Sentencia T-258 de 2026

T-258-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Cuarta de Revisión Sentencia T-258 de 2026 Referencia : expediente T-11.685.424 Acción de tutela presentada por María Claudia Tarazona Aguirre contra Augusto Rodríguez Ballesteros, en calidad de director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Asunto: derechos a la oposición política, honra y buen nombre póstumos, intimidad familiar, petición, información y verdad, y libre expresión de los funcionarios públicos Magistrado ponente: Juan Carlos Cortés González Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026) La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y por los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside , en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales [1] , ha dictado la presente SENTENCIA Síntesis de la Providencia ¿Qué estudió la Sala de Revisión? La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional estudió una solicitud de amparo de la honra, buen nombre y memoria póstuma, formulada por la cónyuge de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de la oposición política, fallecido como consecuencia del atentado del que fue víctima el 7 de junio de 2025. En la acción se planteó que el director de la UNP en declaraciones públicas habría manifestado la idea de la responsabilidad de Miguel Uribe en dicho episodio violento y habría generado la narrativa de que aquel constituyó un “autoatentado” por el uso indebido del esquema de protección. La interesada efectuó solicitud de rectificación previa a la cual la entidad se negó, sin explicitar su motivación e invitando a la actora a conocerla mediante procesos de otra índole. La Sala, aplicando el principio según el cual el juez conoce el derecho evaluó el asunto a partir de los derechos reivindicados en el escrito de tutela, así como de los derechos a la libertad de expresión de funcionarios públicos, a la oposición política, a la intimidad familiar, honra, buen nombre, petición, información y verdad. ¿Qué consideró? Para la Sala de Revisión las manifestaciones del accionado no resguardaron los deberes que le son imponibles como funcionario del Estado, con un alto cargo de dirección frente a la protección, en especial, de los liderazgos sociales y políticos. De un lado no preservó la confidencialidad de la información bajo su custodia, misma que expuso. De otro lado, no preservó los derechos fundamentales al divulgarla, en especial afectó la intimidad familiar y los derechos de la oposición, en particular, el de réplica. Adicionalmente, el accionado incurrió en inexactitudes derivadas de la falta de reconocimiento sobre el escaso desarrollo de las medidas diferenciales de protección en favor de la oposición política. De otro lado, la respuesta de la UNP a la solicitud de retractación impidió reconocer los motivos por los cuales el funcionario optaba por mantener sus declaraciones, sin acceder a la enmienda reclamada, negándose a esclarecer sus fundamentos y ocultando la postura institucional a la parte interesada. ¿Qué decidió la Sala? La Sala confirmó parcialmente la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2025 por el Juzgado 039 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. Declaró improcedente el amparo frente a RTVC Noticias, Radio Nacional de Colombia —RNC — y el director de RTVC. De otro lado, amparó los derechos de petición, información, verdad, intimidad familiar, honra y buen nombre póstumos y, por ello, ordenó al director de la Unidad Nacional de Protección, a través de rueda de prensa, (i) presentar excusas públicas a la familia de Miguel Uribe Turbay reconociendo que (a) no le era dado informar sobre la operación del esquema de protección ni exponer aspectos de la intimidad familiar asociados a la ejecución de las medidas de protección otorgadas a su familia, cuyas particularidades no estaba habilitado a difundir, (b) señalando que en el momento de la emisión del discurso, por las particularidades del caso, impidió la réplica como parte esencial del derecho a la oposición política. Además, (ii) responder de manera integral el fondo de la solicitud de rectificación formulada el 16 de julio de 2025, sin que ello implique rectificación sobre su discurso. Del mismo modo, a la UNP le ordenó actualizar sus protocolos internos en relación con la difusión de información sobre aquellos aspectos de las medidas de protección estrechamente asociados con la dinámica familiar de la persona protegida. Finalmente, exhortó a la UNP, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación para que aúnen esfuerzos en el corto tiempo y prevean un mecanismo con acompañamiento del Ministerio Público para el diseño e implementación de las medidas de protección pertinentes en casos de alto riesgo para los miembros de la oposición política. Tabla de contenido I. ANTECEDENTES . 3 1. La acción de tutela . 3 2. Actuaciones en sede de instancia . 7 3. Decisión judicial sometida a revisión . 11 4. Actuaciones en sede de revisión . 12 a) La parte accionante . 12 b) Unidad Nacional de Protección . 19 c) Radio Televisión Nacional de Colombia —RTVC .. 21 d) Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado . 22 e) Defensoría del Pueblo . 23 5. Traslado de las pruebas recaudadas . 25 II. CONSIDERACIONES . 31 1. Competencia . 31 2. Delimitación del asunto y metodología de decisión: facultades por fuera y más allá de lo pedido de los jueces de tutela . 31 3. Procedencia de la acción de tutela . 34 a) Legitimación por activa . 34 b) Legitimación por pasiva . 38 c) Inmediatez . 39 d) Subsidiariedad . 40 4. Planteamiento de los problemas jurídicos . 50 5. Oposición política. Naturaleza fundamental, alcance, relevancia en el contexto colombiano y estado actual 50 6. Libertad de expresión de los funcionarios del Estado y su discurso oficial en el marco del debate democrático y de la especial protección a la oposición . 57 7. Derechos a la honra y buen nombre, en el marco de la memoria de la persona fallecida 65 8. El derecho a la intimidad familiar 69 9. El derecho de petición como herramienta de acceso a la información y a la verdad de las víctimas . 73 III. CASO CONCRETO. 75 (i) Al pronunciar el discurso oficial el director de la UNP desatendió los límites que se imponen al ejercicio de la libertad de expresión de funcionarios públicos, las restricciones al deber de confidencialidad de la información que custodia y los derechos de un miembro de la oposición . 75 (ii) El director de la UNP lesionó los derechos a la honra, buen nombre y memoria de Miguel Uribe Turbay, pero no es responsable de la narrativa sobre un presunto “autoatentado” . 82 a) Primer grupo. Afirmaciones que atañen de manera directa a Miguel Uribe Turbay 84 b) Segundo grupo. Afirmaciones que de forma indirecta habrían afectado la honra, buen nombre y memoria de Miguel Uribe Turbay . 94 (iii) El director de la UNP lesionó los derechos de petición, información y verdad al resolver de manera escueta la solicitud de rectificación . 96 IV. DECISIÓN .. 101 I. ANTECEDENTES 1. La acción de tutela 1. Hechos . María Claudia Tarazona Aguirre en calidad de cónyuge de Miguel Uribe Turbay [2] , refirió que juntos concibieron un hijo que actualmente tiene 3 años. Los tres conformaron un núcleo familiar compuesto además por tres hijas de la accionante, de 26, 20 y 16 años, respecto de quienes Miguel Uribe Turbay asumió el rol de “padre de crianza” [3] , para un total de seis personas en la familia. 2. En vida, Miguel Uribe Turbay se desempeñó como concejal, secretario de gobierno, candidato a la Alcaldía de Bogotá, senador y, finalmente, precandidato presidencial por el partido Centro Democrático. Al ocupar el cargo de senador, en 2022, obtuvo la calificación de riesgo extraordinario por parte de la Policía Nacional, de modo que la UNP le otorgó esquema de seguridad. Tanto la valoración como el esquema se refrendaron en el año 2023. Según la Resolución 0182 del 27 de enero de 2023, las medidas de protección fueron “extensivas al grupo familiar” [4] , sin limitación expresa para dividirlo entre los miembros de la familia. Según el Decreto 1066 de 2015 tal extensión implica el uso coordinado del esquema por parte de sus beneficiarios. 3. Tras una convención del partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay en entrevista con la Policía Nacional, el 30 de abril de 2024, advirtió el inicio de su precandidatura a la presidencia de la República [5] , y refirió que esta implicaba su participación en varios eventos. Adujo que para llevarlos a cabo fuera de Bogotá no disponía de un esquema de seguridad permanente, encontrándose en riesgo [6] . Asimismo, señaló que los turnos de descanso reducían su esquema de seguridad, en número de unidades de apoyo, durante las noches: mientras en el día contaba con siete personas, cuatro asignadas por la Policía Nacional, y tres por la UNP, en las noches solo disponía de dos personas, por lo que solicitó ampliar su esquema de seguridad las 24 horas del día. No obstante, pese a la variación de las condiciones de riesgo ante la precandidatura presidencial, no hubo fortalecimiento de las medidas de protección, que se mantuvieron invariables. 4. Así, para la accionante, el 14 de noviembre de 2024, la UNP emitió la Resolución DGRP011827 que refrendó las medidas de protección iniciales sin motivar su armonía con el incremento del nivel de riesgo de Miguel Uribe Turbay y su familia. Además, el acto administrativo obvió las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, los factores de riesgo asociados a la notoriedad del titular beneficiario, a sus desplazamientos, y a su condición de víctima de la violencia en Colombia en razón de la muerte de su madre, Diana Turbay Ayala, en 1991. 5. El 7 de junio de 2025, en un evento coordinado por el equipo de seguridad de Miguel Uribe Turbay, junto con el edil Víctor Mosquera y el concejal Andrés Barrios, el precandidato sufrió un atentado mientras daba un discurso en un espacio público en Fontibón. Según el relato de la accionante, aquel día Miguel Uribe Turbay contaba apenas con cuatro personas para la protección de los seis miembros de su familia. Esto, dado que correspondió el “turno de franquicia” [7] o de descanso obligatorio de algunos de los miembros del esquema, lo que debilitó su seguridad, tal y como el precandidato lo advirtió en abril de 2024. Adicionalmente, los organizadores del evento contactaron al CAI de la zona para lograr medidas de protección adicionales [8] . En respuesta, solo acudieron dos agentes de policía en una moto, sin más. 6. Tras el atentado, se registraron algunos hechos relevantes para la presente acción de tutela que el escrito señaló conforme la siguiente cronología, en la cual se identifican aquellas manifestaciones sobre las que pesan los cuestionamientos de la parte accionante: Tabla 1 . Cronología de los hechos destacados por la parte accionante Fecha Autoridad Situación 09/06/2025 Procuraduría General de la Nación [9] Anunció investigación disciplinaria en contra del director de la UNP Ministro del Interior Reconoció en LA FM [10] fallas frente a las solicitudes de Miguel Uribe Turbay sobre sus condiciones de seguridad. Director de la UNP Reconoció que el número de personas era insuficiente para la protección de un precandidato. No obstante, destacó que su campaña no inició de manera formal y el proselitismo se efectuó de manera personal [11] . Unión Temporal Andinos (UTA) [12] Anunció que, a partir de la fecha, no podría efectuarse la modalidad de descanso de “autorelevo” sin autorización de la UNP. Tal modalidad consiste en la falta de reemplazo de los miembros del esquema que se encuentren en turno de descanso [13] . 10/06/2025 Director de la UNP En entrevista para CAMBIO, afirmó que Miguel Uribe Turbay solicitó que sus escoltas no fueran reemplazados en días de descanso. Esto sin evidencia escrita alguna, pues esa decisión no era controlada por la UNP. 24/06/2025 Unión Temporal Andinos (UTA) Según informe, desde el 24 de febrero de 2025 consultó a la UNP si el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay debía extenderse a su familia, sin que aquella petición fuese atendida. De tal forma, el servicio de seguridad se desarrollaba en función de las directrices de Miguel Uribe Turbay, distribuyendo el esquema entre su familia. 06/07/2025 Ninguna Judicialización de Elder José Arteaga Hernández (alias “El Costeño”) por el atentado. Durante la audiencia de imputación el apoderado de María Claudia Tarazona Aguirre destacó que para el momento de los hechos Miguel Uribe Turbay estaba en “absoluto estado de indefensión”. El juez de la causa concluyó la necesidad de valorar la responsabilidad del Estado por una posible falla del servicio y un posible prevaricato por omisión de las autoridades a cargo de la seguridad de la víctima. 12/07/2025 Director de la UNP [14] Entrevista cuestionada que fue pronunciada para RTVC Noticias. (Ver Anexo 1) Afirmaciones objeto de la presente acción de tutela [15] 15/07/2025 Director de la UNP [16] Entrevista cuestionada que fue pronunciada para RTVC Noticias. (Ver Anexo 2) Director de la UNP [17] Dos entrevistas cuestionadas que fueron pronunciadas para Radio Nacional de Colombia. (Ver Anexos 3 y 4) 7. Para María Claudia Tarazona Aguirre, las afirmaciones del director de la UNP del 12 y 15 de julio de 2025 comprometen la imagen de Miguel Uribe Turbay, revictimizándolo a él y a su familia. Esto en tanto el funcionario (i) destacó que la víctima nunca solicitó seguridad adicional a la UNP o a la Policía Nacional, es decir, desde su perspectiva, mintiéndole al país; (ii) refirió que el precandidato inició su campaña sin aviso, cuando, según ella sostiene, la advirtió en abril de 2024; y (iii) señaló una mala práctica al fracturar y debilitar el esquema de seguridad. 8. Ante las manifestaciones del director de la UNP, la accionante le solicitó rectificación el 16 de julio de 2025 [18] . Específicamente, reclamó el reconocimiento de su error e inexactitud y, en lugar de sus pronunciamientos, lo invitó a proclamar (i) la ausencia de responsabilidad de la víctima en el atentado, (ii) el cumplimiento de los lineamientos del programa de seguridad por parte de Miguel Uribe Turbay, (iii) la alerta de la víctima sobre el riesgo que generaba su precandidatura presidencial, y (iv) la facultad judicial de efectuar constancias al emitir las providencias, en virtud de la independencia y autonomía judicial, que asiste al juez de control de garantías que legalizó la captura del presunto responsable del atentado. 9. El 8 de agosto de 2025, el director de la UNP respondió aquella solicitud en el sentido de que pondría en conocimiento de las autoridades correspondientes la información pertinente [19] . Para la accionante, el director no respondió de fondo su solicitud y no rectificó ni corrigió la información falsa e inexacta que suministró. 10. Producto del atentado, Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025. Ese mismo día el director de la UNP hizo declaraciones adicionales en medios públicos y aseguró que el precandidato y su jefe de seguridad distribuyeron el esquema de protección, de modo que, de quienes estaban asignados a su seguridad, unas personas permanecían con su familia, mientras otras se encontraban trasnochadas. En esa medida, el funcionario sostuvo que el esquema se coordinó de modo incorrecto [20] . 11. En criterio de la accionante, todas las afirmaciones referidas son lesivas de la dignidad y la memoria de la persona fallecida, pues sugieren su corresponsabilidad en el atentado. Aseguró que: “por el uso del lenguaje connotativo, la omisión de precisiones esenciales y la reiteración de conductas atribuidas al occiso como factores determinantes del atentado, se configura un mensaje que trasciende la función informativa y adquiere un carácter lesivo para los derechos invocados, generando una percepción pública distorsionada y atentatoria contra la memoria y dignidad de la víctima y su núcleo familiar” [21] . Tales afirmaciones no se limitan a la transmisión objetiva y veraz de información, como exige al accionado el principio de imparcialidad del servidor público y el ejercicio de su cargo. Por el contrario, contienen valoraciones subjetivas que inducen al público a atribuir a Miguel Uribe Turbay corresponsabilidad, mediante conductas imprudentes o irregulares, en el atentado que acabó con su vida [22] . 12. La acción de tutela puntualizó algunos elementos sobre las afirmaciones del accionado. Destacó que, contrario a lo manifestado por el director de la UNP, no hubo fraccionamiento voluntario del esquema de seguridad; aquel obedeció a su falta de fortalecimiento y a disposiciones laborales de la entidad sobre los descansos del personal. Esto obligó a la distribución del personal entre los miembros de la familia, sin que aquella estuviera prohibida. Agregó que el accionado no tiene pruebas que indiquen que Miguel Uribe Turbay se negó a los relevos de descanso y resaltó que sus señalamientos no tienen sustento; “no solo carecen de veracidad, sino que comprometen la objetividad institucional y afectan el derecho del señor Uribe Turbay a que se establezcan los hechos bajo parámetros de neutralidad y respeto a la verdad” [23] . Presentar a la persona protegida como omisiva o negligente, en criterio de la accionante, compromete su derecho a que la información se comunique en forma completa, cierta y neutral. Según el escrito de tutela, con el propósito de desviar la atención pública sobre la responsabilidad de la UNP, su director la trasladó a la víctima, a su equipo de campaña y a los encargados del evento, con reproches infundados. 13. La accionante también cuestionó que el director de la UNP haya tildado al juez de control de garantías como prevaricador, sin fundamento probatorio, cuando aquel funcionario judicial se limitó a dejar constancias durante una audiencia, y el apoderado de la familia de Miguel Uribe Turbay se adhirió a la imputación, presentando la posibilidad de extenderla al delito de terrorismo. El escrito de tutela destacó que los señalamientos contra el juez de control de garantías y la instrumentalización política del caso señalan, de forma implícita, la responsabilidad de la víctima y su entorno. Así, constituyen una clara afectación a la memoria y la dignidad de Miguel Uribe Turbay, y agravan el dolor de su familia con versiones inexactas y tendenciosas, gracias a las cuales ellos enfrentan un estigma social, y han visto afectado su patrimonio moral. En suma, estima que el director de la UNP estigmatizó a la víctima y a su familia, debilitando los reclamos de esta última. 14. Desde esa óptica, el 27 de agosto de 2025 [24] , mediante apoderado judicial, la accionante acudió al juez de tutela con el propósito de que se ampararan los derechos de rectificación, petición, honra y buen nombre de su difunto esposo, respecto de las afirmaciones del director de la UNP efectuadas el 12 y 15 de julio [25] . Para el restablecimiento de aquellas garantías, solicitó al juez de tutela emitir dos medidas de protección frente al director de la UNP [26] . De un lado, la orden dirigida al accionado de retractarse de la información que sugiere la corresponsabilidad de Miguel Uribe Turbay en los hechos que le produjeron su muerte para, en su lugar, dar cuenta de la inexistencia de aquella, del cumplimiento de los lineamientos del programa de seguridad por parte de la víctima y de la alerta que hizo sobre el incremento del nivel de riesgo, en función de su precandidatura presidencial. De otro lado, abstenerse, en lo sucesivo, de efectuar señalamientos falsos o equívocos en relación con Miguel Uribe Turbay. 2. Actuaciones en sede de instancia 15. Admisión . Mediante auto del 27 de agosto de 2025, el Juzgado 039 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá admitió la solicitud de amparo, y vinculó a RTVC Noticias, a Radio Nacional de Colombia —RNC — y a Hollman Morris en calidad de director de RTVC [27] , “por cuanto podrían verse eventualmente afectad[o]s con el fallo que se profiera” [28] . 16. Contestación de la entidad accionada . De aquellas personas llamadas a intervenir, solo el director de la Unidad Nacional de Protección se pronunció, a través de la jefa de la Oficina Asesora Jurídica [29] . Resaltó que la acción de tutela es improcedente por los siguientes motivos: (i) No se acreditó documentalmente el vínculo del reclamante con la persona fallecida. (ii) La solicitud de amparo no cumple el requisito de inmediatez al ser propuesta 79 días luego de las declaraciones públicas efectuadas por el director de la UNP, según la siguiente cronología: Tabla 2 . Cronología de los hechos presentada por la UNP Fecha Hecho 09/06/2025 - Declaraciones públicas iniciales 12/07/2025 - Emisión en RTVC Noticias del medio día 15/07/2025 - Nuevas intervenciones en RTVC Noticias, durante la emisión del mediodía - Solicitud de rectificación 08/08/2025 - Respuesta negativa a la rectificación 27/08/2025 - Formulación de la acción de tutela (iii) De otro lado, tras el sepelio de Miguel Uribe Turbay, su familia salió de Colombia. De tal suerte, “si la accionante no reside actualmente en el país, disminuye la inmediatez de la afectación alegada […] aumenta la carga de mostrar prueba de [la] permanencia del daño” [30] , pues sin un impacto vigente y demostrable, estamos ante una carencia actual de objeto. (iv) Mientras el poder fue conferido por María Claudia Tarazona Aguirre para interponer una acción de tutela contra las afirmaciones del director de la UNP emitidas el 12 y 15 de julio de 2025, la solicitud de amparo controvierte afirmaciones adicionales, sobre las que no existe mandato. En particular, no es útil frente al momento de la emisión de las declaraciones (9 de junio de 2025), ni respecto las manifestaciones del 11 de agosto de 2025. (v) La rectificación debe solicitarse al medio que publicó la información, sin que así se hubiese efectuado, pues la accionante no la reclamó ante RTVC Noticias o RNC, por lo que la acción de tutela se empleó en forma anticipada. (vi) Además, la carta de solicitud de rectificación no puntualizó aquellas manifestaciones sobre las que versaba, ni las trascribió en forma íntegra. Tampoco aludió a la permanencia de la publicación de tales manifestaciones. (vii) Finalmente, en el asunto particular no existe un perjuicio irremediable, de modo que las eventuales medidas de protección pueden adoptarse por conducto de la jurisdicción civil o penal. 17. Sobre la veracidad de los hechos que fueron objeto de pronunciamiento por parte del director de la entidad, la UNP señaló que a Miguel Uribe Turbay se le practicaron varias valoraciones de seguridad. Precisó que para los miembros del senado la ejecución de las medidas de protección está a cargo de la Policía Nacional y de la UNP, con recursos del Congreso de la República. Así, el 11 de noviembre de 2022, la Policía Nacional analizó la situación de riesgo del senador Uribe Turbay y concluyó la existencia de un riesgo extraordinario, por lo que, tras asignarse el esquema correspondiente (conformado por cuatro uniformados), la valoración se remitió a la UNP para la adopción de medidas complementarias. Al interior de la UNP el riesgo se valoró extraordinario, de modo que se ratificó la asignación de dos vehículos blindados y tres hombres de la entidad, como la extensión de las medidas al grupo familiar del beneficiario. Así, la entidad destacó que no es cierto que para cuidar a seis miembros del hogar se hayan dispuesto tres hombres. El senador contaba con siete personas para su seguridad, dato que no es pasible de rectificación, pues es un hecho. 18. En relación con la extensión de las medidas de protección a la familia del beneficiario, la UNP destacó que aquella figura es excepcional. También que aquella extensión no implica que las medidas de protección dejen de estar en cabeza del beneficiario. Su utilización por parte de la familia debe ser coordinada y no puede afectar la eficacia del esquema de protección, debiendo evitarse la vulnerabilidad de la persona protegida. En esa medida, dividir o fragmentar el esquema de protección implica su disminución sustancial. Frente a esta materia, las declaraciones del director de la UNP no hacen una acusación gratuita, sino que constituyen una lectura profesional de la situación. En tal sentido, la entidad clarificó que la extensión cubre externalidades del mismo riesgo, pero no implica un esquema de seguridad adicional. Tampoco puede emplearse para fragmentar las medidas de protección en misiones simultáneas, pues ello compromete su efectividad. En la materia, la entidad concluyó que no existe un hecho falso pasible de retractación, sino una disputa interpretativa sobre la figura de la extensión, que ha de tramitarse mediante la argumentación y no a través del retracto. 19. Adicionalmente, la entidad precisó que la información sobre el inicio de la precandidatura presidencial fue suministrada por Miguel Uribe Turbay a la Policía Nacional, pero no a la UNP. Destacó que la Unidad solo advirtió aquella información al conocer de la presente acción de tutela. Si bien en entrevista rendida a la Policía Nacional por el entonces precandidato, el 30 de abril de 2024, este advirtió su precandidatura presidencial, aquella entrevista no fue conocida por la UNP, por lo que los datos que contiene no le son oponibles. Aunado a lo anterior, la UNP destacó que nunca se le solicitó el reforzamiento del esquema de seguridad. 20. Finalmente, en lo que respecta a las solicitudes presentadas por Miguel Uribe Turbay a la UNP, la entidad destacó que no son 178 sino 19. Frente a estas, la institución hizo saber al exsenador que el convenio interadministrativo suscrito con el Congreso de la República le impedía asumir la logística, gastos y disponer recursos humanos adicionales para efectuar desplazamientos fuera de Bogotá, pues aquel convenio no lo contemplaba. Tales servicios adicionales no estaban pactados con el Senado, por lo que la UNP no podía exceder aquel convenio, ni estaba obligada a asumir recursos físicos extra. De tal suerte, aludió a que la UNP cumplió sus responsabilidades y acató integralmente las recomendaciones de seguridad en el caso de Miguel Uribe Turbay. Sobre esto recordó que no dirige la Policía Nacional, por lo que los reproches por el número de oficiales que reforzaron la seguridad del exsenador el día del atentado, no le es atribuible a la UNP. Agregó que la UNP no recibió información alguna sobre el desarrollo del evento. 21. En lo que atañe a los turnos de descanso del personal de protección perteneciente a los esquemas de seguridad, la UNP destacó que suscribe contratos de prestación de servicios con empresas privadas. Para atender las novedades del personal tiene previstos escoltas de relevo o “relevantes” [31] . En el caso del esquema de Miguel Uribe Turbay, según el reporte del personal que conformaba su esquema, desde 2023, él rechazó la posibilidad de contar con alguien externo relevando a los demás, pues tendría contacto con su familia, como con información relevante y estratégica. Según comunicación electrónica de uno de los miembros del esquema, que data del 9 de febrero de 2023, únicamente aceptaba el relevo frente a una persona específica. Tal información fue ratificada por los miembros del esquema de seguridad en relación con los hechos asociados al atentado. En esa medida, la entidad destacó que, pese a que siempre tuvo disposición al relevo, no puede imponerlo en virtud del principio del consentimiento que rige las medidas de protección. 22. En consecuencia, la UNP adujo que los turnos de descanso a través del sistema de relevos, como una sustitución temporal y fresca, evita el agotamiento del equipo, impidiendo sacrificar el descanso y reduciendo la fatiga. Tal sistema, en sí mismo, no debilitó el esquema de protección por disposición de la entidad. Pero prescindir de los relevos externos reduce el número de personas de protección, en una o dos. Sin los relevos, el esquema de protección se fragmenta y la efectividad de las medidas queda comprometida. Con todo, las manifestaciones del director de la UNP al respecto constituyen una visión técnica y profesional, emitida en un momento de conmoción pública, pero soportada en la información con la que contaba la entidad, sin contener ninguna manifestación deshonrosa. 23. Por último, en relación con las afirmaciones efectuadas sobre las apreciaciones del juez de control de garantías en la causa penal, por solicitud de la UNP, el funcionario judicial efectuó las aclaraciones del caso, en el sentido de señalar que no hizo ningún pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad administrativa o penal de la entidad. La entidad enfatizó que el propio abogado de la accionante “detonó el ciclo informativo” [32] con afirmaciones maximalistas sobre el alcance de las consideraciones del juez durante la audiencia de imputación. Sobre esto, señaló que “[l]a tutela no puede operar como herramienta para silenciar a una autoridad frente a imputaciones mediáticas originadas por la parte accionante, ni para rehacer el cubrimiento periodístico de terceros sin cumplir la carga de rectificación previa con transcripción literal” [33] . 24. En suma, la entidad advirtió que ninguna de las manifestaciones efectuadas por el director de la UNP imputa culpa o responsabilidad alguna en el atentado a la víctima, como tampoco contiene afirmaciones falsas o inexactas, aspecto que la parte accionante no demostró, pues ni tan siquiera identificó puntualmente las aseveraciones sobre las que pretende retractación. Para la entidad, lo que hizo el escrito de tutela fue identificar tres salidas a medios de comunicación del director de la entidad, para atribuirle afirmaciones, en general, sin precisar las frases exactas que habría lesionado los derechos de Miguel Uribe Turbay y de su familia, sin trascribirlas, resultando imposible someter el asunto a un test de rectificación. Además, obviando que las manifestaciones del director de la UNP fueron respuesta a los señalamientos divulgados por el apoderado de la parte accionante. 3. Decisión judicial sometida a revisión 25. El 9 de septiembre de 2025, el Juzgado 039 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá declaró improcedente el amparo. Encontró que el asunto revela el enfrentamiento de dos versiones sobre los aspectos que facilitaron el atentado en contra de Miguel Uribe Turbay . Para su familia, las manifestaciones del director de la UNP contienen información falsa, pero el funcionario lejos de expresar su opinión subjetiva presentó el resultado del análisis de la información al interior de la entidad que lidera. 26. En criterio del juzgado, toda vez que los elementos fácticos respecto de los cuales existe controversia entre las partes no se han determinado judicialmente, no es posible predicar una vulneración manifiesta de los derechos reivindicados. La situación aún está por definirse en otras jurisdicciones para establecer cuál de las partes tiene razón en esta oportunidad. En esas condiciones, concluyó que la promoción de la acción de tutela de la referencia tiene el objetivo de anticipar el debate judicial, so pretexto de proteger la honra y el buen nombre, cuando ni la magnitud del agravio ni la carencia de veracidad se evidencian con suficiente claridad. 27. De otro lado , la providencia advirtió que cuando se solicita la retractación de la fuente de la información es imprescindible que, previo a acudir a la acción de tutela, aquella también se reclame a quien efectuó la publicación de la información o al medio que fue útil para su divulgación. Respecto de la petición que en ese sentido hizo la accionante el 15 de julio de 2025, el juzgado destacó que (i) cronológicamente, no tiene la potencialidad de abarcar las afirmaciones realizadas el 11 de agosto de 2025, sobre las que no habría ninguna solicitud de rectificación, y (ii) no constituye una solicitud al medio difusor, por lo que el reclamo no está llamado a prosperar. 28. Aun cuando esta providencia fue informada a las partes entre el 11 y 12 de septiembre de 2025 [34] , no fue impugnada por ninguna de ellas. Tras la remisión del expediente, con ocasión de lo dispuesto en el artículo 31 [35] del Decreto 2591 de 1991, este fue radicado en la Corte Constitucional el 27 de noviembre de 2025 [36] . 4. Actuaciones en sede de revisión 29. Selección y reparto . El asunto fue seleccionado para su revisión mediante auto del 18 de diciembre de 2025, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Doce de esa anualidad y repartido por sorteo al magistrado ponente. En consecuencia, el expediente se remitió al despacho de este último, el 23 de enero de 2026. 30. Decreto oficioso de pruebas . Mediante auto del 13 de marzo de 2026, el magistrado sustanciador decretó pruebas de oficio, en particular, con el ánimo de determinar (i) la existencia de otros procesos judiciales en curso por los mismos hechos y reparos, o los que estén relacionados con estos; (ii) la existencia de una solicitud de rectificación ante los medios inicialmente no accionados y vinculados en instancia; y (iii) el alcance de la afectación. 31. Elementos de juicio recaudados. Ante el decreto de pruebas, la Sala Cuarta de Revisión obtuvo respuesta en el siguiente sentido: a) La parte accionante [37] 32. A través de apoderado judicial, María Claudia Tarazona Aguirre informó que si bien tras el atentado, y con ocasión de la situación de seguridad, los miembros de la familia de Miguel Uribe Turbay abandonaron el país, ya retornaron. Además, precisó el objeto y alcance de sus señalamientos, y al respecto afirmó que cuestiona las manifestaciones del accionado y no tiene reparos en contra de RTVC Noticias ni de RNC, en tanto que son los canales a través de los cuales el funcionario demandado efectuó sus manifestaciones. 33. De otro lado, señaló que sus reclamos se concentran en la honra y el buen nombre póstumos de Miguel Uribe Turbay, para cuya defensa la accionante tiene legitimación. Su familia concurre a esta acción de tutela solo en calidad de víctimas indirectas del atentado. Esto, aun cuando actualmente sufren “una grave, dolorosa e injustificada revictimización perpetrada públicamente por el Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros” [38] , que a través de sus aseveraciones “invierte la carga de la culpa, deshonra la memoria del fallecido y lacera profundamente el patrimonio moral de sus deudos” [39] . Desde esa visión, consideró que “al defender el buen nombre póstumo de Miguel Uribe Turbay, se defiende intrínseca e inescindiblemente a su familia de la revictimización” [40] . 34. Ante la pregunta por los efectos de los hechos en la familia, la actora precisó que la afectación sobre la imagen de Miguel Uribe Turbay ha tenido un efecto devastador, directo y revictimizante sobre su núcleo familiar. Al duelo natural por el fallecimiento le suma el escarnio social y oprobio público, como la carga moral del homicidio, a través de una narrativa que culpa a la víctima del debilitamiento del esquema de seguridad. Esta idea colectiva promovida por el actor “censura y deslegitima su doloroso y válido clamor de justicia” [41] . 35. En lo que atañe a las aseveraciones efectuadas por el director de la UNP a través de cuatro entrevistas efectuadas a aquel, presentadas y difundidas los días 12 y 15 de julio de 2025, mediante RTVC Noticias y RNC, el escrito de respuesta al auto de pruebas las identificó del siguiente modo: Tabla 3 . Relación de afirmaciones cuestionadas por la accionante Afirmaciones objeto de cuestionamiento [42] Entrevista Fragmento Transcripción propuesta por la accionante I (Anexo 1) 1 “ Pero ha habido agentes oportunistas de la oposición al gobierno, algunos parlamentarios y otras personas que se aprovechan de esto para generar unas situaciones que confunden a la población y que crean un ambiente como si el Gobierno hubiera sido el, el gestor, por un, por una supuesta polarización del presidente de la República como responsables de este evento, que es desafortunado para el país, para la democracia, como el atentado que le hicieron al doctor Miguel Uribe ”. 2 “ Nunca lo habíamos querido decir, el que Miguel, el doctor Miguel Uribe, se reúne con su jefe de esquema y determina: mándeme unas personas a cuidar a mi familia. Eso no está permitido, eso no han debido hacerlo . - Periodista Jesús Garzón ¿Exceso de confianza del precandidato? - Augusto Rodríguez Ballesteros Yo pienso que sí ” (subraya original de la accionante). 3 “ Augusto Rodríguez Ballesteros- Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y de las personas que convocaron al evento, que fue un edil y un concejal. Convocaron a ese evento y lo llevaron allá. No hicieron el trámite con las autoridades locales y distritales para hacerlo de una manera adecuada, para que hubiera una protección del área ”. 4 “ Periodista Jesús Garzón- ¿Rodríguez recalcó, además, que Miguel Uribe Turbay nunca advirtió nada a la Unidad Nacional de Protección sobre algún problema de inseguridad? -Augusto Rodríguez Ballesteros No hubo ninguna reclamación a nosotros. No nos pidieron que mejoráramos las medidas de protección . Nunca pusieron una queja o una, o una denuncia en la, en la fiscalía diciendo que habían amenazas. Es decir, todo eso no se conoce ” (subraya original de la accionante). 5 “ Nosotros estamos, eh, reclamándole a este juez y también llevando a las autoridades competentes una reclamación por esto. Le puso, en palabras mías, le puso una... eh, por decirlo de alguna manera, una, un membrete a la primera página de un proceso penal en la que señala que la, que la Unidad Nacional de Protección tiene, tiene, eh, responsabilidades penales ” (subraya original de la accionante). II (Anexo 2) 6 “ Este juez fue manipulado, aparentemente, por alguna persona, creo, creo yo, que fue el abogado de Víctimas, el señor Víctor Mosquera. (…) el señalamiento que haga sobre esas palabras ciertos opositores, pues no pueden ser recogidas por un juez que lo único que tenía que hacer era, eh, verificar que se estuvieran cumpliendo las, las garantías para el procesado. Él habla de que tangencialmente se refirió a unas, eh, eh, digamos, a unas, a unos comentarios que tenía que-- que había hecho el señor defensor y resulta que terminó fue, pues poniéndole un membrete, un membrete culposo o de culpabilidad, un señalamiento dentro de, dentro de, del, del, del, de la diligencia de captura a, al Gobierno y a la Unidad Nacional de Protección ”. 7 “ Y, eh, y que le había dicho a la Unidad Nacional de Protección, le había solicitado repetidas veces que le reforzara. Todo eso es falso. El, el doctor Uribe nunca le pidió a la Unidad Nacional de Protección ni a la, ni a la Policía, que es la entidad que tenía que recibir esas, esas, eh, supuestas, eh, solicitudes de, de reforzamiento. Porque es la Policía la que ordena el reforzamiento, no la UNP. Es que aquí se le ha venido mintiendo al país, diciendo que es la UNP la que tenía que reforzar. La, la UNP refuerza una vez que la Policía recibe una solicitud. La, la Policía lo hace y, y, pero tampoco la Policía lo recibió ”. 8 “ Él había arrancado sin avisar una precampaña . Había arrancado y está en todo su derecho ” (subraya original de la accionante). 9 “ Pero él fue el que tomó la decisión. Escúchese bien, él tomó la decisión de fraccionar su esquema de seguridad y de debilitar su esquema de seguridad. ¿Cómo lo hizo? Primero, no aceptando que las personas que están trabajando con él , que son siete, cuatro policías y tres, eh, escoltas de la UNP, tuvieran el, el reemplazo que la entidad, que las entidades les entregan . Por ejemplo, los de la UNP deben ser reemplazados por personas frescas. Y estas personas, las que están trabajando en el esquema de vida descanso, las otras personas frescas llegan y lo reemplazan un día a la semana o el tiempo que sea. No, él prefería hacer repetir a los mismos que reemplacen. O sea, estaba debilitando el esquema, lo estaba llevando, digamos, a una situación de estrés por falta de descanso adecuado . (…) “Y, lo otro es que el decide, entendió muy mal qué, qué significa la extensión de las medidas al núcleo familiar. Pienso o pensó en su momento, porque mucha gente no lee el manual que se les entrega cuando se les da las medidas de protección, que el esquema-- que la extensión no significa dividir el esquema entre cada uno de los miembros de la familia, no. Y entonces, toman el esquema, las siete personas o las que sea, y entonces tantos van para, para quedarse con la familia. Eh, si, si la per-- si el personaje o la, el protegido está trasnochando, entonces reserva algunos para por la noche y otros para por el día. Entonces, lo hicieron mal ” (subraya original de la accionante). III (Anexo 3) 10 “[L]os 7 deberían estar pendientes del de los desplazamientos del Dr. Uribe y una vez el este a seguro, en algún punto pues puede atender al resto de la familia (…) entonces en lugar de acompañar todo el esquema al Dr Miguel Uribe pues una parte la distribuyeron mal mal o sea distribuyeron, dejaron unas personas con la familia de pronto hayan reservado por esos días el Dr. Miguel Uribe estaba trasnochando, haya reservado algunos escoltas para el turno nocturno y como había tomado el mal habito de eh no aceptar los relevos que ofrece la Unidad Nacional de Protección para los descansos de los escoltas”. IV (Anexo 4) 11 “ En esa audiencia pareciera que el juez ha recogido todos los argumentos de, eh, de, de, de uno de los abogados, del abogado, eh, que llama Víctor Mosquera, que, que, que, que ha estado permanentemente, eh, digamos, atacando a la Unidad Nacional de Protección y que a pesar [de] que encontró una oportunidad de oro para atacar a la Unidad Nacional de Protección y al Gobierno. Y echarle, echarle la culpa al Gobierno por el clima y a la Unidad Nacional de Protección por un supuesto, eh, eh, dolo, de omisión. (…) entonces el juez nos contesta, ese juez 37 Penal Municipal de control de garantías. No tendría por qué hacer cosa distinta a verificar que haya las garantías para que se demuestre que la captura que realizaron las autoridades se hizo de manera legal y respetando los derechos de la, de la persona capturada. No, ese el de una vez se va más allá de algunos argumentos de la, del abogado y los pone, digamos al, al, al aire en medio de la, digamos como de la, de su pronunciamiento oficial sin habérselos a la Unidad de Nacional de Protección por lo menos si va-- si es allí el espacio donde nos van a juzgar pues que nos llamen a nosotros para la defensa. (…) pero me parece muy extraño. Me parece muy extraño que, que un juez de garantías haga pronunciamientos distintos a, a lo que le toca relacionado con, eh, todo lo relacionado con las, las garantías y la legalidad de la, de la captura que han, que han hecho las autoridades ”. 36. Respecto de las antedichas manifestaciones, el apoderado de la accionante manifestó en concreto que el director de la UNP: · Adujo que Miguel Uribe Turbay fraccionó el esquema por “exceso de confianza”, “entendió muy mal el manual” y los recursos humanos para su protección se “distribuyeron mal”. Además, indicó que tomó decisiones “no permitidas” al proteger a su familia. Tales afirmaciones lo presentan como “un individuo ignorante, imprudente y artífice de su propia desprotección” [43] , y somete a la familia al escarnio de la idea de que la protección sobre esta habría sido “el error garrafal que le costó la vida” [44] . · Señaló que hubo una omisión o falta de aviso sobre la iniciación de la precampaña (“arrancó sin avisar una precampaña”, “nunca advirtió nada”, “no nos pidieron que mejoráramos”). Esto, que sería falso, anula mediáticamente el desamparo de Miguel Uribe Turbay y lo retrata como un ciudadano negligente y temerario con su propia vida, fijando la idea de que el precandidato “buscó o facilitó su propia muerte” [45] . · Acusó al entorno cercano de Miguel Uribe Turbay con la idea de estar compuesto por “agentes oportunistas” que “crean un ambiente como si el Gobierno hubiera sido el gestor”. Concibió los reclamos de verdad como “una simple estratagema de la oposición” [46] , desconociendo el carácter de víctima del precandidato. Al mismo tiempo el dolor de la familia resultó instrumentalizado con fines políticos. · Atribuyó negligencia al equipo político y a la organización del evento durante el que se perpetró el atentado, frente a la coordinación adecuada de la seguridad de Miguel Uribe Turbay (“no hicieron el trámite”). Con ello presenta a aquel como un líder de una campaña desorganizada e improvisada. Además, “estigmatiza a su círculo de confianza” [47] e impone una carga moral hacia el entorno político familiar. · Finalmente, insinuó que la representación legal de las víctimas y el juez de control de garantías actuaron en connivencia para atacar a la UNP a partir de afirmaciones asociadas a manipulación judicial (“el juez fue manipulado por el abogado de víctimas” y “un membrete culposo”). Estas además proyectan un manto de duda, engaño y mala fe sobre las intenciones de la familia. Indirectamente revictimizan a la familia, pues sugieren el empleo de la memoria del fallecido para maniobras oscuras y espurias, debilitando así la legitimidad del acceso a la administración de justicia sin injerencias ni señalamientos. 37. Dichas aseveraciones, para la actora inexactas y descontextualizadas, superaron el campo de la opinión. Generaron un “grave estigma social” [48] sobre Miguel Uribe Turbay y su familia. Este “se materializó desde el instante mismo en que el [d]irector de la Unidad Nacional de Protección (UNP) utilizó el poder y alcance del sistema de medios públicos del Estado, como RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, para difundir una narrativa oficial que invierte la carga de la culpa” [49] y responsabiliza a la víctima del atentado. Esta narrativa produjo un reproche social infundado hacia Miguel Uribe Turbay y su entorno, y catalizó el “el linchamiento moral y el escarnio público en redes sociales, donde el mensaje de la entidad fue validado y replicado por miles de ciudadanos” [50] , lo que es apreciable en forma fehaciente en “las reacciones de los usuarios a las publicaciones oficiales” [51] . Fueron las manifestaciones del funcionario accionado las que dieron lugar a que: la tragedia fuera calificada en la esfera pública como un “ AUTOATENTADO ”, donde se acusó falsamente a la víctima indicando que “sab[í]a lo que iba a pasar de ese modo montaron todo un show” […]. Lejos de generar la solidaridad que amerita el asesinato de una persona en estado de indefensión, las afirmaciones del accionado propiciaron que la víctima fuera insultada en su memoria, siendo tildado de “majadero”. Peor aún, el odio y el estigma se dirigieron de forma directa hacia su familia y su representación legal, bajo la falsa premisa institucional de que estaban instrumentalizando la tragedia: los usuarios expresaron que “la manipulación de estos de derecha es evidente lo usaron y aprovecharon para ganar votos” [52] . 38. De este modo, en criterio de la parte accionante, la desinformación oficial transformó a las víctimas en victimarios ante la opinión pública. Una narrativa falaz que cruzó las fronteras nacionales y tuvo un alcance internacional, a través de medios de comunicación como El País y expuso textualmente que “en caso de que la familia decida establecerse fuera del país o simplemente transite en el exterior, su apellido y la memoria de su ser querido estarán permanentemente vinculados en los motores de búsqueda globales a estas acusaciones oficiales de autosabotaje, imprudencia y manipulación política. El daño causado, por tanto, no es efímero ni puramente local; es una vulneración continuada y globalizada que lacera su dignidad [y afecta su patrimonio moral] en cualquier latitud” [53] . 39. Mientras las familias de las víctimas de homicidio enfrentan un duelo natural, la familia de Miguel Uribe Turbay lo ve agravado con la propagación oficial de versiones inexactas y tendenciosas que trasladan la responsabilidad del atentado a la propia víctima. Esto con el propósito de la entidad de exculparse públicamente, prescindiendo de los mecanismos legales para “efectuar una defensa sobre la posible responsabilidad que les atañe (acciones penales y contencioso administrativas)” [54] ; “[a]l propalar sin fundamento versiones que juegan con la honra del fallecido, el accionado ha invadido la esfera íntima y familiar, transformando el legítimo clamor de justicia de una viuda y sus hijos en objeto de debate, duda y escarnio público, configurando así un daño moral continuado y una vulneración flagrante a sus derechos fundamentales” [55] . 40. Ahora bien, para la parte actora, las aseveraciones del funcionario sobre la actuación del juez de control de garantías “desplaza[n] infundadamente la atención pública y la carga del atentado hacia la propia víctima […] estrategia comunicacional [que] estigmatiza a las víctimas indirectas del atentado contra Miguel Uribe Turbay, debilita la legitimidad de sus reclamos de justicia y macula su memoria al sugerir que la búsqueda de la verdad es, en realidad, una artimaña malintencionada” [56] . Del mismo modo, los señalamientos contra el apoderado de la accionante, como apoderado de las víctimas, sobre la manipulación del juez y la instrumentalización política de los hechos contra el Gobierno, atribuyéndole un comportamiento espurio y oportunista, genera un manto de duda sobre la intención de las víctimas al promover las acciones judiciales correspondientes. De ese modo, el accionado evade su posible responsabilidad y revictimiza a Miguel Uribe Turbay y a su familia, bajo la idea de que su entorno tiene propósitos políticos oscuros. 41. La accionante adujo que el funcionario accionado asoció los reclamos de la familia como un complot en contra del Gobierno nacional, cuando “una autoridad pública que debe ceñirse a la imparcialidad en sus actuaciones máxime cuando pretende informar sobre la investigación interna adelantada a la opinión pública” [57] . 42. Además, precisó que no presentó ninguna solicitud de retractación distinta a aquella radicada del 16 de julio de 2025, dirigida al director de la UNP. Frente a esa solicitud enfatizó que trascribió las manifestaciones del accionante y destacó que solo solicitaba la rectificación en relación con aquellas expresiones subrayadas y destacadas, y explicó cómo incumplían el principio de veracidad de la información. También señaló que la razón por la que todas esas expresiones afectan la honra y buen nombre de Miguel Uribe Turbay es que, pese a su condición de víctima, le atribuyen “la culpa” [58] de los hechos del 7 de junio de 2025. 43. Sobre el particular, precisó que se abstuvo de solicitar la retractación a los medios de comunicación que publicaron, trasmitieron o retransmitieron las afirmaciones del director de la UNP. En su concepto, fue esta la autoridad administrativa de alta investidura que emitió los pronunciamientos y a través de ellos se lesionó la honra y el buen nombre de Miguel Uribe Turbay. De ese modo, es quien tiene la capacidad material para rectificar con el mismo nivel de difusión, en vista de su alta jerarquía institucional. Considera que es “una exigencia absurda exigir a la víctima solicitar rectificación a cada uno de los medios y portales de redes sociales en donde se replicó la información” [59] , cuando es a las personas vinculadas al servicio público a las que les corresponde una posición de garantes de los derechos de la ciudadanía, lo que les impone el grado de máxima prudencia y responsabilidad en el uso de medios de comunicación masiva [60] . Agregó que “siendo en este caso la fuente [de la información] una autoridad institucional, la acción de un medio [y sus deberes de contrastación de fuentes] resultaría por sí sola insuficiente para conjurar el daño a la honra y buen nombre del fallecido Miguel Uribe Turbay que ya se ha producido, teniendo que, las afirmaciones otorgadas se replicaron con gran velocidad en redes y medios de comunicación” [61] . 44. En el escrito en el que respondió a las pruebas decretadas en sede de revisión, aun cuando no impugnó la providencia en instancia, la actora puntualizó que está en desacuerdo con aquella decisión. A su juicio, el hecho de que las investigaciones por el atentado y homicidio del que fue víctima su esposo se encuentren en desarrollo, no habilita al servidor público a “compartir información incompleta, errónea o parcializada que acabase por trasladar la culpa del atentado a la víctima” [62] . Precisamente, esta debe establecerse en “foros jurídicos propicios para la determinación de responsabilidades” [63] que para el momento de las manifestaciones aún no se agotaban. 45. Finalmente informó que en relación con los mismos hechos que motivaron la acción de tutela de la referencia no ha promovido otros procesos judiciales, ni de tutela ni ordinarios [64] , contra los accionados. Sin embargo, el apoderado señaló que, tras el atentado, solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de Miguel Uribe Turbay y su familia, petición cerrada el 27 de enero de 2026, por cuanto la Comisión concluyó que, actualmente, no existe un nivel de desprotección que las amerite. 46. Asimismo, especificó que “la única otra acción de tutela efectuada a favor de la honra y buen nombre del señor Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D), en relación con los hechos que circundaron su lamentable fallecimiento se efectúo en contra del señor Presidente de la República Gustavo Petro Urrego, por pronunciamientos que dicho presidente efectuó en[ ]torno al atentado, en diversas ocasiones tras la ocurrencia del mismo” [65] . A su juicio ambos asuntos, aquel y el de la referencia, en conjunto, permitirían que la Corte Constitucional analice “los límites institucionales a la libertad de expresión de las más altas dignidades del Ejecutivo, permitiendo evaluar cómo [sus] declaraciones públicas […] desde una posición de garante pueden vulnerar los derechos a la honra y a la memoria de personas fallecidas y sus familias, a la vez que representan un riesgo de interferencia en la independencia de las investigaciones penales en curso” [66] . b) Unidad Nacional de Protección [67] 47. La entidad destacó que es un organismo estatal con la misión de articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección en favor de la población protegida. Lo hace a través del Programa de Prevención y Protección, un conjunto de estrategias, actividades y rutas orientadas a salvaguardar los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, garantizando la atención integral, sin distinción. Están destinados tales mecanismos, entre otros, a dirigentes o activistas de grupos políticos, especialmente aquellos de oposición. La Unidad se orienta por principios asociados a enfoques diferenciales, contención de la discriminación e incentivo del pluralismo político y social [68] , que persiguen la tolerancia y no estigmatización de “las y los integrantes de los partidos y movimientos políticos y sociales, especialmente los que ejerzan la oposición” [69] . 48. La entidad señaló que la prestación de sus servicios al ciudadano se rige por el objetivo de “promover medidas orientadas a apoyar la implementación de la Política Pública de Reconciliación, Convivencia y no Estigmatización, para la protección de la democracia participativa, social y deliberativa, el ejercicio de la política y la construcción de confianza entre entidades públicas y comunidades, a través de la articulación local y nacional de la población objeto del presente decreto [70] ”, como también por la atención imparcial por parte de sus funcionarios. 49. En el desarrollo de las funciones de la entidad “no existe prelación alguna ni trato diferenciado por razones ideológicas o políticas, sino que, por el contrario, todas las decisiones se adoptan con estricto fundamento en criterios técnicos, objetivos y legales” [71] . Las decisiones sobre el otorgamiento de las medidas de protección obedecen a la evaluación técnica del nivel de riesgo, adelantada por instancias especializadas, cuyos resultados son sometidos a consideración del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), que formula recomendaciones motivadas. Para los congresistas, el servicio se presta de modo coordinado entre la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro), que lidera la implementación de los esquemas, y la UNP, que actúa como instancia complementaria en la asignación de recursos físicos. 50. De acuerdo con la UNP la extensión de las medidas de protección se comunicó a Miguel Uribe Turbay “al momento de la notificación de la Resolución No. 182 del 27 de enero de 2023, acto administrativo en el cual se dispuso textualmente [aquella]” [72] . La entidad refirió en relación con el correcto uso de la extensión de las medidas de protección a las familias de los beneficiarios, que el Decreto 1066 de 2015 regula lo pertinente. Destacó que el Manual de Medidas de Prevención y Protección prevé que la asignación de los esquemas se acompaña de un manual de uso y lineamientos de autoprotección y que la extensión a las familias es excepcional e implica que las medidas de protección “permanecerán en cabeza del beneficiario del programa y su utilización deberá ser coordinada con su núcleo familiar, de forma que no se afecte la eficacia de las mismas” [73] . La fragmentación del esquema que, sin lugar a duda, compromete su efectividad, es una decisión que corresponde al beneficiario y debe ser coordinada por el líder designado del equipo, en función de la autonomía del primero. 51. También destacó que a causa de los hechos que motivaron la interposición de la acción de tutela de la referencia, cursan las siguientes causas judiciales: Tabla 4 . Trámites judiciales asociados a los hechos que motivaron la acción de tutela Tipo Promotor Particularidades [74] Penal Familia de Miguel Uribe Turbay Denunciado : Augusto Rodríguez Ballesteros Fecha : 7 de junio de 2025 Delito : Prevaricato por omisión y homicidio (tentativa) [75] Etapa : Indagación Observaciones : Tres inspecciones judiciales efectuadas en búsqueda selectiva en bases de datos en las instalaciones de la UNP, con colaboración de la entidad. Penal y disciplinario Augusto Rodríguez Ballesteros Denunciado : Víctor Mosquera Marín Fecha : 2 de julio de 2025 Delito : Calumnia Etapa : No refiere Observaciones : Tiene origen en el cuestionamiento de la conducta del director de la UNP, sin respaldo probatorio. No refirió la falta disciplinaria atribuida. 52. Aunado a lo anterior, la UNP resaltó que la única solicitud de retractación recibida de parte de la actora, data del 16 de julio de 2025. Asimismo, la entidad adujo que esta solicitud tiene estrecha relación con la segunda causa penal y disciplinaria referida. 53. Finalmente, precisó que jamás recibió una solicitud por parte de la Unión Temporal Andinos, como operador del esquema de protección, en la cual se plantearan inquietudes u observaciones sobre la coordinación de las medidas extensivas a la familia del protegido; “[l]o anterior encuentra explicación en el hecho de que el esquema de protección asignado al senador Uribe Turbay se encontraba bajo la coordinación y responsabilidad directa de la Policía Nacional, institución desde la cual se efectuaba la planificación, coordinación y distribución operativa del personal de protección asignado” [76] . c