Sentencia T-281 de 2026

T-281-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Primera de Revisión SENTENCIA T-281 DE 202 6 Referencia: Expediente T-11.212.704 Asunto: Acción de tutela interpuesta por Martha , en nombre propio y en representación de su hijo Álvaro , contra la Rama Judicial, la Juez Penal del Circuito de Ambar , el Consejo Superior de la Judicatura – Seccional Meta, la Unidad de Administración de Carrera Judicial, la Coordinación de Bienestar Social y Salud Ocupacional – Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio,  el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST Nacional, el COPASST – Seccional Villavicencio, los señores Carmelo y Angélica , la EPS Sanitas, la ARL Positiva y la Fiscalía General de la Nación. Tema: Estabilidad laboral reforzada por razones de salud de funcionarios de la rama judicial de carrera administrativa Magistrada ponente: Natalia Ángel Cabo Bogotá D.C., 3 de septiembre de 2026. La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Natalia Ángel Cabo –quien la preside– y por los magistrados Carlos Camargo Assis y Héctor Alfonso Carvajal Londoño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, así como en los artículos 32 y siguientes del Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA. Esta decisión se toma en el trámite de revisión de los fallos de tutela proferidos en primera y segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Meta y la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro del expediente T-11.212.704 [1] . Aclaración Previa Dado que el presente proceso involucra información relacionada con la historia clínica de la accionante, la Corte Constitucional elaborará dos versiones de la presente providencia y de los documentos que se publiquen en su repositorio digital, conforme a lo previsto en el artículo 61 del Reglamento de la Corte Constitucional y en la Circular Interna No. 10 de 2022. La primera versión, con los nombres reales de las personas involucradas, será la que se notificará a las partes. La segunda, debidamente anonimizada, será la versión para publicar en la página web institucional. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN En esta sentencia, la Corte Constitucional estudió la acción de tutela presentada por una funcionaria de carrera judicial que fue desvinculada mediante declaratoria de vacancia por abandono del cargo, pese a presentar múltiples incapacidades médicas y diversas condiciones de salud, incluidas afectaciones de salud mental. La accionante alegó que distintas autoridades de la Rama Judicial conocían su situación médica y sus solicitudes de ajustes razonables, traslado y reubicación laboral, sin que se adoptaran medidas suficientes para garantizar su estabilidad laboral reforzada. En sus consideraciones, la Corte explicó que el caso planteaba un problema especialmente novedoso sobre la garantía de la estabilidad laboral reforzada en el régimen especial de carrera de la Rama Judicial. En particular, la sentencia destacó que la protección de servidores judiciales con afectaciones de salud mental no puede recaer exclusivamente sobre el juez nominador, sino que exige una actuación articulada y oportuna de las autoridades encargadas de administrar la carrera judicial, gestionar la salud ocupacional e implementar ajustes razonables. Asimismo, la Corte advirtió que la ausencia de mecanismos institucionales eficaces para atender situaciones de discapacidad psicosocial o afectaciones de salud mental no solo vulnera los derechos de los trabajadores judiciales, sino que también afecta la continuidad y eficiencia del servicio público de administración de justicia. En ese sentido, resaltó la necesidad de fortalecer los protocolos de identificación temprana de riesgos psicosociales, reubicación laboral y acompañamiento ocupacional dentro de la Rama Judicial. Al estudiar el caso concreto, la Corte concluyó que distintas autoridades judiciales y administrativas omitieron adoptar medidas suficientes para garantizar la permanencia laboral de la accionante en condiciones compatibles con su estado de salud y adelantaron el procedimiento de vacancia sin valorar integralmente su situación de debilidad manifiesta. En consecuencia, la Corte amparó los derechos fundamentales de la accionante y fijó criterios relevantes sobre el deber de garantizar ajustes razonables, estabilidad laboral reforzada y debido proceso en los procedimientos de desvinculación de servidores judiciales con afectaciones de salud mental. TABLA DE CONTENIDO SENTENCIA T-***** DE 2026 . 1 SÍNTESIS DE LA DECISIÓN .. 2 I. ANTECEDENTES . 3 1. Hechos relevantes . 4 2. Pretensiones de la acción de tutela . 9 3. Trámite de la acción de tutela y decisiones de los jueces de instancia . 10 4. Actuaciones realizadas durante el trámite de revisión ante la Corte Constitucional 11 II. CONSIDERACIONES . 13 1. Competencia . 13 2. Cuestiones previas 13 3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela . 15 4. Problema jurídico y metodología . 19 5. El modelo social de la discapacidad y la inclusión laboral de las personas con discapacidad psicosocial y de quienes presentan afectaciones de salud mental 20 6. Las obligaciones de los empleadores y de las entidades del Sistema de Seguridad Social frente a la garantía del derecho fundamental a la salud mental 22 7. La seguridad social y los derechos derivados de las incapacidades laborales 27 8. El derecho a la estabilidad laboral reforzada en cargos de carrera administrativa y su armonización con la continuidad y eficiencia del servicio público de administración de justicia . 29 9. El derecho al debido proceso administrativo en el marco de la declaratoria de vacancia por abandono del cargo . 36 10. Análisis del caso concreto . 39 III. DECISIÓN .. 64 I. ANTECEDENTES 1. Martha [2] , en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad Álvaro , interpuso el 9 de diciembre de 2024 una acción de tutela [3] contra la Rama Judicial [4] , en calidad de empleador, los señores Carmelo [5] y Angélica [6] , así como contra la EPS Sanitas, la ARL Positiva y la Fiscalía General de la Nación. Lo anterior, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales [7] , en especial, el derecho a la estabilidad laboral reforzada por motivos de salud y por su calidad de madre cabeza de familia de un menor de edad. 1. Hechos relevantes [8] 2. Martha fue nombrada mediante la Resolución Rojo del 26 de septiembre de 2022 en el cargo de oficial mayor o sustanciadora en propiedad del Juzgado Penal del Circuito de Ambar – Meta, del cual tomó posesión el 3 de noviembre siguiente. La accionante afirmó que, desde su ingreso al Juzgado Penal del Circuito de Ambar , fue víctima de persecución y acoso laboral por parte del juez Carmelo y la secretaria Angélica , situación que, según indicó, afectó su salud y desempeño laboral. 3. Durante su permanencia en el cargo, la accionante controvirtió las calificaciones de servicios recibidas, presentó varias incapacidades para trabajar por diversos diagnósticos, remitió recomendaciones médicas sobre ajustes requeridos para el desempeño de sus funciones y radicó solicitudes para lograr una autorización de trabajo en casa, traslado y reubicación por razones de salud. Por su parte, el juzgado sostuvo que las reiteradas incapacidades y ausencias de la trabajadora afectaron el funcionamiento del despacho y que, incluso en los períodos en los que asistió, se presentaban deficiencias en el desempeño y ejecución de las tareas asignadas. 4. La situación descrita dio lugar a distintas actuaciones de la accionante, el Juzgado, autoridades de la Rama Judicial e instituciones de seguridad social, orientadas tanto a tramitar las solicitudes y recomendaciones médicas de la accionante como a atender las afectaciones laborales y operativas reportadas por el despacho. Estas actuaciones pueden agruparse en cinco categorías, resumidas en la siguiente tabla y desarrolladas en el Anexo II ( Tablas 5 y 6 ) de esta sentencia. Tabla 1. Síntesis de los principales grupos de actuaciones identificados en el expediente Recomendaciones médicas sobre las condiciones laborales de la accionante Diferentes médicos tratantes, especialmente de psiquiatría y neurología, emitieron recomendaciones relacionadas con limitación de jornada, exclusión de turnos nocturnos, pausas activas, permisos médicos, trabajo en casa y eventual reubicación laboral –15 de junio, 22 de agosto y 1 de septiembre de 2023; 31 de enero, 3 de abril y 11 de octubre de 2024, entre otras–. Solicitudes de la accionante para obtener ajustes en el desarrollo de las actividades laborales La accionante, en múltiples oportunidades, elevó solicitudes tanto al titular del juzgado como a otras autoridades de la Rama Judicial para lograr la implementación de ajustes, traslado o reubicación –11 de agosto, 6 de septiembre, 7, 16 y 20 de noviembre de 2023, y el 11 de junio de 2024, entre otras–. Algunas medidas fueron implementadas por el despacho. Sin embargo, las autoridades de la Rama Judicial señalaron que el traslado y la reubicación debían tramitarse conforme a los Acuerdos PCSJA17-10754 de 2017 y 756 de 2000, y que no se cumplían los requisitos para su procedencia, particularmente por la ausencia de calificación de pérdida de capacidad laboral. Actuaciones del despacho para atender las afectaciones operativas derivadas de las ausencias de la accionante El Juzgado Penal del Circuito de Ambar formuló requerimientos a la accionante relacionados con el bajo desempeño laboral y la necesidad de informar oportunamente las razones de sus ausencias, así como de remitir las respectivas incapacidades médicas. Además, el despacho solicitó la intervención de distintas autoridades de la Rama Judicial para lograr el adecuado desempeño de las funciones: - La reubicación de la accionante - Apoyo institucional y redistribución de cargas - Creación de cargos o asignación transitoria de personal de apoyo para el despacho Actuaciones de salud ocupacional y acompañamiento psicosocial Sanitas EPS, Positiva ARL y distintas dependencias de la Rama Judicial adelantaron actuaciones de seguimiento médico, acompañamiento psicológico, evaluación de riesgos psicosociales y salud ocupacional relacionadas con la situación de salud de la accionante y el ambiente laboral del despacho. Denuncias y actuaciones disciplinarias, penales y constitucionales derivadas del conflicto laboral Finalmente, entre la accionante y miembros del despacho judicial se presentaron denuncias mutuas y distintas actuaciones judiciales y disciplinarias. Por un lado, la accionante presentó: - Queja por acoso laboral contra el juez Carmelo y la secretaria del despacho. - Acciones de tutela relacionadas con sus condiciones de salud y situación laboral. Por otro lado, integrantes del despacho presentaron contra la accionante: - Denuncia penal por presunto acceso abusivo a sistema informático. - Denuncia penal por presuntas conductas de injuria y calumnia derivadas de publicaciones realizadas por la accionante. - Quejas disciplinarias relacionadas con inasistencias laborales, remisión tardía de incapacidades y fallas en el trámite de procesos judiciales a su cargo. 5. En lo que respecta a la atención en salud, entre agosto de 2023 y marzo de 2024, la accionante presentó diversas solicitudes ante la EPS y otras autoridades para obtener valoración por medicina laboral y la determinación del origen de sus diagnósticos. Este trámite se inició formalmente por Sanitas en agosto de 2024 y continuaba en curso para el momento de formulación de la acción de tutela. 6. El 18 de marzo de 2024, Carmelo dejó de ser titular del Juzgado Penal del Circuito de Ambar y la jueza Oliva asumió el cargo. El 14 de mayo de 2024, esta última funcionaria presentó una solicitud ante el Ministerio del Trabajo en la que solicitó autorización para desvincular a la accionante de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 [9] . En dicha solicitud, la jueza expuso que la accionante había incurrido en múltiples incumplimientos funcionales y ausencias laborales. En respuesta del 23 de mayo siguiente, el Ministerio indicó que los inspectores de trabajo no están facultados para cuestionar la presunción de legalidad de los actos administrativos de destitución, desvinculación o despido de los empleados públicos. 7. El 31 de octubre de 2024 [10] , la jueza Oliva emitió auto de apertura del proceso administrativo de declaratoria de vacancia por abandono del cargo en contra de la accionante, quien no se había presentado a laborar desde que aquella asumió la titularidad del despacho ni remitido incapacidades desde el 11 de octubre del mismo año. El 5 de diciembre de 2024, a través de la Resolución Azul [11] se declaró la vacancia por abandono del cargo que ocupaba Martha , al considerar configuradas las causales 1 y 2 del artículo 149 de la Ley 270 de 1996. Ello, debido a que la accionante no se presentó a trabajar de manera continua y no justificó sus ausencias, pese a los múltiples requerimientos que se realizaron a través de correo electrónico [12] . 8. El 17 de enero de 2025, la accionante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra la decisión de declarar vacante el cargo. Indicó que en múltiples oportunidades puso en conocimiento de la Rama Judicial su situación de salud, las amenazas a su seguridad y los actos de hostigamiento provenientes de personas indeterminadas de los que es víctima, así como las diferentes solicitudes de traslado . El Juzgado Penal del Circuito de Ambar negó el recurso de reposición [13] y concedió el de apelación. Mediante Resolución Verde del 12 de marzo de 2025, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la accionante, al considerar que la Resolución Azul de 2024 no era susceptible de segunda instancia, según concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 2 octubre de 2014 [14] . 9. Durante su permanencia en el cargo, la accionante presentó un deterioro progresivo en su estado de salud mental y física. Al respecto, la señora Martha señaló que le realizaron el examen médico de ingreso el 2 de noviembre de 2022 y que, desde entonces, presentó múltiples incapacidades discontinuas y por diversos diagnósticos. En efecto, entre enero de 2023 y octubre de 2024 registró al menos 146 incapacidades médicas, que sumaron aproximadamente 372 días de incapacidad, con periodos recurrentes de ausencia y reincorporaciones breves. De ese total, cerca de 174 días correspondieron al año 2023 y 198 días al año 2024. Las incapacidades estuvieron asociadas inicialmente a afecciones físicas –como migrañas, lumbago, rinitis, otitis, escoliosis y dolor crónico–; sin embargo, posteriormente se relacionaron de manera predominante con afectaciones de salud mental –ansiedad, estrés laboral, cuadros depresivos y trastorno bipolar– [15] . Tabla 2. Registro de incapacidades médicas, periodos de interrupción entre incapacidades y diagnósticos [16] Fechas de incapacidad Duración Motivo Días de interrupción entre incapacidades 25–27 enero 2023 3 días Cefalea, náuseas y dolor general 0 días 28 enero 2023 1 día Infección viral 5 días 3–4 febrero 2023 2 días Otitis 2 días 7 febrero 2023 1 día Lumbago 15 días 23 febrero 2023 1 día Migraña 10 días 6–8 marzo 2023 3 días Enfermedad general 34 días 12–14 abril 2023 3 días Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 5 días 20–21 abril 2023 2 días Migraña con aura 16 días 8–9 mayo 2023 2 días Rinitis 9 días 19–21 mayo 2023 3 días Escoliosis 10 días 1–2 junio 2023 2 días Enfermedad general 3 días 6–8 junio 2023 3 días 11 días 20– 21 junio 2023 2 días 0 días 22–23 junio 2023 2 días 2 días 26–27 junio 2023 2 días Infección viral 0 días 28–29 junio 2023 2 días Enfermedad general 0 días 30 junio–1 julio 2023 2 días 2 días 4–5 julio 2023 2 días Cefalea, trastorno de ansiedad mixta 0 días 6 de julio 2023 1 día Enfermedad general 0 días 7–8 julio 2023 2 día 2 días 11–15 julio 2023 5 días 1 día 17–18 julio 2023 2 días Migraña 0 días 19–25 julio 2023 7 días 0 días 26–27 julio 2023 2 días Enfermed ad general 0 días 28–julio 2023 1 día 2 días 31 julio – 1 agosto 2023 2 días No especificado 0 días 2 agosto 2023 1 día No especificado 0 días 3 agosto 2023 1 día Cervicalia 0 días 4 agosto 2023 1 día Contractura muscular 4 días 9–10 agosto 2023 2 días Hospitalización psiquiátrica intrahospitalaria 0 días 11–25 agosto 2023 15 días Incapacidad ambulatoria psiquiátrica 2 días 28 agosto 2023 1 día Cefalea tensional 0 días 29 agosto–5 septiembre 2023 8 días Enfermedad general 0 días 6–7 septiembre 2023 2 días Sinusitis aguda 0 días 8 septiembre 2023 1 día Cefalea 2 días 11 septiembre 2023 1 día Migraña sin aura 0 días 12–13 septiembre 2023 2 días Dorsalgia 0 días 14–15 septiembre 2023 2 días Cervicalgia 0 días 16 septiembre–15 octubre 2023 30 días Incapacidad psiquiátrica 1 día 17–18 octubre 2023 2 días Lumbago 0 días 19–20 octubre 2023 2 días Contractura muscular 2 días 23–25 octubre 2023 3 días Cefalea 0 días 26–27 octubre 2023 2 días 2 días 30 octubre–3 noviembre 2023 5 días 3 días 7–8 noviembre 2023 2 días 0 días 9–15 noviembre 2023 7 días 0 días 16–18 noviembre 2023 3 días 1 día 20–22 noviembre 2023 3 días 0 días 23–24 noviembre 2023 2 días Migraña 2 días 27 noviembre–1 diciembre  2023 5 días Cefalea 2 días 4–6 diciembre 2023 3 días Otitis 0 días 7 diciembre 2023 1 día Migraña 3 días 11–13 diciembre 2023 3 días Depresión y ansiedad 0 días 14 diciembre 2023 1 día Migraña 0 días 15 diciembre 2023 1 día Rinofaringitis 2 días 18 diciembre 2023 1 día Rinofaringitis 0 días 19 diciembre 2023 1 día Mialgia 22 días 11 enero 2024 1 día Trastorno de pánico 0 días 12–18 enero 2024 7 días Trastorno de ansiedad 0 días 19 enero 2024 1 día Contractura muscular 2 días 22–24 enero 2024 3 días Gastroenteritis y colitis 0 días 25 enero 2024 1 día Cefalea 0 días 26 enero 2024 1 día Cervicalgia 2 días 29 enero 2024 1 día Cefalea 0 días 30–31 enero 2024 2 días Infecciones intestinales 0 días 1–2 febrero 2024 2 días Cefalea 2 días 5–6 febrero 2024 2 días Migraña 0 días 7–8 febrero 2024 2 días Contractura muscular 0 días 9 febrero 2024 1 día Migraña 2 días 12 febrero 2024 1 día Migraña con aura 0 días 13–16 febrero 2024 4 días Hipertensión esencial 3 días 20–21 febrero 2024 2 días Diarrea y gastroenteritis 0 días 22–23 febrero 2024 2 días Infecciones intestinales 2 días 26–28 febrero 2024 3 días Cefalea y tensión alta 0 días 29 febrero–1 marzo 2024 2 días Migraña sin aura 2 días 4–5 marzo 2024 2 días Migraña 0 días 6 marzo 2024 1 día Fibromialgia 0 días 7–8 marzo 2024 2 días Trastornos de ansiedad mixtos 2 días 11–12 marzo 2024 2 días Fibromialgia 0 días 13–14 marzo 2024 2 días Síndrome de ansiedad generalizada 0 días 15 marzo 2024 1 día Migraña 2 días 18–19 marzo 2024 2 días 0 días 20–27 marzo 2024 8 días Trastornos de ansiedad generalizada y tensión laboral 4 días 1–2 abril 2024 2 días Lumbalgia mecánica 0 días 3 abril 2024 1 día Migraña 0 días 4-5 abril 2024 2 días Síndrome de articulación condrocostal 2 días 8–9 abril 2024 2 días Gastroenteritis 0 días 10–11 abril 2024 2 días Lumbago 0 días 12–13 abril 2024 2 días Cefalea 1 día 15–16 abril 2024 2 días Chikungunya a descartar 0 días 17 abril 2024 1 día Diarrea y gastroenteritis 0 días 18 abril 2024 1 día 0 días 19 abril 2024 1 día Fibromialgia 2 días 22–25 abril 2024 4 días Enfermedad general 0 días 26–27 abril 2024 2 días Cefalea tensional 1 día 29 abril 2024 1 día Cefalea 0 días 30 abril 2024 1 día 1 día 2–3 mayo 2024 2 días Ansiedad, depresión y estrés laboral 2 días 6–7 mayo 2024 2 días Ataque de ansiedad 0 días 8 mayo 2024 1 día Fibromialgia 0 días 9–10 mayo 2024 2 días 3 días 14 mayo 2024 1 día Fibromialgia severa, absceso y migraña 0 días 15–17 mayo 2024 3 días Uña encarnada y dolor articular 2 días 20 mayo 2024 1 día Dolor en extremidades 0 días 21–22 mayo 2024 2 días Pánico, cefalea y fibromialgia 0 días 23–24 mayo 2024 2 días Cefalea, cervicalgia y fibromialgia 2 días 27–29 mayo 2024 3 días Cefalea 0 días 30–31 mayo 2024 2 días 3 días 4–5 junio 2024 2 días Diarrea 0 días 6–7 junio 2024 2 días Diarrea y gastroenteritis 3 días 11–13 junio 2024 3 días Fiebre 0 días 14–15 junio 2024 2 días 1 día 17–18 junio 2024 2 días Cefalea y fibromialgia 0 días 19–21 junio 2024 3 días Dolor crónico y fibromialgia 5 días 24 junio 2024 1 día Fibromialgia 0 días 25–26 junio 2024 2 días Cefalea 0 días 27 junio 2024 1 día Fibromialgia 5 días 28 junio 2024 1 día 2 días 4 julio 2024 1 día 3 días 8 julio 2024 1 día Enfermedad general 0 días 9–12 julio 2024 4 días Esguince de tobillo 2 días 15–16 julio 2024 2 días Dolor crónico 1 día 18–19 julio 2024 2 días Trastorno afectivo bipolar 2 días 22–23 julio 2024 2 días Dolor crónico, fibromialgia y ansiedad 1 día 25–27 julio 2024 3 días Lumbago 2 días 30 julio 2024 1 día No especificado 0 días 31 julio –7 agosto 2024 8 días Tr astorno de ansiedad 0 días 8–9 agosto 2024 2 días Dolor crónico intratable 3 días 13–22 agosto 2024 10 días Trastorno de ansiedad, bipolar y depresivo 0 días 23 agosto 2024 1 día Cefalea 2 días 26–27 agosto 2024 2 días Vértigo 0 días 28–29 agosto 2024 2 días Cefalea 0 días 30 agosto –3 septiembre 2024 5 días Lumbago 0 días 4–5 septiembre 2024 2 días Tos 0 días 6–12 septiembre 2024 7 días Fibromialgia 0 días 13–14 septiembre 2024 2 días Cefalea 1 día 16–17 septiembre 2024 2 días Dolor crónico 0 días 18 septiembre 2024 1 día Otitis 0 días 19–21 septiembre 2024 3 días Enfermedad general 2 días 24–26 septiembre 2024 3 días Lumbago 0 días 27 septiembre 2024 1 día Dolor precordial 2 días 30 septiembre 2024 1 día Dolor en el pecho 1 día 2–3 octubre 2024 2 días Trastorno de ansiedad generalizada 0 días 4–5 octubre 2024 2 días Trastorno de ansiedad mixto 1 día 7–9 octubre 2024 3 días Enfermedad general 1 día 11 octubre 2024 1 día No especificado – 10. Adicionalmente, en el expediente obran distintas manifestaciones de la accionante relacionadas con presuntas situaciones de vigilancia, hostigamiento y afectaciones a su seguridad e integridad personal y familiar [17] , frente a las cuales promovió denuncias y solicitudes de protección ante diferentes autoridades –Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, la Personería, la Secretaría de la Mujer y la Unidad Nacional de Protección, entre otras– (ver Anexo II - Tabla 7 ). 11. Además, en el escrito de tutela l a actora manifestó que llevaba dos meses sin salir de su apartamento, debido al temor de que atentaran contra su seguridad. Según indicó, este mismo temor la llevó a no autorizar el ingreso del padre de su hijo a su residencia e l 18 de noviembre de 2024, circunstancia que dio lugar a que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF adelantara un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos – PARD a favor del menor de edad (ver Anexo II - Tabla 7 ) . 2. Pretensiones de la acción de tutela 12. En línea con lo anterior, la accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, dejar sin efectos el proceso administrativo de vacancia por abandono del cargo que adelantó el Juzgado Penal del Circuito de Ambar . Además, pidió que se ordene: (i) a la EPS Sanitas autorizar, asignar y reprogramar las citas, procedimientos, terapias y valoraciones que perdió durante los meses de octubre y noviembre de 2024, y garantizar una atención médica sin obstáculos; (ii) a la ARL Positiva autorizar los procedimientos y valoraciones remitidos por la EPS; y (iii) la adopción de medidas de protección, acompañamiento y reubicación laboral por razones de salud y seguridad. 13. Posteriormente, mediante escrito del 17 de diciembre de 2024, la accionante solicitó medidas provisionales orientadas a proteger su intimidad y restituir la información de sus dispositivos y cuentas electrónicas; autorizar una cita de mastología; garantizar su seguridad y la de su hijo; y suspender el proceso de vacancia por abandono del cargo. 3. Trámite de la acción de tutela y decisiones de los jueces de instancia 14. A través de autos proferidos en marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la acción de tutela, negó las medidas provisionales solicitadas [18] , decretó la práctica de pruebas [19] y vinculó a Carmelo y a Angélica . 15. La EPS Sanitas, la ARL Positiva, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, el Juzgado Penal del Circuito de Ambar , la Unidad de Administración de Carrera Judicial, el Ministerio del Trabajo, el COPASST – Seccional Villavicencio, Angélica y Carmelo aportaron información sobre la situación laboral y de salud de la accionante y las actuaciones adelantadas en relación con esta (ver Anexo I ). 16. Mediante sentencia del 17 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Meta declaró improcedente la acción de tutela en lo relacionado con el proceso administrativo de declaratoria de vacancia por abandono del cargo [20] . No obstante, amparó los derechos fundamentales a la salud, la seguridad social y el debido proceso de la accionante. En consecuencia, ordenó a la EPS Sanitas programar una cita de medicina general para valorar integralmente sus síntomas y remitirla a las especialidades requeridas, así como una nueva valoración de su situación de salud por la junta médica de la entidad. También  exhortó a la EPS a programar, de ser posible, las citas médicas prescritas por los médicos tratantes mediante medios tecnológicos. Asimismo, ordenó a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio adelantar las gestiones necesarias con la EPS para superar las inconsistencias relacionadas con el pago de las incapacidades de la accionante. De igual manera, ordenó al Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, al Comité Paritario de Salud Ocupacional Nacional y a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio adelantar los trámites administrativos necesarios para analizar y, si es del caso, dar trámite a las recomendaciones de salud formuladas por el especialista en psiquiatría el 11 de octubre de 2024 [21] . Finalmente, exhortó a la accionante a colaborar con la valoración de su situación de salud, a remitir a Sanitas las historias clínicas y soportes médicos requeridos para continuar con la calificación del origen de sus patologías, a la ARL Positiva a asumir sus obligaciones si se determinaba que estas eran de origen laboral y a acudir a las autoridades de familia para solicitar apoyo en la protección y crianza de su hijo menor de edad. 17. El 18, 25 y 26 de marzo de 2025, la accionante remitió varios correos electrónicos en los que afirmó ser víctima de violencia institucional, con fundamento en que las entidades accionadas desconocieron su situación de salud. Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ [22] , el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta [23] y la EPS Sanitas [24] presentaron escritos de impugnación contra la decisión de primera instancia. 18. Mediante sentencia del 5 de mayo de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado revocó el ordinal octavo de la parte resolutiva de la decisión de primera instancia, que ordenaba a varias dependencias de la Rama Judicial dar trámite a las recomendaciones médicas del 11 de octubre de 2024. En lo demás, confirmó la sentencia impugnada. 19. Para tomar su decisión, la corporación judicial concluyó que: (i) la EPS no probó dificultades técnicas que impidieran prestar los servicios de salud de forma virtual, modalidad que resulta necesaria dada la condición de la accionante, quien manifestó no poder salir de su domicilio debido a los cuadros de ansiedad, crisis de pánico y trastorno afectivo bipolar diagnosticado; (ii) no se probó que la junta médica hubiera recomendado remitir a la actora a valoración de psiquiatría; (iii) en los casos que involucran síntomas o diagnósticos psiquiátricos, la voluntariedad del paciente resulta esencial, por lo que no puede obligarse a la accionante a entregar los documentos solicitados; y (iv) carece de sentido mantener el ordinal octavo de la sentencia de primera instancia, dado que el 5 de diciembre de 2024 la accionante fue retirada de la carrera judicial. 20. Posteriormente, mediante correo del 13 de junio de 2025, la accionante promovió incidente de desacato con base en que había sido desafiliada del servicio de salud el 2 de mayo del mismo año, lo que habría impedido la continuidad de los tratamientos médicos, psicológicos y psiquiátricos que requería [25] . Asimismo, sostuvo que Sanitas EPS contaba con la información requerida para adelantar su proceso de calificación y con los soportes relacionados con sus incapacidades médicas. Finalmente, afirmó que la Rama Judicial no le había pagado los salarios y demás emolumentos adeudados. 21. El 19 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Meta decidió no abrir incidente de desacato al considerar que Sanitas EPS había cumplido las órdenes impartidas en la sentencia de tutela y que la suspensión del servicio de salud obedeció a que la accionante no adelantó oportunamente los trámites para mantener su afiliación al sistema, pese a conocer su desvinculación laboral y la consecuente desafiliación. 4. Actuaciones realizadas durante el trámite de revisión ante la Corte Constitucional 22. Durante el trámite de revisión, la magistrada sustanciadora y la Sala Primera de Revisión [26] adelantaron una amplia actividad probatoria orientada a verificar las condiciones de salud física y mental de la accionante, las actuaciones administrativas relacionadas con su desvinculación y las medidas institucionales adoptadas frente a su situación de salud, laboral, familiar y de seguridad [27] . Además, la Corte [28] : (i) vinculó a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones Porvenir S.A., al Ministerio del Trabajo y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio; (ii) suspendió términos para decidir; (iii) decretó medidas provisionales dirigidas a garantizar la prestación de servicios de salud de la accionante; y (iv) solicitó conceptos técnicos e informes institucionales sobre estabilidad laboral reforzada, salud mental, riesgos psicosociales, ajustes razonables y debido proceso en actuaciones de desvinculación de servidores públicos. 23. La información allegada en cumplimiento de los autos emitidos se resume en la siguiente tabla y se desarrolla en el Anexo II de esta sentencia. Tabla 3. Síntesis de la información y conceptos allegados en sede de revisión Las entidades accionadas o vinculadas - Remitieron información sobre las actuaciones administrativas, laborales, disciplinarias, médicas y judiciales relacionadas con la accionante. - Reportaron el estado de los trámites de salud ocupacional, reubicación laboral, medicina laboral, vacancia por abandono del cargo y actuaciones disciplinarias y penales. - Explicaron las medidas institucionales adoptadas frente a riesgos psicosociales, salud mental, estabilidad laboral reforzada y prestación de servicios de salud. Los expertos convocados Se pronunciaron sobre los estándares aplicables a la protección de trabajadores con afectaciones de salud mental o discapacidad psicosocial e indicaron que: - Deben evitarse expresiones estigmatizantes y diferenciar las afectaciones de salud mental de la discapacidad psicosocial, la cual surge por la interacción entre la condición de salud y las barreras para la participación. - Las principales barreras, riesgos y vacíos para la inclusión laboral son la estigmatización, las sobrecargas laborales, la rigidez organizacional, la ausencia de protocolos claros, la persistencia de modelos centrados en la productividad y la falta de articulación entre empleadores, EPS y ARL. - Los ajustes razonables deben ser individualizados, sustentados en una evaluación técnica previa, verificables y documentados. Además, algunos expertos señalaron que las medidas de inclusión deben construirse con participación del trabajador y mediante espacios de diálogo sobre sus necesidades y barreras. - La estabilidad laboral reforzada protege también situaciones de debilidad manifiesta sin necesidad de calificación formal de pérdida de capacidad laboral. Además, en su mayoría, los expertos sostuvieron que la autorización previa del Ministerio del Trabajo aplica también para la desvinculación de servidores públicos. - Los procesos de abandono del cargo deben valorar integralmente las condiciones de salud, garantizar oportunidades reales de defensa y verificar el agotamiento de ajustes razonables y de medidas menos lesivas. Además, los conceptos señalaron que contra los actos de vacancia proceden recursos de reposición y apelación, además del control judicial posterior, aunque algunos intervinientes cuestionaron la procedencia de la segunda instancia. - Empleadores, EPS y ARL deben actuar coordinadamente para prevenir riesgos psicosociales, garantizar continuidad del tratamiento y facilitar la rehabilitación y reincorporación laboral. 24. Por su parte, en respuesta al auto del 27 de octubre de 2025, Porvenir S.A. solicitó la nulidad de lo actuado tras considerar que, al haber sido llamada por primera vez en sede de revisión, no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción, aportar pruebas ni desplegar una defensa técnica en las instancias previas de la acción de tutela. Por consiguiente, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 25. La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Cuestiones previas 2.1 Cosa juzgada y temeridad [29] 26. Las actuaciones allegadas durante el trámite de revisión dan cuenta de que la accionante promovió dos acciones de tutela adicionales relacionadas con su situación laboral y de salud. La primera [30] fue presentada el 10 de abril de 2025 y la segunda [31] el 21 de mayo del mismo año (ver Anexo II - Tabla 6 ). No obstante, dicha circunstancia no configura cosa juzgada constitucional ni actuación temeraria respecto del presente asunto. En efecto, la jurisprudencia constitucional [32] ha señalado que la cosa juzgada en materia de tutela exige, además de la triple identidad entre las acciones, que la decisión que se invoca haya resuelto una acción de tutela interpuesta con anterioridad a aquella cuyo estudio se adelanta. En este caso, ambas acciones fueron promovidas con posterioridad a la interposición del presente amparo, presentado el 9 de diciembre de 2024, por lo que no se satisface el requisito de temporalidad. Asimismo, la Sala no advierte elementos que permitan inferir un actuar doloso o de mala fe por parte de la accionante, presupuesto necesario para configurar la temeridad. 2.2 Nulidad por indebida integración del contradictorio [33] 27. Como se señaló en los antecedentes, Porvenir S.A. alegó la vulneración de su derecho al debido proceso con ocasión de su vinculación en sede de revisión y solicitó la nulidad de lo actuado. Al respecto, debe recordarse que el trámite de las nulidades en el marco de la acción de tutela se rige por los Decretos 2591 y 2067 de 1991. En particular, el artículo 49 de este último decreto dispuso que las irregularidades que impliquen una vulneración del debido proceso pueden tener como consecuencia la declaración de la nulidad del trámite. 28. Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido dos tipos de nulidades: (i) las procesales, que se presentan antes de que esta Corporación profiera sentencia y que, por ello, pueden resolverse mediante auto o en la misma decisión; y (ii) las que surgen directamente de la sentencia proferida por la Corte, cuyo incidente debe ser resuelto por la Sala Plena. Además, esta Corporación ha señalado que las nulidades pueden configurarse cuando se presenta alguna de las causales previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso [34] , se desconocen las reglas procesales establecidas en los Decretos 2591 y 2067 de 1991 o se vulneran las garantías consagradas en el artículo 29 de la Constitución. 29. Así las cosas, cuando la Corte observa durante el trámite de revisión la ocurrencia de alguno de estos escenarios, pueden adoptarse las siguientes alternativas: declarar la nulidad y devolver la actuación al momento anterior al vicio que afectó la validez del trámite o sanear la nulidad e inaplicar sus efectos para proferir una decisión de fondo, cuando, en las circunstancias particulares del caso, resulte más gravoso para la parte accionante devolver el expediente para rehacer el trámite. 30. En este contexto, la indebida integración del contradictorio no implica, por sí sola, la invalidación del trámite ni obliga al juez de segunda instancia o a la Corte a retrotraer las actuaciones en todos los casos. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la nulidad puede entenderse subsanada y el trámite de revisión continuar, siempre que: (i) existan circunstancias que hagan urgente y necesario un pronunciamiento judicial; (ii) estén comprometidos los derechos fundamentales de personas en situación de indefensión o vulnerabilidad; y (iii) no se trate de terceros excluyentes o de accionados obligados directamente a satisfacer los derechos presuntamente vulnerados [35] . De allí que resulte necesario verificar si en el caso concreto se cumplen los requisitos que permiten la vinculación excepcional en sede de revisión y, de ser procedente, el saneamiento de la nulidad. 31. En el presente asunto se cumplen los presupuestos que, según la jurisprudencia constitucional, permiten sanear la indebida integración del contradictorio en sede de revisión sin que ello implique declarar la nulidad del trámite. En efecto, la acción de tutela involucra la posible afectación de los derechos fundamentales a la salud, al trabajo y a la seguridad social de la accionante, quien es sujeto de especial protección constitucional por su condición de salud y por su reciente desvinculación laboral, circunstancias que evidencian una situación de alta vulnerabilidad. Por ello, retrotraer la actuación para integrar el contradictorio implicaría una dilación injustificada que podría agravar su situación de desprotección, en contravía de los principios de celeridad, economía procesal e informalidad que orientan la acción de tutela. 32. Asimismo, Porvenir S.A. no ostenta la calidad de tercero con interés excluyente ni constituye el principal obligado a satisfacer las pretensiones formuladas en la acción de tutela. En efecto, las solicitudes de la accionante se dirigen principalmente a dejar sin efectos la declaratoria de vacancia por abandono del cargo, con el consecuente reintegro, así como a garantizar la continuidad de la atención en salud. Estos asuntos comprometen directamente a las entidades accionadas, en su condición de empleadoras o responsables del proceso administrativo cuestionado, así como a la EPS o ARL, según corresponda de acuerdo con el origen de la enfermedad. En este contexto, la participación de Porvenir se limita a aspectos relacionados con la eventual valoración de la pérdida de capacidad laboral o el pago de incapacidades, sin que ello la convierta en la principal destinataria de las órdenes reclamadas. 33. Finalmente, aunque Porvenir S.A. no fue vinculada en las instancias previas, en sede de revisión pudo ejercer plenamente su derecho de defensa, pronunciarse sobre los hechos y plantear las solicitudes que consideró pertinentes, como la nulidad y la falta de legitimación en la causa por pasiva. Por ello, no se advierte una afectación sustancial del debido proceso que justifique invalidar el trámite, de modo que su vinculación en esta instancia resulta una medida excepcional y proporcionada para garantizar la eficacia de los derechos fundamentales presuntamente comprometidos. 34. Superado este asunto procesal, la Corte procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos generales de la acción de tutela, como presupuesto necesario para abordar el estudio de fondo de las pretensiones formuladas. 3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela 35. La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución, es un mecanismo judicial preferente y sumario destinado a la protección inmediata de los derechos fundamentales. Esta procede cuando no existen otros mecanismos de defensa judicial idóneos y efectivos o cuando resulta necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. En ese contexto, antes de definir el problema jurídico que deberá resolver la Sala, es necesario determinar si el caso objeto de estudio reúne los requisitos de legitimación en la causa por activa [36] y por pasiva [37] , inmediatez [38] y subsidiariedad [39] . 36. En primer lugar, se encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa por activa de Martha , quien actúa en defensa de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados con ocasión de la declaratoria de vacancia por abandono del cargo. Asimismo, se encuentra acreditada la legitimación por activa respecto del menor de edad Álvaro , dado que la acción fue promovida por su madre, quien ejerce su representación legal [40] . Al respecto, la Corte ha señalado que los padres están legitimados para promover acciones de tutela en defensa de los derechos fundamentales de sus hijos menores de edad, en atención al carácter prevalente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes previsto en el artículo 44 de la Constitución Política. 37. En segundo lugar, la Sala encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa por pasiva de la mayoría de las entidades accionadas y vinculadas. En efecto, Sanitas EPS y la ARL Positiva son las entidades encargadas de garantizar la prestación de los servicios de salud requeridos por la accionante, y de adelantar las actuaciones relacionadas con la atención de las contingencias derivadas de sus condiciones de salud física y mental, según el origen de la enfermedad [41] . 38. Por su parte, la actual Juez Penal del Circuito de Ambar , el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y las entidades de la Rama Judicial [42] accionadas tienen relación directa con las actuaciones administrativas y laborales cuestionadas por la accionante, particularmente aquellas relacionadas con el trámite de declaratoria de vacancia por abandono del cargo, así como el trámite de las denuncias de acoso laboral y las solicitudes de traslado, reubicación y trabajo en casa. Igualmente, se encuentra acreditada la legitimación por pasiva respecto del exfuncionario judicial, Carmelo , y de la secretaria del despacho, Angélica , en la medida en que la accionante les atribuye conductas relacionadas con los presuntos hechos de persecución y acoso laboral que habrían incidido en el deterioro de su estado de salud y en las actuaciones administrativas posteriores. 39. A su vez, el Ministerio del Trabajo se encuentra legitimado por pasiva, dado que tiene competencias relacionadas con la autorización del retiro o desvinculación de personas en condición de debilidad manifiesta por razones de salud [43] . Asimismo, Porvenir S.A. también se encuentra legitimada en la causa por pasiva, pues la accionante se encontraba afiliada a dicha administradora y en el expediente obran elementos relacionados con el trámite de incapacidades prolongadas, así un concepto favorable de rehabilitación emitido por la EPS, circunstancias que podrían dar lugar a una eventual valoración de pérdida de capacidad laboral. 40. Finalmente, aunque la acción también fue dirigida contra la Fiscalía General de la Nación, la Sala advierte que las pretensiones de la demanda no cuestionan una actuación concreta atribuible a dicha entidad ni identifican una conducta específica relacionada directamente con la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, la Fiscalía carece de legitimación en la causa por pasiva dentro del presente trámite constitucional y, por tanto, será desvinculada del proceso. 41. En tercer lugar, la Sala considera satisfecho el requisito de inmediatez . El Juzgado Penal del Circuito de Ambar declaró la vacancia del cargo de oficial mayor ocupado por la accionante mediante la Resolución Azul del 5 de diciembre de 2024, y la acción de tutela fue presentada el 9 de diciembre siguiente. Así, entre la expedición del acto administrativo y la interposición del amparo transcurrieron únicamente cuatro días. 42. En cuarto lugar, la Sala encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad . Por regla general, la acción de tutela no constituye el mecanismo principal para controvertir decisiones relacionadas con la estabilidad laboral reforzada, pues el ordenamiento jurídico prevé mecanismos judiciales ordinarios para resolver este tipo de controversias. No obstante, el amparo procede excepcionalmente cuando dichos mecanismos no resultan idóneos o eficaces para brindar una protección oportuna y efectiva de los derechos fundamentales comprometidos, circunstancia que debe valorarse a partir de las condiciones particulares del caso [44] . 43. En ese contexto, la Corte ha señalado que el análisis del requisito de subsidiariedad debe flexibilizarse cuando la acción de tutela es promovida por sujetos de especial protección constitucional, como las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta por razones de salud, pues en tales eventos las circunstancias particulares del accionante pueden tornar ineficaces los mecanismos judiciales ordinarios para brindar una protección oportuna e integral de los derechos fundamentales comprometidos [45] . Bajo ese entendido, corresponde establecer si, a la luz de las circunstancias del caso concreto, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ofrece una protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales invocados. 44. En el presente asunto, aunque la accionante contaba con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para controvertir la Resolución Azul del 5 de diciembre de 2024, mediante la cual se declaró la vacancia de su cargo por abandono, lo cierto es que dicho mecanismo no resulta idóneo ni eficaz para brindar una protección integral y oportuna a los derechos fundamentales invocados. En efecto, la señora Martha acredita encontrarse en una situación de debilidad manifiesta derivada de sus condiciones de salud física y mental. En el expediente obran múltiples incapacidades médicas durante los años 2023 y 2024, hospitalizaciones por crisis psiquiátricas y diagnósticos de trastorno de ansiedad generalizada, depresión, trastorno afectivo bipolar y estrés laboral. Además, sus médicos tratantes recomendaron medidas de reubicación laboral y trabajo en casa, ante el impacto que el entorno laboral generaba sobre su salud. 45. Asimismo, durante el trámite de revisión la Sala advirtió dificultades para establecer una comunicación clara con la accionante y para obtener información precisa sobre sus condiciones actuales, pues, aunque remitió más de 75 correos electrónicos a esta Corporación, el material aportado carece de elementos de contexto suficientes que permitan identificar con coherencia su contenido, alcance o relación concreta con los hechos objeto de análisis en el presente trámite. Por esta razón, la Corte solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo para que adelantara gestiones de ubicación y contacto, realizara visitas a su lugar de residencia y le brindara acompañamiento integral y permanente, con el fin de facilitar el ejercicio de sus derechos, asegurar su intervención efectiva en el trámite constitucional y apoyar la atención de los requerimientos probatorios formulados por esta Corporación [46] . 46. Adicionalmente, la controversia planteada no se limita a un debate de mera legalidad sobre un acto administrativo, sino que involucra la posible vulneración de derechos fundamentales por la presunta omisión de valorar adecuadamente la situación médica de la accionante antes de declarar la vacancia de su cargo, así como de la eventual inobservancia de las garantías asociadas a la estabilidad laboral reforzada por razones de salud y de las recomendaciones emitidas por sus médicos tratantes. En ese contexto, y teniendo en cuenta las condiciones de salud de la accionante, la necesidad de garantizar la continuidad de los tratamientos médicos, la posible afectación de su mínimo vital y las repercusiones que esa situación podría generar respecto de su hijo menor de edad, exigirle acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo resultaría desproporcionado, pues dicho mecanismo no ofrece una respuesta integral y oportuna para la protección de los derechos fundamentales cuya vulneración se alega [47] . 47. Por otra parte, respecto de las pretensiones relacionadas con la garantía y continuidad de los servicios de salud requeridos por la accionante, la Sala observa que, si bien el ordenamiento jurídico prevé un mecanismo jurisdiccional ante la Superintendencia Nacional de Salud para resolver determinadas controversias relacionadas con la prestación de servicios y tecnologías en salud, la Corte ha precisado que dicho mecanismo no se entenderá como un medio idóneo y eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud mientras persistan las dificultades estructurales identificadas en la Sentencia SU-508 de 2020. En consecuencia, la acción de tutela constituye el mecanismo judicial adecuado para garantizar de manera oportuna el derecho fundamental a la salud [48] . 48. Finalmente, aunque la acción de tutela fue promovida también en representación del hijo menor de edad de la accionante, la Sala no efectuará un análisis autónomo de sus derechos fundamentales. Lo anterior, puesto que su situación particular fue objeto de verificación por las autoridades competentes en el marco del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos adelantado por el ICBF, el cual culminó con su reintegro al medio familiar paterno mediante Resolución del 28 de julio de 2025, homologada por el Juzgado Cuarto de Familia de Villavicencio mediante decisión del 5 de septiembre de 2025 [49] . Según el informe interdisciplinario de seguimiento al PARD del 19 de noviembre de 2025, el niño reside actualmente en condiciones adecuadas con su progenitor y mantiene contacto frecuente y estable con su madre [50] . En consecuencia, la Sala limitará el examen constitucional a determinar la eventual incidencia que las actuaciones cuestionadas pudieron tener sobre los derechos del menor como consecuencia de la situación laboral y prestacional de la accionante, sin reabrir el análisis de su situación particular, ya valorada por las autoridades competentes. 49. En suma, la Sala concluye que, dadas las circunstancias particulares del presente asunto, los mecanismos judiciales ordinarios no resultan idóneos ni eficaces para brindar una protección integral y oportuna de los derechos fundamentales invocados. Por ello, se satisfacen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, lo que habilita un pronunciamiento de fondo por parte del juez constitucional. 4. Problema jurídico y metodología 50. En el presente asunto, le corresponde a la Corte revisar la acción de tutela promovida por Martha y, en particular, las actuaciones adelantadas por la Rama Judicial que culminaron con la desvinculación de la accionante de un cargo de carrera administrativa. Para ello, deberá tener en cuenta las circunstancias particulares en las que se produjo dicha desvinculación, entre ellas, la situación de salud mental alegada por la accionante y su condición de madre de un menor de edad, así como las actuaciones desplegadas por las autoridades para atender su situación y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de administración de justicia. Asimismo, esta Corporación deberá analizar las garantías asociadas a la prestación de los servicios de salud, la continuidad de los tratamientos médicos requeridos y los demás derechos relacionados con dichas circunstancias. Finalmente, examinará las situaciones de amenaza y persecución puestas en conocimiento por la accionante ante distintas autoridades. 51. Con fundamento en lo anterior, corresponde a la Corte resolver los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿Vulneraron las entidades accionadas los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y a la estabilidad laboral reforzada de Martha , con ocasión de las actuaciones adelantadas frente a su situación de salud en el ámbito laboral y de la posterior declaratoria de vacancia por abandono del cargo, en un contexto en el que debía armonizarse la protección de sus derechos con la continuidad y eficiencia de la prestación del servicio público de administración de justicia? (ii) ¿Vulneraron el Juzgado Penal del Circuito de Ambar y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el derecho fundamental al debido proceso de Martha , con ocasión del trámite administrativo de declaratoria de vacancia por abandono del cargo? (iii) ¿Vulneraron las entidades accionadas los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital de Martha , con ocasión de las actuaciones adelantadas respecto de la continuidad de la atención en salud, la determinación del origen de sus patologías, la calificación de la pérdida de capacidad laboral y el reconocimiento de las prestaciones económicas derivadas de su estado de salud? 52. En esa línea, el análisis del presente asunto exige determinar si las entidades accionadas cumplieron los deberes de prevención, atención y acompañamiento derivados de las condiciones de salud física y mental de la accionante en el ámbito laboral, así como con las garantías frente al debido proceso en el marco de la declaratoria de vacancia por abandono del cargo y la estabilidad laboral reforzada. Además, exige determinar las consecuencias de ello frente a los derechos a la salud, seguridad social y mínimo vital de la accionante y, en lo pertinente, los efectos que dicha situación pudo generar respecto de su hijo menor de edad. Ello, en el contexto de la prestación del servicio de administración de justicia. 53. Para resolver el problema jurídico planteado, la Corte se referirá a: (i) el modelo social de la discapacidad y la inclusión laboral de las personas con afectaciones de salud mental ; (ii) las obligaciones de los empleadores y de las entidades del Sistema de Seguridad Social frente a la garantía del derecho fundamental a la salud mental ; (iii) la seguridad social y los derechos derivados de las incapacidades laborales ; (iv) el derecho a la estabilidad laboral reforzada en cargos de carrera administrativa y su armonización con la continuidad y eficiencia del servicio público de administración de justicia; y (v) el derecho al debido proceso administrativo en el marco de la declaratoria de vacancia por abandono del cargo. Con fundamento en estas consideraciones, la Sala resolverá el caso concreto. 5. El modelo social de la discapacidad y la inclusión laboral de las personas con discapacidad psicosocial y de quienes presentan afectaciones [51] de salud mental [52] 54. Para comenzar, es pertinente recordar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada al ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 1346 de 2009, introdujo un cambio de paradigma en la comprensión de la discapacidad, al transitar del modelo tradicional médico-rehabilitador al modelo social de la discapacidad. 55. La Corte ha explicado que el modelo tradicional médico-rehabilitador concebía la discapacidad como una anomalía individual que debía ser corregida o normalizada, lo que históricamente condujo a la exclusión de estas personas de distintos espacios sociales y laborales. En contraste, el modelo social de la discapacidad parte de dos presupuestos fundamentales: (i) las personas en situación de discapacidad “son titulares indiscutibles de la dignidad humana” [53] y (ii) la discapacidad “es generada por factores sociales y estructurales que deben ser modificados para asegurar el goce de los derechos en igualdad de condiciones” [54] . 56. Desde esta perspectiva, la discapacidad deja de entenderse exclusivamente como una condición individual y pasa a concebirse como el resultado de la interacción entre las personas y las barreras físicas, sociales, culturales e institucionales que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad. En palabras de la Corte, “no son las limitaciones individuales las raíces del problema, sino las limitaciones de la propia sociedad para prestar servicios apropiados y para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas en situación de discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social” [55] . Por ello, el modelo social de la discapacidad exige al Estado y a la sociedad remover dichas barreras y adoptar acciones afirmativas, mecanismos de accesibilidad y ajustes razonables orientados a garantizar la autonomía, inclusión y participación efectiva de las personas en situación de discapacidad. 57. Una de las principales manifestaciones del modelo social de la discapacidad se proyecta en el derecho al trabajo, pues constituye un escenario esencial de inclusión e integración social para las personas con discapacidad [56] . En esa línea, los artículos 13, 47 y 54 de la Constitución Política imponen al Estado el deber de promover condiciones de igualdad real y efectiva, adelantar políticas de integración social y garantizar el acceso al trabajo de las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Así, el derecho al trabajo de esta población [57] no se agota en el acceso formal al empleo, sino que exige la adopción de medidas concretas orientadas a garantizar condiciones laborales accesibles, inclusivas y compatibles con sus necesidades particulares. 58. En este contexto, tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como la Constitución Política y la legislación interna [58] –en particular, la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y la Ley 1996 de 2019– imponen al Estado y a los empleadores el deber de implementar ajustes razonables orientados a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de esta población en condiciones de igualdad. 59. La Corte Constitucional ha definido dichos ajustes como “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida” [59] y que resultan necesarias para asegurar a las personas con discapacidad el goce efectivo de sus derechos fundamentales. Estos ajustes pueden comprender, entre otras medidas, la modificación de cargas laborales, cambios de funciones, flexibilización de horarios, adecuación del entorno de trabajo, trabajo remoto, acompañamiento institucional o cualquier otra adaptación razonable que permita remover las barreras que afectan el desempeño y la permanencia laboral de la persona con discapacidad. 60. La ausencia de ajustes razonables constituye una forma de discriminación, particularmente cuando el empleador conoce la situación de salud física o mental del trabajador y omite adoptar medidas orientadas a garantizar su inclusión efectiva y su permanencia, desconociendo así los mandatos constitucionales de igualdad material, dignidad humana y trabajo en condiciones dignas y justas [60] . Por ello, las entidades p