Sentencia T-283 de 2026

T-283-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL -Sala Sexta de Revisión- SENTENCIA T-283 de 2026 Referencia: expediente T-11.843.282 Asunto: Acción de tutela del Resguardo Indígena Nonuya de Villazul contra Oxigreen S.A.S. Tema: participación de comunidad indígena en la implementación de un proyecto REDD+ Magistrado Ponente: Vladimir Fernández Andrade Síntesis de la sentencia: La Corte Constitucional estudió la acción de tutela promovida por el Resguardo Indígena Nonuya de Villazul contra Oxigreen, mediante la cual solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la autodeterminación, al gobierno propio, al consentimiento libre, previo e informado y a la integridad cultural y territorial, que consideró vulnerados con ocasión de la formulación y desarrollo de una iniciativa REDD+ sobre su territorio. En la acción de tutela, el Resguardo formuló alegaciones de distinta naturaleza. De una parte, sostuvo que la empresa incumplió diversos compromisos económicos asumidos en el marco del Acuerdo y que ello le ocasionó importantes perjuicios patrimoniales derivados de la falta de certificación y comercialización de créditos de carbono. De otra, alegó que Oxigreen no garantizó una participación efectiva de la comunidad desde las etapas iniciales de la iniciativa y, particularmente, en la construcción y consolidación del Documento de Diseño del Proyecto (PDD), y desconoció la decisión adoptada por las autoridades tradicionales y la Asamblea General del Resguardo Indígena Nonuya de Villazul de retirar el consentimiento y dar por terminada la relación asociada al proyecto. En el marco del análisis de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, la Sala de Revisión encontró que las pretensiones orientadas a obtener el reconocimiento de presuntos incumplimientos contractuales de contenido económico y la reparación de los perjuicios patrimoniales derivados de la ejecución del Acuerdo no satisfacían el requisito de subsidiariedad, por cuanto existían mecanismos judiciales ordinarios y arbitrales idóneos para su resolución. En contraste, respecto de las pretensiones encaminadas a la protección de los derechos fundamentales a la autodeterminación, al gobierno propio, al consentimiento libre, previo e informado y a la integridad cultural y territorial del Resguardo, la Sala concluyó que la cláusula compromisoria incorporada en el Acuerdo no constituía un mecanismo idóneo ni eficaz para obtener la protección inmediata de tales garantías, dado que la controversia trascendía el ámbito estrictamente contractual y planteaba un problema de naturaleza eminentemente constitucional. En consecuencia, delimitó el análisis de fondo a dos problemas jurídicos encaminados a determinar si Oxigreen vulneró los derechos fundamentales invocados por el Resguardo Indígena Nonuya de Villazul (i) al no garantizar una participación efectiva de la comunidad desde las etapas iniciales de la iniciativa y, particularmente, en la construcción y consolidación del PDD, en el marco de la formulación y desarrollo del proyecto REDD+, y (ii) al desconocer la decisión adoptada por las autoridades y la Asamblea General del Resguardo Indígena Nonuya de Villazul de retirar el consentimiento libre, previo e informado y dar por terminada la relación asociada al proyecto, como expresión de sus derechos a la autodeterminación, al gobierno propio, al consentimiento libre, previo e informado y a la integridad cultural y territorial. Con el fin de resolver dichos problemas jurídicos, la Sala abordó diversos aspectos constitucionales relevantes, a saber: (i) el alcance de los derechos a la autodeterminación, al gobierno propio, al consentimiento libre, previo e informado y a la integridad cultural y territorial de los pueblos indígenas, (ii) el componente étnico del régimen jurídico aplicable a los proyectos REDD+ y las salvaguardas reforzadas exigibles cuando estos se desarrollan en territorios indígenas, (iii) el contenido constitucional del derecho de participación efectiva de las comunidades indígenas durante todas las fases de formulación y desarrollo de este tipo de iniciativas, particularmente en relación con la construcción del PDD, (iv) la dimensión permanente del consentimiento libre, previo e informado y las condiciones para su eventual revisión durante el desarrollo de proyectos REDD+ y (v) las asimetrías de información que caracterizan este tipo de proyectos y las obligaciones reforzadas que de ellas se derivan para los operadores privados, de conformidad con la jurisprudencia constitucional. Para efectos de delimitar el objeto de la decisión, la Sala precisó que existe información divergente sobre el grado de avance alcanzado por la iniciativa desarrollada con Oxigreen. Si bien la empresa sostuvo que esta había alcanzado un estado avanzado de formulación, las demás pruebas recaudadas y la información suministrada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no permiten tener por acreditada la culminación de las etapas de validación, certificación y emisión de créditos de carbono. Asimismo, la Sala distinguió esta iniciativa de la posteriormente promovida por el Resguardo Indígena Nonuya de Villazul con Yauto y aclaró que esta última no es objeto de valoración para determinar la eventual vulneración de los derechos fundamentales frente a Oxigreen. En consecuencia, la Sala revocó parcialmente la decisión de tutela de segunda instancia, en cuanto declaró plenamente improcedente la acción de tutela, y confirmó la improcedencia exclusivamente respecto de las pretensiones de contenido patrimonial y contractual, aunque por razones distintas a las expuestas por el juez de tutela. En su lugar, concedió el amparo de los derechos fundamentales a la autodeterminación, al gobierno propio, al consentimiento libre, previo e informado y a la integridad cultural y territorial del Resguardo Indígena Nonuya de Villazul. Para materializar dicha protección, ordenó a Oxigreen reconocer formalmente que la decisión adoptada por las autoridades tradicionales y la Asamblea General del Resguardo de retirar el consentimiento para la continuidad del proyecto REDD+ constituye una manifestación legítima del ejercicio de los derechos al gobierno propio, a la autodeterminación y al consentimiento libre, previo e informado, sin perjuicio de las controversias contractuales o patrimoniales que puedan existir entre las partes. Asimismo, precisó que la presente decisión no resolvía las controversias de naturaleza contractual, arbitral o patrimonial derivadas del Acuerdo suscrito entre el Resguardo y Oxigreen, ni implicaba pronunciamiento alguno sobre las relaciones jurídicas que actualmente pueda mantener el Resguardo Indígena Nonuya de Villazul con otros operadores o aliados técnicos para el desarrollo de iniciativas REDD+. Finalmente, reiteró los exhortos formulados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-248 de 2024, orientados a fortalecer el marco institucional aplicable a los proyectos REDD+ desarrollados en territorios indígenas, en especial aquellos relacionados con la garantía de la participación efectiva de las comunidades, la superación de las asimetrías de información, el acceso a acompañamiento técnico independiente y la protección permanente del consentimiento libre, previo e informado. Tabla de contenido I. ANTECEDENTES . 5 1. Hechos . 5 2. Trámite de la acción de tutela . 9 2.1. Presentación y admisión de la acción de tutela . 9 2.2. Respuestas de la sociedad demandada y de los vinculados . 9 3. Decisiones objeto de revisión . 11 3.1. Sentencia de tutela de primera instancia . 11 3.2. Impugnación . 12 3.3. Sentencia de segunda instancia . 13 4. Actuaciones de esta Corte . 14 4.1. Selección del caso y reparto a la Sala de Revisión . 14 4.2. Decretos probatorios y respuestas obtenidas . 14 4.2.1. Primer auto de pruebas . 14 4.2.1.1. Respuesta del Resguardo Indígena Nonuya de Villazul 14 4.2.1.2. Respuesta de Oxigreen . 19 4.2.1.3. Respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible . 22 4.2.1.4. Respuesta del Ministerio del Interior 38 4.2.2. Segundo auto de pruebas . 48 4.2.2.1. Respuesta de Yauto . 48 4.2.2.2. Respuesta de CO2 Sostenible . 50 4.2.2.3. Respuesta de Quye Wyna . 51 4.2.3. Traslado de la información obtenida y respuestas . 53 II. CONSIDERACIONES . 56 1. Competencia . 56 2. Procedencia de la acción de tutela . 56 3. Presentación del caso y planteamiento de problemas jurídicos . 75 4. Ejes temáticos . 76 4.1. Los pueblos indígenas como sujetos de especial protección constitucional y la garantía de sus derechos colectivos frente a proyectos de desarrollo . 76 4.2. Generalidades de los proyectos REDD+ y su régimen jurídico en Colombia en relación con los derechos de las comunidades étnicas . 85 4.3. Tensiones, desafíos y problemas estructurales asociados al desarrollo de proyectos REDD+ . 107 5. Solución del caso concreto . 115 5.1. Cuestión preliminar: aclaración sobre la iniciativa REDD+ objeto de análisis . 115 5.2. Solución del primer problema jurídico . 117 5.3. Solución al segundo problema jurídico . 131 5.4. Remedio constitucional 142 III. DECISIÓN .. 143 Bogotá D.C., cuatro (04) de septiembre dos mil veintiséis (2026). Aclaración preliminar: con el propósito de facilitar la lectura y comprensión de la presente providencia, particularmente en atención a la naturaleza técnica de los asuntos analizados y a la frecuente referencia a entidades, instrumentos, estándares, proyectos y conceptos especializados asociados a los mecanismos REDD+, la Sala incorpora la siguiente tabla de siglas y denominaciones abreviadas. En adelante, tales expresiones podrán utilizarse en su forma abreviada a lo largo de esta decisión. Tabla 1. Lista de términos definidos en la ponencia Sigla o denominación abreviada Denominación completa Acuerdo Acuerdo de alianza estratégica para la protección, conservación y recuperación de los bosques naturales del resguardo indígena Nonuya de Villazul en el departamento de Amazonas ANT Agencia Nacional de Tierras BioCarbon Standard BioCarbon Registry S.A.S. – estándar de certificación de carbono CLPI Consentimiento Libre, Previo e Informado CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático CO2 Sostenible CO2 Sostenible S.A.S. CRIMA Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas DCP Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior GEI Gases de Efecto Invernadero IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi MRV Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación NREF Nivel de Referencia de Emisiones Forestales ONAC Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia OPIAC Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana OVV Organismo de Validación y Verificación Oxigreen Oxigreen S.A.S. PDD Documento de Diseño del Proyecto (Project Design Document) REDD+ Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal, conservación de las reservas forestales de carbono, gestión sostenible de los bosques e incremento de las reservas forestales de carbono RENARE Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero ROM Pueblo Rom o Gitano SISCLIMA Sistema Nacional de Cambio Climático SMByC Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono VCS Verified Carbon Standard Verra Verra, entidad administradora del estándar VCS Yauto Yauto S.A.S. Quye Wyna Quye Wyna S.A.S. La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Paola Andrea Meneses Mosquera, Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente sentencia: I. ANTECEDENTES 1. Hechos [1] 1. Danixa Moreno Miraña, gobernadora de la comunidad Peña Roja, y Diorfel Paky, gobernador de la comunidad Villazul, ambos en su calidad de representantes legales del Resguardo Indígena Nonuya de Villazul, presentaron acción de tutela en contra de Oxigreen S.A.S. por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales (i) a la autodeterminación y al gobierno propio, (ii) al consentimiento libre, previo e informado y (iii) a la integridad cultural y al territorio ancestral, en el marco del proyecto REDD+ desarrollado en su territorio ancestral. 2. De acuerdo con lo expuesto por el resguardo accionante, el 20 de septiembre de 2021 se suscribió el Acuerdo con Oxigreen [2] . El propósito del Acuerdo, según lo expuesto en la demanda, fue “el diseño, formulación y posterior registro de un proyecto REDD+ (…) en estrecha colaboración con la comunidad. La finalidad de esta iniciativa era múltiple: proteger, conservar y recuperar los ecosistemas boscosos presentes en el territorio del resguardo, así como generar ingresos económicos significativos para la comunidad a través de la compensación por servicios ambientales. Este último aspecto, crucial para la posibilidad de desarrollar proyectos comunitarios y mejorar la calidad y condiciones de vida de los habitantes del resguardo”. 3. La cláusula quinta del Acuerdo dispuso “salvaguardas étnicos [sic] del medio ambiente”, en virtud de las cuales las partes se obligaron a “cumplir con todas las Salvaguardas Étnicas para el Resguardo Indígena Nonuya de Villazul, dentro del marco constitucional y legal de Colombia y los derechos internacionales de los pueblos indígenas”. 4. De acuerdo con el resguardo accionante, sus derechos fundamentales fueron “vulnerados por parte de la empresa [Oxigreen]” en el marco del desarrollo de dicho acuerdo, por lo siguiente: 5. En primer lugar , hubo un “incumplimiento de compromisos y quiebre de la confianza generada”. De acuerdo con la demanda, el representante legal de Oxigreen asumió ante la asamblea del resguardo el compromiso verbal de efectuar, en marzo de 2022, el primer desembolso de recursos provenientes de bonos de carbono, lo que generó en la comunidad una expectativa legítima de desarrollo. No obstante, la empresa incumplió dicho compromiso, contrariando los principios de buena fe, diligencia y transparencia, y defraudando la confianza depositada por la comunidad. A ello se suma que el representante legal de Oxigreen afirmó contar con experiencia en proyectos REDD+, pero sin informar que tenía inhabilidades vigentes impuestas por la Procuraduría General de la Nación, circunstancia que profundizó la pérdida de confianza. 6. En segundo lugar , se presentó una “falta de participación comunitaria durante el proceso y desconocimiento del Documento PDD final para la formulación del proyecto REDD+”. Esto porque, aunque en octubre de 2022 se socializaron algunos avances del PDD, la comunidad desconoce su versión final. Esta situación ha impedido una participación efectiva, la incorporación de sus conocimientos propios y la aplicación de un enfoque étnico diferencial. 7. En tercer lugar , se dio una “negativa al diálogo y desconocimiento de acuerdos concertados”. Según relató la demanda, luego de una reunión realizada en el año 2022, solo hasta el 31 de mayo de 2024 se produjo un nuevo acercamiento entre las partes, con el propósito de suscribir un otrosí [3] orientado a continuar la formulación del proyecto REDD+ y avanzar hacia la certificación del carbono almacenado, estimado por la empresa en aproximadamente 7.280.000 unidades, lo que se proyectó como fuente de ingresos para las comunidades. Sin embargo, dicho propósito no llegó a materializarse ni se consolidaron avances efectivos en la formulación técnica del proyecto. 8. En el marco de las dificultades y desacuerdos surgidos, las autoridades del resguardo accionante realizaron múltiples intentos de acercamiento con la empresa demandada, incluyendo comunicaciones telefónicas, mensajes a través de internet y correos electrónicos, a pesar de las dificultades de conectividad en el territorio. No obstante, varias de estas comunicaciones no obtuvieron respuesta por parte de Oxigreen, lo que profundizó las inconformidades existentes frente al desarrollo del proyecto. 9. Ante la ausencia de soluciones y la persistencia de los desacuerdos, las autoridades del resguardo solicitaron de manera reiterada la realización de espacios de diálogo con la empresa. El 19 de marzo de 2025 el resguardo propuso la terminación del Acuerdo y la suscripción de un documento de paz y salvo, para lo cual sus representantes incluso se desplazaron a Bogotá. Sin embargo, una vez en Bogotá, el representante de la empresa se negó a suscribir el documento, tildando la decisión del demandante de “unilateral” e “ilegal”, insinuando que los indígenas pretendían abusar de su estatus jurídico para “violar los acuerdos (…) e ignorar un contrato que es ley para las partes”, claro está, atendiendo la decisión adoptada de cara a las inversiones significativas por la asamblea general del resguardo de terminar el acuerdo. Asimismo, en la demanda, el resguardo accionante reclamó que durante cerca de cinco años no se había avanzado en la elaboración del PDD, considerado como el insumo inicial indispensable para la fase de validación del proyecto. 10. Adicionalmente, el resguardo accionante indicó que Oxigreen ha desconocido de manera reiterada las decisiones y manifestaciones de las autoridades del resguardo, llegando incluso a calificar algunas de sus solicitudes como “acoso”, pese a que estas han estado orientadas a promover un diálogo legítimo y formal. Según la demanda, los intentos de acercamiento han sido conducidos en condiciones inadecuadas, incluso en espacios informales, lo que habría limitado la posibilidad de una deliberación seria, documentada y respetuosa entre las partes. En ese contexto, se adujo que la actuación de la empresa desconoce la buena fe contractual y afecta el derecho al gobierno propio y a la autodeterminación del resguardo accionante. 11. En cuarto lugar , hay una “persistencia en los incumplimientos a pesar de un nuevo acuerdo”. A pesar de que el 31 de mayo de 2024 se suscribió un otrosí con el propósito de reactivar el proyecto, Oxigreen continúa incumpliendo sus obligaciones, al no efectuar los desembolsos previstos ni avanzar en las actividades acordadas. 12. En quinto lugar , el resguardo accionante ha sufrido un “perjuicio económico por la falta de certificación y beneficios negados”, ya que la ausencia de certificación le impidió acceder a recursos económicos correspondientes a beneficios no percibidos por los periodos 2018 y 2019, con un impacto directo en su desarrollo y bienestar. 13. Para el resguardo accionante, el incumplimiento atribuido a Oxigreen trasciende el ámbito meramente económico y comporta una vulneración de derechos fundamentales. A su juicio, la inoperancia, la mala fe, la falta de experticia y el desconocimiento de la autodeterminación y del gobierno propio de la comunidad se reflejan, entre otros aspectos, en la ausencia de acciones técnicas concretas, incluida la falta de elaboración del PDD. Todo lo cual trae como resultado que no haya sido posible cuantificar ni comercializar la reducción estimada de emisiones de CO₂, lo que habría generado ingresos para la comunidad. 14. Por otra parte, el resguardo indicó que la demanda cumple con todos los requisitos de procedibilidad para señalar que, en particular, en relación con el requisito de subsidiariedad, “[e]n este caso, la cláusula compromisoria de arbitraje contenida en el contrato suscrito entre el Resguardo Indígena Nonuya de Villazul y [Oxigreen] no resulta idónea para proteger los derechos fundamentales de la comunidad, ya que se centra en aspectos contractuales y no en la violación de derechos fundamentales”. 15. Con fundamento en lo relatado, el resguardo accionante pretende [4] (i) que se amparen sus derechos fundamentales a la libre determinación, autonomía, integridad cultural y consentimiento libre, previo e informado, (ii) que se ordene a Oxigreen cesar toda actividad relacionada con el proyecto REDD+ en su territorio, incluyendo el uso de información y trámites relacionados con el proyecto, y (iii) que se declare la inaplicabilidad de la cláusula compromisoria contenida en el contrato, en virtud de la prevalencia de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas sobre los intereses comerciales. 2. Trámite de la acción de tutela 2.1. Presentación y admisión de la acción de tutela 16. Mediante Auto del 1 de julio de 2025 [5] , el Juzgado 082 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá D.C. admitió la demanda. Adicionalmente, vinculó a (i) la Presidencia de la República, (ii) al Ministerio del Interior, (iii) al Departamento del Amazonas, (iv) al Departamento del Caquetá, (v) al Distrito Capital de Bogotá, (vi) al municipio de Florencia, Caquetá, (vii) al municipio de Puerto Santander - Amazonas, (viii) al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), (ix) a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), (x) a la Procuraduría General de la Nación, (xi) a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, (xii) a la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) y (xiii) a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). 2.2. Respuestas de la sociedad demandada y de los vinculados 17. Oxigreen , si bien fue notificada del auto admisorio de la demanda el 1 de julio de 2025 [6] , no se pronunció al respecto. 18. La Presidencia de la República sostuvo que carecía de competencia para pronunciarse sobre la determinación de procedencia y eventual dirección del proceso de consulta previa con el Resguardo Indígena Nonuya de Villazul, por tratarse de una función atribuida al Ministerio del Interior, a través de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DCP). En lo demás, estimó que se trataba de reclamaciones dirigidas contra una empresa privada, por lo que alegó falta de legitimación en la causa por pasiva y pidió que la acción en su contra fuera declarada improcedente. 19. El departamento del Caquetá [7] manifestó que la vulneración invocada deriva de una relación contractual entre el Resguardo Indígena Nonuya de Villazul y Oxigreen. En consecuencia, invocó la falta de legitimación por pasiva y solicitó su desvinculación del trámite. 20. El Distrito Capital de Bogotá [8] solicitó su desvinculación por falta de legitimación por pasiva, al indicar que no tenía competencia funcional sobre el asunto. 21. El municipio de Florencia [9] solicitó la desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no tenía ninguna incidencia sobre el asunto objeto de tutela. 22. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi [10] manifestó no tener competencia en relación con los hechos denunciados ni con los contratos suscritos entre el Resguardo Indígena Nonuya de Villazul y Oxigreen, razón por la cual solicitó ser desvinculado del trámite. 23. La Procuraduría General de la Nación [11] expuso que no se alegó vulneración alguna atribuible a tal entidad, razón por la cual manifestó carecer de legitimación en la causa por pasiva y solicitó ser desvinculada del trámite. 24. La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana [12] señaló que el desarrollo del proyecto REDD+ con Oxigreen en el Resguardo Nonuya de Villazul habría vulnerado derechos fundamentales de la comunidad, especialmente su autodeterminación y autogobierno, al desconocer la decisión de la asamblea de dar por terminado el contrato. Afirmó que no se habría garantizado adecuadamente el consentimiento libre, previo e informado, pues este debe ser un proceso continuo durante todas las fases del proyecto y tal cosa no se habría cumplido por falta de información, opacidad en la construcción del PDD y ausencia de diálogo efectivo. También sostuvo que la implementación del proyecto habría generado afectaciones sociales y culturales, incluyendo fracturas internas y debilitamiento del tejido comunitario, debido a la falta de enfoque étnico y al incumplimiento de estándares de debida diligencia exigidos por la jurisprudencia constitucional. Finalmente, concluyó que la empresa habría desconocido decisiones comunitarias, limitado la autonomía del resguardo mediante cláusulas contractuales y actuado en contra de los estándares aplicables a proyectos REDD+, los cuales deben regirse por el respeto a los derechos humanos, a la participación efectiva y a la autonomía indígena, incluyendo la posibilidad de retiro del acuerdo por decisión de la comunidad. 25. Los demás vinculados [13] no presentaron respuesta. 3. Decisiones objeto de revisión 3.1. Sentencia de tutela de primera instancia 26. Mediante Sentencia del 10 de julio de 2025 [14] , el Juzgado 082 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá D.C. amparó los derechos fundamentales invocados por el Resguardo Indígena Nonuya de Villazul. 27. En cuanto a la procedibilidad de la acción constitucional, particularmente en relación con el requisito de subsidiariedad, encontró que, si bien las partes pactaron la solución de controversias mediante un tribunal de arbitramento, este mecanismo no resulta adecuado en el caso concreto. Esto porque, a la luz de la jurisprudencia constitucional (SU-383 de 2003, T-713 de 2017, SU-123 de 2018 y T-248 de 2024), el arbitraje carece de idoneidad y eficacia para pueblos indígenas, pues no garantiza la participación intercultural de la comunidad, somete el conflicto a reglas ajenas a su derecho propio, impone cargas económicas y procesales desproporcionadas y prolonga la vulneración de los derechos. Bajo ese entendido, consideró que, cuando la controversia trasciende lo meramente contractual y compromete derechos fundamentales como la autodeterminación, la integridad cultural y el consentimiento libre, previo e informado, la cláusula compromisoria no puede constituir un obstáculo para el acceso a la tutela. 28. En cuanto al fondo de la controversia concluyó que se acreditaba (i) la decisión de la comunidad de retirar su consentimiento el 19 de marzo de 2025, (ii) la negativa de Oxigreen a acatarla y (iii) una continuidad de actuaciones que afectan la cohesión interna y el territorio indígena. 29. En consecuencia, resolvió (i) amparar los derechos fundamentales a la autodeterminación, al gobierno propio, al consentimiento libre, previo e informado y a la integridad cultural y territorial del Resguardo Indígena Nonuya de Villazul; (ii) declarar inaplicable, para el caso concreto, la cláusula compromisoria décimo octava del Acuerdo, por no constituir un medio idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos aquí amparados; y (iii) ordenar a Oxigreen la suspensión de toda actividad relacionada con el proyecto REDD+ en territorio del resguardo, la entrega a la Asamblea General, en formato físico y digital, del PDD, los reportes de verificación y los soportes financieros desde 2021, así como la abstención de iniciar o continuar acciones judiciales o arbitrales que contradijeran la voluntad expresamente manifestada por la comunidad mientras esta, con acompañamiento estatal, adoptaba una decisión definitiva. 30. Adicionalmente, (iv) dispuso que la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior convocara, dentro de los quince (15) días siguientes, un espacio de diálogo intercultural entre la comunidad y Oxigreen, con la participación de la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos y de la OPIAC, a fin de definir la terminación o eventual transformación del proyecto, garantizando el respeto del consentimiento libre, previo e informado; (v) exhortó a la Procuraduría General de la Nación a hacer seguimiento de la providencia; y, finalmente, (vi) desvinculó a las entidades públicas inicialmente vinculadas, por falta de legitimación en la causa por pasiva [15] . 3.2. Impugnación 31. Oxigreen impugnó el fallo de primera instancia [16] . Inició por presentar una “aclaración de los hechos”, para pronunciarse sobre lo narrado por el Resguardo Indígena Nonuya de Villazul, luego de explicar las razones por las que no presentó oportuna contestación a la demanda. 32. Fue así como, en relación con los hechos denunciados, sostuvo que no existió ningún compromiso, ni escrito ni verbal, de realizar desembolsos en marzo de 2022, puesto que, dada la naturaleza de los proyectos REDD+, es imposible generar pagos en tan corto plazo, dado que se requieren múltiples etapas técnicas, validaciones y certificaciones antes de la comercialización de bonos de carbono. 33. Afirmó que garantizó la participación de la comunidad, indicando que en septiembre de 2022 socializó un borrador del PDD en la Asamblea General del resguardo, el cual aún se encuentra en construcción y abierto a aportes. También señaló que ha mantenido espacios de diálogo, como reuniones desarrolladas a lo largo de 2025 con autoridades del resguardo para avanzar en la finalización del PDD y en el proceso de certificación. Para demostrarlo, allegó múltiples capturas de pantalla que evidenciarían su contacto constante con Danixa Moreno Miraña y el envío de fondos para difusión de información, entre otras. 34. Luego de estas aclaraciones, la empresa rechazó las acusaciones de incumplimiento, falta de participación y negativa al diálogo, y sostuvo que lo presentado por las autoridades indígenas fue inexacto e incompleto. 35. Cuestionó el análisis de procedibilidad de la acción adelantado por el juez de primera instancia, afirmando que fue subjetivo y carece de sustento probatorio. Sobre el particular, fue enfático en sostener que, al existir un mecanismo alternativo de solución de controversias para dirimir un conflicto contractual derivado de un acuerdo libremente celebrado, no se cumplía el requisito de subsidiariedad. 36. Respecto del examen de fondo calificó como errónea la conclusión a la que arribó el juez de primera instancia al encontrar demostrada la vulneración de derechos alegada, ya que, en su criterio, el Acuerdo fue producto de un proceso de socialización, diálogo y consentimiento autónomo de la comunidad, pues previo a su firma se realizaron reuniones, asambleas y espacios informativos con autoridades y organizaciones indígenas, donde se explicó el proyecto REDD+, se resolvieron inquietudes y se garantizó la comprensión mediante traducción y participación activa. Como resultado, la comunidad decidió libremente suscribir el Acuerdo, lo cual quedó documentado en un acta de aceptación. 37. Finalmente, Oxigreen destacó que el Resguardo Indígena Nonuya de Villazul participó en el proceso inicial y avaló en su momento el proyecto, lo que evidenciaría que existió información y consentimiento previo, todo lo cual, a su juicio, ahora pretende desconocerse, al parecer, como respuesta a intereses externos que buscan promover nuevos acuerdos sobre proyectos REDD+. En ese sentido, afirmó que fue el resguardo accionante quien incumplió el contrato al terminarlo unilateralmente sin justificación jurídica e indujo en error al juez de primera instancia. 3.3. Sentencia de segunda instancia 38. Mediante Sentencia del 19 de septiembre de 2025 [17] , el Juzgado 046 Penal con Función de Conocimiento del Circuito de Bogotá D.C. revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito de subsidiariedad. 39. Concluyó que, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula décimo octava del Acuerdo, existen mecanismos judiciales ordinarios que desplazan la acción de tutela. En ese sentido, cuestionó que el juez de primera instancia hubiera considerado inidóneo el tribunal de arbitramento, calificando tal determinación judicial como carente de fundamento fáctico y jurídico suficiente, pues la controversia gira en torno de un presunto incumplimiento contractual relacionado con los pagos, la participación de la comunidad indígena en la elaboración del PDD y la terminación del contrato. 40. Sin perjuicio de lo anterior, agregó que no se acreditó la vulneración de derechos fundamentales como la autonomía, la libre determinación o el consentimiento libre, previo e informado, en la medida en que el Acuerdo fue suscrito por la propia comunidad y no comporta afectaciones de especial intensidad, tales como desplazamiento, daño ambiental grave o riesgo para su subsistencia física o cultural. Por lo demás, no evidenció la existencia de un perjuicio irremediable ni una afectación de rango constitucional que imponga una conclusión diferente a que la controversia debe ser resuelta a través de los mecanismos judiciales ordinarios. 4. Actuaciones de esta Corte 4.1. Selección del caso y reparto a la Sala de Revisión 41. Mediante Auto del 27 de marzo de 2026, la Sala de Selección de Tutelas Número Tres de la Corte Constitucional seleccionó para revisión el expediente T-11.843.282, con fundamento en el criterio objetivo de exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, así como el criterio subjetivo de necesidad de materializar un enfoque diferencial. 42. Posteriormente, el 20 de abril del mismo año, el expediente fue repartido a la Sala Sexta de Revisión, presidida por el magistrado ponente. 4.2. Decretos probatorios y respuestas obtenidas 4.2.1. Primer auto de pruebas 43. Mediante Auto del 27 de abril de 2026 [18] , el magistrado sustanciador dispuso oficiar (i) al Resguardo Indígena Nonuya de Villazul, (ii) a Oxigreen, (iii) al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y (iv) al Ministerio del Interior, con el propósito de ahondar en la información relacionada con el proceso. 44. De acuerdo con lo informado por la Secretaría General de esta Corporación [19] , se obtuvieron las siguientes respuestas: 4.2.1.1. Respuesta del Resguardo Indígena Nonuya de Villazul 45. Mediante informe del 4 de mayo de 2026 [20] , el Resguardo Indígena Nonuya de Villazul dio respuesta a lo requerido. 46. En atención al enfoque diferencial aplicable para efectos de este resumen de antecedentes, la Sala de Revisión examinó integralmente los distintos insumos allegados por el Resguardo Indígena Nonuya de Villazul, atendiendo a las distintas formas de expresión y comunicación empleadas por la comunidad y procurando que estas fueran valoradas de manera integral y desde una perspectiva intercultural. 47. En particular, se revisó: (i) un documento escrito contentivo del informe presentado por la comunidad, estructurado en apartados temáticos; (ii) los enlaces remitidos con acceso a videos en los que Hernán Moreno, autoridad tradicional del resguardo, expuso diversos aspectos relacionados con los hechos objeto del presente trámite y con el desarrollo del proyecto REDD+ en el territorio; y (iii) los enlaces que daban acceso a documentos complementarios y líneas de tiempo elaboradas por la comunidad. 48. Según fue expresamente indicado por el Resguardo, la utilización de este formato respondió a que la comunidad “cuenta con una mayor capacidad de expresión a través de la oralidad según su tradición étnica cultural”. En atención a ello, la Sala valoró conjuntamente los distintos materiales aportados, teniendo en cuenta las particularidades de las formas de expresión empleadas por la comunidad y desde un enfoque intercultural que respetara su autonomía y permitiera recoger integralmente sus planteamientos. 49. A partir de la revisión integral de estos insumos y con el propósito de presentar de manera clara y sistemática la información allegada, la Sala de Revisión agrupará a continuación su contenido por ejes temáticos. Esta metodología expositiva permite organizar los distintos elementos aportados por la comunidad y facilitar su comprensión, sin desconocer la diversidad de formatos empleados por el resguardo ni el contexto intercultural en el que fueron presentados. Tabla 2. Síntesis de la información allegada por el Resguardo Indígena Nonuya de Villazul, en respuesta al Auto de pruebas del 27 de abril de 2026, agrupada por ejes temáticos Eje temático Síntesis de la información allegada Fuente o soporte Origen del proyecto REDD+ y primeros acercamientos con Oxigreen La autoridad del resguardo explicó que “el tema de los proyectos REDD+ para [la comunidad] eran desconocidos” y que el primer acercamiento directo ocurrió el 13 de septiembre de 2021, cuando ingresó al resguardo el representante legal de Oxigreen, “el señor Henry Silva, y otro acompañante que no recuerdo el nombre”. Indicó que previamente algunas empresas habían contactado líderes del resguardo para promover un proyecto REDD+, y que posteriormente la propuesta fue presentada ante “las autoridades y la asamblea del resguardo [para] poder empezar ese supuesto trabajo”. Según su relato, se les indicó que “no era necesario consultarlo porque era una acción propia del resguardo”. Relato de Hernán Moreno, autoridad tradicional indígena, contenido en los videos allegados mediante enlace en el informe escrito. Información suministrada por Oxigreen antes de la firma del Acuerdo La autoridad del resguardo afirmó que Oxigreen se presentó “como una empresa con experiencia en ventas de carbono” y señaló como elemento de persuasión la referencia a proyectos previos con comunidades indígenas “Sikuani”. Según el relato, se afirmó que durante 2021 se ejecutarían “100 mil millones de pesos”, y que incluso se llevó “un indígena Sikuani como testigo”, quien manifestó que las comunidades “se estaban beneficiando muy bien”. Mencionó que, de acuerdo con la información que les suministró Oxigreen, el Gobierno nacional estaba reglamentando los proyectos REDD+ y que, si no se firmaba “en el transcurso de 1 a 3 meses”, luego “ya no había nada más que hacer”. La autoridad del resguardo también afirmó haber sido informado de que la comercialización de carbono se realizaría en el mercado internacional y que el precio oscilaría entre “20 y 25 mil pesos por tonelada”. Al final, resumió esta experiencia afirmando: “ese fue el mensaje que nos vendieron de forma rápida (…) yo siempre he dicho que es por vía fast track que nos vendieron esa información”. Relato de Hernán Moreno, autoridad tradicional indígena, contenido en los videos allegados mediante enlace en el informe escrito. Suscripción del Acuerdo La autoridad del resguardo indicó que “el 20 de septiembre del mismo año se firma el acuerdo de voluntades con la empresa (…) por 30 años”. Señaló que la motivación principal era “mejorar la calidad de vida [del resguardo]”, aunque reconoció que “todas las implicaciones, las consecuencias, los pros y los contras (…) nunca los tuvimos en cuenta, los desconocíamos”. Posteriormente sostuvo que el contrato correspondía a “un modelo” presentado por la empresa, al que únicamente “se le incluyeron algunos aspectos de interés de la comunidad”, pero que no fue construido colectivamente dentro de la asamblea del resguardo. Añadió que “tampoco fueron totalmente entendidas todas las cláusulas por parte del resguardo” y que no se utilizaron intérpretes ni traducciones “para que las autoridades tradicionales tuvieran pleno conocimiento sobre lo que se estaba firmando”. Según expresó, “necesitaba más tiempo de analizarlo y sobre todo entenderlo”. Relato de Hernán Moreno, autoridad tradicional indígena, contenido en los videos allegados mediante enlace en el informe escrito. Participación en la elaboración y validación del PDD La autoridad del resguardo afirmó que la comunidad no contó con asesoría técnica, jurídica ni económica independiente. Señaló que, aunque solicitaron apoyo jurídico, se les indicó que “sí se podría, siempre y cuando nosotros mismos lo pagáramos”. Afirmó que el PDD fue elaborado por un ingeniero vinculado al proyecto y que la comunidad “en ningún momento participó en la construcción de ese documento”. Explicó que solo se realizó una socialización parcial el 14 de septiembre de 2022, por parte del representante legal de Oxigreen y el ingeniero, utilizando términos “muy técnicos” y “muy científicos”, sin traducción ni interpretación suficiente, razón por la cual “ese lenguaje técnico no (…) quedó en nuestra mente”. Reiteró: “no participamos en la construcción, el documento ellos lo hicieron solos”. Relato de Hernán Moreno, autoridad tradicional indígena, contenido en los videos allegados mediante enlace en el informe escrito, acta del 14 de septiembre de 2022 y apartados del informe escrito. Inconsistencias técnicas del proyecto La comunidad sostuvo que Oxigreen nunca consolidó formalmente un proyecto REDD+ certificable, pues elaboró dos PDD distintos, uno bajo metodología BCR y otro bajo metodología VCS-Verra, sin que ninguno hubiera sido registrado o validado. Señaló que esta coexistencia evidenciaría inconsistencias técnicas, posibles riesgos de doble contabilidad de emisiones y deficiencias en la incorporación de la participación comunitaria, sus formas de gobierno y su consentimiento informado. Informe escrito, línea del tiempo allegada mediante enlace a través de informe escrito. Desarrollo posterior del Acuerdo y comunicación con la empresa Según la comunidad, tras la firma se produjo “un largo distanciamiento entre el resguardo y la empresa” y “desde el territorio nunca pudimos comunicarnos [con el representante legal]”. Indicó que la empresa regresó únicamente en septiembre de 2022 para socializar parcialmente el PDD, tras lo cual “nunca se volvió a hablar de este PDD hasta la fecha”. Relato de Hernán Moreno, autoridad tradicional indígena, contenido en los videos allegados mediante enlace en el informe escrito. Terminación del Acuerdo La autoridad del resguardo relató que, con el paso de los años, comenzaron “las dudas, la incertidumbre y las controversias entre los dirigentes”, lo que “generó controversia entre dos comunidades del resguardo y afectó (…) la integridad político organizativa que se venía consolidando”. Indicó que, como consecuencia de ello, la asamblea adoptó el 14 de marzo de 2025 la decisión de terminar unilateralmente el Acuerdo con Oxigreen, decisión que fue ratificada el 13 de abril siguiente por las autoridades tradicionales. Indicó además que, posteriormente, se conformó una comisión de líderes para reunirse con la empresa en Bogotá con el fin de formalizar la terminación del acuerdo. Sin embargo, manifestó que Oxigreen “se negó a terminar el acuerdo alegando que ellos habían cumplido sus obligaciones y que les diera un tiempo más de espera para lograr el propósito del acuerdo”. Según relató, los delegados del resguardo no aceptaron dicha propuesta y no fue posible alcanzar un acuerdo entre las partes. La autoridad del resguardo sostuvo que la terminación no obedeció a una decisión arbitraria, sino al incumplimiento sostenido de Oxigreen y a la ausencia de materialización efectiva del objeto contractual. Asimismo, afirmó que la empresa actuó de mala fe al intentar desconocer la decisión adoptada por la asamblea y al recurrir a mecanismos jurídicos y arbitrales para presionar a la comunidad. Reiteró que el proyecto nunca existió formalmente como iniciativa certificada y sostuvo que la terminación constituye un ejercicio legítimo de autonomía territorial. Relato de Hernán Moreno, autoridad tradicional indígena, contenido en los videos allegados mediante enlace en el informe escrito, así como en la línea de tiempo incorporada a través del mismo informe y en las actas de asamblea del resguardo. Actuaciones judiciales y de diálogo institucional La autoridad informó que, “al no tener otra alternativa”, el resguardo presentó acción de tutela el 1 de julio de 2025. Señaló que el fallo de primera instancia ordenó al Ministerio, a la Procuraduría y a la OPIAC promover espacios de diálogo entre las partes, reuniones que efectivamente se llevaron a cabo en Bogotá. No obstante, indicó que el resguardo mantuvo su posición de terminar el acuerdo y que la empresa volvió a negarse, razón por la cual no se alcanzó una solución concertada. Además, manifestó que el fallo de segunda instancia les produjo sorpresa y descontento, pues consideraban que sí existían vulneraciones a sus derechos fundamentales. Relato de Hernán Moreno, autoridad tradicional indígena, contenido en los videos allegados mediante enlace en el informe escrito y apartados del informe escrito. Afectaciones alegadas La comunidad sostuvo que las principales afectaciones consistieron en el desconocimiento del consentimiento libre, previo e informado; la afectación de la libre determinación y del gobierno propio; divisiones internas entre líderes; afectaciones a la unidad territorial; y frustración de expectativas económicas que alteraron dinámicas comunitarias y productivas. Tres comuneros expresaron en videos su desconcierto y afirmaron que se traicionó la confianza depositada en la empresa. Informe escrito. Pretensiones del resguardo Solicitó declarar la nulidad o inoponibilidad de los acuerdos, negar cualquier reclamación económica de Oxigreen y declarar que la empresa debe indemnizar al resguardo. Invocó la excepción de contrato no cumplido y sostuvo que la terminación fue consecuencia legítima del incumplimiento empresarial. Informe escrito. El resguardo solicitó declarar la nulidad o inoponibilidad de los acuerdos suscritos, ordenar el cese de cualquier afectación al territorio y al gobierno propio, y garantizar la autonomía y libre determinación del resguardo conforme a la Sentencia T-248 de 2024. La comunidad reiteró que es la única facultada para decidir si desea avanzar en nuevos proyectos REDD+ y manifestó su disposición de desarrollar futuras iniciativas únicamente con aliados que acrediten experiencia, transparencia y buena fe. El resguardo solicitó negar cualquier pretensión económica de Oxigreen y, por el contrario, declarar que la empresa debe indemnizar al resguardo por daño emergente, lucro cesante y daño moral colectivo. Para sustentar esta postura invocó la excepción de contrato no cumplido (art. 1609 del Código Civil), argumentando que la empresa fue la primera incumplida y que, por tanto, carece de legitimación para exigir compensaciones o reembolsos. Señaló además que los gastos asumidos por la empresa constituían únicamente una expectativa de rentabilidad supeditada al éxito del proyecto, que nunca llegó a concretarse, y enfatizó que el resguardo no obtuvo enriquecimiento injustificado ni beneficios económicos efectivos. Soportes documentales allegados El resguardo aportó una amplia carpeta documental que incluye contratos, otrosíes, actas de asamblea, comunicaciones, chats, solicitudes económicas, cartas de terminación, audios, videos y un archivo Excel denominado “LINEA DEL TIEMPO NONUYA”, que sistematiza cronológicamente actuaciones, decisiones comunitarias y compromisos asumidos durante la relación contractual. Documentos allegados mediante enlace a repositorio, contenidos en el informe escrito. 4.2.1.2. Respuesta de Oxigreen 50. Mediante informe del 6 de mayo de 2026 [21] , Oxigreen dio respuesta a lo requerido. 51. La Sala de Revisión evaluó tanto el informe escrito presentado por su representante legal como los anexos documentales aportados para sustentar su versión de los hechos, incluidos los documentos contractuales suscritos con el resguardo, los soportes de comunicaciones entre las partes, así como el material fotográfico, actas, constancias y demás soportes. 52. Con el fin de exponer de manera clara y sistemática la información allegada, la Sala presentará su contenido agrupado por ejes temáticos y organizado en formato tabular, tomando como referencia los distintos interrogantes formulados en el auto de pruebas y las cuestiones sustanciales abordadas por la empresa en su respuesta. Tabla 3. Síntesis de la información allegada por Oxigreen, en respuesta al Auto de pruebas del 27 de abril de 2026, agrupada por ejes temáticos Eje temático Síntesis de información allegada Identificación, objeto y alcance del proyecto Indicó que la controversia gira en torno al “Proyecto REDD+ Monochoa – Nonuya – Amenanae”, orientado a mitigar el cambio climático mediante reducción y captura de CO₂, prevención de la deforestación y restauración forestal en el Resguardo Nonuya de Villazul. Señaló que dicho proyecto buscaba generar beneficios sociales, ambientales y económicos, fortalecer procesos de conservación y promover prácticas productivas sostenibles. Dentro de sus objetivos complementarios se incluyeron la obtención de beneficios sociales, ambientales y económicos derivados de la generación de créditos de carbono; la gestión conjunta de permisos y autorizaciones; la disposición de infraestructura, información y recursos técnicos para el desarrollo del proyecto; y la eventual negociación y comercialización de las unidades de carbono generadas en mercados nacionales e internacionales. Origen de la iniciativa y acercamientos preliminares Según la empresa, la iniciativa surgió en 2021 a partir del contacto entre Juan Eduardo García Trejos, socio fundador de Oxigreen,  Edwin Paki, entonces asesor ambiental del CRIMA y el gobernador del Resguardo Indígena Nonuya de Villazul. Posteriormente se realizaron reuniones en Bogotá con líderes del resguardo para explorar posibles acciones de conservación. Como resultado, las autoridades indígenas invitaron formalmente a la empresa al territorio para socializar el proyecto ante las comunidades de Villazul y Peña Roja. Socialización comunitaria y suscripción del Acuerdo La empresa accionada afirmó que entre el 13 y 14 de septiembre de 2021 desarrolló asambleas comunitarias y una asamblea general, con presentaciones audiovisuales y traducción simultánea al idioma Witoto. Sostuvo que allí se expusieron los alcances del proyecto para que las autoridades decidieran libremente. Como resultado, el 20 de septiembre de 2021 se suscribió el contrato de alianza estratégica, respaldado por documentos firmados por las autoridades indígenas. Ubicación, cobertura territorial y acreditación inicial La empresa indicó que el proyecto se ubica en Puerto Santander (Amazonas), dentro del bioma amazónico colombiano, con una cobertura aproximada de 260.933 hectáreas. Explicó que inicialmente fue estructurado bajo VCSA-Verra, con período de acreditación de veinte años, comprendido entre el 3 de marzo de 2019 y el 2 de marzo de 2039. Reestructuración técnica mediante otrosí de 2024 Mediante un otrosí suscrito el 31 de mayo de 2024, el proyecto sufrió modificaciones sustanciales en su estructura técnica y operativa. En virtud de dicho acuerdo, se incorporaron las empresas CO2 Sostenible S.A.S. y Quye Wyna S.A.S. como desarrolladores técnicos y asesores comerciales de la iniciativa. Asimismo, la Corporación Carbono & Bosques dejó de participar en la elaboración del PDD, y el estándar de certificación fue sustituido, pasando de VCSA-Verra a BioCarbon Standard. Según lo pactado, Quye Wyna asumió contractualmente la responsabilidad de estructurar y elaborar el nuevo PDD, así como de adelantar el registro de la iniciativa tanto ante el RENARE como ante el estándar privado BioCarbon Standard. El otrosí también estableció que los proponentes del proyecto serían Oxigreen, CO2 Sostenible S.A.S. y Quye Wyna S.A.S. Estado actual del proyecto y exclusión de Oxigreen Sostuvo que para mayo de 2026 el proyecto estaba suspendido respecto de Oxigreen, pero activo para CO2 Sostenible, Quye Wyna y Yauto S.A.S. Afirmó que las autoridades indígenas promovieron su exclusión mediante actuaciones contractuales y judiciales dirigidas a apartarla del proyecto. Registro del proyecto ante BioCarbon Standard Oxigreen reportó que “la iniciativa REDD+ Nonuya, se inscribió ante el ESTÁNDAR de Carbono: BIOCARBON REGISTRY - hoy BIOCARBON STANDARD” el 23 de julio de 2024, identificando como titular al resguardo y como titular de cuenta a CO2 Sostenible S.A.S. Posteriormente señaló que “aparece en registro de la Certificadora Nacional BIOCARBON STANDARD, en la actualidad la siguiente inscripción”, en la cual figura Yauto S.A.S. junto a CO2 Sostenible y Quye Wyna. Alegada exclusi ón irregular de Oxigreen e inclusión de Yauto La empresa sostuvo que, conforme al otrosí del 31 de mayo de 2024, CO2 Sostenible S.A.S. y Quye Wyna S.A.S. estaban autorizadas para registrar el proyecto ante BioCarbon Standard en nombre del Resguardo Nonuya de Villazul y junto con Oxigreen. Sin embargo, afirmó que posteriormente el Resguardo Indígena Nonuya de Villazul, CO2 Sostenible y Quye Wyna excluyeron unilateralmente a Oxigreen de la relación contractual e incorporaron a Yauto S.A.S. como nueva participante del proyecto, pese a que esta empresa no hacía parte del otrosí. Según Oxigreen, esa modificación vulneró las cláusulas de confidencialidad y buen nombre pactadas entre las partes y dio lugar a que el proyecto continuara registrado ante BioCarbon Standard sin su participación. Gestión posterior al otrosí y frustración de actividades de socialización Señaló que, tras la reapertura de RENARE y la firma del otrosí, se realizaron reuniones para coordinar el avance del PDD y la contratación de AENOR Internacional como OVV. Indicó que el 5 de febrero de 2025 se realizó una asamblea virtual con participación de autoridades indígenas y representantes empresariales. Según Oxigreen, también se programaron socializaciones presenciales y entregó recursos para “mambeos”. No obstante, las socializaciones finalmente no pudieron realizarse debido a la terminación unilateral de la relación contractual por parte del Resguardo Indígena Nonuya de Villazul, decisión que, en criterio de Oxigreen, desconoció los compromisos previamente adquiridos y alteró la ejecución del proyecto REDD+. Elaboración y estado del PDD Oxigreen aportó una versión preliminar del PDD y sostuvo que fue elaborada con base en socializaciones y acuerdos con las comunidades indígenas. Indicó que inicialmente se desarrolló bajo VCSA-Verra, pero luego fue migrado a BioCarbon Standard por congestión del estándar internacional. Afirmó que el proyecto quedó “prácticamente finalizado” con su trabajo y luego fue culminado por Yauto, CO2 Sostenible y Quye Wyna. Participación comunitaria en la formulación técnica La empresa sostuvo que el PDD no se concluyó por la terminación unilateral del contrato, aunque alcanzó una versión “casi final”. Indicó que en septiembre de 2022 se realizaron talleres y asambleas en el territorio, donde se socializó el contenido, se escucharon observaciones, se conformaron grupos de trabajo y se levantó acta del 14 de septiembre de 2022. Oxigreen sostuvo que estas dos últimas compañías, inicialmente vinculadas al proyecto mediante el otrosí de mayo de 2024, habrían participado posteriormente en su exclusión de la iniciativa. Soportes documentales allegados Oxigreen allegó registros fotográficos, actas y demás soportes para acreditar desplazamientos al territorio, jornadas de socialización, presentación del estado del PDD, diálogos con autoridades y espacios de resolución de inquietudes. Como soporte adicional, anexó el acta del 14 de septiembre de 2022, que, según afirma, acredita la realización de dichos espacios y el consentimiento informado de la comunidad. Conclusiones de Oxigreen La empresa concluyó que el contrato es válido, vigente y vinculante; que en su celebración se cumplieron las exigencias legales y se garantizó traducción y socialización; que “En la socialización se hizo un alcance de la protección medio ambiental incluida deforestación para evitar la degradación exceptuando las chagras y cultivos de pan coger tradicionales de la comunidad”; que la terminación unilateral fue ilegal; y que el conflicto es contractual y económico, no de derechos fundamentales. Alegó haber invertido más de $1.000 millones, sostuvo que el resguardo estaría utilizando mecanismos judiciales para evitar indemnizaciones y solicitó valorar integralmente la impugnación presentada en sede de instancia. 4.2.1.3. Respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 53. Mediante informe del 6 de mayo de 2026 [22] , el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dio respuesta a lo requerido. La información suministrada se sintetiza a continuación. a) Marco normativo para el diseño, registro, implementación, monitoreo, verificación, emisión y comercialización de créditos derivados de proyectos REDD+ 54. Respecto a la regulación normativa de los proyectos REDD+, el Ministerio de Ambiente distinguió entre normativa (i) internacional, (ii) constitucional, (iii) legal, (iv) regulatoria y (v) regulatoria técnica. Dicha información se presenta en la siguiente tabla. Tabla 4. Síntesis de normativa regulatoria de los proyectos REDD+, presentada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en respuesta al Auto de pruebas del 27 de abril de 2026 Tipo de regulación Normativa destacada Internacional Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): aprobada por la Ley 164 de 1994, es el fundamento global de REDD+, al reconocer desde 2005 el rol de los bosques en la captura y almacenamiento de GEI. Acuerdos de Cancún (2010): definieron las cinco actividades REDD+ [23] y las siete salvaguardas [24] sociales y ambientales obligatorias. Marco de Varsovia para REDD+ (2013): estableció requisitos técnicos sobre niveles de referencia, sistemas de monitoreo y de información sobre salvaguardas. Acuerdo de París: aprobado por la Ley 1844 de 2017, compromete al país a conservar sumideros y depósitos de GEI. Convenio 169 de la OIT: incorporado por la Ley 21 de 1991, consagra la consulta previa y participación de pueblos indígenas en proyectos que los afecten. Constitucional Señaló que los artículos 79 y 80 de la Constitución consagran el derecho al ambiente sano y establecen la obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de garantizar el desarrollo sostenible, la conservación y la protección del ambiente. Asimismo, indicó que los artículos 7, 63 y 330 reconocen y protegen la diversidad étnica y cultural de la Nación, garantizan la inalienabilidad de los territorios colectivos y reconocen las formas de gobierno propio y autonomía de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Finalmente, destacó que el artículo 58 constitucional protege el derecho a la propiedad privada, pero le atribuye una función social y ecológica, en virtud de la cual su ejercicio debe armonizarse con la protección del ambiente y el interés general. Legal Ley 1753 de 2015 (Art. 175), modificada por Ley 2294 de 2023 (Art. 230): es la norma central. Asigna al Ministerio de Ambiente la competencia para reglamentar el registro de iniciativas de mitigación, el sistema de MRV y administrar el RENARE. Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria): creó el impuesto nacional al carbono y el mecanismo de no causación, vinculando los créditos REDD+ con el mercado regulado. Ley 1931 de 2018 (Ley de Cambio Climático): establece directrices para la gestión climática y define al IDEAM como fuente oficial de información forestal, a través del SMByC. Ley 2169 de 2021 (Ley de Acción Climática): faculta al Ministerio de Ambiente para realizar seguimiento y solicitar información ante presuntas irregularidades en proyectos de mitigación. Ley 227 de 2022 (Art. 47, Par. 1): actualizó las condiciones del mecanismo de no causación del impuesto al carbono. Regulatorio Decreto 926 de 2017: reglamenta las condiciones para que los certificados de carbono sean usados en la no causación del impuesto al carbono. Decreto 446 de 2020: regula la acreditación de los OVV por parte del ONAC. Decreto 1076 de 2015: Decreto Único del Sector Ambiente; regula temas de áreas protegidas y