Consulta (misional) C-98-2024 de 2025 — Se debe garantizar la contradicción en el proceso disciplinario

CONSULTA- Determinación de la competencia de la Procuraduría y demás autoridades en casos de acoso laboral/CONSULTA-Acceso y manejo de historias clínicas y reportes médicos/CONSULTA-Traslado de pruebas de la Fiscalía PRUEBA TRASLADADA-Es un mecanismo de economía procesal: se usan pruebas ya existentes en otros procesos practicadas válidamente mediante copia simple autorizada por el funcionario que custodia la prueba PRUEBA TRASLADADA-Se debe garantizar la contradicción en el proceso disciplinario PRUEBA TRASLADADA-Las copias que se trasladen al proceso disciplinario estén autorizadas por el funcionario judicial o administrativo, según la naturaleza del proceso PRUEBA TRASLADADA-Los elementos materiales de prueba o evidencias físicas que no hayan sido descubiertos, la remisión estará supeditada a la autorización que al respecto imparta el fiscal del caso ACOSO LABORAL-Competencia, si la víctima es trabajador Conoce el juez laboral, si la víctima es servidor público Conoce el Ministerio Público, servidores judiciales Comisión Nacional de Disciplina Judicial ACOSO LABORAL-En principio no aplica la Ley 1010 de 2006, porque no hay subordinación en los contratos de prestación de servicio, salvo demuestra que en realidad existe un vínculo laboral encubierto RESERVA-Las historias clínicas son documentos privados y protegidos por el derecho a la intimidad, sin embargo, las autoridades disciplinarias competentes pueden requerir historias clínicas, pero es confidencial al artículo 27 del CPACA Bogotá, D. C., 12/05/2025 C-98 – 2024 SALIDA 12/05/2025 C., 12/05/2025 C-98 – 2024 SALIDA 12/05/2025 Doctor Luis Alejandro Manjarrés Moreno Jefe Oficina Control Disciplinario Interno Alcaldía de Madrid Calle 5 4-74  Madrid (Cundinamarca) controldisciplinario@madrid-cundinamarca.gov.co contactenos@madridcundinamarca.gov.co Ref.: Respuesta consulta rad. E-2024-556900 del 27/08/2024 (C-2024-3812164) Respetado doctor: En atención a la consulta de la referencia, mediante la cual solicita que se emita concepto jurídico en torno a i) la prueba trasladada, en especial, la forma en que se materializa la autorización del funcionario respecto de las copias; el competente para impartir dicha autorización; la validez de las copias simples; ii) a la competencia para conocer de los comportamientos constitutivos de acoso laboral, en especial, cuando los sujetos activo y pasivo de la conducta son servidores públicos, o cuando el sujeto pasivo es contratista; y iii) la posibilidad de requerir, con fines probatorios, la copia de los reportes médicos e historias clínicas de los investigados, me permito manifestarle lo siguiente: Debe resaltarse que, en cumplimiento de la función que le ha sido asignada a esta oficina en el artículo 9.º, numeral 3.° del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 4.° del Decreto Ley 1851 de 2021, se suministrarán elementos de juicio generales que sirvan para ilustrar el tema consultado, que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares, sin que ello se entienda como resolución de un caso particular y concreto. Pues bien, respecto del punto i), se inicia por señalar que la prueba trasladada es un medio de convicción al cual se acude en virtud del principio de economía procesal, en la medida en que faculta al funcionario de conocimiento para hacer uso de las pruebas que ya obran en una actuación —tanto las aportadas como las practicadas— para ser apreciadas dentro de otra, al momento de adoptarse la decisión que corresponda. Ello no conlleva «trasladar interpretaciones acerca del poder de convicción y alcance de la prueba, sino tan solo el medio probatorio tal como objetivamente se surtió dentro de otro proceso, para ser analizado en uno diferente y por un juez distinto, con los alcances que según su entendimiento tienen, para generar la certeza que requiere la decisión que de él se espera». Cabe recordar que la prueba trasladada ha sido regulada por el legislador disciplinario así: El paralelo que antecede tiene como propósito resaltar, básicamente, que ya no se exige que las pruebas sean trasladadas en copia auténtica, sino en copias simples (sin mayores exigencias formales) autorizadas por el respectivo funcionario; y le corresponde al fiscal del caso —y no fiscal general de la Nación— determinar qué información, o elementos materiales de prueba o evidencias físicas que no hayan sido descubiertos, pueden ser entregadas a la autoridad disciplinaria solicitante. Ahora, de la norma vigente se advierte que la autoridad disciplinaria se encuentra facultada para trasladar tanto pruebas (confesión, testimonio, peritación, inspección disciplinaria, documentos) como medios que no superan tal calificación (elementos materiales de prueba o evidencias físicas); y que puede trasladar pruebas que obren en cualquier tipo de proceso judicial (civil, laboral, contencioso administrativo, de familia, etc.) o que reposen en cualquier actuación administrativa (autoridad disciplinaria, organismos de control, etc.). y que puede trasladar pruebas que obren en cualquier tipo de proceso judicial (civil, laboral, contencioso administrativo, de familia, etc.) o que reposen en cualquier actuación administrativa (autoridad disciplinaria, organismos de control, etc.). Sobre las pruebas, el primer presupuesto para que este mecanismo de traslación sea eficaz es que se hayan producido y aportado en forma válida en el proceso externo; es decir, que no se enmarquen como pruebas ilícitas o prohibidas. En esa medida, «no se requiere que […] sean practicadas nuevamente en el ámbito del proceso disciplinario para que puedan ser apreciadas, puesto que de ser así se perdería el sentido mismo de la figura […]». Aunado a ello, como la valoración de las pruebas no solo se circunscribe a la verificación del cumplimiento de las formalidades legales para su decreto y práctica en el trámite de origen, sino que también comprende el ejercicio del derecho de contradicción por parte del investigado, o su apoderado, dentro del proceso disciplinario de destino, este se considera garantizado plenamente así: Frente a las pruebas: con la decisión en la que se decrete la prueba trasladada; y En cuanto a los elementos materiales de prueba o evidencias físicas que se encuentren en poder de la Fiscalía —descubiertas o no—, se requiere tanto el decreto de la prueba como el poner en conocimiento de los sujetos procesales que han sido incorporados a la actuación. Recuérdese que aun cuando las pruebas trasladadas llegan al proceso de destino en forma documental, no las convierte en prueba documental, pues esa traslación no conlleva la pérdida de su esencia ni altera la forma en que deben ser controvertidas. Por ello, la autoridad disciplinaria del proceso en donde se reciben tiene que salvaguardar tal requisito, de acuerdo con la naturaleza que ostente cada medio suasorio. Por ello, la autoridad disciplinaria del proceso en donde se reciben tiene que salvaguardar tal requisito, de acuerdo con la naturaleza que ostente cada medio suasorio. Y, otro presupuesto que se extrae del artículo 154 del cgd es que las copias que se trasladen al proceso disciplinario estén autorizadas por el funcionario judicial o administrativo, según la naturaleza del proceso. De manera que le corresponde al respectivo funcionario que tenga las pruebas a trasladar, atender la petición elevada por la autoridad disciplinaria, y remitirlas para ser incorporadas en el proceso de destino, con la precisión de que frente a los elementos materiales de prueba o evidencias físicas que no hayan sido descubiertos, la remisión estará supeditada a la autorización que al respecto imparta el fiscal del caso. De otra parte, en cuanto a ii) la competencia para conocer de los comportamientos constitutivos de acoso laboral, en especial, cuando el sujeto activo de la conducta es servidor público, y el pasivo también lo es o tiene la calidad de contratista, se inicia por traer a colación el siguiente artículo de la Ley 1010 de 2006: artículo 12. competencia. Corresponde a los jueces de trabajo con jurisdicción en el lugar de los hechos adoptar las medidas sancionatorias que prevé el artículo 10 de la presente Ley, cuando las víctimas del acoso sean trabajadores o empleados particulares. // Cuando la víctima del acoso laboral sea un servidor público, la competencia para conocer de la falta disciplinaria corresponde al Ministerio Público o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura [léase Comisión Nacional de Disciplina Judicial y seccionales], conforme a las competencias que señala la ley. (Se resalta). De manera que, en principio, el criterio para determinar la autoridad competente para investigar las conductas que constituyen acoso laboral e imponer las respectivas sanciones gira en torno a la condición que ostente la víctima al momento de sufrirlo, veamos: Sin embargo, comoquiera que este criterio debe armonizarse con las competencias legalmente asignadas a las dos autoridades disciplinarias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 del Acto Legislativo 2 de 2015, «[l]a Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial», a partir del 13/01/2021 (fecha en la que entró en funcionamiento). En esa medida, como la competencia de la cndj y sus comisiones seccionales, operará sobre los hechos posteriores a la precitada fecha, las actuaciones disciplinarias respecto de conductas de los empleados judiciales cometidas con anterioridad, deben continuar en conocimiento de las autoridades competentes al momento de su ocurrencia: superior jerárquico al interior de la Rama Judicial o pgn si ejerce el poder preferente. A su vez, el ministerio público (pgn, y personerías distritales y municipales) conocerá de los comportamientos constitutivos de acoso laboral en los que se vean involucrados los demás servidores públicos, de conformidad con lo estatuido en el cgd. Respecto a la competencia para investigar las conductas constitutivas de acoso laboral contra los contratistas, se reitera lo expresado en el concepto C-177 – 2018: [L]a propia Ley 1010 contiene una prescripción clara: En el Parágrafo del artículo 1° se lee: // «La presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y/o comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a la contratación administrativa». // Esta disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-960 de 2007, en el entendido de que si en realidad existe una relación laboral, se aplicará la Ley 1010 de 2006. reflexionó así en la providencia mencionada: […] reflexionó así en la providencia mencionada: […] [L]a Corte resalta que el artículo 1 de la Ley 1010 de 2006 puede tener dos interpretaciones. Una tesis parte del tipo de contrato y sostiene que dicho artículo no hace más que reiterar que cuando el contrato es civil o comercial entonces nunca se puede hablar de subordinación. Según esta interpretación, el tipo de contrato podría llevar a la desprotección de trabajadores que efectivamente sí se encuentran en situación de dependencia o subordinación. Por lo tanto, la ley estaría tratando de manera desigual situaciones que en realidad son semejantes, en desmedro de la protección en contra del acoso laboral. En cambio, otra interpretación sostiene que la norma prevé que cuando exista subordinación en un contrato de prestación de servicios el régimen del acoso laboral sí será aplicable en virtud de lo señalado en dicho artículo. De tal forma que el propio legislador extiende dicho régimen a las situaciones en las cuales sin importar el nombre del contrato que enmarque una relación personal, exista en realidad jerarquía o subordinación. Así la ley trata de manera igual las situaciones iguales, a la luz de su finalidad primordial. Esta controversia interpretativa se ha presentado en otros casos, en especial en sede de tutela, en los cuales se le[s] niegan a los trabajadores derechos alegando que el contrato celebrado no era laboral y olvidando que en esa materia prevalece la realidad, como ya se advirtió anteriormente. Por lo tanto, es necesario asegurar que la interpretación adecuada es aquella respetuosa del principio de igualdad y de las situaciones laborales realmente existentes, es decir, la que extiende la protección de la Ley 1010 de todas las situaciones en las cuales en realidad exista una relación laboral, sin importar el tipo de contrato formal que se hubiere celebrado ni la denominación del mismo [sic]. De acuerdo a lo anterior, la expresión demandada del artículo 1 de la Ley 1010 de 2006 será declarada exequible, en el entendido de que si en realidad existe una relación laboral, se aplicará la Ley 1010 de 2006. De acuerdo a lo anterior, la expresión demandada del artículo 1 de la Ley 1010 de 2006 será declarada exequible, en el entendido de que si en realidad existe una relación laboral, se aplicará la Ley 1010 de 2006. Finalmente, la Corte también resalta que aún en situaciones en las cuales se den contratos de prestación de servicios de forma independiente se deben respetar los derechos fundamentales de las personas y que en el ordenamiento jurídico hay instrumentos para exigir dicho respeto, según las especificidades de cada caso. En conclusión, cuando una persona se vincula a la administración pública mediante un contrato de prestación de servicio, a la relación que de allí se deriva no se le puede aplicar la Ley 1010 de 2006, mientras las notas características de esta no denoten la existencia de una verdadera relación laboral. A contrario sensu, cuando se den los elementos característicos de la relación laboral, la teoría del “contrato realidad” impone el reconocimiento de dicha situación con todas las consecuencias que de ello se derivan, empezando por la protección del trabajador mediante la aplicación de la Ley 1010. Ahora, resulta del caso recordar que, tal y como lo prevé el inciso final del artículo 2.° del cdu, «[l]a acción disciplinaria es independiente de cualquier otra que pueda surgir de la comisión de la falta»; por ende, como esta independencia se traduce en la inexistencia del fenómeno jurídico de la prejudicialidad en esta materia, frente la configuración de la falta de acoso laboral ante la presencia de un contrato disfrazado, le compete a la autoridad disciplinaria, en aplicación de la Ley 1010 de 2006 —y con fundamento, claro está, en las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso—, establecer si en el contrato de prestación de servicios puede estar inmersa una relación laboral, con independencia de lo que acontezca en la respectiva jurisdicción. Así las cosas, una vez se dé cumplimiento al requisito de procedibilidad para el inicio de la acción disciplinaria ―actuación que se surte ante el Comité de Convivencia Laboral de cada una de las entidades del Estado—, se remitirá lo actuado a la respectiva autoridad disciplinaria (administrativa: pgn y personerías; o judicial: cndj y sus seccionales) para que se adelante el trámite subsiguiente de índole sancionador. Y será ella la competente para adoptar las decisiones de rigor frente a las conductas constitutivas de acoso laboral: auto inhibitorio o auto mediante el cual se inicia la actuación disciplinaria. Por último, en cuanto a iii) la posibilidad de requerir, con fines probatorios, la copia de los reportes médicos e historias clínicas de los investigados, en el concepto C-104-2024, esta dependencia se pronunció en los siguientes términos: [S]e parte por señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política, «[t]odas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley». Es decir, solo la Constitución y la ley pueden fijar límites al ejercicio de este derecho fundamental y darle el carácter de reserva a cierta información. Sobre el particular, los artículos 24-3 de Ley 1437 de 2011 (cpaca), 34 de la Ley 23 de 1981 y 10-g) de la Ley 1751 de 2015 consagran que la historia clínica contiene información sensible de la salud del paciente; por ende, es un documento privado sometido a reserva, que únicamente puede ser conocido por terceros, previa autorización de su titular o en los casos establecidos en la ley. por ende, es un documento privado sometido a reserva, que únicamente puede ser conocido por terceros, previa autorización de su titular o en los casos establecidos en la ley. Precisamente, los artículos 10-a) y 13 b) de la Ley 1581 de 2012 señalan que a la entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial se le podrá suministrar la información catalogada como sensible, sin que se requiera autorización del titular; salvedad que está en consonancia con lo dispuesto en el artículo 27 del cpaca, que consagra la inoponibilidad de la reserva, así: El carácter reservado de una información o de determinados documentos, no será oponible […] a las autoridades administrativas que, siendo constitucional o legalmente competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo. Al respecto, en la sentencia C-951/14, la Corte Constitucional consideró lo siguiente: Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo. Al respecto, en la sentencia C-951/14, la Corte Constitucional consideró lo siguiente: [L]o que establece el artículo 27 […] es una «excepción a la excepción» de la reserva de cierta información y documentos, cuando quien los solicita es una de las autoridades enunciadas en la norma, a quienes es inoponible dicha reserva. El legislador estatutario regresa a la regla general de acceso a la información sin restricciones, en atención a la calidad de los peticionarios y a que su objeto está relacionado con el «debido ejercicio de sus funciones». […] el levantamiento de la reserva para dichas autoridades no implica que la información y documentos a los que acceden pierdan su carácter de confidencialidad, toda vez que el funcionario está obligado a mantener la reserva, como lo dispone la parte final del artículo 27 […] no se trata de la solicitud de cualquier autoridad, sino de aquella facultada de forma específica para ello. La aparente generalidad con que la disposición se refiere a autoridades «judiciales, legislativas y administrativas», no lo es en realidad, toda vez que la misma norma estatutaria estipula que la solicitud de información o documentos reservados debe provenir de autoridades (i) constitucional y legalmente competentes para ello y que (ii) debe tener conexidad con el ejercicio de las funciones de estas autoridades. En otras palabras, no es que la inoponibilidad de la reserva pueda invocarse por cualquier autoridad judicial, legislativa o administrativa para cualquier asunto y sin mayor motivación; por el contrario, el levantamiento de la reserva que implica la solicitud de tales funcionarios exige que se trate de cuestiones relacionadas con sus funciones, esto es, con las competencias que ostentan y que dicha información la requieren para su debido ejercicio. Aunado a ello, en el concepto C-143 – 2023 se indicó lo siguiente: Aunado a ello, en el concepto C-143 – 2023 se indicó lo siguiente: [C]on ocasión de la declaratoria de exequibilidad del artículo 189 del cgd, sobre la obligación de entregar documentos, el máximo órgano constitucional efectuó las siguientes precisiones: - De cara al ejercicio efectuado por el propio legislador al equilibrar los fines de la investigación (verdad y justicia) y el derecho a la intimidad: «en el ámbito del derecho disciplinario, es legítimo que las autoridades […] recauden documentos que involucren el derecho a la intimidad, en virtud de la facultad de vigilancia que reconoce el inciso 4.º del artículo 15 de la Constitución Política y que les habilita a obtener tales elementos cuando sean necesarios para el desarrollo de las actuaciones a su cargo»; «el ejercicio del ius puniendi del Estado y el interés de la sociedad para que se investiguen las faltas disciplinarias y se sancione a sus responsables, en procura de preservar la vigencia de un orden justo, constituyen razones para limitar el derecho a la intimidad». - Frente a los destinatarios de la norma: «son las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que tengan en su poder la documentación requerida en un proceso disciplinario y en quienes recae la obligación de entregarla, en caso de ser necesaria dentro del trámite respectivo. Es preciso resaltar que, de abstenerse injustificadamente de cumplir dicha obligación, tales sujetos, de ser servidores públicos o ejercer funciones públicas, pueden ser pasibles de sanción disciplinaria, de conformidad con los artículos 26 y 61 de la Ley 1952 de 2019». - Respecto a las autoridades que ejercen la potestad probatoria (competencia): están habilitadas para efectuar el requerimiento «(i) la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de Disciplina Judicial; (ii) la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno de los entes públicos; (iii) el Senado y la Cámara de Representantes, cuando adelantan impeachment de naturaleza disciplinaria respecto de los aforados constitucionales y; (iv) en general, los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado». - En cuanto al límite a la potestad de recaudo de pruebas de las autoridades disciplinarias: se circunscribe a la necesidad del recaudo de ese documento reservado; así, le corresponde a la autoridad disciplinaria, antes de efectuar el respectivo requerimiento, valorar y ponderar «las eventuales afectaciones que podrían causarse frente al beneficio que se obtendría de cara al avance efectivo de la investigación», que los documentos requeridos «tengan relación con la presunta falta por la cual se adelanta el trámite respectivo». - Sobre las precauciones para resguardar la información de carácter reservado que se incorpore al proceso disciplinario: «(i) se empleará un cuaderno independiente para los documentos reservados, (ii) no se expedirán copias de los mismos [sic], (iii) no perderán su naturaleza reservada por ser parte de una causa disciplinaria y (iv) se comprometerá la responsabilidad de todo funcionario que omita el deber de respetar diligentemente la reserva de la información puesta en su conocimiento (art. 55 de la Ley 1952 de 2019)». En esa medida, si bien la historia clínica es un documento sometido a reserva, resulta viable que las autoridades disciplinarias (pgn, personerías, ocid y demás funcionarios con esas atribuciones) accedan a dicho documento cuando, en ejercicio de sus funciones, lo soliciten para que obre como prueba dentro de un proceso. Sin embargo, como esta información no pierde la connotación de reservada, el servidor público deberá garantizar su protección, reserva, seguridad, confidencialidad, acceso y circulación restringida; para estos efectos, dicha documentación será incorporada al expediente en cuaderno separado, que podrá ser consultado por los sujetos procesales, sin que ello conlleve la obtención de copias de los documentos que lo conformen. Resta agregar que la contestación que antecede, expedida a instancia del consultante, reviste un carácter meramente ilustrativo o indicativo, en la medida en que no tiene fuerza vinculante, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 1437 de 2011 y 39 de la Resolución 330 de 2021. Atentamente, ORIGINAL FIRMADO POR JAVIER CAMILO FERNÁNDEZ VELANDIA Procurador auxiliar para asuntos disciplinarios Proyectó xpgh C-98 – 2024 E-2024-556900 (C-2024-3812164) Ley 200/95 | Ley 734/02 | Ley 1474/11 | Ley 1952/19 Artículo 124. Prueba trasladada. Las pruebas obrantes válidamente en un proceso judicial, administrativo o disciplinario, podrán trasladarse al proceso disciplinario en copia autenticada y se apreciarán de acuerdo con las reglas preexistentes, según la naturaleza de cada medio probatorio. | Artículo 135. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este código. | Artículo 51. Mod. art. 135 de la Ley 734/02. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, y los medios materiales de prueba, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este Código. También podrán trasladarse los elementos materiales de prueba o evidencias físicas que la Fiscalía General de la Nación haya descubierto con la presentación del escrito de acusación en el proceso penal, aun cuando ellos no hayan sido introducidos y controvertidos en la audiencia del juicio y no tengan por consiguiente la calidad de pruebas. Estos elementos materiales de prueba o evidencias físicas deberá ser sometidos a contradicción dentro del proceso disciplinario. Cuando la Procuraduría General de la Nación o el Consejo Superior de la Judicatura necesiten información acerca de una investigación penal en curso o requieran trasladar a la actuación disciplinaria elementos materiales de prueba o evidencias físicas que no hayan sido descubiertos, así lo solicitarán al Fiscal General de la Nación. En cada caso, el Fiscal General evaluará la solicitud y determinará qué información o elementos materiales de prueba o evidencias físicas puede entregar, sin afectar la investigación penal ni poner en riesgo el éxito de la misma. | Artículo 154. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este código. También podrán trasladarse los elementos materiales de prueba o evidencias físicas que la Fiscalía General de la Nación haya descubierto con la presentación del escrito de acusación en el proceso penal, aun cuando ellos no hayan sido introducidos y controvertidos en la audiencia del juicio y no tengan por consiguiente la calidad de pruebas. Estos elementos materiales de prueba o evidencias físicas deberá ser sometidos a contradicción dentro del proceso disciplinario. Cuando la autoridad disciplinaria necesite información acerca de una investigación penal en curso, o requiera trasladar a la actuación disciplinaria elementos materiales de prueba o evidencias físicas que no hayan sido descubiertos, así lo solicitará al Fiscal del caso, quien evaluará la solicitud y determinará qué información o elementos materiales de prueba o evidencias físicas puede entregar, sin afectar la investigación penal ni poner en riesgo el éxito de la misma. acoso laboral | acoso laboral sujeto pasivo o víctima | autoridad competente Trabajadores o empleados particulares | Juez laboral Servidores públicos | Ministerio público Servidores públicos | Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales