Concepto (misional) 166 - 2026 de 2026 — Se debe confirmar en sub examine al probarse vulneración de derechos colectivos invocados, igualmente transgresión de derechos resulta imputable a accionados y ordenes impartidas por tribunal adminis

ACCIÓN POPULAR-Para protección de derechos e intereses colectivos por vulnerarse goce de ambiente sano, de moralidad administrativa, seguridad y salubridad pública y acceso a infraestructura de servicios que garantice construcciones prevaleciendo calidad de vida de habitantes ACCIONES POPULARES-Se ejercen para evitar el daño contingente, que cese el peligro, la amenaza, vulneración o agravio sobre derechos e intereses colectivos, según sentencia del Consejo de Estado ACCIONES POPULARES-Marco constitucional y legal de estas DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS-Definición según regulación legal Ahora bien, los derechos e intereses colectivos son aquellos que afectan a un grupo de personas o a la comunidad en general, sin ser titularidad de un individuo específico. El artículo 4 de la Ley 472 de 1998 refiere que son los relacionados con un ambiente sano, la moralidad administrativa, la existencia del equilibrio ecológico y manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, la conservación de especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en zonas fronterizas, el goce del espacio público, la defensa del patrimonio público, seguridad y salubridad públicas, la libre competencia económica, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, los derechos de los consumidores y usuarios, entre otros. Cabe señalar que tales derechos e intereses colectivos, no son únicamente los enunciados en el artículo 4º de la Ley 472 de 1998, sino también los definidos como tales en la Constitución, las Leyes Ordinarias y los Tratados Internacionales celebrados por Colombia. MORALIDAD ADMINISTRATIVA-Se ha considerado dentro de una doble dimensión, como principio de la función administrativa y como derecho colectivo, según doctrina y jurisprudencia del Consejo de Estado MORALIDAD ADMINISTRATIVA-Se ha considerado dentro de una doble dimensión, como principio de la función administrativa y como derecho colectivo, según doctrina y jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIONES POPULARES-En estas el art. 38 de la ley 472 de 1998 remite a normas procesales civiles sobre costas y establece protección especial para demandante a quien solo se condena cuando actúa con temeridad o mala fe de entidad demandada FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA-Argumentos por esta no prosperaron, dado que ausencia de competencia para operar plantas de tratamiento de aguas residuales o de sancionar establecimientos no determina por si sola que se presente la misma SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA-Se debe confirmar en sub examine al probarse vulneración de derechos colectivos invocados, igualmente transgresión de derechos resulta imputable a accionados y ordenes impartidas por Tribunal Administrativo, son adecuadas y proporcionales CONCEPTO N° 0166 / 2026 Bogotá D. C., 3 de septiembre de 2026 Señores consejeros CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C Consejero Ponente, doctora ADRIANA POLIDURA CASTILLO E. S. D. Radicación: 52001-23-33-000-2019-00578-01 (74023) Actor: Clara Inés Valenzuela Tipas y otros Demandado: Municipio de Cumbal y otros Referencia: Acción Popular - Ley 1437 de 2011, protección de los Derechos e Intereses Colectivos. Asunto: Apelación Sentencia Tribunal Administrativo de Nariño (28 de nov de 2025) Acción Popular - Ley 1437 de 2011, protección de los Derechos e Intereses Colectivos. Asunto: Apelación Sentencia Tribunal Administrativo de Nariño (28 de nov de 2025) El Ministerio Público presenta concepto dentro del proceso referenciado, fundado en los argumentos que se exponen a continuación. En esta oportunidad comedidamente se solicita confirmar la sentencia recurrida proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 28 de noviembre de 2025. Lo anterior, conforme a los argumentos que a continuación se exponen: ANTECEDENTES 1.1. Demanda: El día 28 de octubre de 2019 la señora Clara Inés Valenzuela Tipas y otros, a nombre propio, instauraron Acción Popular contra el municipio de Cumbal, departamento de Nariño, y la Corporación Autónoma Regional de Nariño- CORPONARIÑO, el representante de alcantarillado del sector Guan Carretera y Guan Cantería, el señor Marío Taimal, el señor Jesús Caipe, propietario de la planta quesera y el señor Alfrey Caipe Quiroz, propietario de la planta quesera Power Milk, solicitando la protección de los derechos e intereses colectivos de la comunidad de la vereda Llano de Piedras, del municipio de Cumbal, y del Resguardo de Cumbal, por la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, la seguridad y salubridad pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, derechos a la seguridad y prevención de desastres previsibles, la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, los derechos de los consumidores y usuarios de la Vereda Llano de Piedras y Resguardo de Cumbal. Durante el trámite procesal también aparecen vinculadas o relacionadas otras entidades, empresas y personas, entre ellas el Departamento de Nariño, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, empresas procesadoras de lácteos, particulares vinculados con actividades de cría o sacrificio de cerdos y la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado. La solicitud principal, consistió en que se declarara la vulneración o amenaza de estos derechos y se impartieran órdenes concretas para hacer cesar la contaminación, prevenir nuevos daños y garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de saneamiento básico. A partir de la pretensión general, formularon cinco principales y que se adoptaran medidas: 1) plan integral de descontaminación del río Cuace, deprecando ordenar al Municipio de Cumbal, CORPONARIÑO y/o a quien corresponda, el diseño y puesta en marcha de un plan de descontaminación del río Cuace, contemplando medidas urgentes, de mediano y largo plazo; dirigidas a identificar y controlar las fuentes contaminantes, participación de la comunidad afectada, medidas para recuperar y proteger la fuente hídrica y acciones de seguimiento y evaluación del cumplimiento, con el fin de atender la problemática a través de una estrategia integral que involucre a las autoridades ambientales, al municipio y a la comunidad; 2) estudio y solución del sistema de alcantarillado y tratamiento, solicitaron ordenar al Municipio de Cumbal, a CORPONARIÑO y/o a quien corresponda, realizar un estudio técnico para determinar la viabilidad de conectar los alcantarillados de los sectores: Guan Carretera, Guan Cantería y Piedra de Bolívar. La conexión debía efectuarse con el alcantarillado de la cabecera municipal, con el propósito de construir o utilizar una única planta de tratamiento para las aguas residuales de toda la cabecera municipal, teniendo como alternativa que, sí la conexión no resultaba técnica o materialmente viable, el municipio construyera una planta de tratamiento específica para dichos sectores. La infraestructura debía quedar bajo la responsabilidad de la administración municipal o de la empresa de servicios públicos domiciliarios correspondiente y debía garantizar a la comunidad un servicio de alcantarillado en condiciones adecuadas, eficientes y óptimas; 3) manejo y control de residuos sólidos y líquidos de las empresas y particulares, solicitaron ordenar al Municipio de Cumbal, CORPONARIÑO, Representante del alcantarillado del sector Piedra de Bolívar, Representante del alcantarillado de Guan Carretera y Guan Cantería, señor Jesús Caipe, propietario de una planta quesera, señor Alfrey Caipe Quiroz, propietario de la planta quesera Power Milk, que diseñaran y pusieran en marcha, con la mayor prontitud, un plan para el control y manejo de los residuos sólidos y líquidos que fueran vertidos sobre el río para evitar el vertimiento directo o inadecuado de residuos, controlar las aguas residuales de las plantas queseras, establecer mecanismos de tratamiento y disposición final, reducir los daños ambientales ocasionados al río Cuace, proteger la salud de la comunidad, garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano, preservar las actividades laborales y productivas de la población; 4) medidas inmediatas de prevención, solicitaron ordenar al Municipio de Cumbal implementar de manera inmediata todas las medidas necesarias para impedir actos, hechos o brotes que generaran contaminación ambiental y afectaran a la comunidad. Los accionantes destacaron especialmente la necesidad de proteger a la población infantil que habitaba en los sectores afectados. Esta pretensión tenía un carácter preventivo y buscaba que el municipio adoptara acciones de vigilancia, control, limpieza, atención sanitaria y prevención de nuevos actos, brotes o focos de contaminación, sin esperar a que se produjeran daños mayores; 5) cumplimiento de las normas ambientales sobre vertimientos y actuación de las autoridades, los accionantes solicitaron ordenar a los agentes contaminantes que cumplieran efectivamente las normas ambientales aplicables a los vertimientos de aguas contaminadas en la corriente hídrica del río Cuace y que las autoridades competentes, incluida CORPONARIÑO, ejercieran efectivamente sus funciones de vigilancia, control y sanción. También solicitaron que todas las autoridades competentes, incluida CORPONARIÑO, ajustaran su actuación a las funciones y deberes legales relacionados con control ambiental, vigilancia de los vertimientos, seguimiento a las actividades contaminantes, imposición de medidas administrativas cuando fueran necesarias, prevención y mitigación del daño ambiental, protección de la salud y de los derechos colectivos de la comunidad. Aunque algunas pretensiones se dirigieron inicialmente a la comunidad de la vereda Llano de Piedras, el Tribunal examinó la problemática desde una perspectiva más amplia, teniendo en cuenta la importancia del río Cuace y su conexión con otros cuerpos de agua y sistemas de abastecimiento regional. Los accionantes atribuyeron la situación a la concurrencia de varios factores, tales como, el deficiente funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, la descarga de aguas negras, los vertimientos de plantas procesadoras de lácteos, el manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos y la presunta existencia de actividades clandestinas de sacrificio o cría de animales. Afirmaron que, pese a haber presentado peticiones ante la Alcaldía de Cumbal y CORPONARIÑO en los años 2018 y 2019 las autoridades no habrían adoptado medidas suficientes, oportunas y efectivas para identificar, controlar y eliminar los focos de contaminación. En consecuencia, solicitaron al juez popular que protegiera los derechos colectivos relacionados con el ambiente sano, la salubridad, los servicios públicos, la prevención de riesgos, la moralidad administrativa y la calidad de vida, y que impartiera órdenes concretas para diseñar y ejecutar un plan integral de descontaminación del río Cuace; mejorar o reorganizar el sistema de alcantarillado; construir, conectar, adecuar o poner en funcionamiento plantas de tratamiento de aguas residuales; controlar los vertimientos de las plantas de lácteos; vigilar y prevenir actividades de sacrificio animal que pudieran contaminar el río; exigir el cumplimiento de las normas ambientales, adoptar medidas urgentes de protección para la comunidad, particularmente para los niños y demás personas expuestas a la contaminación. La controversia se relacionó principalmente con i) el vertimiento de aguas residuales domésticas y no domésticas; ii) el funcionamiento deficiente de las plantas de tratamiento de aguas residuales, iii) la contaminación producida por establecimientos procesadores de lácteos; iv) la posible existencia de actividades clandestinas de sacrificio o cría de cerdos; v) la falta de control efectivo por parte de las autoridades municipales y ambientales; vi) la afectación de la fauna, la flora, la salud y las condiciones de vida de las comunidades cercanas. Los accionantes afirmaron que el río Cuace también tenía importancia regional porque sus aguas se relacionaban con el río Blanco y con sistemas de acueducto de los municipios de Cumbal, Carlosama e Ipiales. 1.2. CONTESTACIONES. 1.2.1. La Empresa Lácteos San Diego. Contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. La empresa manifestó el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a su actividad y que contaba con los permisos de vertimiento correspondientes. La Empresa Lácteos San Diego. Contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. La empresa manifestó el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a su actividad y que contaba con los permisos de vertimiento correspondientes. Sostuvo haber adoptado las medidas técnicas necesarias para evitar la contaminación de las fuentes hídricas cercanas. Indicó contar con la asesoría técnica del ingeniero de alimentos Javier Marcillo Chamorro, encargado, entre otros aspectos, de la implementación de las buenas prácticas de manufactura. La empresa negó haber vulnerado los derechos e intereses colectivos invocados por los accionantes y solicitó que se declarara que Lácteos San Diego no había causado afectación alguna a dichos derechos. No se identificó la formulación de excepciones con una denominación específica. Su defensa se orientó principalmente a negar los hechos de contaminación que se le atribuían y a afirmar el cumplimiento de las obligaciones sanitarias y ambientales. 1.2.2. Empresa de Lácteos “Lácteos Mi Región”. Contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. La empresa afirmó que contaba con programas, instalaciones y procedimientos destinados al manejo de residuos sólidos y líquidos, de conformidad con la Resolución 2674 de 2013. Manifestó que dispuso de una planta de tratamiento de aguas residuales diseñada y construida por profesionales, en la que se desarrollaban procesos físicos, químicos y biológicos para remover los contaminantes. También explicó que los residuos tratados son entregados al alcantarillado municipal. Según su versión, las aguas siguen un recorrido por la vereda Quilismal, el barrio La Merced y la vereda Cuaspud, hasta desembocar en la quebrada Río Chiquito, la cual posteriormente se une al río Blanco. A partir de ese recorrido, sostuvo que sus vertimientos no se dirigen al río Cuace, que es la fuente hídrica objeto de la acción popular. En consecuencia, planteó que no existió una relación directa entre la actividad de la empresa y la contaminación denunciada por los accionantes. No se registró excepciones formales propuestas, su defensa se concentró en la existencia de un sistema de tratamiento de aguas residuales, el cumplimiento de la normativa aplicable, la afirmación de que los vertimientos siguen un cauce distinto al río Cuace, la inexistencia de un vínculo causal entre su actividad y la contaminación objeto del proceso. 1.2.3. Señor Campos Jaime Cuesta. Contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. El señor Campos Jaime Cuesta manifestó que su hijo y su nuera son quienes se dedicaban a la cría y comercialización de cerdos. Precisó que dicha actividad se desarrolló de manera esporádica y con fines domésticos, por lo cual negó que el lugar pudiera ser considerado un matadero clandestino. Afirmó que dentro del predio se construyeron estructuras destinadas a remover, en un porcentaje significativo, las concentraciones de agentes contaminantes antes de que las aguas fueran vertidas al río. También negó ser responsable de la presencia de vísceras y sangre encontradas en el río. Según su explicación, dichos elementos podían ser trasladados hasta la fuente hídrica por animales domésticos, como perros y gatos. No obstante, sostuvo que el principal factor de contaminación estaba constituido por las aguas negras del alcantarillado y por las aguas residuales provenientes de las veredas aledañas al sector de Llano de Piedras. En ese sentido, atribuyó principalmente la responsabilidad al Municipio de Cumbal y a las autoridades ambientales competentes. En ese sentido, atribuyó principalmente la responsabilidad al Municipio de Cumbal y a las autoridades ambientales competentes. El señor Campos Jaime Cuesta, también reconoció que la contaminación era perceptible en la comunidad por los malos olores y que el agua no podía ser utilizada para consumo humano, ni para actividades agropecuarias. Relacionó esta situación con la aparición de enfermedades que, según afirmó, habían afectado a los habitantes del sector. Propuso las siguientes excepciones o argumentos de defensa i) Falta de legitimación en la causa por pasiva, afirmando que no era el sujeto llamado a responder por la problemática ambiental objeto de la demanda, pues la responsabilidad debía atribuirse a las entidades públicas encargadas de preservar y controlar el ambiente; ii) Responsabilidad exclusiva de CORPONARIÑO y del Municipio de Cumbal, ya que el daño ambiental debía atribuirse exclusivamente a dichas entidades, en su criterio, la contaminación provenía fundamentalmente de las aguas negras del alcantarillado y de las deficiencias de control ambiental, materias que correspondían a dichas autoridades; iii) c. Posición frente a las pretensiones, aunque propuso la falta de legitimación por pasiva, manifestó que no se oponía a las pretensiones dirigidas contra el Municipio de Cumbal y CORPONARIÑO, en cuanto consideraba que esas entidades sí tenían funciones relacionadas con la preservación del orden ambiental. 1.2.4. Señor Fredy Alveiro Cuesta Chirán. Sostuvo que la cría y comercialización de cerdos se realizaba únicamente de manera esporádica y para uso doméstico. Por esa razón, negó que en el predio funcionara un matadero clandestino. Afirmó que, en el lugar se habían construido estructuras para remover parte de las concentraciones contaminantes antes del vertimiento de las aguas. Por esa razón, negó que en el predio funcionara un matadero clandestino. Afirmó que, en el lugar se habían construido estructuras para remover parte de las concentraciones contaminantes antes del vertimiento de las aguas. Como compromiso específico, manifestó que no sacrificaría animales dentro del predio ubicado en la vereda Llano de Piedras. Indicó que esa medida contribuiría a mitigar la contaminación del río Cuace, aunque también sostuvo que la protección del río debía ser una responsabilidad compartida por todos los miembros de la comunidad, pues la fuente hídrica era utilizada como botadero de basuras y desechos. Al igual que el señor Campos Jaime Cuesta, negó ser responsable de las vísceras y la sangre encontradas en el río. Explicó que esos elementos podían ser transportados por perros y gatos. También afirmó que el principal contaminante era el vertimiento de aguas negras del alcantarillado, junto con las aguas residuales de las veredas cercanas. Señaló que los malos olores impedían el uso del agua para consumo humano y actividades agropecuarias y que la situación había generado enfermedades en la comunidad. Propuso las siguientes excepciones a. Falta de legitimación en la causa por pasiva, indicando que no debía responder por la contaminación del río, porque no se había demostrado que su actividad fuera la causa principal de la afectación ambiental. b. Responsabilidad atribuible al Municipio de Cumbal y a CORPONARIÑO, como entidades encargadas de la vigilancia, control y protección ambiental. c. Compromiso de no sacrificar animales en el predio de la vereda Llano de Piedras, negó la existencia de un matadero clandestino. d. Posición frente a las pretensiones, manifestó que no se oponía a las pretensiones dirigidas contra el Municipio de Cumbal y CORPONARIÑO, por considerar que ésas entidades tenían a su cargo la preservación del orden ambiental. 1.2.5. Empresa de Lácteos San José Cumbal. La empresa indicó contar con controles para el manejo de residuos sólidos y líquidos y que implementó buenas prácticas de manufactura. Explicó que dentro de su programa de manejo de residuos se establecieron procedimientos para controlar los residuos desde su generación hasta su disposición final, de acuerdo con la Resolución 2674 de 2013. Según la contestación, los residuos generados en la planta pasaban por varias etapas de tratamiento, entre ellas, tratamiento preliminar, trampa de grasas, tanque séptico, tanque FAFA (Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente), filtro anaerobio de zeolita, cámara de retención. Posteriormente, las aguas se conectaban al alcantarillado municipal, desde donde siguen un recorrido por la vereda Quilismal, el barrio La Merced y la vereda Cuaspud, hasta desembocar en la quebrada Río Chiquito y luego en el río Blanco. La empresa afirmó que dicho recorrido no correspondía al río Cuace. Por ello, sostuvo que no estaba contaminando las fuentes de agua señaladas en la acción popular. También indicó que su actividad demostraba el interés de cumplir la normativa sanitaria y ambiental y de atender los requerimientos de las entidades de control y vigilancia, particularmente CORPONARIÑO e INVIMA. No formuló excepciones formales bajo una denominación específica. La defensa se estructuró alrededor de los siguientes argumentos: cumplimiento de las obligaciones sanitarias, existencia y funcionamiento de mecanismos de tratamiento de aguas residuales, manejo controlado de los residuos, inexistencia de vertimientos directos al río Cuace, falta de relación entre la actividad de la empresa y la contaminación objeto del proceso. 1.2.6. Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Mediante apoderado judicial contestó la demanda el día 8 de septiembre de 2022. Se opuso a las pretensiones formuladas en su contra. Sostuvo que carecía de legitimación en la causa por pasiva, porque no tenía competencia directa en los hechos relacionados con la contaminación del rio y para controlar o sancionar los vertimientos concretos denunciados. Afirmó que no era la entidad competente para realizar el control, seguimiento o sanción de las eventuales infracciones ambientales ocurridas en el municipio de Cumbal y que esas funciones correspondían a CORPONARIÑO, de acuerdo con las competencias atribuidas por la Ley. El Ministerio también señaló que no existía prueba de una omisión suya que hubiera generado el daño ambiental denunciado. Negó, igualmente, que se hubiera demostrado una relación de causalidad entre su actuación y la contaminación del río. Por el contrario, afirmó que había cumplido sus funciones como entidad encargada de formular políticas ambientales. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, indicando que no tenía participación directa en la situación ni competencia directa para controlar o sancionar los vertimientos y que no era el sujeto llamado a responder por los hechos, porque las competencias de control, seguimiento y sanción de las infracciones ambientales correspondían a CORPONARIÑO y a las demás autoridades territoriales o ambientales competentes. Igualmente, propuso la excepción genérica, solicitando que se declararan de oficio las excepciones que resultaran demostradas dentro del proceso. Finalmente, solicitó que se desestimaran las pretensiones formuladas en su contra y que se declarara su falta de responsabilidad en los hechos relacionados con la contaminación del río Cuace. Finalmente, solicitó que se desestimaran las pretensiones formuladas en su contra y que se declarara su falta de responsabilidad en los hechos relacionados con la contaminación del río Cuace. 1.2.7. Cooperativa de Agua Potable y saneamiento básico para el casco urbano de Cumbal “COOPSERCUM”. Mediante apoderado judicial presentó contestación 20 de enero de 2026, aclarando que es una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios que operaba en el casco urbano del Municipio de Cumbal, indicando que no tuvo competencia técnica, ni administrativa para efectuar el seguimiento, control, vigilancia ambiental o imposición de medidas a establecimientos industriales ubicados en zona rural como las procesadoras lácteas que operaban en la vereda de Guan, cuyo control ambiental, según mencionó, recaía sobre Corponariño y la Alcaldía Municipal. 1.2.8. Señor Alfrey Caipe Quiroz, propietario de la planta quesera Power Milk presentó la contestación de la demanda de manera extemporánea. 1.2.9. Departamento de Nariño. No presentó contestación de la demanda. 1.2.10. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. No contestó la demanda. 1.2.11. Municipio de Cumbal. No contestó la demanda. 1.2.12. Corporación Autónoma Regional de Nariño — CORPONARIÑO. No presentó contestación de la demanda. 1.2.11. Municipio de Cumbal. No contestó la demanda. 1.2.12. Corporación Autónoma Regional de Nariño — CORPONARIÑO. No presentó contestación de la demanda. Debe distinguirse esta falta de contestación de los planteamientos realizados posteriormente por la Corporación en sus informes y alegatos de conclusión. En esas actuaciones posteriores, CORPONARIÑO sostuvo, en esencia, que el saneamiento básico y la prestación de los servicios públicos correspondían principalmente al municipio, que sus funciones estaban relacionadas con la revisión, aprobación, vigilancia y control ambiental, que había realizado requerimientos y actuaciones administrativas frente al Municipio de Cumbal, COOPSERCUM y algunos establecimientos y que su intervención no implicaba coadministrar, ni asumir directamente la financiación o ejecución de las obras municipales. 1.2.13. Señor Mario Taimal, representante del alcantarillado de Guan Carretera y Guan Cantería, no presentó contestación de la demanda. 1.3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: El 28 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Nariño dictó fallo de primera instancia, el cual estableció la presencia de varias afectaciones al medio ambiente, originadas con la grave contaminación del río Cuace por causas tales como vertimientos de empresas de productos lácteos, de actividades de sacrificio animal, y atribuyendo un carácter especial de foco de contaminación a la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR. El Tribunal encontró que la falta de una infraestructura adecuada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR, así como la contaminación generada por otros agentes sobre el río Cuace generaron la afectación de los derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano; goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; defensa del patrimonio público; seguridad y salubridad públicas; acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. Adicionalmente, consideró afectado el derecho a la moralidad administrativa, porque estimó que la prolongada falta de solución de la problemática de la PTAR y del alcantarillado evidenciaba una actuación insuficientemente diligente de las entidades responsables. La conclusión central de la sentencia se basó en que la contaminación del río Cuace no obedecía a un único factor, sino a la concurrencia de varios problemas de saneamiento ambiental, tales como: i) Una PTAR deteriorada, obsoleta e inoperante; ii) Vertimientos directos o insuficientemente tratados; iii) Deficiencias en los sistemas de alcantarillado; iv) Establecimientos lácteos que no cumplían plenamente las exigencias ambientales; v) Falta de permisos, caracterizaciones y sistemas adecuados de tratamiento; vi) Posibles actividades clandestinas de sacrificio animal; vii) Falta de una respuesta administrativa definitiva y coordinada. v) Falta de permisos, caracterizaciones y sistemas adecuados de tratamiento; vi) Posibles actividades clandestinas de sacrificio animal; vii) Falta de una respuesta administrativa definitiva y coordinada. El Tribunal concluyó que esa situación afectaba directamente a la comunidad y comprometía varios derechos colectivos. Por ello, ordenó mantener y controlar la infraestructura existente, articuló sus consideraciones con las órdenes dictadas previamente en la acción popular (2017-00639) sobre el río Guáitara y exigió que las autoridades actuaran de manera coordinada, técnica y efectiva. El Tribunal concluyó que existían varias afectaciones ambientales relacionadas con los vertimientos de las empresas procesadoras de lácteos, tales como las actividades de sacrificio o cría de animales sin control suficiente, la descarga de aguas residuales domésticas y no domésticas, el estado deficiente e inoperante de la PTAR, la ausencia de una infraestructura sanitaria adecuada, la falta de permisos ambientales vigentes o de instrumentos de manejo aprobados, la insuficiencia de las medidas administrativas implementadas hasta ese momento. El Tribunal consideró especialmente grave que la PTAR hubiera sido construida sin garantizar adecuadamente su operación y mantenimiento. Indicó que la existencia de infraestructura no bastaba, si materialmente no trataba las aguas residuales, ni impedía su descarga directa al río. A juicio de la corporación, la problemática se había prolongado durante varios años sin una solución definitiva, pese a que las entidades tenían conocimiento de la contaminación y habían recibido requerimientos de la comunidad y de las autoridades ambientales. A juicio de la corporación, la problemática se había prolongado durante varios años sin una solución definitiva, pese a que las entidades tenían conocimiento de la contaminación y habían recibido requerimientos de la comunidad y de las autoridades ambientales. La sentencia destacó que no era admisible construir una planta de tratamiento y permitir que permaneciera sin operación adecuada. Recalcó que la planta de tratamiento presentaba problemas de deterioro, operación, mantenimiento y permisos ambientales, y que parte de las aguas residuales llegaban al río Cuace, sin tratamiento adecuado. Para el Tribunal, la omisión en el mantenimiento, operación y optimización de la infraestructura contribuyó directamente a la continuidad de la contaminación. El fallo tuvo en cuenta la información sobre establecimientos lácteos que no habrían acreditado plenamente permisos, caracterizaciones, sistemas de tratamiento o cumplimiento de parámetros de vertimiento, así como la existencia de actuaciones administrativas frente a algunos de ellos. El Tribunal declaró no prósperas las excepciones formuladas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y por los particulares que alegaron falta de legitimación en la causa por pasiva. En cuanto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la sentencia registró que no presentó contestación de la demanda. En cuanto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la sentencia registró que no presentó contestación de la demanda. El Tribunal tuvo en cuenta una sentencia anterior del mismo Tribunal Administrativo de Nariño, proferida el 20 de noviembre de 2023 dentro de la acción popular 2017-0639, relacionada con la contaminación del río Guáitara. En esa decisión se habían impartido órdenes dirigidas a que los municipios estudiaran la situación de sus PTAR, verificaran la disponibilidad de predios, determinaran si las plantas existentes podían operar, formularan proyectos de construcción o mejoramiento, gestionaran financiación, actualizaran los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, identificaran mataderos clandestinos, plantas lácteas y demás fuentes contaminantes y adoptaran medidas de control y seguimiento. Por tanto, consideró que algunas de esas órdenes ya comprendían la construcción, adecuación y puesta en funcionamiento de las PTAR del Municipio de Cumbal, incluida la planta relacionada con el río Cuace. Por esa razón, decidió no duplicar determinadas órdenes estructurales ya impartidas en el proceso anterior. No obstante, diferenció entre las órdenes de construcción o mejoramiento de largo alcance y la necesidad inmediata de conservar y mantener las plantas existentes mientras se ejecutaban las soluciones definitivas. Las órdenes o medidas impartidas por el Tribunal son: i) Mantenimiento de las PTAR existentes, ordenando al Municipio de Cumbal y a la empresa o empresas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado —identificando a COOPSERCUM o a quien correspondiera— adelantar el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes en el municipio. La medida debía ejecutarse mientras se adelantaba la construcción, optimización o mejoramiento de la infraestructura definitiva. Posteriormente, el mantenimiento debía realizarse de acuerdo con las necesidades de cada planta; ii) Dentro del término de 24 meses, el Municipio de Cumbal (N) y a la Empresa o Empresas que prestan los Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado en el Municipio de Cumbal (N) - COOPSERCUM o quien corresponda; realicen el estudio detallado, determinen y dispongan la ampliación, reposición y/o su mejoramiento de las redes de alcantarillado de los sectores de Llano de Piedra, Guan Carretera, Guan Cantería y Piedra de Bolívar, de manera que permitan su conexión con la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR más cercana, la cual deberá contar con una infraestructura adecuada para el tratamiento de dichas aguas residuales iii) Adelantar visitas de inspección, vigilancia y control (con requerimientos especiales y taxativos) a los sitios y empresas o personas jurídica o naturales que procesan productos lácteos en el Municipio de Cumbal (N), por parte de Municipio de Cumbal, a la Empresa o Empresas que prestan los Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado en el municipio COOPSERCUM o quien corresponda, a la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO y al INVIMA al cual se lo exhorta. iv) para que posterior a los procesos de legalización de los establecimientos de productos lácteos; por parte de CORPONARIÑO, se realice el seguimiento, verificación y análisis del cumplimiento de dichos procesos, en cuyo caso contrario, deberá proceder a la imposición de medidas preventivas o el adelantamiento de procesos sancionatorios. v) para que en el término de dos (2) meses, por parte de CORPONARIÑO, Municipio de Cumbal y el acompañamiento de la PONAL; adelanten la inspección, vigilancia y seguimiento a los sitios donde se indica se adelanta actividades ilegales de sacrificio animal, para efectos de verificar que cumplan con los permisos requeridos y con la normatividad ambiental. En el evento de no cumplir con los permisos y la normatividad ambiental las entidades antes indicadas deberán adelantar los procesos sancionatorios y realizar las comunicaciones respectivas frente a eventuales infracciones penales a que haya lugar. En ese mismo sentido se exhorta al INVIMA para que adelante las actuaciones que correspondan dentro de su competencia. vi) para que en el término de un (1) año contado a partir de la notificación de la providencia, identifiquen e inventaríen las áreas de manejo especial y zonas de protección especial, tales como páramos, subpáramos, nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos y adopten las medidas o planes necesarios para su delimitación, protección, conservación y vigilancia de las mismas. vii) para que en el término de un (1) año contado a partir de la notificación de la providencia, CORPONARIÑO adelante las actividades tendientes a la identificación e inventario de las áreas de manejo especial y zonas de protección especial, tales como páramos, subpáramos, nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos y adoptará las medidas necesarias para su delimitación, protección, conservación y vigilancia de las mismas. Actividades que adelantará en coordinación con los entes territoriales que hacen parte de la ronda hídrica del río Cuase, para que también ejecuten las actividades antes citadas. viii) para que en el término de un (1) año contado a partir de la notificación de la providencia, CORPONARIÑO, Departamento de Nariño Municipio de Cumbal; adelanten las gestiones que correspondan para delimitar la ronda hídrica del río Cuase, desde su nacimiento hasta su desembocadura, para de esta manera restablecer la franja de protección. Dentro de dicha ronda deberá adelantar las actuaciones administrativas necesarias para recuperar la cobertura vegetal, retirando agente externo que pueda afectarla e iniciando procesos de reforestación protectora tanto de la ronda hídrica como de las zonas aledañas, mediante la siembra de especies nativas. ix) para que en el término de un (1) año contado a partir de la notificación de la providencia, CORPONARIÑO, elabore y ejecute proyectos de control, protección ambiental y desarrollo sostenible de la cuenca hídrica del río Cuase. En ese sentido deberá adelantar las actuaciones administrativas y sancionatorias para evitar cualquier tipo de descargas o vertimientos contaminantes sobre dicha fuente hídrica. x) para que en el término de un (1) año contado a partir de la notificación de la providencia, CORPONARIÑO, proceda a la identificación de los usuarios del recurso hídrico a lo largo de la cuenca del río Cuase para efectos de que adelanten la legalización de los aprovechamientos de agua. En el evento de no cumplir con dichos requerimientos, deberá adelantar las actuaciones administrativas (procesos sancionatorios ambientales) a que haya lugar. xi) para que, con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CORPONARIÑO, asesore al Municipio de Cumbal y demás municipios aledaños al río Cuase en la articulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. xii) para que de manera periódica, -al menos cada 2 meses-, CORPONARIÑO, Departamento de Nariño, Municipio de Cumbal y a la Empresa o Empresas que prestan los Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado en el Municipio de Cumbal (N) - COOPSERCUM o quien corresponda, adelanten campañas de educación ambiental, capacitaciones, motivaciones, invitaciones, divulgaciones, seguimientos en materia de protección de dichas fuentes hídricas, evitar contaminación por actividades, acción u omisión, uso eficiente y de ahorro del agua, limpieza del río Cuase, reforestación de las zonas aledañas. xiii) para que se aperture de proceso sancionatorio en contra del Municipio de Cumbal (N), por incumplimiento a requerimiento de tramitar permiso de vertimiento para la construcción de la PTAR. xiv) para que se continúen las visitas de control e inicien los procedimientos administrativos y procesos que correspondan, por parte de Municipio de Cumbal, Minambiente, CORPONARIÑO, INVIMA y Fiscalía General de la Nación, de conformidad a sus competencias, para efectos de establecer si existe la comisión de delitos o infracciones ambientales en la Cuenca del Río Cuase, imponer las medidas preventivas o sanciones a que haya lugar y establecer las responsabilidades administrativas y penales del caso. xv) REMITIR copia del expediente y de la presente decisión a la Fiscalía General de la Nación para que adelanten las investigaciones que correspondan en relación con las afectaciones ambientales presentadas en el río Cuase. xvi) REMITIR a la Procuraduría General de la Nación copia del expediente para efectos de que inicie las indagaciones e investigaciones pertinentes a los funcionarios públicos que han omitido el seguimiento y control ambiental por las descargas contaminantes realizadas al río Cuase. xvii) para que se incrementen los operativos en las zonas y Municipios aledaños a la ronda hídrica del río Cuase, por parte de la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO y al Municipio de Cumbal (N), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación – Unidad Nacional de Fiscalías de delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y la Policía Ambiental y Ecológica; dirigidos a evitar las descargas clandestinas que hacen aquellas personas y/o empresas que no cuentan con autorizaciones, permisos y/o licencias y/o no cumplen con las exigencias en ellas contenidas. xviii) para que vigilen y controlen las obras y contratos que se deben adelantar para el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia; por parte de la Personería del Municipio de Cumbal (N), Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Contraloría del Departamento de Nariño, según sus competencias. De igual forma, para realizar el seguimiento al proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) SECTOR CUASE, MUNICIPIO DE CUMBAL, NARIÑO, EN EL MARCO DE LA DESCONTAMINACIÓN DEL RÍO GUAITARA”; contrato de Concurso de Méritos No. CM 001-2024 y su correspondiente INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. CM 001-2024. xix) para que Minambiente y Minvivienda, de prioridad a los proyectos que sean presentados por el Municipio de Cumbal(N) en lo que tiene que ver con los ordenamientos dispuestos en la acción popular. xx) para conformar un comité de vigilancia que verifique, -con tareas especiales-, el cumplimiento de la providencia, integrado por la Accionante, Alcalde, Personero, Defensor del Pueblo, Gobernador, Procurador Judicial II Delegado ante el Tribunal, Minambiente, Minvivienda, Corponariño y Coopsercum. xxi) para que por parte de los representantes legales de los entes territoriales o accionadas, -en caso de cambio de aquellos-, se informe a sus sucesores funcionales, sobre la existencia, efectos y órdenes de la acción popular. xxii) REMITIR por la secretaría de este Despacho copia de la presente providencia con destino a la acción popular 2019-0184 de conocimiento del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Pasto. xxiii) En el evento de que la providencia sea apelada, se deberá mantener la decisión como medida cautelar (a partir del ordenamiento tercero), hasta que la providencia se encuentre en firme y debidamente ejecutoriada. xxiv) Condenar en costas a las entidades demandadas en un 60% ante la prosperidad parcial de las pretensiones de la acción, en favor de la parte demandante. 1.4. RECURSO DE APELACIÓN 1.4.1. La Corporación Autónoma Regional de Nariño, mediante apoderado judicial, el 16 de enero de 2026, presentó recurso de apelación y solicitó la revocatoria parcial de la sentencia, específicamente de las órdenes contenidas en los numerales “QUINTO”, “SEXTO,”“SEPTIMO”, “OCTAVO”, “NOVENO”, “DÉCIMO”, “DÉCIMO PRIMERO”, “DÉCIMO SEGUNDO”, “DÉCIMO TERCERO”, “DÉCIMO CUARTO”, “DÉCIMO QUINTO”, “DÉCIMO OCTAVO”, “VIGÉSIMO PRIMERO “y “VIGÉSIMO QUINTO “del fallo y exoneración de CORPONARIÑO de las obligaciones de inversión y ejecución de obras, manteniendo su rol exclusivamente como autoridad ambiental de seguimiento y sanción. El eje central de la impugnación es que el Tribunal le impuso obligaciones de hacer relacionadas con infraestructura de saneamiento básico que, a juicio de la entidad, exceden sus competencias legales como autoridad ambiental. El eje central de la impugnación es que el Tribunal le impuso obligaciones de hacer relacionadas con infraestructura de saneamiento básico que, a juicio de la entidad, exceden sus competencias legales como autoridad ambiental. En primer lugar, manifestó la Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva de CORPONARIÑO. Alegó que no es el sujeto pasivo de las obligaciones de construir, operar o mantener infraestructura de alcantarillado y saneamiento. El saneamiento básico es una actividad propia de los servicios públicos de alcantarillado y aseo, cuya responsabilidad de prestación eficiente recae en los municipios. Citó la Sentencia del Consejo de Estado, según la cual la responsabilidad por el mantenimiento y operación de redes recae en las empresas prestadoras: “las empresas tienen la facultad de construir, operar y modificar sus redes e instalaciones. Incluso tienen la obligación de efectuar el mantenimiento y reparación de las redes locales. A su turno, el artículo 22 del decreto 302 de 2000, la empresa prestadora de servicios públicos tiene la obligación de realizar el mantenimiento de las redes públicas de acueducto y alcantarillado”. En consecuencia, sostuvo que la condena a ejecutar obras desnaturaliza el régimen de servicios públicos. Para el apelante, las CAR tienen una función limitada, su rol es fungir como autoridad ambiental de regulación, vigilancia y control, no de co-administrador ni ejecutor de inversión municipal. Las Corporaciones Autónomas Regionales tienen como naturaleza jurídica la administración del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible. Sus funciones se limitan a prevenir y sancionar el daño ambiental, imponer medidas de mitigación y ejercer control, sin que ello comprenda la realización directa de obras de infraestructura de saneamiento. Bajo esta tesis, las órdenes de hacer, impartidas en primera instancia, excederían el marco funcional legal. Bajo esta tesis, las órdenes de hacer, impartidas en primera instancia, excederían el marco funcional legal. Acto seguido, el recurrente afirmó haber actuado diligentemente dentro de sus competencias, en cumplimiento de las funciones de vigilancia y control, reflejadas en las inspecciones técnicas consagradas en el memorando No. 1114 del 21 de octubre de 2024, en las visitas a las empresas Lácteos San José, San Diego y Power Milk, verificando que se encontraban conectadas a la red de alcantarillado municipal. Manifestó que, conforme al régimen de vertimientos, solo requerían permiso de vertimientos las descargas directas a aguas superficiales, marinas o al suelo. Al verter al alcantarillado, el control inicial correspondía a la empresa de servicios públicos COOPSERCUM, quien debía exigir el cumplimiento de la normativa técnica vigente. Indicó que el informe pericial del Río Cuace de agosto de 2024 identificó como principal foco de contaminación la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Municipio de Cumbal (Coordenadas E: 922045, N: 592694, 3097 m.s.n.m.), por no tratar aguas residuales domésticas (ARD) y no domésticas (ARnD) y descargar directamente al río. Con ello pretendía demostrar que la afectación a los derechos colectivos, no provino de una omisión de control sobre las industrias, sino de la inoperancia de la PTAR. Sostuvo que ejerció sus competencias sancionatorias y de requerimiento contra el Municipio de Cumbal y COOPSERCUM, quienes se encontraban en mora de cumplir las órdenes ambientales y de realizar el mantenimiento y optimización de la PTAR. Por tanto, la responsabilidad por la vulneración de los derechos al ambiente sano, salubridad pública y prestación eficiente de servicios públicos sería imputable a estos últimos. Por tanto, la responsabilidad por la vulneración de los derechos al ambiente sano, salubridad pública y prestación eficiente de servicios públicos sería imputable a estos últimos. 1.4.2. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Mediante apoderado judicial, el 16 de enero de 2026, presentó recurso de apelación y solicitó se revoque la condena impuesta y la imposición de órdenes de ejecución contra la Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al basarse en una interpretación errónea de las funciones de ejecución que correspondían exclusivamente al Municipio de Cumbal y a Corponariño. En su lugar, solicitó declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y ordenar la desvinculación definitiva. Su inconformidad se dirigió principalmente contra las órdenes de control y seguimiento ambiental, la obligación de participar en la articulación del POMCA, la orden de dar prioridad a los proyectos presentados por el Municipio de Cumbal, la obligación de integrar el comité de verificación con un delegado con poder de decisión y la condena en costas. De manera subsidiaria, solicitó que, de mantener algún tipo de vinculación, las órdenes fueran moduladas y limitadas estrictamente a las competencias legales del Ministerio. Como antecedente relevante, el Ministerio señaló que fue vinculado tardíamente al proceso mediante el Auto No. 2 de la audiencia de pacto de cumplimiento del 25 de agosto de 2022, pese a que la problemática de contaminación del Río Cuace fue puesta en conocimiento de la Alcaldía de Cumbal el 16 de septiembre de 2018, y de Corponariño, el 9 de octubre de 2018, con reiteraciones el 14 de agosto de 2019. Para el recurrente, esa vinculación pretendía subsanar la ineficacia del nivel territorial mediante un salto de lógica judicial que imponía obligaciones operativas a quien, por Ley, solo ostenta funciones de rectoría política y regulatoria. El apelante solicitó la revocatoria total de la sentencia, en lo que respecta a esa entidad y de las órdenes impuestas al Ministerio, por considerar que se fundamentaron en presuntas omisiones sin individualizar, basadas en una interpretación errónea de las funciones de ejecución que correspondían exclusivamente al Municipio de Cumbal y a Corponariño. Destacó que la problemática del río Cuase ya había sido puesta en conocimiento de las autoridades locales y regionales desde el 16 de septiembre de 2018 ante la Alcaldía de Cumbal, el 9 de octubre de 2018 ante CORPONARIÑO y el 14 de agosto de 2019 mediante una nueva petición en la que se denunció la presunta negligencia institucional. A partir de ello, indicó que el problema era conocido principalmente por las autoridades territoriales y regionales antes de que el Ministerio fuera vinculado. Por tanto, consideró que su incorporación al proceso habría servido para trasladarle responsabilidades derivadas de la falta de actuación de las autoridades locales. Uno de los principales reparos consistió en que la sentencia no habría identificado de manera concreta cuál fue la conducta activa u omisiva atribuible al Ministerio. La entidad sostuvo que el Tribunal utilizó expresiones generales referidas a las “entidades accionadas”, no individualizó la responsabilidad de cada autoridad, no señaló qué deber legal específico fue incumplido por el Ministerio, no explicó cuál fue la omisión que contribuyó directamente a la contaminación, no desarrolló un juicio concreto de imputación frente a esa cartera ministerial. Según el recurso, una condena judicial no puede fundamentarse en la sola pertenencia de una entidad al Estado o en su relación general con una política pública. Era necesario demostrar una conducta concreta, jurídicamente imputable y relacionada directamente con la vulneración del derecho colectivo. El Ministerio afirmó que la propia sentencia identificó como causas de la contaminación del río Cuace, los vertimientos de las industrias lácteas, la posible existencia de actividades ilegales de sacrificio de animales, la inoperancia de la planta de tratamiento de aguas residuales, las deficiencias del sistema de alcantarillado y la falta de control sobre actividades contaminantes locales. A juicio del recurrente, ninguna de esas situaciones se relacionó directamente con las funciones del Ministerio de Ambiente y que no realizó los vertimientos, ni operó el alcantarillado de Cumbal, ni administró la PTAR, ni controló directamente las plantas queseras, ni vigiló de manera directa los mataderos o criaderos locales ni tuvo competencia sancionatoria ordinaria sobre los establecimientos ubicados en el municipio. Por ello, consideró que la sentencia no explicó, cómo una actuación u omisión del Ministerio, pudo generar o permitir directamente la contaminación del río. El Ministerio manifestó que las autoridades públicas únicamente pueden ejercer las funciones que les han sido atribuidas por la Constitución y la Ley. Para el apelante, la sentencia desconoció ese principio al imponerle obligaciones operativas que no hacían parte de su competencia y no le correspondía ejecutar materialmente obras locales de saneamiento básico ni ejercer funciones ordinarias de policía ambiental en cada municipio. El Ministerio sustentó que había cumplido sus deberes de carácter regulatorio y de política pública y en su criterio, la existencia de contaminación en el río Cuace no demostró ser una omisión del Ministerio en materia regulatoria. El Ministerio sustentó que había cumplido sus deberes de carácter regulatorio y de política pública y en su criterio, la existencia de contaminación en el río Cuace no demostró ser una omisión del Ministerio en materia regulatoria. La entidad afirmó que la problemática se relacionó con la falta de ejecución, seguimiento y control de los instrumentos de política ambiental por parte de las autoridades regionales y locales, no con la ausencia de normas nacionales. El Ministerio sostuvo que la sentencia confundió la legitimación de hecho con la legitimación material. El hecho de haber sido vinculado al proceso por su relación institucional con la política ambiental, no significó ser el sujeto materialmente llamado a responder por la contaminación del río. No existió conexión respecto del Ministerio porque no generó los vertimientos, no operó la PTAR, no administró el alcantarillado y no tuvo competencia sancionatoria directa sobre los establecimientos de Cumbal. El recurrente fundamentó sus reparos en la violación al debido proceso por falta de motivación específica, ausencia de prueba sobre la acción u omisión imputable al Ministerio, particularmente en el numeral 6.1 de la sentencia que afirmó genéricamente que la garantía de los derechos colectivos no se estaba cumpliendo, sin individualizar concretamente en qué falló el Ministerio en su rol de rector de política pública. Manifestó la ausencia de nexo causal, toda vez que la sentencia detalló como causas de la contaminación los vertimientos de industrias lácteas, sacrificio ilegal de animales y la inoperancia de la PTAR municipal. Ninguna tenía relación causal directa con las funciones del Ministerio. Indicó el apelante la falta de fundamentación de la condena en costas al imponer el 60% de las costas bajo criterio objetivo de derrota, sin demostrar antijuridicidad de la conducta del Ministerio ni vincular su omisión con el daño al Río Cuace. Asimismo, sostuvo la violación al principio de legalidad y desbordamiento competencial, por cuanto el Ministerio es un ente de política, regulación y planificación macro, no ejecutor operativo de saneamiento básico o infraestructura local. El fracaso hídrico no residía en ausencia de norma nacional, sino en la inejecución de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) por autoridades regionales y locales. Ratificó el desconocimiento de la autonomía territorial y de las CAR por cuanto el Tribunal sustituyó la voluntad administrativa de Corponariño y del Municipio, trasladando al nivel central obligaciones de la descentralización por servicios, fracturando la estructura orgánica del Estado. El recurrente se opuso a las siguientes órdenes impartidas: *1. Ordinal décimo quinto. Relacionada con la continuación de visitas de control y el inicio de procedimientos administrativos o sancionatorios en la cuenca del río Cuace. Para el apelante ésa orden era improcedente porque carecía de competencia para realizar operativos locales sobre mataderos, inspeccionar directamente plantas queseras, imponer medidas preventivas de suspensión, abrir procesos sancionatorios por vertimientos particulares y ejercer funciones de policía ambiental en el municipio. Según el recurso, dichas funciones correspondían a CORPONARIÑO, en su condición de autoridad ambiental regional. *2. Ordinal Décimo Segundo. Acompañar articulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica-POMCA era Improcedente. La ejecución y articulación del POMCA era responsabilidad exclusiva de las CAR. No pudo convertirse en coadministrador territorial; 3. Ordinal Vigésimo. Priorizar proyectos presentados por el Municipio de Cumbal, era jurídicamente imposible. La construcción de PTAR y alcantarillados era competencia de los municipios. El Ministerio no tuvo rubros presupuestales para obras civiles ni pudo cofinanciar sin viabilización técnica MGA, lo que vulneró el principio de especialidad orgánica y legalidad del gasto. Era una orden jurídicamente imposible o, al menos, incompatible con sus competencias; 4. Ordinal Vigésimo Quinto. Condena en costas del 60% era Improcedente por ausencia de conducta reprochable, temeridad o mala fe, y por falta de legitimación material; *5. Ordinal Vigésimo Primero. Comité de Vigilancia. Para verificar el cumplimiento de la providencia. Solicitó su desvinculación. Al prosperar la falta de legitimación y de competencia, mantenerlo en el comité era inane. *5. Ordinal Vigésimo Primero. Comité de Vigilancia. Para verificar el cumplimiento de la providencia. Solicitó su desvinculación. Al prosperar la falta de legitimación y de competencia, mantenerlo en el comité era inane. El Ministerio solicitó que el recurso fuera concedido en efecto suspensivo, que se revocara la sentencia en lo relacionado con las condenas y órdenes impuestas al Ministerio, que se declarara probada la falta de legitimación en la causa por pasiva, que se dispusiera su desvinculación definitiva del proceso y subsidiariamente, que las órdenes fueran moduladas y limitadas a sus competencias de política, regulación, coordinación y orientación general. La entidad advirtió que la ejecución inmediata de obligaciones operativas y presupuestales que no le correspondía podría generar riesgos fiscales, disciplinarios e incluso penales. Por ello, solicitó declarar probada la falta de legitimación en la causa por pasiva y que se ordenara su desvinculación definitiva. 1.4.3. Recurso de apelación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El apoderado interpuso recurso de apelación el día 20 de enero de 2026, solicitó revocar la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2025 y en su lugar, declarar la desvinculación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por ausencia de responsabilidad en los hechos. Manifestó que impugnó la sentencia de primera instancia con el propósito de modificar las órdenes que lo afectaban directamente, contenidas en los ordinales: vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, relacionadas con la orden de prioridad de los proyectos de agua y saneamiento presentados por el Municipio de Cumbal, la participación del Ministerio en el comité de vigilancia y la verificación para el cumplimiento de la sentencia y la condena en costas equivalente al 60%. Los argumentos del apelante se centraron en: a. Falta de legitimación en la causa por pasiva. El MVCT alegó que no es el responsable de la prestación directa de los servicios de acueducto y saneamiento básico en Cumbal, dicha competencia radicó en el Municipio, así como en la empresa prestadora COOPSERCUM. Aclaró que sus funciones, son de formulación, dirección y coordinación de la política pública en materia habitacional, no de planeación, construcción o ejecución directa de obras. Asimismo, explicó que su función consiste en formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública relacionada con desarrollo territorial y urbano, vivienda, agua potable, saneamiento básico, planificación del territorio, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, conforme al Decreto Ley 3571 de 2011. Para el recurrente, esas competencias no significan que sea el prestador directo del servicio de alcantarillado en cada municipio, ni que deba ejecutar automáticamente todas