Concepto (misional) CONCEPTO 136 DE 2026 de 2026 — El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por el ministerio de defensa nacional contra la sentencia de marzo de 2025 proferida por el tribunal de casanare, sí está llamado

RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA-Solicitó la revocatoria de la sentencia recurrida y la aplicación de las reglas de unificación contenida en la Sentencia de Unificación proferida por el Consejo de Estado el 29 de enero de 2020 dentro del radicado 61.033. …. en el que el Ministerio de Defensa sostuvo que la sentencia del Tribunal Administrativo del Casanare desconoció las reglas jurisprudenciales unificadas por el Consejo de Estado sobre la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de crímenes de lesa humanidad y de guerra, fijadas en la Sentencia de Unificación de 29 de enero de 2020, dentro del radicado interno 61.033. Para sustentar su inconformidad, la entidad señaló que la muerte de xxxxx ocurrió el 7 de diciembre de 2006 en desarrollo de la Misión Táctica Antiextorsión N° 160 “Habano”, y que desde el 8 de diciembre de 2006 los familiares conocieron tanto el fallecimiento de la víctima como la participación del Ejército Nacional, pues así constaba en las diligencias de levantamiento del cadáver, en la necropsia y en las actuaciones adelantadas para la entrega del cuerpo… CADUCIDAD DE LA ACCION-En Colombia es una garantía para la seguridad jurídica y el interés general, que tiene como objeto central sancionar la negligencia y el descuido de quien no reclama a tiempo la intervención de la jurisdicción. …El Consejo de Estado precisó que “[l]a caducidad constituye un presupuesto procesal de orden público que limita temporalmente el ejercicio del derecho de acción. Esta figura restringe la facultad de acudir ante la jurisdicción para la protección de un interés jurídicamente tutelado… PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL-La Corte Constitucional en Sentencia SU-439 de 2024 precisó que: la acción penal es imprescriptible frente a delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. la acción penal es imprescriptible frente a delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. ….cuando existe un sujeto individualizado y formalmente vinculado a un proceso por dichas conductas, respecto a éste comienza a contabilizarse el término de extinción de la acción, debido a que no tiene justificación que las personas queden sujetas a un proceso indefinidamente por la inoperancia de las autoridades, más aún cuando en el curso del mismo pueden ser privadas de su libertad o de otras prerrogativas fundamentales… CONCEPTOS-El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por el Ministerio de Defensa Nacional contra la Sentencia de marzo de 2025 proferida por el Tribunal de Casanare, sí está llamado a prosperar, por tanto, se solicita revocar la Sentencia aludida y en su lugar declarar la caducidad de la acción …La acción estaba caducada para cuando se interpuso, pues, los demandantes tenían conocimiento de la posibilidad de imputarle los hechos al GAULA del Ejército Nacional desde diciembre de 2006 y la demanda se interpuso 9 años después… CONCEPTO N° XXX/2026 Bogotá, D. C., XX de julio de 2026 Señores CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejero Ponente, doctor WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ S. D. Ref: Proceso: 11001-03-26-000-2025-00097-00 (73.226) Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia Actor: xxxx y otros D. Ref: Proceso: 11001-03-26-000-2025-00097-00 (73.226) Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia Actor: xxxx y otros El Ministerio Público presenta concepto en el expediente de la referencia. En esta oportunidad, solicita declarar fundado el recurso interpuesto y por ende revocar la Sentencia del 27 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, debido a la errónea interpretación que hizo el ad quem de la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado dentro del expediente 61.033. Para este propósito suplica que sean tenidos en cuenta los argumentos que se exponen a continuación. ANTECEDENTES 1.1. DEMANDA La demanda que dio origen a proceso de reparación directa fue presentada el 25 de noviembre de 2015 por los familiares de la víctima directa xxxxx, contra la Nación–Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, con el propósito de obtener la reparación de los perjuicios derivados de la muerte de xxxxxxx en cuantía de $ 3.519.094.826 millones de pesos, debido a los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2006 en el municipio de xxxxx, cuando el Ejército Nacional realizó una ejecución extrajudicial que hizo figurar como una baja en un operativo militar. Según el relato fáctico, el señor xxxx perteneció durante un período inferior a tres años a grupos paramilitares armados al margen de la ley. Con posterioridad, hacia el año 2005 se acogió a los programas estatales de desmovilización y reintegración a la vida civil. Para la época de los hechos, se desempeñaba como trabajador en la finca La xxxxx del municipio de xxxxx, departamento de xxxx. Para la época de los hechos, se desempeñaba como trabajador en la finca La xxxxx del municipio de xxxxx, departamento de xxxx. El 7 de diciembre de 2006 sostuvo una reunión con el entonces alcalde del municipio de Pore, cuyo objeto consistía en tratar asuntos relacionados con la articulación entre la administración municipal y un grupo de personas desmovilizadas al que pertenecía. Una vez concluida la reunión, se indica que el señor xxxx fue a tomar una bebida en un local del municipio y luego sus familiares perdieron todo contacto con él. Al día siguiente, la familia recibió una comunicación proveniente de la Funeraria xxxx de Yopal, mediante la cual se informó que el cuerpo sin vida del señor xxxx se encontraba en dicho establecimiento para efectos de reconocimiento. En razón de ello, los hermanos del fallecido, señores xxxx acudieron a la labor de reconocimiento e identificaron el cadáver de su hermano. Los demandantes señalan que de acuerdo con la información suministrada por el Ejército Nacional, se les dijo que el deceso del señor xxxx se produjo en el marco de un operativo militar. Sin embargo, el extremo activo de la litis sostuvo que su muerte obedeció a una actuación irregular atribuible a agentes estatales y no a las circunstancias oficialmente reportadas por la institución castrense. Por estos hechos se adelantó investigación ante el Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar de Yopal y luego, debido a un conflicto de competencia sugerido por la Procuraduría General de la Nación, el proceso se remitió a la Fiscalía General de Nación y allí fue instruido en la Unidad Nacional de Derechos Humanos del ente acusador con sede en Villavicencio a fin de esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del señor xxxxx. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA En Sentencia proferida el 2 de mayo de 2024 por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, se declaró no probada la caducidad de la acción y se accedió parcialmente a las pretensiones. El juez consideró que el asunto debía analizarse desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial del Estado por ejecuciones extrajudiciales al estimar que tales conductas constituyen crímenes de lesa humanidad. Para ello, efectuó un recuento de la evolución jurisprudencial sobre la caducidad del medio de control de reparación directa en estos eventos y concluyó que, si bien el término de dos años resulta exigible, este no opera cuando existen circunstancias que impiden materialmente el ejercicio oportuno del derecho de acción. En ese sentido el a quo manifestó que los demandantes tuvieron conocimiento de la muerte de xxxx uno o dos días después de ocurridos los hechos y que, para ese momento, únicamente conocieron la versión suministrada por el Ejército Nacional, según la cual, la víctima había fallecido debido al operativo militar adelantado dados los informes de inteligencia que revelaban que él realizaba actividades de extorsión en la zona. El Juez consideró que aunque los demandantes conocieron que el deceso se produjo en medio de un operativo militar, ellos inicialmente no tenían motivos para sospechar una actuación irregular cometida por parte de agentes estatales. El Juez consideró que aunque los demandantes conocieron que el deceso se produjo en medio de un operativo militar, ellos inicialmente no tenían motivos para sospechar una actuación irregular cometida por parte de agentes estatales. Indicó que solo a partir de las declaraciones rendidas el 13 de mayo de 2014 por xxxxx (compañera permanente del occiso) y xxxx (hermana del fallecido), se puso de presente que la familia tenía sospechas acerca de una posible participación irregular del Estado, pues en dichas versiones se planteó la hipótesis de que la muerte de la víctima pudo obedecer a una conducta impropia de miembros del Ejército Nacional y en consecuencia, concluyó que el término de caducidad debía computarse desde ese momento y que, por tanto, la demanda presentada el 13 de noviembre de 2015 fue oportuna. En cuanto al caso concreto, el juzgado encontró acreditado que la muerte del señor ocurrió en un contexto compatible con las denominadas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a integrantes del Ejército Nacional. Sostuvo que el material probatorio desvirtuaba la versión oficial según la cual la víctima había fallecido en un combate llevado a cabo en el desarrollo de la Misión Táctica Antiextorsión número 160 “Habana” como producto de un intercambio de disparos, pues halló evidencia que le permitió concluir la alteración de elementos de prueba y la construcción de una narrativa destinada a presentar el hecho como un resultado operacional legítimo. La providencia estimó demostrada la existencia del daño antijurídico y la falla del servicio, al señalar que miembros del Ejército Nacional incumplieron su deber constitucional de protección de la vida y, por el contrario, dieron muerte arbitrariamente al señor xxxxx con el propósito de reportarlo como una baja en combate y obtener beneficios institucionales derivados de tales resultados operacionales. El juzgado otorgó especial relevancia a las declaraciones y elementos recaudados dentro de la investigación penal adelantada en la Fiscalía General de la Nación, en particular respecto de las versiones rendidas por integrantes de la Fuerza Pública, S.P. xxxxx ante la Unidad de Derechos Humanos y DIH el 25 de noviembre de 2016, y por el S.P. xxxx, quienes en ampliación de diligencia de indagatoria confesaron que la víctima no participó en un enfrentamiento armado y que su muerte se enmarcó en la práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales, bajo el cumplimiento de las órdenes del Capitán xxxx. Con fundamento en esas consideraciones, declaró patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por la muerte de xxxxx y accedió al reconocimiento de perjuicios morales y materiales en favor de sus familiares. Igualmente, reconoció una indemnización a favor de la sucesión de la víctima por el sufrimiento padecido antes de su fallecimiento al estimar que no se trató de una muerte instantánea puesto que existieron actos previos relacionados con un trato inhumano y degradante. APELACIÓN Tanto el extremo activo, como el pasivo de la controversia presentaron recurso de apelación. APELACIÓN Tanto el extremo activo, como el pasivo de la controversia presentaron recurso de apelación. El Ejército Nacional reiteró la configuración de la caducidad del medio de control con fundamento en la Sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 (rad. 61.033). Sostuvo que los familiares de la víctima tuvieron conocimiento del fallecimiento de xxxxx y de la participación del Ejército Nacional desde el 8 de diciembre de 2006. No obstante, también indicó que si en gracia de discusión se pensara en otro momento relacionado con el conocimiento de los hechos, este tuvo lugar el 7 de mayo de 2008 cuando la madre de la víctima cuestionó ante la jurisdicción penal militar la versión oficial de los hechos y puso en duda la existencia de un enfrentamiento armado en tanto rechazó la versión que le dieron hacer del hecho según el cual, su hijo portaba armas. Así mismo, en la declaración que rindió ese día, dejó en claro que la trayectoria de los impactos de bala registrados en el cuerpo de su hijo, carecían de sentido puesto que los proyectiles ingresaron por la espalda del fallecido pero no salieron, lo que le hizo dudar acerca de la existencia de un combate armado. Con fundamento en lo anterior, alegó el desconocimiento del precedente de unificación, al considerar que el punto de partida para contabilizar el término de caducidad correspondía al conocimiento de la participación estatal en el hecho dañoso y no al momento en que los demandantes adquirieron certeza sobre la eventual irregularidad de la actuación administrativa. En su criterio, el término máximo para tener en cuenta la caducidad, debía contabilizarse desde mayo de 2008, por lo que la demanda presentada en el año 2015 resultaba extemporánea. A su juicio, la regla jurisprudencial exige únicamente el conocimiento de la intervención estatal en la causación del daño y la posibilidad de atribuirle responsabilidad patrimonial, y por lo tanto consideró que el juzgado otorgó un alcance subjetivo a las pruebas y desconoció que los demandantes contaron desde esa época con elementos suficientes para acudir de manera oportuna ante la jurisdicción contencioso-administrativa y no obstante, dejaron de hacerlo en el momento oportuno. De otra parte, cuestionó la declaratoria de responsabilidad porque a su juicio existió una indebida valoración probatoria ya que los testimonios de los soldados que manifestaron el hecho alusivo a la ejecución extrajudicial eran incoherentes, aunado a que los miembros Fuerzas Militares se encontraban en dicho sector en cumplimiento del deber legal de proveer a la población civil seguridad y en defensa de la soberanía del Estado. En ese sentido señaló que la operación militar se encontraba respaldada por informes de inteligencia y por las denuncias relacionadas con la presencia de grupos armados ilegales en la región y que por ende, la presencia de los militares en el lugar de los hechos tenía pleno soporte en la misión táctica que se encontraban realizando dados los informes de inteligencia que recibieron, documentos que fueron allegados como prueba trasladada al proceso contencioso administrativo y de los que se podía deducir que, pese al tiempo transcurrido desde los hechos, no se había formulado acusación penal contra los militares intervinientes, ni en la jurisdicción penal militar ni en la penal ordinaria, lo que a su juicio, mantenía incólume la presunción de inocencia de los uniformados. La entidad afirmó igualmente que la muerte de xxxxxx obedeció a su propia conducta, al señalar que este integraba un grupo dedicado a actividades extorsivas y que habría participado en el ataque armado contra las tropas. Con fundamento en informes de inteligencia y en la versión oficial del operativo, sostuvo que la actuación de los militares se enmarcó en un escenario de legítima defensa y que la conducta de la víctima constituyó la causa exclusiva y determinante del daño. De manera subsidiaria, solicitó modificar la condena por perjuicios materiales al considerar improcedente el incremento del veinticinco por ciento (25%) por concepto de prestaciones sociales, dada la ausencia de prueba sobre un vínculo laboral. También pidió que la liquidación se efectuara con base en el salario mínimo vigente para la época de los hechos, debidamente indexado y que el reconocimiento a favor de los hijos se limitara hasta la mayoría de edad, salvo prueba de dependencia económica posterior. Respecto de los perjuicios morales reconocidos a la víctima directa, afirmó que no existía prueba del sufrimiento padecido antes de su muerte, por lo que solicitó revocar dicha condena. Asimismo, se opuso a las medidas de reparación no pecuniarias ordenadas, al considerarlas excesivas y fundadas en una conducta cuya ilicitud no había sido declarada en sede penal. Finalmente, pidió revocar la condena en costas y agencias en derecho al estimar que su actuación procesal se ajustó al principio de legalidad y estuvo amparada en una interpretación razonable del ordenamiento jurídico. Por su parte, los demandantes formularon reparos ante los numerales tercero, cuarto, quinto y octavo de la Sentencia del 27 de marzo de 2025. Solicitaron que se modificara la decisión para acceder íntegramente a las pretensiones de la demanda. No cuestionaron la declaratoria de responsabilidad del Ejército Nacional, ni la calificación de los hechos como crimen de lesa humanidad, aspectos frente a los cuales manifestaron expresamente su conformidad. No cuestionaron la declaratoria de responsabilidad del Ejército Nacional, ni la calificación de los hechos como crimen de lesa humanidad, aspectos frente a los cuales manifestaron expresamente su conformidad. Sobre la imprescriptibilidad de la acción de reparación directa en casos de graves violaciones de derechos humanos la parte actora sostuvo que las acciones de reparación directa derivadas de delitos de lesa humanidad no están sujetas a caducidad. Para ello, realizó un extenso análisis de los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA, y afirmó que el legislador eliminó del texto final la referencia expresa a estos eventos únicamente porque consideró que la imprescriptibilidad ya se encontraba incorporada mediante los tratados internacionales ratificados por Colombia. Adujo que la interpretación correcta del artículo 164 del CPACA permite presentar la demanda “en cualquier tiempo” cuando se trate de daños derivados de delitos de lesa humanidad, y citó como apoyo varias decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que han acogido esa tesis. Igualmente, sostuvo que el juez de primera instancia desconoció el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente de los casos Barrios Altos vs. Perú, Valle Jaramillo vs. Colombia, García Lucero vs. Chile, Órdenes Guerra vs. Chile y Familia Grisonas vs. Argentina, los cuales, a su juicio, imponen la imprescriptibilidad de las acciones civiles o administrativas de reparación en casos de graves violaciones de derechos humanos. Asimismo, invocó el principio 23 del “Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad” de Naciones Unidas, según el cual la prescripción no puede oponerse a las acciones civiles o administrativas promovidas por las víctimas para obtener reparación. En cuanto al reconocimiento integral de perjuicios materiales solicitó que se concediera una condena in genere por concepto de daño emergente, al argumentar que, aunque no se allegaron pruebas documentales suficientes de todos los gastos, el proceso sí acreditó la existencia del daño y de su intensidad, lo que habilitaba al juez para fijar la indemnización en equidad. Igualmente, pidió modificar la liquidación del lucro cesante, al considerar que debían reconocerse plenamente los perjuicios materiales derivados de la muerte de xxxxxx. Sobre las medidas de reparación integral y medidas de satisfacción adujo que, a pesar de las medidas ordenadas, la sentencia no garantizó completamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, OBJETO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, OBJETO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA En Sentencia del 27 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó parcialmente la decisión de primera instancia, y aunque mantuvo la declaración de responsabilidad, modificó el quantum indemnizatorio de los perjuicios materiales, reduciéndolos a $ 1.914.562 y el lucro cesante a $ 523.016.406 millones de pesos. Exoneró de la condena en costas a la parte demandada pero confirmó las órdenes relacionadas con el ofrecimiento de disculpas públicas a los demandantes, la publicación en dos (2) periódicos de amplia circulación nacional y a través de noticieros radiales con mayor sintonía en Casanare de una nota de prensa en la que se debía informar que la muerte del señor xxxxxx fue producto de una ejecución extrajudicial por parte del Ejército Nacional. Así mismo confirmó la publicación en un lugar visible de la Decimosexta Brigada del Ejército Nacional la parte resolutiva de la sentencia junto con los apartes más importantes de la misma providencia por el término de seis (6) meses, y ratificó la orden alusiva al diseño e implementación de un sistema de promoción y respeto por los derechos y la dignidad de los civiles que resultaren inmersos en medio del conflicto armado. Al iniciar su estudio, la Sala delimitó el ámbito de su competencia conforme a las reglas que gobiernan la apelación, y precisó que como las dos partes recurrieron la decisión del a quo, el tribunal podía revisar el caso en su integridad. En cuanto a la caducidad el ad quem recordó que, conforme al artículo 164 del CPACA y a la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, las pretensiones indemnizatorias derivadas de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra sí se encuentran sujetas al término legal de dos años, y que dicho plazo se debe contabilizar desde el momento en que las víctimas conocieron o debieron conocer la participación estatal en el daño, y advirtieron la posibilidad de atribuirle responsabilidad patrimonial al Estado. No obstante, precisó que este término resulta inaplicable cuando se acreditan circunstancias que hubieren impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción, caso en el cual, el cómputo solo inicia una vez desaparezcan tales obstáculos. Añadió que en aplicación del principio pro damnato o favor victimae, el examen de la caducidad no puede realizarse de forma rígida pues en determinados eventos es necesario flexibilizar su aplicación para garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia y la reparación integral de las víctimas. Advirtió que el reparo formulado por la parte demandante sobre este aspecto partía de una premisa equivocada al señalar que el a quo declaró la caducidad, cuando lo que ocurrió fue todo lo contrario. Advirtió que el reparo formulado por la parte demandante sobre este aspecto partía de una premisa equivocada al señalar que el a quo declaró la caducidad, cuando lo que ocurrió fue todo lo contrario. Frente a la inconformidad de la entidad demandada precisó que, si bien los familiares de la víctima conocieron desde el día siguiente a los hechos, que la muerte de xxxx ocurrió en desarrollo de una operación militar y que en ella participaron miembros del Ejército Nacional, ello no implicaba, por sí solo, que hubieran advertido la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado. Precisó que para ellos, en ese momento, la actuación oficial aparecía revestida de legalidad dado que la versión institucional correspondía a una baja en combate en el marco de la Misión Táctica Antiextorsión N° 160 “Habano”. La Sala destacó que las manifestaciones de la señora xxxx en el año 2008 a penas si evidenciaban dudas e inquietudes sobre las circunstancias de la muerte de su hijo, pero no constituían una imputación concreta al Estado, ni permitían inferir que los demandantes tuvieron claridad sobre una eventual actuación irregular de la Fuerza Pública. De igual manera, resaltó que los declarantes expresaron sospechas frente al operativo, aunque nunca afirmaron que este hubiese sido ilegal. Adicionalmente, tuvo en cuenta que xxxxx era una persona desmovilizada, que inicialmente la investigación estuvo a cargo de la jurisdicción penal militar, y que los móviles de los hechos no resultaban claros para sus familiares, circunstancias que dificultaban advertir una posible responsabilidad estatal. Asimismo, valoró que los demandantes eran personas de escasa interacción con las instituciones y sin mayores herramientas para cuestionar la versión oficial de los hechos. Asimismo, valoró que los demandantes eran personas de escasa interacción con las instituciones y sin mayores herramientas para cuestionar la versión oficial de los hechos. Añadió que con fundamento en una apreciación integral del material probatorio, concluyó que solo a partir del 13 de mayo de 2014 los demandantes contaron con elementos suficientes para inferir la posibilidad de atribuir el daño al Estado, pues desde ese momento surgieron antecedentes concretos que permitían cuestionar la legalidad del actuar militar. En consecuencia, estimó que la demanda presentada el 13 de noviembre de 2015 se interpuso dentro del término legal, razón por la cual el cargo de caducidad no estaba llamado a prosperar. En cuanto al fondo de la controversia la Sala descartó los argumentos del Ministerio de Defensa orientados a demostrar la legalidad de la actuación militar y la configuración del hecho exclusivo de la víctima. Señaló que la denominada Misión Táctica Antiextorsión N° 160 “Habano” no constituyó una operación legítima, sino un mecanismo dirigido a encubrir la muerte de un civil para presentarlo falsamente como una baja en combate. Para arribar a dicha conclusión, valoró las múltiples irregularidades advertidas por la Procuraduría General de la Nación durante la investigación. Entre ellas, destacó la inexistencia de una orden de operaciones debidamente estructurada, la ausencia de claridad sobre el mando, la ejecución y los objetivos de la misión, las contradicciones en las versiones rendidas por los militares participantes, y la falta de pruebas sobre las labores de inteligencia que supuestamente dieron origen al operativo. También resaltó las inconsistencias entre la versión oficial y las declaraciones de los familiares de la víctima, quienes afirmaron que esta era una persona desmovilizada y que había sido retenida por hombres armados antes de su muerte. También resaltó las inconsistencias entre la versión oficial y las declaraciones de los familiares de la víctima, quienes afirmaron que esta era una persona desmovilizada y que había sido retenida por hombres armados antes de su muerte. La Sala otorgó especial relevancia al informe pericial de diagramación de trayectorias balísticas, del cual se concluyó que dos (2) de los disparos ingresaron por la espalda de la víctima, circunstancia incompatible con la hipótesis de un enfrentamiento armado. En consecuencia, consideró que la versión oficial del combate resultaba incoherente y generaba fundadas sospechas sobre la verdadera forma en que ocurrieron los hechos. Asimismo, valoró las ampliaciones de indagatoria rendidas por algunos integrantes del grupo GAULA Casanare. En particular, destacó la declaración del soldado xxxxx, quien reconoció que la víctima no disparó contra la patrulla, que desconocía el origen del arma que apareció junto al cadáver, y que accionó su arma por orden del capitán xxxxxx, quien le indicó que debía “dar de baja” a la víctima. También admitió que la versión inicialmente suministrada ante la justicia penal militar en un sentido contrario, obedeció a su ignorancia. También admitió que la versión inicialmente suministrada ante la justicia penal militar en un sentido contrario, obedeció a su ignorancia. Igualmente, la Sala tuvo en cuenta la declaración del soldado xxxxxx, quien afirmó que el capitán xxxxx impartió instrucciones sobre la versión que debían rendir ante la justicia penal militar, consistente en afirmar la existencia de un intercambio de disparos, y reconoció que el cuerpo de la víctima fue trasladado posteriormente en un vehículo oficial para la práctica de las diligencias judiciales. Del mismo modo, valoró la diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada adelantada contra el mayor (r) xxxxx, en la que se indicó que la muerte de xxxxxx fue premeditada y dolosa, que ocurrió en un lugar distinto al reportado oficialmente, y que las coordenadas consignadas por los agentes estatales no correspondían al sitio real de los hechos. Además, concluyó que varios documentos fueron elaborados con información falsa para justificar la supuesta baja en combate y posibilitar la obtención fraudulenta de beneficios institucionales y recursos de gastos reservados destinados a informantes inexistentes. El mayor xxx aceptó voluntariamente los cargos formulados en su contra. La Sala contextualizó estos hechos dentro del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el departamento de xxxx y resaltó que el mayor xxxxx comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz, donde ha reconocido públicamente su participación en conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, citó el Auto del Sub caso Casanare-055 de la JEP, el cual documentó la existencia de presiones e incentivos institucionales orientados a producir resultados operacionales ficticios, así como la persecución de personas desmovilizadas y de otros sectores vulnerables de la población civil. Dentro de dicho auto se hizo referencia expresa al caso de xxxxx y a la falsedad del acta de pago de la recompensa supuestamente entregada por la información que condujo a la operación en la que perdió la vida. Dentro de dicho auto se hizo referencia expresa al caso de xxxxx y a la falsedad del acta de pago de la recompensa supuestamente entregada por la información que condujo a la operación en la que perdió la vida. Con fundamento en todo el acervo probatorio, la Sala concluyó que la alegada legalidad de la Misión Táctica Antiextorsión N°160 “Habano” carecía de sustento y que la falla del servicio se encontraba plenamente acreditada. Precisó que la responsabilidad patrimonial del Estado no dependía de la existencia de una sentencia penal condenatoria, dado que el juicio contencioso persigue la reparación de un daño antijurídico y no la imposición de sanciones penales. Por todo lo anterior, confirmó la responsabilidad del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial del señor XXXXX. RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA El 22 de abril de 2025, la parte demandada en el proceso ordinario interpuso este recurso, en el que el Ministerio de Defensa sostuvo que la sentencia del Tribunal Administrativo del Casanare desconoció las reglas jurisprudenciales unificadas por el Consejo de Estado sobre la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de crímenes de lesa humanidad y de guerra, fijadas en la Sentencia de Unificación de 29 de enero de 2020, dentro del radicado interno 61.033. Para sustentar su inconformidad, la entidad señaló que la muerte de xxxxx ocurrió el 7 de diciembre de 2006 en desarrollo de la Misión Táctica Antiextorsión N° 160 “Habano”, y que desde el 8 de diciembre de 2006 los familiares conocieron tanto el fallecimiento de la víctima como la participación del Ejército Nacional, pues así constaba en las diligencias de levantamiento del cadáver, en la necropsia y en las actuaciones adelantadas para la entrega del cuerpo. Añadió que la madre de la víctima presentó denuncia penal el 20 de febrero de 2007 y, posteriormente, en declaración rendida ante la justicia penal militar el 7 de mayo de 2008, manifestó conocer que el Ejército le atribuyó a su hijo actividades extorsivas, por lo que cuestionó la versión oficial del enfrentamiento al advertir que los impactos de bala se encontraban en la parte posterior del cuerpo. Asimismo, destacó que, en diligencia ante el CTI de 19 de abril de 2013, la misma declarante reiteró que desde el año 2008 conocía las circunstancias y los presuntos responsables del homicidio. El recurso también puso de presente que la hermana de la víctima, señora xxxxxx confirmó que la familia conoció tempranamente la versión oficial de los hechos, había formulado denuncias por el homicidio, y tenía sospechas sobre la forma como ocurrió la muerte, incluso por la presencia de personas que habían visto en el pueblo a la víctima antes de su desaparición. El Ministerio de Defensa resaltó que la solicitud de conciliación prejudicial se presentó hasta el 2 de octubre de 2015 y que la demanda de reparación directa se radicó el 13 de noviembre de ese mismo año, pese a que la excepción de caducidad fue propuesta y debatida durante ambas instancias procesales. Con fundamento en estos antecedentes, sostuvo que el conocimiento del daño y de la posible intervención estatal se configuró varios años antes de la presentación de la demanda, razón por la cual estimó que la acción fue ejercida de manera extemporánea contrariando la sentencia de unificación. En el acápite denominado “razones de contrariedad frente a las reglas unificadas del Consejo de Estado”, la entidad recurrente sostuvo que la sentencia impugnada se apartó de la regla jurisprudencial fijada en la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 dentro del radicado 61.033, según la cual el término de caducidad en asuntos relacionados con crímenes de lesa humanidad comienza a contabilizarse desde el momento en que las víctimas conocen o deben conocer la participación estatal en el daño y advierten la posibilidad de atribuirle responsabilidad patrimonial al mismo, salvo la acreditación de circunstancias materiales que hubieren impedido el ejercicio del derecho de acción. Con fundamento en dicha providencia, el recurrente reiteró que los familiares de xxxx contaron, desde el año 2008, con elementos suficientes para cuestionar la versión oficial de los hechos y deducir la posible responsabilidad del Estado. Destacó que la madre y la hermana de la víctima rechazaron desde esa época que aquel hubiera participado en actividades extorsivas, negaron que portara armas de fuego y pusieron de presente las inconsistencias de la versión militar, en particular la existencia de impactos de bala por la espalda, así como las circunstancias previas a su desaparición. Asimismo, señaló que la propia familia sostuvo que la víctima se dedicaba a labores agrícolas y de construcción, circunstancia que, a su juicio permitía inferir desde entonces la posible ilegitimidad del operativo militar. Añadió que los demandantes también conocieron información relacionada con un supuesto seguimiento previo a la víctima por parte de terceros, hecho que reforzaba sus sospechas sobre la forma como ocurrió el homicidio. Añadió que los demandantes también conocieron información relacionada con un supuesto seguimiento previo a la víctima por parte de terceros, hecho que reforzaba sus sospechas sobre la forma como ocurrió el homicidio. La entidad recurrente descartó, además, la existencia de circunstancias excepcionales que hubieran impedido el ejercicio oportuno de la acción, pues consideró que no se acreditó limitación física, cognitiva o social alguna que restringiera el acceso de los demandantes a la administración de justicia. En ese sentido, sostuvo que las actividades económicas, el nivel educativo o el lugar de residencia de los actores, no constituían obstáculos materiales para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Con base en lo anterior, concluyó que los demandantes exteriorizaron su inconformidad con la versión del Ejército Nacional y contaron con elementos de juicio suficientes para promover la acción de reparación directa, por lo menos desde el 7 de mayo de 2008, razón por la cual la solicitud de conciliación prejudicial y la posterior demanda presentadas en el año 2015, resultaban extemporáneas. Por todo lo anterior, solicitó la revocatoria de la sentencia recurrida y la aplicación de las reglas de unificación contenida en la Sentencia de Unificación proferida por el Consejo de Estado el 29 de enero de 2020 dentro del radicado 61.033. 2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PRECISIÓN INICIAL 2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PRECISIÓN INICIAL En ejercicio del principio de transparencia, esta Vista Fiscal destaca que a la fecha existe un caso en la Corte Constitucional que se encuentra en curso, en el que el alto tribunal emitió el Auto 210 del 19 de febrero de 2026 suspendiendo los términos del proceso hasta por 3 meses para convocar a una sesión técnica con el objetivo de profundizar en aspectos técnico-jurídicos relacionados con la caducidad de las acciones indemnizatorias en casos que pueden constituir delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos, así como sobre el estándar interamericano relacionado con el acceso a la administración de justicia de las víctimas de estos delitos. Para ello convocó a expertos en la materia, como el Presidente del Consejo de Estado: Alberto Montaña Plata, la Defensoría del Pueblo, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la ex magistrada Martha Nubia Velásquez Rico (ponente de la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020), el ex consejero de Estado Ramiro Pazos Guerrero, el doctor Pablo González Domínguez, director jurídico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Silvia Serrano Guzmán profesora adjunta de la Universidad de Georgetown, a miembros del Centro de estudios jurídicos y sociales – Dejusticia, a Aída Kemelmajer de Carlucci exjueza de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (Argentina), a Gabriel Figueroa Bastidas magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a María Clara Galvis Patiño profesora de la Universidad Externado de Colombia, a Raúl Letelier Wartenberg presidente del Consejo de Defensa del Estado de Chile y al Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo a fin de que se pronunciaran sobre: “La regla de unificación del Consejo de Estado en la Sentencia del 29 de enero de 2020, su aplicación y su interacción con la jurisprudencia constitucional” y “La caducidad de la acción de reparación directa a la luz del derecho internacional, interamericano y comparado”. El cuestionario comprende 18 preguntas, dentro de las que se destacan algunas como las siguientes: En términos de seguridad jurídica, acceso a la administración de justicia y garantías de los derechos de las víctimas, ¿cuáles podrían ser los efectos de una regla de inoperancia de la caducidad en casos que pueden constituir graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad? ¿Cuáles son los estándares internacionales e interamericanos en materia de los derechos a la reparación y de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad? ¿Estos estándares incluyen reglas sobre la caducidad o, en derecho comparado, prescripción de las acciones de reparación de perjuicios? ¿De qué manera las reglas contenidas en la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020, proferida por el Consejo de Estado de Colombia, se adecúan –o no– a los estándares de protección del derecho internacional e interamericano? En materia del conteo de caducidad para hechos que pueden ser constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, ¿se podría armonizar el contenido de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos con la legislación colombiana que establece que la demanda de reparación directa deberá presentarse en un término de dos años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión que causó el daño? ¿Cuál es el alcance de la aplicación de los principios pro persona y pro damnato en eventos en los que se evalúa el conteo de caducidad de las acciones judiciales derivadas de casos de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, de cara al estándar interamericano? ¿Cuál fue la justificación y cómo han sido las experiencias en otros países –como Argentina y Chile– en los que por vía legal o jurisprudencial se ha dispuesto la imprescriptibilidad de las acciones judiciales derivadas de delitos de lesa humanidad?, ¿Cuál ha sido el impacto de esas decisiones?, ¿Existe evidencia sobre un efecto en relación con el número de litigios y eventuales condenas contra el Estado? Tomando en consideración las afectaciones a los derechos humanos derivadas de las conductas constitutivas de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, ¿qué efectos en términos de responsabilidad internacional tendría un conteo de caducidad diferenciada o la ausencia del término de caducidad para este tipo de hechos? ¿Es razonable la diferenciación entre la imprescriptibilidad en materia penal y la caducidad de dos años para la acción de reparación directa respecto de los hechos presuntamente constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o de delitos de lesa humanidad? A la fecha, aún no se ha proferido a la sentencia aunque se aclara que las intervenciones de la mayoría de los convocados ya se enviaron y se presentaron al despacho de la magistrada sustanciadora Natalia Ángel Cabo. El proceso cuenta con un nuevo auto de suspensión de términos del 6 de mayo de 2026. ALCANCES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA El proceso cuenta con un nuevo auto de suspensión de términos del 6 de mayo de 2026. ALCANCES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA Es un instrumento procesal que procede contra las sentencias de única y segunda instancia proferidas por los tribunales administrativos, cuando se alegue que estos pasaron por alto, contrariaron o se opusieron a las reglas expresadas en la ratio decidendi de una sentencia de unificación del Consejo de Estado. Este recurso fue instituido para “asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales”. Su naturaleza es correctiva porque la intervención del Consejo de Estado es posterior al momento en el que se profirió la sentencia ejecutoriada por el órgano judicial competente, con lo cual se busca evitar la dispersión de criterios, reforzar la seguridad jurídica, garantizar la igualdad ante la ley, y preservar la coherencia del derecho administrativo colombiano. El Consejo de Estado ha señalado las características de este recurso extraordinario, entre las cuales se destaca que: Solo están legitimados para interponerlo los sujetos procesales, esto significa que en ningún caso procede de oficio. La petición se debe presentar dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la providencia. Se deben acreditar los requisitos formales exigidos por la ley, entre los que se encuentra: a) la cuantía, la cual corresponde al valor de la condena o, en su defecto, a la de las pretensiones de la demanda, siempre y cuando iguale o exceda los montos establecidos en el artículo 257 del CPACA, (para el caso de la reparación directa, debe ser igual o superior a 450 smlmv), y b) la legitimación, según la cual, solo las partes procesales que hayan resultado lesionadas con la sentencia, están legitimadas para interponer el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Para ello se requiere apoderado judicial, sin que sea necesario otorgar un nuevo poder. Cuando la sentencia de segunda instancia sea absolutamente confirmatoria, quienes no hayan apelado o adherido a la apelación carecerán de legitimación para interponerlo. Este recurso es una garantía procesal a favor de las partes vencidas en sentencia de única o segunda instancia, emitida por el tribunal administrativo competente. Solo procede después de proferida la sentencia que pone fin al proceso en única o segunda instancia. Una vez acreditados los requisitos, no es optativo para las autoridades judiciales avocar su conocimiento, sino que es un imperativo legal hacerlo. No conforma una unidad con el proceso judicial de origen, en consecuencia, su trámite se debe entender como una nueva actuación y ha de estar reglada por la ley vigente al tiempo de su interposición. La única causal objetiva de procedencia del recurso es que la sentencia impugnada ignore, contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado. El recurso no permite examinar las pruebas como si se tratara de una tercera instancia, como tampoco discutir los hechos probados, o introducir hipótesis fácticas alternativas. Solo es viable cuando el apartamiento de las reglas jurisprudenciales materia de unificación tienen incidencia directa en la solución del caso. La decisión sobre la prosperidad del recurso le corresponde a la Sección del Consejo de Estado a la que por especialidad le está asignado el conocimiento del medio de control donde se profirió la decisión cuestionada. Si el recurso extraordinario prospera, se modifica o reemplaza la sentencia impugnada y se consolida la línea interpretativa para casos futuros. Recuérdese que “este recurso es una manifestación de la importancia que el legislador quiso imprimirle al precedente vertical, toda vez que, a partir de la función unificadora de las altas Cortes, se le reconoce el carácter vinculante a la jurisprudencia de unificación. Ahora, si bien se ha sostenido que “estas decisiones se integran al ordenamiento jurídico en cuanto fijan una interpretación de la ley orientada a su aplicación obligatoria o vinculante ya que, por razón de su función y efectos, operan como una suerte de “regla de reconocimiento”; sin embargo, ello no implica que la jurisprudencia se constituya, por sí misma, en una fuente creadora de normas. Por consiguiente, no puede afirmarse que las sentencias de unificación del Consejo de Estado sean creadoras de derecho, pues el artículo 256 del CPACA precisa que la finalidad de este recurso es unificar la interpretación del derecho para su aplicación uniforme, es decir, del derecho preexistente a las decisiones judiciales, y no de una especie de derecho generado por ellas, como ocurre en los sistemas de common law. PROBLEMA JURÍDICO Corresponde determinar si la Sentencia proferida el 27 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del radicado 85001-33-33-001-2015-00504-01 mediante la cual se decidió el medio de control de reparación directa promovido por la señora xxxxx y otros contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, desconoció las reglas fijadas en la Sentencia de unificación invocada en el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, esto es de la Sentencia del 29 de enero de 2020 proferida dentro del radicado 61.033 del Consejo de Estado, en términos que hagan procedente su prosperidad. Tesis: Aunque el recurso extraordinario de unificación no permite examinar las pruebas, el problema suscitado en este caso radica en el hecho según el cual, a pesar de que el ad quem acudió a la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado, el tribunal de segunda instancia interpretó de manera errónea los postulados que en ella se plantean a la luz de las pruebas obrantes en el proceso. Para desarrollar esta tesis y resolver el problema jurídico, se abordará el caso con la siguiente metodología: Para desarrollar esta tesis y resolver el problema jurídico, se abordará el caso con la siguiente metodología: Primero se explicará en qué consiste la caducidad y su diferencia con la prescripción en Colombia. a) Se recordarán las reglas establecidas en la sentencia de unificación citada, en particular respecto de casos de homicidios producto de ejecuciones extrajudiciales, por ser constitutivos de crímenes de lesa humanidad, b) las razones por las cuales la sentencia de unificación resulta aplicable a casos en curso que iniciaron antes de la emisión de dicha sentencia, c) la diferencia que subyace con el sistema interamericano de derechos humanos, y d) las razones por las cuales resulta complejo en este momento y respecto de este recurso extraordinario, ejercer un control de convencionalidad. En tercer lugar se expondrán las reglas jurisprudenciales que emitió la Corte Constitucional para el adecuado entendimiento de la sentencia de unificación del máximo tribunal de lo contencioso administrativo. Se verificará el cumplimiento de las reglas de unificación en el caso concreto por parte del ad quem, así como los argumentos del recurso extraordinario para atacar la sentencia de segunda instancia, esgrimidos por el Ministerio de Defensa. Explicación acerca de la vulneración de las reglas del precedente invocado en el recurso extraordinario. Para desarrollar este último punto se expondrá: a) el recuento cronológico de los hechos, y b) se identificarán las omisiones en que incurrió el juez de segunda instancia y se determinará, con fundamento en los elementos de convicción allegados al proceso, el momento en que los demandantes adquirieron conocimiento de la participación estatal en los hechos que dieron lugar al daño, pues la apreciación desacertada de dicho material probatorio condujo a la distorsión del alcance de las preceptivas fijadas en la jurisprudencia de unificación invocada. Caducidad y prescripción Caducidad y prescripción Aunque en algunos sistemas jurídicos foráneos estos dos términos se utilizan de manera indistinta, en Colombia la caducidad procesal es una garantía para la seguridad jurídica y el interés general, que tiene como objeto central sancionar la negligencia y el descuido de quien no reclama a tiempo la intervención de la jurisdicción. El Consejo de Estado precisó que “[l]a caducidad constituye un presupuesto procesal de orden público que limita temporalmente el ejercicio del derecho de acción. Esta figura restringe la facultad de acudir ante la jurisdicción para la protección de un interés jurídicamente tutelado”. Por su parte, en materia de prescripción relacionada con los temas que nos ocupan, la Corte Constitucional en Sentencia SU-439 de 2024 precisó que: “[l]a acción penal es imprescriptible frente a delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, no obstante, cuando existe un sujeto individualizado y formalmente vinculado a un proceso por dichas conductas, respecto a éste comienza a contabilizarse el término de extinción de la acción, debido a que no tiene justificación que las personas queden sujetas a un proceso indefinidamente por la inoperancia de las autoridades, más aún cuando en el curso del mismo pueden ser privadas de su libertad o de otras prerrogativas fundamentales”. Por su parte el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 recalcó que: (…) “En suma, en lo penal, la acción no prescribe si no se identifica la persona que se debe procesar por el respectivo delito y, en lo contencioso administrativo, el término de caducidad de la reparación directa no es exigible sino cuando el afectado advierte que el Estado estuvo implicado en la acción u omisión causante del daño y le resulta imputable el daño. (…) En nuestro ordenamiento, frente a la caducidad de la pretensión de reparación directa, se encuentra consagrado un supuesto que aplica a todos los eventos, incluidos aquellos en los que se invocan delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, relacionado con el conocimiento de las situaciones que permiten deducir la participación y responsabilidad del Estado, como supuesto habilitante para exigir el plazo para demandar. (…)” Así las cosas, la Sección Tercera concluye que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra se encuentran previstas en materia de lo contencioso administrativo al amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso, en virtud de lo cual, el término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a partir de que se advierta que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política. Reglas establecidas en la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 por parte del Consejo de Estado dentro del radicado 61.033. a) Antecedentes y reglas Reglas establecidas en la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 por parte del Consejo de Estado dentro del radicado 61.033. a) Antecedentes y reglas Los antecedentes de esta sentencia radican en el hecho de que no había una posición unificada al interior del Consejo de Estado favorable a la imprescriptibilidad, o en pro de la no aplicación de la caducidad. En efecto, antes de la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 coexistían diversas posiciones sobre la caducidad de las acciones indemnizatorias derivadas de delitos de lesa humanidad, así: La Subsección C de la Sección Tercera sostenía la imprescriptibilidad de estas reclamaciones, (ejemplo: en la providencia del 17 de septiembre de 2013, la Subsección C de la Sección Tercera, dentro del caso seguido por la muerte del señor Jorge Alberto Echeverry Correa durante la toma guerrillera del Palacio de Justicia, el alto tribunal indicó que no era procedente aplicar la caducidad frente a delitos de lesa humanidad debido al principio universal de imprescriptibilidad que rige dichos delitos. En esa oportunidad, la Corporación señaló que la imprescriptibilidad aplicable a conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad no se circunscribía exclusivamente al ámbito penal. Por el contrario, a partir del contenido esencial de los derechos humanos, de la normativa internacional y de la jurisprudencia nacional e internacional, sostuvo que dicha imprescriptibilidad derivaba de la gravedad de la afrenta social que estos delitos representan, circunstancia que a su juicio, irradiaba consecuencias jurídicas en las distintas ramas del ordenamiento, incluido el derecho administrativo). Por su parte, la Subsección A consideraba aplicable el término legal de caducidad, (ejemplo: en sentencias del 10 de febrero de 2016 (R05001-23-33-00-2015-00934-01(AG) y del 7 de diciembre de 2016 (Expediente 57.448), indicó que el objeto y la causa en los procesos penales eran diferentes a los de los procesos en los que se perseguía la indemnización administrativa, al punto de que la carga probatoria en la reparación directa la soporta el demandante, y el origen de la responsabilidad no es la culpa personal del agente, sino la antijuridicidad del daño imputable a la entidad demandada. Con fundamento en lo anterior, la Corporación judicial consideró que las normas internacionales que consagraban la imprescriptibilidad de la acción penal en casos de delitos de lesa humanidad, excluían las acciones indemnizatorias frente al Estado, máxime cuando en el ordenamiento jurídico interno, existía norma especial que regulaba la materia. Otra línea jurisprudencial proponía contabilizarlo desde la ejecutoria de la decisión penal definitiva, (ejemplo: en Sentencia del 20 de junio de 2011, dentro del radicado No. 11001-03-15-000-2011-00655 (AC), al estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra del auto que improbó un acuerdo conciliatorio realizado por los familiares del señor xxxx por los perjuicios sufridos con la muerte de este a manos de miembros del Ejército Nacional. En esa ocasión el Consejo de Estado señaló que en dicho asunto era pertinente dar aplicación por analogía al término de caducidad establecido para la desaparición forzada, toda vez que los hechos se originaban igualmente en un delito de lesa humanidad, que requería una especial atención del Estado. Así pues, concluyó que, en defensa del derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia, y dadas las circunstancias particulares del caso, la caducidad empezaría a contarse desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal. Y de manera diferente, la Sección Quinta estimó que el examen de la caducidad debía efectuarse una vez culminara la etapa probatoria (ejemplo: Sentencia del 7 de septiembre de 2015, dentro del proceso con radicado No. 11001-03-15-000-2015-01676-00(AC), en la que al estudiar una acción de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Antioquia por revocar la excepción que declaró no probada la caducidad del medio de control de Reparación Directa (interpuesto por los familiares del señor xxxxx, de quien se presumía que falleció a manos del Ejército Nacional), la Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que sólo una vez concluida la etapa probatoria, el Juez estaría facultado para tomar una decisión sobre la caducidad. Esta disparidad fue la que motivó la expedición de la sentencia de unificación de 2020, y en esta decisión, además de resolver la controversia suscitada entre las partes, unificó su jurisprudencia así: “(…) UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: En tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador. Este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y El término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley. Esto porque, se dijo que “el conocimiento de la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado es lo que da paso al conteo del término de caducidad”. b) Razones por las cuales esta sentencia de unificación proferida en el año 2020 resulta aplicable a casos en curso iniciados antes de 2020 La sentencia referida resulta aplicable en virtud del fenómeno de la retrospectividad que constituye un efecto temporal propio de los cambios jurisprudenciales conforme al cual, la nueva regla interpretativa fijada por el juez se aplica de manera inmediata y general a los procesos en curso, y a aquellos que se promuevan con posterioridad a la decisión sin que ello implique afectar situaciones jurídicas consolidadas o decisiones judiciales que ya hayan adquirido firmeza. Así lo explica con suficiencia la Corte Constitucional en la Sentencia T-044 de 2022. Así lo explica con suficiencia la Corte Constitucional en la Sentencia T-044 de 2022. La retrospectividad supone que el nuevo criterio jurisprudencial incida sobre litigios que aún no han sido definitivamente resueltos, toda vez que estos se tienen que someter al derecho vigente al momento de proferirse la decisión final. En ese sentido es claro que la existencia de la sentencia de unificación mencionada no autoriza reabrir o modificar casos ya concluidos mediante sentencia ejecutoriada, porque eso correspondería a aplicar un efecto retroactivo que atenta contra el principio de cosa juzgada. Como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, el efecto retrospectivo constituye la regla general de los cambios de precedente, salvo que el propio tribunal de cierre (Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Comisión Nacional de Disciplina Judicial) dispongan expresamente que la nueva regla tendrá efectos exclusivamente prospectivos. En la Sentencia T-044 de 2022, la Corte Constitucional examinó este fenómeno en un caso similar en el que también se debatía un asunto relacionado con la caducidad y la aplicación en el tiempo de la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado y en aquella oportunidad, la Corte precisó que dicha sentencia tenía efectos retrospectivos por las siguientes cuatro (4) razones: “Primero, porque darle efectos retroactivos a las sentencias de unificación