Consulta (misional) C-35-2025 de 2026 — Control social es una forma de participación ciudadana

CONSULTA-Control social es una forma de participación ciudadana SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Comités de Desarrollo y Control Social (CDCS) y los vocales de control, quienes pueden ser miembros de juntas directivas de empresas oficiales de servicios públicos o de comités de estratificación, designados por el alcalde SUJETOS DISCIPLINABLES-Los vocales de control son particulares, pero pueden ser disciplinables si cumplen funciones públicas SUJETOS DISCIPLINABLES-Responsabilidad disciplinaria de los miembros de juntas directivas de personas jurídicas a que la falta les sea imputable por incumplimiento de sus deberes funcionales Así las cosas, los vocales de control serán particulares disciplinables —y se les aplicará el régimen disciplinario consagrado para ellos en el cgd— cuando en su condición de miembros de junta directiva de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios del orden municipal o distrital, o del comité de estratificación local, incurran en faltas disciplinarias, con ocasión de las funciones públicas que les han sido asignadas a los integrantes de dicho órgano colegiado. Bogotá, D. C., 22/01/2026 C-35 – 2025 SALIDA 22/01/2026 Doctor Óscar David Morales López  Personero municipal de Mosquera Carrera 2 3-16, oficina 301, Centro Histórico Mosquera (Cundinamarca) personeria@personeriamosquera.gov.co Ref.: Respuesta consultas rads. E-2025-166637 del 04/04/2025 y E-2025-462253 del 09/09/2025 (C-2025-4007843) Respetado doctor: En atención a las consultas de la referencia, mediante las cuales solicita que se emita concepto jurídico en torno a la calidad de disciplinable del vocal de control como integrante de la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera, me permito manifestarle lo siguiente: Debe resaltarse que, en cumplimiento de la función que le ha sido asignada a esta oficina en el artículo 9.°, numeral 3.° del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 4.° del Decreto Ley 1851 de 2021, se suministrarán elementos de juicio generales que sirvan para ilustrar el tema consultado, que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares, sin que ello se entienda como resolución de un caso particular y concreto. Pues bien, cabe partir por señalar que el control social es una de las formas de participación ciudadana que busca que la ciudadanía incida en los asuntos públicos que están a cargo de las instituciones. En particular, para el caso de los servicios públicos domiciliarios, la Ley 142 de 1994 y el Decreto reglamentario 1429 de 1995 (compilado en el Decreto 1077 de 2015) consagran este control a partir de los comités de desarrollo y control social (cdcs) y los vocales de control. Los cdcs ejercen el control social a los servicios públicos domiciliarios y apoyan las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. También eligen y remueven al vocal de control que los representa. A su vez, los vocales de control podrán ser miembros de las juntas directivas de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios del orden municipal o distrital, o del comité de estratificación local, cuando sean designados por el alcalde; y tendrán los mismos derechos y obligaciones que los demás miembros de ese cuerpo colegiado. Entonces, como estos vocales de control son particulares, resulta ilustrativo revisar el criterio del legislador para determinar qué particulares están sometidos al control disciplinario; para ello, se transcriben los incisos pertinentes del concepto C-105 – 2022, de esta Auxiliar Disciplinaria, que inicia citando algunos apartes del concepto C-59 – 2022, veamos: para ello, se transcriben los incisos pertinentes del concepto C-105 – 2022, de esta Auxiliar Disciplinaria, que inicia citando algunos apartes del concepto C-59 – 2022, veamos: Cabe iniciar por recordar que el giro de la visión tradicional de la separación de los roles estatal y privado, que se manifiesta desde la expedición de la Constitución Política de 1991 con la conformación del Estado Social de Derecho, lleva anejo el establecimiento de una lógica de cooperación y corresponsabilidad entre el Estado y los particulares en el manejo de las tareas públicas, y puntualmente, en el ejercicio de las funciones públicas administrativas. En esa medida, cuando los particulares participan en la gestión de los asuntos administrativos —a través de las diferentes formas en que puede concretarse la asignación de funciones públicas—, adquieren, desde el ámbito disciplinario, la connotación de particulares calificados, toda vez que se convierten en sujetos pasibles de ley disciplinaria. Al respecto, en la sentencia C-037/03, que transcribe algunos apartes de la sentencia C-286/96, la Corte Constitucional precisó lo siguiente: Al respecto, en la sentencia C-037/03, que transcribe algunos apartes de la sentencia C-286/96, la Corte Constitucional precisó lo siguiente: [E]l fundamento de la responsabilidad del particular es material y la aplicación del régimen disciplinario objetiva, ya que ni una ni otra atienden al estado o condición de quien actúa sino a la función pública que le ha sido encomendada y al interés, también público, que a ella es inherente. // Cambia así sustancialmente la lectura del artículo 6.º de la Constitución Política, que ya no admite una interpretación literal sino sistemática: a la luz del conjunto de principios y preceptos constitucionales, el particular que se halla en cualquiera de las situaciones en las que el orden jurídico lo faculta para cumplir papeles que en principio corresponderían a organismos y funcionarios estatales, no puede ser mirado de modo absoluto bajo la óptica de una responsabilidad igual a la de los demás particulares, circunscrita apenas a su condición privada, ya que por razón de la tarea que efectivamente desarrolla, en la medida de ésta y en cuanto toca con el interés colectivo, es públicamente responsable por su actividad, sin que llegue por eso a convertirse —se repite— en servidor del Estado desde el punto de vista subjetivo. Este criterio material que permite atribuirles responsabilidad disciplinaria a los particulares (ya que lo que se toma en cuenta es el contenido de la función que se les haya encomendado), aparece incorporado en el artículo 70 del cgd, de cuya lectura se coligen los siguientes eventos: 1.- cuando ejerzan función pública de manera permanente o transitoria; 2.- cuando administren recursos públicos; 3.- cuando cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales; y 4.- cuando actúen como auxiliares de la justicia. En esa medida, serán disciplinariamente responsables los particulares que incumplan sus deberes funcionales públicos. y 4.- cuando actúen como auxiliares de la justicia. En esa medida, serán disciplinariamente responsables los particulares que incumplan sus deberes funcionales públicos. Y sobre el inciso final del artículo 70 ibidem: «[c]uando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible tanto al representante legal como a los miembros de la Junta Directiva, según el caso», en el concepto C-155 – 2017, emitido por esta dependencia, se indicó lo siguiente: Frente a esta última expresión, la Corte declaró su exequibilidad condicionada así: cuando se trate de personas jurídicas, la responsabilidad disciplinaria será exigible del representante legal o de los miembros de la Junta Directiva, bajo el entendido [de] que la falta le fuere imputable por el incumplimiento de los deberes funcionales. Es decir, moduló los efectos de la inconstitucionalidad detectada, para «mantener en el ordenamiento el único contenido normativo compatible con la Constitución: el que restringía la responsabilidad disciplinaria del representante legal y de los miembros de la Junta Directiva, a las faltas imputables por el incumplimiento de sus deberes funcionales. Todos los demás sentidos normativos fueron expulsados del ordenamiento legal». De manera que como el único sentido normativo posible —los demás fueron declarados inexequibles— se enlazó con los deberes funcionales, se retorna al criterio material que permite atribuirles responsabilidad disciplinaria a los particulares; es decir, «“el criterio esencial para determinar si un particular puede ser sujeto o no del control disciplinario, lo constituye el hecho de que este cumpla o no funciones públicas” o, en términos más generales, que “el control disciplinario fue reservado por el Constituyente para quienes cumplen de manera permanente o transitoria funciones públicas”». En esa medida, serán disciplinariamente responsables los particulares que incumplan sus deberes funcionales públicos. En esa medida, serán disciplinariamente responsables los particulares que incumplan sus deberes funcionales públicos. Así las cosas, los vocales de control serán particulares disciplinables —y se les aplicará el régimen disciplinario consagrado para ellos en el cgd— cuando en su condición de miembros de junta directiva de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios del orden municipal o distrital, o del comité de estratificación local, incurran en faltas disciplinarias, con ocasión de las funciones públicas que les han sido asignadas a los integrantes de dicho órgano colegiado. Resta agregar que la contestación que antecede, expedida a instancia del consultante, reviste un carácter meramente ilustrativo o indicativo, en la medida en que no tiene fuerza vinculante, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 1437 de 2011 y 39 de la Resolución 330 de 2021. Atentamente, ORIGINAL FIRMADO POR JAVIER CAMILO FERNÁNDEZ VELANDIA Procurador auxiliar para asuntos disciplinarios Proyectó xpgh C-35 – 2025 E-2025-166637 y E-2025-462253 (C-2025-4007843)