Concepto (misional) 7582 de 2026 — Desplazamiento de un frente frío en los meses de enero y febrero de 2026 que produjo lluvias intensas y abundantes superiores a los promedios históricos con el consecuente aumento desmesurado de los c

INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Se solicita declarar exequible los Arts 1 a 8 y 11 del Decreto Legislativo 175/26 que dicta medidas para el financiamiento, crédito y alivio de pasivos del sector agropecuario y desarrollo rural en el marco de la Emergencia declarada con el Decreto 150/26 INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Se solicita declarar inexequibles los artículos 9, 10 y 12 del Decreto Legislativo 175/26 que dicta medidas para el financiamiento, crédito y alivio de pasivos del sector agropecuario y de desarrollo rural en el marco de la Emergencia Económica declarada CONTROL AUTOMATICO DE CONSTITUCIONALIDAD-En el marco de los Decretos Legislativos emitidos por la declaración de emergencia económica, social y ecológica por el Gobierno mediante Decreto Legislativo 150/26 CONTROL AUTOMATICO DE CONSTITUCIONALIDAD-La Corte Constitucional es competente para ejercer el control formal y material de los decretos declaratorios de los estados de excepción, así como de los decretos legislativos de desarrollo ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Grave afectación derivada de eventos hidrometeorológicos que impactaron masivamente producción agropecuaria, medios de vida rurales, seguridad alimentaria y capacidad de pago de los productores ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA- Caracterización FENÓMENO HIDROMETEREOLÓGICO ATÍPICO-Desplazamiento de un frente frío en los meses de enero y febrero de 2026 que produjo lluvias intensas y abundantes superiores a los promedios históricos con el consecuente aumento desmesurado de los caudales de ríos y de algunos afluentes FENÓMENO HIDROMETEREOLÓGICO ATÍPICO-Comprometió de manera significativa la producción agropecuaria y los medios de subsistencia rurales UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES-Según la UNGRD se reportaron daños en 166.145 hectáreas destinadas a actividades agrícolas, 37.777 animales productivos heridos o afectados, 25 animales silvestres lesionados y de 94 mascotas heridas FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS-Reportó pérdidas agrícolas estimadas en $20.886 millones ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Decreto Legislativo 175/26 satisface los juicios de finalidad y conexidad material externa pues responden de manera directa a los hechos que motivaron la declaratoria del estado de excepción ESTADO DE EXCEPCION-El Decreto Legislativo 175/26 satisface el juicio de motivación suficiente en tanto el Gobierno expuso las razones formales y los fundamentos específicos orientados a justificar la adopción de las medidas extraordinarias previstas JUICIO DE AUSENCIA DE ARBITRARIEDAD-La medida prevista en los parágrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 9 del Decreto Legislativo 175/26 no satisface los presupuestos del juicio en la medida en que interfiere con el funcionamiento ordinario del Banco de la República JUICIO DE NO CONTRADICCIÓN ESPECÍFICA-Los artículos 1 a 9 (incisos 1 y 2 y parágrafo 3) y 10 a 13 del Decreto Legislativo 175/26 no contradicen la Constitución ni los tratados internacionales JUICIO DE PROPORCIONALIDAD-El Ministerio Público considera que el Decreto Legislativo 175 de 2026 supera el juicio en la medida en que persigue fines legítimos y de alta relevancia constitucional DECRETO LEGISLATIVO-Del examen formal y material del Decreto Legislativo 175/26 se desprende que las medidas contenidas en los artículos 1 a 8 y 11 satisfacen los estándares exigidos por la Constitución y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción JUICIO DE AUSENCIA DE ARBITRARIEDAD-El artículo 9 del Decreto Legislativo 175/26 no supera el juicio de ausencia de arbitrariedad JUICIO DE NECESIDAD-El artículo 9, 10 y 12 del Decreto Legislativo 175/26 no superan el juicio de ausencia de necesidad Bogotá D.C., mayo de 2026. Honorables Magistrados CORTE CONSTITUCIONAL M.P. PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Ciudad Expediente: RE-393 Referencia: Control automático de constitucionalidad del Decreto Legislativo No. 175 del 24 de febrero de 2026 “[p]or el cual se dictan medidas extraordinarias para el financiamiento, crédito y alivio de pasivos, y se dictan otras disposiciones para la reactivación del sector agropecuario y de desarrollo rural en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 150 de 2026”. Concepto No. 7582 De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 242 y el numeral 5 del artículo 278 de la Constitución Política, rindo el concepto de rigor en el asunto de la referencia. ANTECEDENTES En el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno nacional mediante Decreto Legislativo 150 de 2026, el 24 de febrero de 2026 se expidió el Decreto Legislativo 175, mediante el cual se dictan medidas extraordinarias para el sector agropecuario y de desarrollo rural, cuyo texto puede consultarse en el Diario Oficial No. 53.409. 53.409. El magistrado sustanciador, mediante Auto del 3 de marzo de 2026, decidió: (i) asumir el conocimiento del control de constitucionalidad del decreto legislativo en mención, y (ii) decretar la práctica de pruebas para la verificación de los requisitos formales y materiales. Una vez cumplido el recaudo probatorio, así como la respectiva valoración, se ordenó (iii) fijar en lista el asunto para intervención de la ciudadanía, y expirado este término, (iv) correr traslado al Procurador General de la Nación para que emita el concepto de acuerdo con su competencia constitucional. Esto último se surtió mediante oficio 169 de 14 de mayo de 2026. COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL La Corte Constitucional es competente para ejercer el control formal y material de los decretos declaratorios de los estados de excepción, así como de los decretos legislativos de desarrollo. Esto, en consonancia con lo previsto en los artículos 215 y 241, numeral 7, de la Constitución, que le asignan a dicha Corporación la competencia para decidir sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos dictados por el Gobierno con fundamento en el artículo 215 superior. Así, de conformidad con la jurisprudencia constitucional y a partir de los postulados superiores y estatutarios, el control que debe realizar la Corte Constitucional respecto del Decreto Legislativo 175 del 24 de febrero de 2026 es automático, integral, participativo, definitivo y estricto. ASUNTO OBJETO DE REVISIÓN ASUNTO OBJETO DE REVISIÓN En esta oportunidad el Ministerio Público rinde concepto respecto del Decreto Legislativo 175 del 24 de febrero de 2026, mediante el cual el Gobierno nacional adoptó medidas extraordinarias para el financiamiento, crédito y alivio de pasivos, así como otras disposiciones orientadas a la reactivación del sector agropecuario y de desarrollo rural, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante el Decreto Legislativo 150 de 2026. El decreto bajo examen contiene una parte considerativa en la que se exponen los fundamentos constitucionales y legales que habilitan su expedición, así como las razones que justifican la adopción de las medidas previstas. En particular, se fundamenta en la grave afectación derivada de eventos hidrometeorológicos que impactaron de manera masiva la producción agropecuaria, los medios de vida rurales, la seguridad alimentaria y la capacidad de pago de los productores, generando un riesgo de descapitalización del sector y de desabastecimiento de alimentos. En su parte resolutiva, el decreto legislativo desarrolla disposiciones específicas relacionadas con la estabilización financiera, el acceso al crédito, la normalización de cartera y la reactivación productiva del sector agropecuario afectado por la emergencia. En términos generales, el Ministerio Público identifica que las disposiciones previstas en el decreto objeto de análisis se articulan en tres fases, y algunas medidas transversales, las cuales se exponen a continuación. En suma, el decreto establece un conjunto de medidas extraordinarias dirigidas a aliviar la carga financiera de los productores, garantizar la liquidez del sector, restablecer la capacidad productiva agropecuaria y asegurar la continuidad del abastecimiento de alimentos en el contexto de la emergencia. CUESTIÓN PREVIA CUESTIÓN PREVIA En el concepto rendido dentro del expediente RE-390, relativo al Decreto Legislativo 150 de 2026, “[p]or el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional”, se fijó una postura concreta frente al alcance material de dicha declaratoria. En esa oportunidad, se solicitó a la Corte declarar la constitucionalidad del decreto únicamente en lo relacionado con aquellos asuntos que no tengan carácter de estructural, tales como aquellos relacionados con los hechos de origen climático, las afectaciones a la población y al territorio, a la infraestructura del servicio de energía eléctrica y de servicios esenciales, así como a los daños a la producción agrícola. En ese sentido, en aras de mantener congruencia con la posición previamente fijada y atendiendo las medidas adoptadas con el Decreto Legislativo 150 de 2026, se valorará el Decreto Legislativo 175 de 2026 en atención a que las medidas que desarrolla no están relacionadas con las precitadas problemáticas estructurales y que, en particular, se circunscribe a medidas que buscan atender las afectaciones a la producción agrícola. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO El problema jurídico a resolver consiste en determinar si el Decreto Legislativo 175 del 24 de febrero de 2026 se ajusta formal y materialmente a los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley 137 de 1994, para los decretos legislativos expedidos en desarrollo de un Estado de Emergencia. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Para abordar el problema jurídico planteado, el Ministerio Público seguirá la siguiente metodología: (A) se expondrá una breve caracterización del estado de emergencia económica, social y ecológica y del marco constitucional que regula los estados de excepción, para luego realizar (B) el examen de constitucionalidad del Decreto Legislativo 175 de 2026. Para concluir, se realizarán las respectivas solicitudes a la Corte Constitucional. CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA Una vez declarado el estado de emergencia, el Ejecutivo queda habilitado para expedir decretos legislativos con fuerza de ley orientados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Tales disposiciones deben guardar relación directa y específica con las causas que motivaron la declaratoria y pueden versar sobre diversas materias (p.e. presupuestales, administrativas o tributarias), siempre dentro de los límites fijados por la Constitución. Debido al alcance extraordinario de estas facultades, los decretos legislativos de desarrollo se encuentran sometidos a un control de constitucionalidad estricto por parte de la Corte Constitucional. Debido al alcance extraordinario de estas facultades, los decretos legislativos de desarrollo se encuentran sometidos a un control de constitucionalidad estricto por parte de la Corte Constitucional. En desarrollo de este mandato, la Corte ha señalado que el control de constitucionalidad de decretos legislativos de desarrollo expedidos en el marco de un estado de excepción comprende dos dimensiones: por una parte, la formal, donde se examina la suscripción por el presidente y todos los ministros, la motivación suficiente, la delimitación temporal y territorial, y la remisión a la Corte Constitucional. Por otra parte, la dimensión material, donde la Corte aborda los siguientes juicios: (i) finalidad, (ii) conexidad material, (iii) motivación suficiente, (iv) ausencia de arbitrariedad, v) intangibilidad, (vi) no contradicción especifica, (vii) incompatibilidad, (viii) necesidad, (ix) proporcionalidad, y x) no discriminación . EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 175 DE 2026 Análisis de los presupuestos formales del Decreto Legislativo 175 de 2026 Del análisis de los elementos probatorios incorporados al expediente digital RE-393 se desprende que el Decreto Legislativo 175 de 2026 cumple con los requisitos formales exigidos para su expedición. Lo anterior se evidencia en los términos que se exponen a continuación: Firma del presidente de la República y de todos los ministros: el requisito se encuentra satisfecho, toda vez que el decreto fue suscrito por el presidente de la República, y por la totalidad de los ministros que integraban el gabinete al momento de su expedición. En total, lo firmaron diecisiete (17) ministros titulares y dos (2) que se encontraban encargados de las funciones de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. En total, lo firmaron diecisiete (17) ministros titulares y dos (2) que se encontraban encargados de las funciones de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Motivación: se cumple. Se advierte que contiene una motivación amplia en la que se exponen los fundamentos constitucionales y fácticos que sustentan su expedición, así como la finalidad de las medidas adoptadas y su vínculo directo con el estado de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante el Decreto Legislativo 150 de 2026. En efecto, en la parte considerativa se explican las circunstancias que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción, particularmente la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos de carácter excepcional que generaron inundaciones extensas, afectando de manera masiva la producción agropecuaria, los activos productivos rurales, los medios de vida de la población campesina y la seguridad alimentaria. Se destaca la afectación de cientos de miles de hectáreas, la pérdida de cultivos y animales, así como el impacto sobre miles de productores, lo cual comprometió gravemente su capacidad de generación de ingresos y de pago de obligaciones financieras. Asimismo, se pone de presente que estas circunstancias generaron un riesgo sistémico para el sector agropecuario, reflejado en el incremento de la cartera en mora, la posible activación masiva de garantías, la pérdida de acceso al crédito, la descapitalización del campo y la eventual afectación del abastecimiento y precios de alimentos, lo que hacía insuficientes los mecanismos ordinarios de respuesta y justificaba la adopción de medidas extraordinarias y urgentes. Es así como el decreto identifica con claridad el objeto de las disposiciones implementadas (orientadas al alivio de pasivos, acceso al crédito, normalización de cartera y reactivación productiva), su carácter excepcional y transitorio, así como su destinación específica a mitigar los efectos de la emergencia y evitar su profundización. Delimitación temporal: se cumple con este requisito, pues el decreto bajo examen fue expedido el 24 de febrero de 2026, esto es, dentro del término de vigencia de la emergencia declarada el 11 de febrero de 2026, la cual rigió hasta el 11 de marzo de 2026. Delimitación territorial: se cumple con esta exigencia, en la medida en que en su artículo 1 se precisa que las medidas adoptadas se aplicarán en el territorio objeto de la declaratoria de emergencia. Remisión a la Corte Constitucional: el 25 de febrero de 2026 la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió al Alto Tribunal copia autentica de ese cuerpo normativo, es decir, al primer día hábil siguiente posterior a su expedición. En consecuencia, se cumple con este requisito. Así las cosas, el Decreto Legislativo 175 de 2026 satisface los requisitos formales previstos en el artículo 215 superior y en la LEEE, por lo que a continuación se procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos materiales. Cumplimiento de los presupuestos materiales del Decreto Legislativo 175 de 2026 Cumplimiento de los presupuestos materiales del Decreto Legislativo 175 de 2026 La Procuraduría conceptuó que el Decreto Legislativo 150 de 2026, por medio del cual se declaró la emergencia económica, social y ecológica, es exequible en lo relacionado con las afectaciones a la producción agrícola. Esto implica que, en principio, también se considerarán ajustadas a la Constitución Política aquellas medidas orientadas a la reactivación del sector agropecuario y de desarrollo rural afectado por la emergencia. Bajo esta pauta se agotarán los juicios definidos para revisar la constitucionalidad de las medidas. A continuación, se presenta un cuadro que resume el resultado de dicho análisis. Juicios de finalidad y de conexidad material externa La emergencia declarada mediante el Decreto 150 de 2026, se fundamentó en la necesidad de contrarrestar la grave calamidad pública que tuvo origen en el fenómeno hidrometereológico atípico por el desplazamiento de un frente frío; fenómeno que en los meses de enero y febrero de 2026 produjo lluvias intensas y abundantes superiores a los promedios históricos con el consecuente aumento desmesurado de los caudales de ríos y de algunos afluentes. En ese orden, el fenómeno hidrometereológico atípico comprometió de manera significativa la producción agropecuaria y los medios de subsistencia rurales. Puntualmente, según la UNGRD se reportaron daños en 166.145 hectáreas destinadas a actividades agrícolas. Asimismo, se informó que tienen registro de 37.777 animales productivos heridos o afectados, de 25 animales silvestres lesionados y de 94 mascotas heridas. Por su parte, la Federación Colombiana de Municipios reportó pérdidas agrícolas estimadas en $20.886 millones. Por su parte, la Federación Colombiana de Municipios reportó pérdidas agrícolas estimadas en $20.886 millones. En este contexto, la Procuraduría General de la Nación encuentra que las medidas contempladas en el Decreto Legislativo 175 de 2026 satisfacen los juicios de finalidad y conexidad material externa, en tanto tienen como propósito atender los graves efectos generados por el fenómeno hidrometeorológico y, en particular, mitigar la afectación al sector agropecuario, restablecer la capacidad productiva rural y evitar la profundización de la crisis económica y social en los territorios impactados. El Decreto Legislativo 175 evidencia que los hechos que motivaron la emergencia dieron lugar a inundaciones extensas y prolongadas en 8 departamentos, que afectaron 181 municipios y 4.506 veredas, con cerca de 87.054 hectáreas inundadas, lo cual refleja una situación de gran magnitud, extraordinaria y atípica. Así mismo, los considerandos dan cuenta de un incremento excepcional, súbito y sostenido de precipitaciones, acompañado de desbordamientos de ríos y afectaciones hidrológicas que impactaron severamente las zonas rurales e impidieron el restablecimiento de las actividades agropecuarias y pesqueras. Esta situación generó una afectación continua e irresistible de los medios de vida de la población rural y agravó progresivamente los efectos iniciales de la emergencia. En consonancia con ello, se identifican impactos concretos sobre el sector agropecuario, tales como la pérdida significativa de cultivos, la afectación de activos productivos, la disrupción en la cadena de suministro de alimentos, la disminución sustancial de los ingresos de los productores y la pérdida de ganado. Esto, puntualmente, tuvo implicaciones importantes en el departamento de Córdoba, donde se reportaron afectaciones en miles de hectáreas de cultivo y la pérdida de miles de animales, con lo cual se comprometió directamente el sustento de los agricultores. Por lo tanto, para el Ministerio Público, el fenómeno hidrometeorológico atípico generó una afectación masiva al sector agropecuario, con consecuencias directas sobre la seguridad alimentaria, los ingresos rurales y la estabilidad económica de la población afectada. En ese sentido, las medidas adoptadas guardan una relación de conexidad externa y de finalidad clara, pues responden de manera directa a los hechos que motivaron la declaratoria del estado de excepción, al estar dirigidas a atender los impactos económicos y productivos en el sector agrícola, derivados de la emergencia climática. Juicios de conexidad material interna y de motivación suficiente Las medidas previstas en el Decreto Legislativo 175 de 2026 satisfacen los juicios de conexidad material interna y motivación suficiente, por las razones que se exponen a continuación. En primer lugar, las medidas previstas en el Decreto Legislativo 175 de 2026 cumplen con el juicio de conexidad material interna, en tanto guardan una relación directa y específica con las razones expuestas por el Gobierno nacional en la parte considerativa. En efecto, los considerandos 25, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41 y 42 ponen de presente la necesidad de adoptar medidas extraordinarias dirigidas a: (i) evitar el incumplimiento masivo de obligaciones financieras del sector agropecuario; (ii) mitigar la descapitalización de los productores rurales; (iii) restablecer su capacidad de pago y de acceso al crédito; (iv) asegurar la continuidad de las actividades productivas; y (v) garantizar la seguridad alimentaria en los territorios afectados. (iii) restablecer su capacidad de pago y de acceso al crédito; (iv) asegurar la continuidad de las actividades productivas; y (v) garantizar la seguridad alimentaria en los territorios afectados. En particular, los considerandos 25 y 26 destacan el deber estatal de adoptar medidas urgentes, en aplicación del principio de solidaridad, para garantizar el derecho a la alimentación y evitar el desabastecimiento. A su turno, los considerandos 29, 32, 33 y 34 identifican el deterioro de la capacidad de pago, el riesgo de incremento de la cartera en mora y las consecuencias sistémicas sobre el crédito agropecuario. Finalmente, los considerandos 31, 35, 36, 37, 38 y 41 desarrollan la necesidad de adoptar instrumentos extraordinarios de alivio financiero, refinanciación, normalización de cartera, fortalecimiento de fondos de garantía, provisión de liquidez y reactivación productiva, mediante medidas transitorias, focalizadas y proporcionales. En suma, los considerandos identificados no solo describen la situación de crisis que enfrenta el sector agropecuario, sino que anuncian de manera clara y específica las medidas que se adoptan en todo el decreto. Por lo tanto, el Ministerio Público concluye que existe una relación de conexidad material interna clara, directa y suficiente entre las disposiciones del Decreto Legislativo 175 de 2026 y las razones expuestas por el Gobierno nacional para justificar su expedición. En segundo lugar, se advierte que el Decreto Legislativo 175 de 2026 satisface el juicio de motivación suficiente, en tanto el Gobierno nacional no solo expuso las razones formales que habilitan la expedición del decreto, sino que además ofreció fundamentos específicos orientados a justificar la adopción de las medidas extraordinarias previstas. En efecto, el decreto parte de la constatación de una afectación grave y desproporcionada sobre los medios de vida rurales, la producción agropecuaria y pesquera, el acceso a alimentos y la seguridad alimentaria de amplios sectores de la población, como consecuencia de las inundaciones derivadas del fenómeno hidrometeorológico. Estas circunstancias evidencian una alteración sustancial de las condiciones materiales de la población rural, lo que justifica la intervención urgente del Estado. Adicionalmente, el Gobierno fundamenta la adopción de las medidas en el riesgo cierto de que el incumplimiento masivo de obligaciones financieras por parte de los productores derive en un proceso de descapitalización del campo, con efectos sistémicos sobre la producción de alimentos y el abastecimiento nacional. En este punto, se advierte una justificación concreta que vincula la situación de emergencia con la necesidad de adoptar mecanismos de alivio financiero, acceso al crédito y normalización de cartera. El Gobierno nacional indicó que la destrucción de la capacidad productiva por las inundaciones prolongadas afectó de manera directa los ingresos de los hogares rurales, al ocasionar la pérdida total o parcial de cosechas y la interrupción de los ciclos productivos que sustentan la economía familiar. En contextos de agricultura familiar, esta ruptura no solo reduce los ingresos corrientes, sino que elimina la fuente principal de liquidez destinada a cubrir gastos básicos y a amortizar obligaciones crediticias contraídas para la siembra y el sostenimiento. Adicionalmente, el impacto en el sector pecuario, expresado en la pérdida de animales, la disminución de pasturas y la descapitalización de los productores, agravó la caída de ingresos y debilitó los activos que respaldan las deudas. En conjunto, este deterioro sustancial de la capacidad de generación de ingresos y de pago justificó la adopción de medidas extraordinarias orientadas al alivio financiero y a la recuperación productiva del sector agropecuario. En conjunto, este deterioro sustancial de la capacidad de generación de ingresos y de pago justificó la adopción de medidas extraordinarias orientadas al alivio financiero y a la recuperación productiva del sector agropecuario. Asimismo, sobre los posibles efectos sistémicos derivados del incumplimiento generalizado de obligaciones crediticias en el sector agropecuario, el Gobierno nacional indicó que la simultaneidad territorial del evento amplió la magnitud del impacto y redujo la capacidad de compensación interregional. En consecuencia, la adopción de medidas extraordinarias y de alcance sistémico se justificó en que la afectación concurrente en ocho departamentos, con 89.252 operaciones en riesgo de siniestralidad, transformó un riesgo inicialmente idiosincrático en uno de carácter sistémico. De igual forma, el decreto incorpora un sustento constitucional robusto, al invocar el principio de solidaridad previsto en el artículo 95 de la Constitución Política, así como los artículos 64 y 65 superiores, que establecen el deber del Estado de proteger de manera especial al campesinado, garantizar el acceso progresivo a la tierra y asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada. Estas disposiciones refuerzan la justificación de las medidas adoptadas, en tanto evidencian que la intervención estatal no solo responde a una situación de crisis, sino también al cumplimiento de mandatos constitucionales específicos orientados a la protección del sector rural y la seguridad alimentaria. Así mismo, el decreto justifica la urgencia de las medidas al señalar que la afectación del sector agropecuario compromete no solo los ingresos de los productores, sino también la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de las comunidades rurales, así como la garantía del mínimo vital para quienes cuentan con los ingresos más bajos, lo que exige una respuesta inmediata, extraordinaria y focalizada por parte del Estado. En consecuencia, para el Ministerio Público, las razones expuestas en el Decreto Legislativo 175 de 2026 brindan razones específicas para justificar la adopción de las medidas incorporadas, en tanto explican de manera clara la gravedad de la situación y fundamentan la implementación de instrumentos excepcionales orientados a mitigar los efectos de la crisis y restablecer las condiciones productivas del sector agropecuario. Juicios de ausencia de arbitrariedad e intangibilidad Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 -parcial (incisos 1 y 2 y parágrafo 3), 10, 11, 12 y 13 superan los juicios de ausencia de arbitrariedad e intangibilidad porque se circunscriben a un contenido exclusivamente financiero, presupuestal, de focalización y de flexibilidades a la contratación pública que (i) no afectan, limitan, ni vulneran ningún derecho fundamental ni derecho intangible de los que tratan los artículos 93 y 214 de la Constitución; (ii) no interrumpen el funcionamiento de las ramas del poder público y de los órganos del Estado y (iii) no suprimen ni modifican los organismos y las funciones básicas de acusación y juzgamiento. En relación con el artículo 11, es pertinente precisar que cumple con estos presupuestos porque si bien suspende los términos de los procesos ejecutivos, lo cierto es que no interrumpe el normal funcionamiento de la Rama Judicial, conforme pasa a explicarse. En la Sentencia C-213 de 2020, la Corte Constitucional especificó que el funcionamiento de la Rama Judicial se refiere a asuntos de “naturaleza auto organizativa o de vocación interna”, que escapan la órbita de "los aspectos relacionados con los términos en los cuales se extinguen los derechos de las personas, los términos para la extinción de las acciones judiciales, los términos procesales cuyo incumplimiento genera desistimiento tácito, ni la duración de los procesos”. En ese sentido, el Alto Tribunal expuso que lo que tiene que ver con el funcionamiento de la Rama Judicial, le apunta a “funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador”. Así las cosas, el artículo 11 del Decreto Legislativo 175 de 2026 no adopta medidas que se relacionen con el funcionamiento de la Rama Judicial ni con cuestiones de naturaleza administrativa que hacen parte de su exclusiva autonomía. Más bien, se trata de una suspensión de términos procesales, lo cual se enmarca en asuntos de naturaleza judicial que son de resorte exclusivo del Legislador, en este caso, del Legislador extraordinario. Por lo tanto, en lo que a este aspecto se refiere, la actuación del Ejecutivo no resulta arbitraria ni se inmiscuye en el normal funcionamiento de la rama judicial. Ahora bien, en lo que respecta a la medida prevista en los parágrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 9 del Decreto Legislativo 175 de 2026, no satisface los presupuestos del juicio de ausencia de arbitrariedad, en la medida en que interfiere con el funcionamiento ordinario del Banco de la República, según se expone a continuación. El artículo 112 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), en su redacción anterior, atribuía expresamente a la Junta Directiva del Banco de la República (Junta) dos competencias fundamentales: (i) regular las condiciones generales de la inversión obligatoria en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), incluyendo porcentajes, plazos y tasas de interés; y (ii) determinar el monto máximo de la sustitución de dichas inversiones. Por su parte, la Junta había fijado mediante la Resolución Externa 3 de 2000, una distribución paritaria de la inversión obligatoria: 50% en TDA Clase A y 50% en TDA Clase B. Por su parte, la Junta había fijado mediante la Resolución Externa 3 de 2000, una distribución paritaria de la inversión obligatoria: 50% en TDA Clase A y 50% en TDA Clase B. El artículo 9 del Decreto Legislativo 175 de 2026 modificó transitoriamente ese artículo, introduciendo cuatro cambios de especial relevancia constitucional: (i) el parágrafo 1 fijó directamente el monto máximo de sustitución en el 20% de la cartera agropecuaria otorgada con recursos propios; (ii) el parágrafo 2 excluyó del cómputo las operaciones que no cumplieran los criterios del parágrafo anterior; (iii) el parágrafo 4 ordenó a la Junta adecuar su reglamentación antes del 1 de abril de 2026; y (iv) el parágrafo 5 modificó la distribución de la inversión entre clases de TDA, pasando del esquema 50%-50% al de 60%-40%. Pues bien, a juicio del Ministerio Público, el Gobierno nacional incurrió en un ejercicio arbitrario de las facultades otorgadas al Ejecutivo en el marco de un estado de emergencia. Así, los artículos 371 y 372 de la Constitución atribuyen a la Junta, con carácter exclusivo, la regulación del crédito en su condición de autoridad crediticia. La Corte Constitucional, desde la Sentencia C-021 de 1994, ha señalado que son inconstitucionales las disposiciones legales que invaden esa órbita de autonomía y asumen en concreto las atribuciones reguladoras del crédito, pues la Carta no autorizó compartir tales facultades ni con el presidente de la República ni con ninguna otra autoridad u organismo del Estado. En esos términos, al fijar directamente el porcentaje del 20% como monto máximo de sustitución y ordenarle adecuar su reglamentación para cumplir con esa orden (parágrafos 1, 2 y 4), así como al establecer la distribución 60%-40% (parágrafo 5) entre clases de TDA, el Gobierno nacional no trazó un marco general de política crediticia, sino que adoptó decisiones técnicas concretas propias de la Junta, en abierta contradicción con su autonomía. Sobre este punto, la Procuraduría recuerda que la prohibición prevista en el artículo 15, literal b), de la Ley 137 de 1994 no se agota en la supresión total de las funciones de un organismo, sino que comprende también su vaciamiento parcial mediante la apropiación de sus competencias por parte de otra autoridad. Ello, además, contradice lo previsto en la Sentencia C-827 de 2001, en la cual la Corte reiteró que la autonomía constitucionalmente reconocida al Banco de la República lo excluye de la Rama Ejecutiva del poder público, por lo que no puede ser tratado como un organismo subordinado al Gobierno nacional. Previamente, en Sentencia C-432 de 1998 se precisó que ni siquiera el Congreso podría señalar al Banco de la República la fecha en que deba efectuarse una emisión monetaria ni el día exacto en que deba principiar la circulación de billetes. Así, con mayor razón tampoco puede hacerlo el Legislador extraordinario. Así, con mayor razón tampoco puede hacerlo el Legislador extraordinario. En suma, los parágrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 9 del Decreto Legislativo 175 de 2026 no superan el juicio de ausencia de arbitrariedad. En efecto, dichas disposiciones fijan directamente el monto máximo de sustitución y de la distribución de la inversión obligatoria en TDA, con lo cual el Gobierno nacional asumió competencias que la Constitución Política, en sus artículos 371 y 372, atribuye de manera exclusiva a la Junta Directiva del Banco de la República. Esta injerencia interrumpe el normal funcionamiento de un órgano autónomo del Estado, en contravención de lo dispuesto en el artículo 15, literal b), de la Ley 137 de 1994. Asimismo, al imponer un plazo perentorio a la Junta Directiva para adecuar su regulación, se vulnera la autonomía técnica del Banco de la República. Por consiguiente, se solicitará la inexequibilidad de dichos enunciados normativos. Juicio de no contradicción específica La Procuraduría General de la Nación considera que los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (incisos 1 y 2 y parágrafo 3), 10, 11, 12 y 13 Decreto Legislativo 175 de 2026 no contradicen la Constitución ni los tratados internacionales. Por el contrario, se advierte que sus disposiciones son acordes con lo previsto en los artículos 36 y 47 de la Ley 137 de 1994, en tanto, adopta medidas de financiamiento, suspensión de procesos y focalización encaminadas a la reactivación del sector agropecuario, con las cuales se pretende impedir la extensión de los efectos derivados de la emergencia suscitada por las lluvias extraordinarias registradas entre finales de enero y principios de febrero de 2026. Juicios de necesidad e incompatibilidad Juicios de necesidad e incompatibilidad El Decreto Legislativo 175 de 2026 incorpora medidas orientadas a aliviar las obligaciones financieras de los productores afectados por la emergencia, así como facilitar la normalización de la cartera y promover el crédito agropecuario. Este propósito general satisface el juicio de necesidad fáctica porque se registró que el sector agropecuario resultó gravemente afectado con ocasión de las lluvias excepcionales registradas entre enero y febrero de 2026. De ahí que resulta claro que el frente frío causó daños significativos en las actividades agropecuarias y en la estructura productiva de los territorios. Esta situación, a su vez, ha generado graves afectaciones sobre la cartera agropecuaria, la estabilidad económica de los productores, así como en la seguridad alimentaria y en el derecho al mínimo vital. Las intensas lluvias e inundaciones ocasionaron la pérdida de los medios de producción de los trabajadores del campo, con un impacto especialmente severo sobre aquellos que desarrollan sus actividades con fines de subsistencia, de manera artesanal o en pequeña escala. Este panorama evidencia la necesidad de adoptar medidas encaminadas a la protección de la población rural, evitar el colapso del sistema financiero agropecuario y garantizar el abastecimiento de alimentos en el territorio nacional. Para tales efectos, el Gobierno nacional adoptó una serie de medidas a través del Decreto Legislativo objeto de análisis. Para tales efectos, el Gobierno nacional adoptó una serie de medidas a través del Decreto Legislativo objeto de análisis. En ese contexto, y con el fin de analizar de manera específica las medidas incorporadas por el Decreto Legislativo a la luz de los juicios de necesidad e incompatibilidad, se adopta la siguiente clasificación: beneficiarios y criterios de priorización (artículo 2); medidas de refinanciación y alivio de la deuda (artículos 3, 4 y 5); medidas de capitalización y reactivación productiva (artículos 6, 7 y 8); medidas relacionadas con la inversión en TDA (artículos 9 —parcial— y 10); suspensión de procesos (artículo 11); y medidas de flexibilización de la contratación estatal (artículo 12). Beneficiarios y criterios de priorización (artículo 2) Este artículo satisface los presupuestos de necesidad fáctica y jurídica. La medida delimita el universo de sujetos destinatarios de los instrumentos extraordinarios contemplados en el decreto, estableciendo criterios objetivos de elegibilidad vinculados al tipo de productor, su capacidad productiva, su vinculación con el sistema de crédito agropecuario y el grado de afectación derivado de los eventos climáticos que motivaron la emergencia. Además, establece criterios de focalización para priorizar la implementación de las medidas. Esta medida resulta útil para garantizar que los esfuerzos estatales efectivamente se dirijan a la población afectada por la emergencia y que, además, sea la más vulnerable. Sobre ello, la Procuraduría General de la Nación advierte que los pequeños productores de ingresos bajos constituyen el segmento más expuesto a los efectos económicos de las emergencias climáticas debido a su limitada capacidad de ahorro, alta dependencia del ingreso agrícola y reducido acceso a mecanismos de protección financiera. En ese orden de ideas, las categorías de productor actúan como criterios de elegibilidad (no de simple priorización) que determinan quiénes pueden acceder a los beneficios. Dentro del universo descrito, se prioriza en atención a la mujer rural, las víctimas del desplazamiento forzado y personas en proceso de reincorporación a la vida civil. Dichos criterios de focalización resultan idóneos para atender los efectos derivados de la grave perturbación del orden público. Esto porque se traducen en acciones afirmativas que promueven el derecho a la igualdad para poblaciones sujeto de especial protección, las cuales se encuentran en un contexto de vulnerabilidad especial con ocasión del fenómeno hidrometereológico registrado entre enero y febrero de 2026. Finalmente, se cumple con el requisito de subsidiariedad porque en la Ley 2071 de 2020 “[p]or medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustriales” no se establece los destinatarios de medidas de alivio financiero, capitalización y reactivación del sector agropecuario adoptadas en el marco de un estado de excepción. Es decir, la emergencia declarada mediante el Decreto Legislativo 150 de 2026, escapa de su ámbito de aplicación. Asimismo, si bien el artículo 2 de la Ley señalada prevé la priorización de la mujer campesina, lo cierto es que excluye a otros sujetos que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, quienes requieren la focalización de las medidas encaminadas a reactivar el sector agropecuario, tales como las víctimas del desplazamiento forzado y las personas en proceso de reincorporación a la vida civil. Medidas de refinanciación y alivio de la deuda (artículos 3, 4 y 5) Medidas de refinanciación y alivio de la deuda (artículos 3, 4 y 5) Las medidas de refinanciación, plan de alivio de la deuda y el programa especial de compra de cartera agropecuaria son necesarias desde el punto de vista fáctico para impedir que, quienes se han visto afectados por la emergencia y que no han podido cumplir con el pago de sus obligaciones crediticias, acumulen deudas exorbitantes por los intereses generados en virtud del incumplimiento, y se expongan a perder sus artículos de trabajo productivo, tales como maquinaria, dispositivos de almacenamiento, herramientas, cosechas o inclusive sus tierras. Por lo tanto, las medidas señaladas son útiles para que esta población pueda pagar sus obligaciones en unas condiciones más favorables que consideren el escenario de desastre al que se vio sometida en el marco de la emergencia. Esto es conducente para proteger a los productores que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad dada la súbita desvinculación de las actividades productivas generada con ocasión del fenómeno hidrometereológico. Con esto de presente, el Decreto Legislativo 175 de 2026 adopta medidas pertinentes orientadas a garantizar que los campesinos y productores afectados por el desastre natural cuenten con mayor liquidez y mejores condiciones para atender sus obligaciones financieras. En este sentido, se prevén mecanismos como la ampliación de plazos para el pago de las obligaciones y la no causación de intereses moratorios a través de la remisión al artículo 86 de la Ley 1523 de 2012; el acceso al Plan de Alivio a la Deuda Agropecuaria (PADA), el cual permite acceder a recursos para abonar a capital y a intereses corrientes, así como la posibilidad de acogerse al Programa Especial de Compra de Cartera Agropecuaria, con el fin de cubrir los saldos que resulten pendientes después de la aplicación de los alivios previstos en el PADA. En siguiente orden, la creación del Programa Especial de Compra de Cartera Agropecuaria (PECCA) -artículo 5- resulta necesaria porque los mecanismos ordinarios de recuperación de cartera, basados en cobro persuasivo, reestructuración individual o procesos judiciales de ejecución, resultan ineficientes cuando la causa del incumplimiento es la destrucción estructural de la capacidad productiva del deudor. En ese sentido, la creación de dicha medida busca evitar una innecesaria dilación de la situación de cartera deteriorada, pues ello genera costos adicionales sin posibilidad real de recuperación. El PECCA, en contraste, reconoce tempranamente la naturaleza siniestrada de una parte de la cartera, evitando que las entidades financieras mantengan activos cuya recuperabilidad es altamente incierta. En este contexto, el diseño del PECCA obedece a la necesidad de evitar que una crisis productiva se transforme en una crisis financiera dentro del sistema de crédito agropecuario. Cuando una emergencia de gran magnitud impacta de forma simultánea a un número significativo de productores, el deterioro de la cartera puede generar efectos de carácter sistémico, tanto para las entidades financieras como para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. En relación con la necesidad jurídica de los artículos 3 y 5, la Procuraduría considera que este requisito se encuentra satisfecho. Aunque la Ley 2071 de 2020 y la Ley 2514 de 2025 contemplan medidas ordinarias dirigidas a facilitar la refinanciación y el saneamiento de cartera agropecuaria frente a dificultades derivadas de factores externos, su ámbito de aplicación no cubre los hechos ocurridos entre enero y febrero de 2026. Esta limitación se explica por su carácter temporal y por su aplicación focalizada, ya que dichas disposiciones se circunscriben a periodos específicos y a carteras determinadas, con fechas de corte fijadas al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022. En contraste, el artículo 3 del Decreto Legislativo 175 de 2026 establece un mecanismo de mayor alcance y con una modalidad de aplicación distinta. Si bien el literal e) del numeral 2 del artículo 218 del EOSF asigna a la CNCA la función de aprobar la refinanciación de créditos cuando la producción se vea afectada por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, este esquema supone que las entidades financieras deban contar previamente con dicha autorización. Por el contrario, el artículo 3 del decreto permite que las entidades financieras adopten directamente, y de oficio, los programas de refinanciación de las obligaciones, lo que asegura una respuesta más oportuna frente a la situación de emergencia. De ahí que, se necesitaba de una norma con rango legal que permitiera omitir la exigencia prevista en el EOSF que habilitara a las entidades financieras para adoptar dichos programas de financiamiento sin la aprobación de la CNCA. En el mismo sentido, la medida prevista en el artículo 5 presenta un alcance superior al de los mecanismos ordinarios, los cuales, como se ha señalado, no resultan aplicables para la recuperación de esta cartera. De ahí que también se satisface la subsidiariedad respecto de esa medida. De ahí que también se satisface la subsidiariedad respecto de esa medida. La creación de este programa se sustenta en la experiencia acumulada en la gestión de cartera agropecuaria deteriorada, en particular en el marco del Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA) y del Programa de Reactivación Agropecuaria (PRAN). Estos antecedentes demuestran que la transferencia de activos hacia entidades especializadas, como la Central de Inversiones S.A. (CISA), solo se logró tras extensos procesos administrativos, financieros y judiciales, lo que prolongó la incertidumbre tanto para las entidades acreedoras como para los productores deudores. En múltiples casos, dichos procesos se extendieron por largos periodos, sin resultados oportunos en la recuperación de las obligaciones. Asimismo, estas experiencias evidenciaron que los mecanismos tradicionales de recaudo resultan ineficaces cuando el incumplimiento se origina en una afectación estructural de la capacidad productiva, pues tienden a prolongar la permanencia de cartera deteriorada, incrementan los costos administrativos y reducen la probabilidad real de recuperación. En este contexto, la medida satisface el requisito de necesidad jurídica. Si bien, en condiciones ordinarias, la compra de cartera corresponde al FONSA conforme al numeral 1 del artículo 4 de la Ley 302 de 1996, la magnitud y naturaleza de la emergencia justifican la adopción de un esquema distinto. En efecto, resulta necesario acudir a la Central de Inversiones S.A. (CISA), en su calidad de único colector público del Estado colombiano. Su capacidad técnica, operativa y experiencia en la administración masiva de cartera la convierten en el instrumento idóneo para atender una afectación de carácter sistémico, garantizar una intervención oportuna y evitar la acumulación prolongada de obligaciones incobrables, lo que no sería posible a través de los mecanismos ordinarios previstos para escenarios de normalidad institucional. En esos términos, tal modificación se tenía que realizar a partir de una norma con fuerza de ley, pues la competencia general del FONSA para la compra de cartera agropecuaria está prevista en una norma con dicho rango (Ley 302 de 1996). De ahí que se satisfacen los presupuestos de necesidad y de incompatibilidad. Por otra parte, se observa que la disposición según la cual las entidades financieras deben implementar de oficio los programas de refinanciación (artículo 3) implica la suspensión del numeral 4 del artículo 86 de la Ley 1523 de 2012. La adopción de esta medida satisface los juicios de necesidad y de incompatibilidad, pues el Gobierno nacional justificó su necesidad en las condiciones propias de los escenarios de desastre. En particular, advirtió que, en estos contextos, los productores suelen perder infraestructura, documentos e inventarios, lo que dificulta o impide el cumplimiento de trámites individuales. Así, existe un alto grado de probabilidad de que la población no pueda acceder a medios físicos e informáticos para conocer la oferta institucional de las entidades financieras, encaminadas a aliviar sus obligaciones crediticias. Sobre este punto, se advierte que, en respuesta al auto de pruebas dentro del proceso de constitucionalidad, el Ministerio de Agricultura precisó que cuando los mecanismos de alivio financiero dependen de la iniciativa del deudor, muchos potenciales beneficiarios quedan excluidos. Esta situación responde al desconocimiento de los instrumentos, a dificultades de acceso a las entidades financieras o a la imposibilidad de cumplir con los trámites en contextos de crisis productiva. Esta situación responde al desconocimiento de los instrumentos, a dificultades de acceso a las entidades financieras o a la imposibilidad de cumplir con los trámites en contextos de crisis productiva. Según el Ministerio, esta problemática se intensifica en escenarios de desastre, donde los productores pierden activos esenciales. En tales condiciones, exigir que asuman la gestión de la refinanciación se traduce, en la práctica, en una barrera de acceso al beneficio. Por ello, el Decreto Legislativo 175 de 2026 establece que las entidades financieras activen estos mecanismos de oficio, dada la necesidad prioritaria de los productores de restablecer sus medios de subsistencia. Además, se informó que el sistema de financiamiento agropecuario cuenta con información suficiente para identificar a los beneficiarios sin trasladarles esta carga. El Banco Agrario, que concentra la mayor parte de la cartera de pequeños productores, dispone de datos sobre créditos, perfiles de deudores y ubicación de las unidades productivas. Así, esa información puede integrarse con registros territoriales de las zonas afectadas, lo que permite delimitar de forma precisa a los beneficiarios. De esa manera, las entidades financieras pueden aplicar automáticamente las medidas de refinanciación, lo que facilita una implementación oportuna, reduce el riesgo de exclusiones y garantiza que el alivio llegue a quienes enfrentan mayores dificultades para reactivar su actividad productiva. En consecuencia, exigir que cada productor inicie por su cuenta el proceso de refinanciación supone trasladarle una carga administrativa desproporcionada y, en la práctica, puede traducirse en su exclusión involuntaria de los beneficios previstos. Frente a esta situación, la intervención excepcional resulta coherente con la necesidad de asegurar el acceso efectivo a los mecanismos de alivio financiero. Frente a esta situación, la intervención excepcional resulta coherente con la necesidad de asegurar el acceso efectivo a los mecanismos de alivio financiero. En siguiente orden, se advierte que el artículo 4 también satisface el presupuesto de necesidad jurídica. Antes de la creación del PADA no existía en el ordenamiento jurídico colombiano una figura equivalente que permitiera adoptar, de manera estructurada y generalizada, un mecanismo de alivio integral de capital dirigido específicamente a pequeños productores afectados por una emergencia climática en curso. Es decir, no se contemplan medidas que permitan disponer de recursos encaminados a realizar abonos a capital e intereses a favor de los productores afectados en el marco de una emergencia económica. Los instrumentos ordinarios del sistema financiero agropecuario contemplan normalización de cartera y acuerdos de pago en escenarios de normalidad, pero responden a lógicas financieras ordinarias, no a un programa excepcional de intervención pública orientado a mitigar una afectación sistémica del ingreso rural. De ahí que, la autorización al Ministerio de Agricultura estipulada en el parágrafo 2 del artículo 4 resulta necesaria desde el punto de vista jurídico, por cuanto los mecanismos ordinarios de gestión presupuestal resultan insuficientes para atender una emergencia de la magnitud descrita. En efecto, de conformidad con los artículos 345 y 346 de la Constitución Política, el principio de legalidad presupuestal exige que los ingresos y gastos públicos se encuentren previamente incorporados y autorizados en el Presupuesto General de la Nación. En desarrollo de dicho principio, corresponde al Congreso aprobar las apropiaciones presupuestales mediante ley anual de presupuesto. En desarrollo de dicho principio, corresponde al Congreso aprobar las apropiaciones presupuestales mediante ley anual de presupuesto. En el presente caso, el presupuesto de la vigencia 2026 fue aprobado por el Legislador mediante la Ley 2559 de 2025 y liquidado por el Gobierno nacional, lo que determinó los ingresos y gastos autorizados para esa vigencia. Así, el presupuesto se trata de una materia con reserva material de ley. En consecuencia, la autorización al Ministerio de Agricultura para que efectúe las transferencias requeridas para la implementación del PADA requiere su expedición a través de una norma que tenga ese rango. Por lo tanto, la medida prevista en el artículo 3 del Decreto Legislativo debía adoptarse a través de una norma con fuerza de ley, en tanto que, en tiempos de normalidad, es el Congreso quien tiene la función de “establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración”. Bajo ese entendido, la Procuraduría señala que los mecanismos ordinarios de gestión presupuestal resultan insuficientes para enfrentar una situación excepcional de gran magnitud. Ello obedece a que las restricciones derivadas del principio de legalidad presupuestal y la marcada rigidez del gasto limitan de manera estructural la capacidad del Estado para responder eficazmente mediante instrumentos ordinarios. Medidas de capitalización y de crédito especial (artículos 6, 7 y 8) Medidas de capitalización y de crédito especial (artículos 6, 7 y 8) Las medidas previstas en los artículos 6, 7 y 8 del Decreto Legislativo 175 de 2026 cumplen con el presupuesto de necesidad fáctica. Resulta indispensable fortalecer la disponibilidad de recursos en los instrumentos financieros del sector agropecuario, en particular en el fondo destinado a la gestión del riesgo climático (FNRA) y en el esquema de garantías que respalda el otorgamiento de crédito a través del FAG. Estas herramientas cumplen funciones complementarias y esenciales en el contexto de la emergencia: por una parte, permiten cubrir las pérdidas derivadas de la destrucción de cultivos y facilitar la reposición de las unidades productivas; por otra, aseguran las condiciones necesarias para reactivar el acceso al financiamiento. En efecto, la insuficiencia de recursos en estos fondos comprometería tanto la capacidad de respuesta frente a los daños ya materializados como la posibilidad de impulsar nuevos ciclos productivos. Sin cobertura adecuada de seguros, los productores carecen de liquidez para reiniciar sus actividades, lo que prolonga la inactividad económica y agrava la afectación social. A su vez, sin un respaldo suficiente de garantías, las entidades financieras enfrentan mayores niveles de riesgo y, en consecuencia, restringen la colocación de nuevos créditos. Esta restricción resulta especialmente crítica en escenarios de crisis, en los que el acceso oportuno al financiamiento constituye un factor decisivo para la recuperación. Esta restricción resulta especialmente crítica en escenarios de crisis, en los que el acceso oportuno al financiamiento constituye un factor decisivo para la recuperación. En este contexto, el fortalecimiento del FNRA y de los mecanismos de garantía adquiere un carácter estratégico. No solo permite atender las contingencias derivadas de la emergencia, mediante el pago de seguros y la recuperación de activos productivos, sino que también habilita la financiación de nuevas siembras y actividades agropecuarias. En particular, asegura la operatividad del Programa Especial de Crédito (PEC) previsto en el artículo 8, el cual depende de la existencia de condiciones de aseguramiento y respaldo suficientes para su implementación. De este modo, las medidas no se limitan a mitigar los efectos inmediatos del desastre, sino que contribuyen a conjurar sus efectos a partir del restablecimiento de la dinámica productiva y a evitar una contracción prolongada del crédito agropecuario, con las consiguientes consecuencias sobre el empleo rural y la seguridad alimentaria. El artículo 7 resulta necesario desde el punto de vista jurídico, en la medida en que el artículo 8 de la Ley 2178 define de manera taxativa las fuentes de financiación del FNRA, dentro de las cuales se incluyen, entre otras, las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación, un porcentaje de las primas de seguros agropecuarios, operaciones de crédito, aportes de entidades públicas y privadas, donaciones y las utilidades del propio fondo. Esta disposición configura un marco cerrado de financiación que delimita las fuentes ordinarias disponibles para el funcionamiento del FNRA. Es decir, dentro de dichas fuentes no se encuentran contemplados recursos como un porcentaje de las utilidades de Finagro o del Banco Agrario, ni tampoco aquellos que puedan generarse en el marco de las medidas extraordinarias adoptadas para atender la emergencia derivada de las lluvias registradas entre enero y febrero de 2026. Esta ausencia impide, en condiciones ordinarias, la incorporación de nuevas fuentes de financiamiento dirigidas a atender situaciones excepcionales. En consecuencia, resultaba necesaria la adopción de una disposición con fuerza de ley que habilitara de manera expresa la integración de nuevas fuentes de recursos al FNRA, con el fin de garantizar su capacidad de respuesta frente a los efectos de la emergencia. El artículo 7 resulta necesario desde el punto de vista jurídico, en la medida en que el régimen ordinario del FAG, previsto en el artículo 30 de la Ley 16 de 1990, define de manera expresa y restrictiva las fuentes de sus recursos. Dichas fuentes incluyen los saldos iniciales del fondo adscrito al Banco de la República, los recursos provenientes de otros fondos de garantías, un porcentaje de las utilidades de Finagro (no inferior al 25%) y las comisiones cobradas a los usuarios del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. Este marco normativo delimita las posibilidades de financiación del FAG en condiciones de normalidad institucional. Este marco normativo delimita las posibilidades de financiación del FAG en condiciones de normalidad institucional. En ese contexto, se observa que la normativa vigente no contempla como fuente de recursos la destinación de un porcentaje de las utilidades del Banco Agrario de Colombia. En consecuencia, en ausencia de una disposición con fuerza de ley, no es posible redirigir estos recursos hacia la capitalización del fondo, incluso en escenarios de emergencia que demandan un refuerzo inmediato de las garantías. Por lo tanto, se necesitaba de una previsión normativa con fuerza y rango de ley. Por otra parte, el Ministerio Público considera que la medida prevista en el artículo 8 responde a una necesidad fáctica. La afectación simultánea de las unidades productivas en los municipios declarados en emergencia ha reducido de forma significativa la capacidad de los productores para generar ingresos, acceder a capital de trabajo y sostener sus actividades. En este contexto, los mecanismos ordinarios de crédito resultan insuficientes, en tanto