Sentencia C-273 de 2026

C-273-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL -Sala Plena- SENTENCIA C-273 de 2026 Expediente: D-17.205 Demandante: Jaime Alejandro Mira Otálvaro Asunto: Acción pública de inconstitucionalidad en contra de la expresión: “sin haber obtenido el título respectivo”, prevista en el artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971, “Por el cual se dicta el Estatuto del ejercicio de la abogacía”. Magistrado Ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en el artículo 241 de la Constitución y en el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA dentro del proceso adelantado, en los términos de los artículos 40.6, 241.4 y 242 de la Constitución y del Decreto Ley 2067 de 1991, con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Jaime Alejandro Mira Otálvaro contra la expresión: “sin haber obtenido el título respectivo”, prevista en el artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971, “ [p] or el cual se dicta el Estatuto del ejercicio de la abogacía.” Síntesis de la decisión La demanda. En esta oportunidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional estudió una acción pública de inconstitucionalidad formulada en contra de la expresión “sin haber obtenido el título respectivo” , prevista en el artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971, “Por el cual se dicta el Estatuto del ejercicio de la abogacía.” Según esa norma, quien haya terminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho puede ejercer la profesión de abogado sin haber obtenido el título respectivo, hasta por dos años improrrogables, en los asuntos expresamente señalados por el Legislador, por medio de la figura de la licencia temporal. El demandante sostuvo que la norma acusada genera un trato diferenciado injustificado entre dos grupos materialmente comparables: de un lado, los egresados no graduados de derecho, quienes pueden acceder a la licencia temporal; y, de otro, los abogados titulados que aún no cuentan con tarjeta profesional por no haber presentado o aprobado el Examen de Estado introducido por la Ley 1905 de 2018, quienes no pueden acceder a dicho mecanismo bajo ninguna modalidad. A su juicio, esta situación configura una vulneración del derecho a la igualdad (art. 13 C.P.), en tanto ambos grupos comparten una condición relevante frente a la finalidad de la licencia temporal: han culminado satisfactoriamente sus estudios de derecho, pero aún no han accedido al régimen ordinario de habilitación profesional. Cuestiones previas. Como cuestiones previas, la Sala Plena constató la vigencia de la norma demandada y descartó que hubiera operado su derogatoria tácita por la expedición de la Ley 1905 de 2018. Encontró, además, que el cargo formulado satisface las exigencias de aptitud sustantiva, incluida la carga argumentativa especial exigida para los cargos por violación del derecho a la igualdad. Finalmente, estableció que no se configura cosa juzgada constitucional respecto de las Sentencias C-034 de 1997, C-025 de 1998 y C-744 de 1998, pues, aunque algunas de estas providencias examinaron la misma disposición, no existe identidad en la causa y el contexto normativo relevante para el juicio de igualdad. En concreto, fueron proferidas con anterioridad a la Ley 1905 de 2018, que modificó sustancialmente el régimen de habilitación profesional. Elementos de juicio. Para resolver el cargo, la Sala reconstruyó la evolución del régimen de habilitación profesional, desde el Decreto Ley 196 de 1971 hasta la Ley 1905 de 2018, y examinó cómo esta última modificó la función que cumplía el título profesional dentro de dicho régimen. Aunque el título continúa siendo un elemento relevante para el ejercicio de la abogacía, dejó de coincidir necesariamente con el acceso al régimen ordinario de habilitación profesional, pues, para los destinatarios de la Ley 1905 de 2018, la aprobación del Examen de Estado constituye un requisito adicional para la obtención de la tarjeta profesional en los supuestos previstos por esa ley. Análisis sobre el tertium comparationis. Con fundamento en ese análisis, la Sala Plena concluyó que los grupos identificados por el demandante son materialmente comparables, pues tanto los egresados sin título como los abogados titulados sin tarjeta profesional se encuentran, frente a la finalidad de la licencia temporal, fuera del régimen ordinario de habilitación profesional, aunque por razones jurídicas distintas, y la disposición acusada les da un tratamiento diferenciado al permitir el acceso a la licencia temporal únicamente a los primeros. Juicio integrado de igualdad. Para establecer si la diferencia de trato tiene o no justificación constitucional, la Sala aplicó un juicio integrado de igualdad de intensidad intermedia y concluyó que la norma demandada no lo supera. Si bien la exclusión de los abogados titulados respondía a una finalidad constitucionalmente importante dentro del diseño original del Decreto Ley 196 de 1971, la incorporación del Examen de Estado mediante la Ley 1905 de 2018 modificó de manera sustancial el régimen de acceso a la profesión, sin que el Legislador armonizara la regulación de la licencia temporal con ese nuevo requisito. Como consecuencia de ello, el criterio de diferenciación dejó de ser efectivamente conducente para alcanzar la finalidad perseguida y terminó imponiendo una restricción desproporcionada al derecho a la igualdad de los abogados titulados que aún no cuentan con tarjeta profesional. Conclusión. En definitiva, la Corte concluyó que la inconstitucionalidad de la norma demandada no radica en permitir el acceso de los egresados sin título a la licencia temporal, sino en excluir de ese régimen excepcional a los abogados titulados que todavía no cuentan con tarjeta profesional por no haber presentado o aprobado el Examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018. Por tal razón, declaró exequible la expresión “sin haber obtenido el título respectivo”, contenida en el artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971, bajo el entendido de que la licencia temporal también podrá ser solicitada por quienes hayan obtenido el título de abogado y aún no cuenten con tarjeta profesional por no haber presentado o aprobado el Examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018. De esta forma se superó la infrainclusión identificada sin desnaturalizar la licencia temporal ni sustituir al Legislador en la regulación de sus condiciones materiales y temporales, y sin que la obtención del título dé lugar a un nuevo término de licencia o reinicie o amplíe el término máximo de dos años previsto en el artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971. I. ANTECEDENTES Trámite procesal 1. El 20 de enero de 2026, el ciudadano Jaime Alejandro Mira Otálvaro presentó demanda de inconstitucionalidad en contra de la norma enunciada en la expresión: “sin haber obtenido el título respectivo” , contenida en el artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971, por considerar que es incompatible con lo previsto en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991. 2. Mediante Auto del 13 de febrero de 2026, el magistrado sustanciador admitió la demanda de inconstitucionalidad. En dicha providencia dispuso: (i) comunicar el inicio del proceso al Presidente de la República, al Ministro de Justicia y del Derecho y al Ministro de Defensa, para que, si lo estimaban pertinente, intervinieran defendiendo la constitucionalidad de la norma acusada; (ii) fijar en lista el proceso para garantizar la participación ciudadana; y, (iii) correr traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor dentro del trámite constitucional. Además, se invitó a rendir un concepto técnico especializado a la Defensoría del Pueblo, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas y a las Facultades de Derecho de las Universidades de los Andes, Antioquia, Cartagena, Externado de Colombia, Javeriana, Nacional, del Norte, del Rosario, del Cauca, Libre, Pontificia Bolivariana y Sergio Arboleda. La norma demandada 3. El texto del artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971, con lo demandado en subrayas, es el siguiente: “Decreto Ley 196 de 1971 (Febrero 12) [1] Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía El Presidente de la República de Colombia En uso de las facultades extraordinarias que le confiere la ley 16 de 1968, y atendido el concepto de la comisión asesora establecida en ella, (...) ARTÍCULO 31. La persona que haya terminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho en universidad oficialmente reconocida podrá ejercer la profesión de abogado sin haber obtenido el título respectivo , hasta por dos años improrrogables, a partir de la fecha de terminación de sus estudios, en los siguientes asuntos: a) En la instrucción criminal y en los procesos penales, civiles y laborales de que conozcan en primera o única instancia los jueces municipales o laborales, en segunda, los de circuito y, en ambas instancias, en los de competencia de los jueces de distrito penal aduanero; b) De oficio, como apoderado o defensor en los procesos penales en general, salvo para sustentar el recurso de casación y, c) En las actuaciones y procesos que se surtan ante los funcionarios de policía.” [2] La demanda 4. El actor sostiene que la disposición acusada configura un trato diferenciado injustificado entre dos grupos que, a su juicio, son materialmente comparables: (i) los egresados no graduados de la carrera de derecho, quienes pueden ejercer de manera limitada la representación judicial de terceros mediante la figura de la licencia temporal, y (ii) los abogados titulados que no cuentan con tarjeta profesional, quienes no pueden ejercer dicha representación en ningún caso. 5. Para sustentar esta afirmación, explica que ambos grupos comparten elementos relevantes de identidad: han aprobado la totalidad del plan de estudios de derecho y, por tanto, cuentan con una formación académica suficiente; además, ninguno ha cumplido con la totalidad de los requisitos de idoneidad exigidos por el ordenamiento jurídico para el ejercicio pleno de la profesión, de manera específica, la obtención de la tarjeta profesional. En ese sentido, considera que la única diferencia entre ellos radica en la obtención formal del título profesional, lo cual no implica una diferencia sustancial en términos de capacidad o idoneidad para asumir la representación judicial en los asuntos de menor complejidad previstos en la norma. 6. A partir de lo anterior, el actor aplica el juicio integrado de igualdad y concluye, en primer lugar, que los grupos comparados son asimilables; en segundo lugar, que la norma establece un trato desigual, en tanto permite a los egresados no graduados litigar en ciertos casos, pero lo prohíbe de manera absoluta a los abogados titulados sin tarjeta profesional; y, en tercer lugar, que dicha diferencia de trato carece de justificación constitucional, pues no persigue una finalidad legítima ni resulta adecuada, necesaria o proporcional. 7. El demandante destaca que esta situación normativa se ha generado con la expedición de la Ley 1905 de 2018, que introdujo como requisito adicional para el ejercicio de la abogacía la aprobación de un Examen de Estado para la obtención de la tarjeta profesional. A su juicio, esta modificación alteró sustancialmente el contexto en el cual fue expedido el Decreto Ley 196 de 1971 y dio lugar a la aparición de un nuevo grupo: los abogados titulados sin tarjeta profesional, que no existía en el momento en que la Corte Constitucional analizó previamente la disposición demandada. 8. En este nuevo escenario, afirma que se genera un “vacío” o “limbo” en el ejercicio profesional, pues los abogados titulados que se encuentran a la espera de presentar o aprobar el examen de Estado no pueden ejercer la representación judicial de terceros bajo ninguna modalidad, mientras que los egresados no graduados sí pueden hacerlo de forma limitada mediante la licencia temporal. Esta situación, en criterio del actor, resulta irrazonable, en tanto termina por restringir en mayor medida a quienes han culminado su proceso de formación profesional. 9. Adicionalmente, señala que la medida no solo afecta a los abogados titulados sin tarjeta profesional, sino que también puede tener impactos negativos en el acceso a la administración de justicia, especialmente para personas de escasos recursos, al reducir el número de sujetos habilitados para asumir la representación en asuntos de menor cuantía. 10. En relación con la cosa juzgada constitucional, el demandante reconoce que la Corte Constitucional se ha pronunciado previamente sobre el artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971. No obstante, aduce que en el presente caso no opera una cosa juzgada, debido a la modificación del contexto normativo introducida por la Ley 1905 de 2018, lo que justificaría un nuevo pronunciamiento de fondo por parte de la Corte. 11. Con fundamento en lo anterior, solicita a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad de la expresión demandada. De manera subsidiaria, pide que se declare su exequibilidad condicionada, bajo el entendido de que la licencia temporal prevista en la norma también sea aplicable a los abogados titulados que se encuentren en proceso de obtención de la tarjeta profesional. Las i ntervenciones 12. En el presente proceso intervinieron el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el Observatorio Externadista de la Justicia Constitucional y la Universidad Nacional de Colombia. 13. El Consejo Superior de la Judicatura, por conducto de su presidenta, pide a la Corte que se declare la exequibilidad de la expresión acusada. Tras exponer el marco normativo aplicable, incluyendo sus competencias constitucionales y legales, así como la regulación sobre la expedición de licencias temporales y tarjetas profesionales, delimita el problema jurídico en los mismos términos planteados por el demandante: la pretendida existencia de un trato desigual entre egresados no graduados, que pueden litigar con licencia temporal, y abogados titulados sin tarjeta profesional, que no pueden hacerlo. 14. No obstante, el Consejo considera que el cargo carece de fundamento por varias razones. En primer lugar, sostiene que el criterio de comparación es inadecuado, pues los grupos confrontados no son equivalentes. A su juicio, los egresados no graduados que acceden a la licencia temporal se encuentran en una etapa formativa y bajo un régimen excepcional de carácter pedagógico y transitorio, orientado a facilitar su tránsito hacia el ejercicio profesional. En contraste, los abogados graduados sin tarjeta profesional están sometidos al régimen general de habilitación profesional, en el cual la tarjeta, previa aprobación del examen de Estado, constituye el requisito indispensable para representar a terceros. Por tanto, se trata de situaciones jurídicas distintas, con finalidades diferentes. 15. En segundo lugar, afirma que el supuesto trato desigual no es atribuible a la expresión demandada, sino al régimen previsto en la Ley 1905 de 2018. Según explica, la frase acusada no establece una prohibición para los abogados graduados, sino que simplemente delimita el ámbito de aplicación de la licencia temporal. La imposibilidad de que los abogados sin tarjeta profesional representen a terceros deriva de la exigencia legal de contar con tarjeta profesional, no de la norma acusada. 16. En tercer lugar, el Consejo rechaza la tesis según la cual existirían “niveles intermedios de idoneidad” que obliguen a extender la licencia temporal a los abogados graduados. Si bien el legislador puede establecer excepciones para permitir actuaciones restringidas sin título profesional, ello no implica que deba crear o ampliar tales excepciones frente a nuevas categorías surgidas de reformas normativas posteriores. Asimismo, descarta que el cambio normativo introducido por la Ley 1905 de 2018 genere una inconstitucionalidad sobreviniente. A su juicio, dicha ley no alteró la finalidad ni el alcance de la licencia temporal, sino que reforzó el control de idoneidad para el ejercicio profesional, en desarrollo de la potestad de configuración del legislador prevista en el artículo 26 de la Constitución. 17. En este sentido, considera que la diferencia de trato está constitucionalmente justificada, en tanto responde a finalidades legítimas, como la protección del interés general y la garantía de idoneidad en el ejercicio de la abogacía, reconocidas por la jurisprudencia constitucional. 18. Por último, frente a la pretensión subsidiaria de exequibilidad condicionada, el Consejo estima que esta no plantea una interpretación conforme, sino una modificación del contenido normativo, al pretender extender la licencia temporal a un grupo no previsto por el legislador, lo cual excede el ámbito del control abstracto de constitucionalidad. En definitiva, el Consejo Superior de la Judicatura considera que la disposición demandada se ajusta a la Constitución, ya que no vulnera el principio de igualdad, sino que hace parte de un diseño normativo escalonado y coherente del acceso al ejercicio de la profesión de abogado. 19. El Ministerio de Justicia y del Derecho, por conducto del Director de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, pide a la Corte que se declare la exequibilidad de la expresión acusada. Para tal efecto, aduce que no existe cosa juzgada constitucional que impida un pronunciamiento de fondo. Explica que las sentencias C-034 de 1997 y C-025 de 1998 analizaron apartes distintos de la disposición demandada, mientras que la Sentencia C-744 de 1998 estudió el artículo 31 desde cargos relacionados con los artículos 25, 26, 53, 93 y 94 de la Constitución, pero no desde la perspectiva del derecho a la igualdad prevista en el artículo 13 superior. 20. Luego, formula el problema jurídico del caso en los siguientes términos: determinar si la expresión demandada vulnera el principio de igualdad al establecer un trato diferenciado injustificado entre los egresados de derecho no graduados, quienes pueden ejercer temporalmente la representación judicial de terceros mediante licencia temporal, y los abogados ya graduados que aún no cuentan con tarjeta profesional, a quienes no se les permite acceder a dicha habilitación provisional. 21. El ministerio desarrolla el concepto de riesgo social asociado al ejercicio de la abogacía, particularmente en actividades de representación judicial de terceros. Con fundamento en las Sentencias C-138 de 2019 y C-594 de 2019, indica que la representación judicial compromete derechos fundamentales de terceros y el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, razón por la cual el legislador puede establecer controles de idoneidad, tales como exámenes, tarjetas profesionales o licencias temporales. 22. Asimismo, expone la metodología del juicio integrado de igualdad y concluye que, en el presente caso, procede aplicar un juicio de intensidad débil, dado que la regulación se refiere a requisitos de idoneidad para el ejercicio profesional, ámbito en el cual el legislador cuenta con un amplio margen de configuración normativa. 23. En cuanto al análisis concreto del cargo, el ministerio considera que el criterio de comparación propuesto por el actor es inadecuado, porque los grupos comparados no son equivalentes frente a la finalidad de la norma. Explica que la licencia temporal prevista en el artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971 constituye un mecanismo excepcional y transitorio dirigido a quienes culminaron estudios de derecho, pero aún no ostentan la calidad formal de abogados. En contraste, quienes ya obtuvieron el título profesional se encuentran sometidos al régimen general de habilitación profesional establecido por la Ley 1905 de 2018. 24. Agrega que la situación de los abogados graduados sin tarjeta profesional no deriva de una exclusión introducida por la disposición acusada, sino del régimen legal que exige la aprobación del examen de Estado y la expedición de la tarjeta profesional para ejercer la representación judicial de terceros. Además, señala que todo egresado tuvo la posibilidad de solicitar oportunamente la licencia temporal antes de obtener el título profesional. El ministerio también sostiene que las eventuales dificultades derivadas de los tiempos de implementación, presentación o publicación de resultados del examen de Estado constituyen asuntos de naturaleza administrativa y no un problema de constitucionalidad atribuible a la norma demandada. 25. Concluye que el artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971 persigue una finalidad constitucional legítima, consistente en proteger a los usuarios del sistema de justicia y garantizar estándares mínimos de idoneidad en la representación judicial, y que la medida adoptada resulta idónea para alcanzar dichos fines. Por ello, solicita declarar exequible la expresión demandada. 26. La Clínica Jurídica de la Universidad Pontificia Bolivariana, por intermedio de los profesores Enán Arrieta Burgos y Andrés Felipe Duque Pedroza, solicita que se declare la exequibilidad condicionada de la expresión “sin haber obtenido el título respectivo”, bajo el entendido de que los efectos de la norma también comprenden a los abogados graduados que no han obtenido la tarjeta profesional. De igual forma, pide la integración de la unidad normativa de la expresión acusada con el artículo 24 del Decreto Ley 196 de 1971, que establece la prohibición general de ejercer la abogacía sin estar inscrito. 27. Afirma que la expresión objeto de reproche vulnera el principio de igualdad al excluir de la licencia temporal a los abogados graduados que aún no cuentan con tarjeta profesional, pese a encontrarse en una situación sustancialmente similar a la de los egresados no graduados que sí pueden ejercer temporalmente la profesión. Explica que el artículo 31 constituye una excepción temporal y limitada al régimen general de habilitación profesional, pues permite litigar por hasta dos años a quienes culminaron los estudios de derecho sin haber obtenido el título. Sin embargo, destaca que dicha regulación fue diseñada en un contexto anterior a la Ley 1905 de 2018, época en la que el título profesional bastaba para ejercer la profesión. Con la introducción del examen de Estado y la exigencia de tarjeta profesional, surgió un nuevo grupo de sujetos: abogados graduados que, aunque cuentan con título profesional, no pueden litigar mientras obtienen la tarjeta profesional. 28. A juicio de la Clínica Jurídica interviniente, los egresados no graduados y los abogados graduados sin tarjeta profesional son grupos comparables, pues ambos: (i) aprobaron el plan de estudios de derecho; (ii) carecen de habilitación plena para representar judicialmente; y (iii) se encuentran en una etapa transitoria hacia la habilitación profesional definitiva. Incluso, manifiesta, mediante un argumento a fortiori , que si el ordenamiento permite litigar provisionalmente a quien no tiene título profesional, con mayor razón debería permitirlo a quien sí cuenta con formación académica certificada. 29. El concepto señala que existe un trato desigual explícito, puesto que el artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971 autoriza únicamente a quienes no hayan obtenido el título profesional, excluyendo automáticamente a los abogados graduados sin tarjeta profesional. En consecuencia, mientras los egresados no graduados pueden representar judicialmente a terceros en ciertos asuntos, los graduados sin tarjeta profesional no pueden hacerlo, pese a tener mayores credenciales académicas. Según la intervención, esta exclusión configura una medida infrainclusiva que omite injustificadamente a un grupo que comparte las mismas características relevantes de los beneficiarios de la excepción. 30. La Clínica Jurídica considera que la medida debe analizarse mediante un juicio integrado de igualdad de intensidad intermedia, por involucrar el ejercicio profesional, el acceso al trabajo y el derecho a la igualdad. En ese marco, concluye que la exclusión carece de justificación constitucional suficiente, pues no contribuye a disminuir el riesgo social asociado al ejercicio de la abogacía ni protege de mejor manera a los usuarios del sistema judicial. Por el contrario, advierte que restringe injustificadamente el acceso al trabajo y reduce la oferta de representación jurídica en asuntos de menor complejidad. 31. Por último, estima que extender la licencia temporal a los graduados sin tarjeta profesional no desnaturaliza la figura ni el sistema de control disciplinario, dado que la licencia seguiría siendo excepcional y transitoria. 32. La Academia Colombiana de Jurisprudencia pide, como pretensión principal, que la Corte se inhiba de emitir un pronunciamiento de fondo por considerar que la disposición demandada fue derogada tácitamente por la ley 1905 de 2018. De manera subsidiaria, pide que se declare la inexequibilidad de la expresión acusada, pide que se declare la inexequibilidad de la expresión acusada por desconocer los artículos 13, 26 y 229 de la Constitución y contrariar la política estatal de fortalecimiento de los estándares de idoneidad para el ejercicio de la abogacía. 33. En relación con la solicitud principal, la Academia sostiene que la Ley 1905 de 2018 estableció como requisito para el ejercicio de determinadas actividades propias de la profesión de abogado la aprobación del Examen de Estado y la obtención de la correspondiente tarjeta profesional, lo que, a su juicio, resulta incompatible con el régimen excepcional previsto en el artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971. Específicamente, considera que ambas regulaciones son inconciliables y que, por ello, la disposición demandada habría dejado de producir efectos jurídicos actuales. 34. De manera subsidiaria, la Academia afirma que, si la Corte concluye que la norma sigue vigente, la expresión demandada debe ser declarada inexequible por desconocer los artículos 13, 26 y 229 de la Constitución. Señala que existe un trato desigual injustificado entre dos grupos comparables: los egresados no graduados y los abogados titulados sin tarjeta profesional. Ambos han culminado sus estudios de derecho y carecen todavía de habilitación plena para ejercer, pero la norma solo autoriza a los primeros a litigar temporalmente. A juicio de la Academia, esta diferencia termina “premiando” al no graduado y “castigando” al graduado que sí cumplió los requisitos académicos para obtener el título. 35. Por último, advierte que la profesión de abogado implica un importante riesgo social, razón por la cual el Estado puede imponer controles estrictos de idoneidad. En ese sentido, cita la jurisprudencia constitucional, especialmente las Sentencias C-138 de 2019, C-594 de 2019 y SU-128 de 2024, para resaltar que el examen de Estado busca garantizar estándares mínimos de calidad y proteger a la sociedad frente al ejercicio inadecuado de la profesión. También destaca que Colombia tiene una de las tasas más altas de abogados por habitante, lo que refuerza la necesidad de elevar los requisitos de habilitación profesional. 36. El Observatorio Externadista de la Justicia Constitucional, por intermedio de algunos de sus miembros, solicita a la Corte declarar la exequibilidad condicionada de la norma y extender sus efectos al parágrafo segundo del artículo 1 de la Ley 1905 de 2018, mediante integración de unidad normativa. Resalta que la Corte debe integrar ambas normas porque el artículo 31 otorga una facultad excepcional a los egresados no graduados para litigar temporalmente, mientras que la Ley 1905 impone una prohibición a los abogados sin tarjeta profesional de representar judicialmente a terceros hasta aprobar el examen de Estado. Señala que analizar únicamente el Decreto Ley 196 de 1971 dejaría intacta la prohibición de la Ley 1905 y haría incompleto el juicio de igualdad. 37. En el juicio de igualdad identifican dos grupos comparables: los egresados no graduados que terminaron materias y pueden obtener licencia temporal, y los abogados graduados sin tarjeta profesional, quienes ya tienen título universitario, pero no pueden ejercer representación judicial. Sostiene que ambos grupos son sustancialmente equivalentes porque culminaron la formación jurídica, aunque el segundo incluso acredita mayor idoneidad académica al haber cumplido requisitos adicionales de grado como tesis, judicatura, preparatorios o pruebas institucionales. A pesar de ello, el ordenamiento permite ejercer al menos idóneo y excluye al más preparado. 38. Afirma que existe una desigualdad fáctica y jurídica porque el sistema actual concede una licencia temporal al egresado no graduado, pero niega cualquier mecanismo equivalente al abogado graduado sin tarjeta profesional. Advierte que esta desigualdad surgió tras la Ley 1905 de 2018, que introdujo el Examen de Estado y rompió la relación automática entre grado y tarjeta profesional que existía cuando fue expedido el Decreto Ley 196 de 1971. Como consecuencia, los nuevos abogados quedan en un “limbo profesional” mientras esperan presentar o aprobar el examen, sin poder litigar ni adquirir experiencia laboral. 39. Al aplicar el juicio de proporcionalidad, sostiene que la medida perdió idoneidad frente al nuevo contexto normativo. Esto, porque, originalmente, la licencia temporal servía como puente hacia el ejercicio pleno de la profesión, pero hoy ese tránsito quedó interrumpido por el Examen de Estado. Por ello, considera que la norma ya no cumple adecuadamente su finalidad de facilitar la inserción laboral temprana y la práctica profesional. También afirma que existen alternativas menos restrictivas, como extender la licencia temporal a los abogados sin tarjeta profesional o permitir que la licencia continúe vigente aun después de obtener el título, hasta completar el límite máximo de dos años. 40. En el análisis de proporcionalidad, en sentido estricto, argumenta que la afectación al derecho a la igualdad es grave, porque los abogados graduados no pueden ejercer representación judicial, pierden oportunidades laborales y ven frenado el inicio de su experiencia profesional, mientras quienes no han culminado el proceso de grado sí pueden hacerlo. Señala, además, que el sistema actual “castiga la diligencia” , por cuanto obtener el título implica perder la licencia temporal. Incluso advierte que esto podría generar el incentivo perverso de retrasar el grado para conservar la autorización de litigio. 41. Por último, concluye que la exigencia del Examen de Estado como requisito de idoneidad no justifica el trato desigual entre ambos grupos. Por ello, solicita a la Corte declarar la exequibilidad condicionada del artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971 y del parágrafo segundo del artículo 1 de la Ley 1905 de 2018, bajo el entendido de que los abogados sin tarjeta profesional también puedan solicitar la licencia temporal para ejercer representación judicial y que los egresados no graduados no pierdan automáticamente dicha licencia al obtener el título profesional, manteniéndose siempre el límite máximo de dos años. 42. El Equipo de Conceptos Jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, intervino para solicitar a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad condicionada del artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971, bajo el entendido de que la autorización temporal para ejercer la representación judicial también cobije a los abogados graduados que aún no cuentan con tarjeta profesional. 43. El concepto parte de explicar que la demanda cuestiona la desigualdad que surge entre dos grupos: los egresados de derecho no graduados, quienes sí pueden ejercer de manera limitada mediante licencia temporal, y los abogados graduados sin tarjeta profesional, quienes no tienen ninguna habilitación equivalente mientras esperan aprobar el examen de Estado creado por la Ley 1905 de 2018. Según el demandante, esta diferencia resulta contraria al principio de igualdad. 44. La universidad desarrolla el análisis a partir del juicio integrado de igualdad elaborado por la jurisprudencia constitucional. Explica que este examen implica identificar los grupos comparables, verificar si existe un trato desigual y determinar si dicho trato tiene una justificación constitucional suficiente. En ese sentido, señala que ambos grupos son materialmente comparables porque poseen la misma formación académica básica en derecho y comparten limitaciones para ejercer plenamente la profesión por no contar aún con todos los requisitos de habilitación profesional. Incluso afirma que, desde una lógica documental y académica, el abogado graduado tiene mayores niveles de acreditación que el egresado no graduado. 45. El concepto también analiza la función de los títulos de idoneidad previstos en el artículo 26 de la Constitución. Recuerda que la libertad de escoger profesión no implica libertad absoluta para ejercerla y que el Estado puede exigir requisitos destinados a proteger el interés general y prevenir riesgos sociales derivados del ejercicio profesional. En el caso de la abogacía, destaca que la Corte Constitucional ha reconocido que el ejercicio irresponsable de la profesión puede afectar derechos fundamentales de terceros, razón por la cual la Ley 1905 de 2018 introdujo el examen de Estado como mecanismo de control e idoneidad para obtener la tarjeta profesional. 46. Sin embargo, considera que la existencia de ese examen no justifica excluir totalmente a los abogados graduados sin tarjeta profesional de la posibilidad de ejercer de forma limitada y provisional, especialmente cuando el propio artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971 admite que existen niveles intermedios de idoneidad profesional. Sostiene que, tras la expedición de la Ley 1905 de 2018, el legislador omitió ajustar el régimen de licencias temporales al nuevo escenario normativo, generando así un trato desigual injustificado entre personas que se encuentran en condiciones sustancialmente equivalentes. 47. Por último, concluye que la norma no es inconstitucional en sí misma, pues la autorización temporal responde a una finalidad legítima relacionada con un nivel mínimo de idoneidad jurídica. No obstante, la interpretación que excluye a los abogados graduados sin tarjeta profesional sí vulnera el principio de igualdad. Por ello, solicita a la Corte declarar la exequibilidad condicionada del artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971, precisando que la autorización temporal también debe comprender a quienes ya obtuvieron el título de abogado, pero todavía no cuentan con tarjeta profesional. 48. Síntesis de las intervenciones. Las solicitudes efectuadas por quienes intervinieron en el proceso se resumen en el siguiente cuadro: Entidad Concepto Petición subsidiaria Consejo Superior de la Judicatura Exequibilidad - Ministerio de Justicia y del Derecho Exequibilidad - Clínica Jurídica de la Universidad Pontificia Bolivariana Exequibilidad condicionada - Academia Colombiana de Jurisprudencia Inhibitorio Inexequibilidad Observatorio Externadista de la Justicia Constitucional Exequibilidad condicionada - Equipo de Conceptos Jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia Exequibilidad condicionada - El concepto del Procurador General de la Nación 49. El Procurador General de la Nación solicita a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad condicionada de la expresión censurada, bajo el entendido de que también podrán ejercer la profesión durante dicho plazo quienes hayan obtenido el título de abogado y aún no hayan aprobado el examen oficial de Estado para el ejercicio de la profesión. En todo caso, solo podrá optarse por la licencia temporal establecida por una única vez. 50. E l concepto sostiene que en este caso no se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Aunque el artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971 ya ha sido analizado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-034 de 1997, C-025 de 1998 y C-744 de 1998, en las cuales se declaró su exequibilidad, considera que el nuevo estudio sí es procedente porque ahora se demanda un aparte distinto de la norma y, además, el contexto normativo cambió sustancialmente. Particularmente, destaca que la expedición de la Ley 1905 de 2018 introdujo un nuevo requisito para ejercer la abogacía, consistente en la aprobación del Examen de Estado como condición para obtener la tarjeta profesional. Ese cambio creó una nueva realidad jurídica que no existía cuando la Corte adoptó las decisiones anteriores, razón por la cual resulta necesario efectuar un nuevo análisis de constitucionalidad a la luz del principio de igualdad. 51. Luego de referirse al alcance del derecho a la igualdad, el Procurador expone el contexto histórico y normativo de la disposición demandada. Señala que el Decreto Ley 196 de 1971, conocido como Estatuto del Ejercicio de la Abogacía, reemplazó el antiguo carné de inscripción profesional y creó la tarjeta profesional de abogado como el documento oficial destinado a acreditar la idoneidad para ejercer la profesión. A partir de ello, se estableció la obligación de exhibir la tarjeta e incluir su número en los memoriales judiciales. Asimismo, explica que el Decreto contempló dos figuras excepcionales: (i) la licencia provisional, expedida a favor de los abogados ya inscritos en el Registro Nacional de Abogados mientras se les entregaba la tarjeta profesional definitiva; y, (ii) la licencia temporal, otorgada a quienes ya habían culminado y aprobado los estudios de derecho, pero aún no obtenían el título profesional, con el fin de autorizar el ejercicio restringido de la profesión en los casos expresamente previstos por la ley. 52. El procurador añade que, tras la entrada en vigor de la Constitución de 1991, el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía debe interpretarse conforme a los parámetros establecidos en el artículo 26 superior. En ese sentido, señala que, por un lado, debe garantizarse el derecho fundamental a escoger libremente profesión u oficio, entendido como una manifestación del derecho al trabajo y de la autonomía personal, frente al cual la intervención del legislador debe ser mínima. Por otro lado, indica que también debe respetarse la reserva de ley en materia de exigencia de títulos de idoneidad profesional, puesto que estos constituyen el mecanismo mediante el cual el Estado verifica que quienes ejercen una profesión poseen las competencias y aptitudes necesarias para hacerlo de manera adecuada. 53. Agrega que esta exigencia adquiere especial relevancia cuando se interpreta en armonía con el artículo 229 de la Constitución, según el cual el acceso a la administración de justicia debe realizarse, por regla general, mediante abogado. Ello pone en evidencia la función social de la abogacía y el alto riesgo social que implica su ejercicio. En ese contexto, recuerda que la profesión de abogado está llamada a colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico, contribuir a una recta administración de justicia, defender los derechos de la sociedad y de los particulares, promover los derechos humanos, prevenir litigios innecesarios o fraudulentos y facilitar mecanismos alternativos de solución de conflictos, todo ello con observancia de la Constitución y la ley. 54. Señala que el contexto normativo de la disposición acusada cambió sustancialmente con la expedición de la Ley 1905 de 2018, la cual incorporó el Examen de Estado como un tercer requisito para ejercer la profesión de abogado respecto de quienes iniciaron sus estudios de derecho después del 28 de junio de 2018. Así, además de obtener el título profesional reconocido por el Estado, lo que supone cumplir los requisitos fijados por cada universidad en ejercicio de su autonomía, como tesis de grado, preparatorios, consultorio jurídico, judicatura, prácticas jurídicas y acreditación de un segundo idioma, los aspirantes también deben acreditar la aprobación de dicho examen aplicado por el Consejo Superior de la Judicatura para poder acceder a la tarjeta profesional. 55. El procurador también destaca que el Código Disciplinario del Abogado hace parte del marco normativo relevante para analizar la disposición demandada. Advierte que el legislador tipificó el ejercicio ilegal de la profesión remitiéndose a los supuestos previstos en el artículo 49 del Decreto Ley 196 de 1971. Concretamente, el numeral cuarto de dicha norma sanciona a quien, amparado en una licencia temporal, ejerza la abogacía en asuntos distintos o por un tiempo superior al autorizado. En consecuencia, quienes actúan bajo licencia temporal están sometidos al régimen disciplinario y pueden ser sancionados con censura, multa, suspensión o exclusión del ejercicio profesional, de acuerdo con criterios de graduación y con observancia del debido proceso. Para el procurador, ello demuestra la importancia que el ordenamiento jurídico otorga a la regulación y control del ejercicio de la abogacía, incluso tratándose de quienes cuentan únicamente con una licencia temporal. 56. En el caso concreto, el Ministerio Público estima que el análisis de constitucionalidad del artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971 debe realizarse mediante el juicio integrado de igualdad, herramienta que permite evaluar si dos situaciones semejantes deben recibir el mismo trato desde una perspectiva constitucionalmente relevante y conforme a la finalidad de la norma. Para ello, identifica como sujetos de comparación, de un lado, a quienes culminaron y aprobaron la totalidad de los estudios de derecho, pero aún no han obtenido el título profesional, razón por la cual pueden ejercer la abogacía mediante licencia temporal; y, del otro, a quienes ya obtuvieron el título de abogado, pero no pueden ejercer la profesión mientras no obtengan la tarjeta profesional, la cual exige aprobar el examen de idoneidad. A partir de esta comparación, concluye que existe un tratamiento diferenciado, pues las disposiciones acusadas impiden que este último grupo acceda a la licencia temporal. 57. Con el fin de determinar si el trato diferenciado entre los grupos comparados está constitucionalmente justificado, la procuraduría considera procedente aplicar un juicio de proporcionalidad de intensidad intermedia. Explica que, en este caso, el legislador cuenta con una amplia potestad de configuración normativa y que la restricción analizada solo incide de manera limitada en el ejercicio de los derechos al trabajo y a la libre escogencia de profesión u oficio, pues no anula su ejercicio, sino que establece una limitación temporal respecto de la representación de terceros en el ejercicio de la abogacía. Además, precisa que la norma no involucra categorías sospechosas de discriminación, ni afecta grupos históricamente marginados o personas en situación de debilidad manifiesta, ni crea privilegios injustificados. 58. En ese contexto, señala que el juicio intermedio exige verificar que la finalidad de la norma sea constitucionalmente importante, que el medio empleado sea efectivamente conducente para alcanzarla y que la medida no resulte evidentemente desproporcionada. Sobre el primer aspecto, indica que las disposiciones que permiten otorgar licencias temporales a quienes culminaron los estudios de derecho buscan contribuir al adecuado ejercicio de la profesión mediante una habilitación excepcional y restringida. Dicha autorización permite ejercer la abogacía únicamente en los asuntos expresamente señalados por la ley y dentro del término establecido, bajo el entendido de que quienes acceden a ella ya cuentan con conocimientos jurídicos suficientes, aunque todavía no hayan obtenido el título profesional. 59. La procuraduría agrega que esta regulación también busca garantizar el acceso a la administración de justicia, al permitir que los ciudadanos cuenten con representación judicial en aquellos asuntos en los que la ley exige abogado. Asimismo, resalta que la posibilidad de ejercer provisionalmente fortalece la adquisición de experiencia profesional y se relaciona directamente con los derechos al trabajo y a escoger libremente profesión u oficio. Enfatiza en que los grupos comparados sí son asimilables, dado que ambos carecen de la habilitación definitiva para ejercer plenamente la profesión. En efecto, tanto quienes culminaron estudios sin obtener el título como quienes ya son abogados graduados sin tarjeta profesional comparten un elemento central: ninguno ha aprobado el examen de idoneidad ni cuenta todavía con la tarjeta profesional que autoriza el ejercicio definitivo de la abogacía. 60. En relación con el requisito de conducencia, la procuraduría sostiene que, aunque la finalidad perseguida por la norma no está constitucionalmente prohibida, no existe una relación clara de causalidad entre conceder la licencia temporal únicamente a quienes culminaron y aprobaron sus estudios sin haberse graduado y el objetivo de garantizar el correcto ejercicio de la profesión. Señala que ambos grupos comparados comparten la misma situación esencial: no cuentan con tarjeta profesional definitiva. 61. Por ello, advierte que restringir la licencia temporal solo a uno de ellos no tiene una incidencia real o verificable en el adecuado desempeño profesional dentro de los asuntos y términos limitados previstos en el artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971. Además, el Ministerio Público precisa que la disposición acusada desconoce que la experiencia adquirida con el paso del tiempo fortalece los conocimientos obtenidos en la academia y contribuye al desarrollo de habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional. En esa medida, impedir que los abogados graduados sin tarjeta profesional accedan a la licencia temporal no favorece la recta administración de justicia ni mejora las condiciones para el ejercicio responsable de la abogacía. 62. Por último, la procuraduría concluye que la medida resulta evidentemente desproporcionada, pues genera un trato discriminatorio frente a quienes, además de culminar y aprobar sus estudios de derecho, ya cumplieron los demás requisitos exigidos por sus universidades y obtuvieron el título de abogado, pero aún esperan la expedición de la tarjeta profesional definitiva, ya sea porque no han aprobado el examen de idoneidad o por demoras administrativas en la entrega de dicho documento. Aunque reconoce que el legislador puede establecer restricciones al ejercicio de las profesiones, precisó que estas deben ser razonables y proporcionales, lo que no ocurre en este caso. 63. En ese sentido, advierte que la expresión demandada impone una carga adicional injustificada a los abogados graduados, afectando de manera irrazonable sus derechos fundamentales. Además, puso de presente que el riesgo social derivado del ejercicio temporal de la profesión no varía entre los grupos comparados, pues tanto quienes cuentan con licencia temporal sin haberse graduado como quienes ya son abogados graduados sin tarjeta profesional están sometidos al régimen disciplinario y pueden ser investigados y sancionados en caso de incurrir en faltas profesionales. 64. La procuraduría recuerda también que las condiciones y límites para ejercer la profesión mediante licencia temporal ya están claramente establecidos en el artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971, especialmente en lo relativo a los asuntos autorizados y al término máximo e improrrogable de dos años, restricciones que no dependen de la condición de graduado. Por ello, concluye que el trato desigual carece de una justificación objetiva y razonable, por cuanto no existe una razón suficiente que explique por qué ambos grupos deben someterse a reglas distintas para ejercer temporalmente la profesión mientras obtienen la tarjeta profesional. 65. Con fundamento en estas consideraciones, el Ministerio Público estima que la expresión demandada es incompatible con el derecho a la igualdad. No obstante, en su criterio, no procede declarar su inexequibilidad, porque ello implicaría eliminar el beneficio de la licencia temporal para quienes culminaron y aprobaron sus estudios de derecho. En cambio, considera que permitir el ejercicio temporal y limitado de la profesión tanto a egresados no graduados como a abogados graduados sin tarjeta profesional favorece el acceso a la administración de justicia y materializa otros derechos fundamentales. En consecuencia, solicita a la Corte adoptar una decisión de exequibilidad condicionada que armonice la norma con la Constitución Política de 1991. II. CONSIDERACIONES Competencia 66. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, esta Corte es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia. Cuestiones previas 67. Antes de plantear el problema jurídico, la Sala Plena estima necesario estudiar tres cuestiones previas, a saber: (i) la vigencia de la norma objeto de reproche constitucional; (ii) la aptitud sustantiva de la demanda; (iii) la configuración del fenómeno de la de cosa juzgada constitucional; y (iv) la integración de la unidad normativa respecto del artículo 24 del Decreto Ley 196 de 1971 y del parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 1905 de 2018. 68. La vigencia de la norma objeto de reproche constitucional. La vigencia de las normas demandadas no hace parte del objeto de la acción pública de inconstitucionalidad, que se centra en establecer si el proceso de formación de la norma o su contenido son compatibles con la Constitución. [3] No obstante, la vigencia de la norma demandada o la circunstancia de que esta, habiendo sido derogada, todavía siga produciendo efectos jurídicos o tenga vocación de producirlos, es una condición necesaria para que se pueda dictar un fallo de mérito. [4] En efecto, carecería de sentido el retirar del ordenamiento jurídico una norma que ya no forma parte de él o que, en todo caso, ya no produce ningún efecto jurídico. [5] 69. Sobre este aspecto, esta Corporación ha entendido que “ (i) cuando no existen dudas sobre la pérdida de vigencia de la norma acusada, sea porque ha operado su derogatoria o porque se trata de una norma de efectos temporales una vez que ha vencido su término de vigencia, la Corte debe inhibirse, salvo que el contenido normativo acusado siga produciendo efectos; (ii) cuando, por el contrario, la vigencia de una disposición es dudosa, pues existe incertidumbre acerca de su derogatoria tácita o de su pérdida de vigencia, la Corte debe pronunciarse de fondo, pues la norma acusada podría estar produciendo efectos. ” [6] 70. La jurisprudencia constitucional ha precisado que la derogatoria tácita tiene lugar cuando una disposición posterior regula el mismo supuesto normativo previsto en una disposición anterior y entre ambas existe una incompatibilidad tal que impide su aplicación concurrente. [7] En esos eventos corresponde al intérprete establecer si las normas disciplinan la misma materia y si la regulación posterior resulta inconciliable con la precedente. Por el contrario, cuando ambas disposiciones regulan supuestos distintos o pueden coexistir armónicamente dentro del ordenamiento jurídico, no se configura la derogatoria tácita. 71. En el caso sub examine, la Sala revisa la constitucionalidad de la expresión “sin haber obtenido el título respectivo”, prevista en el artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971, “Por el cual se dicta el Estatuto del ejercicio de la abogacía.” Frente a esta disposición, la Academia Colombiana de Jurisprudencia sostuvo que la Corte debía inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo, por considerar que el artículo 31 fue derogado tácitamente por la Ley 1905 de 2018, al establecer esta última el Examen de Estado como requisito para obtener la tarjeta profesional y ejercer la profesión de abogado. Antes de resolver ese planteamiento, resulta necesario precisar el ámbito de regulación de ambas disposiciones. 72. El Decreto Ley 196 de 1971 constituye el estatuto que regula el ejercicio de la profesión de abogado. En el Capítulo II prevé un conjunto de excepciones al régimen general de habilitación profesional, dirigidas a autorizar el ejercicio de determinadas actuaciones judiciales por personas que, pese a no ser abogados inscritos, se encuentran en situaciones específicas definidas por el Legislador. Dentro de esas hipótesis se encuentran, entre otras, la actuación en causa propia (artículo 28), la representación en ciertos municipios donde no existen suficientes abogados inscritos (artículo 29), el ejercicio de algunas actuaciones por estudiantes adscritos a consultorios jurídicos (artículo 30) y, finalmente, la licencia temporal prevista en el artículo 31 para quienes culminaron y aprobaron los estudios de derecho, pero aún no han obtenido el título profesional. 73. En especial, el artículo 31 autoriza a esa categoría de personas a ejercer la profesión durante un término máximo de dos años improrrogables, exclusivamente en los asuntos expresamente previstos por el Legislador. El artículo 32 complementa dicho régimen al establecer que el ejercicio de esas funciones requiere la expedición de una licencia temporal por parte del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial, previa acreditación de haber culminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho. 74. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 1905 de 2018, mediante la cual introdujo un nuevo requisito para acceder al ejercicio profesional de la abogacía. En efecto, el artículo 1 dispuso que, además de las exigencias previstas en las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar la aprobación del Examen de Estado para obtener la tarjeta profesional. A su turno, el parágrafo segundo estableció que dicha tarjeta será exigida para representar judicialmente a personas naturales o jurídicas en aquellos asuntos para los cuales la ley requiera abogado. 75. A partir del contexto normativo descrito, la Sala concluye que no se configura la derogatoria tácita alegada por la Academia Colombiana de Jurisprudencia. En efecto, entre el artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971 y la Ley 1905 de 2018 no existe una incompatibilidad normativa que impida su coexistencia. Mientras el primero regula un mecanismo excepcional y transitorio de habilitación para el ejercicio restringido de la profesión en favor de quienes aún no han obtenido el título profesional, la segunda incorpora un requisito adicional para acceder al régimen ordinario de habilitación profesional mediante la expedición de la tarjeta profesional. Por lo tanto, se trata de disposiciones que regulan supuestos jurídicos distintos y que operan en momentos diferentes del proceso de acceso al ejercicio de la abogacía. 76. En consecuencia, la incorporación del Examen de Estado como requisito para la expedición de la tarjeta profesional no implicó la derogatoria del régimen excepcional contemplado en el artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971, pues el legislador no eliminó expresamente dicha autorización ni estableció una regulación incompatible con ella. Antes bien, ambas disposiciones continúan integrando el régimen jurídico del ejercicio de la abogacía y producen efectos en ámbitos normativos diferentes. Precisamente esa coexistencia es la que da lugar al problema constitucional planteado en esta oportunidad, pues la Ley 1905 de 2018 modificó el régimen general de habilitación profesional sin introducir ajustes al régimen excepcional previsto para quienes aún no han obtenido el título profesional. 77. Esta conclusión también se ve corroborada por el desarrollo reglamentario expedido por el Consejo Superior de la Judicatura para la implementación de la Ley 1905 de 2018. En efecto, el Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022 reguló los requisitos para la inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de la tarjeta profesional, [8] exigiendo, entre otros, la certificación de aprobación del Examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018. 78. No obstante, el propio acuerdo estableció un régimen transitorio según el cual, mientras se implementaban las fases necesarias para la aplicación del examen, los destinatarios de esa ley podían obtener una tarjeta profesional con vigencia provisional, aun sin acreditar la aprobación de la prueba, la cual conservaría esa condición hasta la publicación de los resultados del primer examen. Asimismo, dispuso que quienes obtuvieran dicha tarjeta provisional deberían presentar y aprobar posteriormente el Examen de Estado para acceder a la tarjeta profesional definitiva. [9] 79. Posteriormente, el Acuerdo PCSJA24-12162 de 2024 derogó esa reglamentación y mantuvo un régimen transitorio semejante, [10] al autorizar nuevamente la expedición de tarjetas profesionales con anotación de vigencia provisional hasta la publicación definitiva de los resultados de la prueba aplicada el 26 de mayo de 2024. Igualmente, previó que, una vez aprobado el examen, el interesado podría solicitar la expedición de la tarjeta profesional sin la anotación de provisionalidad. [11] 80. Al examinar ese régimen transitorio, en la Sentencia SU-128 de 2024, la Sala distinguió expresamente entre la tarjeta profesional regulada en los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura de la licencia temporal prevista en los artículos 31 y 32 del Decreto Ley 196 de 1971. Específicamente, precisó que esta última constituye una autorización excepcional creada por una norma con fuerza de ley, destinada a quienes culminaron sus estudios de derecho sin haber obtenido aún el título profesional, mientras que la tarjeta profesional provisional correspondía a una figura administrativa adoptada para afrontar los retrasos en la implementación del Examen de Estado, sin respaldo legal para su creación. Además, destacó que el Decreto Ley 196 de 1971 únicamente contempla las figuras de la licencia provisional y la licencia temporal, ninguna de las cuales habilitaba al Consejo Superior de la Judicatura para crear una nueva categoría de tarjeta profesional. 81. Así, tanto el desarrollo reglamentario como la interpretación efectuada en la Sentencia SU-128 de 2024 corroboran que la implementación de la Ley 1905 de 2018 no modificó el régimen excepcional previsto en los artículos 31 y 32 del Decreto Ley 196 de 1971. Por el contrario, ponen de presente que ambas regulaciones responden a finalidades y supuestos jurídicos distintos: mientras la Ley 1905 de 2018 regula el régimen general de habilitación para el ejercicio de la profesión mediante la tarjeta profesional, el Decreto Ley 196 de 1971 conserva un régimen excepcional de licencias temporales para quienes aún no han obtenido el título profesional. En consecuencia, no existe incompatibilidad normativa que permita afirmar la derogatoria tácita de la disposición demandada. 82. En ese sentido, la Sala concluye que la expresión demandada continúa vigente y produce efectos jurídicos, por lo que no se configura el presupuesto de inhibición propuesta por la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Por consiguiente, esta Corte conserva competencia para pronunciarse de fondo sobre el cargo de inconstitucionalidad formulado en esta oportunidad. 83. La demanda tiene aptitud sustancial. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que, si bien el auto que decide sobre la admisión de la demanda, proferido por el magistrado sustanciador, es el escenario para analizar y definir si ella tiene aptitud sustancial, conforme a lo previsto en el Decreto Ley 2067 de 1991, ello no impide que la Sala Plena, en ejercicio de su competencia para decidir de fondo las acciones de inconstitucionalidad, pueda pronunciarse nuevamente sobre este asunto, con el propósito de verificar si existen razo