Sentencia T-278 de 2026

T-278-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA T-278 DE 2026 Referencia : expediente T-11673117 Asunto: acción de tutela presentada por Graciela Esmeralda Lucero Hernández, en su calidad de alcaldesa del municipio de Puerres (Nariño), y Jorge Albeiro Cuaran, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Monopamba, quienes actúan en representación de las personas adultas mayores habitantes de Puerres (Nariño), Monopamba y sus veredas aledañas, contra el Departamento de Prosperidad Social, el Banco Agrario y SuRed. Magistrada ponente: Natalia Ángel Cabo. Bogotá D. C., 28 de agosto de 2026. La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Natalia Ángel Cabo -quien la preside-, y por los magistrados Héctor Alfonso Carvajal y Carlos Camargo Assis, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y en los artículos 32 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA. La decisión se adopta dentro del proceso de revisión de la sentencia del 7 de octubre de 2025, mediante la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales revocó el fallo del primero de septiembre de 2025, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerres. Tabla de contenido I. SINTESIS DE LA DECISIÓN .. 2 II. ANTECEDENTES . 2 2.1 Hechos y pretensiones . 2 2.2 Respuestas a la acción de tutela . 6 2.3 Fallos de tutela objeto de revisión . 7 III. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN .. 8 IV. CONSIDERACIONES . 10 4.1 Competencia . 10 4.2 Consideración preliminar: carencia actual de objeto . 10 4.3 Procedibilidad de la acción de tutela . 13 4.4 Delimitación del problema jurídico a resolver y metodología de la decisión . 19 4.5 La transición demográfica en Colombia: las diferentes experiencias de la vejez en Colombia 20 4.6 La política pública de vejez y de envejecimiento en Colombia . 30 4.6.1 Evolución de la política pública de vejez en Colombia . 31 4.6.3 La política pública de vejez en Colombia: avances, retos y perspectivas . 39 4.7 El programa Colombia Mayor . 44 4.7.1 ¿Qué es el programa Colombia Mayor? . 44 4. 7. 2 ¿Cómo funcionan las transferencias monetarias en el Programa Colombia Mayor? . 46 4.7.3 La arquitectura institucional del Programa Colombia Mayor . 47 5 CASO CONCRETO .. 49 5.1 La situación de los beneficiarios del programa mayor en Puerres y en Monopamba . 50 5.2 Análisis de las actuaciones de las entidades accionadas . 55 5.2.1 Análisis de las actuaciones del Banco Agrario. 55 5.2.2 Análisis de las actuaciones del DPS . 58 5.2.3 Análisis de las actuaciones del aliado SuRed . 59 5.3 Criterios orientadores para el Programa Colombia Mayor . 63 5.4 Lineamientos para implementar la política pública de vejez en Colombia . 65 5.5 Conclusión y remedios constitucionales . 70 RESUELVE .. 74 I. SINTESIS DE LA DECISIÓN En este caso, la Corte decidió la acción de tutela formulada por personas mayores beneficiarias del subsidio Colombia Mayor que habitan el municipio de Puerres, Nariño, y algunos de sus corregimientos, como Monopamba, contra el Departamento de Prosperidad Social (DPS). La vulneración de los derechos fundamentales estaba relacionada con los puntos de pago del subsidio, pues su ubicación y sus condiciones de accesibilidad impedían que las personas mayores pudieran reclamar la prestación. Así, por ejemplo, los habitantes de las zonas rurales se vieron obligados a realizar trayectos de hasta tres horas por vías en malas condiciones para poder acceder al subsidio. Por su parte, quienes acudían al punto de pago ubicado en el casco urbano soportaban largas filas y permanecían durante varias horas expuestos a condiciones climáticas adversas. En el examen de este asunto, la Corte constató que las dificultades enfrentadas por los accionantes no se derivaban únicamente de las condiciones de la red de pago del subsidio, sino que eran un reflejo de un problema más amplio relacionado con la manera en que la institucionalidad comprende y responde a la vejez en Colombia. Por esta razón, la sentencia incorporó una reflexión sobre la transición demográfica que atraviesa el país, sus principales características y la necesidad de reconocer que el envejecimiento se experimenta de manera diferenciada según factores como el género, la discapacidad, la ruralidad y las condiciones socioeconómicas. En este contexto, la Corte examinó el desarrollo de la política pública de envejecimiento y vejez en Colombia, así como los desafíos que enfrenta ante el progresivo envejecimiento de la población. Igualmente, analizó el funcionamiento del programa Colombia Mayor, que representa uno de los principales sustentos para las personas mayores en situación de pobreza en el país. Al resolver el caso concreto, la Corte amparó los derechos fundamentales de las personas mayores de Puerres y sus corregimientos, incluido Monopamba. Concluyó que las entidades responsables no utilizaron las alternativas disponibles para garantizar que el pago del subsidio fuera accesible y respondiera a las condiciones territoriales y a las necesidades particulares de los beneficiarios. Esta omisión vulneró sus derechos, pues trasladó a una población objeto de especial protección las cargas derivadas de la organización administrativa y contractual del programa. Por último, la sentencia destacó que el envejecimiento no es una realidad ajena ni exclusiva de quienes hoy son personas mayores, sino una experiencia que nos concierne a todos en la sociedad colombiana. Así, se enfatizó que el trato que una sociedad le otorga a las personas mayores refleja, en buena medida, la imagen con la que concibe su propio futuro. A partir del análisis realizado, la Corte adoptó una serie de medidas dirigidas a fortalecer la información sobre la población mayor, la coordinación interinstitucional y la implementación efectiva de la política pública de envejecimiento y vejez en Colombia. II. ANTECEDENTES 2.1 Hechos y pretensiones 1. El Municipio de Puerres, en el Departamento de Nariño, cuenta con un total de mil noventa y siete (1097) personas mayores que se benefician del Programa Colombia Mayor [1] . Este programa tiene como finalidad fortalecer la protección de las personas mayores mediante la entrega de un subsidio económico dirigido a quienes se encuentran en situación de desamparo, carecen de pensión o viven en condiciones de pobreza extrema. 2. En el escrito de tutela, los accionantes manifestaron que los pagos de dicho subsidio se realizaban tradicionalmente a través de una entidad que disponía de puntos de atención tanto en el casco urbano de Puerres como en corregimientos cercanos, entre ellos Monopamba [2] . No obstante, la parte accionante señaló que el 30 de abril de 2025 la Dirección Regional de Nariño del Departamento de Prosperidad Social (DPS) informó, mediante correo electrónico, que el nuevo aliado del Banco Agrario- contratista del DPS- sería el operador SuRed, el cual únicamente cuenta con un punto de pago en la cabecera municipal [3] . 3. La alcaldesa del municipio y el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Monopamba indicaron que cerca de cien personas mayores residentes en el corregimiento de Monopamba y sus veredas aledañas se han visto afectadas por esta medida, pues en estas zonas no existe un punto de pago habilitado. En consecuencia, los accionantes manifestaron que los beneficiarios deben desplazarse aproximadamente dos horas para acceder al subsidio y asumir los costos de transporte, lo que les genera cargas económicas adicionales y dificultades significativas de movilidad. 4. Tras la medida adoptada por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), el 1 de mayo de 2025 la Alcaldía de Puerres envió a dicha entidad el oficio 257 en el que presentó su inconformidad respecto del cambio de operador de pagos [4] . La Alcaldía indicó que muchas de las personas mayores que residen en los corregimientos cercanos al Municipio de Puerres enfrentan dificultades significativas para acceder a los servicios de la empresa SuRed, pues esta no cuenta con sucursales en muchos puntos de la región. Por esta razón, la administración municipal solicitó a la entidad que considerara un cambio del aliado por una empresa diferente que cuente con puntos asequibles en los corregimientos. 5. Así mismo, el 6 de mayo de 2025, la Alcaldía de Puerres presentó una petición a la Dirección Regional en Nariño del DPS mediante la cual insistió en que otra empresa fuera designada como operadora para el pago del subsidio al adulto mayor [5] . La administración municipal señaló que, para las personas mayores residentes en los corregimientos cercanos al municipio, desplazarse hasta la cabecera municipal para acudir a los puntos autorizados resulta especialmente gravoso, pues el transporte tiene un costo aproximado de treinta mil pesos ($30.000) por trayecto. En ese sentido señaló que dicho gasto representa una carga económica significativa que, en la práctica, reduce el monto efectivo del subsidio recibido y afecta los derechos de la población mayor, ya que la suma del subsidio de Colombia Mayor, para menores de ochenta años es de 80 mil pesos ($80.000) y para mayores de 80 años es de doscientos veinticinco mil pesos ($225.000). 6. El 10 de mayo de 2025, la Alcaldía de Puerres remitió de nuevo una comunicación al DPS en la que expresó su inconformidad frente a las condiciones de accesibilidad del punto de pago de SuRed habilitado para la entrega del subsidio del Programa Colombia Mayor. En particular, advirtió la ausencia de una rampa y las dificultades de acceso a las instalaciones, lo que limita el uso del servicio por parte de personas mayores y, especialmente, de aquellas con movilidad reducida. Para demostrar esta situación la Alcaldía accionante envió las siguientes imágenes: 7. Del mismo modo, la Alcaldía cuestionó la exigencia impuesta por la empresa SuRed de utilizar un formato específico de poder notarial para la gestión de los pagos en dicho punto. Al respecto, la entidad territorial indicó que se presentaron dos situaciones problemáticas. (i) El 2 de mayo de 2025, la empresa SuRed manifestó que la política actualmente aplicable consiste en que “todas las personas que presenten poder especial, ya sea otorgado ante notaría o juez, deberán realizar el cobro en el Banco Agrario” [6] . Esto implica que no se admite la “firma a ruego” ni otros mecanismos de representación, lo cual afecta particularmente a los beneficiarios que no saben firmar o no pueden hacerlo debido a su avanzada edad, quienes se ven obligados a recurrir a dicha modalidad para ejercer sus derechos. (ii) El 10 de mayo de 2025, en la empresa SuRed se agotó el dinero en efectivo disponible aproximadamente a las 11:00 a. m., lo que obligó a varios beneficiarios -quienes habían asumido gastos de transporte para acudir al punto de pago- a regresar a sus hogares sin recibir el dinero correspondiente. 8. En consecuencia, la Alcaldía solicitó reconsiderar las medidas relacionadas con las formalidades notariales y permitir el uso de formatos de poder más accesibles y sencillos, o bien implementar alternativas que faciliten el trámite para los beneficiarios y garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos. 9. El 4 de junio de 2025, la Alcaldía de Puerres elevó una cuarta solicitud, pero esta vez ante el coordinador del Programa Colombia Mayor y al presidente nacional del Banco Agrario para que se garantizara la realización de los pagos del subsidio en el corregimiento de Monopamba a través de otra empresa [7] . Al respecto, la entidad explicó más en detalle que dicho corregimiento se encuentra ubicado a aproximadamente dos horas de la cabecera municipal, lo que dificulta el acceso y obliga a los beneficiarios a asumir un costo de transporte cercano a los sesenta mil pesos ($60.000), suma que resulta especialmente onerosa para los beneficiarios del subsidio Colombia Mayor que, para menores de ochenta años es de 80 mil pesos ($80.000)y para mayores de 80 años es de doscientos veinticinco mil pesos ($225.000). La Alcaldía también indicó que el cambio de operador de pagos afectó a 102 personas residentes en los corregimientos, y envió un listado con sus nombres. 10. El 5 de junio de 2025 el Departamento de Prosperidad Social (DPS) emitió respuesta a la solicitud de la Alcaldía del Municipio de Puerres [8] . La entidad manifestó que resulta improcedente la contratación del anterior operador, ya que existe un contrato vigente con el nuevo prestador de pagos. A su vez, el Banco Agrario indicó [9] que, de conformidad con el contrato suscrito con el Departamento de Prosperidad Social, los pagos del programa se realizarían en las cabeceras municipales, con fundamento en la información de ubicación suministrada por los beneficiarios al momento de su inscripción. 11. El 11 de julio de 2025, la Alcaldía del Municipio de Puerres profirió el Decreto 109, por medio del cual declaró la situación de calamidad pública en el corregimiento de Monopamba del municipio de Puerres [10] . En dicho acto se explicó que la calamidad fue desencadenada por las intensas precipitaciones registradas en ese periodo y se estableció el plan de acción que debía adoptar la autoridad municipal para atender la emergencia. 12. Ante esta situación, el 22 de agosto de 2025, la señora Graciela Esmeralda Lucero Hernández, en su calidad de alcaldesa del Municipio de Puerres, y el señor Jorge Albeiro Cuaran, como presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Monopamba, interpusieron acción de tutela contra el Departamento de Prosperidad Social, el Banco Agrario de Colombia y a SuRed. En el escrito de tutela solicitaron la protección de los siguientes derechos fundamentales: dignidad humana en la vejez, igualdad, accesibilidad, movilidad personal, mínimo vital y a una vida en condiciones dignas y a la protección especial del adulto mayor de las personas mayores habitantes de esa región, los cuales consideran vulnerados por las entidades accionadas con ocasión de las dificultades en el acceso al pago del subsidio del programa Colombia Mayor. 13. En tal sentido, los accionantes solicitaron, como medida provisional, que se ordene al DPS, al Banco Agrario de Colombia y al operador SuRed disponer y habilitar, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, un punto de pago extendido en el corregimiento de Monopamba, con el fin de garantizar que las personas mayores beneficiarias del programa Colombia Mayor reciban efectivamente el subsidio al que tienen derecho. Asimismo, pidieron ordenar a las entidades accionadas la implementación inmediata de medidas que aseguren el acceso al punto de pago de SuRed ubicado en el casco urbano del municipio de Puerres, en particular mediante la construcción de una rampa que permita un ingreso seguro y accesible para las personas mayores. Finalmente, solicitaron que se ordene a las accionadas abstenerse de interrumpir el pago del subsidio y garantizar su entrega de manera continua e ininterrumpida. 14. El 4 de mayo de 2026, en respuesta a un requerimiento de la Corte, la Alcaldía de Puerres señaló que, actualmente existe un punto de pago habilitado en el corregimiento de Monopamba operado por SuperGIROS. Sin embargo, la alcaldía también señaló que esa medida no constituye una solución estructural ni definitiva, pues la presencia del operador de pago en el territorio depende de condiciones contractuales y operativas que normalmente no tienen en cuenta su situación. 15. En el mismo sentido, el Banco Agrario informó que para el año 2026 no tiene a cargo la operación de pago  y que, por lo tanto, no tiene la facultad para determinar los puntos de pago que en la actualidad tiene el municipio de Puerres y sus corregimientos aledaños. 2.2 Trámite de la acción de tutela 16. El 22 de agosto de 2025 el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerres admitió la acción de tutela. La autoridad judicial ordenó al presidente de la Junta de Acción Comunal acreditar, dentro de los dos días siguientes, la calidad en la que actuaba y dispuso que las entidades accionadas se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela dentro del mismo término. 17. El 26 de agosto de 2026, la representante legal de la empresa SuRed envió su contestación a la tutela. Sostuvo que cuenta con cobertura nacional y que, según sus registros del último periodo de pagos, alcanzó un nivel de cumplimiento del 90 % en el municipio de Puerres, lo cual demuestra la idoneidad de su gestión contractual. Asimismo, la accionada negó haber incurrido en tratos discriminatorios. 18. El 26 de agosto de 2026, el DPS allegó su contestación a la acción de tutela [11] . En primer lugar, la entidad señaló que dio respuesta oportuna y de fondo a la Alcaldía de Puerres, en cumplimiento del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. En segundo lugar, la accionada alegó que la tutela es improcedente porque existen otros mecanismos administrativos y judiciales idóneos para controvertir su actuación. De igual forma, explicó los parámetros del programa Colombia Mayor, indicando los montos de las transferencias y su facultad para definir el mecanismo de dispersión de los recursos. 2.3 Fallos de tutela objeto de revisión 19. El primero de septiembre de 2025, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerres profirió sentencia de primera instancia [12] . La autoridad judicial concluyó que el cambio de operador generó obstáculos administrativos que el DPS no mitigó adecuadamente, al no adoptar medidas acordes con las condiciones de la población rural. Por esta razón amparó los derechos de los accionantes y ordenó al DPS y al Banco Agrario garantizar el pago del subsidio directamente en ese corregimiento. Además, ordenó a SuRed adoptar medidas para asegurar el acceso seguro de las personas mayores con movilidad reducida o en situación de discapacidad a su punto de pago. 20. El 3 de septiembre de 2025, el Banco Agrario de Colombia S.A. impugnó la decisión de primera instancia [13] . La entidad sostuvo que el juez de primera instancia concedió un término de apenas dos días para la instalación de un punto de pago, lo cual, a su juicio, desconoce la complejidad logística que ello implica, tanto en el plano administrativo como financiero y contractual, pues requiere adecuaciones legales y operativas para garantizar un servicio seguro y eficiente en la entrega de los giros. 21. El 7 de octubre de 2025, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales resolvió la impugnación y revocó el fallo de primera instancia para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela [14] . La autoridad judicial concluyó que no se acreditó la legitimación en la causa por activa de la Alcaldía de Puerres ni del presidente de la junta de acción comunal, pues no se evidenció que existiera una autorización expresa de las personas mayores para acudir directamente a la tutela. III. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN 22. El asunto llegó a la Corte Constitucional en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, que establece la obligación de remitir el expediente de tutela a esta Corporación para su eventual revisión. A través del auto de 18 de diciembre de 2025, la Sala de Selección Número 12 de la Corte Constitucional escogió el expediente referido para su revisión [15] y, por sorteo, le correspondió a la magistrada Natalia Ángel Cabo la elaboración de la ponencia. El 23 de enero siguiente, la Secretaría remitió el expediente de la referencia al despacho de la magistrada sustanciadora para el trámite correspondiente. 23. Auto de pruebas del 25 de febrero de 2026. Con el fin de esclarecer los hechos y contar con mayores elementos de juicio, el despacho sustanciador profirió un auto de pruebas. En respuesta el DPS, el Banco Agrario, SuRed y la Alcaldía de Puerres remitieron la información solicitada sobre la contratación, operación y supervisión del programa Colombia Mayor, así como sobre las condiciones territoriales y las gestiones adelantadas frente a las barreras de acceso al subsidio. Por su parte, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerres allegó los cuestionarios diligenciados por las personas beneficiarias, el registro de asistencia a las jornadas de recolección de información, un registro fotográfico y la relación de beneficiarios del programa. 24. Auto de pruebas de 27 de abril de 2016. Mediante dicha disposición la magistrada sustanciadora profirió un auto mediante el cual solicitó la práctica de pruebas adicionales, con el fin de establecer el estado actual del pago de los subsidios en el municipio de Monopamba y evaluar la eventual adopción de medidas provisionales. El 4 de mayo siguiente la Alcaldía de Puerres señaló que, actualmente existe un punto de pago habilitado en el corregimiento de Monopamba operado por SuperGIROS. 25. Sesión técnica del 8 de mayo de 2025. La Corte Constitucional convocó una sesión técnica porque el caso planteaba interrogantes amplios sobre el diseño e implementación de los programas de protección dirigidos a las personas mayores. En ella participaron beneficiarios del programa Colombia Mayor, organizaciones sociales, entidades públicas competentes, expertos e investigadores en envejecimiento y protección social. 26. A continuación, se presenta una síntesis de las principales intervenciones realizadas durante la sesión, cuyo contenido completo puede consultarse en la grabación disponible en el canal institucional de la Corte Constitucional [16] . Tabla 1. Respuestas de los intervinientes. Interviniente Institución- en calidad de Ideas principales Carmen Amelia Márquez Habitante de Monopamba La señora Marquez se refirió al costo y las dificultades del desplazamiento a Puerres. Señaló que el transporte consume buena parte del subsidio y que las barreras para acceder al pago afectan especialmente a personas con movilidad reducida. Jesús Mena Habitante de Monopamba El señor Mena indicó que la mala situación de las vías, la ausencia de transporte y las fallas del sistema de pago convierten el cobro del subsidio en una carga excesiva para las personas mayores. Alveiro Cuarán Líder comunal de Monopamba El señor Cuarán se refirió a los problemas que viven las personas mayores, y a las dificultades que ha tenido cuando intenta cobrar el subsidio en representación de ellos. Haiver Cabrera Alcaldía de Puerres La Alcaldía presentó la situación en la que se encuentran las vías en el departamento y mostró el estado de los puntos de pago del subsidio Colombia Mayor. Deinedt Castellanos Red Colombiana de Envejecimiento La representante manifestó que la política de vejez debe basarse en derechos y no en asistencialismo; se requieren mecanismos de acceso cercanos y accesibles. Germán Sánchez Vargas Fundación Derechos Mayores El representante de la fundación denunció que existe una brecha entre el reconocimiento normativo de los derechos de las personas mayores y su implementación efectiva. Miguel Antonio Galvis Universidad Internacional de la Tercera Edad El interviniente expuso que los planes territoriales suelen mencionar los derechos de las personas mayores sin traducirlos en acciones concretas. María Conchita Ramírez Red Soy Mayor La interviniente señaló que las barreras de acceso al subsidio son un problema nacional que exige fortalecer la participación y la rectoría de la política pública. Mariana Bohórquez DANE La interviniente explicó que Colombia atraviesa un proceso acelerado de envejecimiento con importantes brechas de género, protección económica y ruralidad. Álvaro Mauricio Rodríguez DPS El interviniente explicó que el programa Colombia Mayor ha ampliado cobertura y montos. También indicó que el contrato prevé mecanismos alternativos como jornadas masivas de pago. Indicó que los criterios de selección se relacionan con cobertura y eficiencia, dentro de los parámetros legales de contratación. Magda Yaneth Alberto Cubillos DNP Es necesario fortalecer la articulación institucional y avanzar hacia una política integral de envejecimiento y vejez. Charlotte Schneider Ministerio de la Igualdad La interviniente señaló que el Ministerio de la Igualdad ha avanzado en la implementación de la Política Pública de Vejez y de Envejecimiento y que en diciembre de 2025 se profirió un Plan de Acción Intersectorial para implementar esta política. Luz María Sánchez Defensoría del Pueblo La interviniente señaló que existen barreras importantes en el cobro del subsidio y que debe haber una mejor coordinación interinstitucional entre la Nación y los territorios. Carlos Alberto Cano Universidad Javeriana La política de vejez debe orientarse a garantizar autonomía, cuidado, salud integral y participación social. Juan Guillermo Rubio HelpAge International El interviniente indicó que el acceso efectivo al subsidio de Colombia Mayor debe cumplir estándares de dignidad, accesibilidad y derechos humanos. Soraya Montoya Fundación Saldarriaga Concha Es necesario territorializar las políticas de envejecimiento y utilizar datos para identificar barreras reales de acceso. Tary Garzón Universidad Militar Nueva Granada La vejez debe entenderse desde un enfoque de trayectoria de vida y no como una etapa aislada o asistencial. 27. El 17 de junio de 2026, la magistrada sustanciadora profirió auto de pruebas en el que requirió al Ministerio de la Igualdad el documento técnico del Plan de Acción Intersectorial de la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031. También solicitó al DPS y al DNP la versión vigente del Manual Operativo del Programa Colombia Mayor y sus anexos técnico. El DPS remitió la información solicitada el 24 de junio de 2026 y el DNP lo hizo el 26 de junio siguiente. IV. CONSIDERACIONES 4.1 Competencia 28. La Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 4.2 Consideración preliminar: carencia actual de objeto 29. En el trámite de la acción de tutela, puede ocurrir que, entre su interposición y el momento en que el juez constitucional profiere sentencia, sobrevengan hechos que impliquen la superación de la vulneración alegada o la consumación del daño invocado. En estos casos, se está en presencia de una carencia actual de objeto que puede configurarse bajo tres escenarios: el hecho superado, el daño consumado y la situación sobreviniente [17] . Tabla 2. Escenarios de la carencia actual de objeto. El hecho superado se configura cuando aquello que buscaba la persona a través de la acción de tutela se cumple antes del pronunciamiento del juez y como consecuencia de una actuación voluntaria de la persona o entidad accionada. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna [18] . El daño consumado tiene lugar cuando aquello que se quería evitar con la acción de tutela ocurre antes del pronunciamiento del juez, de tal forma que la intervención judicial ya no es útil para hacer cesar la vulneración de derechos fundamentales o impedir que se concrete el daño [19] . La Corte ha señalado que, para declarar la carencia de objeto por esta razón, resulta imperativo que el daño sea irreversible, pues respecto a los daños que son susceptibles de ser interrumpidos, retrotraídos o mitigados por una orden judicial, no es dable decretar la carencia de objeto [20] . En otras palabras, el daño consumado supone que la actuación u omisión de la autoridad demandada ha llevado la afectación a un punto en el que el restablecimiento del derecho resulta materialmente imposible [21] . Situación sobreviniente Incluye todos los demás eventos que, sin encajar dentro de alguna de las otras dos categorías, conducen también a que la orden del juez carezca de sentido. Algunas de las hipótesis para que se configure este escenario son: (i) el accionante asumió una carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora de derechos fundamentales; (ii) un tercero, distinto a las partes, logra que la pretensión sea satisfecha en lo fundamental; (iii) el demandante perdió el interés en el resultado de la litis; y (iv) cuando la vulneración o amenaza advertida cesó por el cumplimiento de órdenes dictadas en una providencia judicial, y no es posible retrotraer tal situación [22] . 30. En el presente caso corresponde analizar si se configura una carencia actual de objeto porque durante el trámite de revisión se presentaron modificaciones en las circunstancias fácticas que dieron origen a la acción de tutela. En respuesta al auto del 26 de abril de 2026, los accionantes informaron que, en la actualidad, SuperGiros es el operador encargado de efectuar los pagos y que, por esa razón, la población mayor de Monopamba cuenta nuevamente con un punto de pago habilitado. Estas circunstancias hacen necesario determinar si el pronunciamiento del juez constitucional aún conserva utilidad para hacer cesar una eventual vulneración de derechos fundamentales o prevenir su reiteración. 31. Tras examinar las circunstancias del caso, la Corte concluye que no se configura una carencia actual de objeto que impida un pronunciamiento de fondo. Si bien durante el trámite de la acción variaron algunas de las circunstancias fácticas que sustentaban las pretensiones de la demanda, ello únicamente implica que ciertas solicitudes de acción inmediata perdieron objeto. Sin embargo, esto no significa que se haya configurado una carencia de objeto frente a todas las pretensiones. 32. Situación sobreviniente. En el presente caso se configuró parcialmente una situación sobreviniente. En efecto, durante el trámite de la acción de tutela se produjo un cambio en el esquema contractual dispuesto por el DPS para el pago de las transferencias monetarias, el cual permitió habilitar un punto de pago de SuperGiros en el municipio de Puerres y el corregimiento de Monopamba. Este cambio permitió superar algunas de las barreras que dieron origen a la acción de tutela. Sin embargo, como se explicará a continuación, la situación sobreviniente únicamente satisfizo una de las pretensiones formuladas por los accionantes y no eliminó las demás circunstancias que motivaron la solicitud de amparo. 33. En concreto, los accionantes solicitaron: (i) el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad humana en la vejez, la igualdad, la accesibilidad, la movilidad personal, el mínimo vital y la vida en condiciones dignas; (ii) que se ordenara al Departamento para la Prosperidad Social, al Banco Agrario y a SuRed habilitar, en el término de 48 horas, un punto de pago extendido en el corregimiento de Monopamba, con el fin de garantizar la entrega efectiva del subsidio de Colombia Mayor; (iii) que se adecuara el punto de pago de SuRed ubicado en el casco urbano de Puerres mediante la construcción de una rampa que garantizara el acceso de las personas mayores; y (iv) que se previniera a las entidades accionadas para que, en adelante, garantizaran la continuidad e ininterrupción del pago del subsidio en el corregimiento de Monopamba. 34. Como se puede ver, el cambio en el esquema de contratación permitió adoptar medidas que restablecieron el acceso al pago de las transferencias monetarias y, por tanto no es necesario pronunciarse sobre la habilitación inmediata del punto de pago. En consecuencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto respecto de esta pretensión. Sin embargo, esta circunstancia no permite concluir que la acción de tutela haya perdido íntegramente su objeto por dos razones. 35. En primer lugar, porque las pretensiones de los accionantes no se limitan a obtener una solución coyuntural frente a la ausencia de un punto de pago. También buscan que se adopten medidas que garanticen, de manera continua y efectiva y estructural el acceso de las personas mayores a las transferencias monetarias. En efecto, la Alcaldía de Puerres explicó que, aunque SuperGiros es actualmente el operador encargado de realizar los pagos, esta situación depende del esquema contractual vigente. Por ello, no existe certeza de que en futuros procesos de contratación se seleccione un operador que garantice condiciones adecuadas de acceso para las personas mayores residentes en Puerres y en el corregimiento de Monopamba. 36. En ese sentido, es necesario que la Corte se pronuncie sobre el problema más amplio que plantean las pretensiones: las condiciones de accesibilidad que deben garantizar las entidades responsables del diseño, la contratación y la ejecución de estos programas. Por tanto, para responder a las solicitudes de la tutela, es necesario que la Corte examine los criterios de operación de los esquemas de contratación en estos programas y defina el enfoque que deben tener las autoridades responsables, particularmente frente a los desafíos derivados de la transición demográfica. 37. En segundo lugar, la Corte está facultada para hacer un pronunciamiento sobre las actuaciones de las entidades accionades. En efecto, esta Corporación ha señalado que, aun cuando durante el trámite de la tutela se modifiquen las circunstancias que dieron origen a la solicitud de amparo, puede ser necesario emitir un pronunciamiento de fondo siempre que sea necesario “llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela y tomar medidas para evitar su reiteración; corregir las decisiones judiciales de instancia, en virtud de la función de revisión de los fallos judiciales; o avanzar en la comprensión de un derecho fundamental” [23] . 38. En este caso, el cambio de operador permitió superar la barrera inmediata relacionada con la ausencia de un punto de pago, pero no asegura que las dificultades advertidas no vuelvan a presentarse. Por ello, es necesario determinar si la actuación de las entidades accionadas desconoció los derechos fundamentales invocados y, de ser así, adoptar las medidas necesarias para prevenir que, en futuros esquemas de contratación y pago, las personas mayores vuelvan a enfrentar barreras desproporcionadas para acceder a transferencias destinadas a contribuir a la garantía de su mínimo vital. 39. Hecho superado. Este supuesto no se configura, pues no se observa que las entidades accionadas hayan adoptado voluntariamente alguna medida dirigida a restablecer los derechos fundamentales de los accionantes. Como lo señalaron el Banco Agrario y la Alcaldía de Puerres en el trámite de la acción de tutela, el cambio en los puntos de pago obedeció al desarrollo del proceso de contratación y no a una actuación voluntaria de las entidades accionadas encaminada a superar las barreras que dieron origen a la acción de tutela. En consecuencia, la modificación en la situación de la prestación del servicio no puede atribuirse a una conducta de las accionadas orientada a satisfacer las pretensiones de los accionantes. 40. Daño consumado. Tampoco se configura un daño consumado. La afectación alegada no ha producido consecuencias irreversibles ni ha agotado la posibilidad de restablecer, mediante orden judicial, los posibles derechos comprometidos. Por el contrario, los efectos de la situación cuestionada pueden ser prevenidos, interrumpidos o mitigados mediante la adopción de medidas que orienten la actuación de las entidades demandadas. 41. En efecto, la afectación alegada se relaciona con las condiciones de acceso a una prestación periódica, por lo que las vulneraciones causadas pueden reproducirse o agravarse en el futuro. En consecuencia, no se configura un daño consumado, pues la vulneración aún puede ser mitigada y el juez constitucional conserva la posibilidad de adoptar medidas eficaces para prevenir su reiteración, especialmente mientras no se establezcan criterios claros para la contratación de los operadores de pago 42. Por todo lo anterior, se declarará la carencia actual de objeto únicamente respecto de la segunda pretensión de la demanda, dirigida a que se ordenara al Departamento de Prosperidad Social, al Banco Agrario de Colombia y a SuRed que en el término de 48 horas dispusiera de un punto de pago extendido en el Corregimiento de Monopamba con el fin de que las personas de la tercera edad beneficiarias del programa Colombia Mayor recibieran efectivamente el pago de su subsidio. Esta declaración no impide que la Sala examine las actuaciones de las entidades accionadas que dieron origen a la solicitud de amparo ni que se pronuncie de fondo sobre las demás pretensiones formuladas por los accionantes. 4.3 Procedibilidad de la acción de tutela 43. En el presente asunto se cumplen los requisitos de procedibilidad establecidos por la jurisprudencia constitucional por las razones que se explican a continuación. 44. Legitimidad por activa [24] . En el presente caso la Alcaldía y el señor Cuarán cumplen están legitimados por activa. La Corte Constitucional ha señalado que, para que un tercero pueda agenciar la protección de derechos fundamentales de otras personas se deben exigir dos requisitos [25] :i) que el agente oficioso manifieste actuar en tal calidad y ii) que la persona titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados no esté en condiciones de promover su propia defensa [26] . Como se expondrá, los accionantes lograron acreditar ambos requisitos. 45. Manifestación del agente oficioso [27] . Este criterio se cumple porque tanto la Alcaldía de Puerres como el señor Jorge Albeiro Cuarán manifestaron que promovían la acción en representación de los derechos de las personas mayores de Puerres y Monopamba. En efecto, la Alcaldía indicó que intervenía en su calidad de "garante de los derechos de las personas mayores". A su turno, el señor Jorge Albeiro Cuarán, -quien acreditó su condición de presidente de la Junta de Acción Comunal de Monopamba [28] -, señaló en el escrito de tutela que actuaba "en representación" de las personas mayores de dicho corregimiento y del municipio de Puerres. 46. Si bien ninguno de los accionantes empleó expresamente la expresión “agente oficioso”, esta circunstancia no impide tener por acreditado el requisito. La jurisprudencia constitucional ha establecido que la manifestación de actuar en tal calidad puede inferirse de los hechos y de las pretensiones de la acción de tutela, siempre que de ellos resulte claro que el accionante promueve el amparo en defensa de derechos ajenos [29] . En este caso, tanto las afirmaciones de los accionantes como las pretensiones formuladas permiten concluir inequívocamente que la Alcaldía de Puerres y el señor Cuarán acudieron a la acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales de las personas mayores beneficiarias de Colombia Mayor en Puerres y Monopamba. 47. Imposibilidad del agenciado [30] . Este requisito se encuentra satisfecho en el presente caso. La acción de tutela fue promovida en representación de las personas mayores beneficiarias del programa Colombia Mayor residentes en el municipio de Puerres y en el corregimiento de Monopamba, quienes reúnen circunstancias que razonablemente dificultan exigirles la defensa directa de sus derechos: (i) se trata de personas mayores en situación de pobreza, destinatarias de un programa dirigido precisamente a población en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, que además enfrenta las barreras propias del proceso de envejecimiento; (ii) habitan en territorios rurales con importantes dificultades de conectividad y acceso [31] ; (iii) la controversia versa sobre el acceso al subsidio de Colombia Mayor, prestación de la que muchas personas dependen para satisfacer necesidades básicas como la alimentación y la adquisición de medicamentos. 48. Pero además de esto, se debe destacar que la Corte también ha sostenido que el análisis de la situación de indefensión en la agencia oficiosa debe realizarse con especial amplitud cuando las personas agenciadas son sujetos de especial protección constitucional, como ocurre con las personas mayores [32] . En estos casos, la valoración de la procedencia de la agencia oficiosa debe tener en cuenta las condiciones propias de la vejez y los demás factores de vulnerabilidad que puedan afectar su capacidad real para acudir por sí mismas ante las autoridades judiciales [33] . 49. Ratificación. Las consideraciones anteriores son suficientes para concluir que, en el presente caso, se satisfacen los dos requisitos para la procedencia de la agencia oficiosa. No obstante, aun si en gracia de discusión se estimara que no quedó plenamente acreditada la imposibilidad o el estado de indefensión de las personas agenciadas para promover directamente la acción de tutela, lo cierto es que en este caso concurre un elemento adicional que confirma la legitimación por activa: la ratificación de la voluntad de los agenciados. 50. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la ratificación de la voluntad no constituye un requisito de procedencia de la agencia oficiosa [34] . Sin embargo, cuando esta se presenta, puede convalidar la actuación del agente oficioso en aquellos eventos en los que no se encuentra plenamente acreditada la imposibilidad o el estado de indefensión del titular de los derechos [35] . 51. En el presente asunto, la comisión que la Corte encargó al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerres incluyó la firma de ochenta y nueve (89) personas mayores que manifestaron expresamente su voluntad de que la Alcaldía de Puerres y el señor Jorge Alveiro Cuarán promovieran la acción de tutela en defensa de sus derechos. Aunque esta ratificación no comprende a la totalidad de la población agenciada, constituye una muestra suficientemente representativa para corroborar que la actuación de los agentes oficiosos responde al interés y a la voluntad de las personas afectadas, por lo que confirma su legitimación por activa para promover la presente acción. 52. Acreditada la procedencia de la agencia oficiosa, corresponde verificar un último requisito: la individualización de las personas agenciadas [36] . Dicha individualización no exige la identificación nominal de cada una de las personas representadas [37] . En caso de sujetos de especial protección se ha permitido que estos grupos no sean totalmente individualizados, sino que sean determinables [38] . Por tanto, es suficiente si se acreditan criterios objetivos que permitan determinar quiénes integran el grupo afectado y que evidencien que todas ellas comparten una misma situación fáctica que da lugar a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. 53. En el presente caso, ese requisito se encuentra satisfecho. Las personas agenciadas son sujetos de especial protección constitucional y constituyen un grupo claramente determinable: las personas mayores beneficiarias del programa Colombia Mayor residentes en el municipio de Puerres y en el corregimiento de Monopamba que resultaron afectadas por el cambio del punto de pago del subsidio. Además, las ochenta y nueve (89) personas mayores que manifestaron expresamente su voluntad de que la Alcaldía de Puerres promoviera la acción de tutela en defensa de sus derechos se identificaron plenamente, pues consignaron sus nombres y datos de identificación. 54. Esto corrobora que la acción no se interpuso en favor de una colectividad abstracta, sino de un grupo concreto e identificable de personas cuyos integrantes reconocen la representación ejercida por los agentes oficiosos. Por todo lo anterior, se puede concluir que en el presente caso las accionantes superan el criterio de legitimación por activa. 55. Legitimidad por pasiva [39] . Los accionantes dirigieron la acción de tutela en contra de tres actores: el Departamento de Prosperidad Social, el Banco Agrario y la empresa SuRed. Las tres accionadas superan este análisis, por las razones que se presentan a continuación. 56. Legitimación por pasiva del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1833 de 2016 y el Decreto Legislativo 812 de 2020, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social es la entidad encargada de administrar y ejecutar el programa Colombia Mayor. En ejercicio de esas competencias, le corresponde definir y coordinar los aspectos necesarios para la implementación del programa, incluidos aquellos relacionados con la prestación del servicio de pago del subsidio. 57. En el presente caso, la acción de tutela cuestiona las barreras de acceso a los puntos de pago del programa Colombia Mayor y solicita la adopción de medidas para garantizar el acceso efectivo de las personas mayores al subsidio. En consecuencia, el DPS se encuentra legitimado por pasiva, pues su actuar pudo haber incidido en la afectación de los derechos de los accionantes y además es una de las entidades facultadas para adoptar las decisiones administrativas necesarias para superar las barreras alegadas. 58. Legitimación por pasiva del Banco Agrario y del aliado SuRed. La tutela se dirigió en contra de estas entidades en la medida que el Banco Agrario era el operador de pago en el contrato interadministrativo No. 342-FIP y SuRed era el aliado en el cual se pagaban directamente las transferencias monetarias. Por tanto, dentro de sus facultades también estaba administrar los puntos de pago y determinar cómo y en donde se debía entregar el subsidio. 59. Sin embargo, a lo largo del trámite el Banco Agrario señaló que ya no es el contratista del DPS, pues el contrato interadministrativo No. 342- FIP perdió vigencia. En efecto, actualmente la operación de las transferencias monetarias del programa Colombia Mayor fue contratada con la Unión Temporal Pago Postal, integrada por Matrix, SuRed y SuperGIROS, con cobertura nacional [40] . 60. Pese a esto, la Corte considera que las accionadas aún conservan la legitimación por pasiva en el presente caso. Es cierto que, en la actualidad, el Banco Agrario y SuRed [41] no tienen la competencia para adoptar algunas de las medidas solicitadas inicialmente en la tutela, pues las condiciones de operación del programa han variado. Sin embargo, ambas entidades participaron en la ejecución del esquema de pagos vigente al momento de los hechos y, por tanto, podrían haber tenido incidencia en la presunta afectación de los derechos fundamentales de los accionantes. 61. Por esta razón, corresponde analizar en qué medida sus actuaciones u omisiones pudieron incidir en la vulneración alegada. Este examen resulta procedente a la luz del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, según el cual, cuando al momento de conceder la tutela hayan cesado los efectos del acto impugnado o este se haya consumado de forma que no sea posible restablecer plenamente el derecho, el juez constitucional podrá prevenir a la autoridad para que no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron lugar al amparo, sin perjuicio de las responsabilidades ya causadas. 62. En consecuencia, se mantiene la legitimación por pasiva del Banco Agrario y de SuRed, pues aún es posible que la Corte se pronuncie respecto de su actuación en los hechos que dieron origen a la presente acción. La legitimación por pasiva solo se desvirtúa cuando es posible descartar cualquier vínculo entre la conducta atribuida a la entidad accionada y la presunta vulneración de los derechos fundamentales, lo que no ocurre en este caso [42] . Por el contrario, es necesario examinar la participación que tuvieron estas entidades en el modelo de dispersión del subsidio y determinar si sus actuaciones u omisiones contribuyeron a la afectación alegada. De ser así, corresponderá adoptar las órdenes necesarias, así sean de carácter preventivo, para evitar que situaciones semejantes vuelvan a presentarse. 63. Este análisis reviste especial importancia en este caso. Ello, si se tiene en cuenta que la alegada vulneración de los derechos fundamentales se da en el contexto de ejecución del programa Colombia Mayor. Por lo tanto, las medidas de eventual protección y restablecimiento del derecho exigen conocer las circunstancias en las que se produjo la vulneración alegada y en las que participaba el banco en mención, así como los estándares que deberán orientar la prestación del servicio que permitan eliminar las barreras de acceso que se evidencien en dicho proceso. 64. Ahora bien, para la Corte tampoco es procedente el argumento de SuRed según el cual carece de responsabilidad porque actúa únicamente como intermediario entre el beneficiario y el Banco Agrario y, en esa medida, es un particular ajeno a la contratación. Al respecto, es necesario precisar que los deberes de respeto y garantía de los derechos fundamentales no se circunscriben exclusivamente a las autoridades públicas. Estos también se proyectan sobre los particulares cuando, por la naturaleza de las actividades que desarrollan o por su participación en la prestación de un servicio, sus actuaciones inciden directamente en el goce efectivo de tales derechos [43] . 65. Por lo demás, el  numeral 3 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procede contra particulares cuando aquel contra quien se dirige la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos. En esa medida, como la empresa SuRed señaló que suscribió un contrato de prestación de servicios de corresponsalía, donde una de las obligaciones como operador postal es la responsabilidad de efectuar el pago de las ayudas humanitarias a los beneficiarios del programa Colombia Mayor, es posible concluir que se trata de un particular encargado de la prestación de un servicio público. Los servicios postales de pago son una actividad que hace parte del género postal y telegráfico y que involucran un servicio de transporte, caracterizado por dar cabal desarrollo a derechos fundamentales [44] . A su vez, el servicio de giros nacionales, en cuanto servicio postal, está sometido a la Ley 1369 de 2009, que dispone expresamente que los servicios postales “son un servicio público en los términos del artículo 365 de la Constitución Política”. 66. Por lo tanto, con independencia de su condición de intermediario y de su participación directa o no en la contratación del programa, SuRed está legitimada por pasiva en esta acción de tutela, pues las actuaciones que se le atribuyen fueron desarrolladas en ejercicio de su función como operador de un servicio público. 67. Requisito de inmediatez [45] . Este requisito también se encuentra satisfecho. De acuerdo con el expediente, el 30 de abril de 2025 la Dirección Regional de Nariño del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social informó, mediante correo electrónico [46] , que el Banco Agrario prestaría el servicio de dispersión de las transferencias monetarias a través de SuRed, operador que únicamente contaba con un punto de pago en la cabecera municipal de Puerres. 68. A partir de ese momento, los accionantes adelantaron diversas actuaciones administrativas encaminadas a obtener una solución frente a las barreras de acceso generadas por el cambio en el esquema de pago. En particular, presentaron peticiones y solicitudes dirigidas a las entidades competentes para que reconsideraran la ubicación del punto de pago y garantizaran el acceso efectivo al subsidio. Al no obtener una respuesta que resolviera de manera adecuada la problemática planteada, el 25 de agosto de 2025 interpusieron la presente acción de tutela. 69. En consecuencia, la Corte concluye que la acción fue promovida dentro de un término razonable contado desde la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la presunta vulneración de los derechos fundamentales. Además, el lapso transcurrido se explica por las gestiones previas que adelantaron los accionantes ante las autoridades competentes, lo que demuestra una actuación diligente y continúa encaminada a obtener la protección de sus derechos. 70. Requisito de subsidiariedad [47] . La acción de tutela satisface el requisito de subsidiariedad, pues los accionantes no contaban con otro mecanismo judicial idóneo para obtener una garantía permanente de acceso a las transferencias monetarias en condiciones de dignidad, accesibilidad y seguridad. Dado que respecto de las pretensiones dirigidas a superar las barreras inmediatas de acceso se configuró una carencia actual de objeto, el análisis de subsidiariedad se circunscribe a la solicitud de garantizar que el acceso a las transferencias no dependa de decisiones coyunturales de los operadores de pago ni de los cambios derivados de cada ciclo de contratación. 71. no existe un medio en el ordenamiento jurídico que permita satisfacer esta pretensión. Los medios de control propios de la jurisdicción contencioso-administrativa, como la nulidad del contrato o las controversias contractuales, no permiten resolver de manera adecuada este problema constitucional, pues su objeto se circunscribe al examen de legalidad o a los conflictos derivados de un contrato específico. Tampoco la acción de cumplimiento resulta idónea, en la medida en que la controversia no se limita a exigir la ejecución de una obligación legal clara, expresa y exigible, sino a determinar si las entidades accionadas deben adoptar medidas estructurales para garantizar los derechos fundamentales de una población especialmente protegida. 72. Además, la afectación alegada tampoco se concretó en un acto administrativo susceptible de control judicial ordinario, sino de un conjunto de decisiones contractuales, operativas y de implementación del programa que, en la práctica, condicionan el acceso efectivo de las personas mayores al subsidio. Por ello, la acción de tutela constituye el mecanismo judicial idóneo para examinar la dimensión constitucional de la controversia y, de ser el caso, impartir las órdenes necesarias para evitar que las barreras de acceso identificadas se reproduzcan en futuras contrataciones o ciclos de pago. 73. Ahora bien, es necesario precisar que la intervención del juez constitucional en este ámbito tiene carácter excepcional y se limita a aquellos eventos en los que las actuaciones de la administración relacionadas con la celebración o ejecución de un contrato estatal generan una afectación directa de derechos fundamentales que no puede ser remediada adecuadamente a través de los mecanismos ordinarios de defensa judicial. En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela resulta procedente cuando una actuación administrativa derivada de un contrato estatal puede desconocer derechos fundamentales, lo que hace necesaria la intervención del juez constitucional [48] . 74. Por las anteriores razones es posible concluir que en el presente caso se encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad y, por tanto, también está superado el análisis de procedibilidad de la tutela. En consecuencia, a continuación, la Corte planteará el problema jurídico a resolver y la metodología de la decisión. 4.4 Delimitación del problema jurídico a resolver y metodología de la decisión 75. Le corresponde a la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional resolver el siguiente problema jurídico: ¿Vulneraron el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Banco Agrario de Colombia y la empresa SuRed los derechos fundamentales a la dignidad humana, la igualdad, la accesibilidad, la movilidad personal y el mínimo vital de las personas mayores beneficiarias del Programa Colombia Mayor residentes en el municipio de Puerres y en el corregimiento de Monopamba, al (i) implementar un esquema de pago del subsidio que eliminó los puntos de atención en estas localidades y obligó a los beneficiarios a desplazarse hasta el casco urbano para acceder a la transferencia monetaria y (ii) presuntamente no garantizar condiciones de acceso adecuadas a las instalaciones al punto de pago ubicado en el caso urbano del municipio de Puerres? 76. Para la Corte, el presente caso trasciende las dificultades concretas asociadas al acceso al subsidio Colombia Mayor en el municipio de Puerres y evidencia desafíos más amplios relacionados con la estrategia del Estado colombiano para responder a las necesidades de una población que envejece de forma progresiva. 77. Por esta razón en la presente sentencia la Corte se referirá al proceso de envejecimiento de la población que actualmente experimenta el país. En este apartado se describirán las principales características del proceso de envejecimiento de la población colombiana y los desafíos sociales, económicos e institucionales que de él se derivan. En segundo lugar, la Corte analizará el estado actual de la política pública de envejecimiento y vejez, con el fin de identificar las respuestas institucionales que se han adoptado hasta el momento, así como los retos que aún persisten para garantizar una protección integral de esta población. Finalmente, se estudiará el Programa Colombia Mayor, su finalidad, estructura y funcionamiento, con especial énfasis en los mecanismos de entrega del subsidio y en las condiciones de acceso efectivo a las transferencias monetarias por parte de las personas beneficiarias. 4.5 La transición demográfica en Colombia: las diferentes experiencias de la vejez en Colombia 78. En el presente caso, la acción de tutela se formuló en representación de las personas mayores [49] del Municipio de Puerres con el propósito de que se eliminen las diferentes barreras que enfrenta dicha población para acceder de manera efectiva al subsidio del programa Colombia Mayor. En vista de que se trata de una problemática relacionada con la población mayor, la forma en cómo se entienden sus necesidades, se garantizan sus derechos y se prestan los servicios que requieren, la Corte considera necesario, primero, hacer una contextualización sobre el proceso de envejecimiento de la población en Colombia y describirá algunas de las principales características de esta transición demográfica. 79. La Corte Constitucional ya ha resaltado la necesidad de reconocer y visibilizar el proceso de envejecimiento de la población [50] . En efecto, esta Corporación ha señalado que, en Colombia, como ocurre en otras partes del mundo, la proporción de personas mayores dentro de la población aumenta de manera progresiva. Esta es una realidad que ha destacado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Según esta entidad [51] , Colombia atraviesa una transición demográfica caracterizada por una acelerada disminución de las tasas de natalidad y un aumento sostenido en la esperanza de vida para las personas. Así, el índice de envejecimiento está en aumento y puede duplicarse entre el año 2026 y 2044, como se puede ver en el gráfico a continuación: Gráfica 1. Índice de envejecimiento. 80. A partir de estos datos es posible establecer que, actualmente en Colombia, hay más de 70 personas mayores por cada 100 personas menores de 15 años. En la próxima década el número de personas mayores de 60 años superará a la población menor de quince años, e incluso en 30 años, si se sigue la tendencia, las personas mayores pueden casi que doblar la cantidad de personas menores de 15 años en el país. 81. Esta realidad demográfica puede denominarse “envejecimiento poblacional” o incluso “madurez demográfica” [52] . Más allá de la terminología empleada, se trata de un fenómeno que impacta de manera transversal el tejido social, las estructuras institucionales y las dinámicas económicas y familiares. La modificación en la composición por edades de la población transforma la forma en que se organizan las relaciones sociales, se distribuyen las cargas de cuidado, se estructura la actividad económica y se configuran los hogares y las familias. En efecto, las necesidades, demandas y condiciones de vida de una sociedad con una proporción creciente de personas mayores difieren de aquellas propias de una población predominantemente joven y exigen resp