Sentencia T-309 de 2026

T-309-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Cuarta de Revisión SENTENCIA T-309 DE 2026 Referencia: expediente T-11.570.293 Asunto: acción de tutela interpuesta por Gabriel [1] en contra de la Secretaría de Educación 1 , la Secretaría de Educación 2 y el Ministerio de Educación Nacional [2] Tema: derechos fundamentales a la etnoeducación y a la educación propia, a la vida, a la seguridad personal, a la unidad familiar y a la igualdad. Traslado o reubicación laboral de docente etnoeducador amenazado por grupos armados Magistrado ponente: Juan Carlos Cortés González Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintiséis (2026) Síntesis de la decisión ¿Qué estudió la Corte? La Corte Constitucional a través de su Sala Cuarta revisó las sentencias proferidas en el marco de la acción de tutela interpuesta por un etnoeducador indígena en contra de las secretarías de educación 1 y 2 y del Ministerio de Educación Nacional, por no adoptar las medidas necesarias para trasladarlo por razones de seguridad. Las autoridades alegaban que el traslado no era posible porque el lugar adonde pretendía el traslado carecía de plazas de etnoeducador. Con ocasión de las pruebas recolectadas y de los hechos conocidos en sede de revisión, la Sala también examinó si la Secretaría de Educación 1 . vulneró los derechos a la educación propia, a la etnoeducación y a la igualdad de los niños, niñas y adolescentes del pueblo Noama que viven en Sotavento . ¿Qué consideró la Corte? Las secretarías de educación 1 y 2 vulneraron los derechos a la seguridad personal y a la vida del accionante y los derechos a la unidad familiar de él, su esposa y sus hijos. La Sala constató las situaciones que han puesto en riesgo la vida e integridad del accionante, su calidad de víctima de desplazamiento forzado y su condición de amenazado, para los cuales se prevé el traslado docente. Las secretarías de educación accionadas no adoptaron las decisiones requeridas para concretar el traslado definitivo del accionante aun cuando conocían el grave riesgo en el que se encuentra. El tiempo transcurrido desde las amenazas recibidas y la inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV) por desplazamiento forzado evidencia que las secretarías accionadas no actuaron con la celeridad necesaria para adelantar el procedimiento de traslado dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. Tales omisiones también repercutieron en el derecho del accionante y de su familia a la unidad familiar. Las amenazas y el desplazamiento forzado que sufrió el accionante condujeron a que el docente tuviera que apartarse de su familia, especialmente, de sus hijos menores de edad y a que en la actualidad no puedan estar juntos. El derecho prevalente de los niños, niñas y adolescentes a la unidad familiar solo puede afectarse por razones excepcionales y debidamente justificadas, las cuales no se evidenciaron en el presente caso, en el que no se manifestaron las razones por las cuales no se optaba por las alternativas que el Decreto 1075 de 2015 prevé cuando no resulta posible el traslado a otra entidad territorial. A lo anterior se suma la imposibilidad en cuanto que el accionante pueda asumir los costos y el tiempo que tomaría trasladarse de forma ocasional o definitiva a la ciudad donde habitan su esposa e hijos y gozar del lazo afectivo con ellos. Por otra parte, la Sala concluyó que la política de etnoeducación de la Secretaría de Educación 1 desconoció los derechos a la etnoeducación o educación propia de los niños, niñas y adolescentes del pueblo Noama en Sotavento al no cumplir los parámetros jurisprudenciales de este derecho fundamental. La Sala puso de presente que el pueblo Noama , víctima de desplazamiento forzado, tiene asentamiento en Sotavento , que inició entre 1997 y 2003, y la ciudad tiene registro de 371 estudiantes de esta etnia, distribuidos en ocho zonas de la ciudad. La Sala examinó que los instrumentos de política pública referidos por la mencionada secretaría no demostraron que se garantizara para estos estudiantes la educación bilingüe de las comunidades indígenas ni la adecuación de los currículos y proyectos educativos de la ciudad a sus particularidades culturales. También enfatizó en que es contrario a estas prerrogativas fundamentales la postura de la secretaría según la cual estas solo deben protegerse en los territorios de los pueblos indígenas o en instituciones en las que la población escolar sea mayoritariamente indígena. Esta argumentación desconoce que el pueblo Noama , en tanto colectivo y cada uno de los miembros de dicho pueblo indígena, son titulares del derecho a la etnoeducación o educación propia y que no puede limitarse su goce efectivo a que los pueblos étnicamente diferenciados permanezcan en sus territorios ancestrales o que solo deba impartirse la educación con este enfoque diferencial étnico en las instituciones educativas que brindan el servicio educativo en dichos territorios. Con estas omisiones, se incumple la obligación consistente en que el servicio educativo que se debe brindar a los miembros de grupos étnicos se abstenga de constituirse en la absorción cultural y la eliminación de la cultura del pueblo indígena, lo cual es especialmente relevante para un pueblo que a causa del conflicto armado y el desplazamiento forzado está en riesgo de extinción. ¿Qué ordenó la Corte? La Corte Constitucional ordenó revocar la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, conceder el amparo de los derechos a la seguridad personal y a la vida del accionante y el derecho a la unidad familiar de él, su esposa y sus hijos. Además, amparar los derechos a la educación propia, a la etnoeducación y a la igualdad de los niños, niñas y adolescentes indígenas del pueblo Noama que viven en Sotavento . En este sentido, ordenó a las autoridades que adelanten el conjunto de acciones administrativas para adoptar las medidas de protección a favor del accionante mientras se culminan las gestiones para su traslado definitivo y se establecen los parámetros para el efecto. Asimismo, para el amparo de los derechos a la etnoeducación, a la educación propia y a la igualdad de los niños, niñas y adolescentes del pueblo Noama en Sotavento se dictaron órdenes dirigidas a que se concierte con las autoridades tradicionales la formulación de las propuestas de etnoeducación que se incluirán en el plan de desarrollo educativo, el currículo de etnoeducación y la identificación de las necesidades de dinamizadores pedagógicos o educadores indígenas. También se adoptaron órdenes complementarias, como la remisión de la sentencia a la Sala Especial de Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, la solicitud de acompañamiento al Ministerio de Educación Nacional y a la Defensoría del Pueblo, la verificación del cumplimiento a la Procuraduría General de la Nación y se ordenó al Ministerio del Interior traducir la presente providencia a la lengua indígena y adelantar un proceso de divulgación y comunicación de esta decisión en la comunidad Noama en Sotavento y al accionante. La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la presente sentencia e n el trámite de revisión de la providencia del 1.° de septiembre de 2025, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sotavento , que confirmó la decisión del 4 de agosto de 2025, dictada por el Juzgado 005 de Familia de Sotavento , que negó el amparo solicitado, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad. I. ANTECEDENTES 1. Hechos y pretensiones 1. Gabriel es un docente etnoeducador que pertenece al pueblo indígena Noama y está adscrito a la Secretaría de Educación 2 . Interpuso acción de tutela contra la Secretaría de Educación 1 , la Secretaría de Educación 2 y el Ministerio de Educación Nacional por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad personal, la vida y la igualdad [3] . 2. El accionante indicó que ejercía labores docentes en la Institución Educativa 3 . Debido a su liderazgo dentro de la comunidad indígena fue objeto de amenazas por parte de grupos armados ilegales. Señaló que había sufrido situaciones de riesgo y amenazas en 2016 y 2018, que incluso lo obligaron a desplazarse temporalmente para salvaguardar su integridad. 3. Relató que el 19 de octubre de 2024 fue nuevamente amenazado por integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes le manifestaron que atentarían contra su vida. Como consecuencia de esta situación, se vio obligado a desplazarse de su lugar de residencia hacia la cabecera municipal de Balsero para proteger su vida e integridad personal. Indicó que estos hechos fueron documentados por la Personería Municipal, mediante certificación del 31 de octubre de 2024 [4] . 4. Posteriormente, señaló que la situación de seguridad en su comunidad continuó deteriorándose. Indicó que entre el 13 y el 14 de enero de 2025 se registró presencia de integrantes del ELN en el Resguardo Indígena 5 , lo que generó temor y suspensión de actividades en la comunidad. Asimismo, manifestó que el 11 de febrero de 2025 recibió información sobre la presencia de hombres armados en la zona, circunstancia que lo llevó nuevamente a abandonar el territorio para salvaguardar su vida. 5. De igual forma, indicó que, en respuesta a su situación de seguridad, la Secretaría de Educación 2 adoptó algunas medidas administrativas. En particular, señaló que el 20 de febrero de 2025 fue asignado temporalmente para apoyar actividades en las instalaciones de dicha entidad en la ciudad de San Isidro , mientras se definía su situación laboral. Posteriormente, mediante Resolución n.° 0631 del 17 de febrero de 2025, notificada el 7 de marzo de 2025, se le reconoció temporalmente la condición de amenazado y se le otorgó una comisión de servicios para desempeñar funciones en la sede central de la Secretaría de Educación 2 , con vigencia hasta el 7 de junio de 2025 [5] . 6. Como consecuencia de estos hechos, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, mediante Resolución n.° 2025-43000 del 15 de mayo de 2025, lo incluyó en el Registro Único de Víctimas por los hechos victimizantes de amenaza y desplazamiento forzado [6] . 7. Las autoridades indígenas del Resguardo Indígena 5 , mediante certificación del 12 de febrero de 2025, confirmaron que el accionante pertenecía a la etnia Noama y solicitaron a la Secretaría de Educación 2 adoptar medidas para proteger su seguridad, incluso proponiendo su reubicación fuera del territorio. A su vez, el Cabildo Indígena 6 , mediante comunicación del 27 de enero de 2025, manifestó su respaldo para que el docente desempeñara labores de etnoeducación con la comunidad indígena asentada en Sotavento , apoyo que fue reiterado mediante carta del 9 de mayo de 2025. 8. Debido a la situación de riesgo, el actor elevó diversas solicitudes ante las autoridades educativas para obtener su traslado o comisión de servicios a la ciudad de Sotavento , con el fin de salvaguardar su vida y continuar desarrollando labores educativas con población indígena. Sin embargo, las entidades accionadas señalaron dificultades jurídicas y administrativas para efectuar el traslado o conceder la comisión, entre ellas, la inexistencia de un cargo equivalente en la ciudad . 9. En desarrollo de dichas gestiones, el actor acudió a distintas instituciones, entre ellas el Ministerio de Educación Nacional, la Defensoría del Pueblo y organizaciones sindicales del magisterio, con el fin de que se analizaran alternativas administrativas para su reubicación. No obstante, pese a las solicitudes presentadas, las respuestas institucionales y las reuniones programadas, no se adoptó una solución definitiva que permitiera su traslado o garantizara plenamente su seguridad. 10. El accionante expuso que continuaba en una situación de riesgo, pues permanecía en el departamento de Laguna , territorio donde persistía la presencia de los grupos armados que generaron las amenazas en su contra. En ese sentido, consideró que la falta de una decisión administrativa efectiva constituía una omisión de las entidades accionadas que vulneraba sus derechos fundamentales. 11. Con fundamento en lo anterior, mediante la acción de tutela solicitó que se protegieran sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad personal y a la igualdad, y que se ordenara a las entidades accionadas adoptar las medidas administrativas necesarias para permitir su traslado o comisión de servicios a la ciudad de Sotavento o, en su defecto, que el Ministerio de Educación Nacional convocara las instancias pertinentes para resolver su situación. 2. Trámite en sede de tutela 12. El 22 de julio de 2025, el Juzgado 005 de Familia de Sotavento admitió la acción de tutela y vinculó al trámite a la Institución Educativa 3 , al Resguardo Indígena 5 , al Cabildo Indígena 6 , a la Institución Educativa 4 , a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), a la Personería Municipal, a  Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación), a la Defensoría Regional del Pueblo, el Sindicato de maestros de Sotavento , al Sindicato Departamental de Maestros, a la UNP (Unidad Nacional de Protección), a la Dirección Seccional de Fiscalías de Sotavento y a la CNSC (Comisión Nacional del Servicio Civil) [7] . 2.1. Respuesta de la Secretaría de Educación 1 13. Informó que el accionante solicitó su traslado a la ciudad de Sotavento al manifestar que, en su condición de docente etnoeducador del pueblo indígena Noama , había sido víctima de amenazas y desplazamiento forzado en el departamento de Laguna , razón por la cual consideraba necesario ser reubicado en aquella ciudad, donde además reside su núcleo familiar y cuenta con el respaldo del Cabildo Indígena 6 para desarrollar labores de etnoeducación. Frente a ello, la Secretaría de Educación 1 señaló que ha dado respuesta a las solicitudes presentadas por el actor, así como a las comunicaciones remitidas por Fecode y por la referida autoridad indígena, dentro del marco de sus competencias. 14. De igual forma, indicó que el Decreto 1075 de 2015 establece el procedimiento aplicable para el traslado de docentes oficiales que se encuentren en condición de amenaza o desplazamiento forzado. Explicó que dicho trámite debe ser adelantado inicialmente por la entidad territorial certificada que actúa como nominadora, en este caso la Secretaría de Educación 2 , la cual debe reconocer la situación de amenaza mediante acto administrativo, remitir la solicitud a entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección, y solicitar la evaluación del nivel de riesgo correspondiente. Solo una vez surtido este procedimiento y determinadas las medidas de protección, podría gestionarse un traslado dentro o fuera de la entidad territorial. En ese sentido, sostuvo que la Secretaría de Educación 1 carece de competencia para iniciar directamente dicho trámite. 15. Finalmente, afirmó que no resulta jurídicamente viable efectuar el traslado solicitado por el accionante a la planta docente de la ciudad. Indicó que la Secretaría de Educación 1 no cuenta con cargos destinados a etnoeducadores, ni existen instituciones educativas con población mayoritariamente indígena, lo que permita desarrollar las funciones propias de la etnoeducación. Asimismo, señaló que la ciudad de Sotavento no es reconocida como territorio indígena, lo cual impide garantizar el entorno cultural, pedagógico y comunitario necesario para el ejercicio de ese tipo de labores. En consecuencia, sostuvo que la imposibilidad de incorporar al actor en la planta docente no configura vulneración de derechos fundamentales, sino una limitación derivada del marco normativo vigente, razón por la cual solicitó declarar la falta de competencia y legitimación en la causa por pasiva. 2.2. Respuesta de la Secretaría de Educación 2 16. Indicó que, frente a los hechos expuestos por el accionante, la Secretaría de Educación 2 ha adelantado diversas actuaciones administrativas orientadas a atender su situación de seguridad. Señaló que el actor es docente etnoeducador adscrito a esa entidad y que ha manifestado haber sido víctima de amenazas por parte de grupos armados, particularmente el 19 de octubre de 2024, así como por la presencia de actores armados en el Resguardo Indígena 5 durante enero y febrero de 2025. Indicó además que el docente fue incluido en el Registro Único de Víctimas mediante Resolución n.° 2025-43000 del 15 de mayo de 2025, por hechos de amenaza y desplazamiento forzado. Asimismo, señaló que el actor ha contado con el respaldo de autoridades indígenas, quienes han solicitado su reubicación por razones de seguridad [8] . 17. De igual forma, mencionó que la entidad ha dado respuesta a las solicitudes presentadas por el accionante y ha adoptado medidas administrativas dentro de sus competencias. En ese sentido, explicó que el 20 de febrero de 2025 el docente fue asignado temporalmente para apoyar actividades administrativas en las instalaciones de la Secretaría, mientras se definía su situación laboral. Posteriormente, mediante Resolución n.° 0631 del 17 de febrero de 2025, notificada el 7 de marzo de 2025, se le reconoció provisionalmente la condición de amenazado y se le otorgó una comisión de servicios temporal para desempeñar actividades en la sede central de la entidad, medida que tenía vigencia hasta el 7 de junio de 2025, con el fin de salvaguardar su vida e integridad mientras se adelantaban las actuaciones correspondientes [9] . 18. Finalmente, sostuvo que el trámite de traslado de docentes amenazados se encuentra regulado por el Decreto 1075 de 2015, el cual establece que el educador debe presentar formalmente la solicitud ante la entidad nominadora, que posteriormente debe remitir la información a las autoridades competentes y solicitar la evaluación del nivel de riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección. Indicó que, en el caso concreto, no se ha activado plenamente dicho procedimiento, pues no existe denuncia formal ante las autoridades competentes ni un estudio de riesgo por parte de la UNP. Asimismo, explicó que actualmente no existe un marco normativo claro que permita el traslado interterritorial de etnoeducadores, especialmente cuando la entidad receptora no cuenta con cargos de esta naturaleza, por lo cual considera que ha actuado dentro del marco legal y solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela [10] . 2.3. Respuesta de la UARIV (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas) 19. Señaló que, una vez verificado el RUV (Registro Único de Víctimas), se constató que el accionante se encuentra incluido como víctima por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, bajo el radicado BE000843453, en el marco de lo dispuesto por la Ley 1448 de 2011 [11] . 20. De igual forma, indicó que, revisados los sistemas de información de la entidad, se constató que el accionante no ha presentado petición ni solicitud alguna ante la UARIV relacionada con los hechos o pretensiones que originan la acción de tutela. En ese sentido, sostuvo que la entidad no ha incurrido en acción u omisión que pueda considerarse vulneradora de los derechos fundamentales invocados por el actor, pues las solicitudes formuladas en la demanda se dirigen principalmente a las autoridades del sector educativo encargadas de definir su situación laboral y administrativa. 21. Finalmente, explicó que, conforme a la Ley 1448 de 2011 y a los Decretos 4800 y 4802 de 2011, la UARIV cumple funciones principalmente como entidad coordinadora del SNARIV (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas), como ente ejecutor de medidas de atención humanitaria de emergencia y transición, y como administradora del Registro Único de Víctimas y del Fondo para la Reparación de las Víctimas. En consecuencia, afirmó que las pretensiones del accionante relacionadas con su traslado laboral o reubicación como docente no se encuentran dentro de las competencias de la entidad, razón por la cual solicitó al juez constitucional desvincularla del trámite por ausencia de legitimación por pasiva [12] . 2.4. Respuesta de la CNSC (Comisión Nacional del Servicio Civil) 22. Señaló que el actor solicitó que se ordenara a las autoridades educativas adoptar medidas administrativas para permitir su traslado o comisión de servicios en la ciudad de Sotavento o, en su defecto, que el Ministerio de Educación Nacional convocara nuevamente a las entidades competentes para definir una solución administrativa frente a su situación de desplazamiento. Frente a ello, sostuvo que la CNSC no es la entidad competente para resolver dichas solicitudes, pues las decisiones relacionadas con la administración de la planta docente y los traslados corresponden a las entidades territoriales certificadas en educación, en este caso la Secretaría de Educación 2 [13] . 23. De igual forma, indicó que en el presente caso se configura falta de legitimación por pasiva, toda vez que no existe relación fáctica ni jurídica entre las pretensiones de la acción de tutela y las competencias asignadas a la CNSC. Explicó que, conforme al artículo 130 de la Constitución Política y a la Ley 909 de 2004, la Comisión Nacional del Servicio Civil es responsable de la administración y vigilancia de los sistemas de carrera administrativa, con excepción de aquellas carreras que tienen carácter especial, como ocurre con los etnoeducadores indígenas. En ese sentido, señaló que la eventual decisión sobre el traslado del docente por razones de seguridad debe ser adoptada por la entidad territorial nominadora, que en este caso corresponde a la Secretaría de Educación 2 [14] . 24. Finalmente, explicó que el régimen aplicable a los docentes y etnoeducadores indígenas se encuentra regulado principalmente por la Ley 115 de 1994, el Decreto 804 de 1995 y el Decreto 1075 de 2015, normas que reconocen la autonomía de los pueblos indígenas en los procesos de selección, vinculación y permanencia de los educadores que atienden población indígena. En ese contexto, indicó que los traslados por razones de seguridad de este tipo de docentes deben ser gestionados por la entidad territorial certificada en educación a la que pertenece el educador, con participación de las autoridades tradicionales indígenas cuando corresponda. En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela respecto de la CNSC y ordenar su desvinculación del trámite, al no evidenciarse vulneración de derechos fundamentales atribuible a dicha entidad [15] . 2.5. Respuesta de la Fiscalía 253 Seccional 25. Sostuvo que, una vez revisado el sistema de información institucional, se constató que en esa dependencia se encontraba asignada una denuncia relacionada con presuntas amenazas en contra del accionante, identificada con el CUI: 110016000050201905727, radicada inicialmente el 25 de febrero de 2019, por el presunto delito de amenazas previsto en el artículo 347 del Código Penal. En dicha actuación obra Gabriel como denunciante y como indiciados personas por establecer [16] . 26. Asimismo, indicó que, de acuerdo con la consulta realizada en el SPOA (Sistema de Información de la Fiscalía), el 15 de marzo de 2019 se elaboró el correspondiente programa metodológico de investigación, el cual fue desarrollado en conjunto con el funcionario de policía judicial asignado al caso, adscrito a la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional. Posteriormente, el 26 de marzo de 2019, el despacho dispuso el archivo de las diligencias, al considerar que la conducta denunciada resultaba atípica, decisión adoptada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal [17] . 2.6. Respuesta de la Dirección Seccional de Fiscalías de Sotavento 27. Indicó que, en desarrollo de la verificación institucional, realizó una búsqueda en el sistema misional SPOA con los datos del accionante, encontrando varias noticias criminales relacionadas con presuntas amenazas. Informó que dichas actuaciones se encuentran inactivas, pues en los casos consultados se dispuso el archivo de las diligencias por conducta atípica con fundamento en el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal. De igual forma, precisó que los procesos estuvieron asignados a distintas dependencias de la Dirección Seccional de Sotavento , entre ellas las Fiscalías 514, 253 y 248 seccionales, pertenecientes a unidades de seguridad pública encargadas de investigar delitos como amenazas o conductas que generan peligro común [18] . 28. Finalmente, sostuvo que la Dirección Seccional Sotavento carece de legitimación por pasiva, al no evidenciarse que dicha dependencia haya incurrido en acción u omisión que vulnere los derechos fundamentales invocados por el accionante. Explicó que, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 5 y 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela debe dirigirse contra la autoridad responsable de la presunta vulneración de derechos. En ese sentido, señaló que la entidad no ha adoptado decisiones contrarias al ordenamiento jurídico ni ha afectado garantías fundamentales del accionante, razón por la cual solicitó al juez constitucional su desvinculación del trámite de tutela [19] . 2.7. Respuestas de Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ) 29. Indicó que la organización sindical ha tenido conocimiento de la situación del docente Gabriel y que, desde el 17 de enero de 2025, le ha brindado acompañamiento jurídico a través de un abogado asesor de su Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Étnicos y Ambientales. Asimismo, manifestó que los hechos expuestos por el accionante han sido conocidos por la organización sindical y que gran parte de los documentos aportados en la acción de tutela ya habían sido allegados previamente a dicha organización [20] . 30. De igual forma, indicó que, según la información conocida por la organización sindical y los documentos aportados por el docente, este se desempeñaba como etnoeducador adscrito a la Secretaría de Educación 2 en la Institución Educativa 3 , en el municipio de Balsero , y habría sido víctima de amenazas y desplazamiento forzado por parte de grupos armados ilegales, particularmente hacia finales de 2024 y comienzos de 2025. Además, señaló que las autoridades indígenas del pueblo Noama , tanto en el Resguardo Indígena 5 como en la ciudad de Sotavento , han manifestado su respaldo a la solicitud de traslado del docente hacia esa ciudad [21] . 31. Asimismo, informó que Fecode ha realizado varias gestiones institucionales orientadas a encontrar una solución administrativa para la situación del docente, entre ellas, el envío de comunicaciones a las secretarías de educación 2 y 1 y al MEN (Ministerio de Educación Nacional), solicitando analizar la posibilidad de su traslado o la convocatoria de una reunión interinstitucional para evaluar alternativas. Indicó que algunas de estas solicitudes generaron respuestas de las entidades involucradas e incluso la programación de una reunión para tratar el caso. Sin embargo, dicha reunión fue posteriormente cancelada por el Ministerio de Educación Nacional bajo el argumento de que la Secretaría 2 ya había resuelto la situación. Finalmente, la organización sindical expresó su respaldo a las pretensiones del accionante y solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales y ordenar su traslado por razones de seguridad, aunque aclaró que Fecode no tiene competencia administrativa para adoptar decisiones sobre el manejo del personal docente, por lo que pidió su desvinculación del trámite [22] . 3. Decisiones judiciales objeto de revisión 3.1. Sentencia de primera instancia 32. El 4 de agosto de 2025, el Juzgado 005 de Familia de Sotavento “negó el amparo”. El despacho señaló que el accionante pretendía que se ordenara a las entidades accionadas adoptar las medidas administrativas necesarias para viabilizar su traslado o decretar comisión de servicios a la ciudad de Sotavento , o que el Ministerio de Educación Nacional convocara a las autoridades pertinentes para buscar una solución frente a la situación de desplazamiento de aquel. No obstante, consideró que la acción de tutela resultaba improcedente pues no cumplía el requisito de subsidiariedad, dado que las respuestas emitidas por las entidades accionadas podían ser controvertidas mediante los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, particularmente a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho [23] . 33. Asimismo, indicó que en el caso concreto no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención excepcional del juez constitucional. Explicó que la Secretaría de Educación 2 había adelantado actuaciones para proteger la vida e integridad del accionante, entre ellas, su reubicación temporal mediante comisión de servicios en la ciudad de San Isidro , mientras se resolvía el trámite administrativo relacionado con su solicitud de traslado por razones de seguridad. Agregó que el docente también podría gestionar su traslado hacia otras entidades territoriales certificadas en educación que cuentan con planta de cargos para etnoeducadores, por lo que concluyó que el accionante debía acudir a los mecanismos judiciales ordinarios para controvertir las decisiones administrativas adoptadas [24] . 3.2. Impugnación 34. El accionante impugnó la decisión de primera instancia. Sostuvo que el juez aplicó de forma incorrecta el requisito de subsidiariedad, pues la jurisprudencia constitucional ha reconocido la procedencia excepcional de la acción de tutela en casos de traslado de docentes por razones de seguridad, cuando existe riesgo para la vida o integridad personal. En ese sentido, afirmó que la vía ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no resulta idónea ni eficaz en su caso, dado que la situación de riesgo que enfrenta exige una intervención urgente del juez constitucional para evitar un perjuicio irremediable [25] . 3.3. Sentencia de segunda instancia 35. En sentencia del 1.° de septiembre de 2025, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sotavento confirmó la decisión de primera instancia. Señaló que la acción de tutela no cumplía el requisito de subsidiariedad, pues fue presentada de manera prematura, dado que la solicitud de traslado del accionante aún se encontraba en trámite ante la Secretaría de Educación 2 , por lo que no existía una decisión administrativa definitiva que pudiera considerarse vulneradora de sus derechos fundamentales. Asimismo, indicó que la entidad territorial había adoptado medidas de protección, como la reubicación temporal del docente en la ciudad de San Isidro , mientras se resolvía su situación administrativa [26] . 4. Actuaciones en sede de revisión 4.1. Selección del expediente 36. Mediante Auto del 28 de noviembre de 2025, la Sala de Selección de Tutelas Número Once escogió el expediente de la referencia para revisión y lo repartió a la Sala Segunda de Revisión [27] . El 15 de diciembre de la misma anualidad, la Secretaría General de esta Corporación remitió el expediente al despacho del magistrado sustanciador para lo de su competencia. 4.2. Decreto oficioso de pruebas 37. Mediante Auto del 16 de enero de 2026 [28] , el magistrado sustanciador profirió auto de pruebas con el fin de contar con los elementos de juicio requeridos para tomar una decisión en la presente actuación. De igual manera, decretó la práctica de declaración al accionante, mediante comisión a un magistrado auxiliar de la Corte. Asimismo, dispuso la consulta de información del actor en diversas bases de datos públicas y ofició a varias entidades, entre ellas la Secretaría de Educación 2 , la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Secretaría de Educación 1 , el Ministerio de Educación Nacional y la Defensoría del Pueblo, para que remitieran información y documentación relacionada con la situación de seguridad del accionante y con las actuaciones adelantadas frente a su solicitud de traslado o reubicación. 4.3. Diligencia de declaración [29] 38. El 10 de febrero de 2026, mediante la plataforma digital Microsoft Teams , el accionante rindió declaración dentro del trámite de revisión de la presente acción de tutela ante un magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, diligencia en la que solicitó la autorización de acompañamiento de un abogado de Fecode. Durante la audiencia se le solicitó exponer su situación personal, familiar, económica y laboral, así como relatar los hechos de amenaza y desplazamiento forzado que motivaron la presentación de la acción de tutela y las gestiones adelantadas para lograr su reubicación laboral por razones de seguridad. 39. En su intervención inicial, el accionante indicó que tiene 48 años, pertenece al pueblo indígena Noama y se desempeña como docente etnoeducador adscrito a la Secretaría de Educación 2 . Señaló que nació en el Resguardo indígena 5 y que su núcleo familiar está conformado por su esposa quien se dedica a labores del hogar y cuatro hijos. Explicó que actualmente no reside en dicho municipio debido a la comisión de servicios que le otorgó la Secretaría de Educación 2 , mientras que su esposa e hijos permanecen en otra ciudad a la que se desplazaron tras los hechos de amenaza. 40. Posteriormente, el accionante explicó que su comunidad indígena ha sufrido durante años las consecuencias del conflicto armado. Relató que desde 2016 el resguardo ha experimentado desplazamientos, confinamientos y amenazas contra líderes comunitarios, así como reclutamiento de jóvenes por parte de grupos armados ilegales. Indicó que, debido a su rol como docente y líder dentro de la comunidad, participó activamente en la defensa de los derechos de la población indígena, lo que generó que empezara a recibir intimidaciones. Según relató, en ese contexto se vio obligado a salir del territorio y trasladarse a Sotavento , donde permaneció durante varios años hasta 2022, cuando decidió regresar a su comunidad motivado por solicitudes de estudiantes, padres de familia y autoridades comunitarias que le pidieron retomar su labor educativa. 41. El accionante manifestó que, tras su regreso al territorio, inicialmente percibió una relativa tranquilidad. Sin embargo, a partir de 2023 la situación de orden público volvió a deteriorarse debido a la presencia de nuevos actores armados. Indicó que, hacia octubre de 2024, las amenazas se intensificaron y que integrantes de grupos armados ingresaban incluso a los salones de clase para ejercer presión sobre docentes y estudiantes. En una de esas ocasiones, relató que uno de los miembros del grupo armado le advirtió que si no apoyaba sus intereses sería considerado “objetivo militar” . 42. Frente a la agravación de la situación de seguridad, el accionante relató que hacia finales de octubre de 2024 acudió a la Personería del municipio de Balsero , para poner en conocimiento las amenazas recibidas y solicitar apoyo institucional para abandonar el territorio. Indicó que dicha autoridad le expidió una certificación sobre su situación, con la cual logró salir del municipio junto con su familia con el apoyo de la Cruz Roja Internacional, trasladándose a otra ciudad a comienzos de noviembre de 2024. Una vez allí, acudió a la personería para rendir declaración sobre los hechos de desplazamiento y posteriormente, el 27 de noviembre de 2024, presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por las amenazas recibidas. 43. El accionante también explicó que, tras su desplazamiento, acudió a Fecode para recibir asesoría sobre las alternativas disponibles para su situación laboral, pues temía ser sancionado disciplinariamente si no regresaba a su lugar de trabajo. Según relató, mientras esperaba una respuesta de la Secretaría de Educación 2 sobre su solicitud de reubicación, regresó temporalmente al territorio para evitar consecuencias laborales. Sin embargo, tras una semana de clases fue citado por la secretaría, ante la cual presentó los documentos que acreditaban su situación de amenaza y desplazamiento, así como las actuaciones adelantadas ante la Fiscalía y otras autoridades. 44. Manifestó que, como resultado de dichas gestiones, la Secretaría de Educación 2 le otorgó una comisión de servicios temporal en la ciudad de San Isidro , inicialmente por tres meses. Explicó que esta medida lo obligó a mantener dos lugares de residencia, pues su esposa e hijos permanecen en Sotavento , y que él cubre los gastos de vivienda y manutención familiar de aquellos, mientras que en San Isidro debe asumir el pago de un arriendo cercano a $800.000 mensuales, además de sus gastos personales de alimentación y transporte. Señaló que esta situación ha generado una carga económica considerable, dado que su familia depende de su salario como docente y él debe sostener simultáneamente los gastos del hogar en Sotavento y su permanencia laboral en San Isidro . 45. Adicionalmente, el accionante señaló que su situación familiar se ve agravada debido a que su esposa presenta problemas de salud, circunstancia que le genera preocupaciones adicionales, tanto por el cuidado que requiere como por los gastos asociados a su tratamiento médico. Explicó que estas condiciones inciden en las dificultades que enfrenta su núcleo familiar, especialmente teniendo en cuenta que actualmente debe permanecer en San Isidro por razones laborales mientras su familia reside en Sotavento . 46. Durante la diligencia, el accionante también se refirió a la situación de la comunidad indígena Noama que actualmente reside en Sotavento . Explicó que varias familias de su comunidad se han desplazado a la ciudad como consecuencia del conflicto armado y que en la actualidad aproximadamente 150 niños y niñas indígenas, muchos de ellos monolingües en lengua Noama , se encuentran estudiando en la Institución Educativa 4 . Señaló que conoce esta situación porque sus hijos estudian en esa institución educativa y destacó la importancia de que los estudiantes cuenten con acompañamiento de etnoeducadores que conozcan su lengua y su cultura, con el fin de evitar la pérdida del idioma y fortalecer los procesos educativos propios de la comunidad indígena en la ciudad. 47. Por otra parte, al ser consultado sobre la vigencia de su situación laboral actual, explicó que la comisión de servicios otorgada en San Isidro fue concebida como una medida transitoria, mientras se analizaba su solicitud de traslado por razones de seguridad. No obstante, señaló que hasta el momento no existe una decisión definitiva sobre su reubicación laboral. Indicó que esta situación genera incertidumbre respecto de su estabilidad laboral y de las condiciones de seguridad en las que continuará prestando el servicio, pues permanece separado de su familia y sin una solución definitiva frente al riesgo que enfrenta. 48. Durante la diligencia, el magistrado auxiliar también indagó al accionante sobre las gestiones realizadas ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) para solicitar medidas de seguridad. Al respecto, el accionante indicó que no ha acudido directamente a dicha entidad, pues desconocía el procedimiento para activar esa ruta institucional. 49. En dicha audiencia, también intervino el abogado de Fecode, quien explicó que la organización sindical ha acompañado al docente en la búsqueda de soluciones administrativas frente a las amenazas recibidas. Sin embargo, señaló que existe un vacío normativo en relación con el traslado de docentes etnoeducadores por razones de seguridad entre entidades territoriales certificadas, lo que dificulta encontrar una solución definitiva en casos como el del accionante. Indicó que esta situación se presenta en varios casos similares y que, debido a la ausencia de un procedimiento claro en la normativa vigente, las autoridades educativas suelen enfrentar limitaciones para materializar los traslados solicitados por los docentes en riesgo. 50. Finalmente, el accionante reiteró su preocupación por la falta de una solución definitiva a su situación laboral y de seguridad. Señaló que su solicitud no busca un beneficio particular, sino que se aplique una medida que le permita continuar ejerciendo su labor docente sin poner en riesgo su vida, al tiempo que pueda reunificar su familia. Indicó que, pese a las gestiones realizadas ante distintas entidades, hasta el momento solo ha recibido medidas temporales, como la comisión de servicios en San Isidro , lo que mantiene incertidumbre sobre su futuro laboral. Por último, solicitó que se adopten decisiones que garanticen su protección personal y estabilidad laboral. 4.4. Respuesta de la Secretaría de Educación 1 [30] 51. La entidad explicó que la planta de personal docente de la ciudad no cuenta con cargos destinados a etnoeducadores indígenas ni dinamizadores pedagógicos. Señaló que la planta docente está conformada por cargos de docentes de aula, orientadores, rectores, coordinadores, directores y supervisores, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones y adoptados mediante el Decreto 345 de XXXX . En ese contexto, precisó que no existen vacantes compatibles con el perfil del accionante, dado que los cargos de etnoeducación están previstos principalmente para instituciones educativas ubicadas en territorios indígenas y no para la ciudad, donde los establecimientos educativos oficiales atienden “mayoritariamente población general”. 52. Asimismo, informó que la entidad ha recibido y respondido diversas solicitudes formuladas por el accionante desde el 2016, para su traslado o reubicación en la ciudad de Sotavento . Al respecto, indicó que estas peticiones han sido atendidas mediante distintos radicados y respuestas oficiales en los años 2016, 2018, 2021 y 2025, en las que se ha reiterado la imposibilidad jurídica de efectuar el traslado, debido a la inexistencia de cargos de etnoeducadores dentro de la planta docente y a las restricciones normativas que regulan este tipo de vinculaciones. 53. De igual forma, explicó que, conforme al Decreto 1075 de 2015 y a la Directiva Ministerial 02 de 2019, los traslados de docentes por razones de seguridad deben ser tramitados inicialmente por la entidad territorial certificada de origen, que en este caso corresponde a la Secretaría de Educación 2 . Indicó que solo una vez surtido dicho procedimiento podría evaluarse la eventual incorporación en otra entidad territorial mediante un convenio interadministrativo y con intervención de la Comisión Nacional del Servicio Civil. En ese sentido, reiteró que no resulta jurídicamente procedente realizar el traslado del accionante a Sotavento , pues la ciudad no cuenta con planta de cargos destinada a etnoeducadores, no existen establecimientos educativos con población mayoritariamente indígena y la ciudad no es reconocida como territorio indígena. 54. Finalmente, señaló que la Secretaría de Educación 1 ha realizado consultas y gestiones ante el Ministerio de Educación Nacional y la Comisión Nacional del Servicio Civil para explorar posibles alternativas administrativas frente al caso del accionante. Sin embargo, dichas entidades han reiterado que cualquier traslado, reubicación o comisión de servicios debe ser iniciado y tramitado por la entidad territorial nominadora de origen, con el pronunciamiento previo de la autoridad tradicional indígena correspondiente y dentro de plantas docentes destinadas a la atención de comunidades étnicas. Con fundamento en lo anterior, la entidad sostuvo que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante y solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela. 4.5. Respuesta de la Defensoría del Pueblo - Regional [31] 55. Señaló que, tras revisar los sistemas de información y los archivos físicos y digitales de la entidad, se constató que el accionante acudió a esa Regional con el fin de solicitar acompañamiento institucional para gestionar su traslado laboral por razones de seguridad, debido a las amenazas que habría recibido por parte de grupos armados ilegales en el municipio de Balsero , donde se desempeñaba como docente en la institución educativa 3 . 56. Asimismo, informó que, en atención a dicha solicitud, la Defensoría del Pueblo remitió el oficio n.° 202500601300338851 del 27 de enero de 2025 a la Secretaría de Educación 2 , mediante el cual trasladó la petición presentada por el accionante y solicitó a esa entidad adoptar las medidas necesarias para atender su situación, en particular evaluar la posibilidad de concederle un traslado laboral a otra institución educativa donde pudiera ejercer sus funciones sin riesgo para su vida ni la de su núcleo familiar. 57. Indicó que posteriormente el accionante acudió de nuevo a la Defensoría para solicitar coadyuvancia institucional, manifestando que se había visto obligado a desplazarse hacia la ciudad de Sotavento debido a las amenazas recibidas y que había presentado una solicitud de comisión de servicios para desempeñar labores docentes en la Secretaría de Educación 1 , respecto de la cual no había recibido respuesta oportuna. En ese contexto, la entidad reiteró su intervención ante la Secretaría de Educación 2 , la cual informó que se estaban adelantando trámites administrativos para reconocer la condición de docente amenazado y conferirle una comisión de servicios, conforme a lo previsto en el Decreto 1782 de 2013, así como la eventual gestión de un convenio interadministrativo con la Secretaría de Educación 1 para viabilizar su traslado por razones de seguridad. 58. Finalmente, señaló que, en cumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo remitió los documentos que reposan en sus archivos relacionados con el caso, entre ellos peticiones presentadas por el accionante, comunicaciones dirigidas a las autoridades educativas y las respuestas recibidas, con el fin de acreditar las gestiones de acompañamiento institucional adelantadas por la entidad frente a la situación de riesgo manifestada por el docente. 4.6. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional [32] 59. Señaló que, tras revisar el SGDEA (Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo), se identificaron diversas solicitudes presentadas durante el 2025 por el accionante o por organizaciones que gestionaron su caso, las cuales fueron tramitadas por esa cartera ministerial y respecto de las que se emitieron las correspondientes respuestas: Tabla 1. Resumen de respuestas emitidas por el Ministerio de Educación Nacional Petición / Radicado Fecha Respuesta 2025-ER-0007726 14/01/2025 El Ministerio remitió la solicitud por competencia a la Secretaría de Educación 2 , al ser la autoridad encargada de administrar la planta docente y resolver la situación del accionante. 2025-ER-0184274 22/04/2025 El Ministerio respondió al accionante explicando que no tiene competencia para decidir traslados individuales, pues esto les corresponde a las entidades territoriales certificadas, y expuso el marco normativo aplicable al traslado de docentes por razones de seguridad. 2025-ER-0223867 14/05/2025 La entidad reiteró las reglas del Decreto 1075 de 2015 sobre traslado de docentes amenazados y explicó el procedimiento que debe adelantar la autoridad nominadora, incluida la evaluación de riesgo por la UNP y la posible comisión de servicios o traslado. 2025-ER-0237562 21/05/2025 En respuesta a una solicitud presentada por Fecode, el Ministerio accedió a convocar una reunión interinstitucional virtual para analizar la situación del etnoeducador Gabriel y revisar alternativas institucionales frente a su caso. Reunión que luego fue cancelada por la misma entidad, según lo manifestado por el accionante. 60. Asimismo, explicó que, de conformidad con el marco jurídico aplicable al sector educativo, particularmente la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015, la administración del personal docente corresponde a las entidades territoriales certificadas en educación, las cuales tienen la competencia para adoptar decisiones relacionadas con la ubicación, reubicación o traslado de docentes adscritos a su planta. En ese sentido, precisó que, tratándose de un docente vinculado a la Secretaría de Educación 2 , corresponde a dicha entidad territorial, en su calidad de autoridad nominadora, adelantar y decidir las actuaciones administrativas relacionadas con su situación laboral. 61. Por otra parte, el Ministerio señaló que, en desarrollo de sus funciones de dirección del sector, puede realizar acciones de orientación normativa, acompañamiento a las entidades territoriales certificadas y articulación interinstitucional, sin que ello implique sustituir las competencias de dichas autoridades para adoptar decisiones administrativas individuales. En ese marco, indicó que frente al caso del accionante se adelantaron gestiones consistentes en traslados por competencia de las solicitudes a las autoridades correspondientes, orientación normativa sobre el procedimiento de traslado por razones de seguridad y atención de requerimientos judiciales relacionados con la situación planteada. 62. Finalmente, indicó que, teniendo en cuenta que el accionante es etnoeducador perteneciente al pueblo indígena Noama , el Ministerio ha reiterado a las autoridades territoriales la necesidad de incorporar un enfoque diferencial y de protección reforzada en el análisis de su situación administrativa, procurando garantizar simultáneamente la protección de su vida e integridad personal y la continuidad del servicio educativo en condiciones de calidad y pertinencia cultural. 4.7. Respuesta de la Unidad Nacional de Protección [33] 63. Informó que al accionante se le han practicado dos evaluaciones de nivel de riesgo. La primera fue realizada en 2017 y presentada ante el CERREM (Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas), el cual determinó que su nivel de riesgo era ordinario, decisión adoptada mediante la Resolución 2855 del 16 de mayo de 2017. Posteriormente, en 2019 se efectuó una nueva valoración que igualmente fue analizada por dicho comité, el cual mantuvo la calificación de riesgo ordinario, decisión formalizada mediante la Resolución 4886 del 14 de julio de 2019, siendo esta la última valoración vigente respecto del accionante. 64. Precisó que la calificación de riesgo ordinario se sustentó en el análisis realizado por el Grupo de Valoración Preliminar, en el que se examinaron factores como los antecedentes personales de riesgo, el contexto, el entorno social y comunitario y el lugar donde desarrolla sus actividades el solicitante. Según la entidad, en dicho estudio no se identificaron amenazas claras, específicas o actuales que permitieran concluir que el accionante estuviera expuesto a un riesgo extraordinario o extremo. En consecuencia, el CERREM recomendó comunicar el resultado del estudio, al considerar que aquel no se encontraba sometido a un nivel de riesgo superior al que deben soportar las personas por el hecho de vivir en sociedad, lo que excluye la adopción de medidas especiales de protección por parte del programa de la UNP. 65. Posteriormente, en respuesta al traslado de pruebas ordenado por la Corte Constitucional mediante oficio OPT-A-054-2026 del 19 de febrero de 2026, la UNP informó que, tras revisar el material probatorio allegado al expediente, no encontró elementos que guardaran relación directa o indirecta con su misionalidad ni con actuaciones atribuibles a esa entidad. En ese sentido, indicó que del análisis de las respuestas e intervenciones incorporadas al proceso no se desprendían hechos, omisiones o irregularidades que permitieran vincular a la UNP con la presunta vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante, razón por la cual manifestó que no emitiría un pronunciamiento adicional dentro del trámite. 4.8. Documentos allegados por el accionante [34] 66. El accionante allegó dos correos electrónicos mediante los cuales remitió la documentación solicitada durante la diligencia de declaración. En el primero, enviado el 11 de febrero de 2026, trasladó varios anexos, entre ellos reportes de historia clínica relacionados con la atención médica de su esposa, así como documentos de identificación y registro civil de los integrantes de su núcleo familiar. Posteriormente, mediante un segundo correo del 20 de febrero de 2026, complementó la información aportada y remitió nuevamente el reporte de historia clínica de su esposa, indicando que correspondía a los documentos requeridos por el magistrado auxiliar durante la diligencia de declaración. 4.9. Consulta en bases de datos [35] 67. Se practicó la consulta de la información del accionante en bases de datos públicas. En particular, se verificaron sus datos en el Sisben (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales), la BDUA (Base de Datos Única de Afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud), administrada por la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), y el RUAF (Registro Único de Afiliados) del Sispro (Sistema Integrado de Información de la Protección Social). Como resultado de tales indagaciones se constató que el accionante no aparece registrado en el Sisbén ni en la BDUA, mientras que en el RUAF figura información de afiliación al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con estado retirado, así como afiliación a cesantías en el mismo fondo con estado vigente, con municipio laboral Balsero . 4.10 Respuesta de la UARIV [36] 68. Esa entidad emitió certificación actualizada sobre la situación del accionante en el RUV. Señaló que tras el procedimiento de valoración adelantado conforme a la Ley 1448 de 2011, el Decreto 1084 de 2015 y el Decreto Ley 4633 de 2011, se expidió la Resolución n.º 2025-43000 del 15 de mayo de 2025, mediante la cual se dispuso la inclusión de Gabriel en dicho registro por los hechos victimizantes de amenaza y desplazamiento forzado. Explicó que para adoptar esa decisión se verificaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos declarados, se consultaron diferentes bases de datos institucionales y se analizó el contexto de seguridad en el municipio de Balsero , en el cual se evidenció la presencia de grupos armados y dinámicas del conflicto armado que afectan a la población civil y a comunidades indígenas como el pueblo Noama . 69. Asimismo, precisó que la intervención de la entidad dentro del trámite de tutela se limita a la administración del Registro Único de Víctimas y a la certificación del estado de inclusión del accionante en dicho registro, así como a la coordinación del SNARIV. En ese sentido, sostuvo que la pretensión principal de la acción de tutela (traslado laboral del docente) corresponde a las autoridades del sector educativo, particularmente al Ministerio de Educación Nacional y a las secretarías de educación, por lo que la UARIV no tiene competencia para ordenar o ejecutar medidas relativas a la ubicación laboral del accionante, sin perjuicio de que su condición de víctima pueda ser valorada por dichas autoridades al momento de adoptar las decisiones administrativas pertinentes. 4.11. Respuesta de la Secretaría de Educación 1 [37] 70. La entidad manifestó que el Decreto 1075 de 2015 establece la regulación para los traslados por razones de seguridad de los etnoeducadores oficiales, sin excepción alguna. Agregó que el traslado a otra entidad territorial certificada “se encuentra supeditado al cumplimiento de un procedimiento, el cual depende, entre otros aspectos, de la existencia de vacantes en la entidad territorial certificada en educación a la cual se pretenda trasladar al docente” [38] . 71. Añadió que la Directiva Ministerial 02 de 2019 detalla las orientaciones para los traslados por razones de seguridad de los etnoeducadores y afirmó que “debe realizarse prioritariamente dentro de plantas de cargos destinadas a la atención de población indígena o en entidades territoriales certificadas que cuenten con dicha destinación, con el respectivo aval de las autoridades tradicionales y en atención a los usos y costumbres de las comunidades” [39] . 72. Manifestó que en la planta docente “no se tiene previsto dentro de dicha planta cargos de servidores públicos Etnoeducadores docentes y directivos docentes, que atiendan población indígena, lo anterior teniendo en cuenta que, la población atendida en la matrícula oficial de los establecimientos educativos de [ Sotavento ] es mayoritaria, siendo así que [esa ciudad], no tiene establecimientos educativos exclusivos para la atención de población indígena o población afrocolombiana negra, raizal y palenquera” [40] . Añadió que “no resulta viable realizar traslados hacia entidades territoriales cuya atención a población indígena o a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras sea limitada, en la medida en que no se cuenta con vacantes acordes a la naturaleza y funciones propias del cargo” [41] . 73. Por otro lado, en relación con los niños, niñas y adolescentes indígenas en Sotavento , la secretaría informó que a febrero de 2026 “se cuenta con un total de 12.687 estudiantes con pertenencia étnica indígena matriculados en los establecimientos educativos oficiales” [42] . Precisó que “la población perteneciente al pueblo [ Noama ] corresponde a 371 estudiantes, distribuidos en ocho (8) [zonas]. Se destaca la zona 7 , que concentra el 94,6% (351 estudiantes) de esta población, evidenciando una alta concentración territorial” [43] ; “[a]l interior de la zona 7 , [las instituciones educativas 4 y 8 ] concentran el mayor número de estudiantes Noama , con una participación del 36,5% y 27,9% respectivamente, representando en conjunto el 64,4% del total de la matrícula de esta población en la [ zona ], lo cual evidencia una focalización de la atención educativa en estos establecimientos” [44] . 74. Igualmente, la secretaría expuso que “garantiza el derecho a la educación con pertinencia cultural, aceptabilidad, adaptabilidad a niños, niñas y adolescentes que se reconocen como indígenas y que han sido desplazados de sus territorios, y que se encuentran en diferentes [instituciones educativas (IE)] de [ Sotavento ] , mediante la implementación de la estrategia de acompañamiento pedagógico que lidera la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, la cual tiene por horizonte la Educación Intercultural ya que la ciudad de [ Sotavento ] no cuenta con población estudiantil mayoritariamente étnica”. A su juicio, esta estrategia se sustenta en el artículo 3.° del Convenio 169 de la OIT, las leyes 115 de 1994 y 1381 de 2010 y el Decreto 0481 de 2025. En cuanto a la normativa de la ciudad, refirió el Decreto 234 de XXX . 75. Afirmó que la estrategia tiene como objetivo fortalecer la educación intercultural mediante el diálogo de saberes y para 2026 se focaliza en 30 instituciones educativas. Las acciones de esta estrategia comprenden: (i) caracterización de los estudiantes indígenas vinculados a cada institución educativa, con el fin de fortalecer su autorreconocimiento y visibilizar su pertenencia cultural. Este proceso incluye la recopilación de información sobre prácticas culturales, lengua, territorialidad y vínculos comunitarios, lo que permite orientar estrategias pedagógicas acordes a su contexto. (ii) Se conforman o fortalecen equipos docentes interculturales dentro de las instituciones educativas, pr