Concepto (misional) 2026-228 de 2026 — Se considera más gravoso para el interés público, concederla que negarla dado que se debería evaluar con mayor precisión si suspensión es compatible con continuidad y estabilidad del servicio público

RECURSO DE SÚPLICA-Contra autos 28 de abril de 2026 y 11 de mayo del mismo año que decretaron suspensión provisional de acto administrativo contenido en Decreto 0415 de 2026 tanto para personas que consolidaron y no consolidaron su derecho pensional MEDIDA CAUTELAR-Requisitos para decretarla según regulación legal GOBIERNO NACIONAL-Reglamentó exigibilidad del traslado de recursos de cuentas de ahorro individual de afiliados que hicieran uso de traslado de recursos de régimen de ahorro individual con solidaridad a régimen de prima media a cargo de Colpensiones ENTIDADES PÚBLICAS-No les asiste razón cuando afirman que demandantes no argumentaron objeto de solicitud de nulidad de decreto 0415 de 2026 Bajo ese orden de ideas, no le asiste razón a la parte recurrente - Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado cuando como sustento de la Súplica de los autos de 28 de abril y 11 de mayo de 2026 afirmó que los demandantes no argumentaron ni sustentaron el objeto de la solicitud de nulidad del Decreto 0415 de 2026, lo cual sí fue surtido por la parte actora situación que llevó al Consejo de Estado a efectuar el juicio de ponderación, en cada caso, que condujo a la imposición de la medida cautelar deprecada, situación que conduce al declive del recurso en este punto en específico. CONSEJO DE ESTADO-Dio trámite de urgencia a medida cautelar de conformidad con lo establecido en art. 234 del C.P.C.A omitiendo trasladar esta a parte demandada CONSEJO DE ESTADO-Dio trámite de urgencia a medida cautelar de conformidad con lo establecido en art. 234 del C.P.C.A omitiendo trasladar esta a parte demandada ….Así, bajo una lectura integral de los autos fechados el 28 de abril y el 11 de mayo de la presente anualidad, se puede concluir, para ambos que, el Consejo de Estado dio trámite de urgencia a la medida cautelar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 234 del CPACA omitiendo surtir el traslado de la misma a la parte demandada, al advertirse que el acto administrativo censurado estableció plazos particularmente breves y perentorios para su ejecución. Conforme a ello, se consideró que de seguirse el trámite ordinario previsto en el artículo 233 del CPACA, el tiempo requerido para surtir el traslado a la parte demandada y adoptar una decisión podría coincidir, o incluso ser superado, por los términos fijados en el propio decreto para ejecutar el traslado de recursos. MEDIDA CAUTELAR-Se considera más gravoso para el interés público, concederla que negarla dado que se debería evaluar con mayor precisión si suspensión es compatible con continuidad y estabilidad del servicio público de seguridad social FONDO DE PENSIONES-El Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo tiene por finalidad financiar pensiones del nuevo esquema de pilares a cargo del componente de Prima Media del Pilar Contributivo salvo para quienes hicieron uso de ventana de oportunidad RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD-Su traslado al de prima media con prestación definida en virtud de ventana de oportunidad del art. 76 de ley 2381/2024 que no fue suspendido por Corte Constitucional se administrará por Colpensiones en tal régimen 76 de ley 2381/2024 que no fue suspendido por Corte Constitucional se administrará por Colpensiones en tal régimen MEDIDA CAUTELAR-Su decreto genera afectación al interés público en lugar de protegerlo Bajo este contexto normativo, para esta Agencia del Ministerio Público el decreto de la medida cautelar respecto del capítulo 6 del Decreto 0415 de 2026 genera afectación al interés público en lugar de protegerlo, ya que las personas que consolidaron su derecho pensional e hicieron su traslado a Colpensiones se encuentran actualmente recibiendo su pensión mensual sin que dicha administradora cuente con los rubros producto del ahorro pensional lo cual puede generar una seria afectación a la sostenibilidad del sistema pensional. Contrario a ello, esos recursos de las personas ya pensionadas en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones se encuentran al recaudo de los Fondos Privados sin que exista derecho legal a ello. CONCEPTO No. 228-2026 Bogotá D.C., 19 de mayo de 2026 Honorables Magistrados CONSEJO DE ESTADO Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda - Subsección B Consejero Ponente: Doctor Juan Enrique Bedoya Escobar Doctor Juan Enrique Bedoya Escobar En la condición de Ministerio Público dentro del trámite judicial de la referencia, y estando en la oportunidad procesal pertinente conforme a las previsiones del artículo 246 de la Ley 1437 de 2011, modificada por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021, por parte de la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 14 y 19 de mayo de 2026 se corrió traslado “por el término de dos (2) días contados a partir del día siguiente de esta fijación” - esto es, entre los días 15 y 19 de mayo de los corrientes para el auto de 11 de mayo de 2026 y entre el 20 y 21 de mayo de 2026 para el auto de 28 de abril de los corrientes - de los Recursos de Súplica interpuestos por la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones y los Ministerios de Trabajo y Hacienda y Crédito Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado contra los autos 28 de abril y 11 de mayo de 2026, procede esta Procuraduría Delegada a descorrer traslado en los siguientes términos: I. ANTECEDENTES 1. ACLARACIÓN PREVIA - DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO DE LOS RECURSOS DE SÚPLICA -. Por parte de esta agencia del Ministerio Público en primera medida cabe advertir la siguiente situación procesal que genera que sea necesario descorrer el traslado de los recursos de Súplica impetrados contra los autos del 28 de abril de 2026 y 11 de mayo del mismo año, en relación con la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo demandado contenido en el Decreto 0415 de 2026, tanto para las personas que consolidaron y no consolidaron su derecho pensional - capítulos 5 y 6 del acto administrativo acusado -. Conforme a la información que reposa en el aplicativo SAMAI, a la Sección Segunda -Subsección B del Consejo de Estado correspondió por reparto el proceso radicado Nro. 11001-03-25-000-2026-00253-00 (1023-2026) por medio del cual se ejerció el medio de control de nulidad simple contra el acto administrativo contenido en el Decreto 415 de 20 de abril de 2026 “Por medio del cual se adicionan los Capítulos 5 y 6 al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, para reglamentar la exigibilidad del traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media con Prestación Definida a cargo de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, en virtud del traslado previsto en el Artículo 76 de la Ley 2381 de 2024”. Dentro de ese radicado se admitió la demanda mediante proveído de 24 de abril de 2026, y por auto de 28 de abril del mismo año se decretó como medida cautelar de urgencia la suspensión provisional parcial del Decreto 0415 de 2026, ya que se ordenó “Decretar parcialmente la suspensión provisional de los efectos del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, específicamente respecto del artículo 2, en lo concerniente a la adición del Capítulo 5 del Decreto 1833 de 2016, por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia”, entiéndase, se declaró, en este auto, únicamente la suspensión provisional de capítulo 5 del citado acto administrativo respecto de las normas relativas al giro de recursos de los Fondos Privados de Pensiones a Colpensiones de personas que NO han consolidado su derecho pensional. Luego, por auto de 4 de mayo de 2026, dicha Subsección del Consejo de Estado dispuso la acumulación al citado proceso 11001-03-25-000-2026-00253-00 (1023-2026), por ser este el primer proceso radicado, de los procesos Nros. 11001-03-25-000-2026-00260-00 (1034-2026)11001-03-25-000-2026-00257-00 (1028-2026)11001-03-25-000-2026-00255-00 (1025-2026), 11001-03-25-000-2026-00251-00 (1015-2026). En curso de dichas acumulaciones, el Consejo de Estado emitió el auto de 11 de mayo de 2026, por medio del cual dispuso “Decretar la suspensión provisional del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, salvo aquellos apartes que ya fueron objeto de suspensión en el auto del 28 de abril de 2026, por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia” (Destacado fuera del texto original). En esa medida, en esa providencia se decretó nulidad de la adición del Capítulo 6 del Decreto 1833 de 2016, es decir, en lo relacionado con el traslado anticipado de los recursos de aquellos afiliados que habiéndose trasladado a Colpensiones en virtud de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 ya habían consolidado su derecho pensional. En conclusión, con auto del 28 de abril de 2026 se ordenó la suspensión provisional del artículo 2 del Decreto 415 de 2026, en lo relacionado con la adición del capítulo 5 al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1833 de 2016, respecto del traslado de ahorros pensionales de los Fondos Privados a Colpensiones de personas que NO han consolidado su derecho pensional; en tanto que en auto del 11 de mayo del mismo año, se decretó la suspensión provisional, esta vez, del capítulo 6 del referido acto administrativo en relación con el traslado de recursos de los Fondos Privados a Colpensiones de quienes SÍ consolidaron su derecho a una pensión. Por tanto, el Ministerio Público por medio del presente documento procede a descorrer el traslado respecto de los recursos de Súplica impetrados contra los autos de 28 de abril y 11 de mayo de 2026. 2. DE LOS AUTOS OBJETO DE RECURSO DE SÚPLICA. 2.1. Auto de 28 de abril de 2026. Suspensión provisional del artículo 2 del Decreto 415 de 2026, en lo relacionado con la adición del capítulo 5 al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1833 de 2016 relativo al “GIRO DE RECURSOS DE LAS CUENTAS DE AHORRO INDIVIDUAL A COLPENSIONES EN VIRTUD DE LA OPORTUNIDAD DE TRASLADO DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY 2381 DE 2024 DE QUIENES NO HAN CONSOLIDADO EL DERECHO”. Mediante providencia de 28 de abril de 2026 emitida en el medio de control de simple nulidad Nro. 11001-03-25-000-2026-00253-00 (1023-2026), el Consejo de Estado resolvió: 11001-03-25-000-2026-00253-00 (1023-2026), el Consejo de Estado resolvió: “Primero. Decretar parcialmente la suspensión provisional de los efectos del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, específicamente respecto del artículo 2, en lo concerniente a la adición del Capítulo 5 del Decreto 1833 de 2016, por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia”. En primera medida se refirió a la presunta extralimitación de la facultad reglamentaria contenida en el artículo 150 de la Constitución y el consecuente desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto administrativo demandado. Con base en ello sostuvo que los actos administrativos expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria deben limitarse a desarrollar el contenido de la ley. En consecuencia, está vedado por medio de esta facultad ampliar o restringir su alcance, así como suprimir o modificar las disposiciones previstas por el legislador, pues lo contrario comportaría una extralimitación en el ejercicio de dicha potestad. Precisado lo anterior, el Consejo de Estado procedió a verificar, de forma preliminar, si en el presente asunto el decreto demandado desbordó los límites de la potestad reglamentaria. Para tal efecto, realizó el comparativo entre el contenido del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, en cuanto norma objeto de reglamentación, y las disposiciones previstas en el acto administrativo acusado, con el fin de establecer si este se limitó a desarrollar la ley o, por el contrario, introdujo modificaciones sustanciales a su contenido. Asimismo, examinó si lo reglamentado por el decreto se ajusta a las normas en que debía fundarse o si, por el contrario, se aparta de ellas, en contravención del principio de legalidad que rige el ejercicio de la función administrativa. Sobre el particular, afirmó que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 415 del 20 de abril de 2026, reglamentó la exigibilidad del traslado de los recursos correspondientes a las cuentas de ahorro individual de los afiliados que hicieran uso de la oportunidad de traslado prevista en el artículo 76 de la Ley 2381de 2024. Específicamente, en lo relacionado con aquellos afiliados que no han consolidado su derecho pensional, el decreto estableció la obligación para las Administradoras de Fondos de Pensiones de trasladar la totalidad de los recursos existentes en dichas cuentas a Colpensiones, en los siguientes términos: el 50% dentro de un plazo no superior a 20 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto, y el 50% restante dentro de los 10 días siguientes. Sin embargo, dijo que se observa que el legislador fue claro en establecer, en el parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, que los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de los afiliados que hicieran uso de la oportunidad de traslado “seguirán siendo administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior”. En esa misma línea, señaló que el Decreto 1225 de 2024 (también reglamentario del artículo 76 precitado), reprodujo esa regla en su artículo 16, así reiteró que los recursos permanecerían bajo la administración de las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta tanto se consolidara el derecho pensional de quien hubiere efectuado el traslado de régimen. Conforme a lo anterior, concluyó que: Conforme a lo anterior, concluyó que: “(…) 69. Esta circunstancia evidencia que, en un primer momento, el propio ejecutivo interpretó la disposición legal en el sentido de que el traslado de recursos se encontraba condicionado. Tan es así que, inclusive, en el Decreto 1225 estableció que sería Colpensiones la encargada de informar sobre la consolidación de la pensión para que se procediera con el traslado de recursos correspondiente. 70. A pesar de ello, con la expedición del Decreto 415 de 2026, se introdujo un cambio sustancial a la regla prevista. En efecto, como quedó expuesto, dicho acto dispuso el traslado de los recursos contenidos en las cuentas de ahorro individual a Colpensiones, incluso respecto de aquellos afiliados que no han consolidado su derecho pensional. De esta manera, el decreto demandado no solo prescindió de la condición establecida en la ley [la consolidación del derecho], sino que la sustituyó por una regla nueva, consistente en la exigibilidad del traslado de los recursos de aquellos afiliados que cambiaron de régimen y que no han consolidado su derecho pensional. 71. Bajo estas consideraciones, resulta claro que el acto administrativo acusado no se limitó a desarrollar o hacer operativa la disposición legal que le correspondía, sino que alteró uno de sus elementos esenciales, esto es el momento en que deben trasladarse los recursos. En ese sentido, mediante el decreto enjuiciado no se ejerció una función de complemento o concreción normativa, sino que se introdujo una modificación sustancial del contenido de la ley. En ese sentido, mediante el decreto enjuiciado no se ejerció una función de complemento o concreción normativa, sino que se introdujo una modificación sustancial del contenido de la ley. 72. En consecuencia, el despacho encuentra, en esta etapa preliminar, que el Decreto 415 del 20 de abril de 2026, expedido por el gobierno nacional [bajo la delegación efectuada por el presidente de la República al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas a través del decreto 401 de 2026] desbordó los límites de la potestad reglamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189de la Constitución Política. (…)” (Destacado propio). 2.2. Auto de 11 de mayo de 2026. Suspensión provisional del capítulo 6 del Decreto 415 de 2026, “GIRO DE RECURSOS DE LAS CUENTAS DE AHORRO INDIVIDUAL A COLPENSIONES EN VIRTUD DE LA OPORTUNIDAD DE TRASLADO DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY 2381 DE 2024 DE QUIENES CONSOLIARON SU DERECHO”. A través de auto de 11 de mayo de 2026, emanado del Consejo emitido en el marco del medio de control de simple nulidad Nro. 11001-03-25-000-2026-00253-00 (1023-2026), acumulados Nros. 11001-03-25-000-2026-00260-00 (1034-2026)11001-03-25-000-2026-00257-00 (1028-2026)11001-03-25-000-2026-00255-00 (1025-2026), 11001-03-25-000-2026-00251-00 (1015-2026), se ordenó la suspensión provisional del capítulo 6 del Decreto 415 de 20 de abril de 2026, al siguiente tenor: “(…) Primero. Decretar la suspensión provisional del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, salvo aquellos apartes que ya fueron objeto de suspensión en el auto del 28 de abril de 2026, por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia (…)”. Al respecto, se refirió a la presunta extralimitación de la facultad reglamentaria y el consecuente desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto administrativo demandado, indicando que el ejecutivo en ejercicio de la potestad reglamentaria se encuentra supeditado al contenido de la ley objeto de reglamentación y, por ello, no resulta procedente introducir disposiciones que se aparten, amplíen, contraríen, restrinjan, eliminen o modifiquen el contenido natural de la ley. Descendido a la materia en estudio, afirmó que en el marco de la Ley 2381 de 2024, el artículo 76 estableció una oportunidad excepcional de traslado de régimen pensional, dirigida a determinados afiliados que, bajo ciertas condiciones específicas, podían cambiar del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS - al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, o viceversa. Ahora, argumentó que un análisis integral de la Ley 2381 de 2024 permite advertir que el legislador dispuso, en su artículo 24, la creación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo como un mecanismo de reserva financiera orientado a contribuir a la sostenibilidad del sistema pensional en el largo plazo. Dicho fondo, estaba destinado a ser administrado por el Banco de la República y se caracterizaba por contar con múltiples fuentes de financiación. Así consideró que: Dicho fondo, estaba destinado a ser administrado por el Banco de la República y se caracterizaba por contar con múltiples fuentes de financiación. Así consideró que: “(…) 103. De conformidad con lo anterior, se advierte que el legislador, al crear el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, previó que este se nutriera, entre otras fuentes, de «la totalidad de los ingresos» provenientes de los traslados que se materializaran en virtud de la oportunidad excepcional prevista en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024. De ello se sigue que los dineros objeto de dicho traslado se encontraban sometidos a una destinación legal específica, definida expresamente por el propio legislador. 104. No pasa desapercibido que el artículo 24 de la citada ley [en el que se establece la destinación de los recursos] se encuentra actualmente suspendido por decisión de la Corte Constitucional; sin embargo, esta circunstancia no excluye su relevancia como elemento de contexto normativo para la interpretación sistemática del régimen legal, ni exonera al ejecutivo del deber de observar el diseño legislativo al momento de ejercer la potestad reglamentaria. 105. En efecto, la suspensión de una disposición legal no implica, per se, la existencia de un vacío normativo susceptible de ser colmado por el reglamento. Por el contrario, aun en dicho escenario, el gobierno se encuentra sujeto a los límites materiales de la ley que pretende desarrollar. Así, independientemente de la suspensión del artículo 24, lo cierto es que el diseño legal preveía que los recursos provenientes de las cuentas de ahorro individual fueran destinados al fondo especial creado para tal efecto, y no a Colpensiones, como finalmente lo dispuso el acto acusado. 106. En ese sentido, no puede afirmarse que la ley hubiese nacido con una indeterminación respecto del destino de dichos recursos. Por el contrario, al momento de su expedición, el legislador definió de manera expresa su incorporación al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, el cual responde a una finalidad específica dentro del sistema pensional, asociada a su sostenibilidad financiera en el largo plazo. 107. De este modo, más allá de las consideraciones de orden financiero que pudieron motivar la expedición del Decreto 415 de 2026, lo cierto es que este acto desconoció la voluntad del legislador en lo que respecta a la destinación de los recursos objeto del traslado excepcional. 108. Bajo ese entendido, el gobierno nacional no estaba llamado a reglamentar la asignación de dichos recursos a Colpensiones, en la medida en que ello i) no era un aspecto señalado en la disposición objeto de reglamentación; y ii) comportó la creación de una destinación distinta de la prevista inicialmente por la ley, lo cual desbordó el ámbito de la potestad reglamentaria. En consecuencia, el acto acusado no se limitó a desarrollar la ley, sino que introdujo una modificación sustancial de su contenido 109. Aun si, en gracia de discusión, se admitiera la existencia de un vacío normativo derivado de la suspensión parcial de la Ley 2381 de 2024, lo cierto es Radicado: 11001-03-25-000-2026-00253-00 (1023-2026) y otros Demandante: Jesús Hernando Baena Álvarez y otros 30 que la determinación del destino de los recursos del sistema pensional constituye un aspecto esencial del régimen de seguridad social, sometido a reserva de ley. (…) Jesús Hernando Baena Álvarez y otros 30 que la determinación del destino de los recursos del sistema pensional constituye un aspecto esencial del régimen de seguridad social, sometido a reserva de ley. (…) 114. Así las cosas, este despacho advierte, desde una perspectiva preliminar, que el Decreto 415 de 2026 excedió la facultad reglamentaria del gobierno nacional, en la medida en que no solo desatendió la voluntad del legislador en relación con la destinación específica de los recursos de las cuentas de ahorro individual, sino que además estableció, por vía reglamentaria, una destinación distinta que inobservó el contexto del cual emanó el propio artículo 76, reglamentado (…) 117. En ese orden de ideas, se advierte que, como consecuencia de la suspensión parcial de la Ley 2381 de 2024 dispuesta por la Corte Constitucional, la destinación de los recursos asociados a la oportunidad excepcional de traslado estaba llamada a permanecer en las cuentas de ahorro individual hasta tanto i) la Corte Constitucional definiera de manera definitiva la constitucionalidad de la ley o ii) el legislador adoptara una regulación sustitutiva sobre la materia (…)” (Destacado propio). 3. DE LOS RECURSOS DE SÚPLICA. 3.1. Contra el auto de 28 de abril de 2026. 3.1.1. De la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones -índice 21 aplicativo SAMAI. 3.1. Contra el auto de 28 de abril de 2026. 3.1.1. De la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones -índice 21 aplicativo SAMAI. La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones por conducto de su presidente interpuso recurso Súplica en tiempo contra el auto de 28 de abril de 2026 emanado del Consejo de Estado que ordenó la suspensión provisional parcial del artículo 2 del Decreto 415 de 2026, en lo relacionado con la adición del capítulo 5 al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1833 de 2016 relativo al “GIRO DE RECURSOS DE LAS CUENTAS DE AHORRO INDIVIDUAL A COLPENSIONES EN VIRTUD DE LA OPORTUNIDAD DE TRASLADO DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY 2381 DE 2024 DE QUIENES NO HAN CONSOLIDADO EL DERECHO” con base en las siguientes razones: - “PRIMER CARGO PRINCIPAL. NULIDAD DE LO ACTUADO A PARTIR DEL AUTO DE 28 DE ABRIL DE 2026, INCLUSIVE, POR VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DE CONTRADICIÓN, DERIVADA DE LA INDEBIDA UTILIZACIÓN DEL TRÁMITE EXCEPCIONAL DEL ARTÍCULO 234 DEL CPACA” Argumentó que se ha declarar la nulidad de lo actuado a partir de la emisión del acto atacado, dado que dicha providencia se expidió con vulneración del debido proceso y del derecho de contradicción, al acudir indebidamente en el trámite excepcional de urgencia previsto en el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011, sin que en el caso concreto se hubiese acreditado la imposibilidad real de surtir el trámite ordinario del artículo 233 ibidem. En esa medida, pidió que una vez decretada la nulidad, el expediente se devuelva para que se surta el traslado de la medida cautelar por cinco (5) días a los demandados acorde con lo preceptuado en el artículo 233 del C.P.A.C.A., ante la inexistencia de urgencia. Agregó que, en la providencia recurrida se acudió al trámite de urgencia partiendo, en esencia, de la proximidad temporal de los plazos de ejecución previstos en el Decreto 0415 de 2026 y de la conveniencia de intervenir rápidamente antes de que se produjeran determinados efectos operativos y financieros. Sin embargo, la ley no autoriza suprimir el contradictorio porque el asunto sea importante, sensible o de ejecución cercana en el tiempo, exige una carga argumentativa mucho más estricta; es decir, la de demostrar por qué, en las circunstancias concretas del caso, no era posible correr el traslado del artículo 233 de la Ley 1437 de 2011. Así, dijo que esa demostración no aparece cumplida en el auto suplicado, ya que en la providencia no se acredita una imposibilidad material o jurídica real de agotar el trámite ordinario, sino que sustituye ese estándar por una apreciación de conveniencia temporal, que es insuficiente para desplazar la regla general de contradictorio previo. Agregó que, a partir de la utilización indebida del trámite excepcional se produjo, además, una notificación posterior insuficiente para preservar la defensa, pero que, en todo caso, no remedia la afectación sustancial al derecho de contradicción, porque la notificación se produjo después de adoptada la medida. El vicio, entonces, no consiste en la forma de notificación electrónica, sino en la estructura procesal escogida lo que hizo que Colpensiones y los demás con interés directo en el proceso se enteraran de las resultas del proceso cuando ya la decisión cautelar había sido decretada. - PRIMER CARGO SUBSIDIARIO. EL AUTO RECURRIDO ASUME COMO OSTENSIBLE UNA INFRACCIÓN QUE SOLO PUEDE PREDICARSE A PARTIR DE UNA LECTURA AISLADA Y FRAGMENTARIA DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY 2381 DE 2024, DESCONOCIENDO LA INTERPRETACIÓN INTEGRAL Y CONSTITUCIONALMENTE ORIENTADA DEL SISTEMA PENSIONAL. Indicó que la providencia recurrida asume que el parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 cerró de manera definitiva e inequívoca el momento del traslado de recursos hacía Colpensiones, a partir de dicha premisa alteró un elemento esencial de la Ley y, por tanto, desbordó ostensiblemente la potestad reglamentaria, lo cual se aparta de la lógica integral del sistema pensional y por ende de su sostebilidad fiscal y financiera. En ese orden de ideas, considera que la providencia recurrida no se limitó a verificar una eventual tensión normativa, sino que anticipa una lectura definitiva del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y con base en ello concluyó que el acto acusado desbordó de manera ostensible la facultad reglamentaria, definiendo de fondo el asunto en sede de resolución de la medida cautelar. Conforme a ello, aseguró que la providencia recurrida excedió el ámbito propio del examen cautelar, es decir, el auto recurrido no se limitó a verificar si de la confrontación entre el Decreto 0415 de 2026 y la Ley 2381 de 2024 surgía una contradicción frontal e indiscutible. Lo que hizo fue escoger una determinada tesis sobre la relación entre el artículo 76 y el resto del sistema pensional, descartar por anticipado una lectura integral y constitucionalmente orientada, y presentar esa opción como si fuera la única jurídicamente posible. Lo que hizo fue escoger una determinada tesis sobre la relación entre el artículo 76 y el resto del sistema pensional, descartar por anticipado una lectura integral y constitucionalmente orientada, y presentar esa opción como si fuera la única jurídicamente posible. - “SEGUNDO CARGO SUBSIDIARIO: LA PROVIDENCIA RECURRIDA OMITIÓ UNA VALORACIÓN SUFICIENTE DEL INTERÉS GENERAL, DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEL IMPACTO SISTÉMICO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL” Considera que resulta más gravoso para el interés público conceder la medida cautelar que negarla, en la medida que se trata de una decisión con impacto directo sobre la planeación administrativa, la coordinación entre entidades, la trazabilidad operativa de los traslados y la seguridad jurídica que se encuentran dentro del universo regulado, por lo cual resultada pertinente evaluar si bajo la perspectiva del interés general la intervención cautelar era proporcional y necesaria para ese momento. Por ende, adujo que, en un asunto de esa naturaleza, el juez cautelar estaba obligado a evaluar con mayor precisión si la suspensión era compatible con la continuidad y estabilidad del servicio público de seguridad social. - “TERCER CARGO SUBSIDARIO: EL AUTO RECURRIDO OTORGÓ AL ARTÍCULO 16 DEL DECRETO 1225 DE 2024 UN VALOR NORMATIVO Y HERMENÉUTICO QUE EXCEDE SU ALCANCE REAL, CONVIRTIENDOLO INDEBIDAMENTE EN PARÁMETRO CASI CONCLUYENTE DE ILEGALIDAD DEL DECRETO 0415 DE 2026” Afirmó que el artículo 16 del Decreto 1225 de 2024 “reprodujo” la regla del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, que el Ejecutivo había interpretado inicialmente la disposición en un sentido condicionado y que, por ello, el Decreto 415 de 2026 introdujo un cambio sustancial que evidenciaba la ilegalidad del nuevo reglamento. Con base en lo anterior se permitió concluir que tanto el artículo 16 del Decreto 1225 de 2024 como el Decreto 0415 de 2026 son disposiciones reglamentarias de la misma jerarquía; por ello, la eventual divergencia entre uno y otro no constituye por si sola una prueba concluyente del exceso reglamentario. Esa divergencia puede ser relevante como dato interpretativo, pero no puede suplir el verdadero juicio que debe hacerse frente a la Ley reglamentada. 3.1.2. Del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (escrito conjunto) índice 23 Aplicativo SAMAI. El Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, por conducto de apoderados judiciales interpusieron recurso de Súplica en tiempo mediante escrito conjunto, contra el auto de 28 de abril de 2026 emanado del Consejo de Estado que ordenó la suspensión provisional parcial del artículo 2 del Decreto 415 de 2026, en lo relacionado con la adición del capítulo 5 al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1833 de 2016 relativo al “GIRO DE RECURSOS DE LAS CUENTAS DE AHORRO INDIVIDUAL A COLPENSIONES EN VIRTUD DE LA OPORTUNIDAD DE TRASLADO DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY 2381 DE 2024 DE QUIENES NO HAN CONSOLIDADO EL DERECHO” con base en las siguientes razones: - “Desconocimiento de un presupuesto relevante y sustancial para tramitar como “de urgencia” la medida cautelar”. - “Desconocimiento de un presupuesto relevante y sustancial para tramitar como “de urgencia” la medida cautelar”. Puso de presente que el Consejo de Estado ha señalado que el único motivo por el que pueden pasarse por alto los términos ordinarios de traslado de las medidas cautelares es la absoluta inminencia y gravedad de la trasgresión que el solicitante de esta pretende evitar, y que en todo caso, la adopción de la medida cautelar de urgencia debe estar plenamente justificada tanto en el auto que decide acceder a la misma como en los argumentos y elementos materiales probatorios que obran en el expediente. No obstante, considera que en el auto recurrido ello no ocurrió, puesto que el mismo se limitó a afirmar de manera genérica la urgencia derivada de los plazos de ejecución del Decreto 415 de 2026, sin acreditar la existencia de un daño inminente de tal magnitud que hiciere imposible agotar el trámite ordinario, ni justificar de manera suficiente porque la omisión de traslado resultaba necesaria. Afirmó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que el trámite de urgencia tiene carácter excepcional y debe aplicarse de manera restrictiva, únicamente cuando la demora propia del trámite ordinario haga nugatoria la efectividad de la decisión judicial, situación que no se configura en el presente caso , por el contrario, el propio Decreto 415 de 2026 estableció un término de cumplimiento escalonado- veinte (20) días para el traslado inicial del 50% de los recursos y diez (10) días adicionales para el restante, - lo cual evidencia que existía un margen temporal suficiente para surtir el traslado de los cinco (5) días previstos en el artículo 233 del C.P.A.C.A. En este contexto, sostuvo que, no puede afirmarse válidamente que la medida cautelar exigía una adopción inmediata que hiciera imposible agotar el trámite ordinario, por lo que la decisión de omitir dicho traslado no solo desconoce el carácter excepcional del trámite de urgencia, sino que además afecta de manera directa el derecho fundamental al debido proceso en su dimensión de contradicción y defensa. - “Incumplimiento del requisito de ponderación del interés público (artículo 231 del CPACA)”. Dijo que en cuanto a los criterios de aplicación que debe seguir el juez para la adopción de una medida cautelar, se destaca lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, precepto según el cual para que la medida sea procedente el demandante deberá presentar “documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla”. Empero, aseguro que el demandante no cumplió con la carga argumentativa ni probatoria exigida en el artículo en cita, en la cual no se ejerció real ponderación de los intereses en juego, ni acreditar por qué la suspensión provisional del Decreto 415 de 2016 resultaba más favorable al interés general que su vigencia. Adujo que la argumentación del solicitante se limita a afirmar que la ejecución del decreto podría tornar ineficaz una eventual sentencia favorable, bajo la premisa que los recursos serían trasladados en un término breve. No obstante, esta consideración se circunscribe al análisis del periculum in mora desde una perspectiva unilateral, sin incorporar el impacto que la suspensión del decreto genera sobre el sistema pensional en su conjunto. En particular, el demandante omite por completo evaluar las consecuencias derivadas de impedir el traslado de recursos hacia el Régimen de Prima Medida. - “Inexistencia de violación normativa”. En particular, el demandante omite por completo evaluar las consecuencias derivadas de impedir el traslado de recursos hacia el Régimen de Prima Medida. - “Inexistencia de violación normativa”. Argumentó que la medida de suspensión provisional exige, conforme al artículo 231 del CPACA, que la infracción normativa sea manifiesta, evidente y derivada de una confrontación directa entre el acto administrativo acusado y las disposiciones superiores invocadas. Este estándar ha sido reiterado por el Consejo de Estado, en el sentido de que la medida cautelar solo procede cuando la contradicción normativa es ostensible y no requiere de interpretaciones complejas o valoraciones sistemáticas. En el presente caso, dicho presupuesto no se satisface, en tanto la conclusión a la que arriba el auto recurrido no surge de una incompatibilidad evidente, sino de una lectura restrictiva y fragmentada del marco normativo aplicable. En efecto, el auto impugnado sostiene que el Decreto 415 de 2026 desconoce el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 al prever el traslado de recursos antes de la consolidación del derecho pensional. Sin embargo, esta conclusión se deriva de una comparación directa y plana entre la norma legal y reglamentaria y olvida que el citado artículo 76 está inmerso en un contexto normativo diferente al que hoy se encuentra, por parte de la suspensión por parte de la Corte Constitucional de la vigencia de la reforma pensional, por lo que su interpretación no puede realizarse de manera aislada, ni compararse de manera literal con el decreto acusado, sino que debe armonizarse con la Ley 100 de 1993. Adicionalmente, indicó que el auto recurrido desconoce considerar, que una vez producido el traslado de régimen en los términos del artículo 76 de la ley 2381 de 20024, el afiliado pasa a estar sometido íntegramente a las reglas del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, el cual se estructura sobre un fondo de naturaleza Pública destinado a la financiación de las prestaciones pensionales. En ese contexto, resulta plenamente razonable y jurídicamente consistente que los recursos que financian dichas prestaciones acompañen el traslado, en aras de preservar la coherencia interna del sistema. - “Ejercicio legítimo de la potestad reglamentaria”. Adujo que el auto recurrido desconoce el alcance y la función propia de la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional consagrada en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, al asumir erradamente que el Decreto 415 de 2026 introduce una modificación sustancial al contenido del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024. Por el contrario, dijo que dicho Decreto se limita a desarrollar sus efectos con el propósito de garantizar su aplicación efectiva en el contexto del sistema general de pensiones. Bajo ese orden de ideas, afirmó que el acto administrativo atacado no sustituye ni modifica la voluntad del legislador, sino que la desarrolla en armonía de los principios estructurales del sistema pensional, consagrados en la Ley 100 de 1993 y la Ley 2381 de 2024. - “Improcedencia del juicio cautelar por requerir análisis de fondo, propio de la sentencia que ponga fin al proceso”. La controversia planteada no se limita a la verificación de una eventual contradicción normativa evidente, sino que exige un análisis integral sobre el alcance del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, la articulación entre los regímenes pensionales y las implicaciones de dicha articulación en términos de sostenibilidad financiera del sistema. Por ende, sostuvo que el Consejo de Estado ha sido claro en indicar que la suspensión provisional no puede convertirse en un escenario de definición anticipada del litigio, ni en un mecanismo para resolver controversias interpretativas complejas que demandan un análisis profundo del ordenamiento jurídico, ya que su finalidad es instrumental y provisional. - “Falta de acreditación el periculum in mora”. El auto recurrido sustenta la procedencia de la medida cautelar en la existencia de un supuesto riesgo de irreversibilidad derivado del traslado de los recursos, al considerar que los plazos previstos en el Decreto 415 de 2026 son breves y que, de ejecutarse, podrían tornar ineficaz una eventual sentencia favorable a las pretensiones de la demanda. Sin embargo, ese análisis resulta parcial e insuficiente, en la medida que no satisface el estándar de ponderación exigido por el artículo 21 del CPACA. 3.2. De los recursos de súplica contra el auto de 11 de mayo de 2026. 3.2.1. De la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones. Índice 0043 aplicativo SAMAI. La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones por conducto de su presidente interpuso recurso Súplica en tiempo contra el auto de 11 de 2026 emanado del Consejo de Estado que ordenó la suspensión provisional parcial en el marco del medio de control de simple nulidad 11001-03-25-000-2026-00253-00 (1023-2026), acumulados Nros. 11001-03-25-000-2026-00260-00 (1034-2026)11001-03-25-000-2026-00257-00 (1028-2026)11001-03-25-000-2026-00255-00 (1025-2026), 11001-03-25-000-2026-00251-00 (1015-2026) del capítulo 6 del Decreto 415 de 20 de abril de 2026. El fundamento del recurso impetrado de circunscribe a lo siguiente: - “CARGO PRINCIPAL: ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY 2381 DE 2024, ÚNICA NORMA VIGENTE QUE PODÍA SERVIR DE PARÁMETRO AL JUICIO CAUTELAR, Y QUE EN EL AUTO RECURRIDO SE LEYÓ DE FORMA AISLADA, IGNORANDO QUE EL CAPÍTULO 6 DEL DECRETO 415 DE 2026 SE REFIERE A LOS AFILIADOS QUE YA CONSOLIDARON DERECHО PENSIONAL”. Afirmó que, la providencia recurrida construyó la supuesta extralimitación reglamentaria a partir de una lectura aislada y descontextualizada del parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, omitiendo que la suspensión decretada recae, justamente, sobre el Capítulo 6 del Decreto 415 de 2026, es decir, sobre el aparte que regula el traslado de los recursos de quienes ya consolidaron su derecho pensional, supuesto que el propio enunciado legal admite y, antes bien, presupone. Dijo que el propio enunciado del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 fija un hito temporal que delimita la administración por la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones: la consolidación de la pensión integral de vejez de la pensión de vejez del régimen anterior. Hasta ese momento, los recursos permanecen en la AFP. A partir de ese momento, la administración por la AFP cesa, y, por lógica institucional, los recursos siguen la suerte del régimen al cual el afiliado se trasladó. Cualquier otra lectura conduce al absurdo de que los recursos permanezcan indefinidamente en una entidad cuya obligación legal de administrarlos ya se extinguió. Cualquier otra lectura conduce al absurdo de que los recursos permanezcan indefinidamente en una entidad cuya obligación legal de administrarlos ya se extinguió. La consecuencia práctica de la interpretación contenida en el auto suplicado es de la mayor gravedad institucional. De acuerdo con los antecedentes del propio decreto, recogidos en el párrafo 22.5 del auto, al 5 de febrero de 2026 un total de 22.472 afiliados ya consolidaron su derecho a la pensión de vejez y actualmente reciben mesadas por parte de Colpensiones pensionados (al momento de expedición del decreto) hoy más de 24320 pensiones reconocidas y 8466 con requisitos cumplidos para una pensión, adicional a quienes se siguen trasladando y pensionando en esta entidad en uso de la ventana del artículo 76 de la ley 2381 de 2024. Así, puso de presente que esos pensionados son atendidos por la entidad pública del Régimen de Prima Media, mientras los recursos que los financian permanecen en las Administradoras de Fondos de Pensiones, en una situación jurídica y financieramente insostenible que la suspensión cautelar agudiza, afectando el principio de sostenibilidad financiera. Advirtió que el parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, al disponer que las AFP administrarán los recursos “hasta el momento en que se consolide la pensión”, no solo establece una facultad temporal, sino que instituye un límite sustancial y una prohibición implícita de administración posterior. En el lenguaje jurídico y en el sentido natural de las palabras, el adverbio “hasta” marca un hito extintivo; por lo tanto, una vez ocurrido el hecho de la consolidación, la AFP pierde la causa jurídica para retener los fondos. por lo tanto, una vez ocurrido el hecho de la consolidación, la AFP pierde la causa jurídica para retener los fondos. - “PRIMER CARGO SUBSIDIARIO: USO INDEBIDO DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 2381 DE 2024 COMO PARÁMETRO DE CONTROL DE LEGALIDAD, NO OBSTANTE QUE ESA NORMA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EL FONDO DE AHORRO DEL PILAR CONTRIBUTIVO NUNCA EXISTIÓ JURÍDICA NI OPERATIVAMENTE”. El auto recurrido construyó su conclusión central, la del supuesto cambio de destinatario legal de los recursos, a partir de una norma cuya entrada en vigor se encuentra suspendida por la Corte Constitucional, esto es, el artículo 24 de la Ley 2381 de 2024, que creó el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Esa metodología es jurídicamente inadmisible, pues atribuye efectos vinculantes a una disposición que el guardián de Constitución ha despojado, precisamente, de eficacia normativa. En esa medida, el reproche que el auto formula al Decreto 415 de 2026 supone una doble incongruencia: por un lado, le exige al ejecutivo respetar un destinatario legal cuya norma de creación está suspendida y nunca alcanzó operación; por otro, descarta como ilegítima la única opción institucional posible para preservar la continuidad del servicio público de seguridad social en pensiones, que es destinar los recursos a la entidad administradora del régimen de prima media al cual se trasladaron los afiliados, esto es, Colpensiones. - “SEGUNDO CARGO SUBSIDIARIO: VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN POR APLICACIÓN INDEBIDA DEL TRÁMITE EXCEPCIONAL DEL ARTÍCULO 234 DEL CPACA EN PROCESOS DONDE EL TRÁMITE DE URGENCIA NO HABÍA SIDO SOLICITADO”. Solicitó la nulidad de lo actuado a partir del auto del 11 de mayo de 2026, inclusive, por vulneración del debido proceso y del derecho de contradicción, derivada de la indebida utilización del trámite excepcional de urgencia previsto en el artículo 234 del CPACA, sin que en el caso concreto se hubiera acreditado la imposibilidad real de surtir el trámite ordinario del artículo 233 ibidem. Agregó que, la providencia no acredita una imposibilidad material o jurídica real de agotar el trámite ordinario, sino que sustituye ese estándar por una apreciación de conveniencia temporal, fundada en los plazos de ejecución previstos en el propio decreto y en una hipótesis no demostrada de que la administración consumaría irreversiblemente los traslados antes de la decisión cautelar. - “TERCER CARGO SUBSIDIARIO: INEXISTENCIA DE LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DEL CAPÍTULO 6 DEL DECRETO 415 DE 2026, AL NO CONFIGURARSE INFRACCIÓN MANIFIESTA NI PELIGRO EN LA DEMORA Y AL OMITIRSE EL JUICIO DE PONDERACIÓN DEL INTERÉS GENERAL”. El artículo 231 del CPACA, en lo que toca a la suspensión provisional de actos administrativos de carácter general, exige que la violación de las normas superiores invocadas surja del análisis del acto demandado y de su confrontación con aquellas, esto es, que la infracción sea manifiesta. Tratándose del Capítulo 6 del decreto, dirigido quienes ya consolidaron derecho pensional, no hay infracción manifiesta del parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, sino, a lo sumo, una divergencia interpretativa que debe resolverse en el juicio de fondo y no anticiparse en sede cautelar. Tampoco se configura el periculum in mora respecto del universo de afiliados regulados por el Capítulo 6. Los 22.472 pensionados que ya consolidaron derecho reciben mesadas de Colpensiones sin que la entidad haya recibido los recursos que financian esas obligaciones prestacionales. El "riesgo de irreversibilidad" invocado por los demandantes opera, en realidad, en sentido inverso: la suspensión rompe el flujo natural de financiación del régimen al cual se trasladaron los afiliados y compromete la continuidad del servicio público de seguridad social, que la Constitución y la ley exigen preservar. - “CUARTO CARGO SUBSIDIARIO: EXCESO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL POR CREACIÓN DE UNA "REGLA JUDICIAL SUSTITUTIVA" NO PREVISTA EN LA LEY NI EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL”. En la providencia recurrida se afirma que, como consecuencia de la suspensión parcial de la Ley 2381 de 2024, la destinación de los recursos “estaba llamada a permanecer en las cuentas de ahorro individual” hasta que la Corte Constitucional decidiera de fondo sobre la constitucionalidad o el Congreso legislara de manera complementaria o sustitutiva sobre el tema. Esta conclusión constituye una regla nueva y sustitutiva, en la medida en que no se encuentra consignada en el texto de la ley, ni emana del Auto A-841 de 2025 de la Corte Constitucional. Esta conclusión constituye una regla nueva y sustitutiva, en la medida en que no se encuentra consignada en el texto de la ley, ni emana del Auto A-841 de 2025 de la Corte Constitucional. Iteró que 24.320 colombianos, trasladados desde el régimen de ahorro individual en virtud de la oportunidad de traslado, recuperaron la condición de afiliados y pensionados del Régimen de Prima Media, consolidaron su derecho pensional у actualmente reciben mesadas reconocidas y pagadas por COLPENSIONES. Sin embargo, esas prestaciones están siendo financiadas exclusivamente con los recursos del fondo común del régimen y, en últimas, con el patrimonio público y los aportes de millones de cotizantes, mientras los ahorros acumulados de esos mismos pensionados permanecen en los fondos privados generando rendimientos financieros, comisiones, cuotas de administración y utilidades para entidades que ya no ostentan la condición de administradoras de esos afiliados. En esa medida, afirmó que aceptar la tesis del auto recurrido implicaría aceptar una situación abiertamente contradictoria, que COLPENSIONES asuma integralmente el pago de las pensiones, mientras el capital destinado a respaldarlas permanece generando rendimientos y utilidades en favor de administradoras privadas que dejaron de soportar el riesgo pensional de esos afiliados. La tesis del auto termina cuestionando como irregular aquello que constituye precisamente la característica esencial del Régimen de Prima Media, la financiación colectiva solidaria de las prestaciones a través de un fondo común. - “QUINTO CARGO SUBSIDIARIO: DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLENITUD NORMATIVA Y DE LA VIGENCIA DE LAS REGLAS ESTRUCTURALES DEL SISTEMA PENSIONAL (LEY 100 DE 1993)”. DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLENITUD NORMATIVA Y DE LA VIGENCIA DE LAS REGLAS ESTRUCTURALES DEL SISTEMA PENSIONAL (LEY 100 DE 1993)”. El auto suplicado debe ser revocado al fundarse en la premisa errónea de que existe un vacío normativo absoluto que impediría el traslado de los recursos a Colpensiones. EI ordenamiento jurídico colombiano se rige por el principio de plenitud normativa, el cual dicta que no existen vacíos que no puedan resolverse mediante la interpretación sistemática del derecho vigente. Ante la suspensión parcial de la Ley 2381 de 2024, no se produce una anomia, sino que mantiene plena vigencia la estructura normativa de la Ley 100 de 1993, cuyos artículos 13 (literal d) y 16 establecen una regla clara, el traslado de afiliación entre regímenes implica necesariamente el traslado de las cotizaciones y recursos acumulados. El Decreto 415 de 2026 en ese punto no trae una gran innovación, sino la aplicación de una regla histórica, estructural e incluso natural que garantiza la coherencia entre el sujeto protegido y la fuente de financiación de su pensión. Resaltó que el legislador decidió preservar para los beneficiarios del artículo 76 las reglas prestacionales anteriores y no incorporarlos al nuevo modelo diseñado por la reforma. Por tanto, las prestaciones que se causen siguen siendo reconocidas bajo la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003 o los regímenes anteriores aplicables por transición. Y si las prestaciones permanecen sometidas a la legislación previa, también conservan la lógica financiera propia del Régimen de Prima Media o, en su defecto, del esquema del RAIS. Y si las prestaciones permanecen sometidas a la legislación previa, también conservan la lógica financiera propia del Régimen de Prima Media o, en su defecto, del esquema del RAIS. - “SEXTO CARGO SUBSIDIARIO: VULNERACIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y PROPIEDAD DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL”. La decisión de suspender traslado de recursos vulnera el mandato superior del artículo 48 de la Constitución Política, relativo a la destinación específica de los recursos de la seguridad social. Los ahorros contenidos en las cuentas individuales tienen un único titular, el trabajador, y una única finalidad, proveer al pago de su mesada pensional. Una vez que un afiliado ha trasladado su vínculo a Colpensiones y ha consolidado su derecho, resulta ilegítimo contrario al orden constitucional permitir que una administradora privada retenga los recursos destinados a financiar su prestación que ya está siendo pagada por la entidad pública. La providencia consideró que el Gobierno no podía reglamentar el traslado de esos recursos mientras el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo no existiera operativamente. Sin embargo, omitió una precisión esencial: los recursos correspondientes a quienes son pensionados de COLPENSIONES no están destinados a ser administrados por dicho fondo. Así, el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 415 de 2026, a diferencia del artículo 2.2.2.5.1, regula los dineros de los afiliados que, a la fecha, cuentan con la consolidación de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, es decir, no se trata de afiliados si no de pensionados del régimen de prima media administrado por COLPENSIONES. 3.2.2. Del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (escrito conjunto). 3.2.2. Del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (escrito conjunto). El Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, por conducto de apoderados judiciales interpusieron recurso de Súplica en tiempo mediante escrito conjunto, contra el auto de 11 de mayo de 2026 emanado del Consejo de Estado que ordenó la suspensión provisional capítulo 6 del Decreto 415 de 2026, en relativo al “GIRO DE RECURSOS DE LAS CUENTAS DE AHORRO INDIVIDUAL A COLPENSIONES EN VIRTUD DE LA OPORTUNIDAD DETRASLADO DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY 2381 DE 2024 DE QUIENES ya HAN CONSOLIDARON EL DERECHO” con base en las siguientes razones: - “El trámite de urgencia no estaba justificado respecto de medidas cautelares ordinarias acumuladas”. El artículo 234 del C.P.A.C.A. autoriza prescindir del traslado previo de cinco (5) días únicamente en aquellos eventos en los que la adopción de la medida cautelar no puede esperar el agotamiento del trámite ordinario, sin comprometer gravemente la eficacia de la decisión judicial. Empero, el auto de 11 de mayo de 2026 fundamentó el trámite excepcional de urgencia en una supuesta inminencia de ejecución del Decreto 415 de 2026, sin que los demandantes de las demandas acumuladas hayan solicitado y fundamentado el trámite de urgencia. Por ende, en su criterio la decisión de acudir a una medida cautelar de urgencia carecía de justificación material y comportó una restricción ilegitima del debido proceso. - “El auto del 11 de mayo resolvió el fondo del asunto anticipando el juicio de legalidad propio de la sentencia”. - “El auto del 11 de mayo resolvió el fondo del asunto anticipando el juicio de legalidad propio de la sentencia”. El auto recurrido incurre en prejuzgamiento pese a la prohibición expresa en tal sentido emanada de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, ello en tanto realizó una interpretación sistemática e integral de la Ley 2381 de 2024 y articularlo con el artículo 24 de la misma Ley relativo al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, realizando un examen hermenéutico que excedió el marco de la medida cautelar. - “El auto desconoció la potestad reglamentaria ejercida por el Gobierno para hacer operativo el artículo 76 de la ley 2381 de 2024, pese a la inaplicabilidad sobreviviente del artículo 16 del Decreto 1225 de 2024”. El artículo 24 de la Ley 2381 de 2024 se encuentra suspendido, de modo que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo no existe ni jurídica ni operativamente, en esas condiciones el mecanismo previsto en el artículo 16 del Decreto 1225 de 2024 devino inaplicable, úes fue concebido sobre la premisa de la existencia de funcionamiento de dicho Fondo. Conforme a lo anterior, el Gobierno Nacional no solo estaba habilitado, sino obligado a ejercer su potestad reglamentaria para preservar la coherencia operativa y sostenibilidad del sistema pensional evitando además el desconocimiento del artículo 16 de la Ley 100 de 1993, conforme al cual los regímenes pensionales son excluyentes y ninguna persona puede pertenecer simultáneamente a más de uno ni recibir prestaciones concurrentes entre ellos. - “El auto del 11 de mayo suspendió indebidamente el traslado de recursos de pensionados, en abierta contradicción con el parágrafo del artículo 76” - “La suspensión del Capítulo 6 desconoce que el traslado de recursos de pensionados deriva de manera inmediata del parágrafo del artículo 76 que está vigente”- “El auto vulneró de manera ostensible el principio de proporcionalidad al extender la suspensión a pensiones causadas, sin motivación ni sustento constitucional suficiente”. El auto recurrido suspendió el capítulo 6 del Decreto 415 de 2026, que regula el traslado de recursos correspondientes a afiliados cuyas pensiones ya fueron causadas, desconociendo con ello que el mismo parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 permite dicho traslado de recursos. Artículo que conserva plena vigencia conforme a la Corte Constitucional. Agregó que, el parágrafo del artículo 76 dispone expresamente que los recursos permanecerán en la AFP “hasta la consolidación de la pensión. En el caso de los 22-472 afiliados que ya consolidaron su derecho pensional, ese supuesto legal ya se agotó. En consecuencia, no existe fundamento normativo alguno para prolongar la permanencia de esos recursos fuera del régimen que asume la obligación pensional, es decir el Régimen de Prima Media con Prestación Definida. - “El auto apreció de forma asimétrica el periculum in mora y desconoció el riesgo sistémico de impedir la trasferencia de recursos”. Indicó que el auto de 11 de mayo aprecia el periculum in mora de manera unilateral, pues se concentra exclusivamente en los eventuales riesgos asociados al traslado de recursos y omite considerar los riesgos, de igual o mayor entidad, que se derivan de impedir su trasferencia desde la AFP hacia Colpensiones. II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 4. PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS. II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 4. PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS. 4.1. De los recursos frente al auto de 28 de abril de 2026. - Problemas jurídicos comunes a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones - y Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (escrito conjunto). -¿En el presente proceso, se debió o no acudir al trámite excepcional de urgencia contenido en el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011, de suerte que no se debió correr traslado de la medida cautelar por cinco (5) días a las entidades demandadas a voces de lo ordenado en el artículo 233 ibidem, permitiendo que la misma se resolviera de plano sin traslado previo tal y como fue efectuado, atendiendo la existencia de un daño inminente de tal magnitud que permitirá el relevo del trámite ordinario del traslado ?. - ¿El auto por medio del cual se decretó la medida provisional realizó una interpretación tajante y fragmentada del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 respecto del momento en el cual se ha de realizar el traslado de los recursos de los Fondos Privados a Colpensiones, sin permitir su armonización con el sistema pensional en general conforme a la Ley 100 de 1993, decidiendo de fondo en sede cautelar desconociendo que ello se ha se hacer en la sentencia que resuelva el fondo del asunto, ya que no existe una contradicción normativa ostensible? - Problemas jurídicos de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones. - ¿No debió declararse la suspensión provisional de los actos administrativos sometidos a control de legalidad, en la medida que era necesario evaluarse la afectación al interés general, más allá de la eventual afectación a ca