Concepto (misional) NA de 2026 — Derecho fundamental que tiene la ciudadanía, para obtener pronta respuesta a los requerimientos que eleven ante las autoridades

DOCUMENTO ANONIMIZADO-Dando cumplimiento a la resolución 352 de 2024 se procede a anonimizar el presente documento por parte del grupo de relatoría sustituyendo los datos a proteger por xxxx FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DISCIPLINARIA-Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Que conducta haya sido previamente definida por el legislador como falta (tipicidad), que haya afectado el deber funcional sin justificación alguna (ilicitud sustancial), y que haya dolo o culpa (culpabilidad) FALTA DISCIPLINARIA-Incumplimiento en los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones DERECHO DE PETICION-Derecho fundamental que tiene la ciudadanía, para obtener pronta respuesta a los requerimientos que eleven ante las autoridades TIPICIDAD-Se configura la tipicidad de la conducta por cuanto el derecho de petición no se vio satisfecho en su dimensión externa, pues el ciudadano nunca conoció el pronunciamiento de la administración ILICITUD SUSTANCIAL-No responde a la magnitud o gravedad del daño producido con la conducta sino a la existencia de la afectación de la función FALLO ABSOLUTORIO-La voluntad de los funcionarios no estuvo orientada a obstruir el derecho del ciudadano, sino a garantizarlo. La administración no fue indolente ni negligente en su fase de decisión El derecho disciplinario reconoce el principio de confianza, según el cual quien actúa dentro de una organización administrativa tiene derecho a esperar que los demás integrantes de la misma (incluidos contratistas externos) cumplan con sus actividades específicas de manera correcta. No es exigible, ni funcionalmente posible, que el alcalde o el secretario general y de gobierno supervisen la digitación de cada dirección de correo electrónico, pues su función es de dirección y decisión, no de ejecución material. No es exigible, ni funcionalmente posible, que el alcalde o el secretario general y de gobierno supervisen la digitación de cada dirección de correo electrónico, pues su función es de dirección y decisión, no de ejecución material. |DEPENDENCIA |PROCURADURÍA PROVINCIAL DE JUZGAMIENTO DE | | |BUCARAMANGA | |RADICADO |IUS-E-2024-172111 / IUC-D-2024-3606807 | |DISCIPLINADO |XXX | | |YYY | |CARGO |ALCALDE | | |SECRETARIO GENERAL | |ENTIDAD |MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN - SANTANDER | |QUEJOSO |VVV | |FECHA QUEJA |15 DE ABRIL DE 2021 | |FECHA HECHOS |VIGENCIA 2021 | |ASUNTO |PRESUNTAS IRREGULARIDADES AL NO DAR RESPUESTA | | |OPORTUNA A DERECHO DE PETICIÓN | |DECISIÓN |FALLO DE PRIMERA INSTANCIA | | |(ARTÍCULO 225 F CGD) | RESOLUCIÓN No. 12 Bucaramanga, 24 de marzo de 2026 I. ASUNTO Agotado el trámite procesal, procede el Despacho a proferir decisión de primera instancia dentro de las diligencias radicadas bajo el No. IUS-E- 2024-172111 / IUC-D-2024-3606807, en ejercicio de la competencia establecida en la Constitución Política de Colombia, en el Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el Decreto Ley 1851 de 2021 y la Ley 1952 de 2019, - Código General Disciplinario - CGD[1] -. II. IDENTIDAD E INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS INVESTIGADOS II. IDENTIDAD E INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS INVESTIGADOS • XXX, identificado con la cédula de ciudadanía número XXX, quien fue elegido como alcalde del municipio de Concepción – Santander, por el periodo constitucional de cuatro (4) años, a partir del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023, soportado a través del acta de posesión de fecha 31 de diciembre de 2019[2], certificación de fecha 16 de agosto de 2024 signada por la secretaria general y de gobierno del municipio de Concepción[3]. • YYY, identificado con la cédula de ciudadanía número YYY expedida en Málaga (Santander), quien se desempeñaba como secretario general y de gobierno del municipio de Concepción - Santander de desde el 2 de enero de. dos mil veinte (2020) al 25 de octubre de dos mil veintidós (2022), soportado a través del acta de posesión de fecha 2 de enero de 2020[4], certificación de fecha 16 de agosto de 2024 signada por la secretaria general y de gobierno de la alcaldía municipal de Concepción[5]. III. RESUMEN DE LOS HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES 1. HECHOS: Origen de la actuación disciplinaria El señor, VVV, solicita se adelante investigación disciplinaria en contra del señor alcalde de Concepción Santander, o funcionaria por determinar, de la misma entidad territorial, por presuntas irregularidades derivadas al no dar respuesta al derecho de petición, interpuesto el 02 de enero del año 2021[6]. 2. ANTECEDENTES PROCESALES 1. INDAGACIÓN PRELIMINAR El señor Personero Municipal de Concepción, mediante Auto del 27 de enero de 2022[7], ordenó abrir indagación preliminar en contra de funcionarios por determinar de la administración municipal de la citada entidad territorial, por presunta violación al derecho de petición. 2. INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA Conforme el contenido de la queja, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga ordenó, mediante Auto del 12 de junio de 2024[8], investigación disciplinaria en contra del señor XXX, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXX, en calidad de alcalde municipal de Concepción – Santander, para la época de los hechos y YYY, identificado con la cédula de ciudadanía No. YYY, en calidad de secretario general y de gobierno del municipio de Concepción – Santander, para la época de los hechos; por presuntas irregularidades al no dar respuesta oportuna a derecho de petición. Esta decisión le fue notificada personalmente al investigado XXX el 16 de agosto de 2024[9]. 3. PRUEBAS OBTENIDAS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN En esta etapa instructiva se obtuvieron las siguientes pruebas: Documentales: • Copia del acta de posesión como alcalde municipal de Concepción, del señor XXX, fechada el 31 de diciembre de 2019[10]. • Copia del formato E-21 por medio del cual los miembros de la comisión escrutadora declaran alcalde municipal del Municipio de concepción para el periodo constitucional 2020-2023 al señor XXX[11]. • Copia del formato único. de. hoja de vida del señor XXX[12]. • Fotocopia de la Cedula de ciudadanía de XXX[13]. • Decreto 014 del 7 de junio de 2019, por medio del cual se modifica el manual especifico de funciones y de competencias laborales de la planta de personal de la alcaldía municipal de Concepción, allegándose las correspondientes a los cargos de alcalde, secretario de despacho y secretario general y de gobierno[14]. • Copia de la resolución 001 del 3 de enero de 2020, por medio de la cual se reglamenta el derecho de petición en el municipio de Concepción[15]. • Copia del derecho de petición interpuesto por el señor VVV, el cual tiene sello de recibido con fecha 4 de enero de 2021[16]. • Copia vagamente legible e incompleta de una respuesta suministrada el 12 de febrero de 2021 a un correo electrónico y firmada por el secretario general y de gobierno municipal de Concepción Santander YYY al correo del peticionario. • Certificado en la que consta que el señor YYY, se desempeñó como secretario general y de gobierno de Concepción, desde el 2 de enero de 2020 hasta el 25 de octubre de 2022[17]. • Copia del decreto 006 del 2 de enero de 2020, por medio del cual se nombra secretario general y de gobierno al señor YYY. • Copia del acta de posesión 04, fechada el 2 de enero de 2020, mediante el cual el señor YYY, accede al cargo de secretario general y de gobierno de la alcaldía municipal de Concepción[18]. • Copia del derecho de petición, radicado el 2 de enero de 2021 por el señor VVVIA, al correo de la secretaria general del municipio de Concepción[19]. • Copia de la respuesta sin fecha, suministrada por el entonces alcalde municipal XXX, al peticionario VVV[20]. • Fotocopia de la cedula del YYY[21]. • Copia del correo electrónico de fecha 2 de enero de 2021, mediante el cual el señor VVV, eleva derecho de petición, dirigido a la administración municipal de Concepción en el que obran sendos correos de funcionarios de la administración municipal, entre ellos la secretaria general y de gobierno[22]. • Copia de la respuesta suministrada por la inspectora de policía del municipio [pic] de Concepción, del 2 de febrero de 2021 dirigido al secretario general y de gobierno, en el que se indica el número de comparendos impuestos por [pic]personal uniformado de la Policía Nacional en virtud de Ila emergencia sanitaria generada por la pandemia coronavirus covid-19[23]. • Copia del formato único de hoja de vida del señor YYY[24]. • Certificado del secretario general de gobierno de la alcaldía municipal de Concepción, en el que indica que el señor XXX, se desempeñó como alcalde municipal de esa entidad territorial en el periodo constitucional 2020-2023, habiéndose posesionado el 31 de diciembre de 2019[25]. • Copia del pantallazo del correo electrónico a través del cual se da respuesta el 12 de febrero de 2021 al derecho de petición. Dicha respuesta se envía desde el correo de qobierno@concepcion- santander.gov.co con firma de YYY[26]. 4. CIERRE DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA La Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, mediante Auto del 2 de enero de 2025[27], declaró cerrada la Investigación Disciplinaria y ordenó correr traslado para que los sujetos procesales presentaran si así lo estimasen conveniente sus alegatos precalificatorios. Esta decisión se notificó por estado a los sujetos procesales el 24 de enero de 2025[28]. No obstante lo anterior, conforme obra en constancia secretarial del 14 de diciembre de 2023, transcurrido el término legal, el disciplinado no hizo uso de tal derecho[29]. 5. PLIEGO DE CARGOS A través de Auto del 25 de marzo de 205[30], la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, formuló pliego de cargos a XXX, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXX, en calidad de alcalde municipal de Concepción – Santander, para la época de los hechos y YYY, identificado con la cédula de ciudadanía No. YYY, en calidad de secretario general y de gobierno del municipio de Concepción – Santander, para la época de los hechos; por presuntas irregularidades al no dar respuesta oportuna a derecho de petición[31]. Dicho Auto le fue notificado al investigado XXX a través de medios electrónicos el 2 de abril de 2025[32]. Al investigado YYY se le notificó a su apoderado de confianza, abogado CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ, a través de medios electrónicos el 28 de abril de 2025[33]. 6. REMISIÓN POR COMPETENCIA A LA PROCURADURÍA PROVINCIAL DE JUZGAMIENTO DE BUCARAMANGA 6. REMISIÓN POR COMPETENCIA A LA PROCURADURÍA PROVINCIAL DE JUZGAMIENTO DE BUCARAMANGA Por oficio No. PPB-LTBV-1309 del 28 de abril de 2025[34], la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga – Santander remite el proceso disciplinario a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga para que adelante la etapa de juzgamiento. 7. PROCURADURÍA PROVINCIAL DE JUZGAMIENTO DE BUCARAMANGA, AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS PARA CONTINUAR CON LA ETAPA DE JUZGAMIENTO. Mediante Auto del 19 de mayo de 2025[35], esta Provincial de Juzgamiento, avocó y fijó el procedimiento a seguir en la etapa de juzgamiento del proceso radicado IUS-E-2024-172111 / IUC-D-2024-3606807, corriendo traslado a los sujetos procesales por el término de quince (15) días, para presentar descargos, así como aportar y solicitar pruebas. Esta decisión le fue comunicada a los sujetos procesales a través de correo electrónico el 20 de mayo de 2025[36]. 8. DESCARGOS El 22 de mayo de 2025[37] el investigado XXX presentó escrito de descargos en el que además realizó una solicitud de nulidad. El 10 de junio de 2025[38], el abogado CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ en calidad de apoderado de confianza del investigado YYY presentó escrito de descargos. 9. AUTO RESUELVE SOLICITUD DE NULIDAD Por Auto del 15 de junio de 2025[39], esta Provincial de Juzgamiento resolvió la nulidad invocada por el investigado XXX, negando su procedencia. AUTO RESUELVE SOLICITUD DE NULIDAD Por Auto del 15 de junio de 2025[39], esta Provincial de Juzgamiento resolvió la nulidad invocada por el investigado XXX, negando su procedencia. Esta decisión le fue notificada a los sujetos procesales el 16 de julio de 2025[40], quedando en firme el 30 de julio de 2025[41] al no haberse interpuesto recurso contra la misma. 10. AUTO QUE ORDENA PRUEBAS EN ETAPA DE DESCARGOS Mediante Auto del 8 de octubre de 2025[42], el Despacho ordenó la práctica de pruebas de oficio, requiriendo al municipio de concepción la siguiente información: • Informar y certificar para el mes de enero y febrero de 2021, a qué despacho de la administración municipal estaba asignado el correo institucional gobierno@concepción-santander.gov.co; remitiendo los soportes que así lo acrediten. • Informar y certificar para el mes de enero y febrero de 2021, quién era la persona encargada del manejo del correo institucional gobierno@concepción-santander.gov.co;, remitiendo los soportes que así lo acrediten. • Informar y certificar si adicional a la respuesta emitida y enviada el 12 de febrero de 2021 al derecho de petición elevado por el ciudadano VVV el 4 de enero de 2021, se envió a otros correos electrónicos para informar y dar a conocer la respuesta al ciudadano. Remitir los soportes que así lo demuestren. Remitir los soportes que así lo demuestren. • Informar y certificar si al haber advertido que la respuesta emitida el 12 de febrero de 2021 al derecho de petición elevado por el ciudadano VVV el 4 de enero de 2021, se envió a un correo erróneo danifluna25@hotmail.com; esta se volvió a enviar al correo correcto daniluna25@hotmail.com; para subsanar dicha falencia. Remitir los soportes que así lo acrediten. • Informar qué vinculo tenía el señor MAURICIO ALBERTO FRANCO HERNÁNDEZ con la administración municipal en el año 2021. Remitir los soportes que acrediten la respuesta. (Acto administrativo de nombramiento, acta de posesión, manual de funciones. En caso de ser contratista, copia del respectivo contrato). • Informar si para el mes de enero y febrero de 2021, la secretaría general y de gobierno municipal, contaba con una auxiliar encargada del manejo del correo electrónico del despacho. Si la respuesta es afirmativa, remitir los soportes que acrediten la respuesta. (Acto administrativo de nombramiento, acta de posesión, manual de funciones. En caso de ser contratista, copia del respectivo contrato). 11. PRUEBAS OBTENIDAS EN ETAPA DE JUZGAMIENTO Mediante correo electrónico del 17 de octubre de 2025, el secretario general y de gobierno del municipio de Concepción emite respuesta al requerimiento efectuado en los siguientes términos: Al punto 1. Que para el mes de enero y febrero de 2021, el despacho de la administración municipal estaba asignado el correo institucional gobierno@concepcion-santander.gov.co; era la secretaría general y de gobierno. Al punto 1. Que para el mes de enero y febrero de 2021, el despacho de la administración municipal estaba asignado el correo institucional gobierno@concepcion-santander.gov.co; era la secretaría general y de gobierno. Al punto 2. Que para el mes de enero y febrero de 2021, la persona encargada del manejo del correo institucional gobierno@concepcion- santander.gov.co; era el secretario general y de gobierno con el apoyo en la gestión de LEIDY KATHERINE CACERES PEREZ, mediante el contrato de prestación de servicios 012-2021. Al punto 3. Adicional a la respuesta emitida y enviada el 12 de febrero de 2021 al derecho de petición elevado por el ciudadano VVV el 4 de enero de 2021, se remitió al correo de la personería municipal de concepción y al de notificaciones judiciales. Al punto 4. Se observa que el correo no se remitió a nuevos correos. Al punto 5. Para el año 2021 el señor MAURICIO ALBERTO FRANCO HERNÁNDEZ tenia vinculo contractual con el municipio de Concepción a través del contrato de prestación de servicios No. 026-2021, 048-2021 y 109-2021. Al punto 6. Para el mes de enero y febrero de 2021, la persona encargada del manejo del correo institucional gobierno@concepcion-santander.gov.co; era el secretario general y de gobierno con el apoyo en la gestión de LEIDY KATHERINE CACERES PEREZ, mediante el contrato de prestación de servicios 012-2021. 12. TRASLADO PARA ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante Auto del 22 de enero de 2026[43], el Despacho dispuso correr traslado del expediente a los sujetos procesales con el fin de que presentaran alegatos de conclusión. Esta decisión le fue notificada a los sujetos procesales a través de Estado conforme lo dispone el artículo 125 del CGD, el cual fue fijado en la cartelera de la secretaría de esta Provincial de Juzgamiento el 23 de enero de 2026 a las 8:00 a.m. y desfijado el 23 de enero de 2026 a las 5:00 p.m.[44]. 13. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN El 9 de febrero de 2026[45], estando dentro del término de traslado, el abogado CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.480.582 y Tarjeta Profesional No. 404014 del C. S. de la J, actuando como apoderado de confianza de los sujetos procesales presentó alegatos de conclusión. IV. CONSIDERACIONES GENERALES DEL DESPACHO 1. ANÁLISIS DE LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA El Despacho considera que en esta instancia no se configura causal de nulidad alguna que invalide lo actuado y, por lo tanto, se procede a emitir el fallo de primera instancia, en relación con la responsabilidad disciplinaria que se le ha endilgado provisionalmente a XXX y YYY, en su condición de disciplinables. Revisada la actuación procesal se observa que en su desarrollo se han respetado y atendido las garantías del debido proceso y contradicción que le asisten a los sujetos procesales, que las decisiones emitidas han sido proferidas por el funcionario competente para cada una de las etapas que se han desarrollado, que las mismas han sido debidamente comunicadas y notificadas conforme las ritualidades propias del proceso disciplinario, dejando constancia en el expediente de la comunicación en físico o vía correo electrónico, teniendo la oportunidad de interponer recursos procedentes conforme a la ley. Así mismo se practicaron las pruebas que fueron decretadas en el curso del proceso disciplinario. Del mismo modo, los investigados tuvieron la oportunidad de obtener copia física y/o magnética de la actuación, al igual que de presentar descargos y alegatos de conclusión, argumentos que han sido estudiados y atendidos por este Despacho. Así las cosas, no existiendo vicio alguno de nulidad o transgresión de las garantías procesales y defensa del disciplinado, se procederá a definir lo que corresponda a la luz de la normatividad vigente y aplicable al caso bajo estudio. 2. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA Previo a discernir si existe mérito para endilgar responsabilidad a los disciplinados, se considera importante citra alguna apreciaciones respecto del derecho disciplinario en los términos señalados por la Corte Constitucional[46], el cual comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a cargo de aquél. En términos generales, la responsabilidad en materia disciplinaria se edifica sobre la [pic]base del respeto hacia las formas propias de cada juicio, aspecto consagrado en el artículo 29 de Constitución Política y, según el cual, para atribuir responsabilidad se requiere que su conducta haya sido previamente definida por el legislador como falta (tipicidad), que haya afectado el deber funcional sin justificación alguna (ilicitud sustancial), y que se demuestre que la actuación se ha realizado con dolo o culpa (culpabilidad)[pic] Conforme a lo previsto en Ley 1952 de 2019, toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario debe fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso, bien por petición de parte o en forma oficiosa, debiendo resaltarse que conforme al estatuto disciplinario la carga de la prueba corresponde al Estado[47]. Aunado a lo anterior, siguiendo el principio de lo que doctrina ha denominado como de investigación integral, en el artículo 148 ibidem se señala que el funcionario buscará la verdad real, que para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad, pudiendo para ello, decretar pruebas de oficio. 3. COMPETENCIA DISCIPLINARIA PARA EL JUZGAMIENTO DISCIPLINARIO, TRATÁNDOSE DE UN SERVIDOR DE ELECCIÓN POPULAR. La facultad de dar inicio a la investigación y juzgamiento disciplinario tiene origen en la Constitución Política Colombiana, cuando indica que, el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá como función, entre otras, "ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley[48] (subrayado fuera de texto). ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley[48] (subrayado fuera de texto). En ese sentido, el desarrollo que de la citada norma constitucional ha hecho el legislador no ha excluido a los funcionarios de elección popular como posibles sujetos procesales de la actuación disciplinaria, por lo cual, dentro del ordenamiento jurídico interno no existe limitante alguna para vigilar la conducta oficial de los citados servidores públicos, para adelantar investigaciones en su contra y, si hay lugar a ello, para imponerles las sanciones correspondientes. También, frente a la competencia de la Procuraduría General de la Nación para adelantar la acción disciplinaria e imponer sanciones contra los funcionarios de elección popular, el Consejo de Estado en sentencia proferida el día 9 de agosto de 2016, dentro del radicado número 11001032500020110031600, radicado interno 1210-11 se pronunció en los siguientes términos: “(…) La Corte Constitucional en sentencia C-028 de 26 de enero de 2006 con ponencia del Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, analizó la constitucionalidad de varias normas de la Ley 734 de 2002, En dicha sentencia consideró que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se opone a que el legislador regule sanciones disciplinarias que impliquen suspensión temporal o definitiva del derecho de acceso a cargos públicos. Entre otros argumentos, hilvanó el siguiente: Entre otros argumentos, hilvanó el siguiente: “(...) El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se opone realmente a que los legisladores internos establezcan sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión temporal o definitiva del derecho de acceso a cargos públicos, con miras a combatir el fenómeno de la corrupción. En igual sentido, la Constitución de 1991, tal y como lo ha considerado la Corte en diversos pronunciamientos, tampoco se opone a la existencia de dichas sanciones disciplinarias, incluso de carácter permanente, pero bajo el entendido de que dicha sanción de inhabilidad se aplique exclusivamente cuando la falta consista en la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado. En suma, contrario a lo sostenido por los demandantes, la facultad que fe otorgó el legislador a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias temporales o permanentes que impliquen restricción del derecho de acceso a cargos públicos, no se opone al artículo 93 constitucional ni tampoco al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. (…)”. En pronunciamiento emitido dentro del expediente 14503, en el que se estudió la constitucionalidad de las facultades jurisdiccionales que la Ley 2094 de 2021 le asignó a la Procuraduría General de la Nación, mediante comunicado de prensa del 6 de febrero de 2023 la Corte Constitucional señaló el alcance de la sentencia C-030-23, de la siguiente manera: “(…) 2. Decisión “(…) 2. Decisión Primero. Declarar la INEXEQUIBILIDAD de las expresiones "jurisdiccionales" y 'jurisdiccional" contenidas en los artículos 1, 54, 73 y 74 de la Ley 2094 de 2021 (que modificaron los artículos 2, 238A 265 de la Ley 1952 de 2019) y de la expresión "ejecutoriadas contenida en el artículo 54 de la Ley 2094 de 2021. Segundo. Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 1 de la Ley 2094 de 2021 (que modificó el art. 2 de la Ley 1952 de 2019), en el entendido de que la determinación de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular corresponderá al juez contencioso administrativo, conforme lo establece el inciso cuarto de esta misma norma. Tercero. Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de los artículos 13, 16 y 17 de la Ley 2094 de 2021, en el entendido de que las funciones disciplinarias que ejerce la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa y no jurisdiccional. Cuarto. Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 54 de la Ley 2094 de 2021, en el entendido de que el recurso extraordinario de revisión operará solamente cuando se impongan sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular, por ministerio de la ley, de manera automática e inmediata. En todo caso el disciplinado podrá ejercer todas las actividades procesales que estime pertinentes a su defensa propias del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Las sanciones impuestas a los funcionarios de elección popular se suspenderán en su ejecución durante el trámite judicial de revisión, el cual finiquitó con una sentencia que determinará de manera definitiva la sanción aplicable. Quinto. Exhortar al Congreso de la República para que adopte un estatuto de los servidores públicos de elección popular, incluido un régimen disciplinario especial, que materialice los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de protección y garantía de los derechos políticos y electorales”. Sobre este punto, es necesario traer a colación el análisis efectuado por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en decisión proferida el pasado 11 de abril de 2024, dentro del proceso con radicación interna IUC-D- IUC-D-2015-100-677440: “La Constitución Política, en el artículo 277, numeral 6, otorga a la Procuraduría General de la Nación la función de: [6]. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular, ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. Dicha función se desarrolla en la Ley 1952 de 2019[49], modificada por la Ley 2094 de 2021[50], que integran el Código General Disciplinario, vigentes desde el 29 de marzo del 2022. El artículo 1º de la Ley 2094 de 2021, señala: [S]e le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales[51] para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas; inclusive los de elección popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley. Como lo determinó el legislador, a la Procuraduría General de la Nación se le han reconocido funciones para investigar, juzgar y sancionar, si a ello hubiere lugar, a servidores públicos de elección popular, por hechos de naturaleza disciplinaria y, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Constitucional, en la sentencia C-030 de 2023, tal función es de naturaleza administrativa. De manera concreta, y ante los cambios normativos incorporados por el legislador al régimen disciplinario colombiano con la Ley 2094 de 2021, para adecuar el ordenamiento interno a lo dispuesto por la sentencia de la Corte IDH del 8 de julio de 2020, correspondió a la Corte Constitucional pronunciarse frente a la competencia de la Procuraduría General de la Nación, en particular, para investigar, juzgar y sancionar servidores públicos de elección popular. En la referida sentencia C-030 de 2023, la Corte Constitucional fijó una regla jurisprudencial que marca el lineamiento de la decisión, «la imposición de sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular requerirá la intervención de un juez», ahora bien, dicha reserva judicial sólo opera para servidores públicos que se encuentren en ejercicio del cargo, así lo refirió: 279. En suma, la Sala precisa la regla jurisprudencial derivada de una interpretación armónica y dialógica del artículo 23.2. de la CADH en el marco del bloque de constitucionalidad: esta corresponde a que la restricción o limitación temporal del derecho a ser elegido de un servidor de elección popular, en ejercicio de sus funciones, tiene reserva judicial y solo puede ser impuesta de manera definitiva por un juez de la República de cualquier especialidad, con las excepciones constitucionales expuestas previamente. Esta regla jurisprudencial guiará el análisis constitucional de la medida acusada. Esta regla jurisprudencial guiará el análisis constitucional de la medida acusada. En este orden de ideas, desde la lectura constitucional autorizada por la Corte Constitucional, armonizada con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH, la Procuraduría General de la Nación es competente para investigar, juzgar y sancionar a los servidores públicos de elección popular, bajo un condicionamiento, cual es que las decisiones sancionatorias de destitución, suspensión e inhabilidad, que implican las restricción de derechos políticos, frente a servidores que se encuentran ejerciendo el cargo, no pueden quedar ejecutoriadas ni ser ejecutables, por lo tanto quedan suspendidas, hasta que su determinación final se define por medio de sentencia que expida el juez contencioso administrativo. Precisó la Corte Constitucional: 374. Lo anterior configura el remedio constitucional que armoniza y materializa los principios en tensión y evita un vacío regulatorio o una situación de incumplimiento de los estándares de la Carta. En concreto, evita poner en riesgo intereses superiores relacionados con la eficiencia y transparencia de la función pública y, ante todo, busca no debilitar la acción del Estado en cuanto a la lucha contra la corrupción, ordenada por la Constitución y tratados internacionales.”  En pronunciamiento reciente, la Corte Constitucional el 4 de octubre de 2024, en Sentencia SU-417/24 M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar Expediente T- 10.116.823, expuso: Jorge Enrique Ibáñez Najar Expediente T- 10.116.823, expuso: “La Corte dejó sin efectos la decisión del Consejo de Estado que anuló la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general impuesta por la Procuraduría General de la Nación en el año 2014 al entonces alcalde Duber Fabio Trujillo Medina. Reiteró su precedente sobre la competencia de dicho ente de control para disciplinar a los servidores públicos de elección popular, contenido en las sentencias SU-381 y SU- 382 de 2024, y destacó el carácter vinculante de sus pronunciamientos de constitucionalidad. Superado lo anterior, la Sala analizó el fondo del asunto. Para ello consideró, de una parte, los defectos específicos que señaló la Procuraduría y de otra, cuál era el estado de la cuestión en la época en la que se tomaron las decisiones disciplinarias. A modo de contexto, se revisó lo correspondiente a las decisiones que había tomado esta Corporación en torno a las competencias de la Procuraduría, en relación con lo previsto en el artículo 23.2 de la CADH y a las interpretaciones que sobre este enunciado había hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH). Con estos elementos, la Sala se ocupó del caso concreto. Comenzó por reiterar su precedente contenido en las Sentencias SU-381 y SU-382 de 2024, en las cuales se resolvieron casos análogos. Conforme a dicho precedente, la Sala concluyó que, para la época en que se adoptaron las decisiones disciplinarias, la Procuraduría General de la Nación sí era competente para imponer las sanciones de destitución e inhabilidad de servidores públicos de elección popular; que dicha competencia había sido declarada como compatible con la CADH por esta Corporación, en varias sentencias con efectos erga omnes, que hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional; y, que tal competencia no se oponía a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por esta razón, la Sala encontró que en este caso la Subsección B del Consejo de Estado, al desconocer la competencia del ente de control incurrió en el defecto de violación directa de la Constitución; al no tener en cuenta que dicha competencia había sido declarada exequible, luego de juzgar su compatibilidad con la Constitución y con la CADH, incurrió en un defecto sustantivo; y, al pasar por alto el precedente fijado por esta Corporación en sentencias de unificación de tutela, incurrió también en desconocimiento del precedente.” De acuerdo con lo antes expuesto y del análisis de los hechos materia de la presente acción disciplinaria, se colige que la competencia de la Procuraduría General de la Nación, aunque se trate de un servidor público de elección popular, se encuentra ratificada porque se enmarca en sus facultades constitucionales y legales, las cuales también se encuentran respaldadas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. V. CONSIDERACIONES GENERALES A DESARROLLAR V. CONSIDERACIONES GENERALES A DESARROLLAR Para dilucidar el asunto materia de investigación, se efectuará el respectivo análisis que permita determinar si existe o no responsabilidad disciplinaria de los aquí investigados abordando los siguientes temas: i) El cargo formulado a cada uno de los investigados, junto a las normas violadas, concepto de violación, ilicitud sustancial, tipicidad y culpabilidad; ii) se analizarán y efectuarán las consideraciones respecto de las pruebas recaudadas en el proceso disciplinario, descargos y alegatos de conclusión, estableciendo la existencia o no de la conducta, lo cual nos llevará a realizar el, iii) análisis de los elementos estructurantes de la falta disciplinaria, como tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad si a ello hay lugar, para finalmente adoptar la decisión correspondiente. Desarrollo: 1. CARGO ÚNICO FORMULADO A XXX. «El señor XXX, en su condición de Alcalde Municipal de Concepción, presuntamente no suministró respuesta oportuna a la petición instaurada por VVV, fechado el 2 de enero de 2021, que fue enviado al correo oficial de esa administración contactenos@concepcionsantander.qov.co y radicado físicamente en la administración municipal el 4 de enero del mismo año, comportamiento con el cual pudo incurrir en falta disciplinaria». ➢ Dentro de las normas violadas se indicaron: «El artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, vigente para la fecha de los hechos que a la letra dice: ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Del itinerario probatorio recaudado se advierte que, el investigado XXX, en su condición de Alcalde del Municipio de Concepción (Santander), al parecer desconoció el mandado contenido en la norma citada, omitiendo dar respuesta oportuna a la solicitud impetrada por el señor DANIL ROMÁN VELANDIA ROJAS». ➢ En la adecuación típica de la presunta conducta de los investigados señaló: «El presunto comportamiento irregular que se endilga al investigado JOSÉ ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA, en su condición de Alcalde del Municipio de Concepción (Santander), para la época de los hechos, da fe de una falta que se perpetuó en el tiempo, teniendo como fecha de inicio 2 de enero de 2021, momento de la presentación del derecho de petición del señor DANIL ROMÁN VELANDIA ROJAS, la cual no fue respondida por la administración pues como se ha dicho, se envió a una cuenta diferente a la del titular del interesado. Conforme lo anterior entonces, de demostrarse tal actuar, el disciplinado pudo haber incurrido en la prohibición contenida en el numeral 8 artículo 39 de la ley 1952 de 2019 (Antes numeral 8 artículo 35 de la ley 734 de 2002), norma que en su tenor literal prevé: ARTÍCULO 39. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 8. Omitir retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares. Descendiendo al caso de autos, se tiene que el disciplinado XXX, actuando como Alcalde del Municipio de Concepción (Santander), al no dar respuesta a la petición instaurada por VVV. Deberá advertirse que el derecho de. petición en comento fue enviado a la cuenta de correo institucional de la alcaldía de Concepción contactenos@concepcion-santander.gov.co; el día 2 de enero de 2021 y radicada en ventanilla física el 4 del mismo mes y año, sin que la administración hubiese respondido. Se tiene que, si bien el municipio emitió el 12 de febrero de 2021 respuesta al [pic]pedimento, tal pronunciamiento no fue enviado a la dirección electrónica del peticionario». ➢ Sobre el concepto de violación sostuvo entre otras cosas: «Según las pruebas recaudadas en el proceso, el investigado, XXX, presuntamente incurrió en la prohibición prevista en el numeral 8 artículo 39 de la ley 1952 de 2019 (Antes numeral 8 artículo 35 de la ley 734 de 2002) que se materializó al omitir el derecho de petición del 2 de enero de 2021, desconociendo lo previsto en el artículo 14 de la ley 1755 de 2015, que fija los términos para responder a dichas solicitudes. Se recuerda que el derecho de petición en un derecho fundamental que tiene la ciudadanía, para obtener pronta respuesta a los requerimientos que eleven ante las autoridades. Se recuerda que el derecho de petición en un derecho fundamental que tiene la ciudadanía, para obtener pronta respuesta a los requerimientos que eleven ante las autoridades. En el caso que ocupa, el Despacho puede inferir que la conducta desplegada por XXX es presuntamente irregular, pues al parecer se abstuvo de dar respuesta a una petición que el señor VVV. Es evidente que la administración proyectó respuesta al requerimiento, pero de ese pronunciamiento nunca se enteró el ciudadano petente, pues no fue enviado a la dirección electrónica que registró con tal fin. Se recuerda que la Corte Constitucional ha indicado que la obligación de la entidad, en este caso representada por el alcalde de Concepción, aquí investigado, XXX, no terminaba con la elaboración de un documento en el que absolvía lo pedido por el ciudadano, requería, que ese ciudadano conociera la misma. En sentencia T-149 de 2013 ese alto tribunal señaló: "La garantía real al derecho de petición radica en cabeza de la administración una responsabilidad especial, sujeta a cada uno de los elementos que informan su núcleo esencial. La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es necesario además que dicha solución se ponga en conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como real, una contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información (...) Sobre la obligación y el carácter de la notificación, debe precisarse en primer lugar: que esta debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante. que esta debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante. Esta característica esencial, implica además que la responsabilidad de la notificación se encuentra en cabeza de la administración, esto es, que el ente al cual se dirige el derecho de petición está en la obligación de velar porque la forma en que se surta aquella sea cierta y seria de tal manera que logre siempre una constancia de ello». ➢ En cuanto a la ilicitud del comportamiento indicó: « Según lo establecía el artículo 5 de la Ley 734 de 2002, hoy artículo 9 de la ley 1952 de 2019 (modificado por el artículo 2 de la Ley 2094 de 2021), al desarrollar el principio de ilicitud sustancial, para que se estructure la falta disciplinaria, además de la adecuación del comportamiento del sujeto en un tipo disciplinario, se requiere que su deber funcional se afecte de manera sustancial y sin justificación alguna por desconocimiento de la garantía de la función pública y los principios que la gobiernan. El deber funcional que le asistía al doctor, XXX, Alcalde Municipal de la Concepción de Santander, era atender los derechos de petición que se conocieran en su despacho de acuerdo a lo previsto en la Constitución y la ley. En este caso, la norma sustancial que reglamenta el derecho de petición corresponde al artículo 14 la Ley 1755 de 2015, que dispone que la entidad deberá responder a las peticiones en los quince (15) días siguientes a su recibo. De conformidad a lo anterior, este Despacho le señala al señor XXX, que pudo haber infringido los principios de celeridad, eficacia y responsabilidad, previstos en el artículo 209 de la Constitución Política y artículo 22 de la Ley 734 de 2002, que señalan: Constitución Política: Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el [pic]adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. Articulo 22 Ley 732 de 2002: hoy artículo 23 de la ley 1952 de 2019 ARTÍCULO 23. Garantía de la función pública. Con el fin de salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, [pic] eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, [pic] cargo o función, el sujeto disciplinable. ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y acatará el régimen de inhabilidades, incompatibles, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las Leyes. La norma disciplinaria en cita demanda de los servidores públicos, el abstenerse de incurrir en las prohibiciones señaladas en la ley. De igual manera el artículo 6° de la Constitución Política señala que los servidores públicos deben responder ante las autoridades, tanto por la violación de la Constitución Política y la Ley como por las omisiones o la extralimitación en el ejercicio de funciones que les sean imputables; fundamento de responsabilidad que se articula con las relaciones especiales de sujeción surgidas entre el Estado y el servidor público o el particular que cumpla funciones públicas, las cuales están orientadas a la consecución o materialización de los fines del Estado. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el artículo 30 define estos principios en los siguientes términos: 7). En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las- leyes y los reglamentos. 7). En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las- leyes y los reglamentos. 11). Las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, quitarán obstáculos formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, según este Código, las irregularidades procedimentales presentadas, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 13). Según el principio de celeridad, las autoridades impulsarán los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para que los procedimientos se adelanten con diligencia, en términos legales y sin dilaciones injustificadas. La conducta desplegada por el investigado es objeto de reproche, pues trasgrede los principios de responsabilidad, eficacia y celeridad en el entendido que omitió su deber funcional de responder dentro del término de quince (15) días el derecho de petición del 2 de enero de 2021 y radicado en ventanilla el 4 del mismo mes y año elevado por la VVV, pues como se indicó en el acápite anterior, si bien el investigado redactó de una respuesta al ciudadano, este nunca la recibió, enviándose a un buzón electrónico errado, impidiendo con ello la garantiza real de ese derecho, pues el solicitante no conoció la respuesta brindada por la administración. Ahora bien, no se trata soto del desconocimiento de los deberes funcionales del implicado, sino que su conducta como autoridad administrativa, exige mayor celeridad y eficacia, máxime si la información se requiere para que un ciudadano realice control social sobre la gestión pública. Decir que el investigado advierte de un error involuntario en la digitación del correo electrónico, lo cual no es imputable a él porque los alcaldes no deben enviar correos. Sin embargo, como se señaló anteriormente, se está en presencia de un derecho fundamental, constitucionalmente consagrado, y sobre el que se ha dicho que "la notificación se encuentra en cabeza de la administración, esto es que el ente al cual se dirige el derecho de petición está en la obligación de velar porque la forma en que se surta aquella sea cierta y seria. Bajo el presente contexto, el señor XXX, en su condición de Alcalde Municipal de la Concepción Santander, con su actuar afectó sustancialmente el deber funcional que le asistía como servidor público, por cuanto no dio efectiva respuesta al derecho de petición incoado, en contravía de los principios que gobiernan la función pública». ➢ Sobre el aspecto objetivo en el pliego se indicó: «No se puede desconocer que, se estima como falta que da lugar a la acción e imposición de la sanción disciplinaría, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en la ley que implique la inobservancia de los deberes, la trasgresión de las prohibiciones, la extralimitación de los derechos y funciones, la incursión en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses, o la adecuación de la conducta, tal como lo señala el artículo 67 de la ley 1952 de 2019, pues la ley señala como prohibición en el no dar respuesta a las peticiones de los particulares. En el proceso que nos convoca, se está frente a la realización objetiva de un comportamiento, que se subsume en la trasgresión de una prohibición contenido en el numeral 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, hoy numeral 8 artículo 39 de la ley 1952 de 2019. (…) (…) Este Despacho califica la falta en su aspecto objetivo como GRAVE, con fundamento en los criterios señalados en el artículo 67 citado, toda vez que debe tenerse en cuenta la jerarquía y mando que tenía el servidor público al ostentar el cargo de Alcalde municipal, pues por ser la máxima autoridad de la entidad, debe dar buen ejemplo y acatar las leyes”. ➢ En lo referido al aspecto subjetivo ha señalado el pliego de cargos: «En cuanto al acervo probatorio arrimado al plenario, se determinó que al parecer el comportamiento del investigado XXX, se subsume el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, hoy artículo 10 de la ley 1952 de 2019, en el que se indica que las faltas disciplinarias son sancionables a título de dolo o culpa, dado que se encuentra proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. El parágrafo del artículo 44 de la ley 734 de 2002 hoy art. 29 de la ley 1952 de 2019 señala lo siguiente: «La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones" que se configura al omitir verificar que la respuesta dada a la petición se hubiera enviado al correo correspondiente o en su defecto haber delegado dicho control en una secretaria de despacho para que hiciera lo propio. O hubiese habilitado dentro del correo electrónico institucional la opción confirmar recibido y confirmar lectura. En las circunstancias en que se dio el acontecer histórico objeto de análisis en estas diligencias, cualquier persona que dirige cualquier empresa, más si es una entidad pública no se conforma solamente con realizar un documento que contiene una respuesta, sino que está atenta a que los destinatarios reciban la información requerida, máxime como en este caso estamos frente a un derecho fundamental y constitucional como es el de la petición. Luego, en este momento procesal, provisionalmente, se define y establece el aspecto subjetivo de la conducta desplegada por el Señor XXX, Alcalde Municipal del municipio de Concepción, Santander como culposa en la modalidad de CULPA GRAVE». 2. CARGO ÚNICO FORMULADO A YYY. «El señor YYY, en su condición de Secretario General y de Gobierno de la Alcaldía Municipal de Concepción, el día 12 de febrero de 2021, presuntamente envió a un destinatario diferente del señor DANIL ROMÁN VELANDIA, la respuesta suministrada por la alcaldía a un derecho de petición, impidiendo con ello, que de manera efectiva se diera respuesta a la petición suministrada. Comportamiento con el cual pudo incurrir en falta disciplinaria. ➢ Dentro de las normas violadas se indicaron: «Ley 734 de 2002 Adecuándose la conducta en el tipo disciplinario descrito en el numeral 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 (vigente para la fecha de los hechos), Hoy numeral 8 artículo 39 de la ley 1952 de 2019, que en su tenor literal prevé: ARTÍCULO 39. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 8. Omitir (...) oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares (...) o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento. Del itinerario probatorio recaudado se advierte que, el investigado YYY, en su condición de Secretario General y de Gobierno de la Alcaldía de Concepción (Santander), al parecer viola la norma citada, al enviar la respuesta a destinatario diferente a la del peticionario VVVpresuntamente generado con que un derecho fundamental fuera desatendida en el tiempo, pues fue enviada a una dirección electrónica que no correspondía, incurriendo al parecer en la prohibición descrito en el numeral 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, hoy numeral 8 artículo 39 de la ley 1952 de 2019, arriba señalada». ➢ En la adecuación típica de la presunta conducta de los investigados señaló: «El presunto comportamiento irregular que se endilga al investigado YYY, en su condición de Secretario General y de Gobierno de la Alcaldía de Concepción (Santander), para la época de los hechos 12 de febrero de 2021, Teniendo en cuenta que la falta es instantánea se citan la ley 734 de 2002 y la ley 1952 de 2019, por ende el comportamiento, se encuadra al parecer en la siguiente prohibición, consagrada en el numeral 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, (Hoy numeral 8 artículo 39 de la ley 1952 de 2019 ) que en su tenor literal prevé. Conforme lo anterior entonces, de demostrarse tal actuar, el disciplinado pudo haber incurrido en la prohibición contenida en el numeral 8 artículo 39 de la ley 1952 de 2019 (Antes numeral 8 artículo 35 de la ley 734 de 2002), norma que en su tenor literal prevé: ARTÍCULO 39. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 9. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de a aquel a quien corresponda su conocimiento. Subrayado fuera de texto. Descendiendo al caso de autos, se tiene que el disciplinado YYY, actuando como Secretario General y de Gobierno de la Alcaldía de Concepción (Santander), al enviar la respuesta el día 12 de febrero de 2021 al derecho de petición a un destinatario diferente de la cuenta de correo que correspondía a la del señor DANIL ROMÁN VELANDIA, la cual que obra en la petición del día 2 de enero de 2021 y radicada en ventanilla física el 4 del mismo mes y año, impidió que se suministrada respuesta a la petición, comportamiento con el cual al parecer puede hacerlo incurso en comisión de una FALTA GRAVE de acuerdo con los criterios descriptivos señalados en el numeral 3 del artículo 43 de la ley 734 de 2002, hoy numeral 3 del artículo 47 de la ley 1952 de 2019». ➢ Sobre el concepto de violación sostuvo entre otras cosas: «Según las pruebas recaudadas en el proceso, el investigado, YYY, presuntamente incurrió en la prohibición prevista en el numeral 8 artículo 35 de la ley 734 de 2002, hoy numeral 8 artículo 39 de la Ley 1952 de 2019, que se configura cuando el 12 de febrero de 2021, remitió la respuesta de un derecho de petición a un correo equivoco, incurriendo en la prohibición señalada impidiendo que se diera la respuesta efectiva a un derecho de petición que tiene la ciudadanía. En el caso que ocupa, el Despacho puede inferir que la conducta desplegada por YYY es presuntamente irregular, cuando el 12 de febrero de 2021, envió al peticionario ROMÁN VELANDIA, el documento realizado parte de la administración municipal, a la dirección danifluna25@hotmail.com que no correspondía al petente, puesto que la cuenta de correo correcta era daniluna25@hotmail.com. La Corte Constitucional en sentencia T-149 de 2013 ese alto tribunal señaló: "La garantía real al derecho de petición radica en cabeza de la administración una responsabilidad especial, sujeta a cada uno de los elementos que informan su núcleo esencial. La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es necesario además que dicha solución (…) se ponga en conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como real, una contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información (...) Sobre la obligación y el carácter de la notificación, debe precisarse en primer lugar: que esta debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante. Esta característica esencial, implica además que la responsabilidad de la notificación se encuentra en cabeza de la administración, esto es, que el ente al cual se dirige el derecho de petición está en la obligación de velar porque la forma en que se surta aquella sea cierta y seria de tal manera que logre siempre una constancia de ello». ➢ En cuanto a la ilicitud del comportamiento indicó: ➢ En cuanto a la ilicitud del comportamiento indicó: « Según lo establecía el artículo 5 de la Ley 734 de 2002, hoy artículo 9 de la ley 1952 de 2019 (modificado por el artículo 2 de la Ley 2094 de 2021), al desarrollar el principio de ilicitud sustancial, para que se estructure la falta disciplinaria, además de la adecuación del comportamiento del sujeto en un tipo disciplinario, se requiere que su deber funcional se afecte de manera sustancial y sin justificación alguna por desconocimiento de la garantía de la función pública y los principios que la gobiernan. Abstenerse de incurrir en una prohibición es lo que se le cuestiona al doctor, YYY, Secretario General y de Gobierno del Municipio de Concepción de Santander, pues cuando no envió a la dirección correcta la respuesta a una solicitud, impidió garantizar que un derecho constitucional como es el de petición se materializara, debió ejercer sus funciones correctamente de acuerdo a lo previsto en la Constitución y la ley. La eficiencia en el cargo era constatar como mínimo que el destinatario a quien estaba adjuntando las respuestas fuera el que correspondía. De conformidad a lo anterior, este Despacho le señala al señor XXX, que pudo haber infringido los principios de celeridad, eficacia y responsabilidad, previstos en el artículo 209 de la Constitución Política y artículo 22 de la Ley 734 de 2002, que señalan: Constitución Política: Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el [pic]adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. Articulo 22 Ley 732 de 2002: hoy artículo 23 de la ley 1952 de 2019 ARTÍCULO 23. Garantía de la función pública. Con el fin de salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, [pic] eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, [pic] cargo o función, el sujeto disciplinable. ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y acatará el régimen de inhabilidades, incompatibles, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las Leyes. La norma disciplinaria en cita demanda de los servidores públicos, el abstenerse de incurrir en las prohibiciones señaladas en la ley. De igual manera el artículo 6° de la Constitución Política señala que los servidores públicos deben responder ante las autoridades, tanto por la violación de la Constitución Política y la Ley como por las omisiones o la extralimitación en el ejercicio de funciones que les sean imputables; fundamento de responsabilidad que se articula con las relaciones especiales de sujeción surgidas entre el Estado y el servidor público o el particular que cumpla funciones públicas, las cuales están orientadas a la consecución o materialización de los fines del Estado. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el artículo 30 define estos principios en los siguientes términos: 7). En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las- leyes y los reglamentos. 7). En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus