Sentencia C-269 de 2026

C-269-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL -Sala Plena- SENTENCIA C- 269 de 2026 Referencia : Expediente RE-405 Asunto : Control de constitucionalidad sobre el Decreto Legislativo 242 del 12 de marzo de 2026, “[p] or el cual se adoptan medidas para los servicios públicos domiciliarios esenciales de gas y energía eléctrica, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 150 del 11 de febrero de 2026 ” Magistrado ponente : Miguel Polo Rosero Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales, específicamente las previstas en los artículos 215 (parágrafo) y 241.7 del Texto Superior , profiere esta providencia, con base en los siguientes: I. ANTECEDENTES 1. En este acápite la Corte presentará una síntesis de la sentencia, expondrá los hechos relevantes en el marco de la revisión automática de constitucionalidad de los decretos legislativos dictados con ocasión del estado de excepción y, con posterioridad, se recapitularán los argumentos y medidas dispuestas en el decreto sometido a control, las intervenciones presentadas dentro del plazo correspondiente y el concepto rendido por el procurador general de la Nación. A. Síntesis de la decisión 2. La Sala Plena de esta Corporación adelantó el control automático e integral de constitucionalidad del Decreto Legislativo 242 del 12 de marzo de 2026, “[p] or el cual se adoptan medidas para los servicios públicos domiciliarios esenciales de gas y energía eléctrica, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 150 del 11 de febrero de 2026 ”. 3. Como cuestión preliminar, la Sala analizó si el decreto legislativo bajo examen tenía una relación de conexidad directa con las materias del Decreto 150 de 2026, que fueron objeto de la exequibilidad parcial decretada en la sentencia C-191 de este año. Lo anterior, con el fin de determinar si, a partir de lo decidido por la Corte en la citada providencia, procedía declarar su inconstitucionalidad por consecuencia. 4. Como resultado de ese análisis, la Sala concluyó que el Decreto Legislativo 242 de 2026, en su artículo 4, debía ser declarado inconstitucional por consecuencia, toda vez que adoptó una medida relacionada con el sector de energía eléctrica y de la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras, es decir, una de las materias estructurales que fueron expresamente excluidas del marco de habilitación definido por la Corte, para que el Gobierno nacional declarara el estado de emergencia económica, social y ecológica en parte del territorio nacional. En efecto, en la sentencia C-191 de 2026, se declaró inexequible de forma expresa: “ la atención de la crisis financiera de las empresas de servicios públicos de energía eléctrica y el riesgo sistémico para la continuidad del servicio público domiciliario de energía en el territorio nacional ”. 5. En relación con las demás medidas dispuestas en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 242 de 2026, relacionadas con el servicio público domiciliario de gas combustible, la Sala concluyó que no regulan ninguna de las materias estructurales que fueron expresamente excluidas por la Corte en la citada sentencia C-191 de este año. Por lo tanto, a continuación, la Sala verificó el cumplimiento de los requisitos formales y materiales señalados por la Constitución, la Ley 137 de 1994, las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, y la jurisprudencia constitucional, para la expedición de los decretos legislativos de desarrollo de los estados de excepción. 6. En primer lugar , la Sala constató que el decreto legislativo satisfizo los requisitos formales de validez, en tanto (i) fue expedido en desarrollo del decreto que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica; (ii) se dictó dentro del término de vigencia de ese estado de excepción; (iii) está debidamente motivado con el señalamiento de las razones o causas que dieron lugar a su expedición; (iv) sus medidas tienen aplicación en el territorio objeto de la declaratoria del estado de emergencia, y (v) fue firmado por el presidente de la República y todos los ministros de despacho. 7. En segundo lugar , la Sala evaluó los requisitos materiales de los artículos 1, 2 y 3. En cuanto al artículo 1 ( no facturación por consumos y cargo fijo posteriores a la declaración de la emergencia ), la Sala constató que no superó el presupuesto de necesidad jurídica y, por lo tanto, debía ser declarado inconstitucional. En efecto, se constató que la Ley 1506 de 2012 contiene una medida ordinaria idéntica a la establecida en aquella disposición. Además, el Gobierno nacional no justificó mínimamente por qué la medida normativa ordinaria resultaba insuficiente o no permitía alcanzar la finalidad propuesta. 8. En cuanto al artículo 2 ( diferimientos, facilidades y/o mecanismos de cobros por consumos y cargo fijo anteriores de la declaración de la emergencia ), la Sala concluyó que debía ser declarado inconstitucional, al no cumplirse con el requisito de motivación suficiente, en virtud de que el Gobierno nacional no justificó por qué las medidas ordinarias dispuestas en la Ley 1506 de 2012, a pesar de ser distintas, no servían para cumplir con las mismas finalidades de las medidas extraordinarias. 9. En cuanto al artículo 3 (ampliación de la oferta de gas natural ), la Corte comprobó que debía ser declarado inconstitucional, debido a que se trata de una medida que busca solucionar un asunto preexistente y coetáneo con los hechos de la declaratoria de la emergencia, que no se advierte como directa y estrechamente relacionado con las causas de la emergencia o sus efectos. En este sentido, la medida no cumplió con los juicios de finalidad, conexidad y motivación suficiente. 10. Finalmente, con el fin de proteger a los usuarios damnificados por la emergencia, la Corte definió los efectos de las medidas adoptadas en los artículos 1 y 2 de su decisión y ordenó mantener incólumes las situaciones jurídicas consolidadas y las que estuvieran en curso respecto de los usuarios del servicio de gas combustible damnificados en los municipios cobijados por la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, en los términos de la sentencia C-191 de 2026, que fueron beneficiarios de la no facturación y cobro, de mecanismos de diferimiento y facilidades de pago y/o que celebraron acuerdos con las empresas prestadoras de dicho servicio público, con fundamento en lo dispuesto en el Decreto Legislativo 242 de 2026. 11. Conforme con ello, las autoridades competentes deberán determinar la identificación cierta de los municipios que integran el ámbito territorial definido en el artículo 1 del Decreto 150 de 2026: (i) a los 181 municipios que, según el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD–, registraron afectaciones por el fenómeno meteorológico atípico ocurrido entre enero y febrero de 2026, y (ii) a los demás municipios respecto de los cuales pueda demostrarse, de manera precisa, una afectación concreta derivada del fenómeno que originó la declaratoria del estado de excepción. B. Trámite procesal 12. A través del Decreto 150 de 2026, el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en parte del territorio nacional , por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto en mención, esto es, a partir del 11 de febrero de 2026 . 13. Como consecuencia de la declaratoria del estado de excepción, se expidió el Decreto Legislativo 242 del 12 de marzo de 2026, “[p] or el cual se adoptan medidas para los servicios públicos domiciliarios esenciales de gas y energía eléctrica, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 150 del 11 de febrero de 2026 ” . Una copia de esta normativa fue r emitida a la Corte para su control automático de constitucionalidad, a través de oficio con fecha del 13 de marzo de 2026, suscrito por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. 14. Cabe precisar que el artículo 241.7 de la Constitución, le atribuye a la Corte la función de decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno nacional, con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 del Texto Superior. Esta misma competencia se reitera en el parágrafo del artículo 215, en lo que corresponde al estado de emergencia económica y social. Por su parte, el artículo 55 de la Ley 137 de 1994 ( Estatutaria de los Estados de Excepción ), dispone que el control que ejerce este Tribunal es automático. En línea con lo anterior, los artículos 37 y 38 del Decreto Ley 2067 de 1991 regulan el procedimiento que debe surtirse para efectos del control ante esta Corporación. 15. El 16 de marzo de 2026, la Sala Plena realizó el reparto de rigor, correspondiéndole la sustanciación del Decreto 242 del año en cita, al magistrado Miguel Polo Rosero. Por ende, la Secretaría General de la Corte remitió dicho expediente al despacho el 18 de marzo de 2026. 16. En auto del 24 de marzo siguiente, el magistrado ponente resolvió: (i) asumir el conocimiento del asunto; (ii) comunicar el inicio del proceso al Gobierno nacional; (iii) decretar la práctica de varias pruebas [1] ; y (iv) ordenar la fijación en lista para la intervención ciudadana e invitar a algunas entidades e instituciones para que, si lo estimaban pertinente, se pronunciaran sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo 242 de 2026. Finalmente, en la misma providencia, (v) se corrió traslado al procurador general de la Nación, para que rindiera el concepto a su cargo. 17. Posteriormente, en auto del 15 de abril del año en curso, se requirió a algunas autoridades señaladas, con el fin de recaudar información faltante, de conformidad con los artículos 10 del Decreto Ley 2067 de 1991 y 62 del Acuerdo 01 de 2025. Por último, el 14 de mayo de 2026, se profirió un nuevo auto de pruebas, a través del cual se requirió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a otras entidades, con el propósito de aclarar y profundizar ciertos elementos de juicio. 18. Aportadas las pruebas decretadas, en auto del 25 de junio de 2026, el magistrado sustanciador ordenó continuar el trámite del presente asunto. El término de fijación en lista transcurrió entre los días 7 al 15 de julio de este año, y el día 31 del último mes y año en cita, el procurador general de la Nación rindió su concepto. 19. El 24 de junio de 2026, en sentencia C-191 de este año, la Corte declaró la constitucionalidad parcial del Decreto 150 de 2026. El comunicado en que se dio a conocer el sentido de la decisión fue publicado el 26 de junio siguiente. 20. Al respecto, la Corte falló en el sentido de disponer la exequibilidad parcial de la declaratoria del estado de emergencia decretada por el Gobierno nacional mediante el decreto en cita. Así las cosas, por una parte, condicionó e l ámbito territorial definido en el artículo 1: (i) a los 181 municipios que, según el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD–, registraron afectaciones por el fenómeno meteorológico atípico ocurrido entre enero y febrero de 2026, y (ii) a los demás municipios respecto de los cuales pueda demostrarse, de manera precisa, una afectación concreta derivada del fenómeno que originó la declaratoria del estado de excepción. 21. Y, por la otra, declaró la inexequibilidad del Decreto 150 de 2026, respecto de los hechos y consideraciones relacionados con (i) con la atención de la crisis financiera de las empresas de servicios públicos de energía eléctrica y el riesgo sistémico para la continuidad del servicio público domiciliario de energía en el territorio nacional; (ii) las facultades de la Agencia Nacional de Tierras en materia de deslinde de tierras de la Nación y la recuperación de bienes de uso público y baldíos, así como en otros procedimientos agrarios; y (iii) la actualización de los Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas –POMCA–, los procesos de acotamiento de rondas hídricas y su incorporación como determinantes ambientales en los instrumentos de ordenamiento territorial. 22. Finalmente, adoptó otros condicionamientos frente a los demás artículos del decreto, los cuales serán resaltados más adelante en esta providencia, en tanto ello resulte pertinente. 23. Una vez cumplidos los requisitos constitucionales y legales propios de esta clase de juicios y previo concepto del procurador general de la Nación, la Corte procede a decidir sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo 242 de 2026 . C. Decreto legislativo objeto de control 24. En esta oportunidad, se revisa el Decreto Legislativo 242 del 12 de marzo de 2026, “[p] or el cual se adoptan medidas para los servicios públicos domiciliarios esenciales de gas y energía eléctrica, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 150 del 11 de febrero de 2026 ”. Por su extensión, el decreto completo se encuentra en el Anexo I de esta providencia. A continuación, se reseña únicamente el articulado publicado en el Diario Oficial No. 53.426 del año en curso : DECRETO NÚMERO 242 DE 2026 Por el cual se adoptan medidas para los servicios públicos domiciliarios esenciales de gas y energía eléctrica, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 150 del 11 de febrero de 2026 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994, y el Decreto 150 del 11 de febrero de 2026, y CONSIDERANDO: (…) DECRETA: Artículo 1. No facturación por consumos y cargo fijo posteriores a la declaración de la emergencia. Los prestadores del servicio público domiciliario esencial de gas combustible por redes de tubería no podrán realizar cobro o facturación alguna a los usuarios cuyos inmuebles resultaron afectados por la Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos señalados en el artículo 1 del Decreto 150 de 2026, sino hasta tanto el respectivo inmueble recupere las condiciones necesarias para su funcionamiento, y el prestador garantice y restablezca la prestación del servicio en condiciones de seguridad. Parágrafo. El Ministerio de Minas y Energía podrá reglamentar lo necesario para el cumplimiento del presente artículo. Artículo 2. Diferimientos, facilidades y/o mecanismos de cobros por consumos y cargo fijo anteriores de la declaración de la emergencia. Para la facturación de los consumos y cargo fijo del servicio público domiciliario esencial de gas combustible por redes de tubería, causados antes de la declaratoria de emergencia, los prestadores de dicho servicio deberán diferir o implementar facilidades y/o mecanismos de pago a los usuarios damnificados de los estratos 1 y 2 por un periodo de 12 meses, término que podrá ser prorrogado por acuerdo entre las partes. Parágrafo 1. En los casos donde sufrieron daños los equipos de medición, conexiones y/o redes internas que sean propiedad de los usuarios de los estratos 1 y 2, y hayan sido reestablecidos por el prestador del servicio, estos deberán implementar facilidades y/o mecanismos de pago a los usuarios damnificados por un plazo de doce (12) a treinta y seis (36) meses. Parágrafo 2. La presente medida de diferimiento también aplicara a los usuarios que, manteniendo la prestación del servicio público domiciliario esencial de gas combustible, hayan sido afectados en sus viviendas y en el desarrollo de sus actividades económicas, de tal forma que les impida cumplir con los pagos de las facturas que se generen a partir de la declaratoria de emergencia. Parágrafo 3. En los supuestos previstos por este artículo, el prestador no podrá cobrar interés alguno al usuario. Artículo 3. Ampliación de la oferta de gas natural. El Ministerio de Minas y Energía establecerá los lineamientos para la contratación y ampliación de la oferta de gas natural por productores / productores-comercializadores y comercializadores de gas importado. Lo anterior, con el fin de procurar el abastecimiento de gas combustible y generar un impacto positivo en las tarifas de los usuarios del servicio de gas combustible por redes de tuberías, con el fin de salvaguardar las zonas damnificadas, evitando la extensión de sus efectos en el tiempo y a otros usuarios ubicados en otros departamentos del país. Artículo 4. Esquemas de liquidación para plantas hidroeléctricas. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), de manera inmediata, deberá establecer los mecanismos de liquidación y compensación que permitan darle viabilidad técnica y jurídica a la aplicación del esquema de liquidación de Obligaciones de Energía Firme (OEF) al Precio de Escasez Inferior (PEI), para las plantas de generación hidroeléctricas existentes que ya recibieron OEF del Cargo por Confiabilidad (CxC), mientras subsistan las condiciones de afectación derivadas de la emergencia, con el fin de salvaguardar las zonas en las cuales se declaró el estado de emergencia a través del Decreto 150 de 2026, evitar la extensión temporal de sus efectos, y precaver la afectación a usuarios ubicados en otros departamentos del país. Artículo 5. Vigencia. El presente decreto legislativo rige a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial. PUBLÍQUESE Y CUMPLASE Dado a los 12 días del mes de marzo de 2026. [Seguido de las firmas del Presidente de la República y sus Ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito público, de Justicia y del Derecho, de Defensa Nacional, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Salud y Protección Social, de Trabajo, de Minas y Energía, de Comercio, Industria y Turismo, de Educación Nacional, de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), de Vivienda, Ciudad y Territorio, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Transporte, de las Culturas, las Artes y los Saberes, del Deporte, de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Igualdad y Equidad.] ”. D. Intervenciones 25. Durante el trámite del presente asunto se recibieron ocho (8) escritos de intervención [2] . En general, (i) tres intervinientes piden a esta Corporación que se declare exequible o exequible condicionadamente el Decreto 242 de 2026, o algunos de los artículos que lo componen [3] ; y (ii) cinco solicitan su inexequibilidad [4] . 26. Solicitudes de exequibilidad . Estas concluyen en que el Decreto 242 de 2026 cumple con los requisitos formales y materiales requeridos. Frente a los primeros, sostienen que el decreto fue suscrito por el presidente y por todos sus ministros, que está debidamente motivado y geográficamente delimitado, y que fue expedido en vigencia del estado de excepción declarado por el Decreto 150 de 2026. 27. En particular, los ministerios del Deporte y de Transporte solicitaron la declaratoria de exequibilidad de la integridad del Decreto Legislativo 242 de 2026. Estas entidades coincidieron en afirmar que las medidas adoptadas por el Gobierno nacional constituyen mecanismos extraordinarios dirigidos a garantizar la continuidad de los servicios públicos domiciliarios esenciales de gas combustible y energía eléctrica, en los territorios afectados por el denominado Frente Frío. Asimismo, consideraron que las disposiciones persiguen la finalidad constitucional de impedir la agravación de los efectos de la emergencia y proteger a los usuarios afectados mediante instrumentos idóneos, necesarios y proporcionales para asegurar la prestación de servicios indispensables. 28. Solicitudes de exequibilidad condicionada . La Asociación Colombiana de Exmagistrados y Magistrados Auxiliares (EMMA), solicitó la exequibilidad condicionada de la mayoría de las disposiciones. Al respecto, señaló que los artículos 1 y 2 del Decretos 242 de 2026 persiguen una finalidad social legítima; y, en cuanto al artículo 3, sugirió restringir su aplicación a los departamentos afectados por la emergencia y definir un límite temporal. 29. En este sentido, en relación con los artículos 1 y 2 del decreto sometido a revisión, la Asociación indicó que los alivios tarifarios previstos por el Gobierno persiguen una finalidad social legítima, pues con ellos se buscó mitigar los efectos de la emergencia sobre la población afectada. Sin embargo, advirtió que las medidas trasladan íntegramente la carga económica a las empresas prestadoras, sin establecer mecanismos de compensación financiera, ni instrumentos de liquidez que permitan absorber los costos derivados del diferimiento de pagos. Por esta razón, sostuvo que la constitucionalidad de dichas disposiciones debería condicionarse a la adopción de medidas que garanticen la sostenibilidad financiera de las empresas y la continuidad de la prestación del servicio. 30. Por su parte, respecto del artículo 3, la Asociación argumentó que la habilitación conferida al Ministerio de Minas y Energía podría terminar siendo utilizada para intervenir aspectos estructurales del mercado del servicio de gas natural, que excederían el ámbito de la emergencia. Por ende, se propuso una interpretación restrictiva de la disposición, según la cual, los lineamientos extraordinarios allí previstos deberían limitarse a las zonas afectadas por la emergencia, circunscribirse temporalmente a su duración, y evitar cualquier tratamiento preferencial a favor del gas importado frente a la producción nacional. 31. Solicitudes de inexequibilidad . En este grupo los intervinientes consideraron que el Decreto 242 de 2026 contiene medidas que, por un lado, desarrollan asuntos estructurales que están por fuera del alcance de las competencias extraordinarias del Gobierno nacional en un estado de excepción; y por el otro, son medidas que son adoptadas por un término o por un período que no corresponde con la temporalidad concedida para atender los hechos de la emergencia. Finalmente, se afirma que las acciones implementadas podrían vulnerar o transgredir los derechos de ciertos operadores o sujetos que intervienen en la prestación de los servicios públicos de energía y gas domiciliario. 32. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO), la Fundación para el Estado de Derecho, la Universidad Externado de Colombia y la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ALCOGEN), esta última en su segunda intervención, solicitaron la inexequibilidad del Decreto Legislativo 242 de 2026 o, al menos, de algunas de sus disposiciones. De manera general, estos intervinientes coincidieron en afirmar que varias de las medidas contenidas en el decreto carecen de conexidad con las causas que dieron origen a la declaratoria de emergencia, pues responden a problemas regulatorios y estructurales previamente identificados en los sectores de gas natural y energía eléctrica. A su juicio, la disminución de la oferta nacional de gas, el incremento de la dependencia del gas importado y las modificaciones al esquema de Obligaciones de Energía Firme (OEF) corresponden a fenómenos de mediano y largo plazo, que podrían ser atendidos mediante los mecanismos ordinarios de regulación previstos en el ordenamiento jurídico. 33. Algunos de estos intervinientes sostuvieron que las medidas desconocen los juicios de finalidad, conexidad, necesidad y proporcionalidad. En particular, ello se manifestó frente a los artículos 3 y 4 del Decreto 242 de 2026, en donde se afirma que el Gobierno habría aprovechado la emergencia ocasionada por las inundaciones, para intervenir mercados regulados, con fundamento en riesgos distintos, como la reducción de la oferta de gas o la eventual ocurrencia del fenómeno de El Niño. Asimismo, en las intervenciones que solicitan la inexequibilidad del Decreto, se señaló que la Comisión de Regulación de Energía y Gas cuenta con competencias legales suficientes para adoptar modificaciones regulatorias en estas materias, sin necesidad de acudir a facultades legislativas extraordinarias. Desde esta perspectiva, en criterio de los intervinientes, las medidas serían incompatibles con el carácter transitorio y excepcional que la Constitución exige para los decretos legislativos expedidos al amparo del artículo 215 del Texto Superior. 34. Por otra parte, varios de los intervinientes también se concentraron en los efectos económicos de las medidas adoptadas en los artículos 1 y 2 del decreto. En particular, la Asociación Colombiana de Exmagistrados y Magistrados Auxiliares (EMMA), la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO), la Fundación para el Estado de Derecho y la Universidad Externado de Colombia coincidieron en cuestionar la ausencia de mecanismos de compensación financiera asociados a los alivios tarifarios previstos en dichas disposiciones. Afirmaron que la prohibición de facturación y los mecanismos de diferimiento trasladarían total o parcialmente los costos de la emergencia a las empresas prestadoras, sin prever instrumentos adecuados de liquidez o compensación estatal derivados de la aplicación de los artículos 1 y 2 del decreto. En su criterio, estas medidas adoptadas podrían comprometer la suficiencia financiera del sistema, afectar el equilibrio económico de los prestadores y poner en riesgo la continuidad y calidad de los servicios públicos domiciliarios. 35. En concreto, para la Asociación Colombiana de Exmagistrados y Magistrados Auxiliares (EMMA) y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO) en el juicio que adelante la Corte debe aplicar la sentencia C-187 de 2020, en donde se examinó medidas adoptadas durante la pandemia de COVID-19. En dicha providencia, según afirman, la Corte declaró exequibles las medidas financieras a favor de los usuarios, ya que se contemplaron unos mecanismos de compensación para los prestadores del servicio público. 36. Finalmente, las críticas dirigidas específicamente contra el artículo 4 se concentraron en la presunta falta de conexidad entre una emergencia asociada a las inundaciones y una medida encaminada a modificar un instrumento regulatorio diseñado para escenarios de escasez hídrica. Los intervinientes afirmaron que la disposición invadiría competencias propias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, alteraría reglas económicas previamente definidas mediante procedimientos regulatorios ordinarios, afectaría la confianza legítima de los agentes del mercado y generaría riesgos para la estabilidad regulatoria y la sostenibilidad del sector eléctrico. Algunos de ellos también cuestionaron que la norma imponga cargas exclusivamente a los generadores hidroeléctricos, sin extenderlas a otros agentes que participan en el esquema de Obligaciones de Energía Firme (OEF). 37. Las intervenciones presentadas en este proceso de constitucionalidad, que se detallan en el Anexo III de esta providencia, se resumen de la siguiente manera [5] : INTERVINIENTE SENTIDO DE LA INTERVENCIÓN ISAGEN S.A. E.S.P. Suspensión provisional del artículo 4 del Decreto Legislativo 242 de 2026 Asociación Colombiana de Exmagistrados y Magistrados Auxiliares (EMMA) Exequibilidad condicionada de los artículos 1, 2 y 3 Inexequibilidad del artículo 4 Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO) Inexequibilidad Primera intervención de Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ALCOGEN) Suspensión provisional del artículo 4 del Decreto Legislativo 242 de 2026 Inexequibilidad del artículo 4 del Decreto 242 de 2026, con efectos retroactivos Ministerio del Deporte Exequibilidad Ministerio de Transporte Exequibilidad Fundación para el Estado de Derecho Inexequibilidad Universidad Externado Inexequibilidad E. Pruebas recaudadas 38. En los autos del 24 de marzo, 15 de abril y 14 de mayo de 2026 se decretaron pruebas [6] . Las respuestas aportadas se sintetizaron en el Anexo II de esta sentencia. Con todo, en lo que sea pertinente, esa información será examinada en la presente providencia. F. Concepto del procurador general de la Nación 39. El procurador inició el concepto con una cuestión previa relacionada con la sentencia C-191 de 2026. En este acápite, la entidad advirtió que en dicha providencia, la Corte declaró la exequibilidad de la declaratoria del estado de emergencia, con excepción de determinados hechos y consideraciones que fueron excluidos de su ámbito de validez constitucional, entre ellos, aquellos relacionados con la crisis financiera de las empresas de energía eléctrica y el riesgo sistémico para la continuidad del servicio, las facultades de la Agencia Nacional de Tierras en materia de deslinde y recuperación de bienes públicos y baldíos, así como la actualización de los Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas. 40. En consecuencia, la Procuraduría señaló que el examen del Decreto Legislativo 242 de 2026 debe realizarse a la luz de los parámetros fijados en dicha decisión y de los requisitos formales y materiales aplicables a los decretos legislativos. Bajo esa perspectiva, la entidad resaltó que una de las medidas sometidas a control (concretamente, la prevista en el artículo 4), guarda relación con problemáticas estructurales asociadas a la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, materia que fue expresamente excluida del fundamento constitucional de la declaratoria de emergencia. 41. Concluido lo anterior, el Ministerio Público se refirió a los requisitos formales y materiales del Decreto Legislativo 242 de 2026. 42. Cumplimiento de los requisitos formales . En este análisis, la Procuraduría concluyó que el decreto satisface todos los requisitos exigidos por el ordenamiento constitucional: (i) fue suscrito por el presidente de la República y por la totalidad de los ministros que integraban el gobierno al momento de su expedición; (ii) en su criterio el decreto contaría con una motivación expresa, en la que se exponen los fundamentos constitucionales y fácticos de las medidas adoptadas, y (iii) fue expedido en el término de vigencia del estado de emergencia, aunado a que su ámbito territorial coincide con el de la declaratoria excepcional. 43. Cumplimiento de los presupuestos materiales del Decreto Legislativo 242 de 2026. Agotado el punto anterior, y para introducir el análisis de los requisitos materiales, la Procuraduría incorporó un cuadro en el que sintetizó las medidas estudiadas en tres categorías: (i) las medidas de cobertura y acceso al servicio público domiciliario de gas combustible previstas en los artículos 1 y 2; (ii) la medida orientada a la ampliación de la oferta de gas natural regulada en el artículo 3; y (iii) la medida relativa a la compra de energía en firme contenida en el artículo 4. De acuerdo con ese cuadro, los artículos 1 y 2 superarían los distintos juicios materiales, aunque requieren condicionamientos para asegurar su constitucionalidad. Por el contrario, los artículos 3 y 4 no superarían varios de los juicios exigidos por la jurisprudencia constitucional. A continuación, se utilizará la misma metodología para resumir el alcance del concepto. 44. Medidas de cobertura y acceso en materia tarifaria destinados a los usuarios del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería . La Procuraduría analizó conjuntamente los artículos 1 y 2 del decreto, que establecen mecanismos de alivio y flexibilización en materia de facturación y pago del servicio público domiciliario de gas combustible para los usuarios afectados por la emergencia. A su juicio, estas medidas constituyen una respuesta directamente encaminada a mitigar los efectos de las afectaciones ocasionadas por el fenómeno hidrometeorológico, que motivó la declaratoria del estado de excepción. Frente a los juicios que validan la constitucionalidad de las medidas adoptadas en estos estados, se sostuvo lo siguiente: 45. (a) Juicio de finalidad y conexidad . En su escrito, la Procuraduría General de la Nación (en adelante, PGN) concluyó que las medidas satisfacen los juicios de finalidad, conexidad externa y conexidad interna. En su criterio, la modificación temporal de los esquemas de facturación y pago busca conjurar los efectos de la emergencia, al permitir que los usuarios damnificados cuenten con “ facilidades para asumir el cumplimiento de las obligaciones ” [7] , derivadas de la prestación del servicio. Asimismo, el Ministerio Público encontró acreditada la conexidad externa porque el decreto contiene, en su criterio, un nexo entre las normas adoptadas y los motivos que fundamentaron la declaratoria del estado exceptivo [8] . Finalmente, se concluyó que se satisface la conexidad interna, por cuanto los artículos 1 y 2 guardan relación con los considerandos expuestos para motivarlos [9] . 46. (b) Juicio de motivación suficiente . En criterio de la Procuraduría, la motivación del decreto resulta suficiente porque el Gobierno explicó las razones que justificaban la flexibilización de las condiciones de cobro y pago del servicio de gas combustible para los usuarios afectados por la emergencia. El concepto destaca que las medidas fueron sustentadas a partir de las afectaciones sufridas por los suscriptores y usuarios damnificados y que el decreto justificó su carácter excepcional y temporal, aludiendo a la necesidad de adoptar “ medidas excepcionales sujetas a un término razonable ” [10] , para restablecer las condiciones ordinarias de prestación del servicio. 47. (c) Juicios de ausencia de arbitrariedad, intangibilidad, no contradicción específica e incompatibilidad . Respecto de estos juicios, el Ministerio Público estimó que las medidas no son arbitrarias porque se limitan a flexibilizar temporalmente las reglas de cobro, facturación y pago del servicio, sin afectar (interrumpir [11] ) el funcionamiento de las ramas del poder público, ni alterar el orden institucional. Asimismo, la entidad consideró que las disposiciones respetan la intangibilidad, dado que las medidas se orientan a garantizar la prestación eficiente de un servicio público esencial, en consonancia con el mandato contenido en el artículo 365 de la Carta. De igual forma, la Procuraduría concluyó que, en su criterio, los artículos 1 y 2 del Decreto 242 de 2026 no contradicen de manera específica la Constitución, ni los tratados internacionales aplicables, y tampoco desconocen las limitaciones impuestas al ejecutivo por la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. Finalmente, a juicio del Ministerio Público, las medidas superarían el juicio de incompatibilidad, pues no suspenden “ ninguna ley de la República ” [12] , por lo que no se requiere de una carga argumentativa especial. 48. (d) Juicio de necesidad. La Procuraduría consideró acreditada tanto la necesidad fáctica como la necesidad jurídica de las medidas. En cuanto a la primera, la autoridad resaltó que las inundaciones y demás afectaciones derivadas del fenómeno climático comprometieron gravemente la prestación del servicio de gas combustible, al punto de afectar a 16.881 usuarios en Montería [13] y varios centros poblados rurales. Respecto de la necesidad jurídica, el Ministerio Público sostuvo que el régimen ordinario de servicios públicos, particularmente la Ley 142 de 1994, no contempla mecanismos que permitan diferir pagos o flexibilizar temporalmente las condiciones tarifarias en escenarios como el examinado [14] (aunque si bajo escenarios diferentes de estados exceptivos), de modo que, en su opinión, era necesario acudir a las facultades legislativas extraordinarias previstas en el artículo 215 de la Constitución. 49. (e) Juicio de proporcionalidad . En este punto, es necesario señalar que, aunque la Procuraduría encontró que las medidas son adecuadas para proteger a los usuarios afectados y facilitar el restablecimiento del servicio, es cierto que el Decreto no explica suficientemente cómo evitará impactos negativos sobre la continuidad del servicio y la “ sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras ” [15] . Lo anterior permitiría plantear dudas sobre el cumplimiento de la proporcionalidad. Para superar el impase, el Ministerio Público señaló que ambos intereses pueden armonizarse mediante un condicionamiento que permita la concesión de los beneficios previstos en el decreto, siempre que no se comprometa la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras, ni la continuidad en la prestación del servicio, precisando, además, que las autoridades sectoriales podrían adoptar las medidas reglamentarias necesarias para garantizar ese equilibrio [16] . 50. Además de lo anterior, advirtió una indeterminación respecto del ámbito territorial de aplicación de algunos beneficios. Por tal razón, concluyó que las disposiciones son compatibles con la Constitución únicamente si se interpretan en el sentido de que los alivios se aplican a los usuarios afectados en las zonas concretamente identificadas por el decreto y siempre que se adopten mecanismos que preserven la viabilidad económica del servicio. 51. (f) Juicio de no discriminación . Finalmente, la Procuraduría estimó que las medidas no introducen diferenciaciones fundadas en criterios sospechosos como el sexo, la raza, la religión o el origen familiar. Por el contrario, el tratamiento diferencial se fundamenta en la condición objetiva de vulnerabilidad de quienes resultaron damnificados por el fenómeno hidrometeorológico, razón por la cual concluyó que los artículos 1 y 2 respetan el principio de igualdad y superan el juicio de no discriminación. 52. Medida orientada a la ampliación de la oferta de gas combustible por redes de tubería. La Procuraduría examinó posteriormente la constitucionalidad del artículo 3, mediante el cual se asignó al Ministerio de Minas y Energía la facultad de definir lineamientos para la contratación y ampliación de la oferta de gas natural importado. A diferencia de lo ocurrido con los artículos 1 y 2, la PGN concluyó que esta medida carece de una relación suficiente con las causas que dieron origen a la emergencia declarada. Para ello, también recurrió a la estructura de los juicios de validez, en los siguientes términos: 53. (a) Juicios de finalidad, conexidad y motivación suficiente . La Procuraduría sostuvo que la medida no supera los juicios de finalidad, conexidad, ni motivación suficiente. Aunque el decreto alude al aumento de la contratación de gas importado, a la disminución de la oferta nacional y a sus eventuales efectos sobre las tarifas, el Ministerio Público advirtió que no se explica de qué manera la ampliación de la oferta de gas natural importado contribuye a conjurar la crisis ocasionada por el fenómeno hidrometeorológico o a impedir la extensión de sus efectos. En su criterio, la disposición se dirige a intervenir aspectos relacionados con el abastecimiento, oferta y demanda de gas natural en el país [17] , lo cual excede el ámbito específico de la emergencia declarada. Por la misma razón, la Vista Fiscal concluyó que la medida carece de conexidad externa e interna y motivación suficiente. 54. (b) Juicios de ausencia de arbitrariedad, intangibilidad, no contradicción específica e incompatibilidad . A pesar de las anteriores deficiencias, la Procuraduría estimó que la medida sí supera los juicios de ausencia de arbitrariedad, intangibilidad, no contradicción específica e incompatibilidad. En particular, indicó que la ampliación de la oferta de gas natural no afecta el funcionamiento institucional del Estado, supera la intangibilidad, no contradice la Constitución ni los tratados internacionales, y tampoco suspende normas ordinarias incompatibles con la emergencia. Por ello, estos presupuestos fueron considerados satisfechos. 55. (c) Juicio de necesidad . La Procuraduría concluyó que la medida incumple tanto la necesidad fáctica como la necesidad jurídica. Desde el punto de vista de la necesidad fáctica, señaló que en el decreto el Gobierno no acreditó que la ampliación de la oferta de gas importado tuviera incidencia real en la superación de la crisis ocasionada por el Frente Frío o en la prevención de sus efectos. Desde la perspectiva jurídica, el Ministerio Público destacó que el ordenamiento ordinario ya asigna competencias a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, al Ministerio de Minas y Energía y a la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) [18] para intervenir en la regulación, comercialización, planeación e importación de gas natural. Además, resaltó que el propio decreto reconoce que la contratación de gas importado ya venía aumentando antes de la declaración de emergencia, circunstancia que evidencia que el régimen ordinario se encontraba operando adecuadamente para atender la situación de abastecimiento. 56. Medida orientada a la compra de energía en firme . El tercer grupo de medidas analizado por la Procuraduría corresponde al artículo 4 del decreto, relacionado con la modificación de las reglas aplicables a la compra de energía en firme y a la utilización del denominado Precio de Escasez Inferior. Según el Ministerio Público, esta disposición abordaría materias íntimamente ligadas a la regulación estructural del sector eléctrico y del Mercado de Energía Mayorista. 57. (a) Juicios de finalidad, conexidad y motivación suficiente. La Procuraduría estimó que la medida no supera los juicios de finalidad, conexidad, ni motivación suficiente. En su opinión, la justificación presentada por el Gobierno se refiere principalmente a situaciones asociadas al fenómeno de El Niño, a escenarios de sequía, a la operación del parque termoeléctrico y a la pérdida de obligaciones de energía por parte del parque hidroeléctrico, y no a las causas que dieron lugar a la crisis provocada por el Frente Frío. 58. Por esa razón, concluyó que la modificación del esquema de compra de energía en firme no contribuye a conjurar la crisis generada por el fenómeno que justificó la emergencia, ni a impedir la extensión de sus efectos. En cambio, consideró que la medida busca intervenir problemas regulatorios y económicos propios del Mercado de Energía Mayorista, lo que impide establecer una relación suficiente con los hechos que motivaron la declaración del estado de excepción. Asimismo, la Procuraduría resaltó que la Corte, en la sentencia C‑191 de 2026, había excluido del ámbito material de la emergencia determinados aspectos relacionados con la crisis financiera de las empresas prestadoras de energía eléctrica y con el riesgo sistémico del sector. Dado que el artículo 4 se encuentra estrechamente vinculado con esas problemáticas estructurales, concluyó que se configura una “ inconstitucionalidad por consecuencia ” [19] y solicitó que la disposición fuera declarada inexequible, sin necesidad de examinar los restantes juicios materiales. 59. En resumen, la Procuraduría concluyó que únicamente las medidas previstas en los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 242 de 2026 satisfacen las exigencias materiales de constitucionalidad, siempre que se interpreten de manera condicionada, para limitar su aplicación a las personas damnificadas de los municipios y centros poblados afectados por la emergencia, y para garantizar simultáneamente la continuidad del servicio y la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras. Por el contrario, consideró que los artículos 3 y 4 regulan materias asociadas a problemas estructurales de los sectores de gas y energía que no guardan una relación directa con la emergencia declarada. Por ende, solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad condicionada de los artículos 1 y 2, la inexequibilidad del artículo 3 y la inexequibilidad por consecuencia del artículo 4. II. CONSIDERACIONES 60. En este acápite, la Corte se pronunciará sobre su competencia para revisar el Decreto Legislativo 242 de 2026 . En seguida formulará el planteamiento del caso y definirá la metodología de decisión. Luego, como cuestión preliminar, examinará si el decreto bajo examen tiene una relación de conexidad directa con las materias del Decreto 150 de 2026, que fueron objeto de declaratoria de exequibilidad parcial en la sentencia C-191 de este año. En este punto, se referirá a los fundamentos de esa decisión y realizará una descripción analítica del objeto y de las medidas que contiene el decreto que se revisa en esta oportunidad. A partir de estos elementos, se llevará a cabo el examen de constitucionalidad del Decreto Legislativo 242 de 2026. A. Competencia 61. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 215 (parágrafo) y 241.7 de la Constitución, el artículo 55 de la Ley 137 de 1994 y los artículos 36 a 38 del Decreto Ley 2067 de 1991, la Corte es competente para revisar la constitucionalidad del Decreto Legislativo 242 de 2026, “[p] or el cual se adoptan medidas para los servicios públicos domiciliarios esenciales de gas y energía eléctrica, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 150 del 11 de febrero de 2026 ” . 62. La competencia anotada no se afecta por el hecho de que, para la fecha de esta sentencia, el estado de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante el Decreto 150 de 2026 ya hubiera finalizado [20] . En efecto, cuando la Corte asume el conocimiento de los decretos legislativos tiene el deber de desarrollar el control de constitucionalidad, en razón del principio de perpetuación de la competencia ( perpetuatio jurisdictionis ). En estos casos, no es trascendente examinar si la norma produjo, produce o producirá efectos, pues este tipo de análisis es propio de los controles rogados, mas no del control de normas legales expedidas por el presidente de la República durante un estado de excepción. De lo contrario, esto es, “[d] e aceptarse que la Corte carece de competencia por la pérdida de vigencia del decreto legislativo o por el agotamiento de sus efectos, se afectaría el mecanismo institucional de equilibrio de poderes durante el estado de excepción y se incurriría en una forma de incompetencia negativa de la Corte Constitucional, que pondría en riesgo el Estado Constitucional de Derecho ” [21] . B. Planteamiento del caso y metodología de decisión 63. Le corresponde a la Corte determinar si el Decreto Legislativo 242 de 2026, cumplió con los requisitos formales y materiales para su expedición, previstos en el artículo 215 de la Constitución Política, la Ley 137 de 1994, las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y la jurisprudencia constitucional. 64. Para el efecto, la Sala deberá resolver, como cuestión preliminar, si el decreto legislativo bajo examen tiene una relación de conexidad directa con las materias del Decreto 150 de 2026, que fueron objeto de declaratoria de exequibilidad parcial en la sentencia C-191 de 2026. En caso de que la Sala constate dicha relación de conexidad, procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de constitucionalidad de este tipo de medidas, con base en las normas constitucionales y estatutarias correspondientes y en la jurisprudencia constitucional. De lo contrario, declarará la inconstitucionalidad por consecuencia del decreto legislativo sometido a revisión. C. Cuestión preliminar: estudio sobre la conexidad con el Decreto 150 de 2026 y lo resuelto en la sentencia C-191 del mismo año 65. Sobre la sentencia C-191 de 2026. En la providencia en cita, como previamente se mencionó, esta Corporación avaló parcialmente la constitucionalidad del Decreto Legislativo 150 de 2026, mediante el cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en parte del territorio nacional. Ello, al considerar que este se ajustaba a la Constitución exclusivamente en lo relacionado con los hechos y medidas dirigidas a enfrentar el evento meteorológico que tuvo lugar en los primeros días del mes de febrero del año en curso, por constituir un hecho repentino e inesperado que, en virtud de la cantidad de precipitaciones que produjo, alteró de manera significativa el sistema hidrológico. 66. Con base en esto, la Sala Plena declaró que, en general, los hechos invocados como fundamento fáctico para la expedición del Decreto 150 de 2026 superaron los requerimientos que imponen los juicios de realidad, identidad y sobreviniencia ( presupuesto fáctico ). Según la Corte, el fenómeno meteorológico que tuvo lugar podía calificarse como extremo, extraordinario y sobreviniente. 67. En relación con este escenario, la Corte concluyó que se cumplían los tres presupuestos que justifican la declaratoria de un estado de emergencia económica, social y ecológica conforme con los artículos 215 de la Constitución y 46 de la LEEE [22] , es decir: (i) el presupuesto fáctico , por la ocurrencia de hechos graves y verificables, dentro del cual debe evaluarse la realidad, la identidad y la sobreviniencia de los hechos; (ii) el presupuesto valorativo , por el carácter inminente y grave de la crisis; y (iii) el presupuesto de insuficiencia , por la incapacidad de las medidas ordinarias para conjurar la perturbación del orden económico, social y ecológico del país y atender a la población afectada de forma oportuna y eficaz. 68. La Corte resaltó que la exequibilidad únicamente habilitaba la adopción de medidas orientadas a atender la emergencia en los ocho departamentos mencionados en el artículo 1 del Decreto 150 de 2026, y dentro de esta delimitación territorial, a los 181 municipios reportados por la UNGRD [23] que tuvieron afectaciones por el fenómeno meteorológico atípico que tuvo lugar, así como en los demás municipios respecto de los cuales se pudiera demostrar de forma precisa un impacto concreto derivado de la misma causa. 69. Por el contrario, la Sala Plena encontró que correspondían a circunstancias estructurales y que, por lo tanto, no superaron el juicio fáctico , las siguientes: (i) las relacionadas con la atención de la crisis financiera de las empresas de servicios públicos de energía eléctrica y el riesgo sistémico para la continuidad del servicio público domiciliario de energía en el territorio nacional; (ii) las facultades de la Agencia Nacional de Tierras en materia de deslinde de tierras de la Nación y la recuperación de bienes de uso público y baldíos, así como en otros procedimientos agrarios; y (iii) la actualización de los Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas   –POMCA–, los procesos de acotamiento de rondas hídricas y su incorporación como determinantes ambientales en los instrumentos de ordenamiento territorial. Estos hechos, como causas invocadas del estado de excepción, fueron declarados inexequibles. 70. En cuanto al presupuesto valorativo , la Corte concluyó que las razones invocadas por el Decreto 150 de 2026, así como las pruebas recaudadas, demostraron el impacto significativo sobre los derechos fundamentales (principalmente, la vida, la integridad física, la vivienda, la salud y la educación) de la población afectada por el evento meteorológico. 71. Con el fin de evaluar el cumplimiento del presupuesto de insuficiencia , la Sala Plena definió el alcance del referido estado de excepción. Para el efecto, señaló que para hacer frente a los desastres vinculados a eventos meteorológicos como los referidos en el Decreto 150 de 2026, se debe considerar (i) las fases previstas para la atención de los desastres, y (ii) la prohibición de adoptar medidas de naturaleza estructural. 72. De ese modo, la Corte estableció que las facultades excepcionales en este tipo de situaciones se deben concentrar en (i) medidas de respuesta y (ii) medidas de rehabilitación . Las primeras, las definió como aquellas que se adoptan justo antes, durante o inmediatamente después de una crisis, con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad, garantizar la seguridad pública, o atender las necesidades mínimas de subsistencia de las personas. Lo anterior, mediante la provisión de asistencia humanitaria, acceso a agua potable y saneamiento básico, alimentación y salud, alojamiento de emergencia, evacuación, transporte, búsqueda y rescate, así como las demás acciones necesarias para atender las necesidades inmediatas y de corto plazo de la población en riesgo o afectada. 73. Las segundas medidas, son aquellas que se implementan inmediatamente después de que se ha dado respuesta a las necesidades más urgentes de la población afectada. Su finalidad es la restauración a corto plazo de los servicios e instalaciones básicos preexistentes afectados por la crisis, al igual que propiciar la superación de las dificultades económicas generadas por esa situación. Estas medidas no pretenden transformar, ni mejorar las condiciones preexistentes a la crisis. 74. Por su parte, (iii) las medidas de reconstrucción solo son compatibles con el estado de excepción, cuando el Gobierno nacional demuestre que se encuentran a su vez, estrecha y directamente, relacionadas con la fase de rehabilitación. Finalmente, (iv) las medidas estructurales son incompatibles con el estado de excepción, pues se orientan a superar un problema preexistente o de vieja data. 75. Conforme con lo anterior, la Corte afirmó que, en el marco del artículo 215 de la Constitución Política para enfrentar los desastres naturales originados en eventos meteorológicos, se requiere una valoración especial que tenga en cuenta (i) los esfuerzos por integrar los desastres naturales más agudos al objeto de la legislación ordinaria, tal y como ha ocurrido con la Ley 1523 de 2012; (ii) la proscripción constitucional de la inercia estatal frente a la gestión de los riesgos de desastre derivados del cambio climático; y (iii) la experiencia acumulada del Estado frente a situaciones análogas o equivalentes. Esa valoración especial se traduce en una carga a favor de la utilización de los medios ordinarios y, en consecuencia, en un escrutinio particular del presupuesto de insuficiencia de las medidas ordinarias. 76. Bajo estas premisas, el Decreto 150 de 2026, en sus artículos 2 y 3, definió como medidas a adoptar (i) aquellas que no tienen como propósito la financiación de la emergencia, y (ii) aquellas cuyo fin consiste en recaudar y apropiar recursos para asegurar dicha financiación. En cuanto a las primeras medidas, la Sala Plena concluyó que la fundamentación contenida en las consideraciones del referido decreto, así como la evidencia probatoria recaudada, interpretadas a la luz de las características y efectos del evento hidrometeorológico, permitió concluir que la valoración realizada por el Gobierno nacional, sobre la insuficiencia de las medidas ordinarias disponibles, podía considerarse razonable. 77. En cuanto a las segundas medidas dispuestas en el Decreto, la Corte constató que la pregunta sobre los medios óptimos para financiar la emergencia no parecía tener una respuesta concluyente dentro del acervo probatorio allegado al proceso. Al respecto, advirtió que existían discrepancias que impedían definir con plena certidumbre en qué grado los recursos requeridos podían obtenerse a través de los medios ordinarios. A pesar de estos desacuerdos, señaló que la justificación presentada por el Gobierno nacional no podía considerarse arbitraria. 78. A partir de lo anterior, y sobre la base de la clasificación realizada, al examinar los instrumentos de financiación , la Sala indicó que la definición de su aptitud para hacer frente a la emergencia declarada dependía de valoraciones concretas que – en dicha oportunidad– escapaban al control de la Corte. En efecto, juzgar la idoneidad precisa de cada uno de tales instrumentos, no solo suscitaba objeciones de naturaleza jurídica, sino que enfrentaría a este Tribunal a problemas de información que no podría superar en el curso de ese proceso judicial. Teniendo en cuenta tal circunstancia, advirtió que las facultades de excepción para la financiación de la emergencia –ejercidas con fundamento en los artículos 2 y 3 del Decreto 150 de 2026– deben considerar los instrumentos ordinarios que, en función de la oportunidad y disponibilidad de recursos, puedan ser empleados para enfrentar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. 79. Conforme con ello, concluyó que la configuración y ejecución de tales instrumentos debía sujetarse a las siguientes condiciones: (a) la entidad con competencia para ordenar el gasto en cada sector deberá indicar en un acto administrativo debidamente motivado, las razones por las cuales, en función de la oportunidad del gasto y la disponibilidad de los recursos, no es posible acudir a medios ordinarios de financiación. Esta obligación se extenderá a los recursos que todavía no se hayan comprometido o ejecutado; y (b) el Gobierno nacional, en coordinación con las entidades territoriales afectadas, deberá establecer mecanismos que, con pleno respeto de su autonomía, permitan distribuir las tareas de financiación de las medidas de emergencia entre la Nación y dichas entidades. 80. Por su parte, en cuanto al presupuesto estimado para financiar la emergencia, la Sala destacó que (i) los desacuerdos que surgieron sobre los cálculos existentes de la cuantía de los recursos requeridos para enfrentar la crisis y conjurar la extensión de sus efectos, y (ii) la prohibición de que las medidas de excepción puedan ejecutarse más allá de la búsqueda de tales fines, conforme lo exige el artículo 215 de la Constitución, exigía concluir que las competencias para recaudar y ejecutar recursos, al amparo de las facultades previstas en los artículos 2 y 3 del Decreto 150 de 2026, no podían extenderse, en ningún caso, para cubrir gastos que no se encontraran directamente vinculados con el estado de emergencia, en los términos fijados en la sentencia. Con este propósito, se precisó el alcance de las facultades de excepción para la ejecución de los recursos, en el sentido de establecer unas condiciones relacionadas con las competencias para financiar y ejecutar las sumas obtenidas al amparo del estado de excepción, y fijando la necesidad de determinar un mecanismo para la administración y ejecución de los recursos, que permita un seguimiento adecuado de su destinación [24] . 81. En la medida en que la sentencia C-191 de 2026 delimitó con claridad el ámbito material de validez de los decretos legislativos de desarrollo habilitados para ser expedidos durante el estado de emergencia económica, social y ecológica, es indispensable que, antes de realizar el control automático de constitucionalidad del Decreto Legislativo 242 del 12 de marzo de 2026, se verifique si su contenido se encuentra dentro del marco de habilitación definido por la Corte o si, en contraste, regula materias estructurales que fueron excluidas expresamente de dicho ámbito, evento en el cual procedería su inexequibilidad por consecuencia. 82. Para ello, a continuación, la Sala Plena de esta Corporación: (i) hará referencia a la inconstitucionalidad por consecuencia de los decretos legislativos de desarrollo de los estados de excepción; y (ii) luego realizará una descripción analítica del contenido y alcance del Decreto Legislativo 242 de 2026. Con base en lo anterior, (iii) determinará si las acciones que regula tienen una relación de conexidad directa con las materias del Decreto 150 de 2026, que fueron objeto de la declaratoria de exequibilidad parcial, señalada en la sentencia C-191 de 2026. 83. Sobre la inconstitucionalidad por consecuencia de los decretos legislativos de desarrollo de los estados de excepción. La inconstitucionalidad por consecuencia constituye una figura jurisprudencial que incide directamente en la validez de las disposiciones adoptadas durante los estados