Sentencia C-80 de 2026

C-080-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA C-080 DE 2026 Referencia: expediente D- 16 .795 Asunto: demanda de inconstitucionalidad en contra del numeral 8 (parcial) del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, “[p] or la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes ” Demandante: Andrés Gustavo Pérez Medina Magistrado Ponente: Miguel Polo Rosero Bogotá D.C., quince (15) de abril de dos mil veintiséis (2026). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales, específicamente de las previstas en el artículo 241 del Texto Superior y en el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la siguiente sentencia, con fundamento en los siguientes: I. ANTECEDENTES 1. En este acápite, la Corte realizará una síntesis de esta sentencia, luego de lo cual hará una presentación de los hechos relevantes, la norma demandada, los argumentos planteados por el accionante, las intervenciones formuladas en el término dispuesto para ello y el concepto brindado por el procurador general de la Nación. A. Síntesis de la decisión 2. La Corte se pronunció sobre una demanda en la que se solicitaba que fuese declarada la inconstitucionalidad de la expresión “[s] alvo en los casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o dignidad antes de la elección correspondiente ”, contenida en el numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992. Según la acusación, la disposición desconoce el parágrafo del artículo 125 de la Constitución –adicionado por el artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003– en consonancia con el artículo 179.8 de la Carta. De acuerdo con el demandante, a pesar del carácter institucional de los períodos de cargos de elección, la norma permitía que mediante la renuncia se desactivara la inhabilidad por coincidencia de períodos. 3. En su escrito, el demandante admitió que la sentencia C-093 de 1994 había juzgado la constitucionalidad de la disposición demandada por el mismo cargo planteado. Advirtió, sin embargo, que la Corte podría pronunciarse de nuevo, teniendo en cuenta el contenido del artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003. 4. Luego de sintetizar el alcance de las intervenciones y del concepto del procurador general de la Nación, este Tribunal identificó tres problemas que debía resolver. Primero , si la demanda presentada cumplía las condiciones para justificar un pronunciamiento, teniendo en cuenta no solo los requisitos generales de aptitud, sino también los requerimientos particulares que la Corte ha establecido cuando se pretende enervar la cosa juzgada. Segundo , en caso de que la acusación satisficiera tales condiciones, debería valorar si en efecto el artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003, introdujo una variación normativa que incidiera en la interpretación del artículo 179.8 de la Constitución y, a partir de ello, enervara la cosa juzgada. Tercero , solo si la respuesta al anterior problema era positiva, le correspondería definir si –en atención a la variación del parámetro de control– la disposición demandada era inexequible. 5. La Corte arribó a tres conclusiones. En primer lugar , señaló que la demanda presentada aportó razones para justificar que ha sobrevenido un evento con la aptitud necesaria para enervar la cosa juzgada constitucional derivada de la sentencia C-093 de 1994. Por lo tanto, no procedía adoptar una decisión inhibitoria. Sobre ello, este Tribunal indicó que la exposición del demandante era precisa al justificar la posibilidad de que la Corte se pronuncie otra vez sobre la violación del artículo 179.8 de la Constitución. 6. En segundo lugar , sostuvo que la aprobación del artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003 modificó, en un sentido relevante, el parámetro de control considerado por la Corte en esa sentencia. Según la Sala Plena, dicha disposición adicionó un parágrafo al artículo 125 de la Constitución Política –aplicable a todos los períodos constitucionales y legales de cargos de elección–, que incide en la interpretación de la expresión “ períodos respectivos ” del numeral 8 del artículo 179. En consecuencia, no era procedente estarse a lo resuelto en esa decisión y, por lo tanto, se justificaba un nuevo pronunciamiento. 7. Finalmente, en tercer lugar , la Corte señaló que la interpretación conjunta del artículo 179.8 de la Constitución y el artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003 permitía concluir que la expresión demandada desconocía la Constitución y debía ser declarada inexequible. Esta conclusión se funda en una comprensión integrada del modelo constitucional de democracia representativa, en la que el carácter institucional del período y la protección del mandato popular se refuerzan recíprocamente. A juicio de la Sala, autorizar la renuncia como forma de eliminar la inhabilidad para ser elegido congresista desconoce abiertamente el contenido del artículo 179.8, tal y como debe ser entendido a partir de lo dispuesto en la reforma constitucional de 2003, en la que se estableció que los períodos de los cargos de elección son institucionales. La definición institucional del período no se agota en una caracterización técnica del tiempo de ejercicio del cargo. Asegura, además, que el mandato conferido por el electorado se desarrolle en las condiciones temporales bajo las cuales fue otorgado. 8. La expresión “ respectivos períodos ” del citado artículo 179 implica que, mientras transcurre el tiempo que define el período de un cargo de elección popular, no resulta posible que la persona que lo ocupa o lo ha ocupado sea elegida para una corporación o cargo. Y, precisamente, como la disposición acusada contravenía esa regla, la Corte declaró su inexequibilidad. La renuncia en esos casos constituye una forma de abandonar, sin consecuencias, el deber de representar a quienes han impuesto el mandato y, por esa vía, subordinar el bien común a la búsqueda de intereses individuales. 9. En todo caso, la Sala Plena advirtió que la decisión adoptada, siguiendo la regla general aplicable en esta materia, produce efectos hacia el futuro, de manera que no tiene la virtud de afectar ninguna elección producida antes de su comunicación. Ello, por razones de seguridad jurídica, se especificó en la parte resolutiva del fallo. B. Hechos relevantes 10. El 25 de julio de 2025, en ejercicio de la acción pública prevista en los artículos 40.6, 241 y 242 de la Constitución , el ciudadano Andrés Gustavo Pérez Medina presentó demanda de inconstitucionalidad en contra del numeral 8 (parcial) del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, “[p] or la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes ”. En su escrito inicial, indicó que la disposición acusada vulnera el parágrafo del artículo 125 – adicionado por el artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003–, así como los artículos 4, 158 y 179.8 de la Constitución Política. 11. Luego de la subsanación de la demanda, m ediante auto del 18 de septiembre de 2025, el magistrado sustanciador la admitió por un único cargo, relacionado con la vulneración del parágrafo del artículo 125 –adicionado por el artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003– y del numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política. En el citado auto, además de la admisión, se ordenó (i) correr traslado para que el procurador general de la Nación rindiera su concepto; (ii) fijar en lista el proceso; (iii) comunicar el inicio del proceso al presidente de la República, al Ministerio del Interior y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Así mismo, se invitó a participar a varias entidades, organizaciones y universidades. 12. Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia. C. Norma demandada 13. A continuación, se transcribe el contenido de la disposición acusada, conforme con su publicación en el Diario Oficial No. 40483 de junio 18 de 1992. Así mismo, se subraya y resalta el apartado normativo demandado: “ LEY 5 DE 1992 (Junio 17) Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes El Congreso de Colombia Artículo 280 . Casos de inhabilidad. No podrán ser elegidos Congresistas: 8. Quienes sean elegidos para más de una corporación o cargo público, o para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden con el tiempo, así sea parcialmente. Salvo en los casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o dignidad antes de la elección correspondiente . ” D. Argumentos de la demanda [1] 14. El demandante considera que la expresión: “[s]alvo en los casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o dignidad antes de la elección correspondiente ” contenida en el numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, es contraria a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 125 de la Constitución Política –adicionado por el artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003–, así como a lo señalado en el numeral 8 del artículo 179 del mismo Texto Superior. 15. Al respecto, señala que, si bien la sentencia C-093 de 1994 declaró exequible el numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, hoy demandado, habría un enervamiento de la cosa juzgada constitucional, en la medida en que el Acto Legislativo 01 de 2003 modificó el marco constitucional, al introducir el parágrafo del artículo 125 de la Constitución. Esta reforma establece expresamente que los períodos previstos en la Carta y en la ley para los cargos de elección son de naturaleza institucional. A su juicio, este contenido “ permite un nuevo control con base en un parámetro sobreviniente ” [2] . 16. En su criterio, la expedición del Acto Legislativo 01 de 2003 supone que el “ contexto normativo ha cambiado significativamente ” desde 1994, lo que habilitaría un nuevo examen de la disposición actualmente demandada. Esto es así, porque la reforma constitucional introdujo una modificación sustantiva en la definición del concepto de “ período ”, al establecer que estos “ no son meramente personales y no finalizan con la simple renuncia del funcionario, sino que constituyen unidades temporales objetivas que persisten con independencia de quien ocupe el cargo ” [3] . Desde esta perspectiva, el accionante considera que la regulación del numeral 8 del artículo 179 de la Constitución, que establece que la renuncia al cargo, antes de la elección correspondiente, excluye la inhabilidad cuando existe coincidencia de períodos, debe ser revisada. A su juicio, mantener la lectura vigente “ contradice el principio de continuidad y estabilidad que debe regir los períodos institucionales ” y permite “ eludir una inhabilidad que ahora debe ser interpretada a la luz del carácter institucional de los períodos ” [4] . 17. Para sustentar su planteamiento, formula un único cargo de inconstitucionalidad contra el numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992. Estima, en síntesis, que el inciso segundo de dicho numeral se opone a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 125 y el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política. Al respecto, sostuvo que la disposición demandada es contradictoria con lo previsto en este último numeral, en la medida en que permite que un funcionario renuncie a su cargo y, con ello, eluda la inhabilidad derivada de la coincidencia de períodos. A su juicio, esta posibilidad desconoce “ el principio de que los períodos son institucionales y no se extinguen con la renuncia ”, con lo que también se aparta del parágrafo del artículo 125 de la Constitución, conforme al cual “ los períodos (…) deben ser considerados como una unidad temporal objetiva ” [5] . En este sentido, afirma que el apartado normativo acusado introduce una excepción incompatible con el mandato constitucional, según el cual, el período de los servidores públicos de elección popular es de naturaleza institucional. Ello genera, en la práctica, que quienes son elegidos para una corporación o cargo público previsto en la Constitución, no puedan posteriormente ser elegidos congresistas mediante la simple renuncia previa a la elección, toda vez que se convertiría así el período en “ personal ”. 18. En opinión del demandante, “ la renuncia no tiene vocación de interrumpir un período institucional dado que el período subsiste como unidad temporal objetiva que es independiente del titular y su renuncia ”. Por lo anterior, esta última simplemente ocasiona una vacancia, pero no la extinción del período. Manifiesta que el diseño constitucional propuesto por el Constituyente mediante el Acto Legislativo 01 de 2003 busca “ garantizar la continuidad institucional, la estabilidad democrática y la fidelidad política, evitando prácticas estratégicas o utilitarias de renuncia para acceder a cargos de poder ” [6] . 19. Con base en lo anterior solicita, como única pretensión, que se declare la inexequibilidad de la expresión: “[ s ] alvo en los casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o dignidad antes de la elección correspondiente ”. E. Intervenciones ciudadanas y conceptos 20. A continuación, la Sala sintetizará los conceptos remitidos por las instituciones públicas, las universidades y los ciudadanos que intervinieron oportunamente en el proceso [7] . Tipo de participación Exequibilidad No indican de forma específica el sentido de la decisión que debe adoptar la Corte Estarse a lo resuelto en la sentencia         C-093 de 1994 Inexequibilidad Conceptos de organismos y entidades del Estado (artículo 11 del Decreto 2067 de 1991) [8] . Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado Conceptos de organizaciones, entidades y expertos invitados (artículo 13 del Decreto 2067 de 1991) [9] . Academia Colombiana de Jurisprudencia Instituto Colombiano de Derecho Procesal Universidad Santo Tomás y Universidad Libre Concepto del procurador general de la Nación (artículos 38 y 7 del Decreto 2067 de 1991) Exequibilidad Tabla 01. Intervenciones y conceptos (i) Argumentos de exequibilidad 21. La Academia Colombiana de Jurisprudencia [10] solicitó declarar la exequibilidad de la disposición demandada. Para ello, presentó argumentos relacionados con la existencia de cosa juzgada constitucional y el respeto por la naturaleza institucional de los períodos. Si bien no hizo una solicitud puntual de estarse a lo resuelto en la sentencia C-093 de 1994, sostuvo que el asunto constituye cosa juzgada y que no se configuran las condiciones para un nuevo juicio de constitucionalidad. Afirmó que el Acto Legislativo 01 de 2003 no modificó el régimen de inhabilidades ni derogó la excepción por renuncia, sino que se limitó a regular la asunción de cargos en ausencia del titular. Añadió que no se han presentado cambios sustanciales en la realidad social, política o económica, ni en el entramado normativo que rodea la disposición acusada. Respecto del carácter institucional de los períodos, señaló que la norma demandada “ no convierte los períodos institucionales en períodos personales ”, sino que complementa el régimen de inhabilidades al precisar el momento en que se entiende vigente el período del congresista y, por ende, cuando opera la prohibición constitucional, conforme con una línea jurisprudencial constante. Finalmente, indicó que, aunque el demandante desistió del cargo por unidad de materia, la disposición se integra de manera coherente a la Ley 5ª de 1992, en cuanto desarrolla el objetivo de establecer de forma clara los eventos en los que un congresista incurre en causal de inhabilidad y resulta compatible con la estructura y finalidad de una ley orgánica. (ii) Argumentos de inexequibilidad 22. La Universidad Santo Tomás [11] solicitó la inexequibilidad de la disposición demandada, con fundamento en las siguientes razones: (i) la expedición del Acto Legislativo 01 de 2003 introdujo un cambio en el parámetro de control constitucional, al definir los períodos de los cargos de elección popular como institucionales, parámetro que no existía cuando la Corte profirió la sentencia C-093 de 1994, lo cual habilita la realización de un nuevo juicio de constitucionalidad; (ii) la norma acusada consagra una excepción que permite a un funcionario de elección popular renunciar a su cargo para aspirar al Congreso de la República, eludiendo la inhabilidad derivada de la coincidencia de períodos, con base en una concepción “ personal o subjetiva ” del período, superada por la reforma introducida mediante el Acto Legislativo 01 de 2003, a partir de la cual los períodos son “ institucionales ”, esto es, continúan su curso con independencia de la renuncia del titular; (iii) la disposición legal demandada mantiene una excepción incompatible con el actual diseño constitucional sobre los períodos institucionales, lo que vulnera el principio de supremacía constitucional y vacía de contenido una inhabilidad prevista en la Carta, que “ buscaba garantizar la estabilidad y continuidad de los mandatos populares ”; y (iv) la expresión acusada resulta incompatible con una interpretación sistemática del parágrafo del artículo 125 y del numeral 8 del artículo 179 de la Constitución, al desconocer que la reforma constitucional de 2003 tuvo como finalidad fortalecer la institucionalidad y “ evitar que los cargos de elección popular fueran utilizados como ‘trampolines’ para acceder a otras dignidades, defraudando el mandato otorgado por los electores ”. 23. La Universidad Libre [12] solicitó la declaratoria de inexequibilidad de la disposición demandada. En primer término, se refirió al enervamiento de la cosa juzgada constitucional y sostuvo que, si bien la sentencia C-093 de 1994 examinó la constitucionalidad a partir del numeral 8 del artículo 179 de la Constitución, el artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003 introdujo una regla conforme a la cual los períodos de los cargos de elección popular deben entenderse como institucionales y no personales, a diferencia del régimen constitucional vigente al momento de proferirse dicha sentencia. A su juicio, esta reforma “ conllevó la modificación de la naturaleza de los períodos en los cuales estos servidores públicos están llamados a atender sus funciones ”, lo que habilita a la Corte para ejercer nuevamente el control, al haberse alterado el “ parámetro de comprensión constitucional ”. 24. Adicionalmente, afirmó que la expresión demandada es inconstitucional por dos razones: (i) desconoce la naturaleza institucional de los cargos de elección popular prevista en el parágrafo del artículo 125 de la Constitución, en tanto permite que un servidor público que ya ostenta una dignidad sea elegido en otro cargo de elección popular, quebrantando el principio de estabilidad propio de los períodos institucionales y propiciando una “ inadecuada concentración del poder político ”; y (ii) vulnera la inhabilidad prevista en el numeral 8 del artículo 179 del Texto Superior, al introducir una excepción que posibilita eludir las restricciones constitucionales y afecta los principios de continuidad y estabilidad de los períodos institucionales. (iii) Declarar la cosa juzgada y estarse a lo resuelto en la sentencia C-093 de 1994 25. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal [13] solicitó a la Corte estarse a lo resuelto en la sentencia C-093 de 1994, en la cual se declaró la exequibilidad de la norma demandada. Lo anterior, al considerar que, en el presente caso, opera la cosa juzgada constitucional y porque, en criterio de esa entidad, contrario a lo sostenido por el demandante, el Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó un parágrafo al artículo 125 de la Constitución, no constituye “ una variación relevante del contexto normativ o”, que habilite adelantar un nuevo examen de constitucionalidad. A su juicio, ello se explica porque la ratio decidendi de la sentencia C-093 de 1994 no se sustentó en la distinción entre períodos institucionales y períodos personales, supuesto en el cual el cambio normativo introducido por el Acto Legislativo 01 de 2003 podría resultar relevante. Por el contrario, en dicha providencia, la Corte se refirió tanto a los cargos sujetos a períodos institucionales como a aquellos sometidos a períodos personales, y concluyó que la renuncia al cargo, con independencia de la naturaleza del período, produce su extinción material. (iv) Sin indicación específica sobre el sentido de la decisión que debe adoptar la Corte 26. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado [14] no formuló ninguna solicitud concreta. Remitió cinco conceptos emitidos por esa corporación en ejercicio de su función consultiva, en los cuales se analiza, entre otros aspectos, la concordancia entre la disposición demandada y el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política. Los conceptos remitidos son los siguientes: (i) el del 9 de octubre de 2018, que resolvió la consulta formulada por el entonces Ministro del Interior sobre la posibilidad de que un Representante a la Cámara, elegido para el período 2018-2022, renunciara a su curul con el fin de participar como candidato en las elecciones de autoridades territoriales para el período 2020-2024; (ii) el del 15 de diciembre de 2016, que atendió la consulta del entonces Ministro del Interior sobre el momento en que debían renunciar los diputados y concejales elegidos para el período 2016-2019, a fin de poder inscribirse como candidatos al Congreso de la República para el período 2018-2022, sin vulnerar el régimen de inhabilidades; (iii) el del 14 de marzo de 2013, correspondiente a la consulta del entonces Ministro del Interior sobre las inhabilidades de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de Juntas Administradoras Locales para aspirar al Congreso de la República y al Parlamento Andino en las elecciones de 2014; (iv) el del 29 de marzo de 2001, relativo a la consulta del entonces Ministro del Interior sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable a un diputado que pretendía postularse al Congreso de la República pese a la coincidencia parcial de períodos; y (v) el de noviembre de 2000, mediante el cual se absolvió la consulta del entonces Ministro del Interior sobre la aplicación de la causal de inelegibilidad por elección simultánea a más de una corporación o cargo público, prevista en el artículo 179.8 de la Constitución. 27. La Sala explicó que el referido artículo 179.8 ha permanecido sin variaciones desde la Constitución de 1991 [15] y ha sido aplicado por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado a todos los cargos de elección popular, no solo a quienes aspiran al cargo de congresista. Además, que la norma “ (…) tiene por finalidad impedir que un candidato resulte elegido para dos cargos de elección popular, cuyos períodos coincidan en el tiempo, así sea parcialmente ” [16] . Sobre la operatividad de la norma, indicó que la renuncia debidamente aceptada evita la configuración de la causal de inhabilidad. Lo anterior, por cuanto produce una vacancia absoluta en el cargo previamente ocupado e impide la coincidencia de períodos, que constituye el objeto de la prohibición prevista en la norma superior [17] . De esta manera, el candidato, antes de la inscripción para la elección de la nueva corporación o cargo al que aspirará [18] , deberá renunciar y dicha dimisión debe ser efectivamente aceptada. 28. La Sala precisó, en adición a ello, que para los concejales es aplicable el artículo 44 de la Ley 136 de 1994 que ratifica la prohibición del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992. Igualmente, que la coincidencia de períodos puede configurarse frente a la misma persona, por un lado, como una incompatibilidad con relación al cargo de elección popular que ejerce y, por otro lado, como una inhabilidad para ser elegido en el nuevo cargo o corporación de elección popular al que aspira [19] . F. Concepto del procurador general de la Nación 29. En concepto No. 7524 del 12 de noviembre de 2025 [20] , el procurador general de la Nación rindió el informe previsto en los artículos 242.2 y 278.5 de la Constitución. Al respecto, sostuvo que en el presente caso no se configura cosa juzgada constitucional derivada de la sentencia C-093 de 1994. Si bien advirtió identidad en la norma demandada y una identidad parcial en el cargo formulado, señaló que el reproche actualmente admitido incorpora un elemento adicional no analizado en dicha providencia, consistente en la modificación introducida al artículo 125 de la Constitución mediante el Acto Legislativo 01 de 2003, la cual aporta “ nuevos elementos de juicio a considerar en relación con la interpretación del concepto de ‘período ’ (…)”, previsto en el artículo 179 de la Constitución. 30. Para resolver el problema jurídico planteado, el Ministerio Público se refirió al derecho al sufragio pasivo, a la libertad de configuración legislativa en esta materia, al régimen de inhabilidades de los congresistas y a la naturaleza de los períodos para el ejercicio de cargos públicos. Concluyó que el cargo no está llamado a prosperar, en la medida en que la excepción prevista en la norma demandada “ no desnaturaliza la figura del período institucional de los cargos de elección popular ”, y porque la Corte, en la sentencia C-093 de 1994, ya había precisado que “ los períodos no tienen entidad jurídica propia y autónoma, sino que dependen del acto condición en cuya virtud alguien entra en ejercicio de funciones ”. 31. La Procuraduría consideró, además, que la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 01 de 2003 carece de relevancia frente a la inhabilidad cuestionada, pues “ dicho carácter se predica sobre el cargo, pero no sobre la persona que lo ejerce ”. En su criterio, la configuración de la inhabilidad exige verificar la relación funcional entre el cargo público y la persona que aspira a ejercerlo dentro del período institucional correspondiente, y que la exigencia de renuncia previa a la elección resulta una medida proporcional en relación con los derechos políticos del ciudadano. Con fundamento en lo anterior, solicitó declarar la exequibilidad de la disposición demandada. II. CONSIDERACIONES A. Competencia 32. La Corte Constitucional es competente para resolver la demanda de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241.4 de la Constitución, por dirigirse contra una disposición contenida en la Ley 5ª de 1992, “[p] or la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes ”. B. Planteamiento general del problema, síntesis de las premisas y estructura de la decisión 33. El demandante cuestiona la constitucionalidad de la expresión: “[s] alvo en los casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o dignidad antes de la elección correspondiente ”, contenida en el numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992. Su acusación señala que el enunciado impugnado desconoce el parágrafo del artículo 125 de la Constitución –adicionado por el artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003– en consonancia con el artículo 179.8 de la Carta. A su juicio, a pesar del carácter institucional de los períodos de cargos de elección, el texto impugnado permite que mediante la renuncia al cargo se desactive o elimine la inhabilidad por coincidencia de períodos. 34. La demanda reconoce que la Corte, en la sentencia C-093 de 1994, juzgó la constitucionalidad de la misma disposición, a partir de lo dispuesto en el artículo 179.8 de la Constitución. Indica que, a pesar de tal circunstancia, el artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003, introdujo una variación al ordenamiento jurídico que impacta el alcance de la interpretación que la sentencia señalada le dio a la inhabilidad por coincidencia de períodos y, en consecuencia, ello justifica un nuevo pronunciamiento. Con fundamento en esta premisa sostiene que, en síntesis, “[ l] a interpretación del numeral 8 del artículo 179, que prohíbe la elección simultánea en caso de coincidencia de períodos, se ve afectada por el parágrafo del artículo 125, que establece que los períodos son institucionales ”, de manera que, “ aunque un funcionario renuncie, el período correspondiente a ese cargo sigue vigente y no puede ser considerado como un período personal que se extingue con la renuncia ”. Así las cosas, el enunciado acusado “ permite eludir la inhabilidad establecida en el artículo 179.8, lo que representa una violación directa a la Constitución ”. 35. La acusación exige a la Sala ocuparse, de forma sucesiva, de tres problemas. Primero , debe establecer si la demanda presentada cumple las condiciones básicas para justificar un pronunciamiento, teniendo en cuenta no solo los requisitos generales de aptitud, sino también los requerimientos particulares que la Corte ha establecido cuando se pretende enervar la cosa juzgada [21] . Segundo , en caso de que la acusación satisfaga tales condiciones, deberá valorar si, en efecto, el artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003, introdujo una variación capaz de incidir en el alcance e interpretación del artículo 179.8 de la Constitución, de modo que pueda sostenerse que se ha producido una modificación relevante del parámetro de control. Tercero , solo si la respuesta al anterior problema es positiva, le corresponderá a este Tribunal definir si la disposición demandada (art. 280.8 de la Ley 5ª de 1992), conforme a la cual es posible que la persona que ocupe un cargo de elección popular renuncie para ser congresista a pesar de que los períodos coincidan en el tiempo, desconoce la Carta Política, en particular, el numeral 8 del artículo 179 y el parágrafo del artículo 125. 36. La Corte arribará a tres conclusiones. Primera , la demanda presentada aporta razones suficientes para motivar un pronunciamiento referente a si se ha presentado un evento que enerve la cosa juzgada constitucional derivada de la sentencia C-093 de 1994. Por lo tanto, no procede una decisión inhibitoria. Segunda , la aprobación del artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003 sí modificó, en un sentido relevante, el parámetro de control considerado por la Corte en la citada providencia. En consecuencia, no es procedente estarse a lo resuelto en esa decisión y se justifica un nuevo pronunciamiento. Tercera , la interpretación conjunta del artículo 179.8 del Texto Superior y el artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003, exige concluir que la expresión demandada desconoce la Constitución y debe ser declarada inexequible. 37. Con el propósito de adoptar una decisión, la Corte seguirá el siguiente orden. Inicialmente examinará el cumplimiento de las condiciones generales de aptitud de la demanda. Seguidamente reiterará el precedente relativo a la cosa juzgada constitucional, así como a las condiciones que debe satisfacer una acusación, en la que se alega la posibilidad de enervar dicha figura. Con esta precisión evaluará el alcance de la cosa juzgada derivada de la sentencia C-093 de 1994 y analizará si las razones presentadas por el demandante para justificar su enervamiento, satisfacen las exigencias requeridas por la jurisprudencia de la Corte (Sección C). Luego de ello, la Sala mostrará en qué sentido, teniendo en cuenta su texto y el proceso de aprobación del artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003, la regla según la cual, los períodos de los cargos de elección son institucionales , modificó de modo relevante el parámetro de control empleado en la citada sentencia C-093 de 1994, para juzgar la disposición que ahora nuevamente se impugna (Sección D). Por último, la Corte presentará las razones por las cuales el nuevo parámetro justifica declarar la inconstitucionalidad de dicha disposición lo que impone, además, la integración de la unidad normativa con el artículo 44 (parcial) de la Ley 136 de 1994 (Sección E). C. La aptitud de la demanda y la cosa juzgada constitucional derivada de la sentencia C-093 de 1994 38. A pesar de que ninguna de las intervenciones planteó deficiencias en la formulación del cargo, la Sala ha encontrado procedente realizar una evaluación de su aptitud teniendo en cuenta las particularidades de la controversia planteada por el demandante y, en particular, los requerimientos argumentativos establecidos por la jurisprudencia, cuando los ciudadanos proponen a la Corte juzgar un asunto que, prima facie , puede encontrarse comprendido por los efectos de la cosa juzgada constitucional. 39. La demanda cumple con las condiciones generales de aptitud. Desde la sentencia C-1052 de 2001, la Corte ha precisado el alcance que deben tener las razones que, según el numeral 3 del artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, deben presentarse para justificar que un texto legal ha vulnerado la Constitución. En este caso, tales condiciones se cumplen. En efecto, (i) el planteamiento del demandante es claro , en tanto refiere, siguiendo el mismo hilo conductor, el sentido de su acusación y la pretensión que formula. La acusación (ii) es además cierta , dado que la expresión demandada, tal y como lo indica el ciudadano, establece que la inhabilidad por coincidencia de períodos prevista en el numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, no será aplicable en aquellos casos en los que la persona renuncie al cargo antes de la elección. El cargo (iii) se fundamenta en la infracción de disposiciones constitucionales (art. 179.8 y art. 6 del Acto Legislativo 01 de 2003) y no en argumentos fundados en la inconveniencia o ilegalidad de la regulación. En efecto, el demandante sostiene que la disposición acusada es incompatible con la regla que prescribe que los períodos de los cargos de elección son institucionales. Es por ello que puede considerarse pertinente . Además, (iv) cumpliendo el requisito de especificidad , enuncia las razones por las cuales el carácter institucional de los períodos de elección resulta incompatible con una visión personalista del cargo, en virtud de la cual la renuncia permite desactivar la inhabilidad establecida en el artículo 179.8 de la Carta. Con este fin realiza un contraste preciso entre la regla del artículo 280.8 de la Ley 5ª de 1992 y la modificación constitucional que sobrevino como consecuencia de la aprobación del artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003. (v) Surge entonces una duda mínima de constitucionalidad que permite entender satisfecho el requisito de suficiencia . 40. Este planteamiento sugeriría entonces que la Corte debe emprender, de inmediato, el análisis de constitucionalidad. Sin embargo, ello no puede ser así. El demandante, así como varios de los intervinientes, plantearon una discusión alrededor de la cosa juzgada constitucional, teniendo en cuenta la decisión adoptada en la sentencia C-093 de 1994 y, por tanto, es necesario definir si tal institución se configura o si el actor presentó razones suficientes para justificar su enervamiento. 41. La cosa juzgada constitucional . La Corte ha establecido un sólido precedente sobre la definición, los fundamentos, las clases y los efectos de la cosa juzgada constitucional. Se trata de una doctrina que, en la actualidad, integra un conjunto de categorías, métodos y reglas que orientan la práctica decisional de este tribunal y concretan el alcance del artículo 243 de la Constitución. 42. La jurisprudencia reiterada ha establecido que la cosa juzgada “ es una institución jurídico procesal que tiene su fundamento en el artículo 243 de la Constitución Política (…) mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas ” [22] . Tal institución, así como sus efectos, encuentran fundamento “ en la protección de la seguridad jurídica que impone la estabilidad y certidumbre de las reglas que rigen la actuación de autoridades y ciudadanos , (…) en la salvaguarda de la buena fe que exige asegurar  la consistencia de las decisiones de la Corte , (…) en la garantía de la autonomía judicial al impedirse que luego de juzgado un asunto por parte del juez competente y siguiendo las reglas vigentes pueda ser nuevamente examinado y, (…) en la condición de la Constitución como norma jurídica en tanto las decisiones de la Corte que ponen fin al debate tienen, por propósito, asegurar su integridad y supremacía ” [23] . 43. Para establecer la materia que ha sido juzgada y activar, en consecuencia, las consecuencias de tal institución, resulta indispensable identificar y caracterizar el objeto del control y la cuestión de constitucionalidad que le ha sido propuesta a este Tribunal. Existirá cosa juzgada cuando esta Corporación se ha ocupado previamente del mismo objeto ( identidad de objeto ) y se entiende que la cuestión de constitucionalidad ya ha sido abordada ( identidad de causa ). 44. Según lo ha dicho la Sala Plena, “[s] e tratará del mismo objeto de control cuando el contenido normativo que fue juzgado previamente es igual al acusado ” [24] . Ello ocurrirá cuando se trata de la misma disposición o cuando, siendo diferente, su contenido prescriptivo es equivalente. A su vez, la cuestión de constitucionalidad se considerará igual cuando, en los supuestos de control rogado, el parámetro de control que se invoca como vulneración y las razones en las que se apoya tal violación son las mismas. De cualquier forma, cuando la decisión previa ha sido adoptada en ejercicio de un control automático y definitivo se presume, en principio, que la Corte ha agotado el análisis constitucional. 45. Estas distinciones le han permitido a la Corte establecer una clasificación de la cosa juzgada en función del objeto de control y del alcance de la cuestión de constitucionalidad analizada. En esa dirección, si el pronunciamiento previo se ocupó de la misma disposición o enunciado, la cosa juzgada será formal; al tiempo que si se trata de una disposición diferente, pero con un contenido normativo equivalente, se tratará de cosa juzgada material. A su vez, y en función del alcance del pronunciamiento previo, la cosa juzgada se clasifica en absoluta o relativa, si se agotó toda discusión constitucional o si, por el contrario, solo se abordó alguna de ellas. 46. A partir de esta distinción, la Corte ha caracterizado los efectos de la cosa juzgada en función del tipo de decisión previamente adoptada por la Sala. En tal dirección ha presentado, por ejemplo, en la sentencia C-110 de 2025, un esquema que refleja adecuadamente el sentido general del precedente de esta Corporación. Tipología Concepto Consecuencias en los procesos que se encuentren en curso Cosa juzgada formal Se presenta cuando la Sala Plena de la Corte Constitucional ya se pronunció sobre la disposición demandada. Esta tipología recae sobre los textos normativos sometidos a control (…) . Decisión previa de exequibilidad. La Corte debe estarse a lo resuelto en la sentencia previa que declaró la exequibilidad de la misma disposición, salvo que existan razones que enerven la cosa juzgada. Decisión previa de inexequibilidad. La Corte debe estarse a lo resuelto en la sentencia previa que declaró la inexequibilidad de la misma disposición. Cosa juzgada material Se presenta cuando se acusa una disposición que es formalmente distinta, pero que tiene un contenido normativo idéntico al de otra que ya fue controlada por esta Corporación. El juez debe evaluar: (i) si existe una decisión de constitucionalidad anterior sobre una regla de derecho idéntica, pero contenida en distintas disposiciones jurídicas; y (ii) si hay identidad entre los cargos del pasado y del presente, y existe un análisis constitucional de fondo sobre la proposición jurídica. Este estudio no recae sobre la disposición, sino sobre los contenidos normativos (…) . Decisión previa de exequibilidad. La Corte debe estarse a lo resuelto en la decisión previa que declaró la exequibilidad del mismo contenido normativo y, por consiguiente, declarar exequible la disposición ahora controlada, salvo que existan razones que enerven la cosa juzgada [25] . Decisión previa de inexequibilidad. La Corte debe estarse a lo resuelto en la sentencia previa que declaró la inexequibilidad del mismo contenido normativo y, por lo tanto, declarar inexequible la disposición ahora controlada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 243 de la Constitución [26] . Cosa juzgada absoluta Se presenta en dos casos. Primero , cuando la Corte declara la inexequibilidad de una norma y, por lo tanto, la expulsa del ordenamiento. Segundo , cuando el control de constitucionalidad se ejerció respecto a la integralidad de la Carta. La Corte debe estarse a lo resuelto en la sentencia previa. Cosa juzgada relativa Se presenta cuando la Corte Constitucional restringió los efectos de su decisión a los cargos analizados o alguna otra limitante que deslinde los alcances de su decisión. En cuanto a su origen, se divide en dos categorías: “[existirá una] cosa juzgada relativa explícita , cuando en la parte resolutiva de la sentencia se establece expresamente que el pronunciamiento de la Corte se limita a los cargos analizados. Será por el contrario implícita , cuando pese a no hacerse tal referencia en la parte resolutiva, de las consideraciones de la sentencia se puede desprender que la Corte limitó su juicio a determinados cargos. ” [27] Es posible un nuevo pronunciamiento sobre la disposición únicamente por cargos nuevos y distintos a los que fueron examinados. Cosa juzgada aparente Se presenta cuando la Corte Constitucional formalmente declara la exequibilidad de una disposición, pero en realidad no hay un estudio de constitucionalidad en la decisión. Es posible un nuevo pronunciamiento sobre la disposición. 47. Como se desprende de la clasificación de la cosa juzgada y sus efectos, este Tribunal ha admitido que en los eventos de cosa juzgada formal o material con decisión previa de exequibilidad, resulta posible enervar la cosa juzgada cuando puedan acreditarse cambios relevantes (i) en el texto de la Constitución o de las disposiciones que integran el bloque de constitucionalidad; (ii) en el significado material de la Carta, como consecuencia –por ejemplo– de circunstancias sociales, económicas, políticas o culturales; o (iii) en el contexto normativo en el que se inscribe la disposición o norma que ha sido previamente juzgada [28] . Cada uno de tales supuestos, los dos primeros referidos al parámetro de control y el último a su objeto, imponen requerimientos especiales al formular una demanda. 48. Sobre el primero de tales supuestos, que es el que ahora invoca el demandante, la Corte ha señalado que le corresponde al ciudadano “ explicar el alcance de la modificación ” [29] y, luego de ello, “ demostrar en qué sentido dicho cambio es relevante para determinar la validez constitucional de la norma acusada ” [30] . Según lo ha indicado la Sala Plena, no basta con afirmar el cambio. Es imprescindible “ acreditar que un nuevo pronunciamiento de la Corte, a la luz de las modificaciones de la Carta, es imprescindible para garantizar su integridad y supremacía ” [31] . 49. Ahora bien, el cumplimiento de las condiciones para enervar la cosa juzgada constitucional no implica, de manera inevitable, que la Corte deba adoptar una decisión diferente a la de la sentencia precedente. Lo que supone, en realidad, es la necesidad de establecer si, a la luz del supuesto identificado –cambio formal de la Constitución, cambio del significado material de la Constitución o cambio del contexto normativo del objeto de control–, la conclusión a la que arribó la Sala en el pasado debe ser reconsiderada, revaluada o confirmada. Es por ello indispensable distinguir entre (i) el examen de la aptitud de la demanda, cuando se alega uno de tales supuestos, y (ii) la valoración concreta sobre si existen argumentos que, en realidad, acrediten la existencia de un cambio relevante desde el punto de vista del juicio de constitucionalidad, que le permitan a esta Corporación emprender un nuevo juzgamiento. 50. La adecuada diferenciación de tales eventos permite, además, identificar cada una de las consecuencias. En este sentido, si el demandante no identifica el supuesto que justifica el nuevo pronunciamiento o se limita a enunciar alguno de los cambios, sin aportar razones encaminadas a comprobar la relevancia del cambio en la decisión previa de la Corte, procederá una decisión inhibitoria . Si el demandante satisface los requerimientos argumentativos mínimos que sugieran un posible enervamiento, pero la Sala encuentra, luego de un examen detallado, que no existe un cambio relevante que pueda incidir en los fundamentos de la decisión previa, corresponderá a la Corte estarse a lo resuelto . Por último, si la demanda aporta razones precisas para justificar el nuevo pronunciamiento y, además, la Sala Plena encuentra que en efecto se ha configurado uno de los tres eventos para enervar la cosa juzgada, procederá con la adopción de una decisión de fondo , para definir si el cambio constatado afecta o no la decisión previa. 51. La Corte entiende que la distinción de estos tres niveles puede ser compleja en algunas ocasiones. Incluso en el pasado, se ha procedido en diferentes sentidos [32] . Sin embargo, su utilización efectiva en los casos concretos resulta imprescindible no solo para asegurar la apertura del control constitucional cuando una acusación satisface las condiciones mínimas, sino también para asegurar el respeto de la cosa juzgada y los valores y principios constitucionales que la acompañan. 52. La sentencia C-093 de 1994 constituye cosa juzgada respecto de la violación del numeral 8 del artículo 179 de la Constitución . En la sentencia referida, la Corte se ocupó de una demanda en contra del numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, conforme al cual serán inhábiles para ser congresistas, “[ q]uienes sean elegidos para más de una Corporación o cargo público, o para una Corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden con el tiempo, así sea parcialmente ”, a menos “ que se haya presentado la renuncia del cargo o dignidad antes de la elección correspondiente ” . De acuerdo con el demandante de aquel proceso de constitucionalidad, la excepción establecida desconocía el artículo 179.8 de la Constitución. Este Tribunal declaró exequible el precepto demandado, que ahora nuevamente se impugna. 53. La decisión de la Corte inició señalando que al artículo 179 de la Constitución es posible adscribir dos supuestos. El primero corresponde al caso “ de una persona que es elegida en forma simultánea, para ser miembro de dos corporaciones, desempeñar dos cargos, o ser miembro de una corporación y a la vez desempeñar un cargo público ”. Según la Sala, si se produce la coincidencia de períodos, “ habrá nulidad de la elección para el cargo y pérdida de la investidura del Congresista elegido (artículo 183, numeral 1, C.P.) ”. El segundo se refiere al caso “ de una persona que es elegida para desempeñar un cargo o para ser miembro de una corporación pública y, estando en ejercicio del mismo, aspira a ser elegida para otra corporación o cargo cuyo período coincide, siquiera parcialmente, con el que venía ejerciendo ”. 54. Luego de fijar esa premisa, la Sala sostuvo que, en la segunda hipótesis, es indispensable establecer una distinción “ entre quien ha sido elegido y desempeña el cargo o destino público correspondiente y quien, pese haber sido elegido, no ha ejercido el empleo o interrumpió el respectivo período ”. De acuerdo con la sentencia, la inhabilidad solo se configura en el primer evento. En el segundo, la desvinculación –en este caso la renuncia– la desactiva. 55. Para fundamentar esta conclusión, la Corte presentó varias razones. Primera , la coincidencia de períodos “ no puede entenderse sino con referencia a una persona en concreto que actúe simultáneamente en dos corporaciones, en dos cargos o en una corporación y un cargo ”. Segunda . La idea, según la cual, “ un período puede concebirse, en términos abstractos, como el lapso que la Constitución o la ley contemplan para el desempeño de cierta función pública ”, no es relevante en materia de inhabilidades, dado que lo que debe considerarse es si “ un individuo específicamente desarrolla, dentro del tiempo respectivo, las actividades propias de la función ”. De esta manera “ los períodos no tienen entidad jurídica propia y autónoma, sino que dependen del acto condición en cuya virtud alguien entra en ejercicio de funciones ”. Para la Corte, “[ u] na persona puede haber sido elegida y no haberse posesionado en el empleo, es decir, puede no haber ejercido durante el período que le correspondía, o puede haber iniciado su período y haberlo interrumpido mediante su renuncia formalmente aceptada ”. Según este Tribunal, “[e] n estos eventos, mal puede pensarse que exista inhabilidad, por cuanto no se configura el ejercicio concreto y real del cargo o destino público correspondiente, bien por no haberse posesionado del mismo o en virtud de la separación definitiva ocasionada por la mencionada dimisión ”. 56. Conforme con lo indicado, la inhabilidad del numeral 8 del artículo 179 de la Constitución supone “ no solamente la imposibilidad de ejercer simultáneamente dos cargos, para más de una corporación o empleo público, sino también, la prohibición previa de la elección como congresista en las circunstancias anotadas ”. De esta forma, “ quien aspire a esta dignidad, no podrá encontrarse como concejal o diputado, ni tampoco tener la calidad de servidor público, en el momento de la inscripción como candidato al Congreso, salvo la de Senador o Representante a esa corporación ”. Para que no se active la inhabilidad, concluyó la Corte, es indispensable haber “ formalizado la renuncia correspondiente en ese momento, a fin de evitar que el concejal o diputado o servidor público candidato a congresista pudiese estar dentro de la prohibición de que trata el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política ”. 57. La Sala Plena insistió que “ si se configuró una falta absoluta en presencia de la renuncia formalmente aceptada a un concejal o diputado, antes de la inscripción como candidato al Congreso,  no rige para ellos la prohibición consagrada en el artículo 179, numeral 8, toda vez que su período para esas corporaciones se extinguió en virtud de su dimisión formal, de manera que este solamente rige hasta su culminación para la persona que lo haya reemplazado como candidato no elegido en la misma lista en orden sucesivo y descendente, sin que sea posible pretender que se siga considerando al dimitente como servidor público que en virtud de lo anterior ya no ostenta dicha calidad y por consiguiente no se encuentra inhabilitado en los términos indicados, para ser elegido congresista ”. Con apoyo en estas razones, declaró que la disposición demandada era compatible con la Constitución [33] . 58. De los fundamentos de la sentencia C-093 de 1994 se desprende que se reúnen los requisitos para la existencia de la cosa juzgada. En efecto, además de ser la misma disposición demandada, el fundamento central de la acusación es la violación del artículo 179.8 de la Constitución y, en particular, el desconocimiento del significado de la expresión “ respectivos períodos ” que integra ese numeral. Existe entonces cosa juzgada formal y relativa. 59. En contra de esta conclusión podría advertirse, tal y como lo sugiere en su intervención la Procuraduría General de la Nación, que el demandante en realidad estaría formulando un nuevo cargo fundado en la infracción del artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003, modificatorio del artículo 125 de la Constitución y, en esa medida, no resultaría necesario evaluar la ocurrencia de alguno de los eventos previstos para enervar la cosa juzgada [34] . Sin embargo, esa perspectiva es imprecisa. En efecto, lo que plantea el demandante es que la introducción de la regla, según la cual, son institucionales los períodos de los cargos de elección , implica una variación del significado de la inhabilidad por coincidencia de períodos establecida en el artículo 179.8 del Texto Superior. No se trata, en realidad, de un cargo que establezca una razón autónoma de inconstitucionalidad. Es un argumento que tiene por objeto mostrar que ha existido una variación formal del parámetro de constitucionalidad empleado por la Corte en la sentencia C-093 de 1994 y que incide en la interpretación del citado artículo 179.8 de la Constitución, en particular de la expresión “r espectivos períodos ”. En suma, la acusación afirma que la disposición demandada desconoce la regla constitucional que se desprende de la interpretación conjunta del artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003 y del artículo 179.8 de la Carta. 60. El demandante aportó razones suficientes que muestran el posible enervamiento de la cosa juzgada constitucional. Conforme con lo expuesto, existe una identidad entre el objeto y el cargo analizado en la sentencia C-093 de 1994 y la cuestión planteada en esta oportunidad. El demandante lo reconoce y, para justificar un nuevo pronunciamiento, advierte que se ha producido un cambio en el texto de la Constitución que impacta los fundamentos del juicio realizado en ese entonces. 61. En el escrito de corrección de la demanda señaló que el Acto Legislativo 01 de 2003 introdujo una variación significativa, al adicionar el parágrafo 1 al artículo 125 de la Constitución y prescribir que “ los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales (…)”. Precisó que “[e] sta modificación implica que los períodos no son meramente personales y no finalizan con la simple renuncia del funcionario, sino que son unidades temporales objetivas que persisten independientemente de quién ocupe el cargo ” [35] . 62. Destacó, además, que la Corte ha admitido este cambio al analizar el período de los alcaldes y los personeros. En ese sentido, advirtió que era necesario considerar que, según la sentencia C-822 de 2004, “ antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2003 se tenía que los períodos de los alcaldes y personeros eran personales o subjetivos ”. Indicó que, según esa providencia, “[ e] n relación con el período de los alcaldes, el artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003 generalizó la figura del período institucional para los cargos de elección establecidos en la Constitución Política o en la ley ”, señalando que “[a] ntes de esa fecha y ante la ausencia de mención constitucional al respecto, la jurisprudencia constitucional estimaba que, por el carácter de elección popular de los alcaldes, su período era personal o subjetivo ”. 63. Con fundamento en esta premisa, el actor indica que, a pesar de que “ frente a la elección de congresistas [,] en su momento [,] la Corte (…) en sentencia C-093 de 1994 definió que el período de los funcionarios públicos como concejales y diputados era subjetivo, es decir, fenecía cuando estos presentaban su renuncia ”, debe aceptarse que “ la adición del parágrafo del artículo 125 constitucional hace necesario una nueva revisión de constitucionalidad ”. Es por ello que “ la norma demandada, al permitir que la renuncia a un cargo habilite la posibilidad de ser elegido para otro, contradice el principio de continuidad y estabilidad que debe regir los períodos institucionales ”. Así las cosas, “[e] ste cambio en el marco normativo y la interpretación del concepto de ‘período’ justifican la revisión de la norma demandada, debilitando así la cosa juzgada establecida en la sentencia           C-093 de 1994 ”. Su postura, insiste, “ se fundamenta en un nuevo parámetro de control que no existía al momento de la decisión anterior, permitiendo así un análisis exhaustivo de la compatibilidad de la norma demandada con la Constitución ”. 64. Afirma que “ el constituyente derivado modificó sustancialmente la comprensión del concepto de ´período´ en materia de cargos públicos de elección popular: dejó de ser entendido como una relación subjetiva entre el cargo y la persona que lo ejerce, y pasó a ser una unidad temporal objetiva y fija, independiente de la persona ”. Insistió que “[e] ste nuevo parámetro no existía en 1994 [,] cuando la Corte decidió la sentencia C-093, y altera sustancialmente la interpretación constitucional del régimen de inhabilidades basado en la coincidencia de períodos (art. 179.8 CP) ”. A su juicio, la relevancia “ del Acto Legislativo 01 de 2003 que añade el parágrafo del artículo 125 constitucional es directa y material ”, por dos razones. De una parte, “[e] l numeral 8 del artículo 179 CP establece una inhabilidad por coincidencia de períodos, que puede darse incluso parcialmente ”, al tiempo que “[l] a norma acusada en el artículo 280.8 de la Ley 5ª de 1992 crea una excepción a esa inhabilidad si el servidor público renuncia antes de la elección ”. Y, de otra, “[c] on la nueva redacción del artículo 125 (parágrafo), se establece que los períodos son institucionales, y por tanto subsisten aunque el titular renuncie ”, de manera que esta última “ no elimina la coincidencia de períodos ”. 65. En suma, el planteamiento del demandante satisface las condiciones mínimas que habilitan a la Corte para continuar con el examen. Su acusación es precisa al afirmar que la posibilidad de un nuevo pronunciamiento obedece a un cambio en el texto de la Constitución, derivado de lo dispuesto en el artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003 que introdujo un parágrafo al artículo 125 de la Constitución. Dicho parágrafo, a su juicio, tiene la aptitud de modificar el significado que, en 1994, la Sala Plena le atribuyó al numeral 8 del artículo 179 de la Constitución. D. La aprobación del artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003 introduce una variación relevante en el concepto de “período” de los cargos de elección, impactando la interpretación del artículo 179.8 de la Constitución y las razones de la decisión de la sentencia C-093 de 1994 66. Satisfecha la carga asignada al demandante y descartada entonces la procedencia de una decisión inhibitoria, debe la Corte evaluar de forma detallada si, en efecto, la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2003 introdujo una modificación relevante que justifique un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del inciso demandado del numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992. La aptitud de la demanda para promover un pronunciamiento de la Corte no implica que se haya enervado la cosa juzgada. Únicamente indica que este Tribunal está habilitado para examinar si, en efecto, ello ha ocurrido. Así las cosas, le corresponde a la Sala preguntarse si el contenido del referido Acto Legislativo impactó decisivamente el artículo 179.8 de la Constitución, de un modo tal que permita a la Corte realizar un nuevo juzgamiento. Una respuesta negativa le impondría a la Sala estarse a lo resuelto en la sentencia C-093 de 1994, al tiempo que una positiva le exigiría definir si el enunciado normativo cuestionado es concordante con el Texto Superior. 67. Diversas fueron las posiciones planteadas en las intervenciones recibidas por la Corte en el curso del proceso. Algunas de ellas indicaron que el carácter institucional o personal de los cargos no tuvo incidencia alguna en la decisión adoptada en la sentencia C-093 de 1994. Según el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, el cambio que introdujo el Acto Legislativo 01 de 2003 es irrelevante, dado que “ la ratio decidendi de la sentencia C-093 de 1994 no se fundamenta en la distinción entre los períodos institucionales y personales ”. Según indica, “[e] n esa sentencia [,] la Corte Constitucional no señaló que la norma demandada era constitucional porque el término ‘período’ utilizado en el numeral 8 del artículo 270 de la Ley 5ª de 1992 debía entenderse como personal y no institucional ”. Por el contrario, “ hizo extensiva la ratio decidendi de la sentencia C-093 de 1994 tanto a los cargos sujetos a períodos institucionales como a aquellos sujetos a períodos personales ”, de manera que “ el fundamento del juicio de constitucionalidad r