Sentencia C-73 de 2026

C-073-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Plena SENTENCIA C-073 DE 2026 Referencia : expediente D-16414 Demanda de inconstitucionalidad contra la Sentencia Interpretativa 5 de 2023 de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz. Demandantes : Humberto de la Calle Lombana y Sergio Jaramillo Caro. Magistrada ponente : Natalia Ángel Cabo. Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en el artículo 241 de la Constitución y el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA Síntesis de la decisión La Corte Constitucional estudió la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de la Sentencia Interpretativa no. 5 (Senit 5), proferida el 17 de mayo de 2023 por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz. En la decisión cuestionada, la Sección de Apelación interpretó distintas normas sobre la selección de comparecientes e introdujo el concepto de selección de segundo orden. De acuerdo con esta figura, al terminar un macro caso, los comparecientes que no fueron considerados máximos responsables y que hagan aportes insuficientes a la verdad o no acepten responsabilidad podrán ser remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación para que esta determine si existe mérito para solicitar el inicio de un juicio adversarial ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz. Según la demanda, la interpretación acusada: (i) desconoce el principio de legalidad al otorgar nuevas facultades a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, sin ningún fundamento legal; (ii) desconoce la naturaleza del Acuerdo Final de Paz, al transitar hacia un modo de investigación y juzgamiento caso a caso; (iii) trasgrede el principio de legalidad, al crear una categoría intermedia, diferente a la de los máximos responsables prevista en el Acuerdo Final de Paz; (iv) desconoce el debido proceso constitucional, por falta de reglas claras en la selección de segundo orden, y (v) viola el principio de proporcionalidad, al permitir que una persona que no es máximo responsable sea sancionada de manera más estricta que a quienes sí tienen la condición de máxima responsabilidad. La Corte asumió el control de la Senit 5 en el marco del derecho viviente y de la naturaleza excepcional que caracteriza este tipo de decisiones dentro del sistema de justicia transicional. Durante el trámite de constitucionalidad, la Corte propició instancias participativas para escuchar los argumentos de la Jurisdicción Especial para la Paz, personas expertas, sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y representantes de víctimas con el fin de construir una decisión participativa que incluyera diversas perspectivas sobre el tema. La Corte advirtió también que el estudio sobre la constitucionalidad de la Senit 5 no era un juicio contra la JEP ni contra la Sección de Apelación y que el examen de constitucionalidad se realizaba desde una posición de respeto y deferencia frente a las trascendentales funciones y misiones de ese órgano de justicia. En ejercicio del control de constitucionalidad de la Senit 5, esta Corporación consideró necesario incorporar al análisis las sentencias interpretativas 8 y 9 porque estas decisiones precisaron algunos criterios de la Senit 5, relacionados con el reconocimiento de responsabilidad y el concepto de “responsabilidad cercana a la máxima” aunque no eliminaron las figuras de la “selección de segundo orden” y “la responsabilidad del punto medio”. A partir de esa integración, la Corte concluyó que no se presentaba el fenómeno de cosa juzgada respecto de la Sentencia la C-080 de 2018 pues en esta oportunidad se debate si la Senit 5 creó reglas contrarias a la C-080 de 2018 o simplemente las desarrolló. Una vez establecida la aptitud sustantiva de la demanda, la Corte analizó si la creación del concepto de selección de segundo desconoció el principio de legalidad: (a) por atribuir a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y a la Unidad de Investigación y Acusación nuevas funciones; y (b) por tratarse de concepto de naturaleza difusa, vaga o indeterminada y sin un fundamento normativo claro. Además, estudió si la Sección de Apelación desconoció el debido proceso constitucional por la ausencia de reglas de procedimiento claras para quienes sean calificados como responsables intermedios. Y, por último, evaluó si la Sección de Apelación desconoció el debido proceso, el derecho a la igualdad y el principio de proporcionalidad de la sanción, al permitir que la selección de segundo orden termine en un juicio adversarial para los partícipes no determinantes. La Corte Constitucional concluyó que la selección de segundo orden y la responsabilidad del punto medio introducidas por la Sección de Apelación de la JEP son figuras incompatibles con el principio de legalidad, dado que, ni el Acuerdo Final de Paz ni el Acto Legislativo 01 de 2017 ni la Ley Estatutaria 1957 de 2019 autorizaron la creación de nuevas competencias o categorías de responsabilidad más allá de las previstas. Estas normas solo contemplaron máximos responsables y partícipes no determinantes. Así, este Tribunal encontró que la creación de cualquier categoría adicional carece de fundamento normativo y constituye una creación judicial que excede la potestad interpretativa de la JEP. En ese sentido, la Sala Plena de la Corte resaltó que, al diseñar esta tercera categoría de responsabilidad, la Sección de Apelación se apartó del marco jurídico que definió el alcance del proceso de paz suscrito entre el gobierno de Colombia y la antigua guerrilla de las FARC-EP. Esta Corporación señaló que la selección de segundo orden vulnera el principio constitucional y transicional de selección, el cual exige concentrar la investigación, el juzgamiento y la sanción en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos, debido a que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tendría la facultad de remitir a los responsables del punto a medio a un juicio adversarial, lo que desdibuja la arquitectura de la justicia transicional pactada y rompe la lógica de macro casos, pues se dispersan los esfuerzos institucionales, lo que conduce a la duplicación de procesos. La Corte recordó que, de acuerdo con la Sentencia C 080 de 2018, la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad es la única competente para realizar la selección positiva y que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas solo puede ejercer una selección individual negativa, orientada a otorgar los beneficios transicionales, sin convertirse en una ruta sancionatoria. Este tribunal constitucional reconoció, sin embargo, la importancia de lo expresado por la Sección de Apelación, quién indicó que las sentencias interpretativas analizadas se dictaron para responder preocupaciones teóricas y jurídicas derivadas de la aplicación de las normas especiales de la JEP y con la finalidad última de satisfacer las exigencias de justicia material de las víctimas y combatir la impunidad No obstante, la Corte resaltó que el concepto de punto medio de responsabilidad es una categoría que afecta la seguridad jurídica y la certeza de las víctimas y los comparecientes sobre los procedimientos adelantados en la Jurisdicción Especial para la Paz, por su vaguedad e indeterminación. Para la Corte, la imprecisión de este concepto resulta contraria al mandato de previsibilidad del derecho penal y del derecho sancionatorio pues permite que la administración de justicia transicional se aplique con margen discrecional y variable. En ese sentido, subrayó que la JEP no puede redefinir categorías normativas de la Ley estatutaria de administración de justicia en la JEP, ni introducir funciones sin soporte legal, pues ello altera las condiciones previamente conocidas para acceder a beneficios, obligaciones y sanciones dentro del sistema. Al analizar el cargo por violación del derecho al debido, el derecho a la igualdad y el principio de proporcionalidad, la Corte concluyó que no se configuraba vulneración del derecho al debido proceso ni del principio de igualdad, puesto que los partícipes no determinantes sí cuentan con escenarios procesales para aportar verdad y reconocer responsabilidad, y no son comparables jurídicamente con los máximos. Sin embargo, la Corte determinó que sí se desconoce el principio de proporcionalidad en virtud de la hipótesis prevista en la Senit 5 según la cual los partícipes no determinantes que incumplen sus obligaciones ante el sistema y sean vencidos en un juicio adversarial pueden recibir sanciones ordinarias (de entre 15 a veinte 20 años, que es también la mayor sanción para los máximos responsables que no aportan a la verdad ni reconocen su responsabilidad. Esta posibilidad, prevista en las decisiones analizadas, es inconstitucional debido a que la consecuencia jurídica de la sanción ordinaria se fundamentaría exclusivamente en el comportamiento procesal del compareciente y no su grado de participación en los hechos más graves y representativos. La Corte Constitucional concluyó que responsabilidad del punto medio y la selección de segundo orden creadas por las Senit 5, 8 y 9 de la JEP son incompatibles con el principio constitucional y transicional de selección, pues amplían de manera indebida la base de personas juzgables más allá de los máximos responsables. Además, este Tribunal aclaró también que si bien se percibe en la Senit 8 la intención de transformar la responsabilidad del punto medio en un criterio para la medición del daño; mientras que la Senit 9 planteó que la “responsabilidad cercana a la máxima” no es una categoría normativa sino un criterio heurístico, lo cierto es que estas decisiones no resuelven los problemas relacionados con los conceptos de “selección de segundo orden” y “la responsabilidad del punto medio” frente al carácter constitucional del principio de selección, el principio de legalidad como interdicción de la arbitrariedad y la seguridad jurídica de comparecientes y víctimas. Por último, la decisión adoptada por la Corte Constitucional resaltó que la garantía del principio de centralidad de las víctimas exige la aplicación de reglas claras, participación efectiva y coherencia con los fines de la justicia restaurativa incorporados por vía constitucional al sistema de justicia que administra la JEP. Este Tribunal precisó que este sistema debe orientarse a la reparación de las víctimas, la responsabilización consciente de los comparecientes y a la reconstrucción del tejido social, elementos que deben orientar toda interpretación normativa dentro de la JEP. La Corte subrayó que la justicia transicional restaurativa no puede encaminarse a la apertura de nuevos juicios individuales, sino que debe privilegiar los espacios dialógicos, de verdad y participación, en los que el reconocimiento de los hechos y la toma de conciencia sobre el daño garanticen la responsabilización restaurativa; e hizo un llamado a que las rutas actuales de la JEP, incluido el seguimiento régimen de condicionalidad. En este contexto, la Corte resaltó que el principio de centralidad de las víctimas exige profundizar en las dimensiones de verdad y reparación mediante rutas no sancionatorias, cuando se trata de partícipes no determinantes, en especial, mediante las dimensiones reparadoras del régimen de condicionalidad estricto, a través de la responsabilización, la contribución a la verdad y las diversas esferas de la reparación del sistema integral de paz, incluido el reconocimiento temprano de responsabilidad y la participación en trabajos, obras y actividades de contenido reparador, además de la necesaria articulación con la institucionalidad del Estado con funciones de reparación. Bases normativas del análisis de constitucionalidad Esta providencia incluye referencias a un amplio número de normas constitucionales, estatutarias, legales, doctrinales y jurisprudenciales. A continuación, se enumeran los principales precedentes constitucionales que orientaron el estudio del caso concreto. Precedentes constitucionales relevantes D Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 2018 . Esta sentencia estudió de manera integral y definitiva la constitucionalidad del proyecto de ley que condujo a la aprobación de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP, hoy Ley 1957 de 2018. Es la decisión más importante para el análisis constitucional del caso concreto, pues en ella se estudian a fondo los conceptos de selección, máximos responsables, la inclusión de la justicia restaurativa en el sistema de la JEP, el sistema de fuentes y el alcance del principio de legalidad en la transición, las funciones de salas y secciones y el sistema de sanciones, ya previsto desde el Acto Legislativo 01 de 2017. D Corte Constitucional. Sentencia C-674 de 2017 . En esta decisión, la Sala Plena de la Corte Constitucional analizó de manera integral y definitiva la constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, que creó el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Entre otros aspectos clave para el caso objeto de estudio, en ella la Corte se refirió a la inclusión del paradigma de justicia restaurativa en la JEP, al sistema de fuentes de la jurisdicción y el principio de legalidad, el principio constitucional y transicional de selección en la JEP, el juez natural y la existencia de una jurisdicción creada con posterioridad a la comisión de los crímenes que juzga, entre otros. D Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018 . Esta providencia estudió la constitucionalidad de la ley de amnistía, Ley 1820 de 2016. En ella se definieron aspectos de la relación entre la corte constitucional y el juez natural de la transición, así como el alcance del principio de legalidad. D Corte Constitucional. Sentencia C-579 de 2013 . Esta providencia estudió, en el marco de una demanda por sustitución de la Constitución, el artículo 66 transitorio de la Constitución, que define la selección como un elemento inherente de la justicia transicional y prevé la posibilidad de que el legislador estatutario defina tratamientos penales especiales con miras a propiciar soluciones negociadas al conflicto armado. D Corte Constitucional. Sentencia C-578 de 2002 . Analizó la constitucionalidad del tratado de Roma y su ley aprobatoria. Esta sentencia se utiliza en la providencia para estudiar el alcance del principio de responsabilidad en el marco de la investigación, juzgamiento y sanción de los crímenes más graves contra la humanidad. D Corte Constitucional. Sentencia SU-1184 de 2001 . Esta decisión analizó la competencia para juzgar a dos altos mandos militares por la Masacre de Mapiripán. La decisión avanzó en los conceptos de posición de garante y responsabilidad por omisión, razón por la cual fue utilizada en esta providencia para estudiar el alcance del principio de legalidad en materia de responsabilidad. D Corte Constitucional. Sentencias C-1052 de 2001 y C-802 de 2012 . En estas sentencias, la Corte Constitucional se refiere a los requisitos argumentativos de las demandas de constitucionalidad y a su alcance cuando la demanda se dirige contra interpretaciones de la ley contenidas en decisiones de los órganos de cierre. D Corte Constitucional. Sentencia C-557 de 2001 y C-802 de 2012 . Estas decisiones desarrollan el concepto de derecho viviente, que se refiere a la manera en que las normas legales son aplicadas en por los jueces y, en especial, por los órganos de cierre, de manera que constituyen el derecho viviente. D Corte Constitucional. Sentencias C-111 de 2023 y SU-388 de 2023 . Son pronunciamientos que establecieron la viabilidad de presentar acción pública de inconstitucionalidad contra sentencias interpretativas de la JEP. Tabla de contenido I. ANTECEDENTES . 9 1. Demanda . 9 2. Norma demandada . 9 3. Cargos admitidos 11 4. Intervenciones 12 5. Concepto del Ministerio Público . 13 6. Audiencia pública . 14 7. Sesión técnica con organizaciones de víctimas 22 II. PRIMERA PARTE. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS SOBRE EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS SENTENCIAS INTERPRETATIVAS DE LA JEP . 27 1. Premisas metodológicas 27 III. SEGUNDA PARTE. CUESTIONES DE COMPETENCIA, TRÁMITE Y PROCEDENCIA DEL CONTROL . 29 1. Competencia de la Corte Constitucional 29 2. Las sentencias interpretativas en el orden constitucional y transicional 30 3. La acción pública de inconstitucionalidad como mecanismo de control de sentencias interpretativas de la JEP . 31 4. Cosa juzgada constitucional 35 a. Reglas generales sobre la cosa juzgada constitucional 35 b. Posibilidad excepcional de dictar un nuevo pronunciamiento, ante la existencia de cosa juzgada constitucional 36 c. Inexistencia de cosa juzgada en el caso concreto . 37 5. Aptitud de la demanda . 38 a. La demanda presentada contra la Senit 5 cumple las cargas argumentativas necesarias para iniciar un estudio de fondo . 40 b. Ineptitud sobreviniente parcial del cargo quinto: violación del derecho al debido proceso, y de los principios de proporcionalidad e igualdad . 43 c. Ineptitud sobreviniente del cargo por violación del debido proceso por la exigencia de reconocer responsabilidad para los partícipes no determinantes que cuentan con una condena en firme de la justicia penal ordinaria . 45 6. Integración de la unidad normativa . 47 IV. PROBLEMAS JURÍDICOS . 48 V. TERCERA PARTE. JURISPRUDENCIA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES . 49 1. La justicia transicional restaurativa . 49 2. El principio de legalidad, generalidades, derecho penal y justicia transicional 53 a. El principio de legalidad como interdicción de la arbitrariedad y fundamento del estado de derecho . 53 b. Principio de legalidad, entre la configuración del Congreso y la interpretación judicial 57 c. Sobre la estructura del sistema, las funciones de sus órganos y la relación entre ley ordinaria y ley estatutaria . 58 d. Conclusiones sobre el principio de legalidad y el juez transicional 60 3. El principio constitucional y transicional de selección en la justicia transicional (artículos 66 transitorio de la Constitución Política, modificado por el artículo 3º transitorio Acto Legislativo 01 de 2017). 62 4. Los derechos de las víctimas, sus expectativas frente a mecanismos transicionales y los límites de la lucha contra la impunidad . 65 VI. CUARTA PARTE. ANÁLISIS DE LOS CARGOS . 69 1. Primer cargo. La selección de segundo orden como función de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y el principio de legalidad . 70 a. Síntesis de la discusión . 70 b. Análisis de fondo . 74 c. La “selección de segundo orden” no es equivalente a la selección individual 78 d. Contraargumentos relevantes 82 e. La competencia de la Sala de Definición de Situaciones Jurídica, en el sentido de realizar la selección de segundo orden . 88 2. Segundo cargo. La categoría de responsabilidad del punto medio desconoce al principio de legalidad (Artículo 29 CP y 10 de la Ley estatutaria de administración de justicia en la JEP), en relación con el principio constitucional y transicional de selección (Artículo 66 transitorio, modificado por el artículo 3 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017), debido a que su excesiva indeterminación es incompatible con la seguridad jurídica . 90 a. Síntesis de la discusión sobre la responsabilidad del punto medio y el principio de legalidad (demanda, posición de la JEP e intervenciones) 90 b. La responsabilidad del punto medio en la Senit 5 . 92 c. Análisis de fondo . 94 d. La responsabilidad del punto medio, como supuesto de aplicación por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para la remisión a la Unidad de Investigación y Acusación desconoce la interdicción de la arbitrariedad y el principio constitucional y transicional de selección . 96 e. El artículo 129 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP 96 f. Primer avance jurisprudencial: la responsabilidad del punto medio como criterio para la comprensión del daño y los aportes del compareciente (Senit 8) 100 g. La Senit 9, de las categorías normativas a los criterios heurísticos. 102 3. Tercer cargo. Violación del principio de legalidad en cuanto a la creación de la categoría dogmática intermedia entre la máxima responsabilidad y la participación no determinante, por ser de carácter abstracto y difuso . 103 a. Síntesis de la discusión sobre la excesiva vaguedad de la responsabilidad del punto medio y el principio de legalidad (demanda, posición de la JEP e intervenciones) 103 b. Precisión o indeterminación de la responsabilidad del punto medio . 104 c. Análisis de fondo. 105 4. Cuarto cargo. Violación del derecho al debido proceso y del marco constitucional del régimen de condicionalidad, pues no son claras las reglas aplicables a quienes, según la JEP, se encuentran el punto medio entre la máxima responsabilidad y la participación no determinante . 110 a. Síntesis de la discusión sobre la presunta violación al debido proceso por ausencia de reglas claras en la aplicación de la responsabilidad del punto medio (demanda, posición de la JEP e intervenciones) 110 b. La situación de los partícipes no determinantes que podrían hallarse en el punto medio de responsabilidad, de acuerdo con la Senit 5 y la Senit 8 . 111 c. Evaluación de las rutas descritas frente al debido proceso . 114 5. Quinto cargo. Violación del derecho al debido proceso y de los principios de igualdad y proporcionalidad de las sanciones en cuanto a la exigencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad a quienes no son máximos responsables, bajo la potencial consecuencia de ser remitidos a un trámite adversarial para determinar su responsabilidad . 117 a. Síntesis de la discusión (demanda, posición de la JEP e intervenciones) 117 b. Aclaración sobre el alcance del cargo, con base en el análisis de aptitud de la demanda 120 c. El tratamiento diferenciado entre los máximos responsables y los partícipes no determinantes objeto de la selección de segundo orden no vulnera el principio de igualdad 121 d. Análisis de fondo . 123 6. Precisiones finales: la sentencia como un espacio de dialogo constitucional, transicional y restaurativo . 128 a. La selección y la máxima responsabilidad en un sistema de justicia transicional restaurativo . 128 b. La aproximación basada en la justicia restaurativa y la centralidad de las víctimas 133 7. Alcance de la decisión . 136 VII. DECISIÓN .. 137 Anexo 1: Intervenciones ciudadanas 138 Anexo 2: Concepto del Ministerio Público . 151 I. ANTECEDENTES 1. Demanda 1. Los ciudadanos Humberto de la Calle Lombana y Sergio Jaramillo Caro presentaron acción pública de inconstitucionalidad contra la Sentencia Interpretativa n o . 5 (la “Senit 5”), proferida el 17 de mayo de 2023 por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz. Los demandantes cuestionaron la interpretación judicial sobre los artículos 19, 84 (parcial) y 129 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019, contenida en los párrafos n o . 67, 125, 126, 127, 128, 133, 137, 140 y 143 de la Senit 5. 2. Por auto de 28 de febrero de 2025, la magistrada sustanciadora admitió algunos cargos de la demanda e inadmitió los restantes. El 7 de marzo de 2025, los demandantes presentaron un escrito de corrección. Luego, el 25 de marzo de 2025, la magistrada sustanciadora profirió un auto que admitió los cargos corregidos y rechazó aquellos que no superaron el examen inicial de aptitud. 2. Norma demandada 3. A continuación, se transcriben los enunciados de la Senit 5 que fueron acusados por los demandantes: “JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ TRIBUNAL PARA LA PAZ SECCIÓN DE APELACIÓN Sentencia interpretativa TP-SA-Senit 5 de 2023 Sobre selección negativa, su apelación, la aplicación del artículo 129 de la LEJEP por la SRVR y la SDSJ, y el régimen de condicionalidad estricto Bogotá D.C., diecisiete (17) de mayo de 2023 […] II. FUNDAMENTOS […] 67. Si bien la obligación de la SRVR de investigar y procesar los crímenes más graves y representativos puede cesar al momento de ejercer su facultad de selección negativa, el deber de investigación continúa vigente para la JEP, pero está vez en cabeza de la SDSJ. De lo contrario, la SRVR quedaría cercada por los mismos avatares que han impedido a la justicia penal ordinaria avanzar en el procesamiento de los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos e infracciones graves del DIH. Esto es, la SRVR se vería atrapada en la lógica penal tradicional de procesar a cada compareciente por su responsabilidad individual en cada conducta delictiva relacionada con el CANI, lo que desnaturaliza la justicia transicional como sistema judicial concebido para el procesamiento de patrones, planes o políticas de macro criminalidad, en cuya base se encuentra la necesidad de esclarecer las estructuras delincuenciales que dieron lugar a la comisión de graves crímenes en desarrollo del conflicto armado. […] 125. Una de las posibles rutas para definir la situación jurídica de los no seleccionados consiste en la aplicación del artículo 129 Estatutario por parte de la SDSJ. Así como el artículo 19 Estatutario establece criterios de selección que deben ser observados tanto por la SRVR como por la SDSJ, el carácter facultativo de la aplicación del artículo 129 no se predica solo de la SRVR, sino también de la SDSJ. Es decir, los efectos normativos de esa disposición no se agotan en el procesamiento del macro caso ante la SRVR. La Sala de Definición también cuenta con la posibilidad de seleccionar a partícipes no determinantes que fueron excluidos por la Sala de Reconocimiento, siempre que sus aportes a la verdad sean insuficientes y no reconozcan responsabilidad, para remitirlos a la UIA con el fin de que se establezca su responsabilidad en un trámite adversarial. En el evento de que reconozcan responsabilidad antes de la sentencia de primera instancia podrían acceder a una pena alternativa conforme con el artículo 129 LEJEP o, en su defecto, se les impondrá pena ordinaria si llegan a ser vencidos en juicio. En ninguna hipótesis, los partícipes no determinantes seleccionados por la SDSJ podrán acceder a sanciones propias inferiores, tal como se detalla a continuación. 126. El artículo 129, como ha quedado sentado en las múltiples citas de esa norma, regula la situación de los partícipes no determinantes que pueden ser penados con sanciones propias o alternativas, “salvo que se trate de las hipótesis contempladas en el liberal h) del artículo 84 de esta ley”. El literal h) del artículo 84 Estatutario, por su parte, señala que la SDSJ debe definir la situación jurídica de los partícipes no determinantes que hayan intervenido en los casos más graves y representativos, mediante la renuncia a la persecución penal u otro mecanismo definitivo y no sancionatorio, siempre que el compareciente contribuya de manera eficaz al Sistema Integral de Paz, en particular, que satisfaga su obligación de aportar a la verdad plena, lo que incluye aceptar la propia responsabilidad. En tal sentido, el artículo 129 establece una excepción a la regla contenida en el literal h) del artículo 84 de la LEJEP. 127. A su vez, el literal c) del artículo 84 de la LEJEP (conc. art. 28, núm. 3, L 1820/16) establece que la SDSJ tiene facultades para seleccionar y priorizar a quienes no reconozcan verdad y responsabilidad. Es decir, la SDSJ puede priorizar y seleccionar a partícipes no determinantes que no fueron seleccionados por la SRVR. La Sección ha señalado que “la SRVR es titular exclusiva de la función de selección de primer orden, que consiste en determinar quiénes son y no son máximos responsables de los patrones de macrocriminalidad. A la SDSJ, por su parte, le corresponde una selección de segundo nivel, que se limita a señalar quiénes de los no seleccionados deben ser remitidos a la UIA, por no revelar verdad plena ni reconocer su responsabilidad. 128. Así, la jurisprudencia transicional y las disposiciones referidas delimitan un universo acotado de casos compuesto por partícipes no determinantes no seleccionados por la SRVR que son remitidos a la SDSJ. De ese universo, la SDSJ debe distinguir tres categorías de comparecientes: i) los que han aportado verdad y han reconocido responsabilidad; ii) los que han efectuado aportes insuficientes de verdad, pero no reconocen responsabilidad; y iii) los que no han aportado verdad y tampoco reconocen responsabilidad. El criterio relevante, según lo establecen las disposiciones aplicables, es el aporte a la verdad y el reconocimiento de responsabilidad para definir la ruta procesal aplicable a los partícipes no determinantes remitidos que no fueron seleccionados por la SRVR a efectos de continuar la acción penal (art. 129 LEJEP). A cada una de esas categorías le corresponde una ruta procesal como se pasa explicar. […] 133. Según los actos legislativos 01 de 2012 y 2017, la selección en escenarios de justicia transicional tiene reserva de ley estatutaria y, para los efectos de la JEP, los criterios pertinentes fueron desarrollados en el artículo 19 de la Ley 1957 de 2019. De manera que cuando la SDSJ ejerce la facultad de selección de segundo orden, debe acudir a las pautas previstas en esa norma, tal como debe hacerlo la SRVR para ejercer la selección y priorización. Si bien es cierto que se trata de los mismos criterios, la selección que adelanta la SDSJ es diferente a la que efectuó la SRVR. Mientras la SRVR lleva a cabo un ejercicio de selección global, la SDSJ puede seleccionar y priorizar individuos o agrupar comparecientes en función del patrón macrocriminal, pero solo dentro del universo de partícipes no determinantes que no reconocen responsabilidad. […] 137. En síntesis, la SDSJ está facultada -no obligada- a remitir a la UIA a personas no seleccionadas previamente por la SRVR cuando han cumplido con su deber de aportar verdad, aunque de forma insuficiente, pero no han reconocido responsabilidad por los hechos individuales, enmarcados en el patrón de macrocriminalidad, en los que se vieron involucradas. Lo anterior, solo en casos excepcionales, en los que la Sala determine que se cumplan de manera estricta los criterios de selección previstos en el artículo 19 de la Ley 1957 de 2019, relacionados con la suficiencia, relevancia e importancia para los fines de la transición del procesamiento adversarial de quienes no son máximos responsables de delitos graves. […] 140. El interés general en el descubrimiento de los patrones macrocriminales es lo que justifica la potestad excepcional de la SDSJ de seleccionar, en segundo orden, a partícipes no determinantes. Dentro del amplio espectro de la responsabilidad, algunas personas se ubican en un punto medio, entre la máxima responsabilidad y la participación no determinante. Por ello, su procesamiento mediante el trámite adversarial puede resultar pertinente para los fines de la transición. […] 143. Ahora bien, la SDSJ también puede establecer que no existen elementos de prueba que comprometan al compareciente. Como se dijo, no se trata de una remisión automática a la UIA de todo partícipe que no reconozca responsabilidad, sino que la SDSJ debe efectuar una valoración previa y sustentada para constatar si los aportes a la verdad son insuficientes, si existen pruebas que indiquen la eventual responsabilidad del compareciente y los fines de la transición aconsejan su procesamiento, conforme con los criterios del artículo 19 de la LEJEP. Si, por el contrario, el acervo probatorio no permite endilgarle ningún tipo de participación en los hechos, la Sala de Definición no hará uso de sus facultades de selección, sino que aplicará mecanismos anticipados de terminación del procedimiento. […]”. 3. Cargos admitidos 4. Los demandantes alegaron que las normas o fundamentos normativos demandados: (i) violan el principio de legalidad porque crean una facultad de “selección de segundo orden” en cabeza de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, sin ningún fundamento legal; (ii) desconocen la naturaleza del Acuerdo Final de Paz, al transitar hacia un modelo de investigación y juzgamiento caso a caso; (iii) trasgreden el principio de legalidad, al crear la “responsabilidad del punto medio”, una categoría de responsabilidad intermedia, ubicada entre los máximos responsables y los partícipes no determinantes; (iv) violan el debido proceso constitucional, al definir la función de “selección de segundo orden” en cabeza de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, sin reglas claras para adelantarla; y (v) vulneran el principio de proporcionalidad, al permitir que una persona que no es máximo responsable de los crímenes más graves y representativos sea sancionada de manera más estricta que a quienes sí tienen la condición de máxima responsabilidad. 5. Según los demandantes, la Corte Constitucional es competente para examinar la constitucionalidad de las normas demandadas, en el marco del derecho viviente y de acuerdo con lo dispuesto en las sentencias SU-388 de 2023 y C-111 de 2023. En dichas decisiones, la Corte señaló que la acción de tutela es improcedente para cuestionar sentencias interpretativas de la Sección de Apelación, pero indico que estas providencias sí están sujetas al control de la acción pública de inconstitucionalidad siempre que definan reglas abstractas. En criterio de los accionantes, la Senit 5 define reglas generales y abstractas y, por ende, procede la acción pública de inconstitucionalidad. 6. A continuación, se enlistan los cargos admitidos y los problemas jurídicos asociados a cada uno de ellos: Tabla 1. Presentación de la discusión. Cargos admitidos Primero Violación del principio de legalidad en cuanto a la asignación de competencias a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Segundo Violación del principio de legalidad por la creación de la categoría dogmática “punto intermedio de responsabilidad”, ubicada entre la máxima responsabilidad y la participación no determinante, por no estar prevista en el marco normativo de la JEP. Tercero Violación del principio de legalidad por el carácter abstracto y difuso de la categoría dogmática intermedia entre la máxima responsabilidad y la participación no determinante. Cuarto Violación del derecho al debido proceso y del marco constitucional del régimen de condicionalidad, pues no son claras las reglas aplicables a quienes, según la JEP, se encuentran en el punto medio entre la máxima responsabilidad y la participación no determinante; Quinto Violación del derecho al debido proceso, y de los principios de proporcionalidad e igualdad en cuanto a la exigencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad a quienes no son máximos responsables, bajo la potencial consecuencia de ser remitidos a un trámite adversarial para determinar su responsabilidad. 7. Los demandantes sostienen que la interpretación contenida en los párrafos citados se ha convertido en jurisprudencia reiterada y uniforme, pues ha utilizado en distintas decisiones de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, como la Resolución 3479 de 2023, la Resolución 763 de 2024 y la Resolución 3960 de 2024. 4. Intervenciones 8. En el auto del 25 de marzo de 2025, la magistrada sustanciadora decretó unas pruebas y ordenó la fijación en lista por diez días para las intervenciones ciudadanas. Durante el término, se recibieron trece escritos de las siguientes organizaciones, instituciones y universidades, cuyo contenido se expone, de manera amplia, en documento anexo a esta providencia (“ Anexo 1: Intervenciones ciudadanas ”) Tabla 2 . Intervenciones. Nombre Petición 1 Comisión Colombiana de Juristas Declarar la inexequibilidad de los párrafos demandados de la Senit 5. 2 Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) Declarar la inexequiblidad de los párrafos demandados de la Senit 5. 3 Defensoría del Pueblo Declarar la inexequiblidad de la interpretación judicial de la Senit 5 sobre los artículos 19, 84 (parcial) y 129 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019. 4 Observatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz (Observajep) Declarar la inexequibilidad de los párrafos demandados de la Senit 5. 5 Facultad de Derecho de la Universidad del Norte Declarar la inexequiblidad de los párrafos demandados de la Senit 5. 6 Centro Internacional por la Justicia Transicional Declarar la inexequiblidad de los párrafos demandados de la Senit 5. 7 Fiscalía General de la Nación Declarar la inexequibilidad de los párrafos 126, 128, 137, 140, 143 y 146 a 148 de la Senit 5 y la exequibilidad condicionada de los párrafos 67, 125, 127, 133 y 148 ibidem. 8 Observatorio de Derecho Constitucional de la Universidad Libre Declarar la exequibilidad de los párrafos demandados de la Senit 5. 9 Sección de Apelación del Tribunal para la Paz Inhibirse de emitir un fallo de fondo por inaptitud sustantiva de la demanda o, en subsidio, declarar la exequibilidad de los párrafos demandados de la Senit 5 10 Sala de Definición de Situaciones Jurídicas Sin peticiones. 11 Ministerio de Justicia y del Derecho Proferir la decisión que en derecho corresponda. 12 Instituto para las Transiciones Integrales Proferir la decisión que en derecho corresponda. 13 Human Rights Watch Proferir la decisión que en derecho corresponda. 5. Concepto del Ministerio Público [1] 9. En ejercicio de la función prevista en el artículo 278.5 de la Constitución Política, la Procuraduría General de la Nación solicitó declarar la inexequibilidad de las “reglas de interpretación” que se derivan de la Senit 5 [2] . 10. Luego de presentar una síntesis de los cargos formulados por los demandantes, el procurador señaló los motivos por los cuales estima que la Corte Constitucional es competente para fallar sobre la constitucionalidad de la Senit 5. Al respecto, para el Ministerio Público, la acción pública de inconstitucionalidad se dirige a cuestionar una interpretación judicial, reiterada y consistente de la Sección de Apelación acerca de la “selección de segundo orden”, lo que habilita el control por medio de la doctrina del derecho viviente. 11. Seguidamente, el procurador expuso su aproximación al principio de selección en el modelo de justicia transicional, las finalidades del régimen de condicionalidad y los principios constitucionales de legalidad, debido proceso e igualdad en la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, mencionó que la Sección de Apelación es competente para proferir sentencias interpretativas que precisen el sentido de las normas en el marco de la justicia transicional, que definan criterios de integración normativa o que unifiquen la jurisprudencia, pero estas también deben sujetarse a los límites de la legalidad, el debido proceso y el precedente constitucional. 12. La Procuraduría aclaró que abordó en conjunto todos los cargos. Bajo ese esquema, la autoridad determinó que las “reglas de interpretación” contenidas en la Senit 5 desconocen los artículos 6, 29, 121, 123.2 y 66 transitorio de la Constitución Política; así como los artículos 1 y 3 del Acto Legislativo 01 de 2017, al haberle conferido una facultad de “selección de segundo orden” a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para impulsar juicios adversariales contra partícipes no determinantes, en detrimento de los principios de legalidad, debido proceso e igualdad. 6. Audiencia pública 13. El 24 de octubre de 2025, la Corte Constitucional celebró una audiencia pública para dialogar acerca de la constitucionalidad de la Senit 5 y recaudar insumos de reflexión sobre el principio constitucional y transicional de selección en la justicia transicional, la “selección de segundo orden”, la “responsabilidad del punto medio”, la garantía a los derechos de las víctimas del conflicto armado y el deber de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves [3] . En este escenario intervinieron los demandantes, expertas y expertos académicos, representantes de autoridades públicas y funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz. 14. El demandante Sergio Jaramillo Caro afirmó que la firma del Acuerdo Final de Paz y la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz son legados que deben cuidarse. Expuso que el principio de selección es esencial al componente de justicia transicional porque permite concentrar los esfuerzos investigativos en los máximos responsables de los delitos más graves a una medida que permita satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado dentro de un plazo razonable. Luego, el demandante señaló que la Senit 5 alteró el modelo judicial que pactaron los firmantes del Acuerdo Final de Paz, al introducir una competencia de “selección de segundo orden” en cabeza de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. En su criterio, esa figura no se ajusta a los términos acordados, al tiempo que prolonga la finalización del período transicional y hace posible la imposición de sanciones privativas de la libertad a comparecientes que deberían beneficiarse de un tratamiento diferenciado. 15. El demandante Humberto de la Calle Lombana señaló que, durante las negociaciones del Acuerdo Final de Paz en La Habana, el principio de selección y el reparto de competencias para el componente de justicia transicional fueron ampliamente concertados. Según su explicación, el pacto no contempló ninguna “selección de segundo orden” ni categorías intermedias de responsabilidad, por lo que no era admisible que la Senit 5 desfigurara los elementos esenciales del acuerdo bajo la apariencia de interpretaciones procedimentales que, en la práctica, conducen a valoraciones ineficaces de responsabilidad, caso a caso . Además, para el demandante, el cumplimiento de lo estipulado en el Acuerdo Final de Paz es un mandato constitucional y un presupuesto para proteger a las víctimas del conflicto armado, lograr resultados oportunos, afianzar la seguridad jurídica y sostener una paz duradera. 16. El expresidente de la República Juan Manuel Santos Calderón sostuvo que el diseño del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición estuvo centrado en las víctimas del conflicto armado. Según su explicación, el Acuerdo Final de Paz estipuló un componente de justicia transicional bajo un modelo basado en la selección, priorización y concentración, a diferencia de valoraciones caso a caso. Lo anterior, con el propósito de evitar congestiones, ordenar los esfuerzos institucionales y ofrecer resultados consistentes y oportunos para las víctimas. 17. El magistrado Rodolfo Arango Rivadeneira de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz señaló que la Senit 5 no modifica la esencia de la selección, la máxima responsabilidad ni la participación no determinante. En su criterio, las normas cuestionadas tan solo introdujeron un criterio heurístico del “punto medio” para orientar la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en el ejercicio de la “selección de segundo orden”. Según explicó, esa facultad solo se activa para los partícipes no determinantes que no reconozcan responsabilidad, en situaciones en las que su procesamiento es relevante para evitar escenarios de impunidad, garantizar los derechos de las víctimas y contribuir al esclarecimiento de los patrones macro criminales. 18. Para el magistrado, el Acuerdo Final de Paz sí considera un nivel medio entre la participación no determinante y la máxima responsabilidad, no como categoría sancionatoria, sino como herramienta interpretativa necesaria para dar un efecto útil a las facultades previstas en los artículos 19, 84(c) y 129 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019, sin que implique transitar hacia una lógica contraria al principio de selección y los objetivos de la justicia transicional. Adicionalmente, el interviniente indicó que el incidente de incumplimiento al régimen de condicionalidad tiene una finalidad distinta a la “selección de segundo orden”, pues esta última permite activar la vía adversarial cuando se evidencian aportes insuficientes a la verdad o evidencias significativas de responsabilidad. 19. Por último, el vocero de la Sección de apelación de la JEP expuso que las sentencias Senit 8 y 9 han precisado y complementado los criterios desarrollados en la Senit 5, especialmente, en relación con el aporte a la verdad plena, la eventual vinculación a trabajos, obras o actividades con contenido reparador o restaurador, la “selección de segundo orden” y las posibles rutas procesales de los partícipes no determinantes. A su juicio, esas decisiones reflejan la evolución del derecho viviente en la Jurisdicción Especial para la Paz y buscan garantizar coherencia jurisprudencial, la seguridad jurídica y la eficacia en la transición. 20. El asesor en política criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho , Rodrigo Roncallo Cuervo, afirmó que la persecución penal en la justicia transicional está destinada a garantizar verdad, responsabilidad y no repetición mediante una selección de los crímenes más graves y representativos. El asesor señaló que el éxito de la justicia transicional no se mide por el volumen o extensión de las condenas, sino por la densidad y calidad de la verdad producida, toda vez que la persecución penal masiva es materialmente imposible y constitucionalmente indeseable en contextos de violencia sistemática. Además, en su criterio, el debate en torno a la Senit 5 refleja un dilema inherente a la justicia transicional, sobre cómo deben investigarse y sancionarse las conductas más graves sin desbordar las capacidades institucionales ni desnaturalizar el enfoque restaurativo. Para el interviniente, la respuesta está en preservar un equilibrio razonable entre la responsabilidad individual y la reconstrucción colectiva. 21. La defensora del Pueblo , Iris Marín Ortiz, solicitó estarse a lo resuelto en la Sentencia C-080 de 2018 y, subsidiariamente, declarar la inexequibilidad de las interpretaciones contenidas en la Senit 5. En su concepto, la Corte Constitucional se pronunció con efectos de cosa juzgada sobre el proyecto de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 y encontró que la Sala de Reconocimiento tiene la competencia global de selección positiva (esto es, definir quiénes asumirán la responsabilidad por los crímenes), mientras que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas solo aplica una selección posterior negativa, y verifica el cumplimiento al régimen de condicionalidad sobre los casos remitidos por la Sala de Reconocimiento. 22. Para la Defensoría del Pueblo, el marco legal, estatutario y constitucional para la paz no contempla un procedimiento detallado de recepción de verdad para conceder la renuncia a la persecución penal ni una facultad de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para revocar la selección negativa de la Sala de Reconocimiento. Sin embargo, según explicó, la Senit 5 creó un nuevo procedimiento para definir situaciones jurídicas y una nueva categoría de comparecientes, lo que desfigura el modelo de judicialización de la Jurisdicción Especial para la Paz y desconoce el principio de pacta sunt servanda o cumplimiento de buena fe del Acuerdo Final de Paz, al tiempo que vulnera los derechos a legalidad y la seguridad jurídica de comparecientes y víctimas. 23. El magistrado y presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas , Pedro Elíaz Díaz Romero, se pronunció sobre las competencias del órgano y la “selección de segundo orden”. La autoridad judicial destacó que su mandato es naturalmente dinámico y dialógico, lo que exige adaptar la interpretación normativa a las necesidades de la transición, en observancia del principio de centralidad de las víctimas y de la estricta temporalidad. Según explicó, la sala está encargada de definir la situación jurídica de comparecientes que no han sido seleccionados por la Sala de Reconocimiento como máximos responsables, lo que incluye: (i) evaluar aportes a la verdad para determinar si procede la renuncia a la persecución penal ; (ii) iniciar incidentes de incumplimiento al régimen de condicionalidad; (iii) expulsar comparecientes cuando sea necesario; y (iv) excepcionalmente, activar la “ selección de segundo orden” para remitir casos a la Unidad de Investigación y Acusación. 24. Sobre la “ responsabilidad cercana a la máxima” , el magistrado aclaró que no constituye una categoría jurídica autónoma ni modifica los criterios de responsabilidad penal, sino que se trata únicamente de un criterio hermenéutico dispuesto en las Senit 5, 8 y 9 para delimitar la facultad excepcional de “selección de segundo orden”. 25. El director de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación , Juan Carlos Arias Duque, sostuvo que la “selección de segundo orden” no se ajusta a la Constitución Política porque implica una categoría de comparecientes que no está contemplada en la Ley Estatutaria 1957 de 2019 ni en la jurisprudencia constitucional. Por lo tanto, en su criterio, los párrafos demandados de la Senit 5 alteran las competencias de los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz y comprometen la seguridad jurídica, motivo por el cual la Corte Constitucional debe restablecer la coherencia del modelo. 26. Adicionalmente, la autoridad indicó que las decisiones interpretativas de la Sección de Apelación han creado figuras como la “responsabilidad cercana a la máxima”, que también carecen de fundamento legal. Según explicó, esas categorías multiplican las rutas procesales, generan un universo adicional de comparecientes y profundizan la dispersión y fragmentación en la definición de situaciones jurídicas, lo cual entorpece el cierre judicial y dificulta el cumplimiento del deber estatal de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos. En consecuencia, la Fiscalía General solicitó integrar la unidad normativa con otros párrafos de las Senit 5, 8 y 9. 27. El director de la Unidad de Investigación y Acusación , Giovani Álvarez Santoyo, se pronunció sobre el principio de centralidad de las víctimas en el Acuerdo Final de Paz, la estricta temporalidad de la Jurisdicción Especial para la Paz y las competencias de los órganos jurisdiccionales. Para el interviniente, la Ley Estatutaria 1957 de 2019 contempló una facultad de selección a cargo la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. 28. La autoridad judicial señaló que la Senit 5 no ha impactado las cargas de trabajo ni el mandato temporal de la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo anterior, por cuanto la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas solo ha remitido tres casos a la Unidad de Investigación y Acusación y dos fueron devueltos por no cumplirse los requisitos de la Senit, lo que evidencia el carácter extraordinario de la figura enjuiciada. 29. El magistrado y presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli Arteaga , sostuvo que el Acuerdo Final de Paz es un documento de naturaleza política, pero no un parámetro jurídico de control de la Senit 5. En ese sentido, el magistrado advirtió que el Acuerdo Final de Paz contiene vacíos normativos y que la actuación de la Jurisdicción Especial para la Paz debe ajustarse a los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Asimismo, la autoridad judicial precisó que es necesario distinguir entre la verdad sobre los patrones macro criminales y la verdad sobre los hechos concretos, pues esta última solo la poseen los mandos medios o quienes no son máximos responsables. 30. Por otra parte, el magistrado señaló que la Jurisdicción Especial para la Paz ha priorizado el juzgamiento a los máximos responsables, pero ello no implica que se deban dejar de investigar a los no-máximos responsables, cuando así lo exigen los estándares internacionales de lucha contra la impunidad y las víctimas del conflicto armado. Además, para el interviniente, la “selección de segundo orden” no desborda las competencias de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas porque está respaldada por una planeación estratégica. Finalmente, la autoridad judicial indicó que las Senit 8 y 9 deben integrarse al examen de constitucionalidad sobre la Senit 5, puesto que solo así podrán superarse los reproches planteados por los demandantes. 31. El ciudadano Rodrigo Londoño Echeverri solicitó restablecer los límites del poder interpretativo del Tribunal para la Paz. Él afirmó que el Acuerdo Final de Paz, del que formó parte como negociador y firmante, posicionó a las víctimas del conflicto armado en el corazón del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Luego, el interviniente señaló que la Senit 5 creó una nueva categoría intermedia de responsabilidad que en ningún momento se pactó en el acuerdo, lo que afecta la estabilidad del instrumento de paz, modifica el sentido de lo pactado y debilita la confianza en el proceso. Además, para Rodrigo Londoño Echeverri, la Jurisdicción Especial para la Paz no es una instancia creadora de derecho, pues su papel se circunscribe a interpretar comprensivamente y con buena fe el Acuerdo Final de Paz. 32. La abogada Paola Moyano Ayala del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia sostuvo que la interpretación judicial contenida en la Senit 5 es contraria a los elementos esenciales del Acuerdo Final de Paz y el Acto Legislativo 2 de 2017. En su criterio, el modelo de la Jurisdicción Especial para la Paz está basado en la concentración de la persecución penal en los máximos responsables de los hechos más graves y representativos. Así, para la interviniente, la “selección de segundo orden” se aparta de una interpretación fiel y restrictiva del acuerdo; genera incertidumbre para los comparecientes; crea rutas procesales que comprometen la estricta temporalidad y dispersa los esfuerzos institucionales. 33. Por otra parte, Dejusticia aseguró que la hermenéutica del Acuerdo Final de Paz debe guiarse por el principio de pacta sunt servanda y los criterios de prevalencia de la intención y de la interpretación útil. En ese sentido, el centro destacó que el Acto Legislativo 2 de 2017 impone un deber a todas las autoridades de actuar con coherencia e integralidad respecto de lo acordado, lo que limita el margen de interpretación creativa en aspectos esenciales, como el principio de selección y el modelo sancionatorio. 34. El representante del Fondo de Defensa Técnica de la Fuerza Pública - Fondetec , Raúl Alfonso Gutiérrez Romero, expuso que la Senit 5 estaba destinada a suplir algunas lagunas sobre la selección negativa y el régimen de condicionalidad de comparecientes no seleccionados, pero el alcance de la interpretación ahí contenida excedió los márgenes de acción de la Sección de Apelación, invadió las competencias del legislador estatutario y generó cargas procesales más gravosas para los comparecientes no seleccionados. Según el interviniente, las normas acusadas introdujeron un modelo de “justicia de gestión” que le otorga una facultad a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para valorar la responsabilidad de los comparecientes no seleccionados. A su juicio, esta nueva configuración diluye las diferencias entre máximos responsables y comparecientes no seleccionados, pues les impone unos deberes muy similares en materia de verdad, reconocimiento y reparación para permanecer en el sistema transicional. 35. La profesora María Paula Saffón de la Universidad Torcuato di Tella explicó que, en ausencia de herramientas de selección y priorización, los tribunales transicionales no concentran sus esfuerzos en los casos más graves cometidos por los máximos responsables. Según la intervención, los tribunales con competencias subsidiarias o temporalmente limitadas ( v.gr ., el Tribunal de Núremberg, el Tribunal para la ex Yugoslavia y la Corte Penal Internacional) sí suelen emplear esas herramientas para racionalizar la persecución penal. 36. Para la interviniente, la “selección de segundo orden” conduce a valoraciones del caso a caso que amenazan la estabilidad del Acuerdo Final de Paz, desconocen las funciones de la Sala de Reconocimiento y contravienen el principio de estricta temporalidad. En esa medida, la profesora reconoció que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas puede seleccionar y priorizar, pero solo en aquello que contribuya a la justicia restaurativa. En su criterio, la “selección de segundo orden” solo debería proceder ante graves errores en la selección negativa, con apoyo en metodologías transparentes que agrupen casos y que eviten la dilación procesal. Además, ella sugirió que los comparecientes beneficiarios de la renuncia a la persecución penal deberían participar en los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador. 37. El profesor René Urueña Hernández de la Universidad de los Andes sostuvo que, en el Derecho Penal Internacional, los casos no seleccionados por las cortes pueden igualmente someterse a la justicia nacional; en cambio, en la Jurisdicción Especial para la Paz no existe una instancia análoga. Luego, el interviniente destacó que la selección puede alcanzar un equilibrio con los derechos de las víctimas mediante la participación procesal de aquellas, el uso de mecanismos de reparación para casos no seleccionados y la actividad coordinada con órganos no judiciales, como las comisiones de la verdad. Según explicó, en un examen del 2021, la Corte Penal Internacional concluyó que la Jurisdicción Especial para la Paz estaba ejerciendo sus funciones genuinamente, lo que demuestra que enfocar los esfuerzos en los máximos responsables es válido a nivel internacional, siempre que se preserve el deber de justicia. 38. El profesor recordó que la controversia que ocupa a la Corte surge por un desacuerdo de interpretación jurídica: mientras que los demandantes alegan una violación al principio de legalidad con ocasión de un giro hacia un modelo de investigación caso a caso , la Sección de Apelación defiende que la Senit 5 solo dio cumplimiento efectivo al artículo 129 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019. Así, en su criterio, la interpretación de la Sección de Apelación es una postura plausible desde el punto de vista del derecho penal internacional, por lo que debe respetarse la autonomía interpretativa de la Jurisdicción Especial para la Paz. 39. La directora del Programa para Colombia del Centro Internacional por la Justicia Transicional , María Camila Moreno, expuso que los desarrollos jurisprudenciales de la Jurisdicción Especial para la Paz deben promover su legitimidad institucional e impulsar la finalización del conflicto armado. En su criterio, cualquier interpretación que conduzca a que se despliegue una investigación sobre hechos individualmente considerados implica un desconocimiento del principio de selección, que es un elemento definitorio del modelo transicional. A partir de las experiencias de los Tribunales de Nuremberg, Camboya, ex Yugoslavia y la Corte Penal Internacional, la interviniente describió la manera en que los mecanismos de selección en contextos transicionales permiten concentrar esfuerzos de investigación y judicialización en determinados responsables, así como identificar patrones de criminalidad dentro de las estructuras criminales, en especial, cuando se trata de “crímenes de sistema”. 40. La directora de la Comisión Colombiana de Juristas , Ana María Rodríguez Valencia, sostuvo que la interpretación contenida en la Senit 5 vulnera el principio de legalidad, la reserva de ley estatutaria y la estructura institucional del sistema transicional, por cuanto desvirtúa el modelo de selección pactado en el Acuerdo Final, afecta la seguridad jurídica y pone en riesgo las finalidades restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz. 41. Para la comisión, las obligaciones del Acuerdo Final de Paz están fundadas en los principios de buena fe y pacta sunt servanda , con fuerza vinculante para las part