Auto ATC027-2026

ATC027-2026 Radicación n° 11001-02-04-000-2025-02811-01 Bogotá D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiséis (2026). Decide la Corte la impugnación presentada frente al auto ATP2257 proferido por la Sala de Casación Penal el 4 de noviembre de 2025, mediante el cual se rechazó la acción de tutela formulada por Inter Alonso Ramírez Pérez, Delegado de la Sociedad Civil para las Migraciones – Asia (2025-2026), Veedor Internacional y Defensor de Derechos Humanos contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad. ANTECEDENTES 1. El accionante invocó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, «independencia judicial» y «participación ciudadana en control político y judicial» presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el proceso penal seguido contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez. 2. Mediante auto ATP2257-2025 de 4 de noviembre, la Firmado electrónicamente por: Martha Patricia Guzmán Álvarez - Magistrada Fecha: 2026-01-21 Código de verificación: 514304F9114AC03A6C85EFACB22108DFFDC5D65872FE359632DC77293580B0B6 Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999 Radicación n° 11001-02-04-000-2025-02811-01 2 Sala de Casación Penal rechazó la acción de tutela, al constatar la falta de legitimación en la causa por activa, en tanto el actor no acreditó ser titular de los derechos fundamentales invocados ni actuar en representación válida del presunto afectado, pues su condición de veedor internacional y delegado de la sociedad civil no le confiere habilitación procesal para controvertir providencias judiciales que les son ajenas. La Sala precisó que la acción constitucional solo puede ser ejercida por quien resulte directamente lesionado o por su representante legal o agente oficioso debidamente acreditado, requisitos que no fueron satisfechos. 3. Inconforme con esa determinación el actor impugnó, porque en su concepto: (i) la tutela compromete derechos fundamentales propios, como el acceso a la justicia, la participación política y la confianza legítima en la función judicial; (ii) su condición de veedor internacional y delegado de la sociedad civil le otorga una legitimación reforzada para ejercer control ciudadano; y (iii) la procedencia subsidiaria de la agencia oficiosa frente a la gravedad del defecto alegado. En ese orden, pidió que se revoque el rechazo para que se estudie materialmente la queja constitucional. CONSIDERACIONES 1. En el caso en estudio, la impugnación interpuesta se dirige contra el auto ATP2257 de 4 de noviembre de 2025 Firmado electrónicamente por: Martha Patricia Guzmán Álvarez - Magistrada Fecha: 2026-01-21 Código de verificación: 514304F9114AC03A6C85EFACB22108DFFDC5D65872FE359632DC77293580B0B6 Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999 Radicación n° 11001-02-04-000-2025-02811-01 3 mediante el cual la Sala de Casación Penal rechazó la acción de tutela presentada por Inter Alonso Ramírez Pérez, con sustento en que carece de legitimación en la causa por activa. 2. Sobre lo expuesto, se advierte que esta Corporación reiteradamente ha sostenido que lo cuestionado resulta improcedente, teniendo en cuenta que acorde con las normas que regulan el procedimiento de la acción de tutela, únicamente están previstos como medios encaminados a controvertir las providencias judiciales, la impugnación para la sentencia de primera instancia y la consulta para la providencia que impone sanciones por desacato, amén de la eventual revisión del fallo por parte de la Corte Constitucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 31, 32, 33 y 52 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política (CSJ ATC544-2020, reiterado en ATC