Sentencia T-234 de 2026

T-234-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL -Sala Sexta de Revisión- SENTENCIA T-234 de 2026 Referencia: expediente T-11.923.494 Asunto: acción de tutela interpuesta por Irene , como agente oficiosa de sus nietas menores de edad Juliette e Inés , en contra de Porvenir S.A. Temas: Derecho fundamental a la seguridad social y prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el acceso efectivo a la pensión de sobrevivientes reconocida a su favor, cuando el ejercicio material de la custodia y cuidado corresponde a una persona distinta de quien ostenta la patria potestad y la representación legal Magistrado ponente: Vladimir Fernández Andrade Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiséis (2026). Aclaración preliminar: reserva de la identidad de la agente oficiosa y sus agenciadas. En este caso se hará referencia a información familiar y socioeconómica de dos niñas y su agente oficiosa. Por tal razón, de conformidad con el artículo 61 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional y la Circular 10 de 2022, se considera necesario suprimir, de esta providencia y de toda futura publicación, sus nombres, así como cualquier otro dato o información que permita individualizarlas. Por ello, se expedirán dos providencias: una en la que se sustituyan los nombres reales por nombres ficticios y otra que contendrá los nombres reales de las partes. Síntesis de la sentencia: la Corte Constitucional estudió una acción de tutela promovida por la abuela materna de dos niñas contra una administradora de fondos de pensiones, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna, al debido proceso y al interés superior de los niños, niñas y adolescentes. La controversia surgió porque la entidad se negó a permitir que quien ejercía provisionalmente la custodia y el cuidado personal de las niñas administrara y percibiera directamente los recursos correspondientes a la pensión de sobrevivientes reconocida a su favor, bajo el argumento de que el padre conservaba la patria potestad y la representación legal. La accionante también solicitó la suspensión transitoria de la patria potestad del progenitor y su designación como guardadora de los bienes de las niñas. La Corte concluyó que la acción de tutela era parcialmente procedente. En particular, estimó satisfechos los requisitos de legitimación, inmediatez y subsidiariedad respecto de la controversia relacionada con el acceso efectivo y la administración de los recursos derivados de la pensión de sobrevivientes, al advertir que las niñas son sujetos de especial protección constitucional, que el derecho pensional ya había sido reconocido y que los mecanismos ordinarios no resultaban idóneos ni eficaces para garantizar oportunamente que la prestación cumpliera su finalidad constitucional. En contraste, confirmó la improcedencia de la tutela frente a las pretensiones dirigidas a suspender la patria potestad del padre y designar a la agente oficiosa como guardadora, por tratarse de asuntos atribuidos a la jurisdicción ordinaria en su especialidad de familia, respecto de los cuales existen procesos judiciales en curso y mecanismos específicos para su resolución. En el análisis de fondo, la Sala reiteró que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes constituye el criterio rector de toda decisión relacionada con prestaciones económicas reconocidas en su favor; que la pensión de sobrevivientes es una manifestación del derecho fundamental a la seguridad social y un instrumento destinado a garantizar su mínimo vital y su subsistencia digna; que la patria potestad, la representación legal, la custodia y el cuidado personal son instituciones con finalidades y efectos jurídicos diferenciados; que las autoridades administrativas, judiciales y las entidades que integran el sistema de seguridad social deben actuar de manera articulada, conforme a los principios de integralidad, unidad y colaboración armónica, para asegurar el acceso efectivo de los niños, niñas y adolescentes a las prestaciones que les han sido reconocidas; y que las decisiones adoptadas en este ámbito deben incorporar un enfoque de género que visibilice y valore las labores de cuidado asumidas materialmente por las mujeres, evitando que interpretaciones exclusivamente formales reproduzcan escenarios de desigualdad estructural. Al aplicar esas reglas al caso concreto, la Corte encontró acreditado que la pensión de sobrevivientes ya había sido reconocida en favor de las niñas; que la abuela materna ejercía, por decisión de las autoridades de familia, su custodia provisional y cuidado cotidiano; que asumía de manera efectiva su manutención y atención integral; y que la negativa de la administradora de fondos de pensiones obedeció principalmente a una interpretación formal de las reglas sobre patria potestad y representación legal, sin valorar las medidas de protección vigentes, la realidad material del cuidado ni la finalidad constitucional de la prestación. La Sala concluyó que esa actuación desconoció el interés superior de las niñas, convirtió la aplicación descontextualizada de las reglas propias del derecho de familia en una barrera para el acceso efectivo a una prestación ya reconocida y frustró la finalidad protectora de la pensión de sobrevivientes. Por lo anterior, la Corte confirmó parcialmente las decisiones de instancia, exclusivamente en cuanto declaró improcedente la acción de tutela respecto de las pretensiones encaminadas a la suspensión de la patria potestad y a la designación de guardadora. Revocó, en lo demás, dichas decisiones y amparó los derechos fundamentales de Juliette e Inés . En consecuencia, ordenó a la administradora de fondos de pensiones efectuar la entrega directa de las mesadas de la pensión de sobrevivientes y de las sumas que se causen en el futuro a la abuela materna, en su condición de persona que ejerce materialmente su cuidado, sin exigir requisitos adicionales relacionados con la representación legal o la administración de bienes distintos de los previstos en la sentencia. Asimismo, precisó que esta medida de protección no modifica la patria potestad ni sustituye las competencias de la jurisdicción de familia y previno a la entidad para que, en adelante, resuelva este tipo de solicitudes conforme a los parámetros constitucionales desarrollados en la providencia, privilegiando el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes y la finalidad constitucional de las prestaciones pensionales reconocidas en su favor. Tabla de contenido I. ANTECEDENTES . 4 1. Hechos . 4 2. Presentación y admisión de la acción de tutela . 5 3. Informes recibidos 6 4. Sentencia de tutela de primera instancia . 11 5. Impugnación de la sentencia . 12 6. Sentencia de tutela de segunda instancia . 12 7. Actuaciones de esta Corte en sede de selección y revisión . 13 7.1. Auto de pruebas . 13 7.2. Auto de vinculación y requerimiento . 22 7.3. Traslado de la información obtenida . 27 II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL . 27 1. Competencia . 27 2. Procedencia de la acción de tutela . 27 3. Presentación del caso y formulación del problema jurídico . 45 4. Ejes temáticos . 47 4.1. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la prevalencia de sus derechos en el acceso efectivo a prestaciones pensionales reconocidas en su favor 47 4.2. L a pensión de sobrevivientes como manifestación del derecho fundamental a la seguridad social de los niños, niñas y adolescentes y mecanismo para garantizar su mínimo vital y subsistencia digna . 50 4.3. La potestad parental, la custodia y el cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes y su incidencia en la administración de prestaciones pensionales reconocidas en su favor 53 4.4. El deber de las autoridades judiciales y administrativas y entidades del sistema de seguridad social de actuar de manera articulada, bajo los principios de integralidad, unidad y colaboración armónica, para garantizar el acceso efectivo de los niños, niñas y adolescentes a prestaciones pensionales reconocidas en su favor 56 4.5. El deber de incorporar un enfoque de género en las decisiones relacionadas con el acceso efectivo de los niños, niñas y adolescentes a prestaciones económicas reconocidas en su favor, particularmente en contextos de feminización de las labores de cuidado . 59 5. Caso concreto . 61 5.1. Hechos relevantes demostrados . 61 5.2. Solución al problema jurídico . 68 5.3. Breve síntesis de las conclusiones probatorias . 80 6. Remedios constitucionales . 81 III. DECISIÓN .. 84 La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente sentencia. I. ANTECEDENTES 1. Hechos [1] 1. Irene , actuando en representación de sus nietas menores de edad, Juliette e Inés , relató que las niñas quedaron bajo su cuidado tras el fallecimiento de la madre de estas, Lorena , ocurrido el 17 de julio de 2021. Indicó que, desde entonces, ha asumido de manera exclusiva su manutención y cuidado personal. Asimismo, que cuenta únicamente con ingresos equivalentes a un salario mínimo mensual. 2. Señaló que Juliette nació el 24 de julio de 2013 e Inés el 21 de octubre de 2019. Explicó que, en diligencia adelantada el 12 de marzo de 2023, la Comisaría 018 de Familia de la Localidad de Rafael Uribe Uribe le otorgó provisionalmente la custodia y cuidado personal de Juliette como medida de protección por violencia intrafamiliar. Posteriormente, en diligencia del 31 de agosto de 2023, la Comisaría 011 de Familia de Suba Uno mantuvo dicha medida y fijó a cargo del padre, Alberto , una cuota alimentaria mensual de $380.000 a favor de la niña. 3. Manifestó que, en diligencia adelantada el 12 de marzo de 2024, la Comisaría 018 de Familia de la Localidad de Rafael Uribe Uribe le otorgó provisionalmente la custodia y cuidado personal de Inés como medida de protección por violencia intrafamiliar. Añadió que, posteriormente, en diligencia de fijación de alimentos 00098 del 30 de octubre de 2024, esa misma autoridad fijó a cargo del progenitor una cuota alimentaria mensual de $355.000 a favor de Inés . Expuso además que, en diligencia del 15 de enero de 2025, la referida comisaría adoptó medidas urgentes y prevalentes de protección especial en favor de Inés y compulsó copias a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF—, con ocasión de hechos de violencia intrafamiliar atribuidos al padre. 4. Manifestó que Alberto incumplió las obligaciones alimentarias impuestas, pues, según afirmó, desde el año 2023 no ha realizado pago alguno respecto de la cuota alimentaria fijada para Juliette y únicamente efectuó un pago correspondiente a la cuota alimentaria establecida en favor de Inés . Aclaró que, aunque el progenitor conserva formalmente la patria potestad y representación legal de las niñas, no ejerce adecuadamente sus deberes parentales ni ha adelantado actuaciones dirigidas a garantizarles el acceso a la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de la madre. 5. Explicó que el 2 de agosto de 2021 y nuevamente el 25 de abril de 2024 solicitó a Porvenir S.A. autorización para reclamar las cuotas partes de la pensión de sobrevivientes correspondiente a sus nietas. Indicó que, mediante comunicación del 11 de octubre de 2023, la administradora negó la solicitud relacionada con Juliette , al considerar que la representación legal de la niña continuaba en cabeza del padre y que únicamente un juez de familia podía disponer la curaduría o administración de sus bienes. Al respecto, la agente oficiosa añadió que dicha exigencia le resulta desproporcionada, pues carece de recursos económicos suficientes para promover procesos judiciales encaminados a obtener la suspensión de la patria potestad o la designación de guardador judicial. 6. Finalmente, sostuvo que actualmente sus nietas dependen exclusivamente de ella para su sostenimiento. Expuso que reside junto a las niñas en una vivienda familiar de estrato tres y que sus ingresos resultan insuficientes para cubrir adecuadamente los gastos de alimentación, transporte, servicios públicos, atención médica y educación, poniendo de relieve que una de las niñas cursa sexto grado y la otra se encuentra en jardín infantil. 2. Presentación y admisión de la acción de tutela 7. El 23 de octubre de 2025 Irene , como agente oficiosa de sus nietas menores de edad Juliette e Inés , promovió acción de tutela contra Porvenir S.A., con el propósito de proteger los derechos fundamentales de las niñas a la vida, a una vida digna, al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social, a la afiliación y aportes al sistema de seguridad social integral, a la dignidad humana, al debido proceso, a la igualdad y los derechos prevalentes de los niños. La vulneración de tales derechos derivó de la respuesta negativa de la administradora a la solicitud de la agente oficiosa de permitir que los recursos correspondientes a la pensión de sobrevivientes reconocida a favor de las niñas Juliette e Inés fueran percibidos o administrados por quien ejerce materialmente su cuidado y custodia. 8. Como medida de amparo, la agente oficiosa formuló dos pretensiones principales: (i) que se ordenara a Porvenir S.A. permitir el acceso y pago efectivo de las sumas correspondientes a la pensión de sobrevivientes reconocida a favor de las niñas, junto con los intereses moratorios que estimó causados; y (ii) que, como medida transitoria, se suspendiera la patria potestad ejercida por Alberto respecto de sus agenciadas y que, en su lugar, ella fuera designada como guardadora mientras la autoridad competente adoptaba una decisión definitiva. 9. La solicitud de tutela correspondió en primera instancia al Juzgado 129 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá. Ese despacho , mediante Auto del 24 de octubre de 2025 [2] , admitió la solicitud de amparo en contra de Porvenir S.A. y ordenó oficiar a Alberto , a la Comisaría 018 de Familia de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, a la Comisaría 011 de Familia de Suba Uno, a la Defensoría del Pueblo Regional Bogotá, al Juzgado 002 de Familia de Bogotá, a la Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá y a la Secretaría de Planeación del Distrito de Bogotá para que remitieran información, así como los expedientes bajo su conocimiento. 3. Informes recibidos 10. Ante el juzgado de conocimiento se presentaron los siguientes informes: Tabla 1. Informes recibidos en el trámite de instancia. Entidad Informe Porvenir S.A. [3] Porvenir S.A. solicitó declarar improcedente la acción de tutela y, simultáneamente, negar las pretensiones formuladas por la agente oficiosa, al considerar que la controversia planteada debe ser resuelta ante la jurisdicción ordinaria de familia y que, en todo caso, no ha vulnerado derecho fundamental alguno. Señaló que la afiliada causante, Lorena , se encontraba cotizando al Sistema General de Pensiones para la fecha de su fallecimiento y que, en virtud del cumplimiento del requisito de las 50 semanas de cotización previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el 19 de septiembre de 2022 reconoció la pensión de sobrevivientes a favor de las niñas Juliette e Inés , en un porcentaje equivalente al 25% para cada una por un valor mensual de $250.000 para cada una, así como un retroactivo desde el fallecimiento de la causante hasta agosto de 2022 por valor de $3.718.786 para cada una. Añadió que el 50% restante quedó en reserva a favor de Alberto , hasta tanto acreditara convivencia mediante sentencia ejecutoriada, dada la controversia suscitada por familiares de la causante frente a dicha condición. Indicó que, al momento de estudiar la prestación, valoró las decisiones emitidas por la Comisaría 011 de Familia de Suba Uno y la Comisaría 018 de Familia de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, concluyendo que tales actuaciones únicamente otorgaban la custodia y cuidado personal a la abuela materna, mas no la representación legal ni la administración de los bienes de las niñas. En ese sentido, como Alberto conserva la patria potestad y representación legal de las niñas, le corresponde a este administrar las mesadas pensionales reconocidas a favor de las hijas de la causante, salvo que exista decisión judicial que designe un curador o guardador distinto. Agregó que dicha actuación se ajusta a su manual interno y a lo previsto en el artículo 307 del Código Civil, conforme al cual la administración de los bienes y la representación extrajudicial de los hijos corresponde a quienes ejercen la patria potestad. Afirmó que la agente oficiosa pretende obtener, por vía de tutela, el reconocimiento económico de la prestación pensional a su favor, desconociendo los trámites judiciales ordinarios que debe adelantar para controvertir la patria potestad o modificar la representación legal de las agenciadas. En ese contexto, sostuvo que corresponde al juez de familia, y no al juez constitucional, definir cualquier controversia relacionada con el ejercicio de la patria potestad, la representación legal de las niñas o la eventual designación de guardador judicial. Añadió que las afirmaciones relativas a presuntos hechos de violencia intrafamiliar carecen de soporte probatorio suficiente y no han sido objeto de declaración judicial definitiva, razón por la cual no pueden ser asumidas como ciertas en sede de tutela. Reiteró el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, indicando que las controversias relativas al reconocimiento y pago de prestaciones económicas deben ser conocidas por la jurisdicción ordinaria laboral o por el juez de familia, según la naturaleza del asunto debatido. Citó, entre otras, las Sentencias T-001 de 1992, T-660 de 1999, T-038 de 1997 y T-796 de 2003, para sostener que la tutela no es procedente para obtener el reconocimiento de derechos litigiosos ni para sustituir las competencias del juez natural, salvo que se acredite un perjuicio irremediable debidamente probado. Añadió que la agente oficiosa no acreditó la configuración de un perjuicio irremediable ni aportó elementos de prueba que demostraran la inminencia, gravedad y urgencia del daño alegado, presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional para habilitar la procedencia excepcional del amparo como mecanismo transitorio. Asimismo, sostuvo que Porvenir S.A. ha actuado conforme a la normativa vigente y en protección del interés superior de las niñas, reconociendo y pagando la prestación pensional a través de quien actualmente ostenta su representación legal, sin que exista decisión judicial que disponga algo distinto. En consecuencia, solicitó desvincular, negar o declarar improcedente la acción de tutela respecto de Porvenir S.A., al considerar que no se configura vulneración alguna de derechos fundamentales atribuible a esa administradora y que la agente oficiosa dispone de mecanismos judiciales ordinarios idóneos para debatir la controversia planteada. Comisaría 018 de Familia de la Localidad de Rafael Uribe Uribe [4] La Comisaría 018 de Familia de la Localidad de Rafael Uribe Uribe remitió información relacionada con las actuaciones adelantadas respecto de la niña Inés . Señaló que en dicho despacho cursa trámite de medida de protección a favor de la niña y en contra de su progenitor, Alberto , en el marco de la cual, mediante resolución obrante a folios 130 a 136 del tomo 1, se fijó provisionalmente la custodia en cabeza de Irene . Indicó que dicha decisión fue apelada y posteriormente confirmada el 18 de febrero de 2025 por el Juzgado 010 de Familia de Bogotá, según consta a folios 357 a 365 del tomo 2 del expediente. Añadió que dentro del expediente también obra el Acta de Fijación de Alimentos del 30 de octubre de 2024, mediante la cual se adoptaron medidas relacionadas con la obligación alimentaria a favor de Inés . Asimismo, informó que en la Comisaría no cursa actualmente proceso administrativo de restablecimiento de derechos respecto de Inés , pues las diligencias de seguimiento fueron trasladadas al ICBF de conformidad con el artículo 96 de la Ley 1098 de 2006. Finalmente, manifestó que, revisado el expediente administrativo, no se evidenció comunicación o certificación oficial emitida por la Comisaría reconociendo a Irene como cuidadora o representante temporal. Finalmente aportó enlace electrónico para acceder al expediente correspondiente a la Medida de Protección número 280-2024, integrada por tres tomos y un incidente adicional [5] . Comisaría 011 de Familia de la Localidad de Suba Uno [6] La Comisaría 011 de Familia de Suba Uno solicitó su desvinculación del trámite constitucional, al considerar que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la agente oficiosa ni de sus nietas agenciadas. Señaló que en dicho despacho cursa el trámite de medida de , iniciado por Irene contra Alberto , en la que aparecen como víctimas la agente oficiosa y su nieta Juliette . Indicó que el conocimiento del trámite fue avocado el 11 de julio de 2023 y que, en diligencia adelantada el 2 de agosto de 2023, se impuso medida de protección a favor de las presuntas víctimas. Añadió que dicha decisión fue objeto de apelación y remitida al Juzgado 024 de Familia de Bogotá. Manifestó igualmente que, en audiencia provisional de alimentos celebrada el 31 de agosto de 2023, se fijó cuota alimentaria provisional a favor de Juliette y se dispuso que la custodia permaneciera en cabeza de su abuela materna, Irene . Asimismo, señaló que en dicha diligencia se ordenó oficiar a Porvenir S.A. para que entregara a Irene el 25% de la mesada pensional correspondiente a Juliette como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada tras el fallecimiento de Lorena , comunicación que fue remitida al fondo de pensiones el 15 de septiembre de 2023. Añadió que posteriormente se adelantaron dos incidentes de incumplimiento contra Alberto . El conocimiento del primero fue avocado el 26 de octubre de 2023 y culminó con decisión del 22 de abril de 2024, mediante la cual se declararon probados los hechos y se impuso al accionado sanción equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. El segundo incidente fue iniciado el 3 de julio de 2024 y finalizó en audiencia del 18 de septiembre de 2024, en la que se declararon no probados los hechos alegados. Finalmente, informó que actualmente no cursa proceso administrativo de restablecimiento de derechos relacionado con Juliette y sostuvo que, en el desarrollo de las actuaciones adelantadas por la Comisaría, se garantizó el debido proceso, el acceso a la información y el derecho de contradicción de las partes, razón por la cual consideró improcedente atribuir a dicha autoridad administrativa vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados. Juzgado 002 de Familia del Circuito de Bogotá [7] El Juzgado 002 de Familia de Bogotá informó que actualmente conoce del proceso ejecutivo de alimentos promovido por Irene contra Alberto . Señaló que mediante auto del 12 de junio de 2025 libró mandamiento de pago y, en la misma fecha, decretó las medidas cautelares correspondientes, las cuales fueron comunicadas a las entidades pertinentes. Indicó que el ejecutado fue notificado en debida forma el 14 de agosto de 2025 y que, posteriormente, el 21 de agosto de 2025, presentó memorial a través del cual solicitó amparo de pobreza. Añadió que dicha solicitud fue concedida mediante providencia del 3 de septiembre de 2025. Asimismo, manifestó que la abogada designada en virtud de amparo de pobreza fue notificada el 22 de septiembre de 2025, sin que obrara respuesta alguna para la fecha del informe. Sobre el estado actual del trámite, informó que el proceso ingresaría al despacho para resolver lo que en derecho correspondiera. Finalmente, anunció que remitía enlace de acceso al expediente digital del proceso ejecutivo de alimentos. Defensoría del Pueblo —Regional Bogotá— [8] La Defensoría del Pueblo Regional Bogotá señaló que, una vez revisados los sistemas institucionales de información y atención denominados VISIÓN WEB – Módulo ATQ, así como los sistemas ORFEO e IRIS, consultando por el nombre de Irene , no se encontró registro alguno de la ciudadana como usuaria, peticionaria o afectada. Indicó que, en consecuencia, no obra solicitud de orientación, acompañamiento o representación judicial relacionada con la pensión de sobrevivientes de sus nietas Juliette e Inés , ni respecto de eventuales procesos de privación de patria potestad, curaduría o custodia definitiva. En ese contexto, manifestó que la Defensoría del Pueblo Regional Bogotá no cuenta con información adicional que permita atender de fondo lo solicitado por el despacho judicial. Alberto —padre de las agenciadas— [9] Alberto , padre de Juliette e Inés , rindió informe dentro de la acción de tutela actuando en nombre propio. Señaló que, tras el fallecimiento de su compañera Lorena , ocurrido en julio de 2021 por complicaciones de salud asociadas al COVID-19, asumió la representación legal de sus hijas menores de edad. Indicó que el programa ICBF Revivir, a través de un defensor de familia, formalizó el reintegro de las niñas mediante acta de compromisos y entrega dentro de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Manifestó que el 25 de agosto de 2021 surgieron desacuerdos con la abuela materna de las niñas, Irene , relacionados con la celebración del cumpleaños de una de ellas, situación que motivó la intervención de las autoridades de infancia y adolescencia. Afirmó que posteriormente formuló denuncia penal contra Irene por arbitrariedad en la custodia y sostuvo que el 9 de septiembre de 2021 las autoridades le hicieron entrega de sus hijas en el Portal de Suba. También señaló que, tras nuevos desacuerdos con la abuela materna, únicamente permaneció bajo su cuidado Inés desde el 9 de septiembre de 2021 hasta el 12 de abril de 2024, fecha en la cual —según afirmó— fue separada de su entorno familiar en el marco de una denuncia por actos sexuales con menor de 14 años y violencia intrafamiliar, investigación que, de acuerdo con su dicho, actualmente se encuentra archivada en la Fiscalía General de la Nación. Refirió que actualmente cursa proceso de custodia definitiva ante el Juzgado 018 de Familia de Bogotá, actuación que, según señaló, tiene por objeto definir la custodia, visitas y régimen de alimentos respecto de sus hijas. Añadió que ha solicitado impulso procesal mediante apoderado designado en virtud de amparo de pobreza y que recientemente fue programada audiencia virtual para el 20 de mayo de 2026. Expuso que, desde el fallecimiento de la madre de sus hijas, ha realizado aportes económicos destinados a gastos escolares, alimentación, ropa y demás necesidades de sus hijas, aunque afirmó que la agente oficiosa ha obstaculizado el ejercicio de su responsabilidad parental y el contacto con las niñas. Señaló que dicha situación ha afectado su estabilidad laboral, económica y emocional, pues manifestó haber perdido oportunidades de empleo y verse obligado a desempeñar oficios ocasionales para subsistir, debido a las constantes diligencias judiciales y administrativas relacionadas con los procesos de custodia y las denuncias existentes. Asimismo, sostuvo que Irene ha impedido su participación en actividades escolares y familiares relacionadas con sus hijas, incluyendo celebraciones de cumpleaños y actividades académicas. Añadió que actualmente existen actuaciones penales activas relacionadas con presuntas falsas denuncias y arbitrariedad en la custodia, así como decisiones recientes mediante las cuales, según indicó, fueron revocadas sanciones por incumplimiento proferidas por las Comisarías de Familia de Rafael Uribe Uribe y Suba Uno. Finalmente, manifestó que continúa interesado en recuperar el cuidado y convivencia con sus hijas y solicitó que cualquier requerimiento probatorio adicional le fuera comunicado oportunamente para contribuir al esclarecimiento de los hechos debatidos dentro del trámite constitucional. Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá [10] La Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá, por conducto de apoderada judicial, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Señaló que la situación descrita en el escrito de tutela no le consta, pues la presunta vulneración alegada por Irene , actuando como agente oficiosa de Juliette e Inés , se relaciona con actuaciones exclusivamente atribuidas a Porvenir S.A. en torno al reconocimiento y pago de mesadas pensionales, asunto frente al cual la entidad distrital no tiene competencia. Sin perjuicio de lo anterior, informó que Irene aparece registrada en estado “atendido” entre el 29 de septiembre de 2024 y el 8 de septiembre de 2025 bajo el servicio de Apoyos Económicos para Persona Mayor Tipo C, en virtud del cual recibía un apoyo económico mensual de $150.000, financiado con recursos de los Fondos de Desarrollo Local a través de la Alcaldía Local de Suba. Precisó que dicho servicio fue transformado en Transferencias Monetarias para Persona Mayor, en el marco de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado, conforme a la Resolución 2398 de 2025. Indicó que, al consultar los sistemas de información de la entidad, se constató que el hogar de la agente oficiosa pertenece a la categoría A05 de la encuesta SISBÉN IV y está conformado por Irene y Marta Edilma Ramírez Merchán y las menores de edad Juliette e Inés . Añadió que, respecto del componente de persona mayor, se realizaron intentos de pago correspondientes al mes de septiembre de 2024 por valor de $130.000, inicialmente mediante Movii Ventanilla y posteriormente por Efecty, los cuales figuraron como “no cobrados”; además, informó que en septiembre de 2025 se realizó un tercer intento de dispersión de recursos, el cual se encontraba en trámite al momento de emitir la respuesta. Señaló que Irene fue incluida en la programación de pagos de apoyos económicos a personas mayores, correspondientes a los ciclos de agosto y septiembre de 2025, por valor de $150.000 cada uno, los cuales fueron dispersados exitosamente a través de la billetera digital Nequi asociada al número celular registrado por la beneficiaria. También informó que la mencionada también figura como beneficiaria de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado en el componente persona mayor desde el ciclo ocho de la vigencia 2025. Respecto de las niñas Juliette e Inés informó que no cumplen con los criterios de focalización para acceder a transferencias por los componentes de primera infancia o educación, debido a que no figuran como estudiantes activas en institución educativa oficial adscrita al distrito de Bogotá D.C. Recomendó verificar el cumplimiento de dichos criterios con la institución educativa correspondiente, pues, de acreditarse, en próximos ciclos las niñas podrían ser identificadas como beneficiarias potenciales. Adicionalmente, informó que Irene ha sido beneficiaria del apoyo económico de Pasajes Gratis, con recargas mensuales de $16.000, equivalentes a cinco pasajes por mes, entre febrero y septiembre de 2025, asociadas a su tarjeta personalizada Tu Llave. Esto, por encontrarse clasificada en la categoría A05 de la encuesta SISBÉN IV y pertenecer al grupo poblacional de pobreza moderada. Precisó que la recarga correspondiente a octubre figuraba en estado pendiente y recordó la necesidad de que los beneficiarios activen mensualmente el beneficio en los dispositivos habilitados. En relación con la información de la encuesta SISBÉN, indicó que la competencia para la realización de encuestas, actualización de bases de datos y asignación de clasificación corresponde a la Secretaría de Planeación del Distrito de Bogotá, de conformidad con la normativa aplicable, razón por la cual señaló que dicha entidad debía pronunciarse sobre ese aspecto. Finalmente, sostuvo que las pretensiones de la tutela se dirigen exclusivamente a cuestionar actuaciones de Porvenir S.A., asunto que excede el ámbito funcional de la Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá. Aclaró que las actuaciones de las Comisarías de Familia se rigen por autonomía e independencia funcional, y que la entidad no tiene injerencia en sus decisiones sustanciales o procedimentales, sin perjuicio de haber trasladado la acción a la Subdirección para la Familia perteneciente a la misma Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá para lo pertinente. En consecuencia, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva y desvincular a la entidad del trámite constitucional, al no existir acción u omisión atribuible a ella que hubiese vulnerado derechos fundamentales. Secretaría de Planeación del Distrito de Bogotá [11] La Secretaría de Planeación del Distrito de Bogotá manifestó que los hechos narrados no le constan y desbordan su órbita funcional, pues se refieren a controversias relacionadas con custodia, violencia intrafamiliar y reconocimiento o pago de pensión de sobrevivientes, asuntos que no corresponden a las competencias de esa entidad. Respecto de la estrategia denominada Ingreso Mínimo Garantizado, cuyo objeto es atender hogares y personas en situación de pobreza extrema, moderada y vulnerabilidad en Bogotá, aclaró que dichos beneficios son administrados por la Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá D.C., entidad llamada a suministrar la información específica sobre eventuales transferencias o apoyos económicos. En todo caso, informó que luego de consulta realizada al Sistema de Información de Procesos Automáticos (SIPA), no encontró registro de solicitudes presentadas por Irene desde el 1° de enero de 2025 a la fecha. En relación con la encuesta SISBÉN IV, señaló que, de acuerdo con la consulta efectuada en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, administrado y regulado por el Departamento Nacional de Planeación, Irene y las agenciadas cuentan con encuesta válida y vigente, aplicada por la Secretaría de Planeación del Distrito de Bogotá el 13 de julio de 2022 y actualizada el 31 de agosto de 2025. Añadió que la información fue remitida al Departamento Nacional de Planeación y publicada en la ficha de encuesta SISBÉN, en la cual registra clasificación en el Grupo A05 (pobreza extrema). 4. Sentencia de tutela de primera instancia 11. Mediante Sentencia del 7 de noviembre de 2025 [12] , el Juzgado 129 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela, al concluir que no se superaba el requisito de subsidiariedad. 12. En relación con la pretensión encaminada al reconocimiento y pago retroactivo de las cuotas partes de la pensión de sobrevivientes, el juzgado concluyó que existían mecanismos ordinarios idóneos y eficaces, tales como el trámite administrativo ante la administradora pensional y la correspondiente acción ordinaria laboral, escenarios en los cuales podía adelantarse el debate probatorio necesario para definir los beneficiarios legitimados, la causación del retroactivo y la exigibilidad de la prestación. Añadió que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que habilitara la intervención excepcional del juez constitucional, particularmente porque Juliette e Inés ya percibían la mesada pensional corriente. 13. Respecto de la pretensión orientada al pago de intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el despacho señaló que se trataba de una controversia de naturaleza estrictamente patrimonial, cuya definición correspondía a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral o a la de lo contencioso administrativo, según el caso. Precisó que la determinación de la mora, su duración y la cuantificación de los intereses exigía un debate probatorio amplio incompatible con el trámite sumario de la acción de tutela. Agregó que la eventual falta de pago de intereses no comprometía de manera directa el mínimo vital de las agenciadas, razón por la cual tampoco se configuraba un perjuicio irremediable. 14. En cuanto a la solicitud de privación de la patria potestad de Alberto y la consecuente designación de Irene como guardadora de los bienes de las agenciadas, el juzgado sostuvo que son materias reservadas a la competencia exclusiva del juez de familia, las cuales debían resolverse mediante los procedimientos ordinarios previstos en el Código General del Proceso y en el régimen de infancia y adolescencia. Indicó que tales actuaciones exigen un debate probatorio especializado, la garantía del contradictorio y la intervención del Ministerio Público, aspectos incompatibles con la naturaleza residual y expedita de la acción de tutela. Además, destacó que ya existían medidas de protección vigentes y procesos judiciales en curso ante autoridades de familia, lo que descartaba la necesidad de intervención transitoria del juez constitucional. 5. Impugnación de la sentencia 15. La agente oficiosa impugnó la anterior decisión [13] . Sostuvo que la decisión desconoció la existencia de un perjuicio irremediable y omitió valorar adecuadamente la condición de sujetos de especial protección constitucional de las niñas, así como la afectación de sus derechos al mínimo vital, seguridad social y derechos prevalentes de los niños. 16. Indicó que tiene 62 años, carece de pensión, se encuentra afiliada al régimen subsidiado de salud y obtiene ingresos únicamente mediante labores domésticas, razón por la cual no cuenta con capacidad económica suficiente para asumir por sí sola el sostenimiento integral de sus nietas. Añadió que Alberto no cumple con las cuotas alimentarias ni destina a favor de las niñas los recursos derivados de la pensión de sobrevivientes que percibe tras el fallecimiento de la madre de ellas, Lorena , circunstancia que, según afirmó, afecta directamente el mínimo vital de sus nietas menores de edad. Asimismo, señaló que actualmente cursa un proceso relacionado con presuntos maltratos sufridos por las niñas mientras han estado bajo el cuidado de su padre. 17. Insistió en que se ordene a Porvenir S.A. reconocer y pagar las cuotas partes de la pensión de sobrevivientes e intereses moratorios correspondientes a favor de sus nietas, así como disponer la privación de la patria potestad de Alberto para, en su lugar, ser designada como guardadora de los bienes de sus nietas menores de edad. Finalmente, solicitó adoptar medidas provisionales orientadas a suspender o redireccionar la mesada pensional para garantizar el sostenimiento de las niñas, mientras se resuelve de fondo la controversia. 6. Sentencia de tutela de segunda instancia 18. El conocimiento de la impugnación correspondió al Juzgado 044 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, el cual, en Sentencia del 19 de diciembre de 2025 [14] , confirmó la decisión recurrida. 19. El despacho concluyó que no se cumplían los requisitos excepcionales fijados por la jurisprudencia constitucional para habilitar la procedencia de la tutela en asuntos relacionados con prestaciones pensionales. Señaló que no se acreditó una afectación grave y actual del mínimo vital, ni se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención inmediata del juez constitucional. Asimismo, resaltó que la agente oficiosa no agotó los mecanismos ordinarios de defensa judicial y que no se evidenciaba una actuación arbitraria atribuible a Porvenir S.A. que habilitara la procedencia excepcional del amparo. Destacó que la pensión de sobrevivientes ya había sido reconocida a favor de las niñas agenciadas y que Porvenir S.A. informó que el pago correspondía a quien ostentara la representación legal de las niñas o a quien fuese designado judicialmente como curador o guardador. 20. Precisó que las controversias relacionadas con la patria potestad y designación de guardador debían ser resueltas por la jurisdicción ordinaria competente, particularmente por el juez de familia, mediante los procedimientos judiciales previstos para tal efecto. 21. Resaltó que ante el Juzgado 002 de Familia de Bogotá cursaba una demanda ejecutiva de alimentos promovida por la agente oficiosa Irene contra Alberto , circunstancia que evidenciaba la existencia de mecanismos judiciales idóneos para debatir las controversias planteadas. 22. En consecuencia, concluyó que la acción de tutela no podía utilizarse para definir derechos de naturaleza prestacional, patrimonial y familiar, respecto de los cuales existían medios judiciales ordinarios eficaces y adecuados, razón por la cual confirmó la improcedencia del amparo y dejó a salvo la posibilidad de acudir a las vías judiciales correspondientes. 7. Actuaciones de esta Corte en sede de selección y revisión 23. A través del Auto del 30 de abril de 2026, la Sala de Selección de Tutelas número Cuatro de la Corte Constitucional, seleccionó para revisión el expediente T-11.923.494, tras advertir que cumplía los siguientes criterios de selección: (i) criterio objetivo por posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y (ii) criterio subjetivo de urgencia de proteger un derecho fundamental . Luego, el 15 de mayo de 2026 , el expediente fue repartido a la Sala Sexta de Revisión, presidida por el magistrado ponente. 7.1. Auto de pruebas 24. Mediante Auto del 25 de mayo de 2026 [15] el magistrado sustanciador decretó pruebas con la intención de complementar los elementos de juicio obrantes . Ello permitió la obtención de las siguientes respuestas: Tabla 2. Informes en sede de revisión – Auto del 25 de mayo de 2026 Sujeto Informe rendido Irene [16] Mediante mensaje electrónico del 28 de mayo de 2026, Irene , en calidad de agente oficiosa de las niñas Juliette e Inés , dio respuesta al cuestionario formulado en el Auto del 25 de mayo de 2026. Allí se pronunció sobre su situación económica, ingresos, bienes, ayudas estatales, composición familiar, régimen de salud de las niñas agenciadas, escolarización, gastos mensuales, custodia, cumplimiento de obligaciones alimentarias por parte del progenitor, dificultades para promover la custodia definitiva y red de apoyo familiar. En particular, informó que actualmente se desempeña en labores de cuidado y asistencia personal de María Luisa Tula, actividad por la cual percibe una remuneración mensual de $1.480.000. Además, señaló que recibe aportes económicos mensuales de su hija Alejandra por valor de $300.000, de su sobrina Rosa por valor de $300.000 y de Edgar por valor de $180.000, destinados al sostenimiento del hogar y de las niñas bajo su cuidado. En relación con pensiones, subsidios o ayudas estatales, afirmó que no es beneficiaria de pensión. También indicó que recibe un subsidio de transporte mediante recargas en la tarjeta TuLlave y que es beneficiaria de apoyos económicos para persona mayor otorgados por la Alcaldía Local de Suba. Sobre esto último señaló que inicialmente recibía $150.000 y que posteriormente el monto fue ajustado a $322.000 mensuales. Frente a las circunstancias que motivaron las medidas de protección, relató que la actuación adelantada ante la Comisaría 011 de Familia de Suba Uno, tuvo origen en presuntas agresiones verbales, amenazas, violencia intrafamiliar, violencia vicaria, burlas, acecho, hostigamiento, injuria y calumnia atribuidas a Alberto , las cuales, según afirmó, generaban riesgo para ella y para la niña Juliette . Asimismo, hizo referencia a antecedentes de presunta violencia intrafamiliar ejercida en contra de su hija fallecida Lorena , madre de sus agenciadas, y a una denuncia formulada en el año 2019 ante las autoridades competentes. En cuanto a la actuación surtida ante la Comisaría 018 de Familia de Rafael Uribe Uribe, refirió hechos relacionados con la situación de cuidado de la niña Inés , presuntos escenarios de abandono, maltrato intrafamiliar y afectación emocional, así como la adopción de la medida de protección. Señaló que, en el marco de dicha actuación, Inés fue entregada formalmente a su cuidado y que con posterioridad se habrían mantenido o ratificado medidas de protección frente al progenitor y la abuela paterna. Sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, informó que mediante acta de la Comisaría 011 de Familia de Suba Uno se fijó a cargo de Alberto una cuota alimentaria mensual de $380.000 en favor de Juliette , además de obligaciones relacionadas con vestuario y con la transferencia del 25% de la mesada pensional derivada del fallecimiento de la madre de las niñas. Agregó que, ante el incumplimiento de tales obligaciones, promovió proceso ejecutivo de alimentos, radicado el 12 de junio de 2025, que cursa ante el Juzgado 002 de Familia de Bogotá. De igual forma, indicó que mediante acta de conciliación, correspondiente a la medida de protección, se fijó a cargo de Alberto una cuota alimentaria mensual de $355.000 en favor de la niña Inés , así como el pago del 50% de los gastos educativos y el suministro de tres mudas de ropa anuales por valor mínimo de $250.000; no obstante, afirmó que aquel únicamente habría efectuado un pago el 5 de noviembre de 2024 y que la entrega de prendas realizada el 8 de diciembre de 2025 no satisfizo adecuadamente la obligación, por no corresponder a las tallas de las agenciadas. Respecto de la composición de su núcleo familiar, manifestó que reside en una vivienda ubicada en el barrio Ciudad Jardín Norte, inmueble que, según afirmó, fue heredado de su padre, Ambrosio Ramírez. Señaló que allí convive con sus hermanas Martha , de 69 años y pensionada, y Lucía , de 66 años, quien se desempeña como empleada doméstica. También informó que su hija Alejandra , de 37 años, se encuentra actualmente en Colombia y contribuye económicamente al hogar con recursos provenientes de sus ahorros laborales obtenidos en el exterior. Además, mencionó como red de apoyo adicional a su sobrina Rosa , residente en México, y a Edgar , cónyuge de su sobrina Diana Patricia Estupiñán y domiciliado en Medellín, quienes, según indicó, contribuyen solidariamente a su sostenimiento y al bienestar de su núcleo familiar. Frente a la atención en salud, manifestó que las niñas Juliette e Inés se encuentran afiliadas a EPS Sanitas y son beneficiarias de la pensión de sobrevivientes reconocida por Porvenir S.A., causada con ocasión del fallecimiento de su madre, Lorena . En materia educativa, aseveró que sus nietas se encuentran escolarizadas en el Instituto de Colombia . Señaló que Juliette cursa sexto grado y que sus costos comprenden pensión mensual de $80.000, ruta escolar por $395.000 y matrícula anual por $462.000. En relación con Inés , indicó que cursa primero de primaria, que cuenta con exención del pago de pensión por mérito académico, y que sus gastos incluyen ruta escolar por $195.000 y matrícula anual por $396.400. También refirió gastos por útiles, textos, materiales pedagógicos y uniformes, así como obligaciones educativas que, según afirmó, tuvo que asumir por incumplimientos anteriores del progenitor. Sobre la custodia, afirmó que actualmente ejerce de manera ininterrumpida la custodia y cuidado personal provisional de sus dos nietas. Además, dijo que cursa proceso ante el Juzgado 018 de Familia de Bogotá, relacionado con la definición de la custodia, cuidado personal y visitas. En relación con los gastos mensuales de sostenimiento, discriminó rubros de pensión, ruta escolar, alimentación, servicios públicos, vestuario y salud, estimando para Juliette un gasto mensual aproximado de $845.544 y para Inés otro aproximado de $566.044. En total, afirmó asumir gastos mensuales aproximados por $1.411.588 para el sostenimiento de ambas niñas. Sobre las dificultades económicas, jurídicas o de acceso a la justicia, señaló que, gracias al apoyo de su familia, ella y sus nietas no han atravesado necesidades materiales graves. También manifestó haber enfrentado dificultades administrativas ante el ICBF, particularmente en el Centro Zonal Suba, donde, según afirmó, radicó una solicitud de custodia y cuidado personal sin recibir respuesta oportuna ni notificación adecuada. También sostuvo que en algunas ocasiones se le dijo que era “simplemente una abuela” y que no cumplía requisitos para tener a las niñas bajo su cuidado. En cuanto a la red de apoyo, manifestó contar con una red familiar sólida. Indicó que, en caso de ausencia, enfermedad o imposibilidad suya, su hija Alejandra , tía de las niñas, podría asumir su cuidado material, por contar, a su juicio, con idoneidad física, psicológica, emocional y solvencia económica. También mencionó como soporte adicional a Diana Patricia Estupiñán Ramírez, Rosa y a sus hermanas, quienes mantienen vínculo afectivo con las niñas. Finalmente, aportó diversos documentos dirigidos a respaldar la información suministrada, entre ellos: actas y actuaciones adelantadas ante las Comisarías de Familia 011 de Suba Uno y 018 de Rafael Uribe Uribe relacionadas con medidas de protección, custodia provisional, visitas y fijación de alimentos; soportes sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones alimentarias atribuidas al progenitor; peticiones dirigidas a la AFP Porvenir sobre la entrega de las mesadas pensionales de sobrevivientes reconocidas a favor de las agenciadas; certificado de la UGPP sobre la inexistencia de pensión reconocida a su favor; comunicaciones de familiares que manifiestan realizar aportes económicos mensuales para el sostenimiento de las niñas; recibos, constancias y soportes de pago del Instituto de Colombia relativos a matrícula, pensión, ruta escolar, útiles y demás gastos educativos; factura de servicios públicos del inmueble donde reside el núcleo familiar; registros civiles y documentos de identificación de las niñas; así como fotografías y audios que, según indicó, buscan ilustrar aspectos relacionados con el entorno familiar, el cuidado, la manutención y la dinámica existente con el progenitor. Juzgado 010 de Familia de Bogotá [17] Mediante mensaje electrónico del 1 de junio de 2026, el Juzgado 010 de Familia de Bogotá D.C. informó que conoció del recurso de apelación contra la decisión de la Comisaría 018 de Familia de Rafael Uribe Uribe dentro del trámite de medida de protección radicado ante ese despacho. Señaló que intervinieron Salomé , como solicitante, y Alberto y Guadalupe , como accionados. Asimismo, precisó que la víctima reconocida fue la niña Inés . Explicó que, al recibir el expediente, requirió a la Comisaría para que remitiera pruebas faltantes y aclarara la decisión apelada; una vez recibida la información, profirió sentencia el 18 de febrero de 2025, confirmando la medida de protección. Afirmó que la confirmación se fundó en que la niña fue víctima de violencia por exposición y que era necesario garantizar su cuidado, bienestar integral e interés superior mediante medidas provisionales sobre custodia, cuidado personal y visitas. Sostuvo que el despacho respetó el debido proceso de los intervinientes. Precisó que las partes podían acudir al juez de familia para definir de fondo los aspectos relacionados con custodia y visitas o iniciar las acciones pertinentes en caso de incumplimiento alimentario. Finalmente, el despacho otorgó acceso al expediente, correspondiente al trámite de apelación de la medida de protección. Comisaría 018 de Familia de la Localidad de Rafael Uribe Uribe [18] Mediante mensaje electrónico del 28 de mayo de 2026, la Comisaría 018 de Familia de la Localidad de Rafael Uribe Uribe aportó un enlace electrónico para la consulta de las diligencias adelantadas dentro de la Medida de Protección [19] Comisaría 011 de Familia de Suba Uno [20] Mediante mensaje electrónico del 28 de mayo de 2026, la Comisaría 011 de Familia Suba Uno contestó el requerimiento efectuado, relacionado con la medida de protección. Al respecto, informó que el 10 de julio de 2023 Irene denunció a Alberto por la comisión de presuntos hechos de violencia intrafamiliar contra Juliette . La actuación fue decidida el 2 de agosto de 2023 imponiéndose medida de protección definitiva a favor de la denunciante y de Juliette , decisión que fue apelada por Alberto y remitida por reparto al Juzgado 024 de Familia de Bogotá. También indicó que el 31 de agosto de 2023 adelantó audiencia de fijación provisional de alimentos y visitas e informó que el 26 de octubre de 2023 Irene presentó denuncia por presunto incumplimiento de la medida de protección contra Alberto , actuación que fue fallada el 22 de abril de 2024, declarando probados los hechos. La decisión fue enviada en consulta al Juzgado 024 de Familia de Bogotá, autoridad que, mediante decisión del 27 de enero de 2025, revocó lo resuelto y ordenó declarar no probados los hechos. Asimismo, señaló que el 3 de julio de 2024 se presentó una nueva denuncia por presunto incumplimiento de la medida de protección, la cual fue fallada el 18 de septiembre de 2024 en el sentido de declarar no probados los hechos. Por otra parte, compartió carpeta digital con las actuaciones adelantadas dentro de la medida de protección y aportó los correos electrónicos de las partes para los fines pertinentes [21] . Juzgado 024 de Familia de Bogotá [22] Mediante mensaje electrónico del 29 de mayo de 2026, el Juzgado Veinticuatro (24) de Familia del Distrito Judicial de Bogotá, contestó el requerimiento efectuado y al respecto informó que conoció, por acta de reparto del 1 de septiembre de 2023, del recurso interpuesto por Alberto contra la decisión adoptada por la Comisaría 011 de Familia de Suba Uno el 2 de agosto de 2023, dentro del proceso de protección MP 1013-23 / RUG 1497-23. Señaló que mediante auto del 14 de diciembre de 2023 ordenó a la psicóloga de la comisaría practicar entrevista a la niña Juliette con el fin de indagar sobre las visitas de su progenitor, su regularidad, el trato con su hermana menor, su deseo de vivir con su padre o con su abuela materna, así como su contexto escolar, familiar y red de apoyo. La entrevista fue realizada el 29 de abril de 2024 y en ella la profesional concluyó, con base en el relato de la niña, que no había sido acechada, maltratada ni insultada por su progenitor; que no tenía contacto presencial con él ni con su hermana, salvo por medios electrónicos, y que se sentía bien en la casa de su abuela y no había considerado vivir con su padre, por razones asociadas a las dinámicas familiares y a las condiciones de la vivienda. Narró que mediante auto del 27 de enero de 2025 resolvió el recurso de alzada y confirmó la decisión cuestionada. Para ello, tuvo en cuenta que la inconformidad de Alberto se sustentaba en que, según afirmó, la custodia de sus hijas le había sido otorgada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mediante acta del 25 de julio de 2021, y que la abuela materna habría interrumpido esa custodia de manera arbitraria; además, alegó que el conflicto obedecía al desconocimiento de su patria potestad y a su deber de cuidado como padre. El juzgado explicó que, al decidir la apelación, observó que los hechos de violencia denunciados y ratificados no fueron debatidos ni negados por Alberto , quien, por el contrario, reconoció la existencia de conflictos con Irene . Asimismo, estimó que de los descargos del accionado podía inferirse razonablemente una interferencia o limitación en la relación filial entre Juliette y su hermana Inés , al imponer lugares de encuentro y restringir la comunicación virtual entre ellas. Por ello, concluyó que la decisión de la comisaría se orientó a proteger a la agente oficiosa y a la niña frente a los hechos de violencia y agresión denunciados. Adicionalmente, informó que el 8 de noviembre de 2024 recibió el expediente comisarial para surtir el grado de consulta del primer incidente de incumplimiento, en el que fue sancionado Alberto con multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Indicó que revocó dicha decisión, al considerar que no se encontraba probado el incumplimiento de las órdenes impartidas en la medida de protección del 2 de agosto de 2023. Precisó que la controversia correspondía al cumplimiento de la obligación alimentaria fijada el 31 de agosto de 2023, lo cual no se traducía en incumplimiento de la medida de protección, sino de una obligación civil exigible por las vías previstas en la Ley 2097 de 2021 o mediante proceso ejecutivo de alimentos conforme a la Ley 1564 de 2012. Finalmente, aseveró que no ha recibido nuevas actuaciones que involucren a las partes y suministró los datos de identificación y contacto de Irene , de la niña Juliette y de Alberto , y remitió enlace del expediente digital. Juzgado 002 de Familia de Bogotá [23] Mediante mensaje electrónico del 29 de mayo de 2026, el Juzgado 002 de Familia de Bogotá contestó el requerimiento efectuado y, al respecto informó que por reparto del 24 de abril de 2025 le correspondió conocer del proceso ejecutivo de alimentos promovido por Irene contra Alberto . Al respecto informó que mediante providencia del 12 de junio de 2025 libró mandamiento de pago por la suma de $9.556.778 a favor de la niña Juliette , representada legalmente por su abuela materna, Irene , y en contra de Alberto ; además, informó que el 19 de agosto de 2025 el demandado solicitó amparo de pobreza, el cual fue concedido por auto del 4 de septiembre siguiente, designándosele una abogada para su representación. Posteriormente, mediante decisión del 19 de diciembre de 2025 se requirió a dicha profesional para que se pronunciara sobre el nombramiento y, una vez aceptado el cargo, contestó la demanda sin proponer excepciones. Finalmente, señaló que, mediante providencia del 14 de mayo de 2026, resolvió seguir adelante la ejecución contra Alberto en favor de la niña Juliette ; de igual manera, dispuso remitir las diligencias para la ejecución de sentencia ante los Juzgados de Familia de Ejecución de Sentencias de Bogotá, una vez se realizara la conversión de los dineros consignados para el proceso a órdenes del Centro de Servicios Administrativos de Ejecución de Sentencia en Asuntos de Familia de Bogotá. Por otro lado, remitió enlace del expediente para su revisión y suministró los datos de contacto de las partes, del apoderado de la parte demandante y de la abogada designada en virtud de amparo de pobreza. Juzgado 018 de Familia de Bogotá [24] Mediante mensaje electrónico del 28 de mayo de 2026 el Juzgado 018 de Familia de Bogotá contestó el requerimiento efectuado en el sentido de informar que ante ese juzgado cursa el proceso verbal sumario de custodia, cuidado personal y regulación de visitas, promovido por Irene contra Alberto , en favor de las niñas Juliette e Inés . Asimismo, remitió el e