Concepto (misional) 108 DE 2026 de 2026 — En las sentencias de unificación definición y alcances

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO-En acción de reparación directa por muerte y desplazamiento forzado se llega a la misma conclusión del fallador frente a la caducidad pero por razones diferentes De conformidad con la situación fáctica, las normas citadas, la jurisprudencia invocada, las pruebas alusivas al ejercicio del derecho de acción allegadas y examinadas, y las consideraciones y reflexiones consignadas en este concepto, para esta Procuraduría Delegada, la acción de reparación directa instaurada por la muerte de los señores XXX y YYY y por el desplazamiento forzado de sus familiares, se interpuso cuando ya había caducado el medio de control, aspectos que se examinaron oficiosamente, aunque la sentencia solo versó sobre este último, puesto que en 2021 declaró la caducidad por el primer hecho. No obstante aunque las conclusiones a las que se llegan por el a quo y por esta Vista Fiscal sean las mismas, la Procuraduría no comparte las razones por las cuales el a quo declaró la caducidad por la muerte de los señores XXX y YYY. DOCUMENTO ANONIMIZADO- Dando cumplimiento a la resolución 352 de 2024 se procede a anonimizar el presente documento por parte del grupo de relatoría sustituyendo los datos a proteger por xxx, yyy o sucesivas ACCIÓN DE REPARACION DIRECTA - La participación de las AUC del Urabá Antioqueño en estos hechos no implica per se la participación o connivencia del Estado en los mismos/ ACCIÓN DE REPARACION DIRECTA - La jurisdicción de lo contencioso administrativo no se encarga de examinar la conducta de los grupos armados al margen de la ley. Para el Ministerio Público, la acción de reparación instaurada tanto por la muerte de los señores XXX y YYY, como por el desplazamiento forzado que alegan sus familiares, se presentó cuando el término había caducado. No obstante, aunque el Tribunal Administrativo de Antioquia llegue a la misma conclusión, las razones que este adujo para señalar que la acción caducó frente a la muerte de los señores XXX y YYY no se deben admitir puesto que la participación de las AUC del Urabá Antioqueño en estos hechos no implica per se la participación o connivencia del Estado en los mismos, máxime cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo no se encarga de examinar la conducta de los grupos armados al margen de la ley. RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY- Constituye una exigencia del principio de igualdad No basta reputarse miembro, militante, o integrante del partido político de la Unión Patriótica para dar por sentada la participación del Estado en cada asesinato de quienes esgriman esa condición, mucho menos cuando los fallecidos no se encuentran en la Sentencia, ni en el anexo de la Sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 27 de julio de 2022. El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante no está llamado a prosperar, puesto que las razones por las cuales se pretendió contrarrestar la caducidad, no resultan plausibles frente al fenómeno de la retrospectividad de la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020. La aplicación de la retrospectividad del precedente no solo responde a la lógica propia del sistema jurisprudencial, sino que constituye una exigencia del principio de igualdad, pues garantiza que todos los litigantes sometidos a una misma situación procesal, reciban el mismo tratamiento jurídico frente al cambio interpretativo introducido por los órganos de cierre. ACCIÓN DE REPARACION DIRECTA - La imprescriptibilidad de los crímenes internacionales se predica de la persecución penal de los responsables y no de las acciones patrimoniales dirigidas contra el Estado La imprescriptibilidad de los crímenes internacionales se predica de la persecución penal de los responsables y no de las acciones patrimoniales dirigidas contra el Estado; por ello, la acción de reparación directa continúa sometida al término de caducidad previsto por el legislador, pero ajustado a los estándares delineados por el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 y a las preceptivas u órdenes contenidas en las Sentencias de Unificación de la Corte Constitucional SU-312 de 2020, SU-167 de 2023 y SU-439 de 2024, que modularon el tránsito del uso de la sentencia de unificación en los casos de graves crímenes contra el DIDH. Al examinar las particularidades del caso, como lo exige la Corte Constitucional, no se aprecia ninguna circunstancia especial que haga que a los demandantes se les deba aplicar de manera prospectiva la sentencia de unificación del Consejo de Estado, porque para la época de interposición de la demanda, no existía una tesis unificada al interior del Consejo de Estado que justique aplicar cualquiera de los parámetros jurisprudenciales anteriores a los de la sentencia de unificación. ACCIÓN DE REPARACION DIRECTA – Exigir a las víctimas justificar por qué no acudieron antes, o acudir a referentes temporales distintos, agravaría su situación/ ACCIÓN DE REPARACION DIRECTA – Se desconocería el principio pro damnato, el cual impone adoptar la interpretación menos restrictiva frente a los términos restrictivos para el ejercicio de la acción. Aunque se adecuara el trámite a la exigencia jurisprudencial contenida en la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado, y se indagara por los motivos que impidieron que los demandantes hubieran acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo antes de 2018; en todo caso, la demanda no tiene vocación de prosperidad porque los demandantes demostraron la posibilidad que tuvieron de acceder materialmente a la administración de justicia desde 2016. Exigir a las víctimas justificar por qué no acudieron antes, o acudir a referentes temporales distintos, agravaría su situación y desconocería el principio pro damnato, el cual impone adoptar la interpretación menos restrictiva frente a los términos restrictivos para el ejercicio de la acción. CONDENA EN COSTAS JUDICIALES - El Ministerio Publico sugiere la adopción del criterio objetivo en tanto las costas se encuentren debidamente probadas en el proceso CONDENA EN COSTAS JUDICIALES - El Ministerio Publico sugiere la adopción del criterio objetivo en tanto las costas se encuentren debidamente probadas en el proceso La Corte Constitucional en Sentencia SU-241 de 2024, realizó un ejercicio riguroso del tema al examinar el fundamento legal de las costas (artículo 171 del Decreto 1 de 1984, artículo 55 de la Ley 446 de 1998, artículos 361 y 365 de la Ley 1564 de 2012), así como las líneas jurisprudenciales del Consejo de Estado sobre la materia (Sentencias de 2016, 2018, 2021, 2022, 2023 y 2024). Al concluir dicho ejercicio, llegó a la conclusión de que el Consejo de Estado no ha mantenido un criterio uniforme sobre el concepto del criterio objetivo en materia de costas, y por ello, en la mayoría de las decisiones analizadas, la condena se fundamentó en una interpretación literal de los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, limitándola a los eventos en que las costas estuvieran efectivamente probadas. En la práctica, el Consejo de Estado aplicó tanto el régimen objetivo-valorativo como el subjetivo, según la normativa procesal aplicable en cada caso. Respecto de las agencias en derecho, identificó posturas divergentes: en algunas decisiones se exigió plena prueba de su causación; en otras, se consideró suficiente la existencia de un apoderamiento debidamente constituido; y en ciertos fallos, simplemente no se hizo mención alguna al tema. Basado en lo anterior, en este caso, el Ministerio Publico sugiere la adopción del criterio objetivo en tanto las costas se encuentren debidamente probadas en el proceso. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA- Requerimientos mínimos ante casos de graves violaciones de derechos humanos y en particular los atinentes al desplazamiento forzado …resulta pertinente recordar los criterios que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha desarrollado en esta materia, toda vez que aunque la jurisprudencia flexibilizó tanto el examen de la caducidad, como las exigencias probatorias en los casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, sin embargo, dicha flexibilización no releva a la parte demandante de acreditar los elementos mínimos que permitan establecer, al menos de manera razonable, la posible imputación del daño al Estado, así como estándar mininamente necesario para evitar la caducidad . Los requerimientos mínimos en materia de caducidad ante casos de graves violaciones de derechos humanos y en particular los atinentes al desplazamiento forzado, obedecen a estos parámetros: Que la demanda se interponga dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño. Que si no se puede en esa fecha, se haga desde cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de la posible responsabilidad del Estado, de tal manera que si ese conocimiento fue en fecha posterior, se acredite la imposibilidad de haber conocido dicha responsabilidad en la fecha de la ocurrencia de los hechos. Que no obstante, aunque se hubiera conocido de la posible participación del Estado en los hechos, los demandantes hubieran tenido posibilidades reales o materiales de acudir a la justicia para interponer la demanda de reparación directa; libres de amenazas, temor o miedo fundados, persecución, secuestros, etc. En el sub examine se aprecia que, no bastaba afirmar que los fallecidos eran partidarios de la UP para derivar de manera automática la responsabilidad del Estado, pues aunque es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por su participación (por omisión y en algunos casos por acción) en el exterminio de ese grupo político, en este caso se desconoce si solo fue ese el móvil para acabar con sus vidas, aunado al hecho por el cual, estas personas no aparecen en la Sentencia ni en el Anexo III de la sentencia de la Corte IDH del 27 de julio de 2022, la cual es posterior a la fecha de su demanda (14 de julio de 2018). A esta circunstancia se suma el hecho por el cual, los demandantes indican que una vez acaecida la muerte de sus familiares, se fueron del sector rural donde vivían en Apartadó (Antioquia), al sector urbano de la misma municipalidad. Dado que no informaron acerca de amenazas o otras condiciones que les impidieran instaurar la demanda, no se encuentra explicación alguna acerca del porqué no la interpusieron desde entonces; máxime si en el año 2010, varios de los accionantes participaron ante la jurisdicción de Justicia y Paz con miras al esclarecimiento de los responsables de los hechos luctuosos que afrontaron. A lo anterior se suma el hecho por el cual, cuando por fin deciden acudir a la administración de justicia y cumplen el primer paso para hacerlo mediante el otorgamiento de un poder a un abogado de confianza que los represente, éste solo llega a interponer la demanda hasta el mes de agosto de 2018, es decir, más de dos años después del otorgamiento del poder; circunstancia que examinará con mayor detenimiento más adelante. CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA - Requerimientos mínimos respecto al desplazamiento forzado que alegan los demandantes Frente a este aspecto, se hace menester señalar que aunque también operan los requerimientos expuestos en precedencia, que a su vez se encuentran contenidos en el artículo 164 del CPACA, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha delineado los siguientes parámetros ante eventos de desplazamiento forzado: Debido a que en materia de desplazamiento forzado la conducta es continuada, el término de caducidad solo puede contabilizarse según las particularidades de cada caso, precisamente porque se trata de eventos en los que el daño se prolonga en el tiempo y con ello, la imposibilidad de demandar; por lo tanto o en consecuencia, el término para demandar se debe contabilizar desde el momento en el que el daño cesa, lo cual se puede predicar bajo cualquiera de los siguientes eventos: Cuando estén dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno, o Cuando se logra efectivamente el restablecimiento al lugar de origen , o Cuando a pesar tener condiciones para reasentarse en el lugar del que fueron desplazados, los afectados no desean volver a su terruño, puesto que se asentaron o arraigaron en otro lugar donde tienen posibilidades de acudir a la administración de justicia. Habida cuenta de que los demandantes sostuvieron que fueron desplazados desde la ocurrencia de la muerte de sus familiares y no indicaron que la misma había cesado, se deduce que las dos primeras hipótesis (a) y (b), carecen de aplicación al caso concreto. Por otra parte, el otorgamiento de poder a un profesional del derecho constituye un indicio objetivo de que para entonces disponían de condiciones reales para acceder a la administración de justicia, lo cual se enmarca en la tercera alternativa; es decir la (c). De ahí que resulte procedente concluir que acudieron a la jurisdicción cuando ya se encontraban asentados en un lugar distinto y habían superado las barreras materiales que antes impedían el ejercicio de la acción. es decir la (c). De ahí que resulte procedente concluir que acudieron a la jurisdicción cuando ya se encontraban asentados en un lugar distinto y habían superado las barreras materiales que antes impedían el ejercicio de la acción. CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA - Una cosa es facilitar el acceso a la administración de justicia y flexibilizar el estándar probatorio, y otra muy distinta fallar sin el debido soporte o sustento probatorio. Bajo ese entendimiento, surgen dos consideraciones: i) por qué no acudieron a la jurisdicción tan pronto como se ubicaron en la parte urbana del municipio de Urabá (Antioquia), y ii) por qué a pesar de otorgaron los poderes durante los años 2015 y 2016, su abogado solo interpuso la demanda, después de que transcurrieron más de 2 años desde la concesión de los poderes. Esta Vista Fiscal no desconoce que existe un gran número de personas que hacen parte de la población vulnerable que ha sufrido este flagelo y que por ello se encuentran en condiciones dignas de toda consideración. Tampoco se desconoce que la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional han flexibilizado los estándares probatorios para examinar estos casos; sin embargo, en ese escenario de valoración no tan estricta, a los administradores de justicia les corresponde sopesar las pruebas que permitan tomar una decisión justa, puesto que una cosa es facilitar el acceso a la administración de justicia y flexibilizar el estándar probatorio, y otra muy distinta fallar sin el debido soporte o sustento probatorio. En el marco de la flexibilización probatoria, los altos tribunales señalados han mencionado que el término preclusivo no puede discurrir contra quien no goza del acceso efectivo a la administración de justicia. Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política, armonizado debidamente con el derecho fundamental del debido proceso contenido en el artículo 29 superior. Recuérdese que para acceder a la administración de justicia se debe ejercer el derecho de acción y que en algunos casos, dicho derecho solo se puede ejercer a través de un abogado. El tratadista de derecho Hernán Fabio López Blanco señala que la acción es “[e]l derecho público, subjetivo que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión, mediante un proceso”. Ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es obligatorio comparecer con abogado titulado e inscrito, salvo norma expresa en contrario (esto es cuando hay pretensiones de naturaleza pública). Así se deduce del artículo 160 del CPACA:… La forma de obtener esa representación judicial se gestiona mediante un poder que se le confiere al abogado, para que de acuerdo con las facultades otorgadas, actúe durante todo el trámite judicial a nombre de quien se las concede. El apoderamiento surge en virtud del contrato de mandato celebrado entre las partes (cliente y defensor judicial), se instrumentaliza con el poder, y se desarrolla con la representación en el proceso judicial. En el caso bajo estudio se observa que, tal y como lo señaló el a quo en la tabla que expuso en la sentencia de primera instancia, los accionantes le confirieron poder al abogado que los representaría desde los años 2015-2016, por lo que primero se analizará lo que ocurrió antes de 2016. CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA – El término del cómputo debe ser individual tomado desde el otorgamiento del poder como forma de atenuar el rigor de los términos extintivos Los años 2015 y 2016 se constituyen en un hito para este caso de desplazamiento forzado porque fue hasta ese momento que los demandantes acudieron a un abogado de confianza. No todas las personas que se reputaron víctimas en este asunto confirieron poder a su apoderado judicial en la misma fecha, pues tales mandatos se otorgaron entre el 7 de enero de 2015 y el 10 de marzo de 2016. En consecuencia, el cómputo del término de caducidad debería efectuarse de manera individual respecto de cada una de ellas, a partir de la fecha en que otorgaron el correspondiente poder. Es común que, en casos de desplazamiento forzado las víctimas se abstengan de acudir a la justicia tan pronto como suceden los hechos o durante el lapso en que se predica el desplazamiento, ya que en su condición de vulnerabilidad suelen enfrentar barreras como el desconocimiento de la posible participación del Estado, la incomprensión de los mecanismos para acceder a la justicia, el miedo y la falta de recursos económicos para acceder a la justicia y la falta de confianza en las autoridades; aunado al hecho por el cual, en la mayoría de los casos, quienes buscan justicia son madres y esposas que enfrentan barreras adicionales derivadas de su género. Adicionalmente, estas personas suelen desconocer las altas exigencias que en materia de litigio se requieren para ejercer la acción de reparación directa, y además, cuando pueden hacerlo, o se deciden a hacerlo, enfrentando el miedo, lo hacen desde el dolor, el duelo, el trauma, la pobreza y/o el riesgo persistente. En ese caso se infiere que, si los demandantes decidieron conferir poder para el ejercicio del derecho de acción durante los años 2015 y 2016, ello obedeció a que para ese momento se encontraban en condiciones de promoverlo, aun o incluso cuando si tuvieron que afrontar circunstancias como las mencionadas en precedencia. No obstante lo anterior, carece de sentido buscar una fecha previa a las de esos años que son el punto de partida para acudir a la jurisdicción, pues ese momento constituye, precisamente, el instante más próximo a partir del cual puede contabilizarse la caducidad en atención a la voluntad y a las posibilidades reales de las víctimas para acceder a la administración de justicia, demostradas en el otorgamiento del poder. Así, citarlas para que informen por qué no pudieron acudir antes o acudir a referentes temporales distintos para fijar el inicio del cómputo de la caducidad, agravaría su situación y desconocería el principio pro damnato, pues el otorgamiento del poder constituye un hecho cierto, concreto y verificable y además, es un momento que coincide con la interpretación más favorable para quienes acuden a la jurisdicción, en la medida en que dicho principio impone atenuar el rigor de las disposiciones que consagran términos extintivos para el ejercicio de la acción y permite optar criterios menos restrictivos. CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA – La acción se presentó cuando el término ya se había vencido Luego del último poder otorgado, esto es el 10 de marzo de 2016, el apoderado de confianza interpuso el medio de control de reparación directa el 14 de agosto de 2018, no sin antes haber radicado la solicitud de conciliación prejudicial el 13 de marzo de 2018, es decir, 3 días después del vencimiento del plazo para evitar la caducidad. Carece de utilidad contabilizar el término de caducidad a partir de la suspensión derivada de la radicación de la solicitud de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, pues para ese momento ya había expirado el plazo previsto por la ley y la jurisprudencia para el ejercicio oportuno de la acción de reparación directa. Ello porque en este caso, el análisis se centra como se mencionó con anterioridad, en el momento a partir del cual las víctimas tuvieron la posibilidad material de acceder a la administración de justicia, circunstancia que, como se insiste, se concretó con el otorgamiento del poder a su apoderado judicial. Lo acontecido con posterioridad a ese acto no puede trasladarse a la esfera de responsabilidad de los poderdantes dado que, mediante el contrato de mandato y la suscripción del poder, ellos confirieron a su representante judicial la facultad de adelantar las actuaciones necesarias para la defensa de sus intereses a través del derecho de postulación. En ese contexto, le correspondía al apoderado judicial desplegar todo su conocimiento técnico y la diligencia necesarios para procurar el éxito de la gestión encomendada. Si bien las obligaciones derivadas del mandato profesional son de medio y no de resultado, ello no releva al mandatario del deber de cumplir el encargo conferido, ni de rendir cuentas sobre su gestión. Tal obligación encuentra fundamento en que el mandatario no actúa en nombre propio, sino por cuenta e interés del mandante, razón por la cual este último debe ser informado acerca de la forma en que fueron administrados y tramitados sus asuntos, tal y como lo exige el artículo 2181 del Código Civil. En el caso bajo examen, se observa que luego de más de dos años después del último poder conferido, el apoderado presentó la solicitud de conciliación, esta se declaró fallida el 23 de abril de 2018 y 4 meses después, y solo hasta el 14 de agosto de 2018, se radicó la demanda. Si bien es cierto que el apoderado no tenía por qué saber en ese momento que llegaría la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 en la que se aclaró el tema de la caducidad y se fijaron lineamientos jurisprudenciales, sí le asistía el deber de desplegar una actuación más diligente en el cumplimiento del mandato conferido puesto que: No es cierto que hubiese existido una posición unificada al interior del Consejo de Estado favorable a la imprescriptibilidad, como ya se explicara más adelante. Las figuras de prescripción y caducidad no son equivalentes; y Tampoco resulta del todo acertado afirmar que, durante el lapso de 2016 a 2018, el apoderado se dedicó a la obtención de los elementos probatorios necesarios para promover la demanda pues aunque aportó varios documentos, del contenido de la reforma de la misma se advierte que solicitó al Tribunal de origen el decreto oficioso de múltiples pruebas destinadas a sustentar las pretensiones de la acción, así: …Bajo esos lineamientos, solo resta por concluir que la acción se interpuso por fuera del término de caducidad contado desde que los demandantes tuvieron la ocasión de acceder a la administración de justicia con el otorgamiento del poder, y su apoderado instauró la demanda superando el término de 2 años desde ese momento. RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY – En las sentencias de unificación definición y alcances / RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY – Aplicación de la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado La retrospectividad constituye un efecto temporal propio de los cambios jurisprudenciales conforme al cual, la nueva regla interpretativa fijada por el juez se aplica de manera inmediata y general a los procesos en curso, y a aquellos que se promuevan con posterioridad a la decisión, sin que ello implique afectar situaciones jurídicas consolidadas o decisiones judiciales que ya hayan adquirido firmeza. En tal sentido, la retrospectividad supone que el nuevo criterio jurisprudencial incide sobre litigios que aún no han sido definitivamente resueltos, toda vez que estos se tienen que someter al derecho vigente al momento de proferirse la decisión final. En ese sentido es claro que la existencia de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 mencionada no autoriza reabrir o modificar casos ya concluidos mediante sentencia ejecutoriada. Así, como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, el efecto retrospectivo constituye la regla general de los cambios de precedente, salvo que el propio tribunal disponga expresamente que la nueva regla tendrá efectos exclusivamente prospectivos. En la Sentencia T-044 de 2022, la Corte Constitucional examinó este fenómeno en un caso similar en el que también se debatía un asunto relacionado con la caducidad y la aplicación en el tiempo de la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado, y en aquella oportunidad, la Corte precisó que dicha sentencia tenía efectos retrospectivos por las siguientes cuatro (4) razones: “Primero, porque darle efectos retroactivos a las sentencias de unificación es una práctica que está prima facie proscrita; segundo, porque, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la regla general es que los cambios en el precedente judicial tengan efectos generales e inmediatos; tercero, debido a que, según la práctica jurisprudencial del Consejo de Estado, los efectos prospectivos del cambio en el precedente judicial deben ser declarados explícitamente en la respectiva providencia judicial; y, cuarto, porque, esa fue la intención de la mayoría de los miembros de la Sala Plena de la Sección Tercera”. Frente al segundo argumento referido a los efectos generales e inmediatos, la Corte precisó que la determinación de los efectos de las providencias judiciales corresponde al legislador, y recordó que, conforme al artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, las sentencias “producen efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya identidad jurídica y de partes”. No obstante, como en esta norma no se reguló el alcance temporal que las reglas jurídicas contienen frente a cambios de precedente, la Corporación advirtió que la regla general de la aplicación general e inmediata no puede aplicarse de manera automática, pues los jueces deben valorar las circunstancias particulares del caso, especialmente cuando el cambio jurisprudencial impone nuevas cargas procesales, argumentativas o probatorias o incide en los términos procesales. La Corte precisó que, en tales eventos, la aplicación inmediata del nuevo precedente podría desconocer la confianza legítima y las garantías procesales de las partes, por lo que corresponde al juez examinar si su aplicación sacrifica de manera intensa derechos fundamentales, incluso cuando el órgano que modificó la jurisprudencia no haya previsto expresamente el régimen de transición. (Negrillas del Ministerio Público). Conclusión: Dado que esta demanda se instauró el 14 de agosto de 2018, la sentencia de unificación se emitió el 29 de enero de 2020 y el fallo de primera instancia se profirió el 27 de febrero de 2026, se puede decir que el caso es susceptible de la aplicación del precedente de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, a menos que su aplicación sacrifique de forma intensa derechos fundamentales, circunstancia que se evaluará más adelante al revisar lo atinente al derecho de acción en el marco del contrato de mandato. SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO- Análisis del fenómeno de la prospectividad / SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN - Esta figura no es la regla, sino la excepción, pues como ya vimos, la regla es la retrospectividad, incluso si el órgano de cierre guarda silencio sobre los efectos de la sentencia. La prospectividad es el efecto temporal mediante el cual un cambio de precedente solo se aplica hacia el futuro, esto es, a los procesos o situaciones jurídicas que se inicien con posterioridad a la decisión que introduce la nueva regla jurisprudencial, con el fin de preservar la seguridad jurídica, la confianza legítima y las garantías procesales de quienes actuaron conforme al precedente vigente al momento de realizar sus actuaciones. En consecuencia, cuando un tribunal dispone que el nuevo criterio tendrá efectos prospectivos, se excluye su aplicación en procesos en curso o a actuaciones realizadas bajo la vigencia del precedente anterior, de modo que se establece un régimen de transición que evita que la modificación interpretativa imponga cargas inesperadas o afecte derechos de quienes confiaron razonablemente en la regla jurisprudencial previamente existente. Esta figura no es la regla, sino la excepción, pues como ya vimos, la regla es la retrospectividad, incluso si el órgano de cierre guarda silencio sobre los efectos de la sentencia. CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA – Desarrollo jurisprudencial respecto de los daños derivados de las conductas constitutivas de lesa humanidad antes del 29 de enero de 2020 Antes del 29 de enero de 2020 no existía un criterio uniforme en torno a la aplicación del término de caducidad respecto de los daños derivados de las conductas constitutivas de lesa humanidad. En la Sentencia T-044 de 2022 se indicó que “[a]unque las tres subsecciones coincidían en la inaplicación del término de caducidad, no lo hacían frente al estándar probatorio respectivo. La Subsección “A” consideraba necesario que en el plenario reposaran elementos de juicio que dieran cuenta de que los hechos alegados fueran constitutivos de delitos de lesa humanidad y, por su parte, las Subsecciones “B” y “C” consideraban suficiente que los hechos narrados tuvieran la connotación propia de tales conductas”. (Negrillas del Ministerio Público). Además de lo mencionado por la Corte Constitucional, esta Vista Fiscal estudió sentencias del Consejo de Estado en las que no había ni siquiera tal coincidencia. Por ejemplo: En la providencia del 17 de septiembre de 2013, la Subsección C de la Sección Tercera, dentro del caso seguido por la muerte del señor Jorge Alberto Echeverry Correa durante la toma guerrillera del Palacio de Justicia, el alto tribunal indicó que no era procedente aplicar la caducidad frente a delitos de lesa humanidad debido al principio universal de imprescriptibilidad que rige dichos delitos. (En esa oportunidad, la Corporación señaló que la imprescriptibilidad aplicable a conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad no se circunscribía exclusivamente al ámbito penal. Por el contrario, a partir del contenido esencial de los derechos humanos, de la normativa internacional y de la jurisprudencia nacional e internacional, sostuvo que dicha imprescriptibilidad deriva de la gravedad de la afrenta social que estos delitos representan, circunstancia que irradia consecuencias jurídicas en las distintas ramas del ordenamiento, incluido el derecho administrativo). No obstante ante la existencia de ese pronunciamiento, en otras sentencias se moduló e incluso se contradijo esa postura: En efecto, en sentencias proferidas por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado como las emitidas el 10 de febrero de 2016 (R05001-23-33-00-2015-00934-01(AG) y el 7 de diciembre de 2016 (Expediente 57.448), se indicó que el objeto y la causa en los procesos penales eran diferentes a los de los procesos en los que se persigue la indemnización administrativa, al punto de que la carga probatoria en la reparación directa la soporta el demandante, y el origen de la responsabilidad no es la culpa personal del agente, sino la antijuridicidad del daño imputable a la entidad demandada. Con fundamento en lo anterior, la Corporación judicial consideró que las normas internacionales que consagraban la imprescriptibilidad de la acción penal en casos de delitos de lesa humanidad, excluían las acciones indemnizatorias frente al Estado, máxime cuando en el ordenamiento jurídico interno, existía norma especial que regulaba la materia. En una tercera posición, distinta a las dos anteriores, en providencia del 20 de junio de 2011, dentro del radicado No. 11001-03-15-000-2011-00655 (AC), al estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra del auto que improbó un acuerdo conciliatorio realizado por los familiares del señor Nelson Abad Ceballos Arias por los perjuicios sufridos con la muerte de este a manos de miembros del Ejército Nacional, el Consejo de Estado señaló que en dicho asunto era pertinente dar aplicación por analogía al término de caducidad establecido para la desaparición forzada, toda vez que los hechos se originaban igualmente en un delito de lesa humanidad, que requería una especial atención del Estado. Así pues, concluyó que, en defensa del derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia, y dadas las circunstancias particulares del caso, la caducidad empezaría a contarse desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal. Incluso, de manera distinta, y en una cuarta posición, el Consejo de Estado en Sentencia del 7 de septiembre de 2015, dentro del proceso con radicado No. 11001-03-15-000-2015-01676-00(AC), al estudiar una acción de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Antioquia por revocar la excepción que declaró no probada la caducidad del medio de control de Reparación Directa (interpuesto por los familiares del señor José Gerardo Galeano Tobón, de quien se presumía que falleció a manos del Ejército Nacional), la Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que sólo una vez concluida la etapa probatoria, el Juez estaría facultado para tomar una decisión sobre la caducidad. CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA – Desarrollo jurisprudencial respecto de los daños derivados de las conductas constitutivas de lesa humanidad a partir de la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 Debido a la disparidad de criterios, la Sala Plena de la Sección Tercera emitió sentencia de segunda instancia dentro del radicado que tenía en ciernes y en esta decisión, además de resolver la controversia suscitada entre las partes, unificó su jurisprudencia así: “(…) UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: En tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador. Este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y El término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley. Esto porque, se dijo que “el conocimiento de la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado es lo que da paso al conteo del término de caducidad”. Dentro de los argumentos para fijar dichas reglas indicó que: “[L]as situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, se encuentran previstas en materia de lo contencioso administrativo al amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso y en virtud de lo cual el término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a partir de que se advierta que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política”. (…) “En suma, en lo penal, la acción no prescribe si no se identifica la persona que se debe procesar por el respectivo delito y, en lo contencioso administrativo, el término de caducidad de la reparación directa no es exigible sino cuando el afectado advierte que el Estado estuvo implicado en la acción u omisión causante del daño y le resulta imputable el daño. (…) en nuestro ordenamiento, frente a la caducidad de la pretensión de reparación directa, se encuentra consagrado un supuesto que aplica a todos los eventos, incluidos aquellos en los que se invocan delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, relacionado con el conocimiento de las situaciones que permiten deducir la participación y responsabilidad del Estado, como supuesto habilitante para exigir el plazo para demandar. (…) Así las cosas, la Sección Tercera concluye que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra se encuentran previstas en materia de lo contencioso administrativo al amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso y en virtud de lo cual el término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a partir de que se advierta que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política. (…) “excepcionalmente, inaplicar el término de caducidad de la pretensión de reparación directa cuando [se] advierta que la no comparecencia ante la administración de justicia se encuentra justificada por razones materiales, pues el paso del tiempo no puede empezar a correr contra quien no goza del acceso efectivo a la administración de justicia, lo cual, se insiste, depende de las circunstancias especiales de cada sujeto” Esto, debido a que, para efectos del término de caducidad, no es determinante la situación causante del daño, sino la condición particular de quien acude al aparato jurisdiccional del Estado”. (Énfasis añadido por el Ministerio Público) Conclusión: La respuesta al interrogante formulado es que para el momento de la interposición de la demanda, no había unidad de criterio sobre la aplicación de la caducidad en materia de delitos de lesa humanidad. Esta circunstancia hace que los recurrentes no puedan exigir la aplicación de un criterio anterior al de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, porque no existía un criterio único sobre la materia. DERECHO A LA IGUALDAD - Vinculatoriedad de los precedentes jurisprudenciales en casos de desplazamiento forzado / DERECHO A LA IGUALDAD - Impone que las reglas jurisprudenciales se apliquen de manera uniforme a todos aquellos que se encuentran en situaciones comparables DERECHO A LA IGUALDAD - Se aplica salvo que exista una razón objetiva y suficiente que justifique un trato diferenciado. La Corte Constitucional en Sentencia T-450 de 2024 en la que abordó el caso de unas víctimas del desplazamiento forzado como sujetos de especial protección constitucional, destacó que si bien los jueces están sometidos al imperio de la ley, el significado de ley debía entenderse en sentido amplio; es decir, al “imperio del derecho”, lo que significa hallarse vinculados a la Constitución, el bloque de constitucionalidad, los decretos reglamentarios y la jurisprudencia, esto último en el sentido fijado en la sentencia C-539 de 2011, según la cual, el deber de aplicar la ley incluye observar la interpretación fijada por los órganos de cierre, así como los pronunciamientos de la Corte Constitucional, puesto que las altas cortes cumplen la función de esclarecer el alcance de los textos normativos. En ese sentido, el tribunal constitucional distinguió entre disposición y norma jurídica, al señalar que la primera corresponde al texto legal, mientras que la segunda, a su significado, el cual solo puede obtenerse mediante interpretación,… Aunque la corporación judicial no desconoce la posibilidad de apartarse del precedente, es claro que ha fijado ciertas reglas para que ello acontezca. La Corte precisó que el Consejo de Estado, como tribunal de cierre contencioso administrativo, tiene la función constitucional de unificar la jurisprudencia en materia de derecho administrativo, aunado al hecho por el cual, fue por mandato legal a través de la Ley 1437 de 2011, que se ordenó fortalecer la función unificadora del Consejo de Estado y asegurar que sus decisiones fueran observadas tanto por la administración, como por los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa, (tal y como se dijo en la Sentencia SU-353 de 2020 de la Corte Constitucional). Visto lo anterior, cabe anotar que el predicar la aplicación del derecho a la igualdad respecto de aquellos casos en los que se aplicó el estándar de imprescriptibilidad antes de la sentencia del 29 de enero de 2020, y por tanto generar o admitir la inaplicación de ese precedente, no solo implicaría desconocer su fuerza vinculante, sino que además generaría un tratamiento desigual e injustificado frente a quienes, en situaciones equivalentes, se encuentran sometidos a la misma regla jurisprudencial cuando sus procesos de hallan en curso, lo cual sí contravendría el mandato de igualdad en la aplicación de la ley y de la jurisprudencia por parte de la administración de justicia. En el caso de los recurrentes no se advierte que su situación reúna circunstancias excepcionales que justifiquen apartarse de la regla general fijada por la sentencia de unificación, ni que su situación presente rasgos diferenciadores que obliguen al juez a examinarla bajo un estándar distinto al aplicado a los demás casos sometidos al mismo régimen jurídico. En efecto, el derecho a la igualdad en la aplicación del derecho impone que las reglas jurisprudenciales se apliquen de manera uniforme a todos aquellos que se encuentran en situaciones comparables, salvo que exista una razón objetiva y suficiente que justifique un trato diferenciado. En el presente asunto, se retira que los apelantes no ofrecieron elementos que permitan concluir que su situación fáctica o jurídica se aparta de la de las demás personas que acudieron mediante la acción de reparación directa a la jurisdicción y que, tras el cambio jurisprudencial introducido por la sentencia de unificación de 2020, deben asumir los efectos retrospectivos de dicha decisión. Pretender que su caso sea sustraído de la aplicación de ese precedente sin una justificación clara y verificable, implicaría conferirles un privilegio injustificado frente a quienes se encuentran en condiciones equivalentes, lo cual no solo erosionaría la seguridad jurídica que persiguen las sentencias de unificación, sino que también desconocería el principio de igualdad que debe orientar la actuación de los jueces al aplicar el derecho. SALVAMENTO DE VOTO – Un juez no incurre en desconocimiento del precedente por apartarse de un salvamento de voto. Aunque los salvamentos de voto en general poseen un importante valor jurídico, argumentativo y hermenéutico dentro del sistema judicial colombiano, no constituyen precedente vinculante en sentido estricto, porque no integran la ratio decidendi de la sentencia. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido que el precedente obligatorio surge de la ratio decidendi de la providencia adoptada por la mayoría. Por tanto, los salvamentos y aclaraciones de voto no obligan a los jueces, ni tienen fuerza normativa directa. En otras palabras, un juez no incurre en desconocimiento del precedente por apartarse de un salvamento de voto. En las Sentencias T-450 de 2024 y SU-068 de 2018 la Corte Constitucional precisó: (…) conviene aclarar que una sentencia se compone de tres elementos: (i) la decisión del caso o decisum; (ii) las razones que se encuentran vinculadas de forma directa y necesaria con el fallo o ratio decidendi; y (iii) los argumentos accesorios utilizados para ayudar a construir la argumentación judicial, conocidos como obiter dicta. De esos elementos, solo la ratio decidendi constituye precedente. Por su parte, el Consejo de Estado indicó los salvamentos de voto, no prueban un error judicial. MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓNES – Tiene unos límites que radican en el derecho convencional, en el constitucional y en el administrativo, a fin de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓNES – Tiene unos límites que radican en el derecho convencional, en el constitucional y en el administrativo, a fin de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso “La motivación de las decisiones tanto judiciales como administrativas, tiene unos límites que radican en el derecho convencional, en el constitucional y en el administrativo, a fin de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso, así como los principios fundamentales que rigen un Estado democrático. Solo al amparo de esos límites, se puede evitar que las autoridades públicas actúen de forma arbitraria o con abuso de poder”. El tratadista de derecho Manuel Fernando Quinche Ramírez, ha sostenido que las obligaciones que surgen de los compromisos internacionales implican que: i) Los Estados suscriptores interpreten los derechos constitucionales de conformidad con los pactos internacionales sobre derechos humanos aprobados por ellos; ii) la obligación de ajustar la legislación interna a lo establecido en tales pactos; iii) la obligación de abstenerse de promulgar normas que contraríen esos tratados sobre protección de derechos humanos; iv) la obligación de evitar que por acción u omisión de las autoridades estatales, se desconozcan las obligaciones establecidas en los acuerdos internacionales; v) la obligación de adoptar medidas y diseñar acciones encaminadas a lograr la vigencia efectiva de los derechos y reparar las consecuencias que se derivan de su vulneración; y vi) la obligación de procurar vías ciertas, ágiles y efectivas de acceso a la justicia. El maestro en mención precisa que el corpus iuris del bloque de convencionalidad se basa en “la Convención Americana de Derechos Humanos y los tratados concurrentes respecto de los cuales puede la Corte Interamericana ejercer su competencia contenciosa”, y agrega que hacen parte de dicho cuerpo normativo, las elucubraciones que hace esa Corte, como interprete autorizado de la convención. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD – Se realiza una función interpretativa e integradora / CONTROL DE CONVENCIONALIDAD - Se desarrolla una actividad obligatoria, relacionada con la fiscalización del cumplimiento de los derechos humanos en la región En efecto, en el control de constitucionalidad se ejerce una función interpretativa, “como guía para la interpretación del contenido de las cláusulas constitucionales y en la identificación de las limitaciones admisibles a los derechos fundamentales”, y bajo el bloque de constitucionalidad, se ejerce una función integradora, según la cual, “en ausencia de disposiciones constitucionales expresas, se acude a los ordenamientos internaciones, por remisión directa de los artículos 93, 94, 44 y 53 superiores…”; mientras que con ocasión de las funciones del control de convencionalidad se desarrolla una actividad obligatoria, relacionada con la fiscalización del cumplimiento de los derechos humanos en la región, lo cual debe hacerse desde el derecho convencional y no desde el derecho local y le concierne a todo operador jurídico. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD – Análisis de La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha entendido que ese análisis se debe efectuar bajo la noción del control de convencionalidad, denominación que desarrolló ese tribunal internacional por primera vez en el caso Almonacid Arellano vs. Chile. Posteriormente, en los casos Boyce y otros Vs. Barbados, López Lone y otros Vs. Honduras y V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua, entre otros, la CIDH delineó las características del control de convencionalidad, las cuales se pueden resumir así: a) Consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte; b) Es una obligación que corresponde a toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias; c) Para efectos de determinar la compatibilidad con la CADH, no sólo se debe tomar en consideración el tratado, sino que también la jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte; d) Es un control que debe ser realizado ex officio por toda autoridad pública, y e) Su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la CADH o bien su interpretación conforme a la CADH, dependiendo de las facultades de cada autoridad pública». (Subrayas fuera del texto original) Los recurrentes hacen énfasis en el caso Órdenes Guerra contra Chile, para predicar la aplicación de la imprescriptibilidad y/o la no aplicación de la caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como lo que ocurre con el desplazamiento forzado, sin embrago, la Corte Constitucional recordó que la Sentencia SU-312 de 2020 estableció que la aplicación del término de caducidad en el medio de control de reparación directa, incluso cuando el daño proviene de delitos de lesa humanidad, resulta compatible con los criterios interpretativos desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra contra Chile. En ese caso, la Corte precisó que el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que la caducidad del medio de control de reparación directa no desconoce lo dispuesto en la Sentencia del 29 de noviembre de 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso Órdenes Guerra y otros, contra Chile, toda vez que: (i) En dicha providencia, el tribunal internacional se limitó a avalar la aceptación del Estado chileno de su responsabilidad en la violación del derecho al acceso a la justicia causada por la aplicación de las normas nacionales sobre la prescripción de las acciones de reparación de los daños causados por delitos de lesa humanidad y, en este sentido, no realizó una interpretación vinculante de los artículos 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos humanos; y (ii) En todo caso, a efectos de la reclamación judicial de la reparación de los daños imputables a la administración, debe tenerse en cuenta que “el ordenamiento jurídico chileno contiene preceptos distintos a los establecidos en el derecho colombiano, en cuanto no prevén la posibilidad de contar el plazo pertinente a partir del conocimiento de la participación del Estado, lo cual, como antes se explicó, es una regla que tiene los mismos efectos que la imprescriptibilidad en materia penal. IMPRESCRIPTIBILIDAD - Se circunscribe al ámbito de la persecución penal y no se proyecta de manera automática sobre las acciones civiles, administrativas o patrimoniales que puedan derivarse de dichos hechos. Así las cosas, el Ministerio Público rememorando lo que las altas cortes del país han señalado, destaca que si bien, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad establece que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no están sujetos a prescripción, de modo que los Estados no pueden imponer límites temporales para investigar, juzgar y sancionar penalmente a los responsables de tales conductas, también es cierto que el alcance de esta regla se circunscribe al ámbito de la persecución penal y no se proyecta de manera automática sobre las acciones civiles, administrativas o patrimoniales que puedan derivarse de dichos hechos. IMPRESCRIPTIBILIDAD – La prevista en el derecho internacional no impide que los ordenamientos internos establezcan plazos procesales y requisitos internos / CADUCIDAD - Resulta jurídicamente viable la aplicación del término de caducidad previsto por el legislador para el medio de control de reparación directa En consecuencia, la imprescriptibilidad prevista en el derecho internacional no impide que los ordenamientos internos establezcan plazos procesales para el ejercicio de acciones indemnizatorias contra el Estado, siempre que estos no desconozcan el acceso efectivo a la justicia. Bajo esta comprensión, resulta jurídicamente viable la aplicación del término de caducidad previsto por el legislador para el medio de control de reparación directa, tal como lo precisó la Sentencia de Unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, que fue ratificada y luego modulada por la Corte Constitucional, en un ejercicio de armonización con los convenios internacionales y con la jurisprudencia de las dos altas corporaciones (Consejo de Estado y Corte Constitucional), así: En la Sentencia SU-312 del 13 de agosto de 2020 la Corte precisó que: “[e]n esta oportunidad, a fin de unificar la jurisprudencia, esta Corporación estima que dicho entendimiento del término de caducidad del medio de control de reparación directa es razonable y proporcional desde una perspectiva constitucional y convencional, incluso en casos en los que el daño que se pretenda reparar sea causado por un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio”. (Negrillas del Ministerio Público) Por su parte en la Sentencia SU-167 del 18 de mayo de 2023, la Corte indicó que: “(…) (ii) la caducidad de la demanda de reparación directa o la existencia de barreras en el acceso a la justicia debe ser analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; y (iii) la aplicación del fallo de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad de readecuar el trámite para brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las nuevas cargas y posibilidades procesales que este contiene”. Lo anterior encuentra relevancia con los postulados convencionales y constitucionales alusivos al debido proceso en la dimensión relacionada con el derecho de defensa y contradicción. Finalmente en la Sentencia SU-439 del 16 de octubre de 2024, la máxima guardiana de la Constitución precisó que: La acción penal es imprescriptible frente a delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, no obstante, cuando existe un sujeto individualizado y formalmente vinculado a un proceso por dichas conductas, respecto a éste comienza a contabilizarse el término de extinción de la acción, debido a que no tiene justificación que las personas queden sujetas a un proceso indefinidamente por la inoperancia de las autoridades, más aún cuando en el curso del mismo pueden ser privadas de su libertad o de otras prerrogativas fundamentales. En virtud del principio pro damnato o favor victimae, el término de caducidad del medio de control de reparación directa no puede aplicarse de manera rígida, pues en ocasiones, dadas las circunstancias particulares del caso, pueden admitirse flexibilizaciones, necesarias para garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia y la reparación integral de las víctimas. El término de la caducidad es razonable debido a que sólo empieza a contabilizarse cuando exista claridad en torno a lo sucedido. Por esto, no es determinante la fecha de ocurrencia de la conducta, sino la posibilidad del interesado de identificar la participación en los hechos de sujetos vinculados al Estado y de acudir a la jurisdicción para presentar una reclamación. La exigencia del término de caducidad protege la seguridad jurídica. La exigencia del término de caducidad en procesos judiciales relacionados con daños causados por el Estado con ocasión de un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio, no representa una afectación del derecho al acceso a la justicia de las víctimas, porque: a) los interesados cuentan con un plazo razonable, que se cuenta cuando el afectado tiene conocimiento de que el menoscabo fue causado por el Estado y se encuentre en la capacidad material de imputarle responsabilidad; b) la procedencia de la demanda es analizada por el juez contencioso administrativo según las particularidades del caso; y, c) la desestimación del medio de control de reparación directa por caducidad no impide obtener una reparación patrimonial del daño por otros medios, como el incidente de reparación integral en el marco de un proceso penal. (Negrillas fuera de texto). Visto ese panorama, se puede decir que la postura de los apelantes en torno a la inaplicación del precedente de unificación del 29 de enero de 2020, fue expuesta de manera deshilvanada, pues se limitaron a invocar de forma general algunos precedentes y estándares internacionales, sin explicar de qué manera tales referencias permitirían al juez apartarse del precedente vinculante fijado por la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado de la fecha referida. CONCEPTO N° 108/2026 Bogotá, D. C., 03 de junio de 2026 Señores CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C Consejero Ponente, doctor NICOLÁS YEPES CORRALES S. D. Ref: Proceso: 05001-23-33-000-2018-01752-01 (74.489) Reparación directa Actor: Jovina Urrego de Higuita y otros Demandado: Nación – Ministerio del Interior y Ministerio Defensa Nacional – Ejército Nacional y Policía Nacional El Ministerio Público presenta concepto en el expediente de la referencia. En esta oportunidad, solicita confirmar la conclusión de la sentencia recurrida, pero no los argumentos esgrimidos para llegar a ella. Para dicho propósito suplica sean tenidos en cuenta los argumentos que se exponen a continuación. ANTECEDENTES 1.1. DEMANDA La demanda que dio origen al presente proceso fue presentada el 14 de agosto de 2018 por las víctimas indirectas, (familiares de XXX y YYY), en contra de la Nación Ministerio del Interior, Presidencia de la República, y Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y Policía Nacional, con el propósito de obtener la reparación de los perjuicios derivados de la muerte de YYY el 30 de julio de 2015 y de XXX, el 5 de enero de 1999; así como por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas por ser simpatizantes del movimiento político de la Unión Patriótica UP, toda vez que, a su juicio, las demandadas no cumplieron con sus deberes legales y constitucionales de protección hacia la población. Los demandantes afirman que residían en el municipio de Apartadó (Antioquia). Los demandantes afirman que residían en el municipio de Apartadó (Antioquia). (Cabe anotar que la demanda fue inadmitida mediante Auto del 1 de febrero de 2019 porque en el poder allegado por la señora Jovina Urrego conferido el 7 de enero de 2016, se indicó que ella actuaba en nombre propio, pero en la demanda se mencionaba que ella lo hacía también en nombre de la sucesión de sus hijos XXX y YYY. Este Auto se notificó por estado el 5 de febrero de 2019 y por correo electrónico el 4 de febrero de 2019. Dentro del término concedido para el efecto, el apoderado del extremo activo subsanó la demanda el 14 de febrero de 2019 y el 18 de junio de 2019 la reformó). Además de la declaración de responsabilidad que pretenden, solicitan indemnización por perjuicios materiales e inmateriales. Por lucro cesante vencido reclaman la suma de $1.658.924.293 millones de peses o 2.123 salarios mínimos para el momento de la presentación de la demanda, sin perjuicio de su indexación. CONTESTACIONES i) La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda al considerar que en el expediente no existía prueba de solicitudes de protección, denuncias de amenazas o comunicaciones que permitieran inferir que las autoridades conocían una situación de riesgo respecto del núcleo fami