con los hechos que dieron lugar a la demanda; ni las pruebas allegadas permiten inferir participación de dicha entidad en la muerte del señor xxxxxxxxxx o en el desplazamiento forzado alegado por los accionantes. Así mismo, se constata que el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial 6 fue agotado. Así mismo, se constata que el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial 6 fue agotado. Ahora bien, dado que el tema de la caducidad, es el punto más álgido de esta apelación, esta Agencia del Ministerio Público tiene serias objeciones, en cuanto al tratamiento que el a quo tuvo sobre el particular, no solo porque no ajustó el caso a las preceptivas ordenadas por la Corte Constitucional en las Sentencias de Unificación SU-167 de 2023 y SU -439 de 2024, vinculantes para todos los jueces de la reparación directa, sino porque, al parecer también desconoció la orden constitucional y del Consejo de Estado relacionada con la flexibilidad probatoria en casos donde se ventilan graves violaciones al DIDH y al DHI, pues no basta mencionar la existencia de dicho parámetro, si no se interioriza y se aplica con verdadera sindéresis, aunado a la existencia de la cosa juzgada internacional. PROBLEMA JURÍDICO Corresponde determinar si la Sentencia proferida el 17 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de la referencia, debe confirmarse, revocarse o modificarse con ocasión del recurso de apelación interpuesto por los demandantes, quienes manifiestan su inconformidad con la declaratoria de caducidad de la acción realizada por el a quo respecto de los hechos relacionados con la muerte del señor xxxxxx, y el desplazamiento forzado que alegan haber sufrido. En caso de establecerse que no operó la caducidad, deberá abordarse el estudio de fondo de la controversia. TESIS. Para esta Agencia del Ministerio Público, el recurso de apelación está Ilamado En caso de establecerse que no operó la caducidad, deberá abordarse el estudio de fondo de la controversia. TESIS. Para esta Agencia del Ministerio Público, el recurso de apelación está Ilamado ^* Responde al criterio de efectividad, esto es, a la participación real de las personas en la situación jurídica que da origen a la demanda, sin importar si accionó o no, para el caso del demandante, o si fue demandado o no, cuando se trata de la parte pasiva. Consejo de Eslado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia del 6 de febrero de 2014. Radicación número: 25000-23-31-000-2011-00341-04. ^‘ La solicitud se instauró el 24 de julio de 2015 ante la Procuraduría General de la Nación, quien a través del Procurador Judicial 222 Judicial ll para Asuntos Administrativos, emitió la constancia de conciliación fallida, el 21 de septiembre de 2015 (páginas 164 a 172 del PDF contentivo de la demanda o, 144 a 151 del expediente fisico). PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIAGION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4” PBX 5878750 Ext: 13710 14 GENERAL DE LA NACIÓ bl C 0 L 0 M B I A 4-75 Torre C Piso 4” PBX 5878750 Ext: 13710 14 GENERAL DE LA NACIÓ bl C 0 L 0 M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA a prosperar únicamente en lo que respecta a la causa de la muerte del señor xxxxxx. Para sustentar esta conclusión, se demostrará, en primer Iugar, que en el presente caso no operó el fenómeno de la caducidad frente a ninguno de los dos hechos victimizantes alegados por el extremo activo de la litis (muerte y desplazamiento forzado), aunque solo el primero de ellos se encuentra acreditado en el expediente. Ahora, si bien es cierto que esta Vista Fiscal dejó expuesta la posible incursión en el defecto procedimental absoluto en que pudo haber incurrido la sentencia del a quo, a\ no concederle a los demandantes la oportunidad de pronunciarse sobre el cambio del precedente introducido en la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 (como lo exigen las sentencias de Unificación SU-167 de 2023 y SU-439 de 2024 de la Corte Constitucional), también es cierto que en este caso en particular, el panorama probatorio es claro y por ende en teoría, no habría necesidad de agotar ese presupuesto jurisprudencial. Análisis de la caducidad de la acción en casos de muerte y desplazamiento forzado asociados a crímenes de lesa humanidad: Especial referencia al exterminio de miembros del partido político de la Unión Patriótica UP Sobre la muerte del señor Cuartas González Antecedentes al interior del Consejo de Estado: Antes del 29 de enero de 2020 al interior de la Sección Tercera del Consejo de Estado, no existía un criterio uniforme en torno a la aplicación del término de caducidad respecto de los daños derivados de las conductas constitutivas de lesa humanidad°7. Asi, en la Sentencia T-044 de 2022 de la Corte Constitucional se indicó que “[a]unque las tres subsecciones coincidían en la inaplicación del término óe caducidad, no lo haClan frente al estándar probatorio respectivo. La Subsección "A" consideraba necesario que en el plenario reposaran e/ementos c/e/oicio que dieran cuenta de que los hechos alegados fueran constitutivos de delitos de lesa humanidad y, por su parte, las Subsecciones “B”y “C" consideraban suficiente que los hechos narrados tuvieran la connotación propia de tales conductas”. (Negrillas del Ministerio Publico). 37 Consejo de Estado, Sección Tercera, aulo del 17 de mayo de 2018, exp. 85001333300220140014401 (61033). PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 No obstante, lo mencionado por la Corte Constitucional, esta Vista Fiscal estudió sentencias del Consejo de Estado en las que no habia ni siquiera tal coincidencia. Por ejemplo: En la providencia del 17 de septiembre de 2013, la Subsección C de la Sección Tercera, dentro del caso seguido por la muerte del señor ddddddddd durante la toma guerrillera del Palacio de Justicia, indicó que no era procedente aplicar la caducidad frente a delitos de lesa humanidad debido al principio universal de imprescriptibilidad que rige dichos delitos. (En esa oportunidad, la Corporación señaló que la imprescriptibilidad aplicable a conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad no se circunscribe exclusivamente al ámbito penal. Por el contrario, a partir del contenido esencial de los derechos humanos, de la normativa internacional y de la jurisprudencia nacional e internacional, sostuvo que dicha imprescriptibilidad deriva de la gravedad de la afrenta social que estos delitos representan, circunstancia que irradia consecuencias jurídicas en las distintas ramas del ordenamiento, incluido el derecho administrativo). No obstante ese pronunciamiento, en otras sentencias se moduló e incluso se contradijo esa postura. En efecto, en sentencias proferidas por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado como las emitidas el 10 de febrero de 2016 (R05001-23-33-00-2015-00934-01(AG) y el 7 de diciembre de 2016 (Expediente 57.448), se indicó que el objeto y la causa en los procesos penales eran diferentes a los de los procesos en los que se persigue la indemnización administrativa, al punto de que la carga probatoria en la reparación directa la soporta el demandante, y el origen de la responsabilidad no es la culpa personal del agente, sino la antijuridicidad del daño imputable a la entidad demandada. Con fundamento en lo anterior, la Gorporación consideró que las normas internacionales que consagraban la imprescriptibilidad de la acción penal en casos de delitos de lesa humanidad, excluian las acciones indemnizatorias frente al Estado, máxime cuando en el ordenamiento jurídico interno, existía norma especial que regulaba la materia. En una tercera posición, en providencia del 20 de junio de 2011, dentro del radicado No. 11001-03-15-000-2011-00655 (AC), al estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra del auto que improbó un acuerdo conciliatorio realizado por los familiares del señor dddddddddddd por los perjuicios sufridos con la muerte de este a manos de miembros del Ejército Nacional, el Consejo de Estado señaló que en dicho asunto era pertinente dar aplicación por analogía al término de caducidad establecido PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Galle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 1b PROCURADURÍA GENE RAL DE LA NACIO N C O L O M B I A 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 1b PROCURADURÍA GENE RAL DE LA NACIO N C O L O M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA para la desaparición forzada, toda vez que los hechos se originaban igualmente en un delito de lesa humanidad, que requería una especial atención del Estado. Asi pues, concluyó que, en defensa del derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia, y dadas las circunstancias particulares del caso, la caducidad empezaría a contarse desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal. Incluso, de manera distinta, a esta tercera posición, en Sentencia del 7 de septiembre de 2015, dentro del proceso con radicado No. 11001-03-15-000-2015-01676-00(AC), al estudiar una acción de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Antioquia por revocar la excepción que declaró no probada la caducidad del medio de control de Reparación Directa interpuesto por los familiares del señor dddddd, quien se presumía que falleció a manos del Ejército Nacional, la Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que sólo una vez concluida la etapa probatoria, el Juez estaría facultado para tomar una decisión sobre la caducidad. Debido a la disparidad de criterios, la Sala Plena de la Sección Tercera emitió sentencia de segunda instancia3 dentro del radicado que tenia en ciernes, y en esta decisión, además de resolver la controversia suscitada entre las partes, unificó su jurisprudencia asi: “(...) UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: ij En tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador, ii) Este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputable responsabilidad patrimonial, y E/ término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley. *’ Sentencia del 29 de enero de 2020. PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIAGION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext 13710 GE NERAL DE LA NACIÕN C O Ł O M B I A PROCURADURİA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Esto porque, se dijo que “el conocimiento de la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado es Io que da paso al conteo del término de caducidad”3 . Dentro de los argumentos para fijar dichas reglas indicó que: Dentro de los argumentos para fijar dichas reglas indicó que: “[L]as situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los crimenes de guerra, se encuentran previstas en materia de to contencioso administrativo al amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso y en virtud de Io cual el término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a padir de que se advierta que el interesado sabía a feriía la posibilidad c/e advertir que e/ Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Politica"‘ . (...) “En suma, en la penal, la acción no prescribe si no se identifica la persona que se debe procesar por el respectivo de/ftO ÿ, en lo contencioso administrativo, e/ término de caducidad de la reparación directa no es exigible sino cuando el afectado aóvierte que e/ Estado estuvo implicado en la acción u omisión causante del daño y le resulta imputable e/ daño. (...) en nuestro ordenamiento, frente a la caducidad de la pretensión de reparación directa. se encuentra consagrado un supuesto que aplica a todos los eventos, incluidos aquellos en los que se invocan delitos de lesa humanidad y crimenes de guerra, relacionado con el conocimiento de las situaciones que permiten deducir la participación y responsabilidad del Estado, como supuesto habilitante para exigir e/ plazo para demandar. (...) Asi las cosas, la Sección Tercera concluye que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra se encuentran previstas en materia de lo contencioso administrativo al amparo de la hipótesis del conocimiento he/ hecho dañoso y en virtud de Io cual el término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a partir de que se advieda que el interesado sabía a żenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna in/erencía en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política” (Negrillas del Ministerio Público). La Corte Constitucional reforzó esta postura al señalar que: (...) “excepcionalmente, inaplicar el término de caducidad de la pretensión de reparación directa cuando (sej advierta que la no comparecencia ante la administración de justicia se encuentra justificada par razones materiales, pues el paso del tiempo no puede empezar a correr contra quien no goza del acceso efectivo a la administración de justicia, to cual, sa '“ lbídem. p. 19 Ibidem. p. 26 PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX. 5878750 Ext: 13710 18 PROCUBADURÍA GENERAL DE LA NACION C O L O M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA insiste, depende de las circunstancias especia/es de cada so/efo”*’ Esto, debido a que, para efectos del término de caducidad, no es determinante la situación causante del daño, sino la condición padicular de quien acude al aparato jurisdiccional del Estado”.42 (Negrillas del Ministerio Público). Estudio de la caducidad aplicado al caso en concreto frente al hecho victimizante de la muerte del señor xxxxxxxx Precisado lo anterior, corresponde analizar el caso concreto conforme a las reglas establecidas en la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020, segÚn las cuales el término de caducidad se cuenta desde el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer la posible participación del Estado en el daño, salvo que hayan existido circunstancias que hubieran impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción. Sobre este aspecto es necesario precisar dos aspectos de crucial importancia: i) que aunque la demanda se instauró en el año 2016, la sentencia de unificación citada resulta aplicable al caso bajo examen en atención al fenómeno de la retrospectividad,43 siempre y cuando su aplicación no sacrifique de manera intensa derechos fundamentales; y ii) que, al armonizar el tema desde el punto de vista del control de convencionalidad, se puede deducir que, a partir de las exigencias del derecho internacional que proscriben la impunidad frente a los delitos de lesa humanidad, la jurisprudencia contencioso administrativa ha entendido que la garantía de acceso a la administración de justicia en materia indemnizatoria se preserva, no mediante la supresión del término de caducidad, sino a través de su cómputo desde el momento en que las victimas conocen o razonablemente pueden conocer la posible participación del Estado en el hecho dañoso, pues solo a partir de ese instante se encuentran en condiciones reales de ejercer el derecho de acción, toda vez que en contextos como "Ibidem p. 27 42 Corte Constitucional, Sentencia T-044 de 2022 43 La retrospectividad constituye un efecto temporal propio de los cambios jurisprudenciales conforme al cual, la nueva regla interpretativa fijada por el juez se aplica de manera inmediata y general a los procesos en curso. y a aquellos que se promuevan con posterioridad a la decisión, sin que ello implique afectar situaciones jurídicas consolidadas o decisiones judiciales que ya hayan adquirido firmeza. Asi, como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, el efecto retrospectivo constituye la regla general de los cambios de precedente, salvo que el propio tribunal disponga expresamente que la nueva regla tendrá efectos exclusivamente prospectivos. (La prospectividad es el efecto temporal mediante el cual un cambio de precedente solo se aplica hacia el futuro, esto es, a los procesos o situaciones jurídicas que se inicien con posterioridad a la decisión que introduce la nueva regla jurisprudencial, con el fin de preservar la seguridad jurídica, la confianza legítima y las garantías procesales de quienes actuaron conforme al precedente vigente al momento de realizar sus actuaciones). PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIAR UN ADMINI? TR ATIVA Calle 16 No 4-75 Torre C Piso 4 PBX 5878750 Ext 13710 el colombiano, la intervención estatal suele esclarecerse tiempo después de ocurridos los hechos. Ahora bien, ese conocimiento no se puede confundir con la posibilidad real de acudir a la administración de justicia, la cual supone no solo que las víctimas se encuentren en condiciones materiales de ejercer el derecho de acción, (esto es, contar con asesoria y representación jurídica para presentar la demanda), sino poder hacerlo cuando las circunstancias de persecución o temor que rodearon los hechos hayan cesado, y ya no constituyan un obstáculo para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En el caso bajo estudio, a juicio de esta Delegada del Ministerio Público, el a quo interpretó desacertadamente dos aspectos: Concluyó que la fecha del conocimiento de la participación del Estado coincidia con el momento del conocimiento de los hechos, sin advertir que lo único que conocieron el 14 de noviembre de 1988 fue que su familiar, el señor xxxxxxx, había sido acribillado en el municipio de ltagüi (Antioquia). Sostuvo que el hecho de que la señora dddddd hubiera solicitado su inclusión en el Registro Único de Víctimas (—petición que fue atendida mediante la Resolución No. 2015-144199 del 30 de junio de 2015, expedida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas)— evidencia que, si los demandantes pudieron acudir ante la Rama Ejecutiva para obtener dicho reconocimiento con ocasión del homicidio de su padre, también habrían podido acudir oportunamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para interponer la correspondiente acción de reparación directa contra el Estado. Este razonamiento se sustenta en una mera conjetura, pues: i) no se apoya en elemento probatorio alguno que permita sostener dicha inferencia; ii) parte de equiparar el hecho de acudir ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con la posibilidad de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar al Estado, como si en dicho registro únicamente se reconociera la condición de víctima a quienes han sufrido daños derivados de la PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIAGION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX 5878750 Ext: 13710 NO PROCURADURiA GE NERAL DE LA NACIO N C 0 L O M B I A 4-75 Torre C Piso 4º PBX 5878750 Ext: 13710 NO PROCURADURiA GE NERAL DE LA NACIO N C 0 L O M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA actuación u omisión estatal en el marco de crimenes de lesa humanidad; y iii) desconoce que, en el contexto colombiano de persecución politica, con frecuencia las victimas optan por preservar su integridad y su vida antes que exponerse a la continuidad de tales riesgos mediante el ejercicio inmediato de acciones judiciales. En efecto, la UARIV no registra únicamente víctimas de hechos en los que haya participado el Estado. El Registro Único de Víctimas (RUV) incluye a todas las personas afectadas por hechos victimizantes ocurridos en el marco del conflicto armado interno, independientemente de quién haya sido el responsable, esto es, por la acción de grupos guerrilleros o subversivos, o de grupos paramilitares o de autodefensa, o con ocasión de la acción u omisión de agentes del Estado, o de terceros que actúan en el marco del conflicto armado colombiano. Es decir, el registro de una víctima no depende de la responsabilidad estatal, sino de que el hecho victimizante se encuentre relacionado con el conflicto armado interno, cuyo fundamento normativo se desprende del articulo 3 de la Ley 1448 de 201144. En ese sentido no sobra recordar que el RUV permite identificar a las victimas, acceder a medidas de asistencia y caracterizar los hechos victimiz