Sentencia T-284 de 2026

T-284-26 NOTA DE RELATORÍA: Con fundamento en la solicitud realizado en el oficio suscrito por el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño el 10 de septiembre de 2026, dirigido al jefe de la Oficina de Sistemas de la Corporación, se anexa a la presente providencia el Código QR y el vínculo desde los cuales se puede acceder a los anexos que hacen parte integral de la misma, lo anterior debido a que las propiedades del archivo original ocasionaban incompatibilidad con las herramientas de publicación y a la necesidad de conservar la integridad de la prueba. https://www.corteconstitucional.gov.co/media/sentencia_T-284-26_anexos.pdf REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Tercera de Revisión Sentencia T 284/26 Referencia: Expediente T-10.295.225 acumulado al expediente T-10.900.542 Acciones de tutela presentadas por (i) Magdalena González y otros en contra de la Alcaldía de Maicao, la Gobernación de la Guajira, la Inspección de Policía de Maicao, la Secretaría de Gobierno de Maicao, la Secretaría de Planeación Municipal de Maicao, la Secretaría de Hacienda Municipal de Maicao, la Cooperativa de Loteros de Maicao y el señor Abimael López Manjarrez, y (ii) Yolima Esther Loaiza Polo y otros en contra de Alcaldía Municipal de Maicao y otro. Jurisprudencia relevante: Sentencias SU-016 de 2021 y Sentencia T-123 de 2014. Magistrado Ponente: HÉCTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO Bogotá D.C., cuatro (04) de septiembre de dos mil veintiséis (2026) La Sala Tercera de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, y por los magistrados Juan Carlos Cortés González y Héctor Alfonso Carvajal Londoño, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En el trámite de revisión de las sentencias de segunda instancia, proferidas por  (i) el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Maicao e l 15 de diciembre de 2021, que confirmó la sentencia de primera instancia del 25 de octubre de 2021, emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Maicao , a través de la cual se negó el amparo solicitado, dentro del expediente T-10.295.225, y (ii) el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Maicao  del 29 de enero de 2024, que revocó la decisión del 30 de noviembre de 2023 del Juzgado Segundo Penal con funciones mixtas de Maicao y concedió la tutela solicitada. Los expedientes fueron enviados a la Corte Constitucional en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Mediante auto del 30 de julio de 2024, la Sala de Selección de Tutelas número Siete escogió el expediente T-10.295.225 para su revisión [1] . Luego, mediante auto del 28 de marzo de 2025 la Sala de Selección de Tutelas número Tres seleccionó el expediente T-10.900.542 y lo acumuló al expediente T-10.295.225. El asunto originalmente lo asumió la Sala Octava de Revisión, bajo la sustanciación de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, quien culminó su periodo constitucional el 15 de mayo de 2025. Posteriormente, el 3 de julio de 2025, el doctor Héctor Alfonso Carvajal Londoño tomó posesión del cargo de magistrado de la Corte Constitucional. En consecuencia, a partir del 4 de julio de 2025, la sustanciación de los expedientes del despacho, incluido el presente asunto, quedó a cargo del magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño. Síntesis de la decisión La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional estudió dos procesos de tutela relacionados con la ocupación de unos predios, ubicados en la parte trasera del matadero de Maicao. Los predios, de propiedad privada, uno de estos perteneciente a la Cooperativa Multiactiva de Loteros de Maicao, fueron ocupados por diez asentamientos, integrados por alrededor de 2185 personas altamente vulnerables. En particular, alrededor de la mitad de la población que hace parte de los predios está integrada por niños, niñas y adolescentes. A su vez, integran los asentamientos un alto número de personas migrantes e indígenas y, en menor medida, desplazados por la violencia o por fenómenos ambientales. Las acciones de tutela las originaron las decisiones que se dictaron en el trámite de tres procesos policivos que iniciaron los propietarios de los predios en contra de los ocupantes, en las que las autoridades policivas ordenaron la restitución de los inmuebles en cabeza de sus propietarios. Así, por un lado, los ocupantes reclamaron la protección de sus derechos a la vivienda digna y al debido proceso, que estimaron violados porque, a pesar de ser población en extremo vulnerable, no habían sido caracterizados ni se les había ofrecido soluciones de vivienda. Por otro lado, los propietarios de los predios solicitaron la protección de sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia porque, aunque habían transcurrido más de dos años desde que se dictaron las órdenes de policía, las autoridades a cargo aún no habían garantizado su cumplimiento. Para resolver los asuntos en cuestión, la Sala reiteró las reglas fijadas en la Sentencia SU-016 de 2021. En aplicación de éstas, ordenó que se hicieran efectivas las órdenes dictadas en los procesos policivos. Sin embargo, ordenó también la creación de una mesa de trabajo integrada por (i) múltiples autoridades y entidades, a las que dejó a cargo de garantizar los derechos de los ocupantes, así como socializar a los ocupantes y a los propietarios las condiciones en que se deberían realizar los desalojos; (ii) los líderes y lideresas de cada uno de los diez asentamientos, y (iii) los propietarios de los inmuebles. I. ANTECEDENTES Elementos contextuales del caso El estudio de los casos que se examinan en esta ocasión implicó un importante esfuerzo probatorio con el fin de lograr una adecuada comprensión del contexto del caso, en general, y una caracterización correcta de la población involucrada, en particular. Las innumerables pruebas que se recaudaron se relacionan detalladamente en el Anexo 1 de esta providencia. Sin embargo, la Sala considera que, con el fin de comprender los asuntos objeto de estudio en toda su extensión y los elementos para resolverlo, resulta necesario describir el contexto de los hechos que fueron probados en esta sede judicial. Ese contexto se presentará a continuación. Caracterización general de Maicao y de su población 1. Los casos que estudia la Sala en esta ocasión se desarrollan en Maicao, un municipio del departamento de La Guajira, que en la actualidad tiene aproximadamente doscientos cuarenta mil habitantes [2] . Sobre Maicao es pertinente resaltar que: (i) alrededor del 50% de sus habitantes hacen parte de la comunidad indígena Wayuu [3] ; (ii) ha sido tradicionalmente un municipio cuya economía depende del comercio, que en los últimos años ha estado en crisis; (iii) al estar ubicado en una zona fronteriza con Venezuela, ha sido receptor de un gran número de migrantes, lo que ha generado, entre otras cosas, la existencia de un gran número de asentamientos informales. Actualmente, en el municipio existen más de cuarenta asentamientos informales, integrados por más de treinta mil personas y cinco mil familias; (v) el fenómeno migratorio también ha causado un crecimiento demográfico anormal. En seis meses, la población del municipio creció “[lo] que normalmente tardaría diez años en crecer” [4] . 2. Sobre el fenómeno migratorio en Maicao es posible advertir que: (i) de 158.823 migrantes venezolanos que existen en La Guajira, 67.131 (esto es, el 42,26%) se ubican en Maicao [5] ; (ii) Maicao es el séptimo municipio de Colombia con concentración de migrantes venezolanos [6] ; (iii) de acuerdo con el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), 17.421 migrantes en Maicao hacen parte de la etnia Wayuu [7] . 3. En cuanto a la presencia de la comunidad indígena Wayuu migrante en Maicao y su relación con las comunidades presentes en el territorio, a ctualmente en el municipio existen 8 resguardos indígenas registrados en el Sistema de información Indígena de Colombia (SIIC), estos son: Alta y Media Guajira, Okochi, Soldado Párate Bien, Wopumuin Junain Maikou, Albberto pushaina, Sumain Wayuu Uuliana, Nukajat Maleiwa (Bendición de Dios) y Numain Maleiwa (Tierra de Dios) [8] . A su vez, como el territorio ancestral Wayuu se extiende a Venezuela, para el pueblo Wayuu las fronteras estatales no coinciden con los límites de su territorio. Por lo tanto, esta comunidad es un pueblo indígena binacional, lo que explica que muchos de sus miembros tengan cédula colombiana y venezolana y parientes en ambos países [9] . Contexto general de los asentamientos que se ubican en la parte trasera del matadero de Maicao 4. Los casos que estudia la Sala en esta ocasión tienen que ver con diez asentamientos que se encuentran ubicados en la parte trasera del matadero de Maicao. Los asentamientos están integrados por “una población total de aproximadamente 2.185 personas, distribuidas en 554 viviendas y estructuras familiares” [10] , y en estos predomina la economía informal y de subsistencia [11] . En los asentamientos, los niños, niñas y adolescentes “representan el motor demográfico y el grupo más vulnerable [y], [e]n la mayoría de los sectores, los menores de 15 años constituyen entre el 40% y más del 50% de la población total” [12] . Los adultos mayores, por su parte, “representan apenas entre el 1% y el 4%” del total de la población” [13] . La caracterización general de la población, que enfrenta altos índices de vulnerabilidad, se resume en la siguiente tabla: Caracterización general de la población integrante de los asentamientos ubicados en la parte trasera del matadero de Maicao Nombre # total de personas # de viviendas # de desplazados por la violencia # de desplazados por fenómenos ambientales o por otros hechos # de miembros de población indígena # de personas con discapacidad # de niños menores de 15 años Impacto de Dios 356 92 4 67 262 9 163 La voz que clama 287 73 11 (1 inscrita en el RUV) 0 189 22 141 Patria venezolana 287 68 2 (1 inscrita en el RUV) 0 108 3 137 Fuente de agua viva 260 65 No se reporta información. 0 182 18 115 Nuevo renacer 240 56 0 95 133 8 116 Joutaimana 225 50 2 (ambas inscritas en RUV) 0 117 13 114 Somos unidos 205 58 1 45 127 15 105 Alma venezolana 126 31 1 0 106 1 67 Nueva esperanza 117 35 3 0 33 13 [14] 49 Sembrando esperanza 82 26 1 0 44 13 24 Totales 2185 554 25 207 1301 115 1031 Tabla de elaboración propia a partir de la información obtenida en el documento denominado “Informe general de los 10 asentamientos ubicados en la parte de atrás del matadero del municipio de Maicao”. 5. En cuanto a las condiciones de habitabilidad de los asentamientos, estos “se definen por una precariedad estructural extrema, una desconexión casi total de servicios públicos y un hacinamiento crítico” [15] . En particular, los miembros de los asentamientos habitan en viviendas “que se caracterizan por ser soluciones habitacionales improvisadas, que no cumplen con estándares mínimos de seguridad o sismorresistencia” [16] . Las paredes son de materiales de desecho, los pisos son “de tierra, arena o barro” [17] y los techos de zinc, sin aislamiento térmico, por lo que alcanzan temperaturas internas de hasta 45 grados centígrados. En su mayoría, las viviendas tienen un único espacio y “es común que las familias de hasta 10 integrantes compartan un solo cuarto para dormir” [18] . 6. La red de servicios públicos carece casi por completo de infraestructura formal, así: (i) ninguno de los asentamientos cuenta con red de acueducto y “la población depende de la compra de agua en pimpinas, bolsas o el suministro ocasional por carrotanques” [19] ; (ii) no existe red de alcantarillado, y entre el 47% y el 96% de la población, según el asentamiento de que se trate, debe “recurrir a la defecación a cielo abierto, [lo que implica] un alto riesgo epidemiológico” [20] ; (iii) “[e]l acceso a la electricidad es parcial e informal [y varía] desde un 34% en Nueva Esperanza hasta un 88% en Patria Venezolana” [21] , y (iv) “[l]a recolección de basura es nula o marginal [lo que] provoca la acumulación de residuos en las calles” [22] . Además, “[l]as viviendas están expuestas a inundaciones recurrentes […], hundimientos y vendavales” [23] , hay presencia de malos olores, basuras en espacios públicos y proliferación de insectos y roedores. 7. La población que se ubica en los asentamientos “se define por una hegemonía del pueblo indígena Wayuu, una fuerte identidad binacional y transfronteriza y la presencia de estructuras sociales tradicionales ” [24] . En cuanto a la lengua que se utiliza en los asentamientos, el Wayuunaiki “convive con el español en un bilingüismo desigual” [25] . A su vez, “[u]n rasgo cultural fundamental es la condición binacional derivada de la pertenencia étnica. El pueblo Wayuu en ambos lados de la frontera” [26] . Sin embargo, “[a] pesar de que el pueblo Wayuu es ancestralmente transfronterizo, muy pocos declaran formalmente su condición de binacional (solo 4 personas en Fuente de Agua Viva y 19 en La Voz que Clama). El subregistro en este punto llega al 74.6% en Joutaimana” [27] . 8. En cuanto a los documentos de identidad de los miembros de los asentamientos, se presenta “una realidad definida como “mosaico documental”, donde coexisten múltiples estatus jurídicos y una brecha crítica de documentación que actúa como una barrera sistémica para el acceso a derechos fundamentales” [28] . En concreto, los miembros de los asentamientos se identifican con: (i) Permiso de Protección Temporal (PPT), que “es el documento dominante para la población migrante en casi todos los sectores” [29] ; (ii) registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad, y cédula de ciudadanía colombianos, y (iii) cédula de extranjería, cuyo uso es marginal. 9. Sin embargo, en los asentamientos existen “grupos que carecen totalmente de cualquier documento colombiano, lo que genera una exclusión administrativa severa” [30] . A su vez, “[e]xiste un fenómeno masivo de “no respuesta” [31] o reserva informativa en preguntas sobre estatus migratorio y binacionalidad” [32] . En concreto, “[e]n sectores como Fuente de Agua Viva, el 76.2% de los habitantes no respondió sobre su regularización, mientras que en Alma Venezolana fue el 53%” [33] . Ese silencio se atribuye “al temor a la deportación o al desconocimiento de los procesos administrativos” [34] . 10. Por otra parte, “[a] diferencia de otros asentamientos informales en el país, estos predios no se caracterizan por ser receptores masivos de víctimas del conflicto armado registradas” [35] . En particular, “[l]a caracterización de los 10 asentamientos de Maicao revela que la población reconocida formalmente como víctima del conflicto armado es extremadamente baja, predominando en su lugar el fenómeno del desplazamiento multicausal (económico, ambiental y político), derivado de la crisis migratoria y climática” [36] . En cuanto a las víctimas del conflicto armado, “[e]xiste una desconexión casi total con los mecanismos de reparación estatal” [37] , conclusión a la que se llega si se tiene en cuenta que “[l]a inmensa mayoría de quienes se consideran víctimas no están en el RUV” [38] . 11. Sobre la asistencia escolar, a pesar de la numerosa población infantil que hace parte de los asentamientos, su asistencia escolar es baja. En algunos asentamientos, más de la mitad de la población en edad escolar no asiste a la escuela. Por último, existe una cobertura de más del 75% en salud, y el 100% de los afiliados pertenecen al régimen subsidiado de salud [39] . Datos sobre los procesos policivos que originaron las acciones de tutela que se estudian en esta ocasión 12. El 02 de junio y el 04 de junio de 2020 los propietarios de los inmuebles en que se ubican los asentamientos de la parte trasera del matadero de Maicao iniciaron tres procesos policivos de perturbación de la posesión en contra de sus ocupantes, con el fin de obtener la restitución de sus predios, así: (i) el primer proceso lo promovieron las señoras Yolima Esther Loaiza y Teresa de la Cruz Rosas. El asunto lo conoce Inspección Segunda de Policía de Maicao; (ii) el segundo proceso lo promovió el señor Excipión Antonio Blanco Solano, y su conocimiento también está a cargo de la Inspección Segunda de Policía de Maicao, y (iii) el tercer proceso, cuyo conocimiento le correspondió a la Inspección Central de Policía de Maicao, lo promovió la Cooperativa Multiactiva de Loteros de Maicao. 13. Los procesos de perturbación de la posesión iniciados por el señor Excipión Antonio Blanco Solano, por una parte, y por las señoras Yolima Esther Loaiza y Teresa de Jesús de la Cruz Rosas, por otra, los resolvió la Inspección Segunda de Policía de Maicao. En concreto, la referida autoridad de policía, mediante Resolución 018 del 24 de septiembre de 2021, ordenó la restitución y protección de los inmuebles en cuestión [40] . Por otra parte, el proceso policivo de perturbación de la posesión iniciado por la Cooperativa Multiactiva de Loteros lo resolvió la Inspección Central de Policía, en audiencia del 24 de septiembre de 2021 [41] . En esa ocasión, la autoridad de policía ordenó “restituir y proteger el bien inmueble y cerramiento, reparación y mantenimiento en las áreas perturbadas del bien inmueble” [42] . Acción de tutela relacionada con el expediente T-10.295.225 1. Hechos y pretensiones 14. El 8 de octubre de 2021 [43] , la señora Magdalena González y cincuenta y siete personas más, que hacen parte de diferentes asentamientos ubicados en el municipio de Maicao, actuando en nombre propio y como agentes oficiosos de todos los miembros de los asentamientos [44] , interpusieron acción de tutela en contra de la Alcaldía de Maicao, la Gobernación de la Guajira, la Inspección de Policía de Maicao, la Secretaría de Gobierno de Maicao, la Secretaría de Planeación Municipal de Maicao, la Secretaría de Hacienda Municipal de Maicao, la Cooperativa de Loteros de Maicao y el señor Abimael López Manjarrez. 15. En el escrito de tutela, los accionantes explicaron que “[d]esde el año 2019, en el sector ubicado detrás del matadero municipal de Maicao se empezaron a conformar […] aproximadamente ocho (8) [asentamientos]” [45] en predios que, en su momento, “se encontraban totalmente deshabitados, en condición de abandono, con acumulación de desechos y basuras, sin acceso a servicios públicos e infraestructura” [46] . Los asentamientos están integrados por “comunidades y familias del pueblo WAYUU, personas en condición de desplazamiento forzado con ocasión del conflicto armado, un alto número de NNA- niños, niñas y adolescentes en extremas condiciones de vulnerabilidad, personas de avanzada edad, personas en condición de discapacidad, así como un elevado grupo de núcleos familiares compuestos por población migrante, refugiada y retornada, afectada por las graves circunstancias de movilidad humana transfronteriza por falta de acceso a derechos en Venezuela” [47] . 16. Los accionantes también manifestaron que la situación de las personas que se asientan en los diferentes predios “ es precaria, [sin] acceso al agua y servicios públicos domiciliarios, a excepción de la energía eléctrica que fue instalada de forma artesanal por la comunidad en algunos sectores” [48] . A su vez, las circunstancias de quienes allí habitan “han sido agravadas por múltiples inundaciones en distintas épocas del año y/o afectaciones derivadas del clima que afectan gravemente los cambuches o estructuras construidas para [su] salvaguarda” [49] . Además, las personas que se asentaron en los predios referidos “durante los aproximadamente dos años de estar ubicados en la zona nunca [fueron] censados, caracterizados o participantes en espacios de diálogo o concertación con autoridades o posibles propietarios que refirieran la titularidad o restitución de los predios” [50] . 17. En la demanda de tutela también se afirmó que “ algunos liderazgos de los asentamientos [fueron] convocados a una reunión organizada el día 24 de septiembre de 2021 por parte de un abogado representante de la Cooperativa Multiactiva de Loteros de Maicao, en el asentamiento informal “Impacto de Dios”, en donde sin mayor explicación, se [les] indicó que existía una orden de desalojo que se había impartido para los asentamientos “Sembrando Esperanza”, “Somos Unidos”, “Alma Venezolana”, “La voz que Clama”, “Fuente de Agua Viva”, “Joutaimana” y “Patria Venezolana”” [51] . 18. Al respecto, los accionantes refirieron que, “[…] la información no fue clara, no se explicó en el marco de qué proceso se tomó la decisión, ni se [les] entregó copia alguna de las actuaciones presuntamente desplegadas” [52] . Además, “[e]l día 27 de septiembre de la presente anualidad [2021] mediante la emisión radial de las 6:30 am de la emisora “Frontera estéreo”, se hizo referencia a la programación del desalojo” [53] . En su criterio, teniendo en cuenta que no han sido “censados, caracterizados [ni] incluidos en planes o programas que garanticen el acceso de [sus] grupos familiares al derecho a la vivienda temporal o definitiva en condiciones de dignidad […], la medida de desalojo resulta arbitraria, causante  de perjuicios y afectaciones irremediables y arbitrariamente contraria a [sus] derechos al debido proceso, a la participación y al reconocimiento de las circunstancias diferenciales y de indefensión que [enfrentan]” [54] . En la demanda también se explica que “[a]ctualmente, los 8 sectores de asentamiento están constituidos por más de 711 núcleos familiares (aproximadamente 1900 personas) en altísimas condiciones de vulnerabilidad […]” [55] . 19. A partir de lo anterior solicitaron, entre otras cosas: a. “el amparo de [sus] derechos fundamentales a la vivienda en condiciones dignas y adecuadas, salud en condiciones de dignidad, vida en condiciones de existencia digna, igualdad, dignidad humana, debido proceso, participación, protección constitucional reforzada en cabeza de los pueblos étnicos-particularmente comunidades wayuu- entre otros grupos especialmente protegidos: niños, niñas y adolescentes, personas de avanzada edad y en condición de discapacidad, población víctimas del conflicto armado, población refugiada y migrante”. b. “ [c] omo medida para proteger los derechos fundamentales vulnerados por las entidades accionadas, se solicita SUSPENDER de manera urgente y prioritaria la orden policiva de desalojo, hasta que las entidades cuenten con un plan integral, claro y concreto de reubicación o legalización de asentamientos para quienes habitamos los asentamientos en riesgo de desalojo y con un censo que caracterice realmente las necesidades de los accionantes” [56] ; c. “[t]eniendo en cuenta que la situación de los accionantes es una muestra representativa de la situación de la totalidad de la población que habita los asentamientos “Sembrando Esperanza, Somos Unidos, Alma Venezolana, La Voz Que Clama, Fuente De Agua Viva, Joutaimana, Impacto De Dios y Patria Venezolana”, se solicita […] otorgar la protección que disponga en su fallo, la aplicación extensiva hacia la totalidad de las familias y personas ubicadas en la totalidad de los asentamientos, respecto a los efectos y medidas de protección de derechos determinadas en el marco de la presente acción, hasta que [las autoridades competentes] construyan e implementen un proceso/plan integral adecuado e idóneo de censo, caracterización, reubicación o legalización que vincule la totalidad de familias que habitan los asentamientos relacionados en la presente acción constitucional” [57] ; d. ordenar que “al momento de formular un eventual plan de caracterización para la reubicación o legalización de los asentamientos [respectivos] se garantice la participación efectiva de la comunidad, de las instituciones competentes [y] del Ministerio Público […]” [58] ; y e. oficiar “[…] a la Defensoría del Pueblo, al Personero Municipal de Maicao, a la Procuraduría General de la Nación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de que, en el marco de sus competencias, vigilen el cumplimiento del fallo que profiera el Despacho, así como la atención de las necesidades de la población para que se logren materializar adecuadamente los derechos fundamentales” [59] . 2. Traslado y contestación de la acción de tutela 20. En primera instancia, el asunto le correspondió al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Maicao que, mediante auto del 12 de octubre de 2021 (i) admitió la acción de tutela; (ii) vinculó a la Defensoría del Pueblo Regional Guajira, a la Personería Municipal de Maicao, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), a la Dirección Regional La Guajira, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, a la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, a la Oficina de Asuntos Indígenas de Maicao, a la Secretaría de Asuntos Indígenas Departamental, al Ministerio del Interior,  al Ministerio de Relaciones Exteriores, a Migración Colombia, a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la Secretaría de Hacienda Departamental, a la Presidencia de la República y al Dane [60] ; (iii) negó la solicitud de los accionantes de “suspender la orden policiva de desalojo”, y (iv) solicitó pruebas [61] . 21. Luego, mediante auto del 19 de octubre de 2021, teniendo en cuenta la información que recibió en algunas de las contestaciones, el A-quo ordenó vincular a los señores Yolima Esther Loaiza, Teresa de Jesús de la Cruz Rojas, Excipión Antonio Blanco Solano y Ana Parody [62] . 22. En el siguiente cuadro se resumen los aspectos más importantes de las respuestas de los diferentes accionados y vinculados al proceso de tutela. Accionada o vinculada Respuesta Alcaldía de Maicao Se abstuvo de dar respuesta. Gobernación de la Guajira [63] Señaló que: (i) aunque los hechos generadores de la presunta vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes acontecieron en el Municipio de Maicao, no son atribuibles a la administración departamental, y (ii) no es la entidad competente para atender las solicitudes ni para acceder a las pretensiones que exigen los demandantes, y (iii) solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva y ordenar su desvinculación. Inspección Central e Inspección Segunda de Policía de Maicao [64] Refirieron que el 4 de junio de 2020 los señores Yolima Esther Loaiza, Teresa de Jesús de la Cruz Rosas, Excipión Blanco Solano y la Cooperativa Multiactiva de Loteros promovieron tres procesos policivos por perturbación de la posesión. Al respecto, afirmaron que en los referidos procesos policivos se han respetado todos los derechos de las partes, en particular, a la defensa y al debido proceso [65] . Sobre los referidos procesos, manifestaron que, “[aunque] existe una orden de policía no se fijó una fecha de lanzamiento de estas personas ya que aún no se ha realizado la reunión de coordinación con las diferentes entidades [encargadas de garantizar] los derechos [de los ocupantes de los predios] como [lo] son el ICBF, Migración Colombia [...] donde organizar[án] el plan de contingencia para dicha diligencia de lanzamiento [...]”. Por último, informaron que: (i) los asentamientos “no llevan el tiempo que ahora determinan en la acción de tutela [los accionantes]”; (ii) es cierto que las personas que ocupan los lotes perturbados ostentan algunas condiciones de vulnerabilidad, y (iii) los predios no cuentan con un proceso de urbanización que les permita contar con servicios públicos domiciliarios. Secretaría de Gobierno de Maicao [66] Expuso que existe “un proceso administrativo para el desalojo del inmueble donde se encuentra ubicado el asentamiento o sector denominado “ARROYO LA VOZ QUE CLAMA” ubicado detrás del matadero [m]unicipal de Maicao, donde existen tres procesos de querella policiva en unos inmuebles ubicados en la parte detrás del matadero [...]”. Al respecto, explicó que: (i) la primera querella policiva fue promovida por Yolima Esther Loaiza y Teresa de Jesús de la Cruz Rosas en contra de personas indeterminadas; (ii) la segunda querella la promovió el señor Exipión Antonio Blanco Solano en contra de personas indeterminadas, y (iii) la tercera querella la inició la Cooperativa de Loteros, en contra de la señora Ana Parody y otras personas indeterminadas. Además, manifestó que (i) “la situación económica de la comunidad es precaria, así como que el terreno no cuenta con acceso a los servicios públicos domiciliarios [y] las condiciones del terreno no son aptas para vivir [...] [lo cual pone] en riesgo la vida de los menores”; (ii) “en distintas ocasiones se informó a la comunidades que los predios [ocupados] eran privados”; (iii) “en la Inspección de Policía existe[n] denuncia[s] de desalojos que han realizado [en contra de] familias por no pagar a los revendedores de los terrenos [...]”; y (iv) “las comunidades reciben distintas ayudas de las operaciones y ONG establecidas en el municipio, motivo por el cual se rehúsan [a] aportar los datos o [a]  ser identificados”. Por último, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, considerando que (i) los accionantes no acreditan las diferentes condiciones de vulnerabilidad que alegan; (ii) las autoridades municipales han recibido denuncias relacionadas con ventas de lotes y cambuches por parte de los promotores de la invasión de los predios objeto de desalojo; (iii) los predios involucrados no son aptos para ser habitados, porque en estos se presentan inundaciones, y (iv) los predios en cuestión tampoco cuentan con servicios públicos, lo que permite inferir que los cambuches allí instalados no son utilizados como viviendas sino como lotes de engorde para su posterior venta por parte de los invasores. Secretaría de Planeación Municipal de Maicao Se abstuvo de responder. Secretaría de Hacienda Municipal de Maicao Se abstuvo de responder. Cooperativa de Loteros Multiactiva de Maicao [67] Actuando a través de su apoderado judicial, la Cooperativa de Loteros de Maicao expuso que: (i) la conformación de los asentamientos en sus predios comenzó el 3 de junio de 2020, fecha en la que se  puso en conocimiento de la Alcaldía de Maicao la situación para que iniciara las acciones correspondientes en aras de restablecer los derechos “a sus legítimos poseedores y propietarios [...]”; (ii) en los predios se encuentran personas en condición de vulnerabilidad pero también hay “personas que se dedican a la compraventa de lotes de manera irregular”, y (iii) la posesión de los accionantes “fue irregular e ilegal [pues destruyeron] los mojones o linderos y [amenazaron] a los miembros de la [C]ooperativa de [L]oteros de Maicao [...]”. Además, afirmó que en el trámite del proceso policivo los accionantes ejercieron su derecho a la defensa, estuvieron asistidos tanto por el Ministerio Público como por la Personería Municipal y no interpusieron ningún recurso en contra de la decisión adoptada de fondo. La Cooperativa de Loteros también cuestionó que, para el momento en que respondió a la acción de tutela, no se hubiera realizado el desalojo de los accionantes de su predio, a pesar del tiempo transcurrido desde que se adoptó una decisión de fondo. Esto le “ha generado grandes pérdidas a la [C]ooperativa de [L]oteros quienes son personas de bajos recursos y que tienen proyectado en esos predios un proyecto de vivienda radicado en el departamento y en el municipio”. Para finalizar (i) se opuso a las pretensiones elevadas por los demandantes, y (ii) solicitó que, en caso de que el juez accediera a las solicitudes de la acción de tutela, lo hiciera por un término definido para salvaguardar los derechos de los legítimos poseedores y propietarios de los predios. Abimael López Manjarrez La curadora ad litem [68] manifestó que (i) desconocía la veracidad de los hechos, y (ii) los hechos de la demanda no eran claros. Además, solicitó “[que] se declare improcedente lo solicitado en el libelo de la acción tutelar por falta de claridad en el objeto y se sujeta a lo que resulte probado en el proceso en derecho” [69] . Defensoría del Pueblo Regional Guajira [70] Aseguró que “no ha tenido conocimiento de la problemática presentada” toda vez que “no existe registro alguno que contenga [una] solicitud de acompañamiento o apoyo que provenga de la accionante”. Además, solicitó la protección de los derechos fundamentales de los demandantes en caso de que estuvieran siendo vulnerados. Personería Municipal de Maicao Se abstuvo de responder. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Se abstuvo de responder. Procuraduría Regional de la Guajira - Procuraduría General de la Nación [71] La Procuraduría Regional de la Guajira, actuando en nombre propio y en representación de la Procuraduría General de la Nación, manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva en el asunto porque “no ha participado de los hechos que envuelven la presunta vulneración de [los] derechos fundamentales de las comunidades accionantes[...]”. Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia Se abstuvo de responder. Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos Se abstuvo de responder. Oficina de Asuntos Indígenas de Maicao [72] Respondió que “desconoce los procesos que se han adelantado en los predios que se encuentran [de]trás del matadero municipal” ya que “no se ha radicado ninguna solicitud u oficio por parte de ningún miembro que pertenezca a la etnia indígena wayuu” en relación con estos. De igual forma, afirmó no contar con información sobre “las supuestas familias que se encuentran invadiendo los terrenos para poder identificarlas y cotejarlas con [su] base de datos, en aras de verificar de qu[é] comunidad y/o ranchería son”. Por último, afirmó que no es posible que a esa autoridad le “exi[jan] facultades ni responsabilidad[es] que están por fuera de la competencia funcional que le asiste [...]” y que no ha vulnerado los derechos fundamentales de los actores por lo que, en su caso, se está ante una falta de legitimación en la causa por pasiva. Secretaría de Asuntos Indígenas Departamental Se abstuvo de responder. Ministerio del Interior [73] Respondió que (i) carece de legitimación en la causa por pasiva pues “no existe nexo de causalidad entre la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y la acción u omisión por parte de este Ministerio”; (ii) la acción de tutela no cumple el requisito de la subsidiariedad por cuanto la parte accionante puede acudir al medio de control de “nulidad en contra del acto administrativo en cuestión” y no se evidencia el posible acaecimiento de un perjuicio irremediable que desplace la órbita de competencia de juez de lo contencioso administrativo, y (iii) los accionantes no acreditaron “que exista en contra de ellos una orden de desalojo, o en el peor de los casos una notificación oficial por parte de las entidades administrativas y judiciales competentes [que permitan inferir] el inminente desalojo de los espacios territoriales que actualmente dicen ocupar [...]”, por lo que no “hay evidencia cierta de una posible afectación”. Solicitó, por lo tanto, declarar “[...] probada la excepción de falta de legitimación material en la causa por pasiva, [la] naturaleza subsidiaria de la acción de tutela [...] y la ausencia de prueba sumaria que evidenci[e] la afectación [de] la comunidad”. Ministerio de Relaciones Exteriores [74] Manifestó que (i) no le constan las circunstancias reseñadas en el escrito de tutela, y (ii) “[ni] los hechos referidos por los accionantes. [ni] los derechos presuntamente vulnerados […] guardan relación alguna con los objetivos o las funciones de este ente ministerial cuya misión es la política exterior”, según lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Decreto 869 de 2016. Afirmó que, en consecuencia, que “se configura una falta de legitimación en la causa por pasiva”, por lo que solicitó su desvinculación. Migración Colombia [75] Manifestó que (i) algunos de los accionantes [76] “se encuentran en condición migratoria irregular al no haber ingresado por puesto de control migratorio habilitado, incurriendo en dos posibles infracciones a la normatividad migratoria contenidas en los artículos” [77] ; (ii) otros accionantes [78] aparecen inscritos en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, que es la primera fase para obtener el Permiso por Protección Temporal (PPT). Sin embargo, no han realizado los trámites correspondientes para obtener dicho permiso, por lo que también están incurriendo en posibles infracciones migratorias, y (iii) un tercer grupo de accionantes [79] sí son titulares de un Permiso Especial de Permanencia o Tarjeta de Movilidad Fronteriza y, por ende, “se encuentran en situación migratoria regular”. Por último, argumentó que no ha vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes y que carece de competencia para atender sus pretensiones. Por lo tanto, solicitó decretar su falta de legitimación en la causa por pasiva y ordenar su desvinculación del proceso. Superintendencia de Notariado y Registro [80] Explicó que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 11 del Decreto 2723 de 2014, no tiene competencia para pronunciarse frente a la presunta orden de desalojo de los predios relacionados por la parte accionante. Por lo tanto, alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva y se opuso a la prosperidad de la acción de tutela en su contra. Ministerio de Hacienda y Crédito Público [81] Consideró que no es responsable por los hechos relacionados en la acción de tutela. Sustentó su afirmación en que (i) “no tiene la competencia legal para intervenir en la solicitud de suspensión de la orden policiva de desalojo, ni en la reubicación o legalización de asentamientos, ni en la construcción e implement[ación] [de] un proceso/plan integral adecuado e idóneo de censo, caracterización, reubicación o legalización que vincule [a] la totalidad de [las] familias que habitan los asentamientos de la población [...]” y (ii) “no le corresponde brindar solución de vivienda temporal, ni establecer un plan de reubicación integral” en favor de la parte accionante ya que dichas funciones están en cabeza de otras entidades. Solicitó, por lo tanto, declarar la improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva y ordenar su desvinculación. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres [82] Afirmó que (i) no es competente para intervenir en procesos policivos de desalojos de viviendas, así como para reubicar y/o legalizar asentamientos y (ii) no ha vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes. Por consiguiente, solicitó ser exonerada de toda responsabilidad y desvinculada del trámite de la presente acción de tutela, al considerar que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas [83] Manifestó que procedió a verificar el estado de cada uno de los accionantes en el Registro Único de Víctimas (RUV) y encontró que (i) tres de las personas que figuran como accionantes están incluidas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado [84] . Sin embargo a) a dos de ellas se les suspendió de manera definitiva la entrega de componentes de atención humanitaria por estar en las causales establecidas en el artículo 2.2.6.5.5.10 del Decreto 1084 de 2015 [85] , y b) la tercera no cuenta con una medición reciente debido a que ni la ha solicitado, ni ha iniciado la actuación administrativa respectiva para pedir la entrega de atención humanitaria [86] ; (ii) dos de las accionantes rindieron declaración ante el Ministerio Público por el hecho victimizante de desplazamiento forzado pero no fueron incluidas [87] , y (iii) los demás accionantes no figuran en el RUV ni existe prueba de que hayan rendido declaración ante el Ministerio Público para su eventual inscripción. Asimismo, afirmó que (i) no ha puesto en riesgo ni ha vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes; (ii) tanto el procedimiento de desalojo controvertido, como la garantía de vivienda definitiva solicitada en la acción de tutela, son asuntos ajenos a sus competencias, y (iii) “ha actuado en virtud de su misionalidad y [de] sus competencias legales, conforme a lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en la SU 016/21[...]”. Por último, solicitó su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva. Secretaría de Hacienda Departamental Se abstuvo de responder. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) [88] Afirmó que ni el presidente de la República ni el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte accionante. Solicitó al juez de tutela que declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) [89] Aseguró que (i) no tiene competencia para concurrir al trámite de la presente acción de tutela, porque dentro de sus funciones “no se [encuentra] las de realizar censos o caracterizaciones de población en el marco de acciones administrativas, policiales o judiciales de restitución de inmuebles” y (ii) no ha puesto en peligro ni ha vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes debido a que su misión, objetivos y funciones no guardan relación con los hechos expuestos por estos. Por ende, solicitó su desvinculación de la acción de tutela al considerar que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva para concurrir a ella. Abimael López Manjarrez. María Elena Esmeral Saltaren, actuando en condición de curadora ad litem del señor Abimael López Manjarrez, refirió que: (i) desconoce la veracidad de los hechos que fueron expuestos en la acción de tutela y (ii) no existe claridad sobre los mismos puesto que los accionantes solicitaron la suspensión de una diligencia de desalojo sin haber aportado la documentación relacionada con la misma. Además, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela y manifestó su voluntad de sujetarse a lo que resulte probado en el proceso [90] . Yolima Esther Loaiza, Teresa de Jesús de la Cruz Rojas y Excipión Antonio Blanco Solano [91] Manifestaron que: (i) los ocupantes irregulares o invasores llegaron a los predios de su propiedad durante los últimos días del mes de mayo de 2020, por lo que no es cierto que lleven más de 2 años ocupándolos; (ii) no les consta que los ocupantes sean víctimas de desplazamiento forzado, familias wayuu o migrantes venezolanos; (iii) los predios invadidos no cuentan con los servicios públicos básicos, porque no han sido urbanizados; (iv) en los predios en cuestión, los propietarios planeaban la construcción de un proyecto de viviendas para comercializar; (v) aunque es cierto que para la fecha en la que llegaron los ocupantes irregulares, los predios estaban deshabitados y no contaban con servicios públicos, esos lotes no se encontraban en condiciones de abandono, teniendo en cuenta que estaban cercados con alambre de púas y puntales de madera, y (vi) no propiciaron espacios de diálogo con dichos ocupantes porque no les correspondía a ellos, como propietarios de los bienes inmuebles, llegar a una concertación. Añadieron que la Inspección Segunda de Policía de Maicao respetó los derechos a la defensa y al debido proceso de los demandantes en el trámite de las querellas policivas que adelantaron. Asimismo, resaltaron que no han vulnerado los derechos de los accionantes, y que las obligaciones relacionadas con ofrecer soluciones de vivienda y realizar procesos de censo y caracterización, le corresponden al Estado. Además, argumentaron que la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, en la medida en que los actores pueden acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar el acto administrativo mediante el cual se ordenó desalojar los inmuebles irregularmente ocupados. Por último, se opusieron a las pretensiones de la demanda y solicitaron negar la tutela solicitada por los accionantes. Ana Parody Se abstuvo de responder. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio [92] Señaló que: (i) no le constan los hechos expuestos en la acción de tutela; (ii) no ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte accionante; y (iii) en relación con esa cartera se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva que “en ningún caso tiene entre sus competencias la de adelantar lanzamientos por ocupación de hecho de bienes públicos o privados”. Además, argumentó que: “[d]e acuerdo con la misma Corte Constitucional, las autoridades de policía dentro del proceso de desalojo son las encargadas de adoptar las medidas necesarias para que las personas en especial situación de vulnerabilidad –personas desplazadas y en situación de pobreza extrema–, puedan recibir alternativas de vivienda”. En el mismo sentido, “en lo atinente a la adopción de planes de vivienda respecto de la población afectada por el proceso de restitución del inmueble, para la misma Corte Constitucional es claro que tal obligación asiste a la alcaldía municipal, en este caso, la del municipio de Maicao”. Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) [93] Respondió que: (i) no le constan los hechos descritos en la acción de tutela; (ii) no existe certeza sobre la situación de especial de protección en la que presuntamente se encuentran los accionantes; (iii) no ha vulnerado los derechos fundamentales de los demandantes, y (vi) los trámites y/o acciones policivas son ajenas a sus funciones y competencias, por lo que carece de legitimación en la causa por pasiva. Por otra parte, manifestó que solamente una de las personas que figuran como accionantes ha postulado a las convocatorias abiertas [94] . A excepción de ella, ningún accionante se ha postulado a esas convocatorias ni ha acreditado el cumplimiento de los condicionamientos estipulados en la Ley 1077 de 2025. Por los motivos expuestos, solicitó su desvinculación del presente trámite. 3. Decisiones objeto de revisión 23. Sentencia de primera instancia. Mediante sentencia del 25 de octubre de 2021, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Maicao negó la tutela solicitada. Basó su decisión en que en las pruebas obtenidas en el trámite de la tutela quedó demostrado que existieron unos procesos policivos asociados al caso, que resultaron en órdenes de restitución y protección de diferentes inmuebles en los que, aparentemente, se asientan los accionantes [95] . En criterio del A-quo , “el examen de las [pruebas] documentales [del] expediente no permite inferir el estado de vulnerabilidad de quienes alegan [que] se encuentran asentados en los predios urbanos objeto de la restitución ordenada por los inspectores de [policía de] Maicao y, en esa medida, no aparece acreditada la supuesta vulneración de los derechos fundamentales a la vida digna, salud y a la igualdad” [96] . 24. La conclusión del A-quo se fundamentó en que: a. En relación con las víctimas de desplazamiento forzado, según la respuesta de la UARIV, aunque tres de las accionantes están incluidas en el RUV [97] , una de ellas “no cuenta con una medición reciente debido a que no ha acudido ante la entidad para la realización de la misma ni ha iniciado la respectiva actuación administrativa con el fin de solicitar la entrega de la atención humanitaria” [98] . Por otra parte, a las otras dos accionantes que están incluidas en el RUV la UARIV les suspendió “la entrega de los componentes de atención humanitaria” [99] , mediante acto administrativo de 2016, “porque al realizar el proceso de identificación de carencias al grupo familiar frente a los componentes de alojamiento temporal y alimentación básica de la subsistencia mínima no se evidenció en este hogar la presencia de una situación de extrema urgencia y vulnerabilidad asociada al desplazamiento forzado […]” [100] . b. Sobre los accionantes que de conformidad con el escrito de tutela pertenecen a la comunidad indígena Wayuu [101] el A-quo consideró que (i) “no se allegó al expediente la certificación expedida por las Autoridades Tradicionales Wayuu […] que acrediten su calidad de miembros de las mismas” [102] ; (ii) “[…] la funcionaria encargada de la Oficina de Asuntos Indígenas del Municipio de Maicao informó a este juzgado que ante la misma no se ha radicado solicitud alguna por parte de miembros indígenas que pertenezcan a la comunidad Wayuu […]” [103] por lo que no está probado que pertenecen a esa comunidad indígena, que viven en el lugar del asentamiento ni que tienen necesidades de vivienda. c. En lo que tiene que ver con los accionantes de nacionalidad venezolana, estaba probado que algunos contaban con Permiso Especial de Permanencia (PEP), por lo que “tienen derecho a acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo y otro tipo de servicios” [104] . Otros, por el contrario “se encuentran en condición migratoria irregular, al no haber ingresado por puesto de control migratorio habilitado” [105] . Sobre este último grupo de accionantes, el juzgado de primera instancia citó la Sentencia SU-016 de 2021 y afirmó que desconocía sus condiciones de permanencia “pues, con excepción de quienes comparecieron a la diligencia, no se tiene evidencia de la identidad de las personas que supuestamente se encuentran asentadas en el sector ubicado detrás del matadero municipal de Maicao, el cual es objeto de la diligencia de desalojo ordenada por los Inspectores de Policía de Maicao” [106] . d. Por último, en cuanto a las personas en condición de vulnerabilidad, entre las que consideró los niños y niñas, personas de avanzada edad y en condición de discapacidad “en el expediente solo militan registros civiles de nacimientos de niños nacidos en el municipio de Maicao, desconociéndose si los menores se encuentran asentados en el predio a desalojar; misma situación que se predica de la señora María Fernanda Jaramillo Padrón y Eunice García, cuya historia clínica registran que se encuentra en estado de gestación, la primera de ellas, y con problemas  de salud la segunda” [107] . 25. Impugnación. Inconformes con la decisión de primera instancia, los accionantes impugnaron la sentencia de primera instancia. Además de insistir en los argumentos de la demanda, consideraron que la decisión (i) no se planteó correctamente el problema jurídico; (ii)  no se tuvo en cuenta “la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las pretensiones planteadas por los accionantes” [108] ; (iii) se incurrió en “una incongruencia entre la parte motiva y la parte resolutiva de la sentencia, lo cual contraría el principio de coherencia y el principio de congruencia de las providencias judiciales” [109] , y (iv) se exigió a los accionantes probar múltiples aspectos que no podían probar [110] , “en desconocimiento de la carga dinámica de la prueba y […] del principio de buena fe” [111] . 26. Sentencia de segunda instancia, En segunda instancia, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Maicao, mediante sentencia del 15 de diciembre de 2021 confirmó la sentencia de primera instancia. Basó su decisión en que, en su criterio, estaba probado en el expediente que (i) la Inspección Segunda de Policía de Maicao y la Inspección Central de Policía de Maicao adelantaron “tres procesos de querellas policivas promovidos por la Cooperativa Multiactiva de Loteros de Maicao, Yolima Esther Loaiza, Teresa de Jesús de la Cruz Rosas y Excipion Antonio Blanco Solano” [112] . Esas querellas “[fueron] resueltas en su oportunidad, sin que fueran objeto de inconformismo por el extremo accionante, al punto de no haber sido recurridas dentro de los términos de ley, avizorándose que no hubo vulneración al debido proceso” [113] , y (ii) “[…] los accionantes son migrantes venezolanos que, algunos se encuentran en estado irregular en este país, que además han tomado la posesión de esos inmuebles de carácter privado, para hacer negociaciones ajenas a querer tener una vivienda digna para su familia, quienes además pretenden hacerse pasar por indígenas wayuu, para adquirir beneficios propios de ellos” [114] . 27. El expediente fue seleccionado por la Sala de Selección de Tutelas número Siete, mediante auto del 30 de julio de 2024. Luego, estando el expediente T-10.295.225 en sede de revisión, a partir de la información proporcionada por la Inspección Segunda de Policía de Maicao, la Sala conoció que las partes querellantes de los procesos policivos habían promovido una acción de tutela en contra de la Alcaldía Municipal de Maicao-La Guajira y la Inspección Segunda de Policía [115] . Los accionantes alegaron la violación de sus derechos por no haber cumplido las órdenes que se dictaron en los respectivos procesos policivos, relacionados con la restitución de sus inmuebles. Ese asunto llegó a la Corte Constitucional y se radicó con el número T-10.900.542. A partir de lo anterior, teniendo en cuenta la relación inescindible de ese proceso con el que estaba en sede de revisión, la Sala de Selección de Tutelas número Tres, mediante auto del 28 de marzo de 2025, lo seleccionó y lo acumuló al expediente T-10.295.225. Acción de tutela relacionada con el expediente T-10.900.542 4. Hechos y pretensiones 28. El 11 de noviembre de 2023, actuando por medio de apoderado judicial, los señores Yolima Esther Loaiza Polo, Teresa de Jesús de la Cruz Rojas y Excipión Antonio Blanco Solano, interpusieron una acción de tutela en contra de la Alcaldía y la Inspección Segunda de Policía de Maicao [116] . Explicaron que los días 2 y 4 de junio de 2020, respectivamente, promovieron dos querellas policivas por perturbación de hecho en predios de su propiedad en contra de personas indeterminadas. El conocimiento de las referidas querellas correspondió a la Inspección Segunda de Policía de Maicao, que asumió su conocimiento el 5 de noviembre de 2020. 29. Los demandantes también manifestaron que el 24 de septiembre de 2021 la Inspección Segunda de Policía de Maicao “resolvió de fondo las querellas policivas” [117] y dispuso la restitución y protección de los bienes inmuebles de su propiedad. No obstante, para la fecha de interposición de la acción de tutela los perturbadores aún no habían restituido los predios correspondientes, por lo que, a su juicio, “procedería el lanzamiento sobre los mismos” [118] . 30. De conformidad con lo referido por los accionantes, a pesar de que en diversas oportunidades han requerido a la Alcaldía y a la Inspección Segunda de Policía de Maicao para que ejecuten las órdenes policivas “procediendo con el lanzamiento […] dichas entidades no han actuado de conformidad, habiendo transcurrido más de 2 años desde la perturbación y más de 2 años desde que se resolvió declarar perturbadores a los querellados” [119] . En su criterio, el “retardo injustificado en el cumplimiento de la orden de policía en mención ha significado que [...] no puedan hacer uso de su predio, incrementándose también el número de ocupantes” [120] . Por último, afirman que “el término establecido por el legislador en el artículo 223 del Código de Policía y Convivencia Ciudadana, ha sido ampliamente rebasado, lo cual se constituye en una flagrante violación [de sus derechos]” [121] . 31. A partir de lo anterior, solicitaron (i) la protección de sus derechos fundamentales “al debido proceso, al acceso a la administración de justicia por mora judicial [y a la] tutela judicial efectiva e igualdad” [122] , y (ii) que se ordenara a la Alcaldía y a la Inspección Segunda de Policía de Maicao que “en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas procedan a ejecutar [las] actividades pertinentes con la finalidad de materializar [las órdenes] de policía [emitidas el] día 24 de septiembre de 2021 en lo que concierne al lanzamiento sobre el bien inmueble declarado perturbado” [123] . 5. Traslado y contestación de la acción de tutela 32. Mediante auto del 20 de noviembre de 2023 el Juzgado Primero Municipal con funciones mixtas de Maicao admitió la acción de tutela [124] . En el siguiente cuadro se muestran las respuestas de las accionadas al escrito de tutela: Accionada o vinculada Respuesta Alcaldía de Maicao Solicitó la desvinculación del trámite de tutela, debido a que no se cumple el requisito de legitimación por pasiva. Fundamentó su posición en que, de conformidad con los decretos municipales 044 y 113, ambos de 2016, en el que se delegó la competencia para conocer, tramitar y fallar en primera instancia las querellas policivas a los inspectores de policía del municipio, “el cumplimiento del […] fallo policivo está en cabeza del señor Inspector Segundo de Policía de Maicao” [125] . Inspección Segunda de Policía de Maicao El inspector Segundo de Policía de Maicao explicó que “no se ha podido ejecutar la orden de policía de lanzamiento por perturbación a la posesión aplicada por este servidor debido a que se debe realizar antes por parte de la Alcaldía Municipal de Maicao una caracterización de todas las personas que se encuentran perturbando los predios, requisito vital este para la no vulneración de derechos fundamentales de los perturbadores, así lo señala la honorable Corte Constitucional en su sentencia SU 016 de 2021” [126] . El funcionario especificó también que, en todo caso, el 15 de noviembre de 2023 se sostuvo una reunión en la que “quedó como compromiso […] iniciar la caracterización [de los asentamientos] el día 20 de noviembre del año 2023 […]” [127] . 6. Decisiones objeto de decisión y trámite del incidente de desacato 33. En primera instancia el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones Mixtas de Maicao, mediante sentencia del 30 de noviembre de 2023, consideró que en el asunto se configuró una carencia actual de objeto por hecho superado. En criterio del A-quo , aunque quedó probado que “en la actualidad los declarados perturbadores no han restituido los bienes inmuebles perturbados” [128] , la Inspección Segunda de Policía de Maicao demostró haber adelantado las “gestiones pertinentes para poder materializar la orden de desalojo de los predios de los tutelantes” [129] . 34. Para el juzgado de primera instancia, por una parte, las entidades accionadas sí desarrollaron acciones para impulsar la materialización de la restitución de los bienes inmuebles objeto de las querellas policivas. Basó su posición en que la autoridad de policía accionada ha sido respetuosa de la jurisprudencia constitucional sobre la materia, en particular, de la Sentencia SU-016 de 2021. En su criterio, la Inspección Segunda de Policía demostró que: (i) realizó una reunión el 15 de noviembre de 2023 en la que “se determinó convocar para el día 20 de noviembre de 2023, a la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Maicao y al área de control urbano municipal para que hicieran el acompañamiento al proceso de caracterización de la población en los predios invadidos” [130] , y (ii) inició el proceso de caracterización en los predios de los tutelantes. 35. Impugnación. Los accionantes impugnaron la decisión de primera instancia. A través de su a