Consulta (misional) 285-2025 de 2025 — Prohibición de reelección en este según constitución política

NULIDAD SIMPLE-Contra acto proferido con infracción de normas en que debía fundarse, falsa motivación y en contravención del procedimiento establecido para el trámite y resolución de recusaciones ACTO DEMANDADO-Se señala que infringe principios de legalidad y constituye extralimitación de la potestad reglamentaria del Consejo Nacional Electoral CARGO PÚBLICO-Prohibición de reelección en este según Constitución Política RÉGIMEN DE IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES-Del Consejo Nacional Electoral según regulación legal CONSEJO NACIONAL ELECTORAL-Reforma efectuada por este no puede considerarse como un trámite de reelección de mesa directiva Sobre el particular, estima esta Delegada que, la reforma efectuada por el Consejo Nacional Electoral no puede entenderse como constitutiva de un trámite de reelección de la mesa directiva, sino como una actuación previsora frente a un hecho cierto como lo es la finalización del periodo de determinada mesa directiva, a lo que se adiciona que, tal y como lo contemplaba el artículo 27 del reglamento antes de su modificación, la forma de hacer la elección del Presidente y Vicepresidente (mesa directiva) debía ser acordada por los miembros del Consejo, como en efecto ocurrió CONSEJO NACIONAL ELECTORAL-No se demostró usurpación de función alguna por parte de Presidente de Corporación En lo que respecta a la presunta extralimitación de las potestades del presidente, al atribuirse facultades de la Sala Plena del CNE, en concordancia con lo expuesto en líneas anteriores, el Ministerio Público no observa que este haya usurpado función alguna de la corporación, por el contrario, se observa que, a pesar de las ausencias y desacuerdos de algunos magistrados, el proceso de adopción de la reforma reglamentaria fue ajustado al marco legal, razón por la cual el mismo fue aprobado. NULIDAD-Pretensiones de esta frente a resolución nro. 949 de 04 de marzo de 2025 del Consejo Nacional Electoral deben ser negadas toda vez que según pruebas que obran en el expediente no es posible determinar la vulneración del ordenamiento jurídico Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2025 Concepto No. 2025-11-N-285 Doctor LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Magistrado Ponente Consejo de Estado-Sección Quinta E. S. D. RADICACIÓN: 11001-03-28-000-2025-00064-00 (Acumulado) DEMANDANTES: JOSÉ GUILLERMO GÓMEZ RODRÍGUEZ Y ALBA LUCÍA VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ. DEMANDADO: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - RESOLUCIÓN No. 949 DE 2025. MEDIO DE CONTROL: NULIDAD SIMPLE. ASUNTO DE INTERÉS: PROHIBICIÓN DE REELECCIÓN, POTESTAD REGLAMENTARIA, REGIMEN DE IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES AL INTERIOR DEL CNE. Respetado magistrado: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en el proceso de la referencia. ANTECEDENTES Hechos. El 04 de marzo de 2025, el Consejo Nacional Electoral aprobó en segunda sesión ordinaria el contenido de la Resolución No. 949 de 2025, “Por medio de la cual se modifican los artículos 16 y 27 de la Resolución 065 de 1996”. El contenido de la reforma llevada a cabo fue del siguiente tenor: “(…) ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo 16 de la Resolución No. 065 de 1996, el cual quedará así: El contenido de la reforma llevada a cabo fue del siguiente tenor: “(…) ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo 16 de la Resolución No. 065 de 1996, el cual quedará así: “(…) Artículo 16°. - Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría Técnica de las sesiones. Las sesiones serán dirigidas por el Presidente del Consejo y en su defecto, por el Vicepresidente o por quien la Mesa Directiva delegue las funciones. La secretaría técnica de Sala será ejercida por el funcionario nombrado para el efecto y en su ausencia, por quien la mesa directiva designe, el cual corresponderá a un cargo del nivel Asesor o Directivo de la Entidad. (…)”. ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el artículo 27 de la Resolución No. 065 de 1996, el cual quedará así: “(…) Artículo 27°. - Presidente y Vicepresidente. El Consejo Nacional Electoral elegirá un presidente y un vicepresidente por un período de un (1) año. Una vez culminado el respectivo periodo anual y mientras se elige una nueva Mesa Directiva, seguirá fungiendo como tal aquella que venía ejerciendo dichas funciones. Cuando inicie el periodo constitucional de los Magistrados, la primera elección de mesa directiva del Consejo Nacional Electoral estará presidida por el magistrado a quien corresponda según el orden alfabético de apellidos. (…)” 1.2 Demandas. 1.2.1 Sobre el radicado 11001-03-28-000-2025-00064-00, el ciudadano JOSÉ GUILLERMO GÓMEZ RODRÍGUEZ, actuando en nombre propio y, en ejercicio de la acción pública de nulidad prevista en el artículo 137 del C.P.A.C.A, demandó el contenido de la Resolución No. 949 de 2025, por considerar que la misma se profirió con infracción de las normas en que debía fundarse, falsa motivación y en contravención del procedimiento establecido para el trámite y resolución de recusaciones, con fundamento en los siguientes argumentos: El acto demandado infringe los principios de legalidad y es una extralimitación de la potestad reglamentaria del CNE. El demandante considera que el Consejo Nacional Electoral se extralimitó en sus funciones contenidas en el artículo 265 de la Constitución Politica, al modificar el artículo 27 del reglamento interno, sin sustento jurídico alguno y con la finalidad de que la mesa directiva de la corporación continuara en funciones. El acto administrativo impugnado transgrede el principio de alternancia y desconoce la prohibición de reelección. El acto administrativo impugnado transgrede el principio de alternancia y desconoce la prohibición de reelección. Así mismo, considera que, con la prolongación del mandato de la mesa directiva del Consejo Nacional Electoral, sin una disposición legal que lo autorice, se desconoció el principio democrático de alternancia en el ejercicio del poder, e ignoró los límites establecidos por el Acto Legislativo 02 de 2015 que prohíbe la reelección para altos cargos del Estado. El acto administrativo fue proferido con desconocimiento del debido proceso en el marco del trámite de resolución de recusaciones. Señala que, la Resolución No. 949 de 2025 fue adoptada en un contexto viciado por el indebido trámite de las recusaciones formuladas en contra de los Magistrados Álvaro Hernán Prada Artunduaga y Cristian Ricardo Quiroz Romero, en ese entonces, presidente y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, respectivamente, para participar en la decisión de la reforma de los artículos 16 y 27 de la Resolución No. 065 de 1996. El demandante aduce el trámite indebido de las recusaciones formuladas contra los miembros de la mesa directiva, al haberse permitido que los mismos funcionarios recusados decidieran sobre su participación en el acto sin competencia para ello, y desconociendo el procedimiento previsto en el artículo 140 y siguientes del Código General del Proceso y el articulo 5 del reglamento interno de la entidad, lo que a su parecer constituye una violación del derecho fundamental al debido proceso, en la adopción de la reforma cuestionada. El acto administrativo demandado fue proferido con falsa motivación. El acto administrativo demandado fue proferido con falsa motivación. En esa línea, sostiene que el acto administrativo demandado adolece de falsa motivación, pues vulnera principios fundamentales del ordenamiento jurídico, haciendo referencia a la afectación al debido proceso que impone de manera correlativa la obligación de motivar adecuadamente los actos administrativos, destacando la transgresión de los principios de buena fe, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, participación y publicidad, todos ellos señalados en los artículos 83 y 209 de la Constitución, los cuales encausan las actuaciones del Consejo Nacional Electoral. 1.2.2 Sobre el radicado 11001-03-28-000-2025-00077-00, la ciudadana ALBA LUCÍA VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ, actuando en nombre propio e invocando su condición de magistrada del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de la acción pública de nulidad prevista en el artículo 137 del C.P.A.C.A, también demandó el contenido de la Resolución No. 949 de 2025, por considerar que la mismo fue expedida con infracción en las normas en que debía fundarse, sin competencia, desviación de poder, falsa motivación y desconocimiento del derecho de audiencia y defensa. En primera medida, realiza un relato de los hechos ubicados temporalmente entre el 19 de febrero y el 4 de marzo de 2025, a partir de los cuales fundamenta la demanda de nulidad y con base en ellos, sostiene que el acto adolece de los siguientes vicios a nivel constitucional, legal y reglamentario, que pueden ser catalogados así: Infracción en las normas en que debía fundarse: Sostiene el desconocimiento del derecho al debido proceso, así como de los principios de imparcialidad, legalidad, moralidad, eficacia, trasparencia, temporalidad en los cargos públicos, y participación ciudadana y deliberativa en sede administrativa. Sostiene el desconocimiento del derecho al debido proceso, así como de los principios de imparcialidad, legalidad, moralidad, eficacia, trasparencia, temporalidad en los cargos públicos, y participación ciudadana y deliberativa en sede administrativa. Infracción del derecho de audiencia y defensa: afirma que le fue negada la posibilidad de intervenir con información suficiente en el debate sobre la modificación del reglamento interno. Desviación de poder: aduce que la reforma fue utilizada para beneficiar al entonces presidente del CNE, contrario al interés general. Falsa motivación: sostiene que la resolución impugnada carece de motivación fáctica, técnica y jurídica. Sin competencia: advierte que la Resolución 1043 de 2021 fue ignorada cuando el propio presidente recusado resolvió sobre su caso sin competencia para ello, así como el articulo 16 del reglamento de la corporación que prohíbe la participación en deliberaciones a funcionarios recusados. 1.3 Fijación del Litigio. El magistrado ponente, mediante providencia del 20 de octubre de 2025, fijó el litigio en los siguientes términos: “En atención a lo expuesto líneas atrás, considera el despacho que el litigio se contrae a determinar si debe anularse la Resolución 949 del 4 de marzo de 2025, proferida por el Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se modificó el reglamento de dicha corporación, contenido en la Resolución 065 de 1996, en lo que respecta a los artículos 16 y 27. En consecuencia, deberá determinarse si, como lo sostiene la parte actora, el Consejo Nacional Electoral, al expedir el acto administrativo demandado, excedió su potestad regulatoria, incurrió en falsa motivación, desviación de poder, infracción de normas, y desconoció el reglamento de la entidad, los principios de legalidad y alternancia en el ejercicio del poder, así como la prohibición de reelección. Por lo tanto, deberán estudiarse los reparos de las demandas y establecerse si: i) la modificación que se efectuó con el acto demandado al reglamento del CNE comporta una «reelección de facto» de la mesa directiva, la cual está proscrita por la Constitución Política, ii) se tramitaron en debida forma las recusaciones que fueron formuladas contra los señores Álvaro Hernán Prada Artunduaga y Cristian Ricardo Quiroz Romero, presidente y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, a quienes presuntamente les asistía un interés directo, personal, cierto y actual en la adopción de dicha decisión, pues integran la mesa directiva que se vería beneficiada con la modificación del reglamento de la referida corporación y iii) se desconoció el reglamento del CNE en el trámite de expedición del acto demandado por violación del cuórum y votación reglamentaria, y extralimitación de las potestades del presidente, al atribuirse facultades de la Sala Plena del CNE” 1.4 Traslado para alegar de conclusión. En la providencia precitada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 182A, numeral 1, literales b) y d) del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, se dio aplicación a la figura de la sentencia anticipada, no hubo pronunciamiento sobre excepciones previas al no ser presentada alguna, se incorporaron los medios de prueba allegados por los sujetos procesales, se decretó de oficio algunos elementos de prueba, se negaron algunos instrumentos probatorios, y se procedió a correr traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual, se procede a rendir el concepto correspondiente. II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO. 2.1. Problema jurídico. II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO. 2.1. Problema jurídico. Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si es procedente la nulidad de la Resolución 949 del 4 de marzo de 2025, proferida por el Consejo Nacional Electoral, “Por medio de la cual se modifican los artículos 16 y 27 de la Resolución 065 de 1996”. Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones previas sobre (i) la prohibición de reelección en cargos públicos, (ii) el régimen de impedimentos y recusaciones del Consejo Nacional Electoral y (iii) las atribuciones reglamentarias del Consejo Nacional Electoral, antes de abordar el caso concreto. 2.1.1 Prohibición de reelección en cargos públicos. El articulo 126 de la Constitución Política, modificado por el articulo 2 del Acto Legislativo 02 de 2015, indica: “ARTICULO 126. Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente (…) Quien haya ejercido en propiedad alguno de los cargos en la siguiente lista, no podrá ser reelegido para el mismo. Tampoco podrá ser nominado para otro de estos cargos, ni ser elegido a un cargo de elección popular, sino un año después de haber cesado en el ejercido <sic> de sus funciones: Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Registrador Nacional del Estado Civil.” Según la Corte Constitucional en la Sentencia C-094/2017: “Al revisar el texto final del Acto Legislativo y contrastarlo con los objetivos perseguidos en el proyecto, se encuentra que las inhabilidades establecidas para los Miembros del CNE en el artículo impugnado se pueden agrupar en 3 tipos de medidas: (i) la prohibición de la reelección, (ii) la prohibición de la nominación el año siguiente a una Alta Corte, o a un órgano de control, y (iii) la prohibición para la elección, el año siguiente, en un cargo de elección popular. Parte fundamental de la reforma consistió en la eliminación de la reelección, no solo para el presidente de la República sino para todos aquellos cargos públicos sujetos a un periodo fijo, incluidos por su puestos los Magistrados de Altas Cortes, órganos de control, y Miembros del CNE. Al respecto sostiene la exposición de motivos: “Prohibición expresa de la reelección de cargos periodo fijo. //Se establece que en todos los cargos públicos sujetos a período fijo, quienes resulten elegidos o designados no podrán ser reelegidos para el período siguiente, con excepción de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular y en aquellos casos donde la Constitución señale un régimen distinto."[142] (…)” A partir de lo anterior, es claro que la prohibición de reelección contenida en el artículo 126 de la Constitución política, está dirigida a cargos en específico y no a dignidades transitorias al interior de corporaciones públicas en general, como es el caso de mesas directivas. 2.1.2 Del régimen de impedimentos y recusaciones del Consejo Nacional Electoral. De conformidad con la Resolución No. 1043 del 24 de marzo de 2021, aquellos se tramitan de la siguiente forma: “Artículo Primero: Modificar el artículo 5° de la Resolución No. 065 de 1996 “Por la cual se dicta el Reglamento de la Corporación”, el cual quedará así: ARTICULO 5°: Impedimentos y recusaciones. Los miembros del Consejo Nacional Electoral están sometidos al régimen de impedimentos y recusaciones que rige para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y su procedimiento se tramitará de acuerdo al Código General del Proceso. Además de las consagradas en el artículo 141 del Código General del Proceso, son causales de impedimento y recusación las consagradas en el artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Los Magistrados en quienes concurra alguna causal de recusación deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta. El Magistrado Ponente en quien concurra alguna de las causales de que trata el inciso 1° y 2° del presente artículo, deberá declararse impedido mediante Auto en el que expresará los hechos en que se fundamenta, y lo remitirá al Magistrado que le siga según el orden alfabético de apellidos, quien presentará ponencia de Resolución a la mayor brevedad posible a la Sala Plena de la corporación para que está decida si es o no fundado el impedimento. Cuando se proponga una recusación sobre el Magistrado Ponente, deberá mediante Auto manifestar si acepta o no la causal invocada, expresando los hechos y las pruebas en que se fundamenta, y lo remitirá al Magistrado que le siga según el orden alfabético de apellidos, quien presentará ponencia de Resolución a la mayor brevedad posible a la Sala Plena de la corporación para que está decida si es o no fundado la causal invocada. De encontrar fundado el impedimento o recusación, se ordenará la entrega del expediente al Magistrado a quien corresponda según el orden alfabético de apellidos; si considera infundado el impedimento, se ordenará que el mismo Magistrado continúe con el asunto. si considera infundado el impedimento, se ordenará que el mismo Magistrado continúe con el asunto. Para el Magistrado o Magistrados que no sean ponentes, una vez reunidos en Sala Plena y si alguno de ellos advierte alguna causal de recusación o impedimento sobre algún tema a decidir, lo expondrá de manera motivada, decisión que será resuelta en la misma Sala. En caso de aceptación del impedimento, deberá retirarse de la discusión y si no hubiere afectación de quórum decisorio, se podrá tomar la decisión del caso. De lo anterior se dejará constancia en la respectiva acta de sesión. Cuando se recuse a todos los Magistrados de la Sala Plena, ésta se tramitará conjuntamente y se resolverá en un mismo acto, el cual será definitivo. Cuando se acepte el impedimento de un Magistrado se ordenará sorteo de conjuez sólo en el caso en que se afecte el quórum decisorio. Contra la decisión que resuelva impedimento o recusación no procede recurso alguno.” En consonancia con lo anterior, el artículo 142 del Código General del Proceso dispone sobre la oportunidad y procedencia de las recusaciones, las siguientes reglas: “ARTÍCULO 142. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DE LA RECUSACIÓN. Podrá formularse la recusación en cualquier momento del proceso, de la ejecución de la sentencia, de la complementación de la condena en concreto o de la actuación para practicar pruebas o medidas cautelares extraprocesales. No podrá recusar quien sin formular la recusación haya hecho cualquier gestión en el proceso después de que el juez haya asumido su conocimiento, si la causal invocada fuere anterior a dicha gestión, ni quien haya actuado con posterioridad al hecho que motiva la recusación. En estos casos la recusación debe ser rechazada de plano. (…) Cuando la recusación se base en causal diferente a las previstas en este capítulo, el juez debe rechazarla de plano mediante auto que no admite recurso” En estos casos la recusación debe ser rechazada de plano. (…) Cuando la recusación se base en causal diferente a las previstas en este capítulo, el juez debe rechazarla de plano mediante auto que no admite recurso” 2.1.3 De la atribución Reglamentaria del Consejo Nacional Electoral: El articulo 265 de la Constitución Politica señala la siguiente: “ARTÍCULO 265. El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales: … 13. Darse su propio reglamento.” El artículo 335 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República para otorgar al Consejo Nacional Electoral la autonomía administrativa y presupuestal de que trata el artículo 265 de la Constitución Política, así como de adoptar la estructura orgánica e interna y la planta de personal para la Corporación. Mediante el Decreto 2085 del 19 de noviembre de 2019, se establece la estructura orgánica del Consejo Nacional Electoral, y en el numeral 13 del artículo 6° del mismo, indica que es función del Consejo Nacional Electoral, entre otras, “Darse su propio reglamento”. Con la Resolución No. 065 de 1996, se adoptó el reglamento interno de la Corporación, y mediante las Resoluciones Nos. 3378 de 2014; 0325 de 2000, 3345 de 2013 y 1043 de 2021, se modificó el mismo. En ese sentido, el artículo 33 de la Resolución 065 de 1996, contempla de manera especial que, para la modificación del reglamento, se requiere por lo menos el voto de las dos terceras partes de los miembros del Consejo emitidos en dos (2) sesiones ordinarias. 2.3 Caso concreto. Con el ánimo de determinar si el Consejo Nacional Electoral, al expedir la Resolución No. 949 de 2025, excedió o no, su potestad reglamentaria, incurrió en falsa motivación, desviación de poder, infracción de normas, y desconoció el reglamento de la entidad, los principios de legalidad y alternancia en el ejercicio del poder, así como la prohibición de reelección; esta Agencia procederá de conformidad con el litigio fijado a analizar las cuestiones planteadas, en los siguientes puntos de orden: 2.3.1 Sobre la presunta reelección de la mesa directiva del CNE. Los argumentos de las demandas se afianzan en señalar que la intención del Consejo Nacional Electoral con la Resolución No. 949 de 2025, fue la de permitir la reelección del Magistrado Álvaro Hernán Prada Artunduaga como presidente de la corporación, en contravención de la prohibición contenida artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2015 que modificó el articulo 126 de la Constitución Política. Para abordar este cargo, es pertinente poner de presente la modificación realizada con el acto administrativo demandado: Contrastado el articulado de la resolución modificada, esto es, la Resolución 065 de 1996, con la del acto administrativo demandado: Resolución No. 00949 de 2025, no se lee que dicha modificación implique un proceso de reelección de la mesa directiva como lo alegan los demandantes. En primer lugar, porque a nivel exegético y gramatical, no se incluye esta figura u opción en la redacción del articulado en controversia; y, en segundo lugar, porque para que sea procedente hablar de reelección, se requiere que precisamente, se someta a un nuevo proceso de elección, circunstancia que no se deriva de la situación fáctica y jurídica bajo análisis, a partir de la lectura de los artículos modificados. Sobre el particular, estima esta Delegada que, la reforma efectuada por el Consejo Nacional Electoral no puede entenderse como constitutiva de un trámite de reelección de la mesa directiva, sino como una actuación previsora frente a un hecho cierto como lo es la finalización del periodo de determinada mesa directiva, a lo que se adiciona que, tal y como lo contemplaba el artículo 27 del reglamento antes de su modificación, la forma de hacer la elección del Presidente y Vicepresidente (mesa directiva) debía ser acordada por los miembros del Consejo, como en efecto ocurrió. Aunando a lo anterior, de la lectura de la reforma podría considerarse en principio que, con ella se busca evitar la interinidad de un órgano que tiene funciones de rango Constitucional y legal tan trascendentales de cara a los inminentes procesos electorales, al igual que, el vencimiento del periodo de la mesa directiva respectiva no implica en sí mismo que se cumpla la condición para que aquella continué en funciones, pues esta solo se activa o posibilita mientras se elige una nueva Mesa Directiva, por lo que bien podía presentarse que, vencido el periodo de un año de que trata el reglamento, se procediera a una nueva elección de manera inmediata. Ahora bien, es preciso aclarar que, la prohibición de reelección contenida en el artículo 126 de la Constitución política, está dirigida a cargos en específico y no a dignidades transitorias al interior de corporaciones públicas, como es el caso de la mesa directiva del Consejo Nacional Electoral. En consecuencia, para el Ministerio Público este cargo no está llamado a prosperar. 2.3.2 Sobre las recusaciones que fueron formuladas contra los señores Álvaro Hernán Prada Artunduaga y Cristian Ricardo Quiroz Romero, presidente y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. 2.3.2 Sobre las recusaciones que fueron formuladas contra los señores Álvaro Hernán Prada Artunduaga y Cristian Ricardo Quiroz Romero, presidente y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Uno de los argumentos centrales de las demandas, es el indebido trámite de las recusaciones presentadas frente a algunos de los magistrados que votaron la reforma reglamentaria, para lo cual, es necesario mencionar que se encuentra probado en el expediente, que la magistrada Alba Lucía Velásquez recusó al magistrado Álvaro Hernán Prada en la sesión del 25 de febrero de 2025, con base en el numeral 1° del artículo 141 del Código General del Proceso, por cuanto advirtió que este tendría un interés directo por su calidad de presidente del Consejo Nacional Electoral, lo que no está probado frente al magistrado Cristian Quiroz Romero. Al respeto, el recusado manifestó en Sala: “el despacho considera que es totalmente improcedente la recusación, por tal motivo, la rechazo de plano, aquí no opera la recusación que se da porque pueda advertir algún tipo de interés cuando hay un juez que puede tener, precisamente puede estar comprometida su actuación, en este caso nosotros lo que estamos haciendo es en uso de nuestras facultades debatiendo una modificación al reglamento interno que es propio de nuestra actividad” Ante este rechazo, la recusante formuló recurso de súplica con fundamento en el artículo 29 del reglamento interno del Consejo Nacional Electoral, frente a lo cual el magistrado afirmó: “la decisión del rechazo de plano es porque no procede, no procede, no hay ninguna posibilidad de que proceda esa recusación, y el recurso de súplica no es contra una Resolución que yo haya proferido como presidente, he actuado y he tomado decisiones como Magistrado que hace parte de esta Sala, donde tenemos facultades de analizar cualquier propuesta por algún colega sobre alguna modificación al resultado, es inexistente la resolución que dictó el presidente de esta Corporación por la cual usted está hablando, o refiriéndose a un derecho de súplica” Ahora bien, está probado en el expediente que el magistrado Álvaro Hernán Prada no fue el ponente de la propuesta de modificación, sino que lo fue el Magistrado Alfonso Campo Martínez, para lo cual, es necesario poner de presente el siguiente apartado del artículo 5to del reglamento interno del CNE: “(…) Para el Magistrado o Magistrados que no sean ponentes, una vez reunidos en Sala Plena y si alguno de ellos advierte alguna causal de recusación o impedimento sobre algún tema a decidir, lo expondrá de manera motivada, decisión que será resuelta en la misma Sala. En caso de aceptación del impedimento, deberá retirarse de la discusión y si no hubiere afectación de quórum decisorio, se podrá tomar la decisión del caso. De lo anterior se dejará constancia en la respectiva acta de sesión. (…)” En ese sentido, a partir del acta 009 de la sesión del 25 de febrero de 2025 está probado que, efectivamente, la magistrada Alba Lucía Velásquez recusó al entonces presidente de la corporación, al igual que la discusión sobre la misma fue manifestada en Sala, y no, únicamente de manera individual. Aunado a ello, debe tenerse en cuenta la naturaleza de la causal de recusación invocada, cuya redacción se puede interpretar que gira en torno a procesos de competencia de la entidad donde el magistrado funge como juez, y se vincula a terceros, en tanto no obedece al ejercicio deliberativo de una competencia reglamentaria, esto dice el Código General del Proceso: “ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes: Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.” En ese sentido, resuena para esta Agencia que, la recusación manifestada no se ajuste fácticamente a lo acontecido al interior del CNE, por lo que se estima no debe prosperar este cargo. 2.3.3 Sobre el desconocimiento del reglamento del CNE en el trámite de expedición del acto demandado por violación del quórum y votación reglamentaria, y extralimitación de las potestades del presidente, al atribuirse facultades de la Sala Plena del CNE Para abordar este cargo, es menester poner de presente el artículo 33 de la Resolución 065 de 1996, vigente para la fecha, que contempla de manera especial que, para la modificación del reglamento, se requiere por lo menos el voto de las dos terceras partes de los miembros del Consejo emitidos en dos (2) sesiones ordinarias. A partir de la lectura de las notas finales del acto demandado, se observa que, aquel fue aprobado en efecto en dos sesiones ordinarias, de fechas 25 de febrero de 2025 y 4 de marzo de 2025, y que sólo se encontraban ausentes tres de los nueve magistrados que integran la Corporación, con lo cual se cumpliría con el quórum para efectuar la reforma: En lo que respecta a la presunta extralimitación de las potestades del presidente, al atribuirse facultades de la Sala Plena del CNE, en concordancia con lo expuesto en líneas anteriores, el Ministerio Público no observa que este haya usurpado función alguna de la corporación, por el contrario, se observa que, a pesar de las ausencias y desacuerdos de algunos magistrados, el proceso de adopción de la reforma reglamentaria fue ajustado al marco legal, razón por la cual el mismo fue aprobado. 2.4. Síntesis del concepto Las pretensiones de nulidad de la Resolución No. 949 del 4 de marzo de 2025 proferida por el Consejo Nacional Electoral deben ser negadas, toda vez que, a partir de las pruebas que obran en el expediente no es posible determinar la vulneración del ordenamiento jurídico. III.CONCLUSIÓN Con fundamento en lo expuesto, esta Delegada del Ministerio Público solicita NEGAR las pretensiones de las demandas que persiguen anular la Resolución No. 949 del 4 de marzo de 2025 proferida por el Consejo Nacional Electoral, a través de la cual modificó los artículos 16 y 27 de su reglamento. Respetuosamente, 949 del 4 de marzo de 2025 proferida por el Consejo Nacional Electoral, a través de la cual modificó los artículos 16 y 27 de su reglamento. Respetuosamente, IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ Procuradora Delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado en funciones Resolución No. 065 de 1996 | Resolución No. 00949 de 2025 Artículo 16°. - Presidencia y Secretaría de las sesiones. Las sesiones serán presididas por el Presidente del Consejo y en su defecto, por el Vicepresidente y, a falta de éste por un miembro del Consejo a quien corresponda según el orden alfabético de apellidos. Cuando el Presidente tome parte en las discusiones, asumirá la presidencia el Vicepresidente. En las sesiones del Consejo actuará como secretario el Registrador Nacional del Estado Civil, con la colaboración del Secretario General de la Registraduría o de quien haga sus veces. | Artículo 16°. - Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría Técnica de las sesiones. Las sesiones serán dirigidas por el Presidente del Consejo y en su defecto, por el Vicepresidente o por quien la Mesa Directiva delegue las funciones. La secretaría técnica de Sala será ejercida por el funcionario nombrado para el efecto y en su ausencia, por quien la mesa directiva designe, el cual corresponderá a un cargo del nivel Asesor o Directivo de la Entidad. Artículo 27°. - Presidente y Vicepresidente. El Consejo Nacional Electoral elegirá un presidente y un vicepresidente para periodos de un (1) año. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 y 23 de este reglamento, la forma de hacer la elección será acordada por los miembros del Consejo. | Artículo 27°. - Presidente y Vicepresidente. El Consejo Nacional Electoral elegirá un presidente y un vicepresidente por un período de un (1) año. | Artículo 27°. - Presidente y Vicepresidente. El Consejo Nacional Electoral elegirá un presidente y un vicepresidente por un período de un (1) año. Una vez culminado el respectivo periodo anual y mientras se elige una nueva Mesa Directiva, seguirá fungiendo como tal aquella que venía ejerciendo dichas funciones. Cuando inicie el periodo constitucional de los Magistrados, la primera elección de mesa directiva del Consejo Nacional Electoral estará presidida por el magistrado a quien corresponda según el orden alfabético de apellidos