Concepto (misional) 10 - 2026 de 2026 — Responsabilidad administrativa de rama judicial y fiscalía general de la nación por perjuicios derivados de privación injusta de la libertad con ocasión de proceso penal en su contra

DOCUMENTO ANONIMIZADO-Hace referencia a la actividad de reemplazar datos personales al igual que información sensible, íntima, personal y familiar en aras de garantizar derechos fundamentales de las personas tanto en actuaciones administrativas iniciales como en la publicación/DOCUMENTO ANONIMIZADO-Dando cumplimiento a la resolución 352 de 2024 se procede a anonimizar el presente documento por parte del grupo de Relatoría sustituyendo los datos a proteger por xxx, yyy o sucesivas REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad administrativa de Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación por perjuicios derivados de privación injusta de la libertad con ocasión de proceso penal en su contra PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Se considera injusta en la medida que procesada fue absuelta en sentencia que quedó ejecutoriada concluyéndose que no cometió delitos que le fueron imputados RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Presupuestos exigidos para configuración del régimen objetivo de esta/DAÑO ANTIJURÍDICO-Es el que no se tiene el deber jurídico de ser soportado Los demandantes sostienen que la privación de la libertad de la señora xxxxx resulta injusta, en la medida en que fue absuelta mediante sentencia penal ejecutoriada, en la cual se concluyó que ella no cometió los delitos que le fueron imputados. Afirman que tal circunstancia activa el régimen objetivo de responsabilidad extracontractual del Estado, por cuanto concurren los presupuestos exigidos para su configuración, a saber: i) la imposición de una medida privativa de la libertad, ii) la existencia de una decisión penal favorable a la procesada, y iii) la producción de daños antijurídicos que ella no estaba en el deber jurídico de soportar. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Valoración de antijuridicidad para escoger título de imputación que corresponda, según jurisprudencia del Consejo de Estado PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Valoración de antijuridicidad para escoger título de imputación que corresponda, según jurisprudencia del Consejo de Estado LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA-Se debe excluir a Fiscalía Gral de la Nación como integrante del extremo pasivo de la litis por no poseer esta en el presente asunto REGIMEN DE IMPUTACIÓN-Debería ser subjetivo por falla del servicio, pero no fue acreditado este por demandantes A lo largo de este concepto y con base en la jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa, se demostró que en casos como estos, aplica el régimen de imputación subjetivo por falla del servicio, el cual no fue acreditado por los demandantes. El aparente cambio de régimen invocado en la apelación por parte del extremo activo de la litis, no permite la aplicación del principio iura novit curia porque si bien este principio faculta al juez para adecuar el fundamento jurídico invocado por las partes, dicha potestad opera únicamente cuando los hechos alegados permanecen inalterados. En el caso sub examine, los hechos expuestos en la demanda delimitaron la causa petendi sin cuestionar en la demanda la imposición de las medidas de aseguramiento, sino focalizando el derecho a una reparación, en virtud de una absolución penal. AI no haberse alegado la existencia de una falla del servicio, el juez de segunda instancia no podía desbordar sus competencias para habilitar una reforma implícita de la demanda, cuando la oportunidad procesal para ello se encuentra claramente precluida. MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-De detención preventiva se aplicó de conformidad con límites legales, ,jurisprudenciales y probatorios CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-Fundamento legal de la misma CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-No se ha mantenido un criterio uniforme sobre el concepto de criterio objetivo de estas pero se deben limitar a eventos en que estén probadas, según sentencia del Consejo de Estado RECURSO DE APELACIÓN-No está llamado a prosperar en el sub examine, debiéndose confirmar sentencia en el sub lite PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA CONCEPTO N° 010 /2026 Bogotá D. C., 21 de enero de 2026 Señores CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejero Ponente, doctor WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ S. D. Ref: Proceso: 76001-23-33-010-2015-00816-01 (72.961) Medio de Control de Reparación Directa (Ley 1437 de 2012 -Ley 2080 de 2021) Actor: xxxxx y otros Demandados: Nación — Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación. El Ministerio Público presenta concepto dentro del expediente de la referencia. En esta oportunidad, solicita confirmar la sentencia recurrida. Para dicho propósito suplica sean tenidos en cuenta los argumentos que se exponen a continuación. ANTECEDENTES DEMANDA1 La demanda que dio origen al presente proceso fue presentada el 21 de julio de 2015 por la víctima directa, xxxxxxxx, junto con sus familiares2, en contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación (en adelante, la Fiscalía), con el propósito de obtener la reparación de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto durante un lapso de 2 años y 9 meses. Dicha restricción de la libertad se produjo con ocasión del proceso penal que cursó en su contra, dentro del cual se le imputó, en calidad de coautora, la comisión de los delitos de transferencia no consentida de activos3, concierto para delinquiP, hurto por medios informáticos y semejantes5 y falsedad en documento privado6. Expediente híbrido. Medio de Control Reparación Directa Ana Ximena Cuentas Monsalve. pdf y folios 475 a 533 del expediente físico. Anexos: Algunos folios del expediente penal. Sus hijos Gabriel Cuentas Monsalve y Jerónimo Ocampo Cuentas, así como por su padre Gabriel Cuentas Villegas y sus hermanas Diana Lucía Cuentas Monsalve y Lorena María Cuentas Monsalve Artículo 269J del Código Penal Artículo 340 del Código Penal. Artículo 2691 del Código Penal. ^ Artículo 289 del Código Penal, aunque en las audiencias del proceso penal se dijo que se trataba de falsedad en documento público. PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 GENERAL DE LA NA€ION C O L O M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Los demandantes sostienen que la privación de la libertad de la señora xxxxxxx resulta injusta, en la medida en que fue absuelta mediante sentencia penal ejecutoriada, en la cual se concluyó que ella no cometió los delitos que le fueron imputados. Afirman que tal circunstancia activa el régimen objetivo de responsabilidad extracontractual del Estado, por cuanto concurren los presupuestos exigidos para su configuración, a saber: i) la imposición de una medida privativa de la libertad, ii) la existencia de una decisión penal favorable a la procesada, y iii) la producción de daños antijurídicos que ella no estaba en el deber jurídico de soportar. AI proceder a la estimación de los perjuicios reclamados, solicitaron el reconocimiento de una indemnización que asciende a la suma de tres mil doscientos seis millones seiscientos doce mil veintidós pesos ($3.206.612.022), por concepto de perjuicios morales y materiales. CONTESTACIONES La Rama Judicial se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda, al considerar que la privación de la libertad de la señora xxxxxxx no reviste el carácter de injusta, por cuanto los funcionarios judiciales intervinientes actuaron conforme a las normas sustantivas y procesales vigentes al momento de los hechos. Sostuvo que el hecho punible investigado efectivamente existió y que, para la fecha de la captura, se contó con indicios suficientes que permitieron la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual —a su juicio— se ajustó a los principios de necesidad y proporcionalidad, en atención a la gravedad de las conductas imputadas. Añadió que la absolución proferida en sede penal obedeció a deficiencias en la actividad probatoria del ente acusador, mas no a la inexistencia del hecho investigado, ni a la improcedencia inicial de la medida restrictiva de la libertad. En ese contexto, propuso las excepciones de inexistencia del nexo causal, inexistencia de perjuicios y la genérica. La Fiscalía General de la Nación, a su turno, también se opuso a las pretensiones, al estimar que no se encuentran acreditados los presupuestos esenciales para estructurar la responsabilidad civil extracontractual del Estado en su contra. Señaló que su actuación se desarrolló con sujeción a la Constitución Política y a las normas sustantivas y procedimentales aplicables, y precisó que la decisión relativa a la imposición de la medida PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 2 GENERAL DE LA NACION C O L O M B I A PROCURADURİA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÕN ADMINISTRATIVA 5878750 Ext: 13710 2 GENERAL DE LA NACION C O L O M B I A PROCURADURİA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÕN ADMINISTRATIVA de aseguramiento corresponde de manera exclusiva al juez de control de garantías. Con fundamento en Io anterior, formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, así como las de ausencia de relación de causalidad y la innominada. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA7 Con providencia de 18 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decidió el medio de control de reparación directa, y negó las pretensiones de la demanda, al concluir que la privación de la libertad de la señora xxxxxx no revestia el carácter de injusta, ya que la medida de aseguramiento fue impuesta con observancia de los requisitos Regales, probatorios y constitucionales vigentes al momento de su decreto. Para arribar a dicha conclusión, el a quo efectuó el análisis correspondiente a la luz de los criterios fijados por la Corte Constitucional, particularmente en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018. Para arribar a dicha conclusión, el a quo efectuó el análisis correspondiente a la luz de los criterios fijados por la Corte Constitucional, particularmente en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018. El Tribunal sostuvo que la Fiscalía General de la Nación contó con elementos materiales probatorios e información legalmente obtenida que le permitieron sustentar la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva a partir de la inferencia inicial según la cual, la demandante podría ostentar la calidad de coautora de los delitos imputados. En el análisis de la imposición de la medida destacó, entre otros, los siguientes elementos: i) las entrevistas e interrogatorios rendidos por el señor yyyyyy yyyyyyy, quien fue capturado en flagrancia cuando intentaba cobrar cheques provenientes de una transferencia fraudulenta; ii) la documentación hallada en poder del capturado, consistente en un contrato celebrado entre la Unión Temporal para la Capacitación de la Mujer, entidad de la cual la demandante figuraba como representante legal y COMCAJA (Caja de Compensación Familiar Campesina, entidad defraudada y/o víctima de los delitos mencionados); iii) las inconsistencias entre las manifestaciones de la señora zzzzzzz y la información suministrada por el Banco de Occidente respecto de la orden de no pago de los cheques mediante los cuales se giró dinero perteneciente a esta Caja de Compensación; y iv) las propias declaraciones de la imputada, quien inicialmente aceptó cargos y suscribió un preacuerdo con la Fiscalía, comprometiéndose a la devolución de los dineros a la entidad afectada (COMCAJA), acuerdo que posteriormente fue improbado. Con fundamento en estos elementos, el Tribunal concluyó que existía una inferencia Expediente digital.TRIBUNAL zip. Archivo 45_Sentencia_RD20150081600RAMAFIS_0_20250318173336773.pdf PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NA€ION C O L O M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA razonable de participación de la señora zzzzzzz en los hechos investigados, suficiente para la fase inicial del proceso penal. En ese orden de ideas, precisó que se encontraban reunidos los requisitos objetivos para la imposición de la medida de aseguramiento, en tanto los delitos imputados eran investigables de oficio, tenían prevista una pena minima superior a cuatro (4) años de prisión, la medida se encontraba contemplada en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, y había sido solicitada conforme a lo dispuesto en el artículo 306 del mismo estatuto. En relación con el elemento subjetivo, el a quo señaló que el juez penal pudo considerar la posible participación de la imputada en los hechos, en la medida en que el supuesto contrato celebrado entre COMCAJA y ella constituyó el punto de partida del desfalco de los recursos a dicha entidad. Añadió que el juez penal valoró la gravedad y pluralidad de las conductas imputadas, así como la presunta vinculación de la señora zzzzzzz con una organización criminal; circunstancias que ponían de presente el peligro que ella representaba para la comunidad, debido al número de delitos atribuidos, su naturaleza y el impacto generado sobre el orden económico y social. Con base en lo anterior, estimó que el juez penal concluyó de manera adecuada que la medida de aseguramiento de detención preventiva resultaba necesaria para los fines del proceso penal, en los términos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. AI examinar el cumplimiento de los principios de legalidad y proporcionalidad, el Tribunal sostuvo que no se acreditó que la medida impuesta hubiese sido arbitraria, irrazonable o desproporcionada, ni que la actuación judicial hubiera desconocido los procedimientos legalmente establecidos. Asimismo, indicó que no se vulneró la presunción de inocencia, en tanto las medidas de aseguramiento tienen naturaleza preventiva y no sancionatoria, y se orientan a garantizar el adecuado desarrollo de la investigación penal. Asimismo, indicó que no se vulneró la presunción de inocencia, en tanto las medidas de aseguramiento tienen naturaleza preventiva y no sancionatoria, y se orientan a garantizar el adecuado desarrollo de la investigación penal. De igual forma, al analizar el arraigo y la situación familiar de la imputada —en el marco de la solicitud de sustitución de la medida por detención domiciliaria—, el Tribunal destacó que el juez penal valoró las constancias laborales y académicas de la señora Cuentas Monsalve que le fueron aportadas, y concluyó que no se acreditó que el hijo de la imputada quedara desprotegido con la imposición de la medida de aseguramiento, ni que ella ostentara la condición de madre cabeza de familia, ni la inexistencia de otras personas que pudieran asumir el cuidado del menor. El a quo señaló que tales consideraciones condujeron, en un primer momento, a la imposición de la reclusión intramural, la cual posteriormente fue sustituida por detención domiciliaria. PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 4 GENERAL DE LA NAÉION C O L O M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Finalmente, en relación con el efecto de la absolución penal sobre el juicio de responsabilidad civil extracontractual, el Tribunal precisó que el solo hecho de la absolución no enerva de manera automática la legalidad de la medida de aseguramiento, habida cuenta de que, para el momento en que esta fue decretada, los elementos probatorios existentes no habían sido desvirtuados. Agregó que el proceso penal culminó con una duda razonable en favor de la imputada, surgida de la contradicción probatoria en el juicio, circunstancia que no torna injusta la detención preventiva. RECURSO DE APELACIÓN8 RECURSO DE APELACIÓN8 La impugnación se interpuso dentro del término de Iey. En la apelación se sostiene que la sentencia de primera instancia i) desconoció el carácter antijurídico de una privación de la libertad que culminó en absolución, ii) validó indebidamente una medida de aseguramiento apoyada en una valoración probatoria errónea, y iii) omitió ponderar la especial situación de vulnerabilidad de la demandante como madre cabeza de hogar y mujer embarazada. En el recurso se indicó que hubo una interpretación sesgada de los elementos probatorios presentados por la Fiscalía, en tanto los interrogatorios de los otros implicados (ddddddd y eeeeee) se resumieron por parte del ente acusador de manera imprecisa y descontextualizada, aunado al hecho por el cual ambos dijeron que ninguno conocia personalmente a eeeeeeee. En particular reprochan el hecho de que la Fiscalía alteró el sentido de expresiones como "revisar" por "realizar" un contrato, lo que influyó indebidamente en la imposición de la medida de aseguramiento contra la imputada, toda vez que lo que el testigo fffffffffff dijo fue que "creía que ella habia revisado el contrato", refiriéndose al contrato con COMCAJA. En el escrito, se hace énfasis en que al momento de la imposición de la medida de aseguramiento, la señora yyyyyyyy, se encontraba embarazada y así se le hizo saber a la juez de garantías, tanto como el hecho de que ella era madre cabeza de hogar, y tenia a su cargo un hijo menor de 5 años con una enfermedad grave (obstrucción crónica intestinal), circunstancias que fueron minimizadas por la juez penal y por el tribunal Administrativo. lgualmente se indicó que el a quo desconoció la existencia de un preacuerdo fallido entre la Fiscalía y la imputada, en el que ella se retractó del mismo ^ Expediente digital.TRIBUNAL.zip. Archivo 051_ApeIaciondese_APELACION_MARZO_2025 1 20250326084627151.pdf PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 GENERAL DE LA NACION C O L O M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA porque no fue libre ni voluntario, sino condicionado por su estado de embarazo, y su condición de madre cabeza de hogar. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO REVISIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES PARA INSTAURAR LA ACCIÓN CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO REVISIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES PARA INSTAURAR LA ACCIÓN El Ministerio Público no tiene reparo alguno en torno a la competencia y jurisdicción. Así mismo observa la acreditación de la legitimación en causa por activa, situación que no ocurre con la legitimación en causa por pasiva, toda vez que “[p]or tratarse de una medida de aseguramiento dictada bajo la vigencia del Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 906 de 2004, el [posible] daño causado por la privación de la libedad de la demandante xxxxxxxx no es imputable a la Fiscalía, debido a que la decisión causante del[posiblej daño, fue proferida por el juez de control de garantías’*. En efecto, de acuerdo con el artículo 306 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía se limita a solicitar al juez penal de control de garantías la imposición de una medida de aseguramiento, pero es a este último a quien le corresponde, de manera autónoma e independiente, proferir la decisión sobre su imposición. En ese orden de ideas, la Fiscalía General de la Nación debe ser excluida de este proceso. En ese orden de ideas, la Fiscalía General de la Nación debe ser excluida de este proceso. En lo que respecta al requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, se observa que este fue agotado en debida forma. La demanda fue presentada dentro del término de dos años previsto en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. esto es así ya que: i) la decisión de precluir la investigación penal cobró ejecutoria el 3 de mayo de 2013; ii) de conformidad con el artículo 20 de la Ley 640 de 2001, el término de caducidad se suspendió entre el 30 de abril de 2015, cuando se interpuso la solicitud de conciliación y el 14 de julio de 2015, cuando dicha conciliación se declaró fallida por parte de la Procuraduría General de la Nación, y iii) la demanda se interpuso a tiempo el 21 de julio de 2015 (último día para no incurrir en la caducidad de la acción). PROBLEMA JURÍDICO Con fundamento en los argumentos expuestos en la impugnación, corresponde determinar si la Sentencia proferida el 18 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo Consejo de Estado. Sección Tercera Subsección B. Rad: 25000-23-26-000-2011-00304-01 (48150), Sentencia del 23 de julio de 2021. C.P. Martín Bermúdez Muñoz PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 6 PGERNOERCALUDREALADNUARCIÍOAN C O L O M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA del Valle del Cauca debe ser confirmada, modificada o revocada. PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA del Valle del Cauca debe ser confirmada, modificada o revocada. En la providencia se negaron las pretensiones al estimar que la privación de la libertad de xxxxxx no fue injusta dado que la medida de aseguramiento se impuso con observancia de los requisitos legales, probatorios y constitucionales vigentes al momento de su decreto. Por su parte, los apelantes sostienen que tanto la Rama Judicial como la Fiscalía General de la Nación son responsables de los daños causados a xxxxxxxx y familia, teniendo en cuenta que el a quo no aplicó el régimen de responsabilidad objetiva en virtud de la absolución de la imputada; sumado al hecho por el cual, consideran que la medida de aseguramiento que se impuso a xxxxxxx se basó en una interpretación errónea de las pruebas que hizo tanto el juez penal de garantías, como el Tribunal Administrativo del Valle, máxime cuando para la valoración de la imposición de la medida, el abogado defensor en el proceso penal expuso la situación particular de la señora hhhhhhhhh al hacer énfasis en su estado de embarazo y en su calidad de madre cabeza de hogar de un menor de 5 años. TESIS: Del examen del problema jurídico planteado en el recurso de apelación, y a partir de un estudio sistemático y minucioso de la jurisprudencia constitucional y de la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de privación injusta de la libertad, el Ministerio Público demostrará que las jueces de control de garantías aplicaron de manera adecuada las reglas y subreglas legales y jurisprudenciales vigentes al momento de decretar las medidas de aseguramiento de detención preventiva intramural y luego domiciliaria a la inculpada xxxxxxxxx De igual forma, se establecerá que, cuando la absolución penal obedece a la existencia de una duda razonable derivada de falencias probatorias atribuibles al ente investigador o acusador, el régimen de responsabilidad aplicable es el de falla del servicio, enmarcado en el régimen subjetivo de responsabilidad civil extracontractual del Estado, cuya carga probatoria recae en la parte demandante. En el caso concreto, se concluirá que dicha falla no fue acreditada con el grado de suficiencia exigido por el ordenamiento jurídico. Para arribar a esta conclusión, se abordarán, en su orden: i) la cronología y el desarrollo del proceso penal adelantado contra la señora xxxxxxxx; ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales vigentes en materia de privación injusta de la PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 libertad, con el propósito de extraer de su análisis una conclusión que permita consolidar y/o afianzar un criterio unificado sobre la materia; iii) las reglas legales, jurisprudenciales y convencionales aplicables a la imposición de medidas de aseguramiento de detención preventiva; y iv) la aplicación de dichas reglas al caso concreto. Cronología y desarrollo del proceso penal adelantado contra la señora Ana Ximena Cuentas Monsalve10 ' Información extraída de los cuadernos 1,2 y 3 del proceso penal contra Ana Ximena Cuentas Monsalve. Expediente virtual en el link Rad 2010-0184 ANA XIMENA CUENTAS MONSALVE 000AIIega MemoriaI_20150081600Recpecion pdf PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 8 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 8 Tabla N° 1. Cronología y desarrollo del proceso penal adelantado contra la señora xxxxxxxx La privación de la libertad se extendió desde el 28 de julio de 2010 hasta el 19 de agosto de 2010 de manera intramural, y posteriormente desde el 20 de agosto de 2010 hasta el 3 de mayo de 2013 bajo la modalidad de detención domiciliaria, para un tiempo total de dos (2) años, nueve (9) meses y veintitrés (23) días. "Artículo 381. Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. "Cuaderno 3 del expediente penal virtual. Páginas 341 y 342 del PDF o 586 y 587 del expediente físico. PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 Reglas y subreglas jurisprudenciales de la Corte Constitucional13 y del Consejo de Estado vigentes en materia de privación injusta de la libertad Antecedentes: La jurisprudencia del Consejo de Estado no ha sido uniforme en materia de privación injusta de la libertad. Mientras que, las Subsecciones A y C de la Sección Tercera durante varios años tendieron a agotar el juicio de imputación a partir del análisis de la legalidad de la medida de aseguramiento (régimen subjetivo), la Subsección B optó por aplicar el titulo de daño especial (régimen objetivo), una vez descartada la ilegalidad de la actuación judicial. En este último régimen y al amparo de la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 17 de octubre de 2013 (expediente 23.354), se estableció que cuando una persona privada de la libertad i) es absuelta porque el hecho investigado no existió, o ii) porque no era constitutivo de delito, o iii) porque el sindicado no lo cometió, o iv) porque se aplicó el principio in dubio pro veo, o v) porque la investigación penal fue precluida al demostrarse alguna causal de exoneración de responsabilidad penal; se configuraba un evento de detención injusta y, por tanto, se declaraba la responsabilidad del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política. Dicha postura jurisprudencial se mantuvo hasta el 15 de agosto de 2018, fecha en la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado modificó “su jurisprudencia en relación con el régimen de responsabilidad o el título jurídico de imputación aplicable a los casos en los cuales se reclama la reparación de daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad de una persona a la que, posteriormente, se le revoca dicha medida” y ordenó la aplicación del régimen subjetivo a partir del estudio del cumplimiento de la legalidad de la medida de aseguramiento, con lo cual se dejó de Iado el régimen objetivo que involucraba las causales de preclusión o archivo de la investigación penal señaladas en el párrafo anterior . Luego, ocurrieron otras vicisitudes mediante las cuales, la sentencia en mención fue revocada, y después se emitió la Sentencia del 6 de agosto de 2020, en la que conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado modificó su postura frente a la causal de ruptura del nexo causal relacionada con la culpa exclusiva de la víctima, 1° Conforme a la Sentencia C-634 de 2011, las decisiones de la Corte Constitucional que interpretan normas constitucionales deben ser observadas de manera preferente por todas las demás autoridades judiciales. PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 10 pero no se resolvió de fondo lo alusivo al régimen de imputación a elegir en casos de privación injusta de la libertad. Para resolver el dilema, la Corte Constitucional mediante Sentencia SU-072 de 2018, en la que reiteró aspectos tratados en la Sentencia C-037 de 1996, señaló que el juez administrativo debía efectuar valoraciones que superaran el mero juicio de causalidad, y que, con independencia del título de imputación escogido, resulta obligatorio verificar si la decisión penal que restringió la libertad, se ajustó a los presupuestos de razonabilidad, RrOfi› r•iOf?alidad y legalidad de conformidad con los requisitos previstos en el respectivo Código de Procedimiento Penal aplicable a cada caso. En esa sentencia no se excluyó el régimen de imputación objetivo, pero tampoco se reforzó su aplicación frente a todas las causales penales referidas supra. Debido a lo anterior, al interior del Consejo de Estado, durante los años 2020 y 2021, la Subsección B de la Sección Tercera consolidó una línea decisoria orientada al régimen objetivo14, mientras que la Subsección A mantuvo pronunciamientos que privilegiaron el régimen subjetivo de falla del servicio15. En otros falIos16 de esta última Subsección se reconoció que el Consejo de Estado podía acudir tanto a títulos subjetivos como objetivos, sin que ello contraviniera la interpretación constitucional del articulo 90 Superior. En otros falIos16 de esta última Subsección se reconoció que el Consejo de Estado podía acudir tanto a títulos subjetivos como objetivos, sin que ello contraviniera la interpretación constitucional del articulo 90 Superior. En el año 2021, la Corte Constitucional con Sentencia SU-363 de 2021, advirtió —con base en información reportada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado—que, entre agosto de 2018 y noviembre de 2019, sólo la mitad de los procesos analizados aplicaron correctamente los lineamientos fijados tanto en la Sentencia de unificación constitucional SU-072 de 2018, como los de la Sentencia de unificación del Consejo de Estado del 15 de agosto de 2018, y por lo tanto unificó la jurisprudencia al señalar que la metodología de análisis que está acorde con los postulados previstos en el artículo 90 superior, con las Sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, y con la Sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 15 de agosto de 2018, es la siguiente: "Ejemplo de ello son las sentencias N° 05001-23-31-000-2007-02594-01 (47222) del 9 de julio de 2021 con ponencia del doctor MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ; sentencia N° 25000-23-26-000-2010-00242-01 (46216) del 11 de junio de 2021, con ponencia del doctor ALBERTO MONTAÑA PLATA; sentencia N° 11001-33-31-035-2006-00023-01 (49979) del 11 de junio de 2021, con ponencia del magistrado ALBERTO MONTAÑA PLATA; y sentencia N° 19001-33-31-003-2008-00109-01 (40168), del 11 de junio de 2021 con ponencia del consejero MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ. '^ Sentencia N° 11001-03-15-000-2020-05110-00 del 5 de marzo de 2021 con ponencia del doctor ROBERTO SÁCHICA MENDEZ, y Sentencias N° 20001-23-31-000-2012-00253-01 (54.662) y 76001-23-31-000-2011-01841 01 (55.761) del 13 de agosto de 2020 con ponencia del Consejero NICOLAS YEPES CORRALES. '^ Sentencias como las de los radicados N° 54001-23-31-000-2009-00056-02(57035) del 21 de mayo de 2021, N° 18001-23-31-000-2010-00265-01 del 8 de mayo de 2020, N° 41001-23-31-000-2010-00356-01 (56139) del 4 de junio de 2021, todos con ponencia de la doctora MARÍA ADRIANA MARÍN de la SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A, y la sentencia emitida dentro del radicado N° 41001-23-31-000-2007-00079-01 (53964) con ponencia del doctor RAMIRO PAZOS GUERRERO el 21 de mayo de 2021. PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 1 1 PROCURADURÍ@ GENERAL DE LA NACION C O L O M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA “a) Que se valore la prueba del daño, b) Que se valore la decisión judicial que limitó el derecho a la libertad, c) Que se valoren las condiciones fácticas y jurídicas que incidieron en la decisión que limitó el derecho a la libertad, d) Que se determine la autoridad o autoridades que restringió la libertad, ey Que se valore la antyuricidad del hecho privación y f) Que se verifique si existió alguna causa que exonere de responsabilidad al Estado”. De manera posterior y reciente, en la Sentencia SU-054 de 2025, la Corte Constitucional precisó que el juez administrativo debe evaluar si el daño —esto es, la privación de la libertad— reviste carácter antijurídico, sin que le sea permitido reabrir el debate sobre la culpabilidad del absuelto, ni cuestionar la decisión penal en atención a los principios de presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural. En dicha providencia reiteró que la responsabilidad del Estado exige la acreditación del daño, su antijuridicidad y el nexo causal, y que el artículo 90 de la Constitución no define un único título de imputación, lo cual sugiere que tanto el régimen subjetivo de la falla del servicio, puede coexistir con otros títulos de imputación de carácter objetivo como el daño especial y el riesgo excepcional en materia de privación injusta de la libertad, y que por lo tanto, “el Consejo de Estado puede aplicar el régimen objetivo o subjetivo de responsabilidad al resolver esta clase de asuntos, conforme a su criferio jUdicia/”17. Ahora bien, el hecho de que la Sentencia C-634 de 2011 de la Corte Constitucional haya establecido la prevalencia de sus decisiones frente a las de las demás cortes y autoridades del país no excluye la posibilidad de adelantar un ejercicio de armonización jurisprudencial entre sus pronunciamientos y las sentencias de unificación del Consejo de Estado, cuando ello resulte jurídicamente viable. En ese contexto, el Ministerio Público, en su condición de garante del orden juridico, del patrimonio público y de los " La jurisprudencia constitucional (Sentencia SU-636 de 2015), precisa que, en virtud del principio iura novit curia, el juez está facultado para modificar el fundamento jurídico invocado por las partes, siempre que los hechos alegados permanezcan intactos. En ese sentido, los hechos expuestos en la demanda delimitan la causa petendi y, por ende, el marco de congruencia que el juzgador debe observar al momento de decidir. Así, son los hechos, y no las interpretaciones jurídicas que las partes propongan, los que determinan el ámbito dentro del cual puede ejercerse la potestad de aplicar el derecho que corresponda al caso. No obstante, la aplicación de este principio no opera con el mismo alcance en todos los medios de control. En los procesos de reparación directa y en las controversias contractuales, el juez goza de mayor amplitud para determinar el derecho aplicable conforme a los hechos acreditados. Por el contrario, en los procesos orientados al control de legalidad —como las acciones de simple nulidad y las de nulidad y restablecimiento del derecho—, rige de manera estricta el principio de justicia rogada. En virtud de este, el juez debe ceñirse a las normas señaladas como violadas y al concepto de violación planteado por la parte demandante, sin poder extender el debate más allá del marco trazado en la demanda (Saavedra Becerra, Ramiro. De la responsabilidad patrimonial del estado. Tomo I. Editorial Ibáñez 2018 y Sala Plena del Consejo de Estado, Sentencia del 14 de febrero de 1995, exp: S-123: “La Sala reitera la tesis de que la justicia administrativa es rogada y en ella no es aplicable el principio iura novit curia, pero precisa con relación a dicha característica, una excepción: en aquellos procesos, en los cuales no se juzga la legalidad o ilegalidad de la actuación u omisión de la administración, sino que directamente se reclama la reparación del daño mediante el reconocimiento de una indemnización, el juez puede interpretar, precisar el derecho aplicable y si es del caso modificar, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda los fundamentos de derecho invocados por el demandante”. Esto es posible porque la investigación de los hechos del proceso “ya no está a cargo en forma exclusiva de las partes”, puesto que se le concedieron al juez amplios poderes en la investigación de la controversia (Betancourt Jaramillo, Carlos. Derecho procesal administrativo, 5 ed. Librería señal editora 1999 p. 333: Poderes que se incrementan en el CPACA)). Por todo lo anterior, el deber judicial consiste, por tanto, en interpretar y aplicar correctamente el ordenamiento juridico dentro de los límites definidos por los hechos controvertidos, y garantizar con ello la congruencia de la decisión y el respeto al debido proceso (Corte Constitucional. Sentencia T-399 de 2014 y Sentencia C-644 de 2011). PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 12 derechos y garantías, tanto de los privados de la libertad, como del Estado, formula la presente propuesta metodológica para el estudio de los casos de privación injusta de la libertad, orientada a integrar, armonizar y sistematizar los aspectos más relevantes de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en torno a este título de imputación, teniendo en cuenta las pruebas recaudadas por la Corte Constitucional que evidenciaron y evidencian aun en la actualidad la disparidad de criterios al interior de las tres (3) Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Así, a juicio de esta Delegada, y en desarrollo de dicho ejercicio de armonización, se plantea la siguiente metodología jurisprudencial integrada, en la cual se sugiere abordar de manera secuencial y sin exclusión alguna, los pasos que a continuación se indican: Determinación de la autoridad o autoridades que restringieron la libertad (Fiscalía General de la Nación o Rama Judicial, a través del Juez de Garantías). Valoración la decisión judicial que limitó el derecho a la libertad (es decir, verificación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables para la imposición de una medida cautelar de privación de la libertad según el ordenamiento de procedimiento penal que corresponda a la fecha del decreto de la medida). Valoración de las condiciones fácticas y jurídicas que incidieron en la decisión que limitó el derecho a la libertad. Realización del juicio sobre la: Valoración de las condiciones fácticas y jurídicas que incidieron en la decisión que limitó el derecho a la libertad. Realización del juicio sobre la: Adecuación de la medida (en el que se verifica que la medida de aseguramiento se encuentre en el compendio de las medidas dispuestas en la Iey, cuyo análisis se debe efectuar a la Iuz de los fines constitucionales). Proporcionalidad (en el cual procede la aplicación del test de proporcionalidad a través de sus tres componentes inescindibles de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto). Razonabilidad (mediante el cual se valora que la medida impuesta se encuentre debidamente motivada y fundada a partir de la relación entre los elementos de convicción allegados y los hechos que se investigan). PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 Valoración de la antijuridicidad de la privación de libertad para escoger el titulo de imputación correspondiente, de acuerdo con lineamientos relevantes de las diferentes Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado18, de la siguiente forma: Si la medida de aseguramiento de detención preventiva no cumplió con los estándares legales, se imputará la falla del servicio (régimen subjetivo), siempre y cuando el demandante cumpla con la carga probatoria que le corresponde. Si la medida cumplió con los estándares legales, pero la decisión penal se basó en que el hecho no existió19 o la conducta es atípica20, procederá la imputación bajo el régimen objetivo. (Ver la justificación en los respectivos pies de página). (Ver la justificación en los respectivos pies de página). Si la medida cumplió con los estándares legales, pero la decisión penal se basó en que el imputado no cometió el delito21, u operó el principio in dubio pro reo2*, o se demostró alguna causal de exoneración de responsabilidad penal23, se aplicaría el principio de iura novit curia para establecer si el caso se debe regir por el régimen subjetivo o por el objetivo. '" Procesos 13001-23-31-000-2011-00599-01(53085), 18001-23-31-000-2011-00401-01(63277), 19001-23-31-000-2011-00599- 01(57716), 25000-23-26-000-2011-00515-01(54015), 25000-23-36-000-2014-00781-01(57867), 41001-23-31-000-2002-01227- 01(53516), 41001-23-31-000-2010-00609-01(54587), 54001-23-31-000-2010-00121-01(54958), 66001-23-31-000-2011-00235- 01(46947), 68001-23-31-000-2012-00064-01(56019), 70001-23-31-000-2010-00247-01(58454), 70001-23-31-000-2011-02233- 01(57984), 70001-33-31-000-2007-00244-01 (58394), 76001-23-31-000-2011-00671-01(53953),76001-23-31-000-2011-01587- 01(52262),76001-23-31-000-2011-01752-1(52263), 76001-23-31-000-2011-01818-01(56387), y sentencia del 13 de marzo de 2024 expediente 68409 Sección Tercera Subsección C, CP Nicolás Yepes Corrales, entre otros [réqimen subjetivol: y fallos proferidos por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección A, sentencia del 24 de abril de 2020, expediente 55.843, C.P. María Adriana Marín; sentencia del 24 de abril de 2023, expediente 53.626 y Subsección B, en sentencia del 21 de mayo de 2021, expediente 45.878, MP. Martín Bermúdez Muñoz, Subsección C, sentencia del 26 de julio de 2021, expediente 52.219, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, Sección Tercera Subsección A, sentencia del 2 de iunio de 2023 CP. Martha Nubia Velasquez Rico, entre otros [régimen objetivo]. 1’ Esto es así porque fenomenológicamente nunca hubo una alteración del interés jurídico tutelado por la ley penal y por lo tanto resulta inaudita la privación de su libertad por algo que definitivamente no ocurrió. Esta es la primera constatación que un investigador debe efectuar desde los albores de la instrucción. Si ni eso está esclarecido, no resulta consistente que el ente acusador se habilite a sí mismo para restringir la libertad de una persona mientras verifica si los hechos materia de investigación acontecieron o no. *0 Esto quiere decir que la conducta no es punible. Este aspecto se relaciona íntimamente con el fenómeno de la atipicidad absoluta, donde quien escruta el hecho tiene el deber simple pero efectivo, de realizar el proceso de adecuación típica por el cual se somete la conducta desplegada a la subsunción en un tipo penal determinado a fin de establecer si encuadra perfectamente en todos y no solo en algunos de sus ingredientes normativos, de modo que si no es así, no tendria por qué privar a una persona de su libertad, ni siquiera mientras indaga un poco más. “ Este aspecto requiere un mayor esfuerzo investigativo, y debe precisarse desde los inicios de la indagación porque no se priva de la libertad para investigar, sino que se investiga para privar de la libertad. En este sentido tiene vital importancia la diferenciación que hay entre indicios y sospechas, entre pruebas e informes de investigadores de campo, entre testimonios y entrevistas, pruebas de referencia (art. 437 y 438 del C.P.P.), informes de la Policía Judicial y versiones suministradas por informantes. " Corte Constitucional. Sentencia SU-072 de 2018. FJ. 105 a 107 y 120 a 127. *" Como: atipicidad relativa, legítima defensa, estado de necesidad, en cumplimiento de un deber legal de mayor importancia que el sacrificado, en ejercicio legítimo de un derecho, con consentimiento del titular del bien jurídico, cuando ello es admisible, en condiciones de imputabilidad, ante un error invencible de prohibición, ante el miedo insuperable, en casos de fuerza mayor o caso fortuito, por prescripción de la acción penal, ante eventos de cosa juzgada, o por extinción de la acción penal debido a una amnistía, un indulto, o la muerte del procesado. PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 14 Ejemplo: en el caso de la duda a favor del imputado: si la duda provino porque a pesar del buen caudal probatorio penal, no se logró desvirtuar la autoría o participación del inculpado, el régimen aplicable sería el objetivo. Pero si la duda provino de falencias o carencia de pruebas suficientes en la investigación, el régimen aplicable será el subjetivo por falla del servicio. Así lo señaló el Consejo de Estado al precisar que: “Cuando se aplica el principio in dubio pro reo, la responsabilidad de la administración se determina a partir de un régimen objetivo siempre que se verifique fehacientemente que el juez penal tuvo una duda razonable, (ii) cuando la absolución es producto de fallas probatorias que no encajan en el principio mencionado, la parte demandante deberá demostrar que el funcionario incurrió en un error derivado de la falta de pruebas que sustentaran la detención”*4 fj Verificación de la prueba del daño. Constatación del nexo causal. Comprobación de la existencia de alguna causal que exonere de responsabilidad al Estado. Reglas jurisprudenciales, convencionales y legales contenidas en la Ley 906 de 2004 (CPP) para la imposición de medidas de aseguramiento de detención preventiva 24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 23 de abril de 2008, exp. 17534. PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 16 2’ Corte Constitucional, sentencia C-846 de 1999 2^ Ejemplo: declaraciones juradas, documentos, registros de comunicaciones, informes técnicos. No son aún prueba, pero tienen vocación probatoria. (Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia 34152, oct. 2/13, M. P. Luis Guillermo Salazar). Las entrevistas que realiza la policía judicial plasmadas en los informes técnicos no constituyen prueba, ni testimonio, sólo sirven para orientar la actividad investigativa de la Fiscalía, se practican en desarrollo de funciones de policía judicial, se documentan adecuadamente, y sólo son válidas si respetan los derechos fundamentales. En suma son relatos preliminares recogidos por los investigadores con fines de reconstrucción fáctica inicial. Una entrevista aislada, difícilmente satisface el estándar de inferencia razonable, sé articular con otros elementos como registros, documentos, y/o evidencia física para reconstruir una secuencia lógica de los hechos. No pueden por sí solas sustentar una restricción a la libertad personal. Las entrevistas a los inculpados, son actos de investigación, pero deben ser surtidas de manera voluntaria, y el afectado tiene derecho a guardar silencio y contar con la presencia de su defensor, no puede haber presión, coacción, inducción, o engaño. Se le debe informar al entrevistado su derecho a no auto incriminarse. Sus manifestaciones no equivalen a una confesión, ni pueden ser fundamento exclusivo de una medida de aseguramiento. 2’ Ejemplo: armas, objetos incautados, registros audiovisuales, rastros materiales. Su valor radica en que conectan hechos con personas °’ el juez debe verificar la legalidad de la obtención, el respeto de los derechos fundamentales, la cadena de custodia cuando aplique. Si el insumo es ilícito, no sirve. " La inferencia a la que se refiere la norma versa sobre la posible autoría o participación del imputado. El juez no declara la responsabilidad penal ni anticipa el fallo cuando decreta una medida de aseguramiento. Sólo hace un juicio provisional de probabilidad para establecer si es legítimo restringir la libertad personal. La inferencia consiste en un razonamiento lógico mediante el cual, a partir de los hechos conocidos, se llega a una conclusión probable. Puede ser objetiva cuando se basa en datos verificables, o lógica cuando no hay saltos argumentativos infundados, o coherente con la experiencia y las reglas de la sana critica, o suficiente aunque no sea concluyente. No basta que la fiscalía afirme la participación del imputado, debe demostrar cómo se puede inferir esa participación. El juez sólo puede fundar la inferencia con base en los elementos materiales probatorios entregados, la evidencia física y la información legalmente obtenida " Autor es quien realizó directamente la conducta punible o tuvo dominio del hecho. Partícipe es quien tuvo una contribución penalmente relevante en la realización del hecho, ya sea a título de coautoría, determinación. o complicidad. El juez debe verificar si el imputado contribuyó de manera consciente y voluntaria, si su aporte fue relevante para la realización del delito, y si existe un nexo entre su conducta y el resultado. No es una inferencia razonable: la gravedad del delito, los antecedentes penales, la presencia en el lugar de los hechos, las afirmaciones genéricas de la fiscalía, ni las sospechas intuitivas o prejuicios. El juez debe descartar inferencias débiles, vagas o circulares. PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 "' Sentencia del 24 de julio de 2017 (Rad. 49743) proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 18 PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION C O L O M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA ^" En su obra “Reflexiones sobre el Nuevo Sistema Penal” en el capítulo desarrollado por Alejandro Aponte Cardona Págs. 111 a 162 PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 20 111 a 162 PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 20 *° Ejemplo: Verificar un núcleo familiar estable, unos dependientes económicos, el cuidado de personas vulnerables, etc. ** Ejemplo: Verificar un domicilio fijo y conocido, la permanencia prolongada en el mismo lugar, o la titularidad o tenencìa acreditada. 3’ Ejemplo: Constatar la existencia de un empleo formal o actividad Iícita estable, unos ingresos regulares, o unos vínculos contractuales. 3" Ejemplo: Constatar la participación comunitaria, redes sociales estables, o un reconocimiento en el entorno. ^’ Ejemplo: Verificar comparecencias voluntarias previas, cumplimiento de citaciones, o ausencia de intentos de evasión En su obra “Reflexiones sobre el Nuevo Sistema Penal” en el capítulo desarrollado por Alejandro Aponte Cardona Págs. 111 a 162 PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4ᵉ PBX: 5878750 Ext: 13710 üJ "’ Aparte subrayado del texto modificado por la Ley 1142 de 2007 declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-910-12. °' Los de competencia de los jueces penales del circuito especializados o quien haga sus veces, Tráfico de migrantes (C.P. artículo 188); Acceso carnal o actos sexuales con incapaz de resistir (C.P. articulo 210); Violencia intrafamiliar (C.P. artículo 229); Hurto calificado (C.P. artículo 240); Hurto agravado (C.P. artículo 241, numerales 7, 8, 11, 12 y 15); Estafa agravada (C.P. artículo 247); Uso de documentos falsos relacionados con medios motorizados hurtados (C.P. artículo 291); Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso personal, cuando concurra con el delito de concierto para delinquir (C.P. artículos 340 y 365), o los imputados registren sentencias condenatorias vigentes por los mismos delitos; Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas (C P. artículo 366 ); Fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares (C.P. artículo 367); Peculado por apropiación en cuantia superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales (C.P. artículo 397); Concusión (C.P. artículo 404): Cohecho propio (C.P. artículo 405): Cohecho impropio (C.P. artículo 406); Cohecho por dar u ofrecer (C.P. artículo 407); Receptación repetida, continua (C.P. artículo 447, incisos 1o y 3o); Receptación para ocultar o encubrir el delito de hurto calificado, la receptación para ocultar o encubrir el hurto calificado en concurso con el concierto para delinquir, receptación sobre medio motorizado o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos (C.P. artículo 447, inciso 2o) artículo 447, inciso 2o) PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 22 Tabla N° 2: Reglas juúsprudenciales, convencionales y legales contenidas en la Ley 906 de 2004 (CPP) para la imposición de medidas de aseguramiento de detención preventiva Análisis de la aplicación de las reglas legales y jurisprudenciales para la aplicación de la medida de aseguramiento de detención preventiva intramural y domiciliaria, y uso de la metodología para escoger el título de imputación en este caso específico, a la luz de los argumentos de la apelación PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 GENERAL DE LA NA€ION C O L O M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA 5878750 Ext: 13710 GENERAL DE LA NA€ION C O L O M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA La impugnación sostiene que la sentencia de primera instancia: i) desconoció el carácter antijurídico de una privación de la libertad que culminó en absolución, por lo que ese aspecto se examinará al momento de ilustrar el titulo de imputación aplicable al caso; ii) validó indebidamente una medida de aseguramiento apoyada en una valoración probatoria errónea, para lo cual se efectuará el análisis probatorio alusivo a lo que ocurrió al momento de imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva, siguiendo los lineamientos esbozados en precedencia, a fin de establecer la vocación de prosperidad del defecto fáctico endilgado por los recurrentes; y iii) omitió ponderar la especial situación de vulnerabilidad de la demandante como madre cabeza de hogar y mujer embarazada, circunstancias que se examinarán al momento de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales para la imposición de la medida de aseguramiento intramural y luego la domiciliaria. Aplicación de la metodología jurisprudencial integrada al caso en particular: PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 24 C O L O M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 C O L O tal B t A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA 5878750 Ext: 13710 C O L O tal B t A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA “ Articulo 7. Presunción de inocencia e in dubio pro reo. (...) Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda. " Es inadmisible hacer depender la investigación de la colaboración voluntaria de imputados o testigos *^ Que en realidad no es testigo sino otro de los imputados. “ Es posiblemente negligente, no ahondar en las contradicciones a pesar de la existencia de otros medios probatorios contemplados en el ordenamiento jurídico. PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 26 °° Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, se puede deducir que ante eventos en los que los demandantes fueron absueltos porque no cometieron el delito, o fueron absueltos por la duda a su favor, en todo caso, el régimen a aplicar, por regla general sería el SUBETIVO. Páginas 9 a 19 del pdf de la demanda. ‘^ Hecho noveno de la demanda. PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 Tabla N° 3 Aplicación de la metodología jurisprudencial integrada, al caso bajo examen Examen de la imposición de las medidas de aseguramiento intramural y domiciliaria, a la luz de los argumentos expuestos en la apelación Los argumentos de la apelación se circunscriben a tres ejes temáticos: Desconocimiento del carácter antijurídico de una privación de la libertad que culminó en absolución. Valoración probatoria errónea (defecto fáctico) del a quo respecto de la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por la juez penal de garantías. Omisión en ponderar la situación especial de vulnerabilidad de la demandante como madre cabeza de hogar y mujer embarazada al momento de la imposición de las medidas de aseguramiento de detención preventiva (intramural y domiciliaria), desconocidas por el a quo. PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 28 GENERAL DE LA NAC\ON C O L 0 M B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Tabla N° 4 Desconocimiento del carácter antijurídico de una privación de la libertad que culminó en absolución En los delitos investigables de oficio, cuando el minimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años (esto es 48 meses). PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 2*J PROCURADURÍĄ GENERAL DE LA NACION C O L O II B I A PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA '° Archivo digital 02 GrabaciónAudConcentradaParte2(folios 3 y 35 CuadernoN°1).WMA. 5' Que resulte probable que el imputado no comparecerź at proceso o que no cumplirá la sentencia. 5' Que resulte probable que el imputado no comparecerź at proceso o que no cumplirá la sentencia. PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX. 5878750 Ext: 13710 30 PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 ?1 " Para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad del hecho y la pena imponible, deberán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias: N° 1 La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 32 Archivo digital 02 GrabaciónAudConcentradaParte3(folios 3 y 35 CuadernoN°1).WMA PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4º PBX: 5878750 Ext: 13710 Tabla N° 5 Valoración probatoria errónea (defecto fáctico) del a quo respecto de la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por la juez penal de garantias Conclusiones sobre la imposición de las medidas de asequramiento El hecho de que la defensa aduzca que el señor ffffff, afirmó que creía que la demandante revisó el contrato multicitado, más no que hubiese dicho que ella realizó el contrato, no resultan relevantes debido a que el punto focal radica en que el contrato entre la UT y COMCAJA, no existió. Lo que en su momento, dentro del proceso penal, le correspondía probar a la defensa, era la participación o no de la señora xxxxxxx en la estructuración del re