Sentencia C-99 de 2026

C-099-26 NOTA DE RELATORÍA Con fundamento en la solicitud realizada por el magistrado Vladimir Fernández Andrade, el 26 de octubre de 2026, y comunicada con el oficio SGC-1750 de la Secretaría General, se incorpora a la providencia publicada el Anexo “Intervenciones en la audiencia pública realizada el 04 de marzo de 2026, en el marco del expediente D-16791”. REPÚBLICA DE COLOMBIA Corte Constitucional -Sala Plena- SENTENCIA C-099 DE 2026 Referencia: Expediente D-16791. Asunto : Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 36 (parcial), 47, 56, 57 (parcial), 58 (parcial), 60 (parcial), 61 (parcial), 70 (parcial), 71 (parcial), 74 (parcial), 75, 76 (parcial), 79 y 80 del Decreto Ley 902 de 2017, “ [p] or el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras ”. Demandante: Juan Felipe Harman Ortiz. Magistrado ponente: Vladimir Fernández Andrade. Síntesis de la decisión: La Sala Plena se pronunció sobre una demanda de inconstitucionalidad impetrada por el ciudadano Juan Felipe Harman Ortiz contra los artículos 36 (parcial), 47, 56, 57 (parcial), 58 (parcial), 60 (parcial), 61 (parcial), 70 (parcial), 71 (parcial), 74 (parcial), 75, 76 (parcial), 79 y 80 del Decreto Ley 902 de 2017. En concepto del demandante, estos preceptos riñen con la garantía del juez natural y con el contenido normativo del Acto Legislativo 03 de 2023. A manera de cuestión previa, la Sala observó que el cargo propuesto cumplía la carga argumentativa respecto de los artículos 36 (parcial), 47, 56, 57 (parcial), 75 (parcial), 79 y 80, cuyo contenido material alude explícitamente a las facultades del juez competente en el marco del Procedimiento Único previsto en el decreto sub examine . Por el contrario, advirtió que la antedicha carga no se cumplía frente a los contenidos normativos que no tienen relación estricta con el ejercicio de la competencia jurisdiccional sino con el diseño institucional del Procedimiento Único. De ese modo, concluyó que las objeciones esgrimidas contra los artículos 58 (parcial), 60 (parcial), 61 (parcial), 70 (parcial), 71 (parcial), 74 (parcial), 75 (parcial) y 76 (parcial) no eran específicas, pertinentes ni suficientes, por lo que se inhibió de pronunciarse sobre el contenido de tales preceptos. Fijados los contornos del cargo admitido y las normas objeto de escrutinio constitucional, la Sala consideró necesario integrar la unidad normativa con los artículos 38 y 39 del Decreto Ley 902 de 2017. En vista de que en ambas disposiciones se fijan competencias jurisdiccionales, la Sala consideró que podrían verse impactadas por el parámetro de control propuesto por el censor. En lo sucesivo, analizó los efectos de la cosa juzgada constitucional respecto de los contenidos demandados, cuya constitucionalidad fue valorada mediante la Sentencia C-073 de 2018. Frente a esto, aseguró que cabía realizar un nuevo escrutinio de validez sobre los preceptos impugnados en punto al alcance de la competencia jurisdiccional allí prevista, pues ella impacta la garantía del juez natural (artículo 29 superior ). Esto por cuanto el Acto Legislativo 03 de 2023 implica un cambio en el parámetro de control constitucional, que permite enervar la cosa juzgada constitucional en tanto modificó la estructura orgánica de la Rama Judicial con posterioridad a la referida Sentencia C-073 de 2018. Resueltas las cuestiones previas, correspondió a la Sala establecer si la configuración actual de los artículos 36 (parcial), 38, 39, 47, 56, 57 (parcial), 75 (parcial), 79 y 80 del Decreto Ley 902 de 2017 desconoce la garantía del juez natural prevista en el artículo 29 de la Constitución, a la luz del Acto Legislativo 03 de 2023, por medio del cual se creó la Jurisdicción Agraria y Rural. A fin de resolver el antedicho problema jurídico, en primer lugar, la Sala Plena reiteró su jurisprudencia sobre la garantía del juez natural. Recordó que, a la luz del artículo 29 superior , esta se define como el derecho de toda persona a que su causa judicial sea adelantada ante órganos constitucional y legalmente habilitados para el efecto. Se afirmó, además, (i) que esta garantía se sustenta en el principio democrático y en el de legalidad; (ii) que la predeterminación del órgano judicial competente debe ser razonable y atender criterios de especialidad e idoneidad, y (iii) que ella exige al mismo tiempo estabilidad y certeza, sumado a la existencia de un procedimiento que defina términos, trámites, requisitos, etapas y formalidades propias de cada juicio. En segundo lugar, se hizo referencia al derecho del campesinado a acceder progresivamente a la propiedad individual o colectiva de la tierra, así como el derecho de las comunidades negras o afrocolombianas, palenqueras, raizales, pueblos y comunidades indígenas, comunidad Rom y las víctimas del conflicto armado a acceder a la justicia agraria. En este punto, se puso de manifiesto que las normas constitucionales, en particular los artículos 58, 64 y 65 de la Carta Política, imponen al Estado el deber de propender por la democratización del acceso a la propiedad individual o asociativa de la tierra, y la satisfacción de los derechos del campesinado en sus múltiples facetas identitarias. La Corte resaltó que el artículo 64 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2023, reconoce que la población campesina tiene un especial relacionamiento con la tierra, tal como lo señaló la jurisprudencia constitucional en la Sentencia C-300 de 2021. En tercer lugar, la Corte se pronunció sobre la importancia de la Jurisdicción Agraria y Rural con fundamento en el marco normativo constitucional en vigor. Al respecto, recalcó que el Acto Legislativo 03 de 2023 reafirmó la intención de crear la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia. De igual modo, recordó que esta iniciativa pretende que sean las autoridades especializadas en derecho agrario quienes zanjen las controversias que giran en torno a los derechos de propiedad, posesión, ocupación, usufructo, servidumbre, uso y tenencia de la tierra rural sobre la base de los mandatos superiores que rigen en este ámbito. Asimismo, se dijo que la existencia de esta jurisdicción especializada se sustenta en la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica en el campo y garantizar que, por su conducto, los conflictos asociados a la propiedad rural sean resueltos de conformidad con la realidad de los territorios rurales y las necesidades de la población campesina. En cuarto lugar, la Corte señaló que del Decreto 902 de 2017 hace parte de la implementación normativa de la Reforma Rural Integral pactada en al Acuerdo Final de Paz, que pretende sentar las bases para la transformación estructural en el campo y contribuir a la consecución de una paz estable y duradera. Entre sus objetivos capitales se encuentran: estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la tierra, y establecer mecanismos ágiles y eficaces para la resolución de conflictos que involucran el uso y tenencia de la tierra, así como los derechos reales sobre ella. Se dijo a su vez que el logro de estos propósitos comprende también la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria y Rural. A partir de las premisas dogmáticas aludidas, la Sala Plena observó que el Acto Legislativo 03 de 2023 modificó el parámetro de control conforme al cual fue inicialmente valorado el alcance de la competencia jurisdiccional prevista en el Decreto Ley 902 de 2017. En concepto de la Sala, uno de los fundamentos normativos que sustentó la expedición de la Sentencia C-073 de 2018, esto es, la estructura orgánica de la Rama Judicial, sufrió modificaciones relevantes. Contrario a ese entonces, a la fecha existe un mandato de implementación de una Jurisdicción Agraria y Rural cuya estructura y pilares básicos de funcionamiento ya fueron aprobados por el Congreso de la República y avalados por esta Corporación judicial. Por todo lo anterior, la Corte insistió en que, al configurar la referida enmienda constitucional, el Constituyente derivado tuvo el explícito propósito de que los asuntos judiciales de naturaleza agraria, como ciertamente es el caso de la fase judicial del Procedimiento Único, sean instruidos por estas autoridades jurisdiccionales. De ello se sigue que es imperativo que el Consejo Superior de la Judicatura adelante todas las actuaciones encaminadas a que, a partir del año 2027 y de manera gradual y progresiva, sean puestos en funcionamiento los tribunales y juzgados agrarios y rurales en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238A de la Constitución. A lo que se suma el deber constitucional previsto en el artículo 4 del Acto Legislativo 03 de 2023, conforme al cual el Congreso de la República está llamado a tramitar y expedir el procedimiento especial agrario y rural. Al hilo de lo expuesto, en aras de salvaguardar los mandatos constitucionales enunciados, en particular la garantía del juez natural y el principio de seguridad jurídica, la Corte declaró la exequibilidad de los artículos 36 (parcial), 38, 39, 47, 56, 57 (parcial), 75 (parcial) y 80 del Decreto Ley 902 de 2017, bajo el entendido de que la competencia jurisdiccional a la que allí se hace referencia continuará siendo ejercida por las autoridades judiciales establecidas en la Sentencia C-073 de 2018 hasta que la Jurisdicción Agraria y Rural asuma las competencias que le corresponden conforme al Acto Legislativo 03 de 2023, y al desarrollo de la ley que se expida al efecto según lo ordenado en el artículo 4 de dicho acto legislativo. A su turno, las expresiones “ en los términos del presente decreto ley ”, previstas en los artículos 38 y 39 del Decreto Ley 902 de 2017 fueron declaradas inexequibles . La Corte advirtió que, de conformidad con lo previsto en el Acto Legislativo 03 de 2023, los jueces competentes para conocer de la acción de resolución de controversias sobre actos de adjudicación y la acción de nulidad agraria no se definen en el Decreto Ley 902 de 2017, sino en la Ley 2570 de 2026 y la ley ordinaria que regule los procesos agrarios y la jurisdicción agraria y rural. Por su parte, declaró la exequibilidad del artículo 79 ibidem al advertir que la remisión procesal allí prevista es de carácter esencialmente transitoria, mientras se expide un procedimiento judicial especial agrario. Finalmente, la Corte exhortó al Congreso de la República para que a la mayor brevedad dé cumplimiento a lo ordenado por el artículo 4 del Acto Legislativo 03 de 2023. Asimismo, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 238A de la Constitución, adelante de inmediato todas las actuaciones preparatorias e implemente las medidas necesarias en orden a poner en funcionamiento de manera gradual y progresiva los tribunales y juzgados agrarios y rurales, a partir del año 2027, y teniendo en cuenta que en todo caso su funcionamiento estará sujeto al régimen legal que se adopte en los términos constitucionales y estatutarios. Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintiséis (2026) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, específicamente las previstas en el artículo 241 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la presente sentencia con fundamento en los siguientes: I. ANTECEDENTES A. Hechos relevantes 1. El 24 de julio de 2025, el ciudadano Juan Felipe Harman Ortiz, en ejercicio de la acción pública prevista en los artículos 40.6, 241 y 242 de la Constitución Política, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 36 (parcial), 47, 56, 57 (parcial), 58 (parcial), 60 (parcial), 61 (parcial), 74 (parcial), 75, 76 (parcial), 79 y 80 del Decreto Ley 902 de 2017. Según expuso inicialmente, las disposiciones en comento son contrarias a los artículos 22, 29, 64, 65, 93, 229, 236, 237 y 238A de la Constitución Política; 12 y 17 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales; 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a los incisos 18, 34 y 60 de la Observación General No. 26 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 2. En su escrito original, el demandante presentó cuatro reproches encaminados a activar el control de constitucionalidad en cabeza de esta Corporación. Aseguró, en primer lugar, que las reglas relativas a la fase judicial del Procedimiento Único congestionan los despachos judiciales y asignan a jueces de la República sin jurisdicción agraria especializada competencias con las que no cuentan. Esta circunstancia –advirtió– afecta la garantía efectiva de los derechos del campesinado como sujeto de especial protección constitucional, en particular el acceso a la propiedad de la tierra. En segundo lugar, manifestó que los preceptos acusados revelan la existencia de antinomias y omisiones normativas que impactan la efectividad del Procedimiento Único. 3. En tercer lugar, observó que la ausencia de funcionamiento de la jurisdicción agraria impide que un juez especializado y natural pueda conocer de manera comprensiva los asuntos agrarios con enfoque territorial y diferencial. Esto último –apostilló– dilata en el tiempo los procesos agrarios, cuestión que impide la real, pronta y efectiva materialización de los derechos del campesinado. En cuarto y último lugar, el censor recalcó que las disposiciones acusadas también son contrarias al derecho a la paz y a las obligaciones que se derivan del punto 1 del Acuerdo Final de Paz. Adujo al respecto que estas constituyen una traba a la hora de alcanzar el ingreso de tres millones de hectáreas al Fondo de Tierras y la formalización de siete millones de hectáreas. 4. En auto del 26 de agosto de 2025, el magistrado sustanciador inadmitió la demanda. Por una parte, le hizo saber al actor que sus argumentos eran insuficientes para enervar los efectos de la cosa juzgada constitucional, ya que sobre los preceptos acusados medió un control integral y automático por parte de esta Corte en la Sentencia C-073 de 2018 . Sumado a ello, puso de manifiesto que, sin perjuicio de las reformas constitucionales posteriores, en la aludida sentencia la Corporación reconoció que el campesinado es un sujeto de especial protección constitucional. De igual modo, advirtió que las objeciones sobre la aplicación práctica de las reglas no suponían por sí solas un problema de validez constitucional, razón por la que no se advertían motivos de peso para relativizar los efectos del referido fenómeno procesal. 5. Por otro lado, en cuanto a los reproches de inconstitucionalidad, el magistrado advirtió que el censor subsumió la ineficiencia práctica de las reglas con la presunta incompetencia de las autoridades judiciales, lo que restaba certeza y especificidad al reproche. Aunado a lo anterior, destacó que los alegatos en favor de la eficacia de la fase judicial del procedimiento agrario no eran pertinentes a la hora de cuestionar su validez, máxime cuando esta fase compromete valores de especial relevancia constitucional, como es el caso de la seguridad jurídica. El magistrado sustanciador observó además que el actor no especificó en por qué debía suprimirse la fase judicial del Procedimiento Único si esta fue avalada por la Corporación en el análisis integral que, sobre el Decreto Ley 902 de 2017, hizo en la Sentencia C-073 de 2018 . Al paso que tampoco abundó en los motivos por los que el decreto de marras riñe con el contenido del Acuerdo Final de Paz, cuando dicho contraste fue realizado y avalado por este Alto Tribunal. 6. El 2 de septiembre de 2025, el ciudadano Juan Felipe Harman Ortiz allegó en debida oportunidad el escrito de subsanación de la demanda. En él insistió en que la promulgación de los actos legislativos 01 y 03 de 2023 comportó una modificación normativa relevante que hace forzosa una nueva revisión de constitucionalidad de las disposiciones acusadas. Aunado a lo anterior, reformuló los cuatro reproches de inconstitucionalidad originalmente presentados y expuso dos objeciones específicas. Así, al amparo de las reformas constitucionales aludidas, en especial la que creó la Jurisdicción Agraria y Rural, aseguró que los preceptos demandados (1) violan la garantía del juez natural y (2) afectan el derecho de acceder a la administración de justicia. 7. En auto del 18 de septiembre de 2025, el magistrado sustanciador rechazó el segundo reproche de inconstitucionalidad –referido a la supuesta afectación al derecho de acceder a la administración de justicia– por carecer de certeza y especificidad. No obstante, admitió el primero, relativo a la presunta violación de la garantía del juez natural. Con fundamento en ello, corrió traslado del expediente al Procurador General de la Nación y ordenó la fijación en lista del asunto en referencia con el propósito de que la ciudadanía concurriera a participar en el trámite de constitucionalidad. Asimismo, ordenó que se comunicara del inicio del proceso a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para que, de considerarlo oportuno, intervinieran en el debate constitucional propuesto. Finalmente, invitó a un número plural de instituciones de educación superior [1] y a expertos en la materia [2] con el fin de que, de considerarlo pertinente, presentaran un concepto técnico sobre los aspectos que estimaran relevantes para la elaboración del proyecto de fallo. 8. El 6 de octubre de 2025, el ciudadano Andrés Caro Borrero solicitó la apertura de un incidente de recusación contra el magistrado sustanciador. En su concepto, la intervención del magistrado Vladimir Fernández Andrade –otrora secretario jurídico de la Presidencia de la República– en la formulación, revisión jurídica y defensa de las normas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, comprometía su objetividad e imparcialidad en el conocimiento del proceso en referencia y daba paso a la configuración de la primera causal de impedimento prevista en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991. 9. Mediante Auto 2039 del 10 de diciembre 2025 , el pleno de la Corporación advirtió que el ciudadano Caro Borrero no se encontraba legitimado para controvertir la imparcialidad del magistrado sustanciador. En efecto, se observó que la formulación de la recusación fue previa a la presentación de su intervención ciudadana en el proceso D-16791, lo cual es contrario a la subregla jurisprudencial conforme a la cual “ la recusación contra un magistrado o una magistrada de esta corporación debe formularse de manera concomitante a la presentación de la demanda, la intervención o el concepto -según el caso-, a menos que la recusación se sustente en una situación distinta y posterior a dichas actuaciones ” [3] . Bajo tal presupuesto, la Corte rechazó la recusación presentada por el ciudadano Caro Borrero al concluir que esta no superaba las exigencias del examen de pertinencia, en particular, el requisito de legitimación en la causa por activa [4] . 10. Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia. B. Norma demandada 11. A continuación, se transcribe el contenido de los preceptos acusados, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 50.248 del 29 de mayo de 2017, en el que se subrayan y resaltan los apartes demandados: “ DECRETO LEY 902 DE 2017 (mayo 23) Diario Oficial No. 50.248 de 29 de mayo de 2017 Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA En ejercicio de las facultades presidenciales para la paz, conferidas en el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016, y DECRETA ARTÍCULO 36. FORMALIZACIÓN DE PREDIOS PRIVADOS. En desarrollo de las funciones establecidas por el artículo 103 de la Ley 1753 de 2015, sin perjuicio de las disposiciones sobre titulación de baldíos y bienes fiscales patrimoniales, la Agencia Nacional de Tierras declarará mediante acto administrativo motivado, previo cumplimiento de los requisitos legales, la titulación de la posesión y saneamiento de la falsa tradición en favor de quienes ejerzan posesión sobre inmuebles rurales de naturaleza privada, siempre y cuando en el marco del Procedimiento Único de que trata el presente decreto ley no se presente oposición de quien alegue tener un derecho real sobre el predio correspondiente, o quien demuestre sumariamente tener derecho de otra naturaleza sobre el predio reclamado, caso en el cual, la Agencia Nacional de Tierras formulará la solicitud de formalización ante el juez competente en los términos del presente decreto ley, solicitando como pretensión principal el reconocimiento del derecho de propiedad a favor de quien de conformidad con el informe técnico considere pertinente. (…) ARTÍCULO 47. LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR LA FORMALIZACIÓN. En aquellos casos en que se presente oposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del presente decreto ley, en cualquiera de las circunstancias de competencia de la Agencia Nacional de Tierras o cuando resulte fallida la respectiva conciliación, la Agencia Nacional de Tierras formulará la solicitud de formalización ante el juez competente en los términos del presente decreto ley, solicitando como pretensión principal el reconocimiento del derecho de propiedad a favor de quien de conformidad con el informe técnico considere pertinente. (…) ARTÍCULO 56. ACUMULACIÓN PROCESAL. Cuando se identifiquen predios dentro del Procedimiento Único de que trata el presente decreto ley y se tenga noticia de la existencia de procesos administrativos o judiciales en curso sobre ellos, cuyo objeto sea resolver el derecho real de propiedad, la posesión, uso y/o goce sobre los predios rurales, incluidos los procesos ejecutivos con garantía hipotecaria o sobre los cuales recaigan medidas cautelares sobre el inmueble, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 1448 de 2011, o la norma que le modifique o sustituya, aquellos procesos serán acumulados al proceso único de ordenamiento social de la propiedad, de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 165 de la Ley 1437 de 2011, o la norma que le modifique o sustituya, que resulten aplicables. Con el fin de hacer efectiva esta acumulación procesal, cuando se trate de asuntos judiciales, la Agencia Nacional de Tierras identificará los procesos de que trata el inciso anterior y solicitará al juez competente en los términos del presente decreto para fase judicial del Procedimiento Único la respectiva acumulación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 En el caso de procedimientos administrativos, desde el momento en que los funcionarios sean informados por la Agencia Nacional de Tierras en cualquiera de las etapas del Procedimiento Único, perderán competencia sobre los trámites respectivos y procederán a remitírselos a dicha entidad en el término que esta señale. La acumulación procesal está dirigida a obtener una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos. Además, en el caso de predios vecinos o colindantes, la acumulación está dirigida a cumplir con los criterios de economía procesal y a procurar la eficiente ejecución del Plan de ordenamiento social de la propiedad rural. ARTÍCULO 57. SUSPENSIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES. Los procesos judiciales en curso, cuyas pretensiones no estén encaminadas a resolver el derecho real de propiedad, la posesión, uso y/o goce sobre los predios rurales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 1448 de 2011, pero que vinculen a dichos predios, se suspenderán hasta que el juez competente en los términos del presente decreto ley no falle dentro del Procedimiento Único. En tal caso, la Agencia Nacional de Tierras oficiará la autoridad que se encuentre conociendo de del proceso respectivo, quien suspenderá su trámite hasta tanto sea resuelto en el marco del Procedimiento Único de que trata el presente decreto ley. Una vez definidos, la Agencia Nacional de Tierras o el juez competente en los términos del presente decreto ley remitirá copia del acto administrativo o fallo judicial que resuelva lo pertinente a la autoridad de que trata el inciso anterior, quien reanudará el proceso suspendido en obedecimiento a lo resuelto dentro del Procedimiento Único y continuando con el desarrollo procesal correspondiente a su trámite. ARTÍCULO 58. ASUNTOS A TRATAR A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO ÚNICO. A través del Procedimiento Único se adelantarán los siguientes asuntos: (…) 6. Expropiación judicial de predios rurales de que trata la Ley 160 de 1994. (…) 8. Acción de resolución de controversias sobre la adjudicación de que trata el presente decreto ley. 9. Acción de nulidad agraria de que trata el presente decreto ley. 10. Los asuntos que fueren objeto de acumulación procesal conforme al artículo 56. (…) ARTÍCULO 60. FASES DEL PROCEDIMIENTO ÚNICO EN ZONAS FOCALIZADAS. El Procedimiento Único en el territorio focalizado contará con las siguientes fases: 1. Fase administrativa compuesta por las siguientes etapas: (…) c. Para los asuntos contenidos en los numerales 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9 del artículo anterior, en donde se dará apertura y se abrirá periodo probatorio (…) 2. Fase judicial. Para los asuntos contenidos en los numerales 3, en los que se presenten oposiciones en el trámite administrativo, y siempre para los asuntos contenidos en los numerales 4, 5, 6, 7 y 8. (…) ARTÍCULO 61. PROCEDIMIENTO ÚNICO EN ZONAS NO FOCALIZADAS. Cuando se trate de zonas no focalizadas se mantienen las etapas mencionadas en el artículo anterior y se prescindirá de la etapa de exposición de resultados para todos los asuntos. Los asuntos indicados en los numerales 4, 5, 6, 7 y 10 del artículo 58 siempre pasarán a etapa judicial para su decisión de fondo, con independencia de que se hubieren presentado o no oposiciones en el trámite administrativo, salvo que durante el desarrollo del proceso administrativo exista un acuerdo o conciliación entre las partes procesales. (…) ARTÍCULO 70. APERTURA DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LOS ASUNTOS DE FORMALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DERECHOS. Para los asuntos contenidos en los numerales 3, 4, 5, 6 , 7 , 8 y 10 del artículo 58 del presente decreto ley, el acto administrativo de apertura del trámite administrativo indicará las partes que al momento de expedir el acto ya fueron identificadas, la naturaleza del asunto, la identificación del predio, el contenido del informe técnico jurídico y la orden a la Oficina de Instrumentos Públicos para que registre el acto de apertura en el correspondiente folio de matrícula. (…) ARTÍCULO 71. DECRETO DE PRUEBAS. Para los asuntos contenidos en los numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del artículo 58 del presente decreto ley, vencido el término del traslado del acto administrativo de apertura, la Agencia Nacional de Tierras decretará las pruebas solicitadas por las partes o de oficio que considere pertinentes, útiles y conducentes. El acto administrativo será notificado por estado y comunicado a las partes vía electrónica o mensaje de texto, y será susceptible del recurso de reposición de acuerdo con lo indicado en la Ley 1437 de 2011. (…) (…) ARTÍCULO 74. DECISIONES Y CIERRE DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LOS ASUNTOS SIN OPOSICIÓN. Con relación a los asuntos indicados en el numeral 3 del artículo 58 del presente decreto ley en los que no se presentaron oposiciones a lo largo de todo el proceso , mediante acto administrativo fundamentado en el informe técnico jurídico definitivo y demás pruebas recaudadas, se tomará la decisión de fondo que corresponda según el asunto conocido. (…) ARTÍCULO 75. DECISIONES Y CIERRE DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LOS ASUNTOS CON OPOSICIÓN. Con relación a los asuntos indicados en los numerales 3, 4 y 8 del artículo 58 del presente decreto ley en los que se presentaron oposiciones, así como los establecidos en los numerales 5, 6, 7 y 10 el acto administrativo de cierre dispondrá la presentación de la demanda ante el juez competente en los términos del presente decreto. ARTÍCULO 76. RECURSOS Y CONTROL JUDICIAL. Los actos administrativos de los artículos 73 y 74 serán susceptibles de recurso de reposición y en subsidio apelación en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 2363 de 2015. Frente a estos actos opera el control judicial ante la jurisdicción agraria mediante la acción de nulidad agraria de la que trata el artículo 39 del presente decreto ley. No habrá lugar a la acción de control de nulidad de que trata la Ley 1437 de 2011. Los actos administrativos del artículo 75 no podrán ser objeto de recursos, ni de la acción de nulidad agraria, ni de la acción de control de nulidad de que trata la Ley 1437 de 2011. Lo anterior teniendo en cuenta que la decisión de fondo será tomada en sede judicial. (…) ARTÍCULO 79. NORMAS APLICABLES A LA ETAPA JUDICIAL. Mientras se expide un procedimiento judicial especial de conocimiento de las autoridades judiciales a las que se refiere el artículo anterior, se aplicarán las normas de la Ley 1564 de 2012 relativas al proceso verbal sumario, o la norma que le modifique o sustituya, en su defecto, aquellas normas que regulen casos análogos, y a falta de éstas con los principios constitucionales y los generales de derecho procesal. ARTÍCULO 80. VALOR PROBATORIO JUDICIAL DEL INFORME TÉCNICO JURÍDICO Y DEMÁS DOCUMENTOS RECAUDADOS. Se presume que la Información contenida en el Informe Técnico Jurídico que acompaña la demanda, así como los anexos de esta, es veraz y suficiente para resolver por parte del tallador [sic] mediante sentencia, sin perjuicio de la posibilidad de presentar otras pruebas de conformidad con el derecho al debido proceso. Si la parte interesada quiere controvertir el contenido del informe técnico jurídico, podrá solicitar al juez competente en los términos del presente decreto la práctica de pruebas de conformidad con la Constitución Política y la normatividad legal aplicable. En caso de que el juez considere que la información aducida no es suficiente, deberá motivada y razonadamente señalar las condiciones por las cuales dicha información no se considera prueba suficiente, caso en el cual podrá decretar pruebas de oficio. C. Argumentos de la demanda 12. Como se expuso en precedencia, el 2 de septiembre de 2025 el ciudadano Juan Felipe Harman Ortiz allegó a esta Corporación el escrito de subsanación de la demanda. De forma preliminar, insiste en que sobre los artículos demandados se ha enervado el fenómeno de la cosa juzgada absoluta . Si bien reconoce que mediante la Sentencia C-073 de 2018 la Corte hizo un análisis integral sobre los contenidos normativos del Decreto Ley 902 de 2017, no es menos cierto que en algunos eventos es procedente que la Corte avoque un nuevo estudio de constitucionalidad, como debe ser este el caso. 13. Sobre el particular, asegura que ha habido en este ámbito una modificación constitucional importante . Con ocasión de la promulgación del Acto Legislativo 01 de 2023 –sostiene–, se elevó a rango superior la protección del campesinado como sujeto de especial protección constitucional, cuestión que es acorde con la Declaración de Derechos a favor del Campesinado, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 2018, la cual debe fungir como parámetro de interpretación para abordar esta temática. A su turno, insiste en que la promulgación del Acto Legislativo 03 de 2023, que creó la Jurisdicción Agraria y Rural (artículos 116 y 238A de la Constitución Política), comporta también una modificación normativa relevante. En suma, comoquiera que el escrutinio del Decreto 902 de 2017 fue realizado con anterioridad a las aludidas reformas constitucionales, el parámetro de control ha variado en lo que se refiere a la garantía del juez natural . 14. Aunque en la Sentencia C-073 de 2018 la Corte reconoció la existencia de derechos consolidados en favor del campesinado, en criterio del censor, “ no abordó de manera expresa la problemática del acceso a la justicia en materia agraria ”. En vista de que este vacío solo fue colmado con ocasión de la promulgación del Acto Legislativo 03 de 2023, en su concepto, es forzoso que la Corte revise nuevamente la constitucionalidad de los contenidos normativos referidos a la fase judicial del Procedimiento Único. Comoquiera que los tribunales y juzgados agrarios son los llamados a decidir lo relativo a la fase judicial, es impropio que tales competencias estén en cabeza de otras autoridades judiciales. Por lo tanto, mientras el juez natural de estos procesos no asuma cabalmente su competencia –observa– debe ser la autoridad administrativa la que dirima de forma temporal “ los conflictos propios de los asuntos que el artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2017 expone: clarificación de la propiedad, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, adjudicación de baldíos, extinción del derecho de dominio, etc. ”. Ante la ausencia de jueces especializados en materia agraria, es “ menester designar temporalmente a la Agencia Nacional de Tierras la tarea de corregir las irregularidades en la tenencia de la tierra y proveer de ésta a quienes la carecen o la poseen de forma insuficiente ”. 15. Con el propósito de sustentar la antedicha solicitud, el actor reformuló los cuatro reproches inicialmente planteados y los agrupó en dos. Mientras el primero atañe a la “ violación a la garantía del Juez Natural ” y a la desatención de los artículos 29, 116 y 238A de la Carta Política, el segundo se refiere a la “ violación del derecho de acceso a la administración de justicia ” y a la correlativa transgresión de los artículos 29, 64, 93, 229, 236, 237 y 238A de la Constitución y 2, 8 y 25 de la CADH. Es importante remembrar que en el Auto del 18 de septiembre de 2025 el magistrado sustanciador admitió tan solo el primero de los reproches esbozados, por lo que en lo sucesivo la Corte se concentrará en este último. 16. Según el demandante, a tenor del artículo 29 superior , el principio del juez natural garantiza que quien acude a la administración de justicia puede hacerlo con la convicción de que su causa será juzgada por el juez competente y bajo la plenitud de las formas propias de cada juicio. De ahí que “ la determinación dudosa o incierta ” de tales presupuestos sea abiertamente inconstitucional. Con base en ello, sostiene que el Decreto 902 de 2017 fue expedido bajo la convicción de que la fase judicial del Procedimiento Único sería instruida por jueces agrarios especializados. Se trataba de garantizar, en consonancia con el Acuerdo Final de Paz, la existencia de un mecanismo ágil y eficaz “ para resolver conflictos sobre el uso y la tenencia de la tierra, regularizar la propiedad rural y mejorar el acceso a la justicia de campesinos, comunidades étnicas y mujeres rurales ”. 17. No obstante –en criterio del demandante–, el antedicho propósito se vio frustrado en la práctica por la ausencia de un juez natural en la materia. Pese a que en la ya varias veces citada Sentencia C-073 de 2018 la Corte se pronunció sobre la competencia de las autoridades judiciales ordinarias y contencioso administrativas en este ámbito, a juicio del actor “ ello no elimina la clara voluntad del legislador extraordinario de sustraer tales controversias del conocimiento de la jurisdicción ordinaria y de radicar su decisión en jueces especializados en derecho agrario ”. Un propósito que se vio reflejado en la promulgación del Acto Legislativo 03 de 2023, por virtud del cual el juez natural de la fase judicial del Decreto Ley 902 de 2017 “ no recae en la jurisdicción ordinaria, sino en los órganos de la Jurisdicción Agraria y Rural ”. En ese orden de ideas, concluyó que “[l] a asignación transitoria efectuada por la Sentencia C-073 de 2018 en cabeza de los jueces civiles resulta incompatible con [el debido proceso]”. 18. En último término, el actor abunda en algunos de los impactos que, a su juicio, tienen las normas acusadas. De un lado, insiste una vez más en que la fase judicial del Procedimiento Único “ constituye una traba al correcto ejercicio de la función pública y una desestructuración del régimen agrario al despojar a la autoridad de tierras de las competencias para corregir las situaciones irregulares en la tenencia de la tierra y propender por la correcta administración de los bienes de la Nación ”. A la par, manifiesta que es la ausencia de un cuerpo judicial especializado la que dilata el lapso de resolución de los asuntos agrarios. Dilación que opera en contra del cumplimiento del punto 1 del Acuerdo Final de Paz, pues impide que el Gobierno Nacional pueda disponer de la tierra para “ alimentar la reforma rural integral a través de los procesos agrarios ”. Todo lo cual contraría el derecho a la paz y la posibilidad de superar las causas del conflicto armado en Colombia. 19. Por lo anterior, insiste en que se declare la “ inconstitucionalidad condicionada ” de los artículos 36 (parcial), 47, 56, 57 (parcial), 58.10, 60.2, 61 (parcial), 70 (parcial), 71 (parcial), 74 (parcial), 75, 76 (parcial), 79 y 80, y se sujete dicha decisión “a la existencia y operatividad de la jurisdicción agraria”. A su turno, solicita a la Corte que mientras dicha condición se hace efectiva “permita a la autoridad agraria seguir decidiendo de fondo los procesos agrarios descritos en los capítulos X y XI de la Ley 160 de 1994 y, en general, los [del] artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2017 (…) ” . 20. Finalmente, reclama la declaratoria de inconstitucionalidad de los numerales 6, 8 y 9 del artículo 58, del literal c (parcial) del artículo 60.1, de los numerales 6 y 8 de los artículos 70 y 71, y del numeral 8 del artículo 75. Disposiciones últimas relacionadas con la Expropiación Judicial de Predios Rurales, la Acción de Nulidad Agraria y la Acción de Resolución de Controversias de Adjudicación a la Fase Administrativa. En su concepto, supeditar la decisión final de estos procesos a la fase judicial dilata la resolución de los asuntos agrarios en contravía de los propósitos de la Reforma Rural Integral. Este escenario resulta todavía más problemático si se tiene en cuenta que no existe a la fecha un cuerpo judicial especializado ni un procedimiento específicamente dirigido a dirimir, en sede de la jurisdicción agraria, dichas controversias. D. Intervenciones 21. Durante el trámite de este asunto se recibieron un total de 29 escritos, todos los cuales fueron remitidos oportunamente a la Secretaría General de esta Corporación [5] . De ese universo, 25 tienen naturaleza de intervención ciudadana y 4 de concepto técnico. Por su parte, como se reseñará infra , el 12 de noviembre de 2025 el procurador general de la Nación rindió el concepto de rigor en el presente trámite constitucional. Por razones expositivas y con el fin de presentar el contenido de cada uno de los escritos, estos serán agrupados de la siguiente manera: (i) los que coadyuvan parcial o totalmente las pretensiones del actor; (ii) los que piden a la Sala Plena inhibirse de emitir un fallo de mérito por ineptitud sustantiva de la demanda; (iii) los que solicitan a la Corte estarse a lo resuelto en la Sentencia C-073 de 2018 por mediar el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, y (iv) los que abogan por la exequibilidad de los preceptos acusados. Finalmente, (v) se esbozará el contenido de los conceptos técnicos y se sintetizará la postura del señor procurador general de la Nación en el trámite constitucional en referencia. (i) Intervenciones que coadyuvan parcial o totalmente la demanda 22. El ciudadano Carlos Esteban Romo Delgado coadyuvó las pretensiones de la demanda. En primer lugar, recordó que antes de la expedición del Decreto Ley 902 de 2017 los procedimientos agrarios contenían exclusivamente una fase administrativa. Tal fue el caso del marco regulatorio de la Ley 160 de 1994, cuyas previsiones normativas –en concepto del interviniente– contribuían a la celeridad de dichos procedimientos. Sostuvo que el derecho de acceso a la tierra es de carácter social y está en cabeza de la población campesina, al paso que en este ámbito debe prevalecer el principio de progresividad y la prohibición de no regresividad. A la par, aseguró que la fase judicial del Procedimiento Único deja en suspenso la ejecutoria de las resoluciones administrativas que se producen en el marco de los procedimientos agrarios de acceso a la tierra, lo que dificulta la garantía de los derechos de la población campesina, pues las tierras que podrían ser obtenidas por conducto de los procesos agrarios no están siendo distribuidas expeditivamente en favor de los sujetos de la reforma agraria. 23. Al hilo de lo expuesto, observó que la creación de la fase judicial es una medida regresiva que no tiene legitimidad constitucional y que no cumple con los criterios del principio de proporcionalidad. Aunque la citada fase cumple finalidades legítimas como la defensa del debido proceso y de la buena fe de los terceros afectados, no es necesaria, ya que existen otras herramientas para la protección de tales intereses, como los recursos administrativos y los medios de control de los actos de la administración en materia agraria. Aunado a ello, señaló que incluso si se diera por satisfecho el subprincipio de necesidad no se cumpliría el de proporcionalidad, pues la fase judicial menoscaba el principio de progresividad y el derecho de acceder a la tierra. En su criterio, con ocasión de la promulgación del Acto Legislativo 01 de 2023, el acceso progresivo a la propiedad rural adquirió un mayor peso, lo que a fortiori demuestra la afectación que la fase judicial comporta en los derechos fundamentales del campesinado. 24. A su turno, en intervención conjunta se pronunciaron los representantes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , del Ministerio de Justicia y del Derecho y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República . De manera preliminar aseguraron que las normas demandadas por el ciudadano Harman Ortiz efectivamente transgreden la garantía del juez natural ( cf . artículos 29, 116 y 238A de la Constitución Política). Por lo que respecta a la competencia de la Corte, manifestaron que si bien esta Corporación realizó un control integral del Decreto Ley 902 de 2017 en la Sentencia C-073 de 2018, también es cierto que el parámetro de control varió como consecuencia de la entrada en vigor del Acto Legislativo 03 de 2023, por el cual se estableció la Jurisdicción Agraria y Rural. 25. En concepto de las entidades el Decreto Ley 902 de 2017 vulnera el derecho al juez natural “ al mantener una asignación transitoria de competencia a jueces ordinarios y contencioso-administrativos pese a la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural dispuesta mediante el Acto Legislativo 03 de 2023, que introdujo (…) una estructura especializada en la administración de justicia con competencia exclusiva en materia agraria ” [6] . En su criterio, lo decidido en la Sentencia C-073 de 2018 ha generado múltiples controversias competenciales sobre el rol de la jurisdicción ordinaria y de la administrativa en los procesos previstos en el Decreto Ley 902 de 2017. En ese contexto, con fundamento en la expedición de los Actos Legislativos 01 y 03 de 2023, debe ser el juez agrario el que, de manera privativa, esté llamado a ejercer la competencia de los procedimientos allí contemplados. 26. Según destacaron, la modificación al texto constitucional constituyó un cambio orgánico que reorienta el funcionamiento de la Rama Judicial, lo que indica que la competencia de la fase judicial del Procedimiento Único se vio modificada. Al respecto, y en línea con el escrito de demanda, advirtieron que existe incertidumbre sobre la competencia de la fase judicial; circunstancia que se profundiza por la inexistencia de una jurisdicción agraria especializada. Pese a la creación formal de la jurisdicción agraria y rural, el “ mandato de su implementación no ha sido materializado ”, cuestión que afecta la garantía del juez natural. 27. Bajo tal contexto, aseguraron que “ las normas demandadas solo mantienen plena validez constitucional en la medida en que su aplicación se radique en jueces especializados en materia agraria y rural ” [7] . Con todo, observaron que el legislador ha omitido la implementación de dicha jurisdicción (entre el 2020 y el 2024 se han archivado 4 iniciativas) y que la fase judicial del Procedimiento Único, en su estado actual, resulta ineficiente. Cuestión que contrasta con la intención legislativa encaminada a reivindicar “ las reglas procesales establecidas originalmente en la Ley 160 de 1994, en el sentido de reconocer plena competencia a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para resolver de fondo la mayoría de los asuntos agrarios ” [8] . De ese modo, consideraron que es imperativo que la Corte Constitucional exhorte al Congreso de la República para que cumpla con el mandato constitucional de reglamentar la competencia, el funcionamiento y el procedimiento especial de la jurisdicción agraria y rural. 28. Finalmente, luego de abundar en el objetivo de los procedimientos agrarios especiales, aseguraron que tras la expedición del Decreto Ley 902 de 2017 la autoridad de tierras perdió la facultad de decidir de fondo sobre tales procesos. Con todo, las dos etapas previstas en el citado decreto –una administrativa y otra judicial– se han mostrado ineficientes en la consecución de sus propósitos. Según las entidades, la fase judicial ha vaciado completamente las facultades de la autoridad de tierras, lo que obra en contra de la protección del patrimonio público y la adecuada destinación de los bienes baldíos. Dicho esto, destacaron que, al resolver el cargo admitido, la Corte está llamada a revisar integralmente el diseño procesal del Decreto 902 de 2017, “ en particular, los apartados de los artículos 60, 61, 75 y 76, que imponen una fase judicial automática incluso en escenarios donde no existe oposición o donde la naturaleza del procedimiento —como en los casos de baldíos, extinción del dominio o clarificación de la propiedad— históricamente ha sido de carácter administrativo ” [9] . 29. A manera de conclusión, adujeron: (i) que la solución proveída por la Corte en la Sentencia C-073 de 2018 es incompatible con el principio de juez natural bajo el nuevo parámetro de control constitucional (Acto Legislativo 03 de 2023), y (ii) que, ante la omisión del Congreso de la República a la hora de regular y poner en marcha una jurisdicción agraria “ ágil, especializada y con presencia territorial ”, es indispensable que la Corporación exhorte al Legislador a establecer el marco normativo necesario para el efecto. Además del exhorto reseñado, los intervinientes solicitaron que se declare la constitucionalidad condicionada de los artículos 36 (parcial), 47, 57 (parcial), 58 (parcial) y 60 (parcial) del decreto ley sub examine , bajo el entendido de que la Jurisdicción Agraria y Rural es la competente para conocer de los asuntos allí regulados. Por su parte, solicitaron a la Corte declarar la inconstitucionalidad del artículo 58 (parcial), del 60 (parcial), del 61, de expresiones previstas en los artículos 74 y 75, y de los artículos 56 y 75 ibidem , de manera que, en beneficio de los propósitos de la Reforma Rural Integral, se fortalezcan las competencias administrativas de la ANT. 30. La directora y los abogados integrantes de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) intervinieron en favor de las pretensiones de la demanda. Por lo que respecta a la competencia de la Corporación aseguraron que, sin perjuicio del control integral efectuado en la Sentencia C-073 de 2018, el pleno de la Corte está facultado para adelantar un nuevo escrutinio de constitucionalidad ante la promulgación de una reforma constitucional (Acto Legislativo 03 de 2023) que creó la Jurisdicción Agraria y Rural y transformó la arquitectura de la Rama Judicial. Sobre la base de lo expuesto, manifestaron que “ mantener en cabeza de jueces no especializados la fase judicial del procedimiento único [como se desprende de la citada Sentencia C-073 de 2018] vulnera la garantía de juez natural ” [10] . Por cuenta de tal circunstancia, en concepto de la CCJ, la Corte debe determinar si la validez de las disposiciones cuestionadas está condicionada a la efectiva entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural y si, mientras tal jurisdicción entra en operación, “ corresponde a la Agencia Nacional de Tierras resolver de fondo, en sede administrativa, los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, adjudicación de baldíos, extinción del derecho de dominio, recuperación de tierras indebidamente ocupadas y otros previstos en el artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2017 ” [11] . 31. La CCJ insistió en que el derecho al juez natural es una dimensión cardinal del debido proceso. Esta prerrogativa contempla dos garantías concomitantes: ( a ) que la competencia judicial esté definida por una norma previa, y ( b ) que el juez habilitado sea el más adecuado por su especialidad y pericia en la materia. Este derecho cobra una capital importancia en el caso de los procedimientos agrarios. A tenor de la jurisprudencia constitucional, la existencia de la jurisdicción agraria es determinante para la efectividad de la política pública de acceso y formalización de la tierra. Así las cosas, pese a que la referida jurisdicción existe en el plano constitucional pero operativamente es inexistente, a juicio de la CCJ es inviable que la fase judicial del Decreto 902 de 2017 siga en cabeza de los jueces ordinarios o contencioso administrativos. Antes bien, en aras de la buena fe y del principio de especialidad del juez natural, resulta forzoso que “ la Agencia Nacional de Tierras, como autoridad de tierras que históricamente ha definido los procesos agrarios, asuma transitoriamente la decisión de fondo de los procedimientos de clarificación, adjudicación y recuperación de tierras, evitando que la falta de un juez especializado paralice la realización material de los derechos campesinos ” [12] . 32. Por tal virtud, la CCJ solicitó a la Corte que declare la exequibilidad condicionada de los apartes normativos demandados de los artículos 36, 47, 56, 57, 58, 60, 61, 70, 71, 74, 75, 76, 79 y 80 del Decreto Ley 902 de 2017, bajo el entendido de que la fase judicial allí prevista solo podrá ser tramitada ante los jueces de la Jurisdicción Agraria y Rural cuando esta se encuentre en efectiva operación. A la par solicitó que, para preservar la continuidad en la prestación del servicio público, sea “ la Agencia Nacional de Tierras [la que] resuelva de fondo, en sede administrativa, los procedimientos agrarios a que alude el artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2017 (entre otros, clarificación de la propiedad, adjudicación de baldíos, extinción del derecho de dominio agrario y recuperación de tierras indebidamente ocupadas) ” [13] . Finalmente, solicitó a la Corporación “ precisar un régimen de transición ” y que se exhorte al Congreso de la República para que adelante y concluya prontamente el trámite del proyecto de ley ordinaria que desarrolla la Jurisdicción Agraria y Rural, en los términos del Acto Legislativo 03 de 2023 [14] . 33. La directora y un número plural de investigadores de la Corporación Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia intervinieron con el propósito de coadyuvar parcialmente la demanda. Afirmaron que en este caso no opera la cosa juzgada constitucional, pues la expedición del Acto Legislativo 03 de 2023 relativiza los efectos de dicho fenómeno procesal y habilita a la Corte a proceder con un nuevo análisis. Por su parte, manifestaron que el artículo 79 del Decreto Ley 902 de 2017 vulnera el principio de juez natural, en tanto desconoce el contenido material de los artículos 116 y 238A de la Carta Política, de conformidad con las modificaciones introducidas por los actos legislativos 01 y 03 de 2023. A juicio de los intervinientes, del contenido del último de los actos reformatorios enunciados se desprende: (i) que el Consejo Superior de la judicatura está llamado a crear los tribunales y juzgados agrarios y rurales, y (ii) que estas autoridades están facultadas para conocer “ los asuntos que le son propios sin perjuicio de las leyes que desarrollen la Jurisdicción Agraria ”. 34. En ese orden de ideas, con ocasión del presente trámite constitucional, los intervinientes estimaron que la Corte está llamada a revisar el precedente fijado en la Sentencia C-073 de 2018 y “ asegurar que el control judicial de los procesos agrarios no continúe siendo delegado de forma subsidiaria a las jurisdicciones contencioso administrativa y ordinaria ” [15] . A su turno, dejaron sentado que el artículo 79 del Decreto Ley 902 de 2017 debe ser expulsado del ordenamiento jurídico, en tanto “ remite a las reglas procesales generales y multijurisdiccionales, en contra del mandato constitucional de desarrollar un estatuto procesal especial para los asuntos agrarios y rurales ”. Sumado a ello, observaron que se debe declarar la exequibilidad de los artículos 36 (parcial), 47, 56, 57 (parcial), 58 (parcial) 60 (parcial), 61 (parcial), 74 (parcial), 75, 76 (parcial) y 80 del Decreto Ley 902 de 2017, a condición de que se entienda que la expresión “ juez competente ” hace referencia a los jueces de la Jurisdicción Agraria y Rural [16] . 35. En línea con esto último, se apartaron del remedio propuesto por el demandante. A su consideración, la propuesta del actor de “ eliminar la fase judicial del procedimiento ” es contraria a una interpretación sistemática de la cosa juzgada constitucional [17] . Asimismo, señalaron que la duda sobre el juez natural de los procedimientos agrarios no pone en vilo la existencia misma de la fase judicial. En este punto, advirtieron que la demanda incurre en un “ non sequitur ”, ya que del desconocimiento de la competencia de la Jurisdicción Agraria y Rural no podría seguirse un remedio tendiente a “ revivir las normas que señalan que esos procesos agrarios son administrativos ” [18] . 36. Por las razones expuestas y en vista de que la Jurisdicción Agraria y Rural no ha entrado en operación, manifestaron que la Corte no podría declarar de forma inmediata la inexequibilidad del artículo 79 del Decreto 902 de 2017 y la exequibilidad condicionada de las demás disposiciones acusadas en los términos ya señalados, so pena de generar un vacío jurídico con efectos nocivos. Bajo ese panorama, consideraron que la Corte está llamada a: (i) mantener la fase judicial de los procesos agrarios; (ii) declarar la inconstitucionalidad del artículo 79 del Decreto Ley 902 de 2017 y la constitucionalidad condicionada de los demás apartes acusados en los términos arriba descritos; (iii) diferir los efectos de la citada decisión hasta que entren en funcionamiento los jueces y tribunales agrarios, y (iv) exhortar al Congreso de la República para que apruebe las normas indispensables para el cabal funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural, así como al Consejo Superior de la Judicatura para que implemente “ de manera gradual y progresiva la creación de los tribunales y juzgados agrarios y rurales ”, en los términos previstos en el Acto Legislativo 03 de 2023 [19] . 37. En términos sustantivos, una posición similar fue defendida por el Instituto de Estudios Agrarios “Yamile Salinas” . En criterio de esta organización, la Jurisdicción Agraria y Rural es uno de los compromisos principales del Acuerdo Final de Paz de 2016. La justicia agraria, a diferencia de la ordinaria, está llamada a zanjar conflictos sobre la tierra y el territorio que afectan a una población sujeto de especial protección constitucional. Por lo que toca al asunto sub examine , señaló que, de conformidad con el artículo 29 superior y el Acto Legislativo 03 de 2023, los jueces y tribunales de la Jurisdicción Agraria y Rural son los llamados a ser el juez natural de la fase judicial prevista en el Decreto Ley 902 de 2017. Como corolario de lo anterior, aseguró que “ la asignación transitoria efectuada en la Sentencia C-073 de 2018 y reiterada por la SU-288 de 2022 en cabeza de los jueces civiles o administrativos ha perdido fundamento constitucional y resulta incompatible con la garantía del juez natural prevista en el artículo 29 de la Constitución ” [20] . 38. Las y los integrantes de la Clínica Jurídica de Propiedad Agraria, Restitución de Tierras y Víctimas de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario intervinieron para solicitar la inconstitucionalidad de las disposiciones demandadas. En su criterio, el Acto Legislativo 03 de 2023 modificó sustancialmente la organización de la Rama Judicial al crear la Jurisdicción Agraria y Rural. Como consecuencia de lo anterior, para los intervinientes es claro que el juez natural de los conflictos agrarios es la citada Jurisdicción Agraria y Rural, razón por la que su falta de funcionamiento constituye una vulneración al debido proceso. Asimismo, en su concepto, el estado actual de la legislación da cuenta de que el Congreso de la República ha omitido el deber constitucional de aprobar las leyes indispensables para la implementación de la referida jurisdicción. 39. Sumado a lo dicho, los intervinientes aseguraron que la fase judicial prevista dentro del Procedimiento Único constituye un obstáculo a la implementación efectiva de la reforma agraria, pues introduce cargas procesales que desnaturalizan los objetivos del Acuerdo Final de Paz y ralentizan el cumplimiento de las medidas de redistribución y acceso a la tierra. Por una parte, el sistema normativo actual pierde de vista que el diseño político y normativo del AFP distingue entre los procedimientos administrativos que le permiten al Ejecutivo cumplir con sus obligaciones misionales de protección del espacio público ( v. gr. recuperación de baldíos) y los procesos judiciales mediante los cuales los jueces revisan la legalidad de las actuaciones administrativas. Por otra parte, en concepto de los intervinientes, la fase judicial del Procedimiento Único viola la prohibición de regresividad de los derechos constitucionales. Se trata de una medida irrazonable y desproporcionada contraria a los propósitos de la reforma agraria. De ese modo, solicitaron a la Corte que expulse del ordenamiento jurídico las disposiciones acusadas. En su concepto, “ el procedimiento único del decreto 902 constituye una actuación administrativa de las autoridades encargadas de la reforma agraria y no un conflicto agrario que deba tramitar la Jurisdicción Agraria ” [21] . 40. El ciudadano Carlos Alberto Suescún Barón intervino en favor de las pretensiones de la demanda. En su criterio, la exigencia de la fase judicial del procedimiento único –sin que exista, en términos operativos, una Jurisdicción Agraria y Rural– constituye una barrera desproporcionada para el acceso a la tierra de la población campesina. Recalcó que el campesinado es un sujeto de especial protección constitucional, al paso que la Reforma Rural Integral es un compromiso derivado del Acuerdo Final de Paz, que “ tiene un horizonte de implementación limitado ” [22] . Sobre la base de lo anterior, solicitó a la Corte declarar la inconstitucionalidad de la fase judicial del procedimiento único por constituir una barrera desproporcionada e ineficaz para el acceso a