Concepto (misional) 7583 de 2026 — Medidas de financiamiento se encuentran soportadas en afectaciones ocasionadas que superaron pronósticos de precipitación y aumento del volumen de caudales que llevaron a desbordamiento de capacidad

CONTROL AUTOMÁTICO DE CONSTITUCIONALIDAD-De Decreto Legislativo 0212 de 05 de marzo/2026, que adopta plan para reactivación urgente, productiva y otros para conjurar crisis productiva de territorios, impidiendo extensión de efectos de desastres meteorológicos GOBIERNO NACIONAL-Expidió decreto legislativo por el cual declaró estado de emergencia económica y social en diferentes departamentos ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA SOCIAL-Caracterización de este y marco constitucional que regula estados de excepción DECRETO LEGISLATIVO-Cumple con los requisitos formales exigidos para su expedición, es decir los previstos en el art. 214 superior y en la ley MINISTERIO PÚBLICO-Consideró que objetivos del Plan de Reactivación urgente, atienden de prioridad finalidades a partir de declaratoria de estado de emergencia por decreto legislativo 50/2026 en la medida que son para atender crisis y disminuir extensión de sus efectos JUICIO DE ARBITRARIEDAD-Disposiciones generales superan este juicio al no vulnerar disposiciones constitucionales El Ministerio Público encuentra que las disposiciones generales superan estos juicios puesto que de forma general, no vulneran disposiciones constitucionales y se ajustan a las prohibiciones que el ordenamiento superior y la LEEE han fijado respecto de la inviolabilidad del núcleo fundamental de derechos fundamentales y el respeto a los derechos intangibles. JUICIO DE NO DISCRIMINACIÓN-Medidas de financiamiento del Decreto Legislativo 212/2026 no restringen derechos fundamentales u otras disposiciones constitucionales que supongan su control a través de herramientas como metodología del test de proporcionalidad/JUICIO DE PROPORCIONALIDAD-Normas analizadas son proporcionales por buscar garantizar financiación de medidas a partir de optimización de recursos disponibles En relación con el juicio de proporcionalidad, el Ministerio Público considera que las medidas de financiamiento del Decreto Legislativo 212 de 2026 no restringen derechos fundamentales u otras disposiciones constitucionales que supongan su control mediante herramientas como la metodología del test de proporcionalidad. De lo anterior, en este punto resulta procedente determinar si la norma bajo estudio es equilibrada respecto a la gravedad de los hechos que generaron la excepcional alteración al orden público….. …..Para la Procuraduría, las normas analizadas en este acápite son proporcionales por cuando buscan garantizar la financiación de las medidas, principalmente a partir de la optimización de los recursos actualmente disponibles, redirigiendo aquellos rubros sin ejecutar o de imposible ejecución frente a la variabilidad del contexto ocasionado por la emergencia y ampliando las funciones de las entidades competentes enfocándolas a la adopción y ejecución del Plan de Reactivación Urgente adoptado mediante el Decreto 212 de 2026.No obstante, se exceptúa de la anterior consideración el artículo 11, que busca agilizar el cobro de cartera atrasada en el marco de la prestación del servicio público de adecuación de tierras, de morosos ubicados en los distritos administrados directamente por la ADR, presentes en los departamentos declarados en emergencia. En efecto, el artículo 257 de la Ley 1955 de 2019 creó la tasa del servicio público de adecuación de tierras y estableció sus elementos estructurales, con el propósito de recuperar los costos asociados a su prestación. Así define como hechos generadores de la tasa el suministro de agua para usos agropecuarios; el drenaje de aguas en los suelos, la protección contra inundaciones y el desarrollo de actividades complementarias para mejorar la productividad agropecuaria. el drenaje de aguas en los suelos, la protección contra inundaciones y el desarrollo de actividades complementarias para mejorar la productividad agropecuaria. JUICIO DE NECESIDAD E INCOMPATIBILIDAD-Medidas de financiamiento se encuentran soportadas en afectaciones ocasionadas que superaron pronósticos de precipitación y aumento del volumen de caudales que llevaron a desbordamiento de capacidad institucional La necesidad fáctica de las medidas de financiamiento se encuentra soportada en las afectaciones ocasionadas por el frente frío que superaron los pronósticos de precipitación y aumento del volumen de caudales y cuerpos de agua para el mes de febrero en los 8 departamentos mencionados en el Decreto 150 de 2026, que conllevó a un desbordamiento de la capacidad institucional. La necesidad de buscar nuevas fuentes de recursos se fundamenta en que el Gobierno al momento de adoptar el Presupuesto General de la Nación, en ninguna forma puede prever “todas las situaciones excepcionales y coyunturales que se presenten a lo largo de la vigencia de la Ley de Presupuesto que pueden significar una variación de los cálculos que hayan servido de fundamento para su elaboración”. De allí que se admite la posibilidad que pueda financiar gastos excepcionales e inesperados, no previstos en la ley de presupuesto correspondiente a una vigencia fiscal determinada, a través de las facultades especiales diseñadas para atender eficientemente los retos que plantea la declaratoria de un estado de excepción PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN-Frente a disposiciones para financiación de medidas en decreto 212 de 2026 se solicitó exequibilidad de art. 5,6,7,8,10,12,17,18 y 20 los cuales superaron juicios de necesidad, proporcionalidad, incompatibilidad y no contradicción específica 5,6,7,8,10,12,17,18 y 20 los cuales superaron juicios de necesidad, proporcionalidad, incompatibilidad y no contradicción específica DECLARATORIA DE EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA-Procedente para artículos 4,14,15 y 19 de Decreto 212/2026 en el sentido que medidas adoptadas no se entiendan de carácter general, sino circunscritas a emergencia declarada mediante Decreto Legislativo 150 de 2026. DECLARATORIA DE EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA-Se consideró admisible para art. 11 de decreto 212/2026 siempre que resulte aplicable solo a morosos de distritos de adecuación de tierras de departamentos declarados bajo emergencia que no hayan sido afectados por frente frío DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD-De expresión reconversión y diversificación productiva de sistemas agroalimentarios, de expresión diversificación productiva del art.12 y num.4 y 5 del mismo artículo del decreto 212 de 2026 al igual que de artículos 9 y 13 de este Bogotá D.C., mayo de 2026. Honorables Magistrados CORTE CONSTITUCIONAL M.P. PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Ciudad Expediente: RE-396 Referencia: Control automático de constitucionalidad del Decreto Legislativo No. 0212 del 05 de marzo de 2026 “Por el cual se adopta el Plan para la Reactivación Urgente, Productiva, Sostenible y Resiliente de sistemas agroalimentarios, cadenas de suministro y el derecho a la alimentación y los medios de vida rurales afectados en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, declarado mediante Decreto número 0150 de 2026” Concepto No. 7583 De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 242 y el numeral 5 del artículo 278 de la Constitución Política, rindo el concepto de rigor en el asunto de la referencia. ANTECEDENTES 7583 De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 242 y el numeral 5 del artículo 278 de la Constitución Política, rindo el concepto de rigor en el asunto de la referencia. ANTECEDENTES El 11 de febrero de 2026, el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 150, por medio del cual declaró el estado de emergencia económica y social en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por el término de treinta (30) días calendario, cuyo texto puede consultarse en el Diario Oficial 53.395. El 05 de marzo de 2026, el presidente de la República expidió el Decreto Legislativo 212, mediante el cual se adoptan el Plan para la Reactivación Urgente, Productiva, Sostenible y Resiliente de sistemas agroalimentarios, cadenas de suministro y el derecho a la alimentación y los medios de vida rurales afectados, con el propósito de conjurar la crisis productiva de los territorios afectados e impedir la extensión de los efectos de los desastres meteorológicos extremos causantes de la emergencia. La magistrada sustanciadora, mediante Auto del 13 de marzo de 2026, decidió: (i) asumir el conocimiento del control de constitucionalidad del decreto legislativo en mención y (ii) decretar la práctica de pruebas para la verificación de los requisitos formales y materiales. Una vez cumplido el recaudo probatorio, así como la respectiva valoración, (iii) fijar en lista el asunto para intervención de la ciudadanía y expirado este término, (iv) correr traslado a la Procuraduría General de la Nación para que emita el concepto de acuerdo con su competencia constitucional. Esto último se surtió el 15 de mayo de 2026, mediante oficio 170. COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Esto último se surtió el 15 de mayo de 2026, mediante oficio 170. COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL La Corte Constitucional es competente para ejercer el control formal y material de los decretos declaratorios de los estados de excepción, así como de los decretos legislativos de desarrollo. Esto, en consonancia con lo previsto en los artículos 215 y 241, numeral 7, de la Constitución, que le asignan a dicha corporación la competencia para decidir sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 superiores. Así, de conformidad con la jurisprudencia constitucional y a partir de los postulados superiores y estatutarios, el control que debe realizar la Corte Constitucional respecto del Decreto Legislativo 212 del de 2026 es automático, integral, participativo, definitivo y estricto. ASUNTO OBJETO DE REVISIÓN El Decreto 212 de 2026 adopta el Plan de reactivación urgente de los sistemas agroalimentarios, dirigido a mitigar y prevenir la extensión de los efectos generados por los fenómenos hidrometeorológicos causantes de la emergencia declarada en el Decreto Legislativo 150 de 2026. Una lectura integral de la norma permite inferir que son 3 sus componentes principales: i) “Rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de adecuación de tierras”, ii) “Recuperación, reactivación y restablecimiento de las cadenas productivas”, y iii) “Recuperación y diversificación productiva de los sistemas agropecuarios”. En resumen, las medidas a implementar mediante el decreto se pueden categorizar de forma ilustrativa, en la siguiente tabla: CUESTIÓN PREVIA En resumen, las medidas a implementar mediante el decreto se pueden categorizar de forma ilustrativa, en la siguiente tabla: CUESTIÓN PREVIA En el concepto rendido dentro del expediente RE-390, relativo al Decreto Legislativo 150 de 2026, “[p]or el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional”, se fijó una postura concreta frente al alcance material de dicha declaratoria. En esa oportunidad, se señaló que, si bien el decreto superaba los requisitos formales exigidos por el artículo 215 de la Constitución Política y por la Ley 137 de 1994, el examen material conducía a una conclusión diferenciada. En particular, se estimó que las circunstancias asociadas a problemáticas estructurales como la crisis financiera del Mercado de Energía Mayorista y las que tienen que ver con el acceso a la tierra, no superan el análisis de constitucionalidad. Consecuentemente se solicitó a la Corte la declaratoria de la constitucionalidad del decreto únicamente en lo relacionado con aquellos asuntos que no tengan carácter de estructural. En ese sentido, en aras de mantener congruencia con la posición previamente fijada y atendiendo las medidas adoptadas con el Decreto Legislativo 0150 de 2026, se valorará el Decreto Legislativo 212 de 2026 en atención a que las medidas, de acuerdo con el análisis de constitucionalidad realizado en el RE-390, guardan relación con la emergencia y superan los juicios respectivos. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO El problema jurídico a resolver consiste en determinar si el Decreto Legislativo 212 de 2026, se ajusta formal y materialmente a los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley 137 de 1994, Ley Estatutaria de los Estados de Excepción (LEEE), para los decretos legislativos expedidos en desarrollo de un Estado de Emergencia. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Para abordar el problema jurídico planteado, el Ministerio Público seguirá la siguiente metodología. En primer lugar, (A) se expondrá una breve caracterización del estado de emergencia económica y del marco constitucional que regula los estados de excepción. En segundo lugar, (B) se realizará el examen de constitucionalidad del Decreto Legislativo 212 de 2026, comenzando por la verificación de los requisitos formales exigidos para su expedición y continuando con el análisis de los presupuestos materiales a partir de los juicios desarrollados por la jurisprudencia constitucional. Finalmente, se presentarán las conclusiones correspondientes. CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL Una vez declarado el estado de emergencia, el Ejecutivo queda habilitado para expedir decretos legislativos con fuerza de ley orientados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Debido al alcance extraordinario de estas facultades, los decretos legislativos de desarrollo se encuentran sometidos a un control de constitucionalidad estricto por parte de la Corte Constitucional. En desarrollo de este mandato, la Corte ha señalado que el control de constitucionalidad de decretos legislativos de desarrollos expedidos en estado de excepción comprende dos dimensiones: por una parte, la formal, donde se examina la suscripción por el presidente y todos los ministros, la motivación suficiente, la delimitación temporal y territorial, y la remisión a la Corte Constitucional. Por otra parte, el material, la Corte aborda los siguientes juicios, que deben ser aplicados en el siguiente orden: (i) finalidad, (ii) conexidad material, (iii) motivación suficiente, (iv) ausencia de arbitrariedad, v) intangibilidad, (vi) no contradicción específica, (vii) incompatibilidad, (viii) necesidad, (ix) proporcionalidad, x) no discriminación. EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 212 DE 2026 El Gobierno nacional, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política y en desarrollo del estado de emergencia económica y social declarado mediante el Decreto 150 del 11 de febrero de 2026, expidió el Decreto Legislativo 212 de 2026. El decreto bajo examen contiene una parte considerativa en la que se exponen los fundamentos constitucionales y legales que habilitan su expedición, así como las razones que justifican la adopción de las medidas enfocadas a la recuperación y reactivación productiva contenidas en la norma. En su parte resolutiva, el decreto legislativo desarrolla las estrategias a implementar en el marco del Plan para la Reactivación Urgente, sus fuentes de financiación, los beneficiarios a los cuales irán dirigidas las medidas y su vigencia temporal. Análisis de los presupuestos formales del Decreto Legislativo 212 de 2026 Para la Procuraduría General de la Nación, del análisis de los elementos probatorios incorporados al expediente digital RE-396 se desprende que el Decreto Legislativo 212 de 2026 cumple con los requisitos formales exigidos para su expedición. Lo anterior se evidencia en los términos que se exponen a continuación: Lo anterior se evidencia en los términos que se exponen a continuación: Firma del presidente de la República y de todos los ministros: el requisito se encuentra satisfecho, toda vez que el Decreto fue suscrito por el presidente de la República, y por la totalidad de los ministros que integraban el gabinete al momento de su expedición. En total, lo firmaron diecisiete ministros titulares y dos funcionarios que ejercían el cargo en condición de encargo: la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Motivación: sin perjuicio del examen material que se abordará más adelante sobre la motivación del decreto examinado, para el Ministerio Público este requisito se cumple de manera expresa y suficiente. Se advierte que contiene una motivación expresa en la que se exponen los fundamentos constitucionales y fácticos que sustentan su expedición, así como la finalidad de las medidas adoptadas y su vinculación con el estado de emergencia económica y social declarado mediante el Decreto 150 de 2026. En efecto, en la parte considerativa se explican las circunstancias que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción y señala que dichos hechos generaron tales afectaciones sobre los medios de producción de los pobladores, que se requieren de medidas urgentes e inmediatas para restablecerlos y asegurar su mínimo vital, a través de intervenciones directas en pro de las actividades productivas y la recuperación de los ecosistemas en los cuales estas actividades se desarrollan. En concreto, se justifica cada uno de los componentes a implementar mediante el Plan de reactivación urgente productiva, sostenible y resiliente enfocados en la rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de adecuación de tierras de pequeña y mediana escala, la recuperación, reactivación y restablecimiento de las cadenas productivas agropecuarias, y la reconversión y diversificación productiva de sistemas agroalimentarios; se modifican funciones de entidades y organismos pertenecientes al sector de agricultura y se redireccionan recursos para la atención de la emergencia en los departamentos afectados, priorizando a pequeños y medianos productores y a organizaciones, asociaciones, cooperativas de campesinos, comunidades y pueblos étnicos que desarrollen agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. De esta manera, el decreto identifica el objeto de las disposiciones implementadas, su vigencia temporal y su destinación a la atención de las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia, estableciendo la relación entre las medidas adoptadas y la situación excepcional que se pretende conjurar. Delimitación temporal: se cumple con este requisito, en tanto se constata que el Decreto fue expedido el 05 de marzo de 2026, es decir, dentro del término de la Emergencia Económica y Social, pues esta se declaró el 11 de febrero de 2026, por un término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia del decreto. Delimitación territorial: el Ministerio Público advierte que el Decreto cumple con esta exigencia, en la medida en que restringe el desarrollo de las medidas únicamente a los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Choco, territorios en los cuales, de conformidad con el Decreto 150 de 2026, se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica. Remisión a la Corte Constitucional: este requisito también se encuentra cumplido, toda vez que el 06 de marzo de 2026, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió copia auténtica de ese cuerpo normativo, es decir, al día siguiente posterior a su expedición. Así las cosas, el Decreto Legislativo 212 de 2026 satisface los requisitos formales previstos en el artículo 214 superior y en la LEEE, por lo que a continuación se procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos materiales. Análisis de los presupuestos materiales del Decreto Legislativo 0212 de 2026 A partir de las exigencias previstas en la Constitución y en la Ley Estatutaria de los Estados Excepción, la Corte ha sistematizado los requisitos materiales que deben acreditar los decretos legislativos de desarrollo, a través de la aplicación de los juicios señalados en el acápite (A) sobre los estados de excepción. Los presupuestos materiales serán analizados a partir de una agrupación temática de los 21 artículos que conforman el Decreto 212 de 2026, elaborada por la Procuraduría General de la Nación, con fines estrictamente metodológicos. En ese sentido, se señalarán y resumirán los artículos que corresponderán a cada agrupación temática y sobre los mismos se aplicarán los juicios respectivos. En ese sentido, a continuación, se anticipa el resultado del análisis efectuado por el Ministerio Público respecto de las distintas medidas adoptadas en el decreto, indicando cuáles superan los juicios de constitucionalidad y cuáles no. 2.1. Disposiciones generales (artículos 1, 2, 3 y 22) 2.1. Disposiciones generales (artículos 1, 2, 3 y 22) El objeto del Decreto 212 de 2026 se circunscribe a adoptar el Plan de reactivación urgente de los sistemas agroalimentarios con programas dirigidos a (i) la rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de adecuación de tierras, (ii) la recuperación y restablecimiento de las cadenas productivas agropecuarias, (iii) la reconversión y diversificación productiva de sistemas agroalimentarios conforme la capacidad y uso del suelo y el manejo adecuado del agua, entre otras medidas orientadas a la recuperación y reactivación productiva, la garantía del abastecimiento alimentarios y el ordenamiento productivo sostenible y resiliente. Lo anterior, con el fin de mitigar y prevenir la extensión de los efectos generados por los incrementos severos de precipitaciones, inundaciones, movimientos en masa, crecientes súbitos, vendavales y erosiones fluviales y costeras identificados en el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, declarado mediante Decreto número 0150 de 2026, especialmente sobre activos productivos, servicios públicos rurales y las actividades agropecuarias y pesqueras. El Plan será ejecutado en todos los departamentos declarados en emergencia y si bien está dirigido a todos los productores agropecuarios afectados por la emergencia, prioriza a los pequeños y medianos productores agropecuarios y a las organizaciones, asociaciones y/o cooperativas conformadas por productores campesinos y pertenecientes a comunidades y pueblos étnicos que desarrollen agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Asimismo, en relación con la vigencia del decreto, establece que este rige a partir de su publicación. Juicio de finalidad, conexidad material y motivación suficiente Asimismo, en relación con la vigencia del decreto, establece que este rige a partir de su publicación. Juicio de finalidad, conexidad material y motivación suficiente Tal como fue expuesto en el Decreto 150 de 2026, con corte al 6 de febrero se registraron 53 eventos de inundaciones, 5 movimientos en masa, 3 crecientes súbitas, 2 vendavales, 1 erosión fluvial y 1 erosión costera en 61 municipios de los 8 departamentos declarados en emergencia, lo cual ocasionó, preliminarmente, daños en 19.798 hectáreas productivas, 111 vías, 38 acueductos, 4 alcantarillados; y afectaciones en 5.230 animales de producción, 312 animales de compañía y 54 animales silvestres. De conformidad con los considerandos del Decreto 212 de 2026, en el trascurso del 2026, se registraron inundaciones estimadas en 87.054 hectáreas y con corte a 19 de febrero las hectáreas afectadas ascendieron a 176.045, con 46.297 productores impactados. En el Decreto 150 de 2026, el Gobierno nacional también reportó que, como resultado del cruce entre la mancha de inundación y la información sectorial, se identificó la afectación de 110.831 hectáreas de cultivos, principalmente en Córdoba, Antioquia, Magdalena y Cesar, lo cual comprometió de manera significativa la producción agropecuaria y los medios de subsistencia rurales. Asimismo, se evidenció que el 94,7% de los predios pecuarios afectados corresponde a sistemas de doble propósito, lo que incrementó la vulnerabilidad económica y social de comunidades rurales localizadas en cuencas como San Jorge, San Juan y Canalete. Posteriormente, de conformidad con el material probatorio allegado por el Gobierno nacional, las inundaciones que ocurrieron entre enero y febrero de 2026, en Córdoba, Sucre y Urabá, ocasionaron afectaciones sobre 182.000 hectáreas, 718.713 bovinos y 69.595 búfalos; asimismo se registraron aproximadamente 108.963 animales muertos o desaparecidos; que en su conjunto generó pérdidas en el sector agropecuario superiores a los 432.000 millones de pesos. Según información aportada por la UPRA, a pesar de que la cantidad de animales afectados es menor en pequeños y medianos productores, en comparación con los de gran producción ganadera, la cantidad de predios afectados es mucho mayor en los dos primeros grupos. Así, de conformidad con el material probatorio allegado por el Gobierno nacional, se destaca la siguiente información recolectada en los 8 departamentos declarados en emergencia: Tabla elaborada por Procuraduría General de la Nación con base en Anexo 15 Informe Autos 392 y 393 Corte Constitucional expedidos por la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas frente a los Decreto 174 y 175 de 2026. En relación con los pequeños pescadores artesanales, se tiene que en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre, se vieron afectados 46.647. Esta cifra solo corresponde a los pescadores artesanales carnetizados, razón por la cual la cifra total puede ser mayor. Dentro de las afectaciones se incluye pérdida total o parcial de artes y embarcaciones, daño a infraestructura de desembarque y limitaciones para acceder a zonas tradicionales debido a la alteración de la conectividad hídrica. En cuanto a los acuicultores de subsistencia en los departamentos de Córdoba y Antioquia, se registraron un total de 2.400 acuicultores afectados, con pérdidas totales y daño a infraestructura productiva. En cuanto a los acuicultores de subsistencia en los departamentos de Córdoba y Antioquia, se registraron un total de 2.400 acuicultores afectados, con pérdidas totales y daño a infraestructura productiva. Partiendo de un contexto en el cual se vieron impactados un gran número de productores pecuarios en los diferentes departamentos declarados en la emergencia, el Decreto 212 de 2026 plantea como uno de sus objetivos la recuperación, reactivación y restablecimiento de las cadenas productivas agropecuarias, incluidas también las cadenas de suministros de alimentos, las cuales se vieron afectadas por variaciones en los precios que oscilaron desde +0.1% hasta +34.7%. Según conclusiones de la UPRA, el pescado fresco de río es la categoría más afectada, con incrementos en los precios de los productos de hasta +34,7% en Montería (Córdoba) y +27,5% en blanquillo, comprometiendo gravemente el acceso a proteína de bajo costo para las comunidades de la región Caribe. Por su parte, en relación con las medidas de reconversión, en el Decreto Legislativo 150 de 2026 se argumentó que los Estados tienen la obligación imperiosa de intervenir de manera inmediata cuando factores externos, como el cambio climático, amenacen la estabilidad de los sistemas agroalimentarios, de allí que en el Decreto Legislativo 212 de 2026 se propusieran medidas que apuntaran a la reconversión y diversificación de actividades productivas, como una forma de disminuir la vulnerabilidad de los trabajadores del campo respecto de los cambios climáticos. De lo anterior, el Ministerio Público encuentra que los objetivos principales del Plan de Reactivación urgente, atienden mayoritariamente a las finalidades surgidas a partir de la declaratoria de estado de emergencia efectuada mediante el Decreto Legislativo 150 de 2026, en la medida que se orientan a atender la crisis y disminuir la extensión de sus efectos, como posteriormente se explicará con más detalle en los acápites 2.2. y 2.3., respectivos. No obstante, lo mismo no ocurre respecto del objeto relacionado con la reconversión y diversificación productiva, en la medida que este objetivo, desarrollado posteriormente en el artículo 12, a pesar de estar debidamente documentado y explicado, atiende a circunstancias de carácter estructural que desbordan las facultades extraordinarias reconocidas al presidente en virtud del artículo 215 superior, como se expondrá en el acápite 2.4., correspondiente. En ese sentido, el Ministerio Público considera que el artículo 1 supera los juicios de finalidad, conexidad y motivación suficiente con excepción de la expresión “reconversión y diversificación productiva de sistemas agroalimentarios conforme la capacidad y uso del suelo y el manejo adecuado del agua” del inciso segundo, la cual debe ser declarada inexequible. Por su parte, los artículos 2 y 3 también superan estas exigencias, en tanto concentran la aplicación de las medidas en los territorios declarados en emergencia, priorizando principalmente pequeños productores y economías comunitarias, al ser estos grupos los que resultaron afectados en mayor proporción; y el artículo 22, que define el momento en el cual entrar a regir las disposiciones para que puedan ser desarrolladas por las entidades responsables. Juicio de arbitrariedad, intangibilidad y de no contradicción específica y el artículo 22, que define el momento en el cual entrar a regir las disposiciones para que puedan ser desarrolladas por las entidades responsables. Juicio de arbitrariedad, intangibilidad y de no contradicción específica El Ministerio Público encuentra que las disposiciones generales superan estos juicios puesto que de forma general, no vulneran disposiciones constitucionales y se ajustan a las prohibiciones que el ordenamiento superior y la LEEE han fijado respecto de la inviolabilidad del núcleo fundamental de derechos fundamentales y el respeto a los derechos intangibles. Juicio de necesidad, incompatibilidad, proporcionalidad Los artículos 1, 2, 3 y 22 superan estos juicios dado que atienden la emergencia a partir de componentes destinados tanto al restablecimiento de las condiciones de los territorios, como la reactivación productiva de los damnificados, erigiéndose como una respuesta equilibrada que materializa y garantiza los postulados del artículo 65 constitucional, en un contexto en el que eventos hidrometeorológicos han aumentado la vulnerabilidad principalmente de pequeños productores de las zonas ribereñas de los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, como se profundizará en el análisis de las medidas concretas adoptadas mediante el Decreto Legislativo 212 de 2026. Juicio de no discriminación Juicio de no discriminación En relación con la superación de este juicio la Procuraduría General de la Nación destaca que, el artículo 3 del Decreto Legislativo 212 de 2026 establece como beneficiarios de las medidas, los productores agropecuarios afectados por la emergencia, priorizando a los pequeños y medianos productores agropecuarios y las organizaciones, asociaciones y/o cooperativas conformadas por productores campesinos y pertenecientes a comunidades y pueblos étnicos que desarrollen agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria – ACFEC, en las zonas afectadas total o parcialmente por la emergencia económica, social y ecológica a las que se refiere el Decreto número 150 de 2026. Si bien todos los productores agropecuarios que resultaron afectados pueden ser destinatarios de las medidas adoptadas, la priorización de pequeños y medianos productores y de productores de la ACFEC se ajusta a la Constitución Política por cuanto se configura como una medida de discriminación positiva orientada a proteger a personas que por su condiciones económicas, sociales y culturales se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, de conformidad con el mandato del artículo 13 superior. El Decreto Legislativo 212 de 2026 fundamenta tal priorización en que estos productores resultaron especialmente afectados en virtud de la emergencia, la cual impactó las condiciones de vida e ingreso vital y puso en riesgo su derecho humano a la alimentación puesto que actividades como la piscicultura en departamentos como Córdoba, Sucre, Antioquia y Bolivar, constituyen la base esencial para la seguridad alimentaria y la economía rural de sus comunidades ribereñas. Así, el Gobierno nacional concluye que los tratos diferenciados se justifican “por la especial vulnerabilidad de los pequeños y medianos productores y comunidades étnicas, conforme al principio de igualdad material y la protección reforzada de sujetos vulnerables”, respecto de los cuales se deben adoptar medidas positivas reforzadas que se encaminen a su recuperación y reactivación productiva, y a la garantía de sus derechos fundamentales. Sobre el particular se recuerda que una de las formas especiales de acción afirmativa es la discriminación positiva, mediante la cual se establece un trato diferente orientado a materializar la igualdad real, usando las categorías sospechosas, para romper justamente las condiciones de desigualdad o disminuir su brecha. “Por lo tanto, se trata de medidas transitorias cuyo desmonte resulta del análisis de su eficacia en la superación de la desigualdad que combate”. Por lo anterior, el Ministerio Público considera que se supera el juicio de discriminación no solo en relación con el artículo 3, sino del Decreto 212 de 2026 en general, en la medida que, si bien se establecen tratos diferenciales, los mismos encuentran fundamento en la garantía de igualdad material, dispuesta en el artículo 13 superior. Con fundamento en lo anterior, la Procuraduría solicitará la exequibilidad de los artículos 1, 2, 3 y 22, con excepción de la expresión “reconversión y diversificación productiva de sistemas agroalimentarios conforme la capacidad y uso del suelo y el manejo adecuado del agua”, del inciso segundo que no superó los juicios de finalidad y conexidad material. 2.2. Rehabilitación y mantenimiento de sistemas de adecuación de tierras de pequeña y mediana escala y manejo sostenible del recurso hídrico (artículos 4, 6 y 7). 2.2. Rehabilitación y mantenimiento de sistemas de adecuación de tierras de pequeña y mediana escala y manejo sostenible del recurso hídrico (artículos 4, 6 y 7). El Decreto 212 de 2026 adopta como uno de los objetivos del Plan de Reactivación Urgente de sistemas agroalimentarios la rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de adecuación de tierras de pequeña y mediana escala a cargo de la ADR, razón por la cual asigna a esta entidad nuevas funciones generales en el marco de los estados de emergencia económica, social y ecológica relacionadas con: los sistemas agroalimentarios; recuperación y el restablecimiento de la producción agropecuaria; la financiación de actividades de recuperación, rehabilitación y mantenimiento, de los sistemas de adecuación de tierras de pequeña y mediana escala, la utilización y operación de maquinaria verde y amarilla, entre otras (artículo 4). Posteriormente, el Decreto Legislativo 212 de 2026 precisa que el FONAT financiará y dispondrá recursos directamente a las actividades de recuperación, rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de adecuación de tierras de pequeña y mediana escala, sistemas comunitarios de manejo de agua, entre otros, en el marco de la emergencia declarada mediante el Decreto 150 de 2026 a través de los planes de inversión que para el efecto presente la ADR al FONAT (artículo 6). Adicionalmente, el decreto legislativo dispone que se deberán adoptar “actividades complementarias que conduzcan al mejoramiento productivo mediante fortalecimiento organizacional y acompañamiento integral; promoción de prácticas resilientes para el uso del agua en el riego; humedales y ciénagas, de conformidad con las disposiciones ambientales vigentes” (artículo 7). Juicio de finalidad y conexidad externa promoción de prácticas resilientes para el uso del agua en el riego; humedales y ciénagas, de conformidad con las disposiciones ambientales vigentes” (artículo 7). Juicio de finalidad y conexidad externa Teniendo en cuenta el contexto desarrollado en el estudio del objeto del Decreto Legislativo 212 de 2026, los artículos 4 y 6 del Decreto Legislativo cumplen el juicio de finalidad en tanto se orientan, entre otros objetivos, a recuperar y rehabilitar el servicio público de adecuación de tierras, el cual comprende “la construcción de obras de infraestructura destinadas a dotar a un área determinada con riego, drenaje, o protección contra inundaciones, reposición de maquinaria; así como las actividades complementarias de este servicio para mejorar la productividad agropecuaria”. Así, mediante estas estrategias, se busca conjurar las causas que motivaron la emergencia y disminuir la extensión de sus efectos puesto que promueven la recuperación de los territorios para que vuelvan a hacer cultivables, accesibles y aprovechables, al tiempo que se brinda asesoría técnica para recuperar y el restablecer la producción agropecuaria impactada negativamente por los eventos desencadenados por el frente frío, lo que acredita a su vez, el cumplimiento del juicio de conexidad material externa, pues el Decreto 150 de 2026 reconoce la necesidad de la recuperación productiva y social de los territorios afectados y el restablecimiento de las actividades productivas agropecuarias y pesqueras desarrollados en éstos. Sobre el particular, es preciso señalar que, con el fin de que el artículo 4 atienda específicamente a la emergencia y se respete la conexidad material, se hace necesario condicionar su exequibilidad en la medida que las facultades extraordinarias otorgadas a la ADR se desarrollen únicamente en el marco de la emergencia declarada mediante el Decreto Legislativo 150 de 2026. Por último, el Ministerio Público encuentra que el artículo 7 supera los juicios de finalidad y conexidad material, incluso en lo que atañe a las medidas orientadas a la resiliencia y adaptación al cambio climático, por las razones que se exponen a continuación. Si bien la Corte Constitucional ha sostenido de manera consistente que los estados de excepción no pueden emplearse para remediar problemas crónicos o estructurales, también ha reconocido que dicha regla no es absoluta. En efecto, la agudización de problemas estructurales puede desencadenar perturbaciones del orden económico y social de tal magnitud que ameriten su abordaje excepcional. Este es precisamente el caso del cambio climático como factor subyacente de la emergencia declarada. El frente frío que motivó el Decreto 150 de 2026 no es un fenómeno aislado ni puramente coyuntural: se inscribe en una tendencia estructural de alteración de los ciclos hídricos atribuible al cambio climático, que incrementa la frecuencia, intensidad y magnitud de eventos meteorológicos extremos. Tal como se documentó en la declaratoria, las precipitaciones superaron de manera exorbitante los pronósticos formulados con base en datos históricos, ocasionando la desestabilización del recurso hídrico, inundaciones severas y afectaciones significativas en la infraestructura de los territorios afectados. Ahora bien, esta naturaleza estructural del cambio climático como factor concurrente de la emergencia no desvirtúa la finalidad constitucional del artículo 7, sino que, por el contrario, la refuerza. En el marco de los estados de excepción, la finalidad constitucionalmente admisible no se agota en la atención inmediata del desastre: comprende también la adopción de medidas orientadas a impedir la extensión de sus efectos (lo que en este caso, implica también evitar su repetición). Las actividades complementarias contempladas en el artículo 7 (en particular, la promoción de prácticas resilientes para el uso del agua en el riego y el manejo sostenible de humedales y ciénagas) cumplen exactamente esta función. No se trata de políticas estructurales desconectadas de la crisis, sino de respuestas directas a la nueva realidad hídrica que el desastre reveló y que, de no atenderse, perpetuaría sus efectos en la productividad de los suelos y la seguridad alimentaria de las comunidades afectadas. En consecuencia, la resiliencia y adaptación climática que promueve el artículo 7 tienen un vínculo claro y directo con la superación de la emergencia declarada: si la recuperación de la infraestructura no se acompaña de un ajuste en las prácticas de manejo del agua y los ecosistemas, las comunidades quedarían igualmente expuestas a los efectos recurrentes del mismo fenómeno. Por ello, el Gobierno nacional, al argumentar que la sola reconstrucción física no es suficiente si no se acompaña de las actividades complementarias que permitan a las comunidades adaptarse a los nuevos ciclos del agua y recuperar sosteniblemente la productividad de los suelos afectados, está en lo correcto. En ese sentido, queda satisfecho tanto el juicio de finalidad como el de conexidad material externa respecto del artículo 7 del Decreto Legislativo 212 de 2026. En ese sentido, queda satisfecho tanto el juicio de finalidad como el de conexidad material externa respecto del artículo 7 del Decreto Legislativo 212 de 2026. Si bien la Corte Constitucional ha sido consistente en afirmar que es improcedente el empleo de los estados de excepción para remediar problemas crónicos o estructurales, puesto que estos “deben resolverse por los causes ordinarios a través de los cuales, las alternativas de acción y los costos asociados a las mismas, sean objeto de un debate público en el que los ciudadanos, sus representantes y los distintos intereses en juego se manifiesten a través de los canales establecidos para el efecto”, también ha admitido que tal regla no es absoluta, puesto que la agudización de problemas estructurales puede desencadenar perturbaciones del orden económico y social que ameriten su abordaje a través de estados de excepción. En ese sentido, el Ministerio Público considera exequible la inclusión de medidas como las propuestas en razón a que el frente frío conllevó a un aumento de las precipitaciones que superaron de manera exorbitante los pronósticos que se habían formulado con base en datos de años anteriores. Tal como se documentó, dichas precipitaciones ocasionaron la desestabilización del recurso hídrico en los departamentos afectados, ocasionando inundaciones y afectaciones significativas en la infraestructura de estos territorios. En consecuencia, el Ministerio Público encuentra que los artículos 6 y 7 superan los juicios de finalidad y motivación material externa y el artículo 4 los supera siempre y cuando su aplicación se sujete al marco delimitado en el Decreto 150 de 2026. Juicio de conexidad material interna y motivación suficiente Juicio de conexidad material interna y motivación suficiente Los considerandos del Decreto 212 de 2026 exponen las razones por las cuales se debe adoptar el Plan para la Reactivación, partiendo de las circunstancias climáticas anormales, los efectos del cambio climático en general, las normas que de ordinario fijan obligaciones al Estado sobre la adaptabilidad al cambio climático, el aseguramiento del derecho humano a la alimentación adecuada, aprovechamiento sostenible de recursos naturales, entre otras; y la necesidad de las medidas que integran el Plan mencionado con base en las afectaciones concretas identificadas a los sistemas productivos agropecuarios. En relación con la rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de adecuación de tierras justifican su necesidad en impedir la extensión de los efectos de la emergencia y garantizar que los territorios vuelvan a ser productivos, en concordancia con las particularidades ecosistémicas y atendiendo a los retos que representa el cambio climático la razón por la cual está a cargo de la ADR. Para ello, argumentan las razones por las cuales la principal fuente de financiación de las medidas enfocadas a este objetivo provendrá del FONAT, que a su vez cuenta con nuevas fuentes de recursos, dentro de las cuales se resalta el recaudo de cartera del servicio público de adecuación de tierras, y los que puedan venir de fuentes extraordinarias como aportes de sociedades de economía mixta del sector agropecuario y los nuevos tributos que se puedan a llegar a crear en virtud del Decreto Legislativo 150 de 2026. En ese sentido, el Ministerio Público considera que se encuentran debidamente motivadas las medidas en tanto identifica la necesidad de intervención inmediata sin acudir a procesos ordinarios de reasignación presupuestal (modificación legal a la Ley de presupuesto), incompatibles con la situación de emergencia. Por lo anterior, el Ministerio Público encuentra que los artículos 4, 6 y 7, cumplen con los juicios de conexidad material interna y motivación suficiente. Por lo anterior, el Ministerio Público encuentra que los artículos 4, 6 y 7, cumplen con los juicios de conexidad material interna y motivación suficiente. Juicio de arbitrariedad, intangibilidad y no contradicción específica. Las medidas no son arbitrarias porque se encuentran encaminadas a atender la emergencia y fomentar actividades que disminuyan sus efectos y la ocurrencia de eventos similares a través del manejo adecuado de las aguas. Así asignan responsabilidades a entidades cuyo objeto misional tiene relación con los objetivos perseguidos, y buscan asegurar el financiamiento de las medidas a través de la redirección de recursos no ejecutados y nuevas alternativas de financiación para el FONAT, el cual es la principal fuente para solventar las estrategias a implementar en el marco del Plan de Reactivación Urgente asignadas a la ADR. Respecto del juicio de intangibilidad, los artículo 4, 6 y 7 lo superan, en tanto más allá de afectar derechos intocables, buscan materializar prerrogativas constitucionales como el mínimo vital y el aseguramiento del derecho humano a la alimentación, a través del restablecimiento de las condiciones físicas de los terrenos para tener nuevamente acceso a las tierras y del buen manejo del recurso hídrico. Por lo anterior, las disposiciones también superan el juicio de no contradicción específica, debido a que se subsumen dentro de las responsabilidades estatales derivadas del artículo 64 sobre el derecho del campesinado de tener acceso al agua, y del artículo 65 superior, que dispone que “la producción y acceso a alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo sostenible e integral de las actividades agrícolas, agroalimentarias, agroindustriales, agroecológicas, pecuarias, pesqueras, acuáticas, forestales y campesinas, así como también a la adecuación de tierras, construcción de obras de infraestructura física y logística que facilite la disponibilidad de alimentos en todo el territorio nacional”. Juicio de necesidad e incompatibilidad. Los artículos 4, 6 y 7 son necesarios fácticamente por cuanto resultan idóneos para restablecer la capacidad productiva y las condiciones materiales de subsistencia de los damnificados, al permitir que la ADR brinde servicios de extensión agropecuaria, financie mediante el FONAT las actividades de recuperación, rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de adecuación de tierra y de manejo del recurso hídrico y utilice la maquinaria verde y amarilla utilizada en las áreas de influencia de los distritos de adecuación de tierra, para restablecer la movilidad, el acceso a las comunidades y la reactivación productiva. Los artículos ídem también son necesarios jurídicamente, por cuanto la legislación legal ordinaria, en especial la contenida en la Ley 41 de 1993 sujeta la disposición de los recursos del FONAT a trámites que resultan incompatibles con la emergencia, por cuanto no responden a la premura mediante la cual se deben adoptar las medidas, en aras de conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. En efecto, de conformidad con el artículo 2.14.1.2.1 del Decreto 1071 de 2015, para acceder a los recursos del FONAT se debe tener como propósito las finalidades expuestas en el artículo 16 de la Ley 41 de 1993, que dispone que con los recursos del FONAT se financiaran los estudios, diseños y construcción de las obras de riego, avenamiento, reposición de maquinaria y las actividades complementarias al servicio de ADT para mejorar la productividad agropecuaria, siguiendo los parámetros fijados en el parágrafo del artículo 12 ídem, que dispone que para la selección de los proyectos respectivos se deberá atender a los siguientes criterios de: “1. Grado de interés de las comunidades en la ejecución del proyecto.  2. Rentabilidad social del proyecto.  3. Localización estratégica de los proyectos respecto a los puertos de exportación medianos y grandes centros de consumo.  4. índice de concentración de pequeños y medianos propietarios”. De lo anterior, resulta necesaria la adopción de medidas que agilicen la ejecución de los recursos, con el fin de restablecer las condiciones de vida de los damnificados, en el menor tiempo posible, y disminuir de esta manera los efectos generados por la emergencia. En consecuencia, el Ministerio Público encuentra que los artículos 4, 6 y 7 del Decreto Legislativo 212 de 2026, superan los juicios de necesidad e incompatibilidad. Juicio de proporcionalidad De igual manera, los artículos analizados resultan proporcionales puesto que ofrecen una respuesta equilibrada al garantizar que la ADR agilice la rehabilitación de los territorios destinados a las actividades agropecuarias, contribuya en el restablecimiento de los sistemas productivos y utilice los bienes a su cargo (maquinaria pesada), para ejecutar actividades de atención, mitigación, rehabilitación y recuperación derivadas de eventos naturales adversas en el sector rural. Asimismo, buscan garantizar la disponibilidad de recursos para el financiamiento de la rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de adecuación de tierra, los cuales serán ejecutados a través de proyectos concertados con la cartera ministerial del sector de agricultura, lo cual aumenta la articulación entre entidades para el desarrollo de estrategias coherentes y armónicas. Juicio de no discriminación Las medidas enfocadas a la rehabilitación y mantenimiento de sistemas de adecuación de tierras de pequeña y mediana escala y manejo sostenible del recurso hídrico no entrañan segregación alguna fundada en categorías sospechosas. Por el contrario, adopta estrategias orientadas a asegurar la igualdad real y efectiva de personas que por condiciones climáticas, se encuentran en una situación de debilidad manifiesta. Por el contrario, adopta estrategias orientadas a asegurar la igualdad real y efectiva de personas que por condiciones climáticas, se encuentran en una situación de debilidad manifiesta. Con fundamento en lo anterior, el Ministerio Público solicitará la exequibilidad de los artículos 6 y 7 del Decreto Legislativo 212 de 2026, al superar los presupuestos materiales definidos en la Constitución Política y la LEEE. Asimismo, solicitará la exequibilidad condicionada del artículo 4 en el sentido de limitar sus efectos únicamente al contexto de la emergencia declarada mediante el Decreto Legislativo 150 de 2026. 2.3. Recuperación, reactivación y restablecimiento de las cadenas productivas agropecuarias (artículos 12 (parcial), 13, 14, 15, 16 y 21). Para la recuperación, reactivación y restablecimiento de las cadenas productivas agropecuarias, el Decreto Legislativo dispone que el MADR, ejecutará incentivos y apoyos en dinero y/o en especie, para facilitar la entrega de insumos productivos pecuarios y agrícolas para la recuperación alimentaria y económica de las zonas afectadas; la asistencia técnica y servicio de extensión agropecuaria especializado; la articulación con compras públicas locales y circuitos cortos de comercialización; y para contribuir a la recomposición de los sistemas agroalimentarios territoriales, la seguridad y soberanía alimentaria, y la protección del derecho al mínimo vital de las comunidades rurales. y para contribuir a la recomposición de los sistemas agroalimentarios territoriales, la seguridad y soberanía alimentaria, y la protección del derecho al mínimo vital de las comunidades rurales. Adicionalmente, le asigna funciones extraordinarias a la cartera de agricultura para reactivar los ecosistemas acuáticos agroalimentarios – EAA- consistentes en la facultad de contratar directamente jornales de emergencia a pescadores artesanales debidamente caracterizados para recuperación, rehabilitación y limpieza de los EAA; repoblamiento con especies nativas de alevinos según protocolos de la AUNAP; y la reposición de activos productivos a pescadores artesanales que acrediten la pérdida total o parcial de sus medios de producción a raíz de la emergencia. A la par, con el propósito de promover el retorno a las actividades productivas de los acuicultores de subsistencia y pequeños pescadores y su formalización, el Decreto Legislativo los exceptúa de los trámites de obtención de concesión de aguas y de permiso de vertimientos. De igual manera, en lo que tiene que ver con este eje, se amplía la definición de insumo agropecuario contenida en el artículo 2 de la Ley 2183 de 2022 para que en contextos de emergencia el FAIA pueda financiar herramientas e implementos para la reactivación de cultivos, equipos y maquinarias de bajo costo para manejo hídrico, control fitosanitario o adecuación predial ligera, activos e insumos para la restauración pecuaria, para pesca y acuicultura, elementos para sanidad animal, junto con el servicio de implementación técnica y operatividad de insumos. Por último, establece un deber de verificación a determinados actores del mercado ganadero con el fin de ubicar ganado perdido o robado registrado en el registro de hierros y reportados como desaparecidos y prevé, en caso de incumplimiento, una responsabilidad civil solidaria. Juicio de finalidad y conexidad externa Juicio de finalidad y conexidad externa Teniendo en cuenta el contexto desarrollado en el estudio del objeto del Decreto Legislativo 212 de 2026, el Ministerio Público concluye que las medidas relacionadas con la recuperación, reactivación y restablecimiento de las cadenas productivas agropecuarias, atiende a las finalidades de la emergencia en la medida que busca facilitar la entrega de insumos que permitan la reactivación productiva para la recuperación alimentaria y económica de las zonas, la asistencia técnica y servicio de extensión agropecuaria especializado; la articulación con compras públicas locales y circuitos cortos de comercialización, entre otras medidas para proteger el derecho al mínimo vital de las comunidades rurales. Así, los artículos 12 (parcial), 13, 14, 15, 16 y 21 superan los juicios de finalidad y conexidad material externa, con una precisión respecto de los artículos 14 y 15, que facilita la formalización y el retorno a las actividades pecuarias de pequeños pescadores y acuicultores de subsistencia al eximirlos del adelantamiento de concesión de aguas y permisos de vertimientos, debiéndose limitar dichas disposiciones al contexto que se desprende del Decreto 150 de 2026, en la medida que la redacción de estos artículos es de carácter general. Juicio de conexidad material interna y motivación suficiente El decreto legislativo identifica con claridad la situación excepcional que motiva su expedición, la insuficiencia de mecanismos ordinarios que, a pesar de existir, no resultan lo suficientemente ágiles y expeditos para atender la emergencia; y propone programas enfocados en la recuperación de los territorios inundados y afectados, el restablecimiento de las cadenas de producción y comercialización, el aseguramiento del mínimo vital de los trabajadores del campo afectados, entre otros aspectos. y propone programas enfocados en la recuperación de los territorios inundados y afectados, el restablecimiento de las cadenas de producción y comercialización, el aseguramiento del mínimo vital de los trabajadores del campo afectados, entre otros aspectos. Respecto a la recuperación, reactivación y restablecimiento de las cadenas productivas agropecuarias, en la parte considerativa se justifica la necesidad de la ampliación legal del concepto de insumos para la posterior entrega de activos productivos que normalmente no se financian con el FAIA, la logística para su entrega y la capacitación para su correcto aprovechamiento. Asimismo, el Decreto Legislativo 212 de 2026 establece medidas enfocadas en la recuperación de los sistemas acuáticos y las actividades pesqueras que desarrollan principalmente pequeños productores y pescadores de subsistencia. Como medidas puntuales, la garantía del abastecimiento alimentarios, encuentran fundamento en el ordenamiento superior y en la necesidad de garantizar el mínimo vital y las medidas enfocadas específicamente a ganaderos, en la gran cantidad de bovinos y bufalinos muertos y/o desaparecidos en los territorios impactados. Teniendo en cuenta que el decreto ofrece razones explícitas, coherentes y verificables que permiten comprender el alcance de las medidas adoptadas, el Ministerio Público estima que los artículos 12 (parcial), 13, 14, 15, 16 y 21 del Decreto Legislativo 212 de 2026, satisface los juicios de conexidad material interna y motivación suficiente exigidos por el ordenamiento constitucional. Juicio de arbitrariedad, intangibilidad y de no contradicción específica Juicio de arbitrariedad, intangibilidad y de no contradicción específica Las disposiciones contenidas los artículos 12 (parcial), 13, 14, 15, 16 y 21 del Decreto Legislativo 212 de 2026 se circunscriben a adoptar medidas encaminadas a reactivar las actividades agropecuarias interrumpidas, en aras, no solo de disminuir pérdidas económicas de los productores sino también asegurar el sustento de las familias que dependen de este sector de la economía en los departamentos en emergencia, a través de la entrega de insumos, la habilitación de vías, la recuperación de ecosistemas acuáticos, la adecuación de tierras, el restablecimiento de las cadenas de comercialización, entre otras. En ese sentido, las medidas no suprimen ni suspenden derechos fundamentales, ni interfieren en garantías que, por mandato constitucional y estatutario, resultan intangibles incluso en estados de excepción, sino que por el contrario buscan preservar su goce efectivo. De igual manera, el decreto no interrumpe el funcionamiento normal de las ramas del poder público ni suprime o modifica los organismos y funciones básicas de acusación y juzgamiento. Aunque en este caso el Gobierno ejerce una potestad normativa e impositiva que, en el régimen ordinario, corresponde al Congreso de la República, dicha habilitación encuentra fundamento expreso en el artículo 215 de la Constitución Política y en el artículo 47 de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. Por último, los artículos estudiados superan el juicio de no contradicción específica, en la medida que sus postulados se encuentran orientados a la materialización de fines constitucionales como protección del ambiente, garantía del derecho a la alimentación adecuada, soberanía y seguridad alimentaria, igualdad real y mínimo vital de damnificados por la emergencia declarada mediante el Decreto Legislativo 150 de 2026. Asimismo, los artículos 12 (parcial), 13, 14, 15, 16 y 21 del Decreto Legislativo 212 de 2026 no afecta los derechos intangibles identificados en el artículo 4 de la LEEE, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Por lo anterior, el Ministerio Público considera que las medidas relacionadas con la recuperación, reactivación y restablecimiento de las cadenas productivas agropecuarias superan los juicios de arbitrariedad, intangibilidad y de no contradicción específica. Juicio de necesidad e incompatibilidad La necesidad fáctica de las medidas de recuperación, reactivación y restablecimiento de las cadenas productivas agropecuarias se haya en los daños que causó el frente frío sobre l