Sentencia T-202 de 2026

T-202-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL -Sala Tercera de Revisión- SENTENCIA T- 202 D E 2026 Referencia : expedientes T-10.987.195 T-11.199.927AC. Asunto: acciones de tutela interpuestas por (i) César Augusto García Valencia contra la Alcaldía de Manizales y (ii) Leo Ricardo Sierra, secretario general del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (“MOVICE”), capítulo Eje Cafetero; Henry Ocampo Galvis, presidente de la Junta Directiva de la Corporación Reiniciar, capítulo regional Caldas y Leonardo Zuluaga Rubio, miembro del Grupo Nuevas Generaciones por la Paz (“NUGEPAZ”), contra Andrés Felipe Rodríguez Puerta Magistrado sustanciador: Héctor Alfonso Carvajal Londoño [1] Jurisprudencia relevante: SU-056 de 1995, C-370 de 2006, T-1037 de 2008, T-139 de 2014, T-015 de 2015, C-017 de 2018, SU-355 de 2019, SU-420 de 2019, T-281 de 2021, T-375 de 2025. Bogotá D. C., seis (06) de julio de dos mil veintiséis (2026) La Sala Tercera de Revisión [2] , en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, decide sobre la revisión (i) del fallo de tutela proferido el 18 de febrero de 2025 por el Juzgado 003 Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Manizales dentro del expediente T-10.987.195 y (ii) de los fallos proferidos el 28 de marzo de 2025 por el Juzgado 001 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias Manizales y el 12 de mayo de 2025 por el Juzgado 002 Civil del Circuito de Manizales dentro del expediente T-11.199.927. Tabla de contenido I. ANTECEDENTES . 3 1. Contexto preliminar . 3 2. Hechos y pretensiones 4 3. Respuesta de las entidades demandadas y vinculadas . 5 4. Decisión judicial objeto de revisión . 7 5. Trámite en sede de revisión . 8 6. Respuesta del sujeto accionado y las entidades vinculadas . 26 7. Decisiones judiciales objeto de revisión . 31 8. Trámite en sede de revisión . 34 II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL . 48 1. Competencia . 48 2. Examen de procedibilidad . 49 3. Examen de fondo . 65 4. Solución de los casos concretos . 98 5. Órdenes y remedios 115 III. DECISIÓN .. 117 I. ANTECEDENTES 1. Contexto preliminar 1. La Escombrera [3] , ubicada en la Comuna 13 de Medellín, ha sido señalada como un presunto sitio de inhumaciones clandestinas en el marco del conflicto armado, a partir de denuncias reiteradas de familiares de personas desparecidas y organizaciones sociales, quienes han sostenido que allí habrían sido ocultados cuerpos de personas detenidas, torturadas y ejecutadas. La condición del lugar como botadero de escombros habría facilitado el ocultamiento de restos, motivo por el cual distintas autoridades han adelantado investigaciones para esclarecer los hechos. 2. En ese contexto, el 18 de diciembre de 2024, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas confirmó el hallazgo de estructuras óseas humanas y prendas de vestir, logrando, por primera vez, la localización y recuperación de cuerpos en el sitio [4] . Estos hallazgos fueron valorados como un avance significativo en los procesos de verdad, justicia y memoria, y el Centro Nacional de Memoria Histórica resaltó su relevancia para el eventual esclarecimiento de responsabilidades por graves violaciones de derechos humanos, presuntamente cometidas por integrantes de la fuerza pública en alianza con estructuras paramilitares [5] . 3. Como respuesta simbólica a estos hallazgos, el 12 de enero de 2025 diversos colectivos sociales, estudiantes y mujeres buscadoras promovieron en Medellín la realización de un mural con la frase “Las cuchas tienen razón” [6] orientado a reivindicar la memoria de las personas desaparecidas. No obstante, al día siguiente, la administración municipal ordenó cubrir la obra con pintura gris al considerar que transmitía una imagen de caos, suciedad y desorden [7] , lo que generó una amplia controversia pública y fue rechazado por los colectivos impulsores, quienes calificaron la medida como un acto de censura frente a un ejercicio de memoria y reivindicación de la verdad [8] . 4. La reacción trascendió el ámbito local y la consigna fue replicada en distintas ciudades del país, como Bogotá, Cali, Soacha, Manizales, Bucaramanga y Neiva [9] , mediante la realización de nuevos murales con el mismo mensaje, como expresión de solidaridad y reconocimiento a la labor de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada. 2. Hechos y pretensiones i. Expediente T-10.987.195 [10] 5. El 7 de febrero de 2025 [11] , el ciudadano César Augusto García Valencia interpuso acción de tutela contra la Alcaldía de Manizales con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la salud mental, la paz y la convivencia ciudadana. 6. El accionante manifestó que la Alcaldía de Manizales vulneró sus derechos al permitir la inscripción de frases en el espacio público que, a su juicio, incitan al odio, la desinformación, la agresión verbal, la polarización, la injuria y la calumnia, así como a una apología política contraria a la dignidad humana. En particular, afirmó que expresiones como “Las cuchas tienen razón” generan controversia y afectaciones negativas en la salud mental de diversos ciudadanos, al promover un discurso que consideró ofensivo, discriminatorio y polarizante, lo cual —según indicó— fomenta la confrontación entre los habitantes del municipio. Imagen 1. Fotografía parcial del mural que lleva inscrita la frase “Las cuchas tienen razón” en la ciudad de Manizales, adjuntada por el accionante. 7. Agregó que la exposición constante a este tipo de mensajes produce impactos adversos en la salud mental, tales como ansiedad, estrés y sensación de inseguridad, y sostuvo que el derecho a la salud mental no puede ceder frente a la libertad de expresión o la expresión artística, pues —a su juicio— estas pueden ejercerse en otros espacios o medios menos lesivos. 8. Por lo anterior, solicitó que se ordenara a la Alcaldía de Manizales eliminar los murales que considera ofensivos y prohibir el uso del espacio público para su realización. De manera subsidiaria, pidió regular el uso de dichos espacios, permitiendo únicamente murales de carácter formativo, paisajístico o con fines de embellecimiento urbano, y que, mientras no exista reglamentación, se prohíba la inscripción de frases o mensajes que afecten la paz y la convivencia ciudadana. 9. El asunto fue repartido al Juzgado 003 Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantía de Manizales, el cual admitió la solicitud y dispuso notificar a la entidad accionada el 7 de febrero de 2025 [12] . 3. Respuesta de las entidades demandadas y vinculadas 10. Respuesta de la Alcaldía de Manizales. El 11 de febrero de 2025, la Alcaldía de Manizales [13] se opuso a las pretensiones de la demanda. En primer lugar, sostuvo que, conforme al artículo 167 de la Ley 1564 de 2012, corresponde al accionante demostrar los hechos en que sustenta sus pretensiones, carga que no fue satisfecha, pues no acreditó afectaciones a su salud mental ni demostró que los murales —en particular la frase “Las cuchas tienen razón”— afecten la paz, la convivencia o generen polarización, confrontación o inseguridad. 11. En segundo lugar, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al existir otros mecanismos judiciales y administrativos idóneos, como la atención médica a través de la EPS o el trámite policivo previsto en la Ley 1801 de 2016 para corregir eventuales afectaciones al espacio público. 12. Respecto de la expresión “Las cuchas tienen razón”, explicó que surgió como un acto de apoyo a las madres buscadoras de La Escombrera, cuyas denuncias sobre la desaparición de sus hijos tras la operación Orión fueron confirmadas a finales de diciembre de 2024 con el hallazgo de restos óseos por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. En ese sentido, afirmó que la frase no causa daño ni constituye un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, sino que se encuentra constitucionalmente protegida por el artículo 20 de la Constitución Política”. 13. Finalmente, indicó que, en respeto del derecho fundamental a la libertad de expresión, autorizó al colectivo artístico Pinta Resiste a realizar el mural en Manizales y solicitó la vinculación de este último al trámite. 14. El 12 de febrero de 2025, el Juzgado 003 Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Manizales vinculó al colectivo artístico Pinta Resiste al trámite de la acción constitucional [14] . 15. Respuesta del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Seccional Caldas . El 13 de febrero de 2025, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Seccional Caldas, actuando como “agente oficioso” del colectivo artístico Pinta Resiste [15] , se opuso a las pretensiones de la demanda. Al respecto, explicó que el 19 de enero de 2025, el colectivo ejerció su derecho a la protesta con fines de homenaje, construcción de verdad colectiva, reparación simbólica y resignificación de las víctimas de desaparición forzada, mediante la realización de un mural en el sector del Parque del Agua de Manizales, en el que participaron distintos colectivos sociales, organizaciones no gubernamentales y aproximadamente 200 personas sin vinculación organizativa. 16. Indicó que la iniciativa surgió tras la intervención de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín, donde en enero de 2025 se informó sobre la posible localización de restos humanos. En ese contexto, colectivos artísticos antioqueños elaboraron un mural con la frase “Las cuchas tienen razón”, el cual fue borrado por la administración municipal, lo que generó rechazo nacional por considerarse una forma de revictimización. 17. Explicó que, como respuesta y en ejercicio del derecho a la protesta pacífica, distintos colectivos realizaron más de 30 murales con dicha frase en varias ciudades del país, incluida Manizales. Precisó que el mural allí elaborado tenía cerca de 30 metros, incluía el retrato de dos mujeres buscadoras de La Dorada y Villamaría —reconocidas como víctimas de desaparición forzada conforme a las leyes 1448 de 2011 y 2364 de 2024—, y contó con el acompañamiento de autoridades y entidades de control como la Policía Nacional, la Secretaría del Interior de la Alcaldía de Manizales, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Manizales. 18. Asimismo, informó que el 1 de febrero de 2025 más del cincuenta por ciento del mural fue cubierto con pintura negra, hecho que calificó como vandalismo y que dio lugar a reacciones violentas en redes sociales. Frente a ello, señaló que el 9 de febrero de 2025 los colectivos Pinta Resiste y Fuego Popular organizaron una jornada de restauración, con amplia participación ciudadana, institucional y de grupos de víctimas. 19. El comité sostuvo que no existían pruebas de que la expresión “Las cuchas tienen razón” pudiera constituir apología al odio, pues se trataba de un símbolo legítimo de la lucha de las mujeres buscadoras y de un tema históricamente invisibilizado. En ese sentido, calificó los señalamientos del accionante como afirmaciones subjetivas sin sustento probatorio, y reiteró que la frase se encuentra amparada por la Ley 2364 de 2024 y por los derechos a la información y sensibilización, dado el reconocimiento de hallazgos forenses por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad para las Víctimas. 20. Finalmente, afirmó que la acción de tutela pretendía censurar un discurso constitucionalmente protegido, lo cual podría generar revictimización, y recordó que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional —entre otras, la Sentencia SU‑420 de 2019—, la libertad de expresión goza de una protección reforzada y prevalece frente a intentos de censura previa. 4. Decisión judicial objeto de revisión 21. El 18 de febrero de 2025, el Juzgado 003 Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Manizales [16] , decidió “negar, por improcedente”, la acción de tutela de la referencia. 22. En primer lugar, señaló que la acción constitucional no cumple con el requisito de subsidiariedad, ya que el actor puede promover una acción popular o una acción de grupo. Explicó que los argumentos presentados estaban dirigidos a demostrar el impacto que la frase “Las cuchas tienen razón” genera en la salud mental de la sociedad como colectivo, y no en la del accionante de manera individual. Además, indicó que el demandante hizo referencia a un fundamento médico que no desarrolló ni acreditó, pese a conocer su deber de probar los hechos que sustentaban sus pretensiones, especialmente por tratarse de un abogado. 23. En segundo lugar, el juzgado indicó que, a partir de los argumentos planteados por el demandante, las pruebas aportadas al expediente y las respuestas ofrecidas por la entidad accionada y el colectivo artístico vinculado, no se evidenció una actuación u omisión por parte de la Alcaldía de Manizales que hubiera vulnerado los derechos fundamentales invocados. 24. En tercer lugar, determinó que tanto la entidad accionada como el colectivo artístico Pinta Resiste expusieron las razones que motivaron la creación del mural con la frase “Las cuchas tienen razón”, el cual se realizó en ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión y constituyó una manifestación del derecho fundamental a la protesta, ambos amparados constitucionalmente. Al respecto, el juzgado subrayó que es normal que la protesta genere incomodidad en quienes no comparten ciertas ideas u opiniones. 25. Adicionalmente, manifestó su desacuerdo con la postura del accionante según la cual la expresión mencionada fomenta el odio o la polarización y consideró, por el contrario, que esta contribuye a la construcción de una “memoria social”. No obstante, enfatizó que las expresiones artísticas amparadas por la libertad de expresión deben respetar las disposiciones normativas que regulan el uso del espacio público, realizarse en los sitios destinados por la administración municipal para tal fin y ajustarse a lo previsto en el artículo 140 del Código Nacional de Policía y Convivencia. 26. Finalmente, el juzgado concluyó que, al no advertirse que el actor se encuentre ante la configuración de un perjuicio irremediable, la acción de tutela no es procedente como mecanismo transitorio de protección de sus derechos fundamentales. 5. Trámite en sede de revisión 27. Con fundamento en el artículo 33 del Decreto Ley 2591 de 1991, el expediente fue seleccionado para su revisión por la Sala de Selección número Cuatro, mediante Auto del 29 de abril de 2025. Esto, al considerar que cumplía con los criterios objetivos relacionados con (i) la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y (ii) la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. 28. Solicitud del delegado para los asuntos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo. El 19 de mayo de 2025, el delegado de la Defensoría del Pueblo para los asuntos constitucionales y legales, el Dr. Aquiles Ignacio Arrieta Gómez, solicitó el envío de una copia simple del expediente de referencia, con el fin de intervenir en el caso mediante un concepto técnico o amicus curiae [17] . Esta solicitud fue reiterada el 29 de mayo de 2025 [18] . 29. Solicitud de la directora nacional de recursos y acciones judiciales de la Defensoría del Pueblo. El 30 de mayo de 2025, la directora nacional de recursos y acciones judiciales de la Defensoría del Pueblo, la Dra. Mónica Alexandra Cruz Omaña, también solicitó el envío de una copia simple del expediente de referencia, con el mismo propósito de intervenir en el caso como amicus curiae [19] . 30. Mediante autos del 3 y 10 de junio de 2025, la magistrada sustanciadora encargada Carolina Ramírez Pérez, accedió a las solicitudes presentadas tanto por el delegado de la Defensoría del Pueblo para los asuntos constitucionales y legales como por la directora nacional de recursos y acciones judiciales de la misma entidad, y ordenó a la Secretaría General de la Corporación remitirles una copia del expediente para que, en un plazo de cinco días hábiles, se pronunciaran sobre el caso, en calidad de amicus curiae . 31. Solicitud de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo. El 11 de junio de 2025, la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo [20] solicitó la revocatoria de la decisión de única instancia adoptada en sede de tutela, para que, en su lugar, se negara el amparo invocado, ya que “la expresión [...] ´Las cuchas tienen razón` constituye un ejercicio legítimo de la libertad de expresión artística protegida constitucionalmente, en cuanto reivindica los derechos de las víctimas del conflicto armado a la verdad y a la memoria”. 32. Para sustentar su solicitud, argumentó que el mural constituye un discurso con protección constitucional reforzada, ya que hace referencia a: (i) la posible comisión de graves violaciones de derechos humanos, en particular, desapariciones forzadas; (ii) la memoria histórica del conflicto armado interno; (iii) los derechos de las víctimas, y (iv) la búsqueda de la verdad como pilar de la justicia transicional. 33. Adicionalmente, señaló que los instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen ampliamente la libertad de expresión artística como un derecho fundamental, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que esta libertad tiene una dimensión individual y otra social, las cuales deben garantizarse de manera simultánea. En ese sentido, advirtió que los Estados deben abstenerse de censurar dichas expresiones y, a la vez, proteger a quienes participan en manifestaciones orientadas a la reivindicación del derecho a la verdad. 34. Asimismo, expuso que la Corte Constitucional ha consolidado una línea jurisprudencial sobre la protección reforzada de la libertad de expresión artística cuando esta se enmarca en el ejercicio del derecho de las víctimas a la verdad extrajudicial y a la construcción de memoria histórica, y puso de presente que la censura de tales expresiones puede resultar en una forma de revictimización. 35. Finalmente, advirtió que el mural, en cuanto materializa medidas de satisfacción y reparación simbólica a cargo del Estado colombiano, no solo cumple una función estética, sino que además constituye un vehículo legítimo “para interpelar al poder, promover procesos de esclarecimiento y exigir justicia”, razón por la cual los operadores judiciales deben aplicar una presunción de máxima protección frente a este tipo de expresiones. 36. Posteriormente, en Auto del 13 de junio de 2025, la magistrada sustanciadora encargada Carolina Ramírez Pérez decretó pruebas con el fin de obtener elementos de juicio para adoptar una decisión en el caso bajo análisis. En este sentido, solicitó: (i) al accionante, que respondiera un cuestionario orientado a precisar los fundamentos de la vulneración de sus derechos fundamentales; (ii) a la Alcaldía de Manizales, que aportara copia del acto administrativo mediante el cual autorizó al colectivo artístico Pinta Resiste a realizar el mural con la frase “Las cuchas tienen razón”, que explicara los motivos de dicha autorización y que informara si se presentaron quejas o manifestaciones ciudadanas al respecto; y (iii) al colectivo artístico Pinta Resiste, que remitiera el acto administrativo que le concedió autorización, explicara su visión sobre el arte urbano como forma de expresión política o social en el espacio público y señalara cómo considera que puede armonizarse la libertad de expresión con otros derechos fundamentales, como la paz, la salud mental o la convivencia ciudadana. 37. Igualmente, extendió una invitación a diversas entidades públicas, instituciones académicas, organizaciones especializadas y expertos en materia de salud, cultura, derechos humanos, memoria histórica y ciencias sociales, para que, de estimarlo pertinente, emitieran concepto desde su respectiva experticia [21] . En particular, solicitó pronunciamientos sobre (a) el valor simbólico, cultural y social de la expresión “Las cuchas tienen razón” en el contexto nacional y local, así como su eventual incidencia en la cohesión social, y (b) la existencia de evidencia científica que relacione la exposición a mensajes políticos en murales con afectaciones a la salud mental, tanto a nivel individual como colectivo. 38. Respuesta del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. El 20 de junio de 2025, el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional [22] informó no contar con el personal docente con la experticia ni con la disponibilidad de tiempo requeridos para emitir un concepto sobre el proceso de la referencia. 39. Respuesta de la Secretaría del Interior de la Alcaldía de Manizales. El 24 de junio de 2025, la Secretaría del Interior de la Alcaldía de Manizales [23] señaló que el numeral 9 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 establece que escribir o fijar en un lugar público o abierto al público leyendas, dibujos o grafitis, sin el debido permiso, cuando este se requiere, constituye un comportamiento contrario al cuidado o integridad del espacio público. Resaltó que, si bien la norma exige un “debido permiso”, no precisa el formalismo que dicho permiso debe observar para su expedición y cumplimiento. Asimismo, indicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado [24] ha determinado que los actos administrativos pueden ser emitidos de manera verbal. Teniendo en cuenta lo anterior, explicó que, en el presente caso, se cumplió con la exigencia establecida en el numeral 9 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, puesto que la Alcaldía de Manizales otorgó una autorización verbal al colectivo artístico Pinta Resiste para realizar el grafiti con la frase “Las cuchas tienen razón”. 40. Explicó que dicha frase surgió como un gesto de apoyo a las madres víctimas de desaparición forzada en el marco de la Operación Orión, quienes durante más de 20 años han denunciado que los cuerpos de sus hijos estarían sepultados en La Escombrera, en Medellín. Indicó que el 18 de diciembre de 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas hallaron restos óseos en dicho lugar, lo cual confirmaría que las denuncias de esas madres tenían sustento. Añadió que este gesto simbólico ha sido replicado en diversas ciudades del país, como Bogotá, Ibagué, Bucaramanga, Barranquilla y Manizales, entre otras. 41. Manifestó que el grafiti que contiene la frase mencionada no promueve confrontación ni polarización, ni afecta la paz, la convivencia ciudadana o la salud mental de la población de Manizales, y que tampoco incita al odio, a la desinformación, a la agresión verbal ni constituye injuria, calumnia o apología política. 42. De igual forma, señaló que el mensaje es de interés público, ya que se relaciona con el clamor de una comunidad que siempre tuvo la certeza sobre el destino final de sus seres amados, y aclaró que se trata de un acto simbólico protegido por el derecho fundamental a la libertad de expresión. Al respecto, precisó que dicha protección se encuentra consagrada en la Constitución Política, así como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Agregó que la expresión constituye una forma de manifestación cultural y crítica, mediante la cual se evocan las advertencias o enseñanzas de generaciones anteriores, representadas simbólicamente en “las cuchas”. 43. Finalmente, informó que, a la fecha, no ha recibido quejas relacionadas con la realización del mural, salvo una petición presentada por el ahora accionante, quien manifestó su inconformidad con la frase “Las cuchas tienen razón”. 44. Respuesta del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - Seccional Caldas. En esa misma fecha, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - Seccional Caldas [25] afirmó estar legitimado en la causa como agente oficioso del colectivo artístico Pinta Resiste, al señalar que este no cuenta con personería jurídica y se define como un “movimiento artístico desde la individualidad de sus artistas”, lo que lo ubica en una incapacidad jurídica manifiesta para responder directamente la acción de tutela. En consecuencia, indicó que asumiría la respuesta a los requerimientos formulados en el Auto de pruebas del 13 de junio de 2025. 45. Indicó que el colectivo no solicitó autorización a la Alcaldía de Manizales para intervenir el espacio público, en tanto la actividad se desarrolló en el marco de una jornada nacional de protesta frente a las declaraciones del alcalde de Medellín que los artistas consideraron revictimizantes respecto de las madres buscadoras de La Escombrera. 46. Sostuvo que el arte urbano constituye una forma legítima de expresión política y social, vinculada a la memoria, la resistencia y la protesta pacífica, que trasciende una finalidad meramente estética para resignificar el dolor, honrar a las víctimas y visibilizar injusticias. En ese sentido, afirmó que este tipo de manifestaciones contribuyen a la verdad, la reparación simbólica, la construcción de memoria colectiva y el fortalecimiento de la paz, la convivencia ciudadana y el tejido social. 47. Asimismo, afirmó que todos los espacios orientados a la verdad y a la reparación simbólica de las víctimas del conflicto armado sean institucionales o no, gozan de protección constitucional, conforme a la normatividad vigente y a la jurisprudencia constitucional. 48. Finalmente, señaló que la frase “Las cuchas tienen razón” alude al conocimiento y a las denuncias sostenidas durante años por madres y mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada, cuyas afirmaciones han sido corroboradas por recientes hallazgos forenses. Indicó que las intervenciones artísticas buscaron visibilizar a dichas víctimas y advirtió que el mural fue posteriormente vandalizado, al ser cubiertos con pintura negra tanto la frase como los rostros representados. 49. Respuesta de César Augusto García Valencia. El 26 de junio de 2025, César Augusto García Valencia [26] manifestó que la inscripción de frases en los muros de Manizales ha generado confrontación, radicalización y polarización entre los habitantes, lo que le habría ocasionado afectaciones emocionales como estrés, malestar y contaminación visual, traducidas en irritabilidad y confrontaciones personales. Consideró que este tipo de disputas, derivadas de la elaboración, borrado y reescritura de murales, constituyen una carga emocional a la que no deberían estar expuestas las personas que buscan vivir en un entorno de sana convivencia. 50. Asimismo, afirmó que la frase “Las cuchas tienen razón” estigmatiza a determinados grupos o líderes políticos, al atribuirles la comisión de delitos sin respaldo judicial, lo cual, a su juicio, afecta la verdad, el buen nombre y contribuye a arraigar el odio contra determinados sectores. 51. Indicó que consultó de manera informal a la Secretaría de Gobierno Municipal sobre la existencia de protocolos para el uso del espacio público, pero la respuesta fue negativa; por ello, acudió a la acción de tutela. Añadió que no ha promovido otras acciones judiciales contra la Alcaldía de Manizales ni contra autoridades locales para controvertir la autorización otorgada al colectivo artístico. 52. Indicó que no ha acudido al sistema de salud para atender el malestar psicológico que dice haber experimentado, pero destacó que, en su calidad de pensionado de la Policía Nacional, “es propenso al estrés postraumático” y aspira a vivir en un ambiente pacífico, resaltando el carácter preventivo del derecho a la salud. 53. Finalmente, sostuvo que este tipo de murales no puede considerarse una forma legítima de expresión artística cuando fomenta polarización y odio, y afirmó que corresponde a la administración municipal reglamentar el uso del espacio público para garantizar los derechos fundamentales de los demás ciudadanos, sin que ello implique una vulneración de la libertad de expresión, sino una limitación legítima para evitar la afectación de otros derechos constitucionales. 54. Respuesta de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo. El mismo día, la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo [27] sostuvo que no existe vulneración de los derechos fundamentales a la salud mental, a la dignidad humana ni a la convivencia pacífica, pues la expresión cuestionada no incita al odio, la polarización ni la agresión política. Por el contrario, afirmó que se trata de un mensaje de interés público con protección constitucional reforzada, al denunciar graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, en el marco del derecho fundamental a la libertad de expresión. 55. Explicó que la expresión “Las cuchas tienen razón” nació a partir de la labor de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, donde se han identificado restos humanos que evidencian la posible comisión de desapariciones forzadas. Indicó que, por ello, organizaciones de víctimas y madres buscadoras consideran dicho lugar como la fosa común urbana más grande del mundo. 56. En ese sentido, señaló que el mural es un símbolo de resistencia y una exigencia pública de verdad y reparación, pues representa la lucha incansable de las madres que buscan a sus familiares desaparecidos. Por ende, en esta ocasión, “no se trata de un grafiti urbano cualquiera, sino de una reivindicación histórica que reconoce el conocimiento de las madres buscadoras sobre los lugares donde fueron ocultados sus hijos y familiares desaparecidos”. Añadió que este tipo de expresiones fortalece la cohesión social y contribuye a la reconstrucción del tejido social, al visibilizar el sufrimiento de las víctimas y promover la solidaridad intergeneracional en torno a la memoria, la verdad y la justicia. 57. Teniendo en cuenta lo anterior, planteó que “el arte que reivindica los derechos de las víctimas del conflicto armado forma parte del núcleo esencial de la libertad de expresión en Colombia” y, cumple una función de reparación simbólica en el marco de la justicia transicional, lo que impone al Estado un deber de protección y garantía. En ese sentido, afirmó que la decisión de la Alcaldía de Manizales de abstenerse de censurar el mural no constituye una omisión, sino el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, conforme a la Ley 1448 de 2011, la jurisprudencia interamericana y la Ley 2364 de 2024 [28] , que reconoce de forma expresa la labor y especial protección de las mujeres buscadoras. 58. Respuesta del Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud [29] , por su parte, informó, con base en sus investigaciones, que “el arte comunitario y el muralismo son herramientas eficaces para promover la resiliencia psicosocial en contextos de trauma colectivo”. Señaló que esta conclusión se apoya en evidencia clínica y científica que demuestra que los procesos artísticos permiten la expresión y regulación emocional, fortalecen la autoestima y la resiliencia, y favorecen la cohesión social en comunidades afectadas por el conflicto [30] . 59. Asimismo, explicó que la creación artística facilita la elaboración de narrativas sobre experiencias traumáticas, lo que contribuye a la reorganización de la memoria, la resignificación del sufrimiento y la integración cognitiva y emocional de dichas vivencias. En ese sentido, indicó que el mural, como relato visual colectivo y participativo, cumple una función simbólica y terapéutica relevante, al promover la solidaridad, el sentido de pertenencia y la reconstrucción del tejido social. 60. Finalmente, advirtió que no encontró evidencia científica que relacione los murales con contenido político con afectaciones negativas a la salud mental. Por el contrario, destacó que la literatura revisada indica que el arte urbano, incluido el muralismo, puede tener efectos positivos en la salud mental al facilitar la expresión emocional, la cohesión social y la resignificación del trauma. 61. Respuesta del Centro Nacional de Memoria Histórica. Asimismo, el Centro Nacional de Memoria Histórica [31] afirmó que las iniciativas de las víctimas del conflicto armado y sus diversas expresiones permiten reconocer los hechos victimizantes sufridos, dignificarlas y posicionar sus verdades en la historia nacional, contribuyendo a los derechos a la verdad y la memoria, según la Ley 1448 de 2011 y su modificación en 2024. 62. Destacó que corresponde a la administración pública garantizar las condiciones para la no repetición, mediante la promoción de la verdad y la memoria histórica, y destacó que la libertad de expresión cumple un papel central en este propósito, en tanto permite el reconocimiento de las víctimas y la construcción de narrativas plurales que resisten el olvido y la negación. En ese sentido, afirmó que la paz no se reduce a la ausencia de conflicto, sino que supone la consolidación de una sociedad basada en la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 63. Expuso que la Corte Constitucional, en la Sentencia T-391 de 1997, reconoció que la libertad de expresión incluye manifestaciones culturales y artísticas esenciales, especialmente relevantes en contextos de memoria y participación ciudadana, al permitir la visibilización de violaciones a los derechos humanos. Bajo ese marco, sostuvo que el mural “Las cuchas tienen razón” constituye un espacio autónomo de construcción de memoria en relación con personas desaparecidas o asesinadas y presentadas erróneamente como bajas en combate, y que aporta a la memoria histórica, la reparación simbólica, la solidaridad y la reconstrucción social. 64. Asimismo, recordó que la Ley 1448 de 2011 impone al Estado el deber de garantizar el derecho a la memoria como un aporte al derecho a la verdad, tanto de las víctimas como de la sociedad en su conjunto, y que la Resolución 108 de 2021 creó la Estrategia de Iniciativas de Memoria Histórica, la cual incluye expresiones artísticas como el muralismo y reconoce la memoria colectiva como un proceso social plural y dinámico. 65. Finalmente, reiteró el rechazo a cualquier forma de vulneración de los derechos de las víctimas y subrayó que estas deben ser tratadas con respeto, consideración y reconocimiento de su diversidad cultural e interseccional. 66. El 26 de junio de 2025, la Secretaría General de la Corte Constitucional expidió el informe de cumplimiento de los autos de pruebas de los días 3 y 10 de junio de 2025. 67. Respuesta de Instituto Distrital de las Artes –IDARTES–. Luego, el 27 de junio de 2025, el Instituto Distrital de las Artes [32] –IDARTES– sostuvo que no existe evidencia científica concluyente que establezca una relación directa entre la exposición a mensajes políticos en murales y afectaciones específicas a la salud mental. Sin embargo, indicó que el entorno visual incide en el bienestar psicosocial y el sentido de comunidad, y que el arte público suele asociarse con beneficios como la regulación emocional, la resiliencia y el fortalecimiento de la cohesión social, especialmente en contextos de posconflicto. 68. Señaló que los murales políticos pueden generar interpretaciones diversas según el contexto y las trayectorias individuales, pero advirtió que no deben asociarse automáticamente con daños psicológicos, pues no existen estudios que acrediten efectos negativos directos. En ese sentido, afirmó que resulta necesario analizar el contenido y promover enfoques participativos, éticos y pedagógicos que permitan armonizar la libertad de expresión con la paz, la convivencia y la dignidad humana, sin censurar la crítica política ni propiciar discursos de odio. 69. Respecto de la expresión “Las cuchas tienen razón”, indicó que posee un alto valor simbólico y cultural en Colombia, al reconocer el papel histórico de madres y mujeres mayores como portadoras de memoria y exigentes de verdad y justicia. Señaló que la frase puede fortalecer la cohesión social mediante la validación intergeneracional y el diálogo, aunque su impacto depende del contexto y del acompañamiento cultural que reciba. 70. Finalmente, afirmó que el mural se vincula estrechamente con los derechos de las víctimas del conflicto armado, al rendir homenaje a mujeres buscadoras y lideresas comunitarias, y contribuir a la memoria histórica, la reparación simbólica y las garantías de no repetición, conforme a la Ley 1448 de 2011. Concluyó que la expresión constituye una manifestación simbólica de resistencia, dignificación y esperanza de las víctimas en el espacio público [33] . 71. Respuesta de la Universidad de los Andes. El 1 de julio de 2025, la Universidad de los Andes [34] manifestó no contar con el personal suficiente para poder presentar consideraciones frente al presente asunto. 72. El 2 de julio de 2025, el doctor Héctor Alfonso Carvajal Londoño se posesionó como magistrado de la Corte Constitucional, tras haber sido elegido para dicho cargo el 21 de mayo del mismo año. Ese día asumió el conocimiento del expediente T-10.987.195 AC, en reemplazo de la magistratura encargada. 73. El 10 de julio de 2025, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas envió al magistrado sustanciador una manifestación de transparencia para el estudio de la acción de tutela referida [35] . En ella, señaló que ha coincidido en diversos espacios públicos con el Dr. Jorge Rojas Giraldo, alcalde de Manizale s, pero aclaró que dicha circunstancia no configura una relación de amistad íntima ni compromete su imparcialidad para conocer del asunto, en su calidad de integrante de la Sala Octava de Revisión. 74. Respuesta del señor César Augusto García Valencia. El 11 de julio de 2025, el señor César Augusto García Valencia [36] , en respuesta al traslado de las pruebas efectuado por la Secretaría General de la Corte Constitucional el 9 de julio de 2025, manifestó que, si bien la libertad de expresión y el derecho a la protesta son garantías constitucionales, su ejercicio no es absoluto y debe armonizarse con otros derechos fundamentales, el principio de legalidad, la convivencia pacífica, el respeto por el entorno y la salud mental de los ciudadanos. 75. Respecto de la ausencia de reglamentación, señaló que no existe una norma que regule estas expresiones en el uso del espacio público, lo que impide atribuir responsabilidad individual a quienes inscriben los mensajes. Por ello, estimó que, conforme al artículo 2 de la Constitución, corresponde a las autoridades garantizar la convivencia pacífica mediante la adopción de medidas que regulen adecuadamente el uso de estos espacios, permitiendo el ejercicio de la expresión dentro de límites razonables. 76. En relación con los límites a la libertad de expresión, reiteró que, si bien se trata de una garantía fundamental reconocida en el artículo 20 de la Constitución, no ampara expresiones que inciten a la violencia, constituyan injuria o calumnia, o difundan información falsa o manipulada , y sostuvo que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el discurso que vulnera derechos ajenos o afecta bienes jurídicos constitucionalmente protegidos no goza de protección reforzada. 77. Finalmente, afirmó que la presencia reiterada de mensajes agresivos o polarizantes en el espacio público puede generar afectaciones psicosociales , en tanto somete a los ciudadanos ajenos al conflicto a un entorno de tensión y violencia simbólica que puede derivar en ansiedad, estrés y deterioro de la salud mental colectiva . Agregó que, a su juicio, la respuesta de la Alcaldía de Manizales confirma dicha afectación , al reconocer que uno de los murales tenía como finalidad recriminar la ejecución de jóvenes en la Operación Orión, y sostuvo que desconoció la confrontación ciudadana generada por el grafiti por no haberse presentado quejas formales. 78. El 17 de julio de 2025, la Secretaría General de la Corporación expidió el informe de cumplimiento del Auto de pruebas del 13 de junio de 2025. 79. El 21 de julio de 2025, la Sala Octava de Revisión decretó la práctica de nuevas pruebas con el fin de esclarecer los hechos objeto de análisis. Para ello, solicitó a la Alcaldía de Manizales que suministrara información adicional sobre las circunstancias en que las que se otorgó la autorización al colectivo artístico para pintar el mural, así como copia de la petición radicada por el señor García Valencia y de la respuesta emitida frente a la misma. De igual manera, requirió al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos –Seccional Caldas explicar los motivos de su actuación como agente oficioso y precisar las razones que impedían a los integrantes del movimiento Pinta Resiste actuar directamente en defensa de sus intereses dentro del presente trámite. Asimismo, pidió que, de ser posible, informara los nombres y datos de contacto de los miembros del colectivo, con el fin de evaluar su eventual vinculación al proceso [37] . Finalmente , la Sala suspendió los términos para fallar el asunto por un periodo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la recepción de las pruebas oficiadas mediante dicha providencia [38] . 80. Respuesta de la Alcaldía de Manizales. El 1 de agosto de 2025, la Alcaldía de Manizales [39] informó que el 18 de enero de la misma anualidad autorizó de manera verbal al colectivo artístico Pinta Resiste para pintar un mural en la Avenida del Centro, cerca del Parque de las Aguas, con la frase “Las cuchas tienen razón”, en el marco de los derechos a la libertad de expresión y a la protesta, conforme a la jurisprudencia constitucional. Precisó que dicha autorización fue otorgada por la doctora Paula Andrea Sánchez Gutiérrez, en su calidad de secretaria de despacho de la Secretaría del Interior de Manizales. Indicó que, de conformidad con el Acuerdo 0412 de 1998, el mural no podía contener publicidad ni referencias a marcas, productos o servicios. Asimismo, señaló que no quedó registrado ningún dato de los integrantes del colectivo Pinta Resiste, salvo un correo electrónico. Finalmente, manifestó que el señor César Augusto García Valencia no radicó petición alguna ante dicha dependencia en relación con la frase “Las cuchas tienen razón”; en consecuencia, no se originó ninguna respuesta al respecto” [40] . 81. El 14 de agosto de 2025, la Secretaría General de la Corporación expidió el informe de cumplimiento del Auto de pruebas del 21 de julio de 2025. En él se evidenció que el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Seccional Caldas, guardó silencio. ii. Expediente T-11.199.927 [41] . 82. El 12 de marzo de 2025 [42] , los ciudadanos Leo Ricardo Sierra, secretario general del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (“MOVICE”) capítulo Eje Cafetero; Henry Ocampo Galvis, presidente de la Junta Directiva de la Corporación Reiniciar, capítulo Regional Caldas, Leonardo Zuluaga Rubio, miembro del Grupo Nuevas Generaciones por la Paz (“NUGEPAZ”), interpusieron acción de tutela contra el señor Andrés Felipe Rodríguez Puerta, con el objetivo de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la memoria, la no revictimización, la protesta, la libertad de expresión y la reparación integral, en su condición de víctimas del conflicto armado [43] . 83. Señalaron que el 19 de enero de 2025, participaron, junto con distintos colectivos sociales y organizaciones no gubernamentales, en la elaboración de un mural en “en el sector del Parque del Agua” [44] de Manizales, con la frase “Las cuchas tienen razón” y el retrato de dos madres buscadoras de La Dorada y Villamaría, como ejercicio de protesta pacífica, homenaje y forma de reparación simbólica frente a la desaparición forzada. Indicaron que la jornada contó con el acompañamiento de la Policía Nacional, la Secretaría del Interior de la Alcaldía de Manizales, la Defensoría del Pueblo Regional Caldas y la Personería Municipal. Imagen 2. Fotografía parcial del mural que lleva inscrita la frase “Las cuchas tienen razón” en la ciudad de Manizales, adjuntada por los accionantes en el escrito de tutela. Imagen 3. Fotografía parcial del mural que lleva inscrita la frase “Las cuchas tienen razón” en la ciudad de Manizales, adjuntada por los accionantes en el escrito de tutela . Imagen 4. Fotografía parcial del mural que lleva inscrita la frase “Las cuchas tienen razón” en la ciudad de Manizales, adjuntada por los accionantes en el escrito de tutela. Imagen 5. Fotografía parcial del mural que lleva inscrita la frase “Las cuchas tienen razón” en la ciudad de Manizales, adjuntada por los accionantes en el escrito de tutela. 84. Los accionantes manifestaron que el 1 de febrero de 2025, el señor Andrés Felipe Rodríguez Puerta, “en calidad de concejal de la ciudad de Medellín [...]” [45] , cubrió más del 50% del mural con pintura negra y posteriormente difundió su actuación en la red social X con mensajes como: “[D]esde Manizales, dándole orden a los muros de la ciudad” y “esto es pa' que se animen a pintar, todos, esto no es de miedo” [46] : Imagen 6. Captura de pantalla aportada por los accionantes en el escrito de tutela. Imagen 7. Fotografía aportada por los accionantes en el escrito de tutela. Imagen 8. Fotografía aportada por los accionantes en el escrito de tutela. Imagen 9. Fotografía aportada por los accionantes en el escrito de tutela. 85. Añadieron que dichas publicaciones generaron reacciones violentas y deslegitimadoras en redes sociales, dirigidas —según afirmaron— a desconocer la memoria histórica de las víctimas y los procesos de reparación colectiva [47] . Entre dichos mensajes adjuntaron los siguientes: Imagen 10. Captura de pantalla aportada por los accionantes en el escrito de tutela. Imagen 11. Captura de pantalla aportada por los accionantes en el escrito de tutela. 86. Indicaron que, como respuesta, los colectivos Pinta Resiste y Fuego Popular convocaron una jornada de restauración del mural, que tuvo lugar el 9 de febrero de 2025, con la participación de más de 300 personas, mesas de víctimas, organizaciones sociales, medios de comunicación, el Ministerio Público y la Secretaría del Interior de Manizales. No obstante, afirmaron que persistieron las amenazas en redes sociales de volver a intervenir el mural. Imagen 12. Fotografía aportada por los accionantes en el escrito de tutela. Imagen 13. Fotografía aportada por los accionantes en el escrito de tutela. Imagen 14. Fotografía aportada por los accionantes en el escrito de tutela. 87. Expusieron que el 5 de febrero de 2025 solicitaron al señor Rodríguez la retractación de sus actos y declaraciones a través del Concejo de Medellín, pero que el 25 de febrero de 2025 este se negó a hacerlo, argumentando que quienes no eran víctimas directas de la Comuna 13 de Medellín no tenían derecho a opinar ni a realizar murales como el referido. 88. Con fundamento en lo anterior, solicitaron que se ordenara: (i) al señor Andrés Felipe Rodríguez Puerta, en su calidad de concejal de Medellín, “retractarse de las vías de hecho realizadas el 1 de febrero de 2025 [en] Manizales”; y (ii) a la Alcaldía de Manizales adoptar las medidas necesaria para proteger el mural y sancionar a quienes lo dañen, deterioren o ridiculicen. 89. El 13 de marzo de 2025, el asunto fue repartido al Juzgado 001 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Manizales [48] , el cual, mediante auto de la misma fecha [49] , admitió la acción de tutela y ordenó la vinculación del Municipio de Manizales, la Defensoría del Pueblo Regional Caldas, la Personería Municipal de Manizales y la Policía Metropolitana de Manizales. 90. Asimismo, requirió a los accionantes para que precisaran si actuaban a nombre propio o en calidad de representantes legales de los movimientos y corporaciones mencionados, y para que remitieran los certificados de existencia y representación legal correspondientes o, en su defecto, los mandatos conferidos por sus representantes. Igualmente, les solicitó allegar la solicitud de rectificación presentada el 5 de febrero de 2025 y aclarar si esta se refería únicamente a las acciones desplegadas el 1 febrero de 2025 en Manizales o si también comprendía las publicaciones realizadas en redes sociales, caso en el cual debían identificarlas y aportar las pruebas respectivas. 91. Por otra parte, requirió al señor Andrés Felipe Rodríguez Puerta remitir copia de la solicitud de rectificación que le fue presentada por los accionantes el 5 de febrero de 2025. 6. Respuesta del sujeto accionado y las entidades vinculadas 92. Respuesta de la Policía Metropolitana de Manizales. El 14 de marzo de 2025, la Policía Metropolitana de Manizales [50] solicitó su desvinculación del trámite al considerar que no había vulnerado derechos fundamentales y que las diferencias entre las partes eran de carácter social y político, ajenas a la institución. Agregó que, durante la realización del mural, no se evidenció conducta que diera lugar a la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia y que no tenía competencia para atender las pretensiones de la tutela. Finalmente, reiteró que su función constitucional es garantizar el ejercicio pacífico del derecho a la manifestación, sin restringirlo ni interferir en intereses particulares. 93. Respuesta del señor Andrés Felipe Rodríguez Puerta. El 17 de marzo siguiente, Andrés Felipe Rodríguez Puerta [51] manifestó que varios de los hechos relatados en la tutela no le constaban o eran falsos, y sostuvo que su intervención frente al mural fue una expresión personal y ciudadana, ajena a su condición de concejal de Medellín. Afirmó que los accionantes faltaron a la verdad al atribuirle un actuar institucional o político, y señaló que su protesta se realizó fuera de su horario y ámbito de competencia. Añadió que algunas de las entidades que los tutelantes dicen representar no existen en los registros públicos, por lo que carecerían de legitimación por activa. 94. Señaló que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, que no existe prueba de afectación directa a los accionantes y que la tutela es improcedente por falta de conexidad con derechos fundamentales personales. Añadió que, de presentarse eventuales conductas constitutivas de injuria o calumnia, correspondería su conocimiento a la jurisdicción penal y no al juez constitucional. 95. Afirmó que sus publicaciones y actos estaban amparados por su derecho a la libertad de expresión, a la protesta pacífica y a la promoción de la memoria histórica relacionada con los hechos de La Escombrera, y precisó que la información divulgada no estaba dirigida a los accionantes, por lo que no se configuraba vulneración a la honra o buen nombre. 96. Agregó que no se acreditó daño alguno, que el mural fue restaurado —hecho superado— y que no existe prueba de responsabilidad penal o disciplinaria en su contra, por lo que debe aplicarse la presunción de inocencia. Enfatizó que la tutela no es el mecanismo idóneo, dada la existencia de otros medios judiciales, y que la subsidiariedad impide su uso para resolver controversias de orden político o ideológico. 97. Finalmente, solicitó que declarara la improcedencia de la acción y se negaran las pretensiones. Adjuntó la respuesta del Concejo de Medellín a la solicitud de rectificación presentada por los accionantes, en la cual dicha corporación afirmó que no es responsable por las actuaciones personales de los concejales, conforme a su reglamento interno. 98. Respuesta de la Alcaldía de Manizales. De igual forma, el 17 de marzo de 2025, la Alcaldía de Manizales [52] indicó que el grafiti con la frase “Las cuchas tienen razón” constituye una manifestación ciudadana protegida, al tratarse de una forma de expresión que, conforme a la jurisprudencia y a la literatura especializada, puede operar como herramienta de diálogo y empoderamiento. Añadió que la administración garantiza un entorno respetuoso del pluralismo, la convivencia y la libertad de expresión. 99. Adicionalmente, sostuvo que no vulneró derechos fundamentales, sino que acompañó el ejercicio legítimo de la expresión artística y política. Señaló que la frase cuestionada tiene relevancia pública, dada su relación con el contexto de La Escombrera y los procesos de memoria histórica asociados a la desaparición forzada en Medellín, por lo cual se inscribe en un discurso protegido vinculado al derecho a la verdad. 100. En cuanto a las pretensiones de la tutela, afirmó que no es posible convertir una expresión ciudadana en una obligación administrativa, máxime cuando se trata de hechos ajenos al municipio. Aclaró que no es competencia de la Alcaldía proteger, restaurar o destinar recursos al mural, pues ello excedería los límites legales de la función administrativa, la cual debe orientarse al interés general y no a pretensiones individuales infundadas. 101. En su informe, reiteró que la libertad de expresión goza de protección reforzada y solo admite restricciones excepcionales. Citó jurisprudencia constitucional e interamericana que protege discursos políticos, de interés público, o vinculados a la identidad colectiva, y recordó que este derecho ampara incluso expresiones críticas, incómodas o irreverentes, siempre que no constituyan insultos injuriosos con finalidad dañina. 102. Asimismo, señaló que la acción de tutela resulta improcedente, en tanto existen otros mecanismos judiciales idóneos —como las acciones penales, civiles o populares— y no se configura la conexidad requerida entre los hechos narrados y la presunta vulneración de un derecho fundamental. Añadió que no existe responsabilidad atribuible a la Secretaría de Gobierno ni a otra dependencia municipal. 103. Finalmente, solicitó declarar la improcedencia de la tutela y negar las pretensiones, al no evidenciarse vulneración alguna imputable al alcalde ni a la administración municipal. Adjuntó jurisprudencia pertinente y reiteró que el mural ya fue restaurado, por lo que, en todo caso, se configuró un hecho superado. 104. Respuesta del señor Juan Sebastián Gómez Gonzáles. Ese mismo día, Juan Sebastián Gómez Gonzáles [53] , en su calidad de representante a la Cámara por el departamento de Caldas, manifestó su intención de coadyuvar la acción de tutela. Sostuvo que el concejal Andrés Felipe Rodríguez Puerta borró parcialmente el mural “Las cuchas tienen razón”, expresión de memoria histórica y reparación simbólica para víctimas de desaparición forzada, pese a carecer de competencia territorial. Señaló que dicha intervención generó rechazo ciudadano, podría constituir abuso de autoridad y configuró un acto censura que afectó la dignidad de las víctimas, su derecho a la memoria y a la no revictimización. Recordó que estas expresiones están protegidas por la Ley 1448 de 2011 y la jurisprudencia constitucional, como discursos de interés público. Por ello, solicitó tutelar los derechos invocados, ordenar la retractación pública del concejal, proteger el mural e investigar disciplinariamente su conducta. 105. Posteriormente, mediante Auto del 18 de marzo de 2025, el juzgado consideró viable la coadyuvancia elevada por Juan Sebastián Gómez Gonzáles, en su calidad de representante a la Cámara por el departamento de Caldas [54] . 106. Respuesta de los accionantes. El 18 de marzo de 2025 [55] , los accionantes precisaron que Leo Ricardo García Sierra y Leonardo Zuluaga Rubio actuaban como agentes oficiosos de MOVICE- Eje Cafetero y NUGEPAZ, respectivamente, en tanto dichas organizaciones no cuentan con personería jurídica ni representación legal, al funcionar como agrupaciones de víctimas del conflicto armado estructuradas mediante vocerías y procesos comunitarios. 107. Expusieron que el MOVICE-Eje Cafetero reúne a más de 200 víctimas y ha desarrollado una trayectoria en la presentación de informes ante la Comisión de la Verdad, solicitudes ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la gestión de medidas cautelares ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que han permitido la recuperación e identificación de cuerpos en la región. Respecto de NUGEPAZ, indicaron que su labor se orienta a la formación en derechos humanos y participación ciudadana, y que su vocero es Leonardo Zuluaga, víctima del conflicto armado. Agregaron que la Corporación Reiniciar sí cuenta con personería jurídica, que su representante legal es el señor Rafael Gómez Serrano y que la ciudadana Mercedes Vargas fue debidamente autorizada para representarla en el trámite. 108. Precisaron que la rectificación solicitada se relaciona tanto con la vandalización del mural ocurrida el 1 de febrero de 2025 en Manizales como con las publicaciones realizadas por el concejal en la red social X, mediante las cuales divulgó y amplificó dichos hechos. Solicitaron que la rectificación se realice mediante un video y trinos, en los mismos términos en que se difundieron las afirmaciones, las cuales alcanzaron más de 30.000 visualizaciones y en las que se calificó el mural como propaganda electoral, se negaron afectaciones sufridas por víctimas del desplazamiento forzado y se afirmó que su divulgación era instrumentalizada y nociva. Señalaron que tales expresiones afectan indirectamente a los tutelantes y lesionan los derechos de los miembros de las organizaciones de víctimas involucradas. 109. Adicionalmente, allegaron la petición radicada ante el Concejo de Medellín, suscrita por varias personas que se consideraron afectadas por las actuaciones del concejal, en la cual solicitaron disculpas públicas por los hechos ocurridos el 1 de febrero de 2025 en Manizales, la reparación del mural mediante acciones que dignifiquen los colectivos de víctimas en Caldas y la rectificación de la información difundida. Indicaron que dichas afirmaciones instrumentalizan un movimiento social, politizan la memoria de las víctimas, promueven el negacionismo frente a la desaparición forzada y calumnian a las víctimas al atribuir motivaciones electorales a su expresión simbólica, la cual constituye un discurso público de especial protección constitucional. 110. Respuesta de la Personería de Manizales. El 17 de marzo de 2025, la Personería de Manizales [56] informó que remitió el expediente al Área de Derecho Penal, con el fin de verificar la existencia de registros relacionados con los accionantes. Indicó que dicha dependencia confirmó que la Personería brindó acompañamiento institucional y verificación en las jornadas de muralismo realizadas el 19 de enero y el 9 de febrero de 2025, conforme a actas y registros fotográficos, con el propósito de garantizar los derechos a la protesta pacífica, la libre expresión y la participación ciudadana. 111. Además, informó que el 28 de febrero de 2025 organizó el conversatorio “Diálogos de Memoria y Justicia”, orientado a promover el diálogo entre sectores con diferencias ideológicas y fortalecer escenarios de reconciliación y escucha activa, en el cual participaron algunas de las personas mencionadas en el escrito de tutela. 112. En cuanto a las pretensiones, la entidad afirmó que su función es preventiva y orientada a la protección de los derechos fundamentales, pero recordó que la decisión sobre la procedencia de la tutela corresponde exclusivamente al juez constitucional. Respecto de la primera pretensión, reconoció la importancia de los derechos invocados por las víctimas, sin perjuicio de que la valoración sobre su vulneración compete al despacho judicial. Sobre la segunda, sostuvo que la libertad de expresión admite límites cuando afecta otros derechos, razón por la cual el juez debía analizar la idoneidad y proporcionalidad de la retracta