Consulta (misional) 92 de 2026 de 2026 — No es posible acreditar en este momento procesal que el demandado se desempeñara como empleado público de tal suerte que, pudiese ejercer autoridad administrativa

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO-Se solicita negar la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto de elección como representante a la Cámara por el Departamento de Risaralda CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO-No se ha logrado determinar si se incurrió en la causal de inhabilidad planteada De lo expuesto se puede colegir que, en el actual momento procesal, los argumentos esgrimidos por el demandante no cuentan con respaldo probatorio suficiente para acreditar que se vulneró el ordenamiento jurídico, no dando en consecuencia lugar a suspender el acto de elección del demandado, por lo que se considera se debe determinar en la sentencia que finiquite la presente causa judicial, si aquel incurrió en la causal de inhabilidad planteada en el escrito de demanda. DOCUMENTO ANONIMIZADO- Dando cumplimiento a la resolución 352 de 2024 se procede a anonimizar el presente documento por parte del grupo de relatoría sustituyendo los datos a proteger por xxx, yyy o sucesivas SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Consideraciones sobre el trámite conforme el CPACA La Ley 1437 de 2011 (CPACA), establece como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que se demandan en ejercicio de los distintos medios de control. El Consejo de Estado, y más concretamente la Sección Quinta, ha analizado a profundidad el asunto para señalar las condiciones y requisitos que se deben agotar para su procedencia. En ese orden, por ejemplo, se indicó que, si bien, tratándose de la medida cautelar del acto electoral no se reguló la medida provisional de urgencia, nada se opone para que la misma se decrete cuando se cumplan los requisitos para ello, en los términos del artículo 234 del CPACA. Igualmente, el legislador no previó un traslado previo de la solicitud de medida cautelar. Sin embargo, en aras de revestir de mayores garantías al demandante y partes intervinientes, encontró que nada se oponía a dar traslado de la solicitud de medida, antes de ordenar la admisión de la demanda, para escuchar a unos y otros sujetos procesales sobre la procedencia de esta, la cual se debe decidir en el auto admisorio. Por tanto, se ha acudido al artículo 233 del CPACA para ordenar el traslado allí previsto. Fue así como mediante Auto de unificación del 26 de noviembre de 2020, señaló que al demandado debe correrle traslado por el término de 5 días de la solicitud de medida cautelar, a fin de garantizar su derecho a la defensa, garantía de la cual solo se puede prescindir ante una situación de urgencia debidamente sustentada, que justifique que la referida petición se resuelva de plano y, luego decide sobre la misma en el auto admisorio. SUSPENSIÓN PROVISIONAL- Condiciones y requisitos para la procedencia SUSPENSIÓN PROVISIONAL- Condiciones y requisitos para la procedencia En cuanto a los requisitos que se deben observar para que se suspenda un acto electoral indicó recientemente: Petición de parte debidamente sustentada. (art. 229 del CPACA) Debe elevarse en la demanda y resolverse en el auto admisorio (artículo 277 CPACA), sin embargo, ha aceptado, criterio del cual se ha apartado esta Delegada, que pueda ser presentada en escrito anexo, siempre y cuando se haga dentro del término de caducidad. Se debe indicar si la violación de las disposiciones invocadas surge de la confrontación entre el acto demandado y las normas superiores alegadas como violadas, o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud Se debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o en lo que el demandante sustente en la misma. Sustentación específica y propia o una expresa remisión en el sentido que la solicitud se soporta en el mismo concepto de violación. Cuando la solicitud se sustente en uno de los cargos de la demanda, el estudio se focaliza en este planteamiento, pero en aquellos eventos en los que no se refiera, en concreto, a cargo específico, se analizarán las censuras de la demanda. Que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor, desde esta instancia procesal, es decir, cuando el proceso apenas comienza. No cualquier desconocimiento normativo implica per se la suspensión provisional del acto acusado, por cuanto, debe analizarse, en cada caso concreto, la implicación de este con el fin de determinar si tiene o no la entidad suficiente para afectar la aplicabilidad del acto y en últimas, su legalidad. No implica prejuzgamiento, por lo que nada obsta para que la decisión adoptada varíe en el curso del proceso y para que incluso, la decisión definitiva sea diferente. No implica prejuzgamiento, por lo que nada obsta para que la decisión adoptada varíe en el curso del proceso y para que incluso, la decisión definitiva sea diferente. SUSPENSIÓN PROVISIONAL- Diferencias en las medidas cautelares entre el C.C.A y el C.P.A.C.A Así mismo, ha señalado que uno de los aspectos más destacados de la reforma, en contraste con la legislación anterior, se encuentra en el título XI, dedicado a las medidas cautelares procedentes en el marco de los procesos declarativos adelantados ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, las cuales: (i) revisten naturaleza instrumental, provisional y mutable; (ii) se sustentan en la apariencia de buen derecho y el riesgo de la mora, con excepción de la suspensión provisional de los efectos del acto demandado, cuyos requisitos específicos se encuentran previstos en el inciso primero del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011; y (iii) tienen por finalidad garantizar el objeto del proceso y la efectividad del fallo. RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Interpretación y aplicación frente al legislador El legislador tiene la discrecionalidad para prever las causales de inhabilidad e incompatibilidad, sin más limitaciones que las que surgen de la propia Carta Política. Es decir, que a esta corporación le corresponde evaluar y definir el alcance de cada uno de los hechos, situaciones o actos constitutivos de incompatibilidad o inhabilidad, así como el tiempo durante el cual se extienden y las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas. RÉGIMEN DE INHABILIDADES – Jurisprudencia de la Corte Constitucional RÉGIMEN DE INHABILIDADES – Jurisprudencia de la Corte Constitucional Es así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que: “Las inhabilidades son restricciones fijadas por el constituyente o el legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas. También han sido definidas por esta Corporación como aquellos requisitos negativos para acceder a la función pública, los cuales buscan rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público, de tal suerte que las decisiones públicas sean objetivas y tengan como resultado el adecuado cumplimiento de los fines del Estado que asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo Cfr. Corte Constitucional”. (Negrilla fuera de texto). En la sentencia C-200 de 2001 se estableció que el legislador tiene un margen de discrecionalidad amplio para regular las inhabilidades e incompatibilidades para acceder a la función pública, dentro de las limitaciones que la propia Carta define. En la sentencia C-439 de 2016, se indicó que la Constitución Política es la que le confiere al Congreso de la República el ejercicio de la función legislativa del Estado, para que por su intermedio se fijen las reglas jurídicas llamadas a gobernar las relaciones políticas, sociales y económicas en los distintos periodos de la vida estatal. RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Interpretación y aplicación situación del juez u operador jurídico RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Interpretación y aplicación situación del juez u operador jurídico Bajo ese escenario, mientras que el constituyente y/o el legislador tiene amplia facultad para regular y establecer inhabilidades, bajo las presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad, la situación del juez u operador jurídico es diferente, pues debe interpretar estricta y restrictivamente las causales de inelegibilidad, en tanto y cuanto son excepciones legales al derecho de las personas a acceder a los cargos públicos y, por tanto, cualquier interpretación en contra se entenderá contraria al artículo 40 constitucional y 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Para la aplicación de esas disposiciones, es necesario recurrir a los postulados del Consejo de Estado sobre cómo se deben interpretar y aplicar las inhabilidades e incompatibilidades; esto es, “en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal. La tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; su aplicación es restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o iuris, excepto en lo favorable; están definidas en el tiempo, salvo aquellas de carácter constitucional. RÉGIMEN DE INHABILIDADES – Criterio de interpretación restrictiva están definidas en el tiempo, salvo aquellas de carácter constitucional. RÉGIMEN DE INHABILIDADES – Criterio de interpretación restrictiva En la sentencia del 11 de julio del 2019, retomado entre otras, en el fallo de 22 de abril de 2021, el alto tribunal indicó: “[l]a Sección Quinta ha sido constante en reiterar que en la medida en que las inhabilidades implican la afectación del derecho fundamental a la participación política, en sus modalidades de ser elegido y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, la interpretación de su alcance es restrictiva”. Así, el criterio de interpretación restrictiva se ha entendido como aquel que busca la aplicación de la norma a casos concretos El juzgador, al momento de determinar la ocurrencia de una inhabilidad o incompatibilidad respecto de quien pretende ocupar un cargo público, debe limitarse al alcance de los verbos rectores empleados por el legislador “-por ejemplo, la gestión de negocios-, a las situaciones de orden jurídico que la originan y su prueba plena -v. gr. el parentesco-, así como a los límites de orden temporal -ejemplo, durante el año anterior a la elección-, espacial -v.gr. a la jurisdicción donde se llevará a cabo la elección- y a las calidades respecto de quienes se predican”. RÉGIMEN DE INHABILIDADES – Marco legal cuando se refiere al ejercicio de autoridad administrativa. a la jurisdicción donde se llevará a cabo la elección- y a las calidades respecto de quienes se predican”. RÉGIMEN DE INHABILIDADES – Marco legal cuando se refiere al ejercicio de autoridad administrativa. La petición de suspensión del acto demandado se sustenta en la posible incursión en la inhabilidad establecida en el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución Política, por ejercicio de autoridad administrativa. …En la presentación del cargo afirmó el accionante que, el demandado ejerció autoridad administrativa durante la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales toda vez que ejerció “la Coordinación de la Gerencia Integral del proyecto" durante la construcción y dotación del Hospital Regional de Alta Complejidad del departamento de Risaralda, que se ejecutó entre el 21 de febrero de 2025 y el 2 de abril de 2025, incurriendo así en la inhabilidad contenida en el numeral 2 del artículo 179 Superior. La disposición que alega el demandante se desconoció señala lo siguiente: “ARTICULO 179. No podrán ser congresistas: […] 2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección”. De acuerdo con lo anterior, el numeral 2 del artículo en comento contiene como prohibición, aquella consistente en que no podrán ser Congresistas, quienes i) hayan ostentando la calidad de empleados públicos, ii) hayan ejercido jurisdicción, autoridad política, civil, administrativa o militar, iii) dentro del límite temporal establecido por el ordenamiento jurídico -12 meses antes de la elección-; y, iv) que las circunstancias o condiciones inhabilitantes tengan lugar en la circunscripción territorial donde se desarrollará la respectiva elección. RÉGIMEN DE INHABILIDADES – Elementos que deben concurrir cuando se refiere al ejercicio de autoridad administrativa. RÉGIMEN DE INHABILIDADES – Elementos que deben concurrir cuando se refiere al ejercicio de autoridad administrativa. Sobre el particular, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una línea jurisprudencial consolidada, en el sentido que deben concurrir los siguientes elementos para que prospere dicha inhabilidad: Temporal: 12 meses anteriores a la elección. Subjetivo: Empleado Público. Objetivo: Ejercicio de jurisdicción o autoridad (política, civil, administrativa o militar). Territorial: El ejercicio de jurisdicción o autoridad en el respectivo municipio o distrito. RÉGIMEN DE INHABILIDADES – No está demostrada la configuración del elemento subjetivo pues el constituyente delimitó que el ejercicio de autoridad debe provenir de un empleado público Con ese marco, observa esta Delegada que, en esta etapa del proceso, no está demostrada la configuración del elemento subjetivo, pues el constituyente delimitó que el ejercicio de autoridad debe provenir de un empleado público, y en este caso, acorde con lo señalado por el actor, aquel interpreta que la autoridad administrativa deriva de la ejecución de un contrato de prestación de servicios profesionales. SERVIDORES PÚBLICOS – Categorías Al respecto, es oportuno recordar que, el artículo 123 de la Carta Política de 1991 estableció la categoría genérica que denominó servidores públicos, los cuales se pueden discriminar en tres categorías: i) empleados públicos, ii) miembros de corporaciones públicas y iii) trabajadores oficiales … EMPLEADO PÚBLICO – Es aquel que está vinculado a la administración mediante una relación legal y reglamentaria, nombrado en los respectivos empleos creados por la Ley, conforme la nomenclatura, clasificación, funciones, requisitos y grado salarial. Los artículos 122 y 123 constitucionales, enuncian ciertos requisitos con los que debe contar este tipo de vinculación: i) las funciones se encuentren detalladas en la ley o reglamento, ii) tengan remuneración, iii) hagan parte de la respectiva planta de personal de la entidad, iv) sus emolumentos se encuentren previstos en el presupuesto correspondiente y, v) su vinculación se efectué por un acto de nombramiento. En el mismo sentido, el inciso 3° del artículo 1 de la Ley 909 de 2004, definió las clases de empleos públicos: “De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la función pública los siguientes empleos públicos: a) Empleos públicos de carrera; b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción; c) Empleos de período fijo; d) Empleos temporales”. Por tanto, el empleado público es aquel que está vinculado a la administración mediante una relación legal y reglamentaria, nombrado en los respectivos empleos que han sido creados por la Ley, de conformidad con la nomenclatura, clasificación, funciones, requisitos y grado salarial. TRABAJADOR OFICIAL – Son aquellos que se encuentran vinculados mediante contrato de trabajo con condiciones establecidas por acuerdo de voluntades y en lo no previsto por reglamentos de trabajo y la Ley. Según lo expuesto por el Consejo de Estado, son aquellos que se encuentran vinculados mediante contrato de trabajo, cuyas condiciones en cuanto a modo, lugar, tiempo de duración, remuneración, entre otros aspectos, son establecidas a través de un acuerdo de voluntades entre la entidad y el trabajador y complementadas con lo previsto en los respectivos reglamentos internos de trabajo, pactos o convenciones colectivas y lo señalado en la Ley. CORPORACIONES PÚBLICAS- Sus miembros son servidores públicos que forman parte de un cuerpo colegiado CORPORACIONES PÚBLICAS- Sus miembros son servidores públicos que forman parte de un cuerpo colegiado Según la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, la categoría de miembro de corporaciones públicas hace referencia a un servidor público que forma parte de un cuerpo colegiado, el cual en algunos casos puede ser de elección popular, tal y como el Congreso de la República, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales o Juntas Administradoras Locales. RÉGIMEN DE INHABILIDADES – No es posible acreditar en este momento procesal que el demandado se desempeñara como empleado público de tal suerte que, pudiese ejercer autoridad administrativa/ RÉGIMEN DE INHABILIDADES – No es dable realizar interpretaciones extensivas o analógicas para incluir sujetos —como los contratistas de prestación de servicios profesionales— cuando el constituyente no los contempló expresamente en la norma. Así, a partir de los medios de prueba obrantes a la fecha, en contraste con el argumento del demandante, no es posible acreditar que el demandado se desempeñara como empleado público de tal suerte que, pudiese ejercer autoridad administrativa, no siendo posible extender la interpretación como lo pretende en demandante en tanto como se indicó en el fundamento jurídico de este concepto, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha sido enfática en señalar que, las inhabilidades, al ser restricciones al derecho fundamental de elegir y ser elegido (Art. 40 CP), son de interpretación restrictiva y aplicación taxativa. En consecuencia, no es dable realizar interpretaciones extensivas o analógicas para incluir sujetos —como los contratistas de prestación de servicios profesionales— cuando el constituyente no los contempló expresamente en la norma. Bogotá D.C., 19 de mayo de 2026 Concepto No. 2026-05-MC-NE-092 Doctor PEDRO PABLO VANEGAS GIL Magistrado Ponente Consejo de Estado-Sección Quinta E. S. D. 2026-05-MC-NE-092 Doctor PEDRO PABLO VANEGAS GIL Magistrado Ponente Consejo de Estado-Sección Quinta E. S. D. EXPEDIENTE: 11001-03-28-000-2026-00141-00 NULIDAD ELECTORAL DEMANDANTE: XXX DEMANDADO: YYY, REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PERIODO 2026-2030 TRÁMITE: MEDIDA CAUTELAR ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: INHABILIDAD PARA SER CONGRESISTA - EJERCICIO DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA -CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Respetado Magistrado: Dentro del término concedido por auto del 8 de mayo de 2026, intervengo como Agente del Ministerio Público descorriendo el traslado de la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto de elección de YYY como representante a la Cámara por el departamento de Risaralda, para el período constitucional 2026-2030. ANTECEDENTES Hechos. El 8 de marzo de 2026 se celebraron las elecciones para la escogencia de los Senadores y representantes a la Cámara que integrarían el Congreso de la República para el periodo 2026-2030. Mediante formulario E-26 CAM del 16 de marzo de 2026, se declaró la elección de YYY como representante a la Cámara por el departamento de Risaralda, para el período constitucional 2026-2030. El ciudadano XXX, en nombre propio y, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del C.P.A.C.A, demandó la elección de ARIAS HERRERA al considerar que incurrió en la inhabilidad contenida en el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución. En el mismo escrito de la demanda, el accionante solicitó como medida cautelar la suspensión provisional del acto demandado. En el mismo escrito de la demanda, el accionante solicitó como medida cautelar la suspensión provisional del acto demandado. Argumentos y normas en que se sustenta la solicitud de medida cautelar La parte actora adujo que, se debe suspender el acto demandado, de acuerdo con los siguientes argumentos: Afirmó que se configuró la inhabilidad contenida en el numeral 2 del artículo 179 Superior, por cuanto dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección, concretamente entre el 21 de febrero de 2025 y el 2 de abril de 2025, el señor YYY continuó prestando sus servicios a la EDUR E.I.C.E. en virtud del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 067 de 2025, cuyo objeto consistía en realizar la coordinación de la gerencia integral del proyecto “Construcción y Dotación del Hospital Regional de Alta Complejidad en el Departamento de Risaralda”, en el marco del contrato interadministrativo 644 de 2025. Recalcó que el demando como contratista asumió, entre otras responsabilidades, la coordinación de la gerencia del proyecto y su representación ante distintas instancias públicas y privadas; la coordinación, planeación, organización, dirección y control de acciones técnicas, administrativas, financieras y legales; la coordinación del equipo interdisciplinario vinculado a la gerencia; y la articulación de las actuaciones inherentes a la ejecución del proyecto con entidades públicas y privadas del orden nacional e internacional. En criterio del actor, “resulta evidente que el señor YYY se encuentra incurso, prima facie, en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 179 numeral 2 de la Constitución Política, en la medida en que, dentro del año anterior a la elección, ejerció de manera material funciones públicas en el marco de la gerencia del proyecto del Construcción y Dotación del Hospital de Alta Complejidad del Eje Cafetero, configurando su calidad de servidor público de facto, con autoridad administrativa” II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Problema Jurídico. Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si es procedente la suspensión provisional de los efectos del acto de elección de YYY como representante a la Cámara por el departamento de Risaralda, para el período constitucional 2026-2030. Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre i) el mecanismo de la suspensión provisional; ii) la interpretación de las inhabilidades; y, iii) el caso concreto. 2.1.1. El mecanismo de la suspensión provisional La Ley 1437 de 2011 (CPACA), establece como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que se demandan en ejercicio de los distintos medios de control. El Consejo de Estado, y más concretamente la Sección Quinta, ha analizado a profundidad el asunto para señalar las condiciones y requisitos que se deben agotar para su procedencia. En ese orden, por ejemplo, se indicó que, si bien, tratándose de la medida cautelar del acto electoral no se reguló la medida provisional de urgencia, nada se opone para que la misma se decrete cuando se cumplan los requisitos para ello, en los términos del artículo 234 del CPACA. Igualmente, el legislador no previó un traslado previo de la solicitud de medida cautelar. Sin embargo, en aras de revestir de mayores garantías al demandante y partes intervinientes, encontró que nada se oponía a dar traslado de la solicitud de medida, antes de ordenar la admisión de la demanda, para escuchar a unos y otros sujetos procesales sobre la procedencia de esta, la cual se debe decidir en el auto admisorio. Por tanto, se ha acudido al artículo 233 del CPACA para ordenar el traslado allí previsto. Por tanto, se ha acudido al artículo 233 del CPACA para ordenar el traslado allí previsto. Fue así como mediante Auto de unificación del 26 de noviembre de 2020, señaló que al demandado debe correrle traslado por el término de 5 días de la solicitud de medida cautelar, a fin de garantizar su derecho a la defensa, garantía de la cual solo se puede prescindir ante una situación de urgencia debidamente sustentada, que justifique que la referida petición se resuelva de plano y, luego decide sobre la misma en el auto admisorio. En cuanto a los requisitos que se deben observar para que se suspenda un acto electoral indicó recientemente: En cuanto a los requisitos que se deben observar para que se suspenda un acto electoral indicó recientemente: Petición de parte debidamente sustentada. (art. 229 del CPACA) Debe elevarse en la demanda y resolverse en el auto admisorio (artículo 277 CPACA), sin embargo, ha aceptado, criterio del cual se ha apartado esta Delegada, que pueda ser presentada en escrito anexo, siempre y cuando se haga dentro del término de caducidad. Se debe indicar si la violación de las disposiciones invocadas surge de la confrontación entre el acto demandado y las normas superiores alegadas como violadas, o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud Se debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o en lo que el demandante sustente en la misma. Sustentación específica y propia o una expresa remisión en el sentido que la solicitud se soporta en el mismo concepto de violación. Cuando la solicitud se sustente en uno de los cargos de la demanda, el estudio se focaliza en este planteamiento, pero en aquellos eventos en los que no se refiera, en concreto, a cargo específico, se analizarán las censuras de la demanda. Que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor, desde esta instancia procesal, es decir, cuando el proceso apenas comienza. No cualquier desconocimiento normativo implica per se la suspensión provisional del acto acusado, por cuanto, debe analizarse, en cada caso concreto, la implicación de este con el fin de determinar si tiene o no la entidad suficiente para afectar la aplicabilidad del acto y en últimas, su legalidad. No implica prejuzgamiento, por lo que nada obsta para que la decisión adoptada varíe en el curso del proceso y para que incluso, la decisión definitiva sea diferente. No implica prejuzgamiento, por lo que nada obsta para que la decisión adoptada varíe en el curso del proceso y para que incluso, la decisión definitiva sea diferente. Así mismo, ha señalado que uno de los aspectos más destacados de la reforma, en contraste con la legislación anterior, se encuentra en el título XI, dedicado a las medidas cautelares procedentes en el marco de los procesos declarativos adelantados ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, las cuales: (i) revisten naturaleza instrumental, provisional y mutable; (ii) se sustentan en la apariencia de buen derecho y el riesgo de la mora, con excepción de la suspensión provisional de los efectos del acto demandado, cuyos requisitos específicos se encuentran previstos en el inciso primero del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011; y (iii) tienen por finalidad garantizar el objeto del proceso y la efectividad del fallo. 2.1.2. Interpretación y aplicación del régimen de inhabilidades El legislador tiene la discrecionalidad para prever las causales de inhabilidad e incompatibilidad, sin más limitaciones que las que surgen de la propia Carta Política. Es decir, que a esta corporación le corresponde evaluar y definir el alcance de cada uno de los hechos, situaciones o actos constitutivos de incompatibilidad o inhabilidad, así como el tiempo durante el cual se extienden y las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas. Es así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que: Es así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que: “Las inhabilidades son restricciones fijadas por el constituyente o el legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas. También han sido definidas por esta Corporación como aquellos requisitos negativos para acceder a la función pública, los cuales buscan rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público, de tal suerte que las decisiones públicas sean objetivas y tengan como resultado el adecuado cumplimiento de los fines del Estado que asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo Cfr. Corte Constitucional”. (Negrilla fuera de texto). En la sentencia C-200 de 2001 se estableció que el legislador tiene un margen de discrecionalidad amplio para regular las inhabilidades e incompatibilidades para acceder a la función pública, dentro de las limitaciones que la propia Carta define. En la sentencia C-439 de 2016, se indicó que la Constitución Política es la que le confiere al Congreso de la República el ejercicio de la función legislativa del Estado, para que por su intermedio se fijen las reglas jurídicas llamadas a gobernar las relaciones políticas, sociales y económicas en los distintos periodos de la vida estatal. Bajo ese escenario, mientras que el constituyente y/o el legislador tiene amplia facultad para regular y establecer inhabilidades, bajo las presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad, la situación del juez u operador jurídico es diferente, pues debe interpretar estricta y restrictivamente las causales de inelegibilidad, en tanto y cuanto son excepciones legales al derecho de las personas a acceder a los cargos públicos y, por tanto, cualquier interpretación en contra se entenderá contraria al artículo 40 constitucional y 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Para la aplicación de esas disposiciones, es necesario recurrir a los postulados del Consejo de Estado sobre cómo se deben interpretar y aplicar las inhabilidades e incompatibilidades; esto es, “en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal. La tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; su aplicación es restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o iuris, excepto en lo favorable; están definidas en el tiempo, salvo aquellas de carácter constitucional”. En la sentencia del 11 de julio del 2019, retomado entre otras, en el fallo de 22 de abril de 2021, el alto tribunal indicó: “[l]a Sección Quinta ha sido constante en reiterar que en la medida en que las inhabilidades implican la afectación del derecho fundamental a la participación política, en sus modalidades de ser elegido y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, la interpretación de su alcance es restrictiva”. Así, el criterio de interpretación restrictiva se ha entendido como aquel que busca la aplicación de la norma a casos concretos. El juzgador, al momento de determinar la ocurrencia de una inhabilidad o incompatibilidad respecto de quien pretende ocupar un cargo público, debe limitarse al alcance de los verbos rectores empleados por el legislador “-por ejemplo, la gestión de negocios-, a las situaciones de orden jurídico que la originan y su prueba plena -v. gr. el parentesco-, así como a los límites de orden temporal -ejemplo, durante el año anterior a la elección-, espacial -v.gr. a la jurisdicción donde se llevará a cabo la elección- y a las calidades respecto de quienes se predican”. Bajo esos parámetros, esta Delegada del Ministerio Público analizará los argumentos expuestos en la medida cautelar. 2.2. Análisis del caso concreto. Bajo esos parámetros, esta Delegada del Ministerio Público analizará los argumentos expuestos en la medida cautelar. 2.2. Análisis del caso concreto. La petición de suspensión del acto demandado se sustenta en la posible incursión en la inhabilidad establecida en el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución Política, por ejercicio de autoridad administrativa. Para sustentar lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 296 del CPACA, según remisión al juicio ordinario y lo dispuesto en el precepto 231 ibídem, en el sentido que el escrito de medidas cautelares debe estar acompañado de “pruebas allegadas con la solicitud”, el demandante aporta: Acta General de Escrutino de Cámara territorial del Departamento de Risaralda E-26 CAM, del 16 de marzo de 2026, por la cual se declara electo como Representante a la Cámara del Departamento de Risaralda, para el período constitucional 2026-2030 a YYY del Partido y/o movimiento político - Partido Liberal Colombiano. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 067 de 2025, con el cual se acredita el vínculo contractual del demandado con la EDUR E.I.C.E. y el objeto contractual relacionado con la coordinación de la gerencia integral del proyecto. Acorde con los argumentos expuestos por la parte actora, procede el Ministerio Público a analizar si es procedente la suspensión del acto demandado. En la presentación del cargo afirmó el accionante que, el demandado ejerció autoridad administrativa durante la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales toda vez que ejerció “la Coordinación de la Gerencia Integral del proyecto" durante la construcción y dotación del Hospital Regional de Alta Complejidad del departamento de Risaralda, que se ejecutó entre el 21 de febrero de 2025 y el 2 de abril de 2025, incurriendo así en la inhabilidad contenida en el numeral 2 del artículo 179 Superior. La disposición que alega el demandante se desconoció señala lo siguiente: La disposición que alega el demandante se desconoció señala lo siguiente: “ARTICULO 179. No podrán ser congresistas: […] 2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección”. De acuerdo con lo anterior, el numeral 2 del artículo en comento contiene como prohibición, aquella consistente en que no podrán ser Congresistas, quienes i) hayan ostentando la calidad de empleados públicos, ii) hayan ejercido jurisdicción, autoridad política, civil, administrativa o militar, iii) dentro del límite temporal establecido por el ordenamiento jurídico -12 meses antes de la elección-; y, iv) que las circunstancias o condiciones inhabilitantes tengan lugar en la circunscripción territorial donde se desarrollará la respectiva elección. Sobre el particular, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una línea jurisprudencial consolidada, en el sentido que deben concurrir los siguientes elementos para que prospere dicha inhabilidad: Temporal: 12 meses anteriores a la elección. Subjetivo: Empleado Público. Objetivo: Ejercicio de jurisdicción o autoridad (política, civil, administrativa o militar). Territorial: El ejercicio de jurisdicción o autoridad en el respectivo municipio o distrito. Con ese marco, observa esta Delegada que, en esta etapa del proceso, no está demostrada la configuración del elemento subjetivo, pues el constituyente delimitó que el ejercicio de autoridad debe provenir de un empleado público, y en este caso, acorde con lo señalado por el actor, aquel interpreta que la autoridad administrativa deriva de la ejecución de un contrato de prestación de servicios profesionales. Al respecto, es oportuno recordar que, el artículo 123 de la Carta Política de 1991 estableció la categoría genérica que denominó servidores públicos, los cuales se pueden discriminar en tres categorías: i) empleados públicos, ii) miembros de corporaciones públicas y iii) trabajadores oficiales que se diferencian así: a). Empleado público. Los artículos 122 y 123 constitucionales, enuncian ciertos requisitos con los que debe contar este tipo de vinculación: i) las funciones se encuentren detalladas en la ley o reglamento, ii) tengan remuneración, iii) hagan parte de la respectiva planta de personal de la entidad, iv) sus emolumentos se encuentren previstos en el presupuesto correspondiente y, v) su vinculación se efectué por un acto de nombramiento. En el mismo sentido, el inciso 3° del artículo 1 de la Ley 909 de 2004, definió las clases de empleos públicos: “De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la función pública los siguientes empleos públicos: a) Empleos públicos de carrera; b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción; c) Empleos de período fijo; d) Empleos temporales”. Por tanto, el empleado público es aquel que está vinculado a la administración mediante una relación legal y reglamentaria, nombrado en los respectivos empleos que han sido creados por la Ley, de conformidad con la nomenclatura, clasificación, funciones, requisitos y grado salarial. b). Trabajadores oficiales. Según lo expuesto por el Consejo de Estado, son aquellos que se encuentran vinculados mediante contrato de trabajo, cuyas condiciones en cuanto a modo, lugar, tiempo de duración, remuneración, entre otros aspectos, son establecidas a través de un acuerdo de voluntades entre la entidad y el trabajador y complementadas con lo previsto en los respectivos reglamentos internos de trabajo, pactos o convenciones colectivas y lo señalado en la Ley. c). Miembro de corporaciones públicas. Según la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, la categoría de miembro de corporaciones públicas hace referencia a un servidor público que forma parte de un cuerpo colegiado, el cual en algunos casos puede ser de elección popular, tal y como el Congreso de la República, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales o Juntas Administradoras Locales. Así, a partir de los medios de prueba obrantes a la fecha, en contraste con el argumento del demandante, no es posible acreditar que el demandado se desempeñara como empleado público de tal suerte que, pudiese ejercer autoridad administrativa, no siendo posible extender la interpretación como lo pretende en demandante en tanto como se indicó en el fundamento jurídico de este concepto, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha sido enfática en señalar que, las inhabilidades, al ser restricciones al derecho fundamental de elegir y ser elegido (Art. 40 CP), son de interpretación restrictiva y aplicación taxativa. En consecuencia, no es dable realizar interpretaciones extensivas o analógicas para incluir sujetos —como los contratistas de prestación de servicios profesionales— cuando el constituyente no los contempló expresamente en la norma. Por lo anterior, en este estadio procesal de medida cautelar, los criterios aducidos por la parte actora no logran decantar, de manera clara, expresa y exigible, una oposición manifiesta entre el ordenamiento jurídico y la elección de YYY como Representante a la Cámara por el departamento de Risaralda (2026-2030). Síntesis del concepto. De lo expuesto se puede colegir que, en el actual momento procesal, los argumentos esgrimidos por el demandante no cuentan con respaldo probatorio suficiente para acreditar que se vulneró el ordenamiento jurídico, no dando en consecuencia lugar a suspender el acto de elección del demandado, por lo que se considera se debe determinar en la sentencia que finiquite la presente causa judicial, si aquel incurrió en la causal de inhabilidad planteada en el escrito de demanda. III. CONCLUSIÓN Con fundamento en lo expuesto, la Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado solicita NEGAR la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional del acto mediante el cual se eligió a YYY como representante a la Cámara por el departamento de Risaralda, para el período constitucional 2026-2030. Respetuosamente, IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado en funciones