Sentencia T-226 de 2026

T-226-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia T-226 de 2026 Referencia: Expediente T-11.515.355 Asunto: acción de tutela interpuesta por Rocío contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia (Quindío) Magistrada ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026) La Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas Natalia Ángel Cabo y Paola Andrea Meneses Mosquera, quien la preside, así como por el magistrado Miguel Polo Rosero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha dictado la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo del 19 de agosto de 2025, emitido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia, Quindío, que revocó la decisión de primera instancia aprobada 14 de julio de 2025, por el Juzgado 008 Civil Municipal en Oralidad de Armenia, Quindío. CUESTIONES PREVIAS Primera. Anonimización. En atención al material probatorio recaudado en esta oportunidad, esta decisión refiere información privada de la accionante, por lo tanto, mantendrá la anonimización realizada de oficio desde la sala de selección para proteger su derecho fundamental a la intimidad [1] . En tal sentido, esta providencia cuenta con dos versiones de contenido idéntico: una anonimizada respecto de la parte accionante y otra que contiene los nombres reales de las partes. En el texto que será divulgado para consulta pública, se omiten los nombres de la accionante, así como cualquier información que permita su identificación [2] . Segunda. Terminología a emplear. En varias de las intervenciones allegadas en sede de revisión quedó en evidencia la controversia existente en relación con la mención a las personas gordas, en general, y con obesidad, en particular [3] . Esta consideración es avalada, además, por estudios como el de Angela Meadows y Sigrún Daníelsdóttir [4] , que muestran que no existe un consenso sobre qué terminología utilizar, más allá de la regla básica de respetar la forma en que las propias personas nombran su experiencia [5] . La dificultad radica, indicaron, en que el acto de categorizar a un grupo es un proceso de alterización [6] , en la medida en que marca a ciertos cuerpos como «otros» y plantea interrogantes sobre quién define esas categorías, con qué propósito y en qué condiciones resulta realmente necesario trazar tales distinciones. Al respecto, para la Sala de Revisión son claras dos premisas. La primera premisa recae en el poder instrumental y simbólico del lenguaje jurídico, en la medida en que « [e]s instrumento, puesto que constituye el medio con fundamento en el cual resulta factible el intercambio de pensamientos entre los seres humanos y la construcción de cultura. Es símbolo, por cuanto refleja las ideas, valores y concepciones existentes en un contexto social determinado» [7] . Por ello, el acto de pronunciar un hecho, acto, contexto o situación relevante para el Derecho y la justicia constitucional no es un asunto menor, en tanto puede contribuir a reivindicar o, por el contrario, a invisibilizar asuntos con relevancia para el respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales; también estigmatizar poblaciones vulnerables cuando reproduce discursos hegemónicos. La segunda premisa tiene que ver con el hecho de que, aunque en algunos asuntos es necesario establecer estipulativamente el uso de un término, esto no tiene por objeto apropiarse, silenciar o desincentivar las discusiones que válida y legítimamente deben permanecer en el foro público. En este asunto, por el alcance de la controversia y tomando nota de los debates aún existentes, se utilizará la categoría de «diversidad corporal en razón de peso» o «corporalidades diversas en razón del peso» para hacer referencia a las personas con sobrepeso y obesidad. Tal y como se precisará más adelante, en este asunto no se abordará el alcance de la condición de obesidad como un factor de riesgo para algunas enfermedades y mucho menos como enfermedad, con el propósito de no reproducir estigmas asociados al peso que deben seguir siendo abordados a partir del conocimiento científico y especialmente de un enfoque de derechos humanos ; con esta denominación, por el contrario, se privilegia la dignidad de las personas que integran este grupo [8] . Con todo, debe aclararse que esta aproximación tendrá toda su vigencia en el análisis a cargo de la Sala de Revisión para este caso. Por lo tanto, al sintetizar las intervenciones y decisiones de instancia, así como al citar jurisprudencia o fuentes ajenas a la Sala de Revisión, se mantendrán de la manera más fiel las expresiones utilizadas en cada una de ellas. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN La Sala Octava de Revisión estudió el caso de Rocío , una mujer que afirmó ser obesa, con comorbilidades asociadas que afectan de manera significativa su movilidad y le generan limitaciones para realizar esfuerzos físicos, acceder a espacios reducidos o ejecutar maniobras que impliquen flexión forzada o compresión corporal. Sostuvo que depende del transporte público para su movilidad; sin embargo, el diseño del sistema de buses de Armenia —particularmente, la instalación de un torniquete en la puerta delantera como único punto ordinario de ingreso y la negativa reiterada de los conductores a permitirle el acceso por la puerta trasera o a ofrecerle alternativas razonables— le impide en la práctica abordar los vehículos y acceder al servicio de transporte público. Las empresas operadoras del servicio de transporte público colectivo en Armenia indicaron, en términos generales, que su operación se ajusta a las condiciones técnicas y contractuales definidas por las autoridades locales y por la normativa sectorial de transporte. En cumplimiento de esas normas, afirmaron que una parte de sus buses cuenta con plataformas elevadoras, espacios preferenciales y señalización de accesibilidad, diseñadas para usuarios con discapacidad o movilidad reducida. No obstante, reconocieron que los protocolos no contemplan expresamente a personas con corporalidades en razón del peso que exceden las medidas que estiman estándar y que, además, los torniquetes ubicados en las puertas delanteras encuentran una justificación técnica y operativa. Finalmente, la entidad AMABLE E.I.C.E. [9] , la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia y el Ministerio de Transporte no se opusieron a la adopción de medidas de inclusión para la población con sobrepeso o con obesidad. En los anteriores términos, la Sala abordó el análisis de procedibilidad de la acción, concluyendo que satisfacía los requisitos de legitimación, por activa y pasiva; inmediatez; y, subsidiariedad. Además, precisó el alcance de este pronunciamiento, sujetándolo a la presunta violación de los derechos a la dignidad, igualdad y no discriminación, y libertad de locomoción, tras concluir que en este caso no estaba de por medio la lesión del derecho a la salud en su faceta de accesibilidad al servicio de transporte. Por lo anterior, formuló el siguiente problema jurídico: ¿Las entidades accionadas, en particular las empresas operadoras del servicio de transporte público colectivo, vulneraron los derechos fundamentales a la dignidad humana, la igualdad y no discriminación, y a la libre locomoción de Rocío , al negarle el acceso al servicio de transporte público colectivo sin implementar medidas alternativas al paso por el actual torniquete instalado o efectuar ajustes razonables para su ingreso? Para resolverlo, la Sala dividió el análisis en tres etapas. En la primera , reiteró la línea jurisprudencial sobre la prohibición de discriminación y el derecho a la igualdad, y la aplicó al caso de las corporalidades diversas en razón del peso. Concluyó, luego de haber hecho referencia a antecedentes jurisprudenciales cercanos, a la literatura sobre la materia y a algunas experiencias de derecho comparado, que esta categoría era problemática constitucionalmente para distribuir bienes, derechos o cargas sociales, y que debía considerarse de manera autónoma en razón a la discriminación estructural que sobre ella recaía. En la segunda , articuló los mandatos derivados del derecho fundamental a la locomoción, con aquellos provenientes del enfoque social de la discapacidad, con el ánimo de sostener que el transporte público para las corporalidades diversas en razón del peso debe satisfacer los elementos de accesibilidad, universalidad y ajustes razonables, en un escenario de seguridad, no discriminación e interseccionalidad. Finalmente, en la tercera parte, abordó el caso concreto. Para ello (i) analizó las pruebas allegadas y concluyó que, en efecto, el actual diseño del sistema de transporte público colectivo no es respetuoso de las corporalidades diversas en razón del peso, (ii) aplicó un test integrado de igualdad en intensidad estricta sobre la medida cuestionada por la accionante, esto es, la exclusión del servicio público de transporte público colectivo debido a que no puede transitar por el torniquete de las puertas delanteras y no se le permite acceder por la puerta trasera. Indicó que la medida (ii.1) satisfacía finalidades imperiosas , como garantizar la seguridad y universalidad de la prestación del servicio —esto último, dado que las razones operativas de la instalación del torniquete tenían una pretensión dirigida a la eficiencia del servicio en términos, por ejemplo, de frecuencia de los buses—, y (ii.2) no cumplía plenamente la efectiva conducencia porque, aunque lograba atender a la seguridad, era contraproducente para la universalidad de la prestación del servicio. Además, se precisó que (ii.3 ) no era necesaria porque, por un lado, el sistema de transporte podía adoptar medidas menos lesivas, en comparación con un torniquete que no atiende a un diseño universal, para asegurar la seguridad y universalidad, y, por otro lado, era posible que las empresas operadoras del transporte realizaran ajustes necesarios para garantizar el acceso de la accionante al sistema; y, (ii.4) finalmente, no era proporcional en sentido estricto, dado que la lesión a los derechos a la dignidad humana en su faceta de vivir sin humillaciones, igualdad y no discriminación, y libertad de locomoción era muy intensa. A partir de lo anterior, adoptó los remedios para garantizar, no solo a la accionante sino a todas las personas que en igualdad de condiciones pretendieran acceder al servicio público de transporte colectivo, el derecho al acceso a un sistema de transporte público colectivo sin discriminación y en condiciones de dignidad. I. ANTECEDENTES 1. Introducción a la causa objeto de la controversia . El 02 de julio de 2025, Rocío presentó acción de tutela contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia (Quindío) por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales «a la salud, igualdad, movilidad y vida digna» [10] . Señaló que es una mujer de 42 años, residente en la ciudad de Armenia y que presenta una condición de obesidad que limita seriamente su movilidad y funcionalidad en la vida cotidiana. Indicó que depende del transporte público para movilizarse y asistir a citas médicas; no obstante, esto se le dificulta porque «[e]n las condiciones actuales del sistema de buses de Armenia, el diseño estructural con torniquete en la puerta delantera [l]e impide el ingreso al bus, dado que no [tiene] la capacidad física para pasar por dicha registradora» [11] . 2. La accionante argumentó que se han vulnerado sus derechos fundamentales porque, «[a] pesar de solicitar apoyo verbalmente al personal de los buses y en la vía pública, no se [l]e ha permitido el ingreso por la puerta trasera ni se han ofrecido soluciones razonables» [12] . Como pretensiones de la acción de tutela, solicitó que (i) «se ordene a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia que, de manera inmediata, adopte medidas razonables de accesibilidad para que la accionante pueda ingresar al sistema de transporte público colectivo, incluyendo el acceso por la puerta trasera del bus, sin que ello implique sanciones para el conductor» [13] ; (ii) «se ordene a la Secretaría implementar protocolos o guías para casos similares, garantizando el principio de igualdad y no discriminación» [14] , y (iii) «se ordene el seguimiento y verificación del cumplimiento de las medidas adoptadas por parte de la Secretaría u otra autoridad competente» [15] . 3. Trámite en primera instancia. Mediante auto del 02 de julio de 2025, el Juzgado 008 Civil Municipal en Oralidad de Armenia, Quindío, admitió la acción de tutela. En la misma providencia, dispuso, entre otras, vincular «a BUSES ARMENIA S.A., COOBURQUIN (COOPERATIVA DE BUSES URBANOS DE QUINDÍO), TRANSPORTES URBANOS CIUDAD MILAGRO S.A. como miembros de la unión temporal TINTO, encargada de la planeación, programación y gestión de la operación del servicio de transporte Urbano en la ciudad, y al MINISTERIO DE TRANSPORTE, [a la] ALCALDÍA DE ARMENIA, QUINDÍO, y AMABLE E.I.C.E., toda vez que, pueden ser responsables en el evento de que prospere lo reclamado» [16] . 4. Posteriormente, mediante auto del 09 de julio de 2025, el Juzgado 008 Civil Municipal en Oralidad de Armenia, Quindío, decretó pruebas. Solicitó a la accionante (i) «[c] opia de su historia clínica de la cual se pueda determinar que padece “obesidad” […]» [17] , registros fotográficos y de video actuales en los que se pudiera establecer su condición corporal y la «[i]ndicación de su tallaje (peso, altura, dimensión de cadera, tronco, y en general, la total dimensión de su contextura)» [18] . Adicionalmente, requirió a las empresas de transporte vinculadas que certificaran «las dimensiones que presentan las registradoras, las puertas de ingreso delantera y trasera ubica[das] en sus vehículos (Buses), es decir, [indicar] para que tipo de pasajeros se encuentran diseñadas y cuáles son sus medidas» [19] . 5. Contestación de las partes. A continuación, la Sala resume las respuestas a la acción de tutela y al auto de pruebas que fueron presentadas por las partes: Parte Respuesta Accionante [20] Rocío , mediante correo electrónico, allegó «historia clínica reciente de endocrinología, fotos y vídeos de [su] estado actual y medidas tomadas». Transportes Urbanos Ciudad Milagro S.A (TUCM) [21] . La apoderada judicial de la empresa solicitó declarar improcedente la acción y desvincular a su representada, por cuanto «la tutela no es el mecanismo adecuado cuando se trata de una política pública o de una decisión administrativa que requiera análisis técnico» [22] . De un lado, manifestó que la reglamentación y regulación sobre el funcionamiento de los vehículos de transporte terrestre de pasajeros que prestan servicio público corresponde a las autoridades estatales y se basa en «razones técnicas y de seguridad que deben ser observad[a]s en cumplimiento de la norma para evitar riesgos de seguridad, evasión del pago del pasaje o desorden en el tránsito de usuarios». De otro lado, expresó que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad porque la accionante no demostró haber agotado los medios ordinarios y extraordinarios para la protección de sus derechos ni la existencia de un perjuicio irremediable. Indicó que la accionante podía, entre otros, (i) acudir a una queja ante la Superintendencia de Transporte o la entidad territorial de transporte, (ii) interponer una denuncia por actos discriminatorios, en los términos de la Ley 1752 de 2015, o (iii) solicitar un ajuste razonable, en virtud de la Ley 1618 de 2013. En relación con el fondo del asunto, la apoderada de TUCM pidió negar las pretensiones porque «no [se] menciona de manera concreta y precisa, en qu[é] consistió la acción u omisión que amenaza o vulnera los derechos que se pretenden proteger, ni menos aún, concretamente la autoridad que supuestamente incurrió en dicha acción u omisión, a lo que se suma que la actora no demuestra ni establece el nexo de causalidad entre una acción u omisión de la entidad accionada y/o de las vinculadas y la presunta trasgresión a los derechos fundamentales invocados». Además, señaló que la jurisprudencia constitucional sobre transporte público se ha desarrollado principalmente para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud y requiere certificación del médico tratante, así como demostrar que el usuario y su red de apoyo carecen de recursos para asumirlo y que la falta del servicio compromete la vida, la integridad o la salud; sin embargo, estos requisitos no se cumplen en el presente caso. En memorial posterior, la apoderada de TUCM remitió las fichas técnicas de los vehículos y un concepto de la Oficina Jurídica del Ministerio de Transporte sobre tales elementos, «en donde se evidencia claramente que cualquier modificación o cambio de las mismas debe ser previamente autorizado por la autoridad competente de tránsito» [23] . Ministerio de Transporte [24] El coordinador del Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica solicitó la desvinculación del Ministerio al considerar que carecía de legitimación en la causa por pasiva, puesto que «[la] entidad no tiene responsabilidad alguna en los hechos descritos». Hizo referencia a las normas legales que establecen las funciones del Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas, para concluir que «toda la infraestructura de accesibilidad requerida por [la] accionante, al ser parte de los elementos del sistema de transporte masivo, debe ser construida por las autoridades competentes, que en el caso [es] la ciudad de Armenia». El representante del Ministerio i ndicó que, según el Decreto 1079 de 2015, «[l]a autoridad de transporte en cada territorio es la responsable de liderar los temas relacionados con la planificación urbana y las obras públicas de transporte». Además, en atención al artículo 315 de la Constitución, corresponde al alcalde municipal, a través de sus dependencias, «asegurar el cumplimiento de la prestación del servicio de transporte en su territorio. […] [Además de] planificar, regular y controlar los aspectos relacionados con la actividad transportadora terrestre, así como de (SIC) priorizar los programas y proyectos necesarios para contar con la infraestructura, equipamiento y amoblamiento, que permitan el desarrollo del transporte en la ciudad» [25] . Buses Armenia S.A. [26] El apoderado judicial de la empresa solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela y, «[s]ubsidiariamente, negar las pretensiones del accionante, por no acreditarse perjuicio irremediable ni vulneración material a sus derechos fundamentales». Argumentó que la empresa garantiza a los usuarios las condiciones de accesibilidad, en cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana NTC 5701:2009/2014, adoptada por la Resolución 3753 de 2015 del Ministerio de Transporte, y la Ley 1618 de 2013. En atención a dichas normas, la empresa «ha incorporado en su flota [23] vehículos accesibles que incluyen plataformas elevadoras, espacios reservados, sillas preferenciales y señalización adecuada, asegurando el acceso efectivo por puertas alternas». Adjuntó fotografías de buses que cuentan con los señalados elementos y explicó que estos son distribuidos equitativamente en la red de rutas y que se ha capacitado al personal en el manejo de estos sistemas. El apoderado aclaró que «el sistema de registradoras instalado en los vehículos no constituye una barrera física ni un mecanismo de restricción, sino un componente técnico orientado a: [c]ontrol de ocupación[,] [r]ecaudo eficiente[,] [s]eguridad operacional [y] [t]razabilidad estadística». En esa medida, sostuvo que «[e]l acceso por la puerta trasera no está habilitado como punto ordinario de ingreso, excepto en casos específicos autorizados por la configuración del vehículo (por ejemplo, vehículos accesibles con plataforma elevadora), conforme a las exigencias del Reglamento Técnico de Vehículos adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución 3753 de 2015». Por lo tanto, concluyó que «[e]l hecho de que no se permita el ingreso por esa puerta no puede interpretarse como ausencia de solución razonable, ya que existen alternativas establecidas por la normativa y reflejadas en [la] flota adaptada. […] El acceso para personas con movilidad reducida está garantizado por la puerta delantera, la cual cuenta con adecuaciones reglamentarias». En escrito posterior, el apoderado judicial de Buses Armenia S.A. atendió el auto que decretó pruebas. Señaló las especificaciones de las «registradoras tipo FOCA» [27] y explicó que tienen una función importante en la «prestación de un servicio público urbano, tarifado, en el cual la trazabilidad operativa y el control de acceso de pasajeros son componentes esenciales para la sostenibilidad y eficiencia del sistema». Destacó que «la presencia de esta registradora en la puerta delantera no representa una barrera para la accesibilidad universal, toda vez que los vehículos en los que se encuentra instalada […] están equipados con una puerta trasera independiente con plataforma elevadora, en cumplimiento con las condiciones establecidas en la ficha técnica de homologación TP-00072803, y conforme a las exigencias de la NTC 5701:2009, la Resolución 3753 de 2015, y la Resolución 4200 de 2016. En ese sentido, el acceso para usuarios con discapacidad física, movilidad reducida o ayudas técnicas se garantiza plenamente, mediante una ruta libre de obstáculos, con espacio para silla de ruedas, señalización táctil, pasamanos, y diseño estructural avalado por el Ministerio de Transporte». Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío –Cooburquin [28] El apoderado general de la Cooperativa solicitó negar el amparo, al considerar que la accionante no demostró su situación de vulnerabilidad ni una afectación directamente imputable a COOBURQUIN. Argumentó que no se encuentran debidamente acreditadas la condición médica de obesidad mórbida, la limitación de movilidad, la precariedad económica ni la imposibilidad de acceso al sistema de transporte de la accionante. Sostuvo que la eventual necesidad de transporte especial para acceder a servicios de salud debe ser asumida por el Sistema General de Seguridad Social, en particular por la EPS a la que esté afiliada la accionante, y no por las empresas de transporte urbano. Por otra parte, el representante de Cooburquin explicó que la configuración interna de los vehículos y el uso de registradoras obedecen a una normativa técnica de obligatorio cumplimiento para las empresas transportadoras, la cual no pueden modificar de manera autónoma. Hizo referencia a la normativa sectorial sobre accesibilidad (incluido el Decreto 1660 de 2003 y las normas técnicas NTC 5701 y 5206) y «las normas generales y especiales expedidas por la autoridad competente, y específicamente para la ciudad de Armenia, definidas a través del decreto de adopción del SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PARA LA CIUDAD DE ARMENIA, Y (SIC) por ende de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas prestadoras del servicio de transporte». Específicamente, señaló que «[l]os buses deben tener registradoras como parte de las medidas para garantizar la seguridad, el control del transporte y la eficiencia del servicio público. La registradora, o contador de pasajeros, ayuda a verificar el cumplimiento de las normas de capacidad, a controlar los ingresos y a generar reportes para la gestión de la flota». En escrito posterior, el apoderado general de Cooburquin remitió las fichas de homologación, en las que constan las medidas de cada uno de los tipos vehiculares con los que se presta el servicio de transporte colectivo urbano de pasajeros. Resaltó que «acorde a la legislación nacional y las disposiciones especiales complementarias y reglamentarias, entre ellas especialmente el Decreto 100 de 2009, mediante el cual se adopta el Sistema Estratégico de Transporte Público para Armenia, estableciendo las bases para la organización y funcionamiento del sistema; los vehículos que ingresan a prestar el servicio cuentan con plataforma de acceso para personas de movilidad reducida que se desplazan en sillas de ruedas» [29] . 6. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia (SETTA), la Alcaldía de Armenia, Quindío, y AMABLE E.I.C.E. no se pronunciaron durante el trámite. 7. Decisión de primera instancia. Mediante sentencia del 14 de julio de 2025, el Juzgado 008 Civil Municipal en Oralidad de Armenia, Quindío, tuteló «el derecho fundamental a la libre locomoción invocado» [30] . Señaló que la libertad de locomoción, prevista en el artículo 24 de la Constitución, comprende la posibilidad de transitar de un lugar a otro dentro del territorio nacional y constituye una garantía de especial importancia en tanto es un presupuesto para el ejercicio de otros derechos como la educación, el trabajo o la salud [31] . En relación con las personas en situación de discapacidad, la jurisprudencia constitucional ha precisado que « la libertad de locomoción comprende la obligación de remover las distintas barreras físicas y arquitectónicas existentes en el transporte, en las edificaciones, en las vías y en el espacio público, con el fin de brindarles accesibilidad universal, efectiva y segura en condiciones de igualdad, para que puedan vivir independientemente» [32] . 8. En el análisis del caso concreto, el juez estableció que la accionante demostró que «padece de obesidad», «condición que es catalogada como una enfermedad, es decir, se considera como un padecimiento que afecta su condición de salud, bajo los preceptos de la [L]ey 1335 de 2009» [33] . Según el razonamiento del juez, tal condición puede considerarse como una incapacidad relativa y le impide acceder por la puerta delantera de los vehículos de servicio público de transporte en los cuales se encuentra instalada una registradora de «dimensión aproximada de 90 cms, espacio sumamente reducido o minúsculo para que una persona con las dimensiones o tallaje de la tutelista pueda ingresar» [34] . Por esta razón, concluyó que el «ingreso no puede llevarse a cabo en las mismas condiciones que cualquier ciudadano» [35] y que, en consecuencia, «la libertad de locomoción se ve transgredida al imponerle a la mentada ciudadana Rocío , barreras que le impidan su accesibilidad al sistema de transporte público» [36] . 9. El a quo ordenó «a las empresas BUSES ARMENIA S.A., COOBURQUIN (COOPERATIVA DE BUSES URBANOS DE QUINDÍO) y TRANSPORTES URBANOS CIUDAD MILAGRO S.A, a través de su representante legal o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este veredicto, procedan a permitir que la señora Rocío ingrese por la puerta posterior de sus vehículos, con las precauciones del caso, de acuerdo a(SIC) la motivación de esta decisión». Además, debido a que la orden anterior podría contravenir algunas disposiciones del Código Nacional de Tránsito, resolvió «PREVENIR a la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ARMENIA – SETTA, para que se abstenga de sancionar a los conductores de las empresas BUSES ARMENIA S.A., COOBURQUIN (COOPERATIVA DE BUSES URBANOS DE QUINDÍO) y TRANSPORTES URBANOS CIUDAD MILAGRO S.A, por permitirle a la señora Rocío ingresar a sus vehículos por la puerta trasera, conforme a la motivación de este proveído» [37] . Por último, ordenó la desvinculación del Ministerio de Transporte, de la Alcaldía de Armenia, Quindío, y de la empresa AMABLE E.I.C.E. 10. Impugnación . Las empresas Buses Armenia S.A., Cooperativa de Buses Urbanos de Quindío (Cooburquin) y Transportes Urbanos Ciudad Milagro S.A. presentaron recursos de impugnación a través de sus apoderados [38] . En el siguiente cuadro se resumen los argumentos presentados: Empresa Argumentos de la impugnación Buses Armenia S.A. [39] En primer lugar, el apoderado de la empresa sostuvo que la acción de tutela es improcedente por violar los principios de subsidiariedad y residualidad, al usarse para imponer órdenes de alcance estructural sobre el sistema de transporte (permiso de ingreso por puerta trasera y rediseño operativo) que deberían ventilarse mediante acción popular u otros mecanismos judiciales adecuados para la protección de intereses colectivos; por lo que el fallo desbordó el caso individual y afectó el diseño técnico del sistema. En segundo lugar, el apoderado alegó irregularidades procesales y solicitó su corrección, puesto que se omitió el traslado de pruebas, en particular de la historia clínica y documentos aportados por la accionante. En tercer lugar, indicó que, «[p]ara evitar interpretaciones que lleven a la omisión del cobro, se requiere que el despacho judicial precise expresamente que el cumplimiento del fallo no implica gratuidad en el servicio ni la exoneración de la tarifa legalmente establecida». Lo anterior, para evitar confusión operativa y afectación del régimen tarifario. Cooperativa de Buses Urbanos de Quindío (Cooburquin) [40] El apoderado de la Cooperativa sostuvo que la accionante no acreditó su situación de vulnerabilidad (obesidad mórbida, limitación de movilidad, precariedad económica ni necesidad específica de desplazamiento), que su historia clínica y demás anexos no fueron puestos en conocimiento de los vinculados, y que la configuración interna de los buses y el uso de registradoras obedecen a una normativa técnica obligatoria que las empresas no pueden modificar, de modo que no existe una acción u omisión imputable a Cooburquin que vulnere derechos fundamentales. Adicionalmente, afirmó que, si lo pretendido es garantizar transporte para acceder a servicios de salud, la obligación recaería sobre la EPS y no sobre las empresas de transporte. El apoderado solicitó que «se aclare si ese ingreso de la accionante deberá o no registrarse, deberá acompañarse con el pago del pasaje, cuál será el mecanismo e identificación para determinar el sujeto de protección, para conceder tal acceso por la puerta trasera por parte de todos los conductores de las empresas accionadas y qui[é]n cubrirá el riesgo del transporte, dado que no se realizar[á] en las condiciones normales exigidas a los usuarios y contratadas con la compañía aseguradora que ampara el riesgo de responsabilidad civil contractual en cada empresa operadora». Lo anterior, porque, en su opinión, la decisión implica un uso inadecuado de la tutela para alterar la organización del sistema estratégico de transporte y cargar desproporcionadamente a las empresas prestadoras del servicio. Transportes Urbanos Ciudad Milagro S.A. (TUCM) [41] La apoderada alegó, en primer lugar, que no se cumple el requisito de subsidiariedad porque existen otros medios de defensa, administrativos o judiciales, y no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable. Además, insistió en la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de TUCM. En segundo lugar, la apoderada sostuvo que el juez no realizó un análisis detallado del caso concreto ni valoró integralmente las pruebas y la normativa técnica del servicio de transporte, sino que se limitó a citar jurisprudencia sobre libertad de locomoción sin verificar si el precedente era aplicable a las circunstancias del caso. Esto habría llevado a imponer órdenes desproporcionadas que exceden lo demostrado en el proceso y pueden generar efectos generalizados en favor de un grupo de usuarios sin soporte probatorio suficiente. Por lo anterior, concluyó que «el fallo de tutela debe ser revocado por imponer medidas que no corresponden a los principios de razonabilidad y proporcionalidad». 11. Decisión de segunda instancia. Mediante sentencia del 19 de agosto de 2025, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia (Quindío) revocó la decisión de primera instancia y declaró improcedente la acción de tutela. El juez consideró que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad porque « sí existe para el caso concreto otros mecanismos de defensa idóneos y eficaces, como lo son, la queja o reclamo ante la Superintendencia de Transporte o ante la autoridad territorial de transporte competente, así como, la denuncia por los actos discriminatorios de que fue objeto la parte actora» [42] . Además, señaló que la accionante también puede acudir a una acción de cumplimiento si considera que no se están cumpliendo «las disposiciones normativas que reglamentan la accesibilidad en los medios de transporte para las personas con discapacidad o movilidad reducida (L. 1618/13, Dcto. 1660/03, Res. 3753/15)» [43] . 12. Selección para revisión. Mediante auto del 31 de octubre de 2025, la Sala de Selección de Tutelas Número Diez de la Corte Constitucional seleccionó este asunto para su revisión y lo repartió al despacho de la magistrada sustanciadora. El expediente fue remitido al despacho el 18 de noviembre siguiente [44] . 13. Solicitudes de la Defensoría del Pueblo y de la Fundación Jacarandas . El 25 de noviembre de 2025, la Defensoría del Pueblo –a través de la defensora delegada para los asuntos constitucionales y legales– solicitó «autorizar y remitir copia del expediente» [45] . Manifestó que la entidad que representa «se encuentra interesada en conocer el expediente […] con el fin de estudiar una participación eventual mediante concepto técnico o amicus curiae » [46] . El 2 de diciembre de 2025, por su parte, la Fundación Jacarandas –por intermedio de su representante legal– solicitó la expedición de copias del expediente, por tratarse de un asunto «de interés general» [47] , con el objeto de emitir un «concepto técnico, riguroso y orientado a fortalecer estándares constitucionales en materia de igualdad y no discriminación» [48] . 14. Solicitud de pruebas . Mediante auto del 19 de diciembre de 2025, la magistrada sustanciadora decretó pruebas de oficio, con el fin de allegar los elementos probatorios necesarios para adoptar una decisión. Las pruebas decretadas se dirigieron a (i) esclarecer la situación socioeconómica de la accionante y de su núcleo familiar, a efectos de verificar una eventual condición de especial vulnerabilidad; (ii) obtener información completa y actualizada sobre la historia clínica de la accionante y las recomendaciones formuladas por el personal médico tratante en relación con sus condiciones de salud; (iii) establecer cuáles son los protocolos o guías de atención aplicadas por las empresas de servicios públicos de transporte para el acceso al sistema de personas con condiciones especiales de movilidad, especialmente con obesidad, incluyendo en este componente a operadores de transporte y secretarías de tránsito que no están demandados ni vinculados, pero que pueden aportar elementos de juicio a la Corte Constitucional en este asunto, (iv) y recabar conceptos técnicos acerca de las implicaciones que la condición de obesidad tiene en la movilidad de las personas, así como sobre las regulaciones normativas, técnicas y de política pública vigentes en materia de acceso de las personas con obesidad a los servicios de transporte público. 15. Segundo auto de pruebas y suspensión de términos . Mediante auto del 20 de febrero de 2025, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional decretó nuevas pruebas y ofició a múltiples entidades públicas, centros académicos y asociaciones científicas para que remitieran información y conceptos técnicos sobre accesibilidad, obesidad y transporte público. También dispuso consultar a la accionante respecto de la publicación de su nombre en las providencias, en atención a la reserva de su información personal y de salud. Además, ordenó incorporar al expediente todo el material probatorio recibido por fuera del término inicial y dar traslado del mismo a las partes e intervinientes, para garantizar el debido proceso. Por último, suspendió los términos del proceso por tres meses, dada la complejidad del caso y el volumen de pruebas y conceptos pendientes de recepción y traslado. 16. Intervenciones recibidas en sede de revisión. A continuación, la Sala presentará de manera sintética los principales planteamientos contenidos en las respuestas y conceptos allegados en sede de revisión sobre transporte público, obesidad y movilidad. La exposición detallada de cada intervención se encuentra en el anexo I de esta providencia. 17. Contestación de la accionante. Rocío indicó que «[su] condición de obesidad y artrosis limita de forma considerable [su] movilidad, genera dolor crónico y rigidez articular, y requiere evitar esfuerzos físicos excesivos, espacios reducidos y maniobras que impliquen flexión forzada, compresión corporal o riesgo de caídas. Estas condiciones impactan directamente [su] capacidad para movilizarme de manera autónoma, especialmente para acceder a medios de transporte que presentan barreras físicas como torniquetes, escalones altos o pasillos estrechos» [49] . Por lo anterior, manifestó necesitar asistencia de otra persona para movilizarse y que, «en múltiples ocasiones h[a] tenido que cancelar o aplazar citas médicas y diligencias personales por no contar con un medio de transporte accesible» [50] . Expuso además que integra un hogar de bajos recursos, conformado por su esposo y cuatro hijos, que depende en gran parte del reciclaje en el espacio público. Anexó historia clínica de endocrinología, así como un carné que la acredita como recicladora y un recibo de servicios públicos de un inmueble de estrato 3. Finalmente, resaltó que las personas recicladoras constituyen un grupo sujeto de especial protección constitucional. 18. Las empresas de transporte señalaron que su operación se ajusta a la normativa vigente y que cuentan con accesibilidad para personas en condiciones de discapacidad, pero no hay referencias para personas con obesidad. Las empresas accionadas Buses Armenia S.A., Cooburquin y Transportes Urbanos Ciudad Milagro S.A. se enfocaron en señalar que su operación se ajusta a las condiciones técnicas y contractuales definidas por las autoridades locales y por la normativa sectorial de transporte, en aspectos como número de puertas, dispositivos de control y características de los vehículos. En cumplimiento de esas normas, una parte de sus buses cuenta con plataformas elevadoras, espacios preferenciales y señalización de accesibilidad, diseñadas para usuarios con discapacidad o movilidad reducida. No obstante, reconocieron que los protocolos no contemplan expresamente a personas con obesidad o con corporalidades que exceden las medidas que estiman estándar. Asimismo, explicaron que el ingreso ordinario de los usuarios se realiza por la puerta delantera con torniquete, mientras que el uso de la puerta trasera se reserva para casos puntuales, generalmente asociados a personas con discapacidad, sin que exista un protocolo claro para autorizar otro tipo de abordaje por la puerta posterior. 19. Indicaron que los torniquetes o sistemas de registradoras no se conciben como barrera física, sino como dispositivo técnico para control de ocupación, recaudo, seguridad operacional y trazabilidad estadística, por lo que su desconocimiento afectaría principios de seguridad y control operativo. Todas las empresas afirmaron que no han recibido solicitudes de ajustes razonables para el ingreso por la puerta trasera por parte de la accionante ni de otras personas en situación similar. Resaltaron que cualquier cambio estructural corresponde a una política pública de competencia de las autoridades de transporte y al Legislador. 20. Las entidades públicas del sector transporte hicieron referencia a la normativa sobre accesibilidad y de organización del sistema. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, la Alcaldía de Armenia, AMABLE E.I.C.E., el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y las secretarías de movilidad de Barranquilla, Medellín, Bogotá y Bucaramanga coincidieron en varios ejes temáticos. En términos generales, estas entidades: (i) resaltaron que el transporte público es un servicio esencial y que existe una regulación amplia en materia de accesibilidad para personas con discapacidad y movilidad reducida –leyes sectoriales, decretos reglamentarios y normas técnicas–; (ii) explicaron que la instalación de torniquetes responde a fines operativos y de control importantes –orden en la operación, seguridad y validación del pago–; (iii) indicaron que no existe una regulación específica sobre acceso al transporte para personas con obesidad o corporalidades diversas, y que la política de accesibilidad se ha construido principalmente en clave de condiciones de discapacidad o movilidad reducida, aunque reconocen que algunas de estas medidas también benefician a otros grupos como personas mayores o mujeres embarazadas, entre otras. 21. Adicionalmente, algunas de las autoridades, como la Secretaría de Transporte de Armenia y el Ministerio de Transporte, así como Trasmilenio S.A., señalaron que, aunque la regla general es el acceso por la puerta delantera, es jurídicamente posible que se adopten ajustes para permitir el ingreso por la puerta trasera cuando existan barreras materiales para el uso del torniquete. Esto, siempre que se garantice la seguridad y la validación del pasaje. 22. La Defensoría del Pueblo señaló el deber de prevenir la discriminación y de implementar un enfoque de derechos humanos . Las delegadas de asuntos constitucionales, de salud, para los derechos económicos, sociales y culturales, y para la mujer y asuntos de género resaltaron que (i) la condición de obesidad no corresponde a una discapacidad y que (ii) el caso revela barreras estructurales en el acceso al transporte público para personas con corporalidades diversas y que, por lo tanto, no se trata de un problema aislado o meramente individual de la accionante. Indicaron que resulta fundamental adoptar un enfoque de derechos humanos que analice las limitaciones en la movilidad, la autonomía o la participación plena en la vida social en relación con el entorno y las barreras existentes y no exclusivamente como una característica individual [51] . (iii) Insistieron en que el análisis debe hacerse desde los principios de igualdad material, no discriminación y enfoque diferencial. En esa medida, mantener barreras que refuercen estigmas y estereotipos contra un grupo poblacional específico implica avalar la existencia de condiciones materiales de desigualdad. Finalmente, (iv) propusieron a la Corte proteger de inmediato a la accionante mediante una adecuación operativa, como el acceso alternativo cuando el torniquete impida el ingreso y simultáneamente proyectar la obligación institucional hacia la progresividad del diseño inclusivo. La revisión de protocolos de accesibilidad, la capacitación de funcionarios y la evaluación de dispositivos que generen exclusiones previsibles. Además, consideraron que este caso puede ampliar la discusión pública y jurídica sobre formas de discriminación normalizadas y que debe estudiarse desde la interseccionalidad [52] . 23. Conceptos sobre obesidad y movilidad. Las organizaciones de la sociedad civil y los centros académicos especializados aportaron elementos que pueden agruparse en los siguientes ejes: · Carácter estructural de los estereotipos por diversidad corporal. La mayoría de los conceptos técnicos recibidos señalaron que la discriminación que enfrentan las personas gordas, con sobrepeso u obesidad puede considerarse estructural, ya que permea y está presente en múltiples ámbitos de la vida, como, por ejemplo, el educativo, el laboral, el familiar, en el uso de servicios públicos, etc. Además, es aceptada y, por lo tanto, invisibilizada, no solo en el ámbito social, sino también en el plano jurídico y de la política pública. Además, plantearon que históricamente la gordura ha sido entendida como una característica negativa y no deseable de las personas. En este punto se advierte que el enfoque mayoritario es distinto al presentado por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, quienes entienden la obesidad como una enfermedad crónica y manifestaron que sí existe un conjunto de leyes, lineamientos y planes sectoriales que abordan la obesidad desde distintos ángulos –salud pública, entornos alimentarios y atención clínica–, los cuales, en conjunto, configuran un marco fragmentado pero complementario, que incorpora la obesidad como un problema prioritario dentro  de la dimensión de «enfermedades no transmisibles». En todo caso, enfatizaron la necesidad de políticas inclusivas que permitan eliminar el sesgo en entornos públicos y garantizar accesibilidad universal [53] . · La diversidad corporal es una categoría que debe protegerse. De acuerdo con el Centro para la Salud y los Derechos Humanos del Instituto O’Neill para el Derecho y la Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown, la diversidad corporal por peso debe ser una categoría protegida de discriminación a la que debe aplicarse la sólida jurisprudencia de la Corte sobre la igualdad y no discriminación. Indicó que esta oportunidad resulta crucial para que la Corte establezca el alcance de la respectiva protección constitucional, que incluye no solo la obligación negativa de no discriminar directa o indirectamente, en normas, prácticas y políticas, por razones de diversidad corporal por peso, sino, además, la obligación positiva de adoptar políticas públicas dirigidas a la erradicación del estigma y el prejuicio. Explicó el riesgo de construir la arquitectura del transporte a partir de aquello que se categoriza como la «normalidad», puesto que reproduce sesgos y estigmas sociales [54] . En este punto, debe reiterarse que la Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales planteó que la diversidad corporal es una categoría relevante constitucionalmente que debe protegerse. · Crítica a un enfoque que se centre en el diagnóstico médico. Al igual que la Defensoría del Pueblo, algunos intervinientes advirtieron sobre el riesgo de condicionar el acceso a derechos a un diagnóstico médico. Insistieron en que el análisis del caso no debe centrarse en las características físicas individuales de los usuarios, sino en el sistema de transporte que ha priorizado la incorporación de barreras físicas, centradas en garantizar el lucro económico y no el bienestar, la dignidad y el derecho al transporte de las personas que se movilizan por este medio. La Fundación Jacarandas criticó el enfoque de la Ley 1355 de 2009 como la única norma que hace referencia a las personas con obesidad, pero que, no obstante, está dirigida a tomar acciones para que la población no sea obesa, en tanto es calificada como una enfermedad crónica. Por su parte, la Organización Gordas contextualizó la historia de la escala del IMC y su relación con el pensamiento eugenésico, para explicar que es una visión limitada. La iniciativa A.L.C.E. (Abolición de Lógicas de Castigo y Encierro) criticó que tanto las personas gordas como las personas en situación de discapacidad han sido históricamente entendidas desde un modelo biomédico que las define como «enfermedades que deben ser curadas, corregidas o reparadas, desplazando la atención de las responsabilidades sociales y estatales de remover barreras y garantizar condiciones de igualdad, dignidad y participación plena» [55] . · Enfoque de género e interseccionalidad. Los intervinientes enfatizaron la importancia de incluir consideraciones sobre la interseccionalidad y los enfoques diferenciales en este caso. Explicaron que características como la identidad de género, la orientación sexual, la raza, el estatus económico y otros factores configuran y modifican las experiencias de las personas frente al sesgo y estigma por peso. Advirtieron que debe tenerse en cuenta que «una parte importante de personas con sobrepeso en Colombia pertenece a grupos históricamente discriminados como las mujeres (59,6%), las personas afrodescendientes (57,4%) e indígenas (51,4%). Adicionalmente, aunque más de la mitad de las personas de diferentes niveles socioeconómicos tienen sobrepeso, en los niveles más precarios, el 52,1% y el 55,7% de las personas, tienen sobrepeso» [56] . El Ministerio de Salud sugirió que la formulación de una política pública integral para personas con obesidad debe incorporar enfoques diferenciales y sensibles al género, entendiendo que los factores que determinan la obesidad, su experiencia y sus consecuencias no son homogéneos entre mujeres y hombres. Al respecto, precisó que estudios han documentado que mujeres con obesidad tienden a experimentar mayores niveles de estigma relacionados con el peso, lo cual puede afectar su motivación para realizar actividad física y su interacción con los sistemas de salud y espacios públicos, en comparación con los hombres, lo que requiere intervenciones ajustadas según género (Sattler et al., 2018). · Aplicación de criterios de accesibilidad y diseño universal. Varios expertos [57] coincidieron en proponer que se utilicen estándares del modelo social de la discapacidad –Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 1346 de 2009, y la Ley 1618 de 2013– sobre ajustes razonables, diseño universal y accesibilidad, sin afirmar que la obesidad sea en sí misma discapacidad médica. El Centro O’Neill explicó que el marco jurídico sobre derechos de las personas con discapacidad aporta nociones como la de accesibilidad, diseño universal y ajustes razonables, que pueden ser pertinentes. Al respecto, indicó que el derecho a la accesibilidad, dispuesto en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), establece la obligación de los Estados de promover que las nuevas instalaciones o servicios sean diseñados siguiendo los principios de diseño universal, por lo que deben estar pensados para incluir a todas las personas y sus diferentes necesidades y no solo a las personas con discapacidad. El séptimo principio del diseño universal se basa en las dimensiones apropiadas para la aproximación y el uso de los espacios. Por lo tanto, debe garantizarse que los servicios estén pensados para que cualquier persona pueda hacer uso, independientemente de su tamaño corporal, postura o movilidad. Lo anterior, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que consiste en garantizar, para 2030, el acceso de todas las personas a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles, y mejorar la seguridad vial. Así como las indicaciones de la OMS que ha establecido que el transporte debe concebirse desde un enfoque de sistema seguro ( Safe System Approach ). · Torniquetes como dispositivos de filtración corporal. Las organizaciones de la sociedad civil [58] explicaron que los torniquetes tipo «mariposa» instalados en el ingreso de los buses revelan un diseño centrado en un «cuerpo estándar». Constituyen una barrera física que interrumpe el acceso oportuno y eficiente al servicio y amenaza la integridad de personas con discapacidad o movilidad reducida, personas con corporalidades gordas y otras apariencias no hegemónicas; lo cual es especialmente grave en horas pico, cuando no resulta materialmente viable ingresar por las puertas alternas. · Sobre el caso de la accionante. Las intervenciones apuntaron a señalar que la afectación no se limita al derecho a la salud, sino que «la restricción compromete la autonomía personal de la accionante, su participación en el espacio público y su posibilidad de desarrollar una vida independiente a nivel laboral, social, cultural y recreativa» [59] . · Recomendaciones y remedios propuestos . Los expertos propusieron dos tipos de medidas: (i) inmediatas para la protección de la accionante, como permitir el ingreso por la puerta trasera sin exigir certificaciones médicas cuando el impedimento para usar el torniquete es evidente, y (ii) medidas progresivas, como revisar los estudios antropométricos que sirven de base a las NTC y adaptar el diseño de vehículos, estaciones y paraderos para que respondan a la diversidad real de cuerpos. También se sugirieron medidas de protección sobre la salud mental y emocional de la accionante, así como ordenar procesos pedagógicos con los conductores y funcionarios de las empresas de transporte público frente a la discriminación, particularmente hacia personas con corporalidades gordas. 24. Traslado. La Secretaría General de la Corte Constitucional corrió el traslado de las pruebas recaudadas. Las empresas Buses Armenia S.A. y Transportes Urbanos Ciudad Milagro S.A. remitieron pronunciamientos en relación con las pruebas recaudadas, las cuales se incluyen en el Anexo I. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia, delimitación del objeto de estudio, problema jurídico y estructura de la decisión 1.1. Competencia 25. La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela dictados en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución, así como en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 1.2. Delimitación del objeto 26. La Sala Octava de Revisión estudia el caso de Rocío , quien presentó acción de tutela contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Quindío, y otros, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, a la igualdad, a la movilidad y a la vida digna. La accionante sostiene que, por su obesidad, los torniquetes instalados en las puertas delanteras del servicio público de transporte de Armenia le impiden acceder a los buses, y que los conductores no habilitan su ingreso por la puerta de atrás ni le ofrecen alternativas razonables dirigidas a garantizar los bienes constitucionales comprometidos. 27. Las empresas operadoras del servicio de transporte público urbano en Armenia indicaron, en términos generales, que su operación se ajusta a las condiciones técnicas y contractuales definidas por las autoridades locales y por la normativa sectorial de transporte, en aspectos como número de puertas, dispositivos de control y características de los vehículos. En cumplimiento de esas normas, afirmaron que una parte de sus buses cuenta con plataformas elevadoras, espacios preferenciales y señalización de accesibilidad, diseñadas para usuarios con discapacidad o movilidad reducida. No obstante, reconocieron que los protocolos no contemplan expresamente a personas con corporalidades diversas en razón del peso que exceden las medidas que estiman estándar y que, además, los torniquetes ubicados en las puertas delanteras encuentran una justificación técnica y operativa. Finalmente, la entidad AMABLE E.I.C.E., la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia y el Ministerio de Transporte no se opusieron a la adopción de medidas de inclusión para la población con corporalidades diversas en razón del peso. 28. En este contexto, es necesario fijar el alcance de este pronunciamiento. Para ello, la Sala de Revisión precisará aquello que no constituirá objeto de estudio. En este caso la Sala de Revisión no se pronunciará sobre la invocada violación del derecho a la salud en la faceta de accesibilidad al servicio de transporte con cargo al sistema de salud 29. La salud fue un derecho invocado por la demandante . En su escrito inicial [60] la ciudadana Rocío invocó la protección, entre otros, del derecho a la salud, indicando que presentaba «una condición médica de obesidad que limita[ba] seriamente [su] movilidad y funcionalidad cotidiana». Agregó que «depend[ía] del servicio público para movilizar[se], especialmente para asistir a [sus] citas médicas y diligencias personales», por lo cual, con la actuación del sistema de transporte se le impedía «asistir a tratamientos médicos y realizar gestiones básicas», adjuntando, como prueba, un video «en el que se evidencia la imposibilidad de acceso por la puerta delantera del bus». 30. La protección del derecho a la salud en la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de personas con obesidad. La jurisprudencia de la Corte Constitucional no ha sido ajena a la condición de obesidad, en virtud especialmente de las varias acciones de tutela que ha conocido en sede de revisión y en las que, de manera usual —al inicio particularmente sobre casos de obesidad mórbida —, ha aludido a aquella como una condición de riesgo causante de enfermedades y, en algunos eventos, como enfermedad. Estos asuntos, que evidencian el nexo indudable que en la jurisprudencia se ha dado entre la obesidad y el derecho a la salud, han girado fundamentalmente en torno a la omisión de adelantar un diagnóstico o a la desatención del deber de practicar procedimientos con cargo al sistema de salud, como ocurre con la cirugía bariátrica [61] . Solo ocasionalmente ha mencionado la obesidad en otros escenarios [62] , aunque sin un desarrollo amplio. 31. En este contexto, sobre la posibilidad de ordenar por vía de tutela la cirugía que genéricamente se conoce como bariátrica [63] , así como de considerarla imputable al sistema de salud, la Corte Constitucional fue construyendo una línea jurisprudencial, entre otras, en las sentencias T-384 de 2006 [64] , T-110 de 2007 [65] , T-414 de 2008 [66] y T-931 de 2010 [67] , que contribuyeron a la formulación de reglas que hoy, en el marco de la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015, guían el estudio de los casos en los que se invoca una pretensión similar [68] . 32. Otro tipo de procedimientos han sido también autorizados a través de la acción de tutela para seguir prescripciones médicas ordenadas para atender a la obesidad, en tanto sean de carácter reconstructivo funcional o se dirijan a conseguir el bienestar emocional, psíquico y social, y cumplan con las reglas jurisprudenciales respectivas. Entre otras decisiones, pueden consultarse las sentencias T-179 de 2008 [69] , T-975 de 2010 [70] , T-449 de 2019 y T-101 de 2023 [71] . Respecto a la faceta del diagnóstico del derecho a la salud, recientemente, la Sentencia T-432 de 2023 [72] amparó los derechos de una persona que aducía su condición de obesidad y no se le había realizado una valoración multidisciplinaria para determinar la viabilidad, efectividad y riesgos de una cirugía bariátrica [73] . 33. En garantía del derecho a la salud, en particular de la faceta de accesibilidad [74] , existe igualmente una sólida jurisprudencia relacionada con la concesión del servicio de transporte cuando, por ejemplo, encontrándose de por medio una situación de obesidad, se requiere el traslado de una persona para satisfacer la prestación de servicios médicos. En estos casos, se exige acreditar que «(i) ni el paciente ni sus familiares cercanos [tengan] los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se [ponga] en riesgo la dignidad, la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario». En este sentido, por ejemplo, la Sentencia T-277 de 2022 concedió a una persona el transporte intermunicipal requerido para atender procedimientos propios de una insuficiencia renal, precisando además que debía cobijar a un acompañante, dado que se había acreditado, entre otras razones, «su enfermedad [de] “obesidad mórbida”». 34. En estos términos, es oportuno destacar, por un lado, que la Corte Constitucional se ha referido en numerosas ocasiones a la obesidad, en particular en un contexto en el que a aquella se asocia la garantía del derecho a la salud y, por otro lado, que para determinar la procedencia o no del amparo ha aplicado las reglas jurisprudenciales que a lo largo de su construcción y práctica judicial constitucional ha definido en términos generales. 35. Actuación de la Sala de Revisión dirigida a verificar una presunta lesión del derecho a la salud por la faceta de accesibilidad al servicio de transporte. En atención a los hechos relatados y derechos inv