Sentencia C-264 de 2026

C-264-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Plena Sentencia C-264 de 2026 Expediente: D-15989 Demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional) Magistrada ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiséis (2026) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA Síntesis de la decisión La demanda . Paloma Susana Valencia Laserna presentó demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2381 de 2024. Argumentó que la plenaria de la Cámara de Representantes incurrió en un vicio de procedimiento por elusión del debate, que desconoció el principio de consecutividad previsto en el artículo 157 de la Constitución Política. Esto, al (i) aprobar de forma irregular e intempestiva la proposición extraordinaria radicada por la representante María del Mar Pizarro, que propuso acoger en su integridad el texto del articulado de la reforma pensional aprobado por la plenaria del Senado de la República; y (ii) cerrar la sesión sin permitir el debate del articulado ni el trámite de las proposiciones presentadas. Auto 841 de 2025 . El 17 de junio de 2025, por medio del Auto 841 de 2025, la Corte concluyó que la plenaria de la Cámara de Representantes incurrió en un vicio de procedimiento subsanable en el trámite de aprobación de la Ley 2381 de 2024, por incumplimiento del deber de deliberación mínima. Esto, al constatar que, en el debate y aprobación de la proposición extraordinaria radicada por la representante María del Mar Pizarro y otros, que proponía acoger el texto adoptado por el Senado de la República, la plenaria de la Cámara de Representantes (i) cerró de forma intempestiva y anticipada el debate por suficiente ilustración, sin consideración a las reglas previstas en el artículo 108 de la Ley 5ª de 1992; y (ii) desconoció el inciso 2º del artículo 176 de la Ley 5ª de 1992, así como las “reglas de juego” acordadas por la mesa directiva. En consecuencia, la Corte resolvió devolver la ley a la plenaria para su subsanación. La orden de subsanación tenía dos partes: Orden de subsanación Parte 1 En el resolutivo segundo del Auto 841 de 2025, la Corte señaló expresamente que la plenaria de la Cámara de Representantes debía someter a discusión la proposición presentada por María del Mar Pizarro, Cristóbal Caicedo y otros. Lo anterior, conforme al deber de deliberación mínima. Parte 2 En el comunicado de prensa, así como en la parte motiva del Auto 841 de 2025, la Corte precisó expresamente que la aprobación de la proposición extraordinaria no necesariamente agotaba el debate. En este sentido, indicó que, de aprobarse la proposición extraordinaria, la plenaria de la Cámara de Representantes debía: (i) debatir el articulado de forma separada o por grupos de artículos, si así se decidía conforme al Reglamento del Congreso; y (ii) tramitar las proposiciones que se presentaran luego de la reanudación del debate, conforme a las reglas de la Constitución, la Ley 5ª de 1992 y la jurisprudencia de esta Corte. La decisión de la Sala Plena fue dada a conocer mediante el comunicado de prensa número 27 de 2025, publicado el 27 de junio de 2025. Por su parte, el texto definitivo del Auto 841 de 2025 fue publicado el 14 de agosto de 2025. El trámite de subsanación . El trámite de subsanación del vicio identificado por la Corte en el Auto 841 de 2025 se desarrolló entre el 27 y el 28 de junio de 2025. Este trámite tuvo, principalmente, tres etapas: (i) la convocatoria a sesiones extraordinarias efectuada por el presidente de la República mediante el Decreto 747 de 2025; (ii) la sesión plenaria del 27 de junio de 2025, en la que se llevó a cabo el anuncio de votación; y (iii) la sesión plenaria del 28 de junio de 2025, en la cual se discutieron y votaron (a) la proposición extraordinaria presentada por María del Mar Pizarro y otros representantes y (b) la proposición presentada por el representante Juan Carlos Wills, quien, luego de que se acogió el texto del Senado de la República, propuso debatir el articulado y tramitar las proposiciones que se radicaron luego de la reanudación del debate. El 21 de julio de 2025, el presidente de la Cámara de Representantes rindió un informe a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento del Auto 841 de 2025, en el que dio cuenta del trámite de subsanación. Examen de la Corte. La Corte analizó si la plenaria de la Cámara de Representantes subsanó el vicio de procedimiento identificado, conforme a lo ordenado en el Auto 841 de 2025. La Corte dividió el examen en cuatro secciones: (i) la oportunidad del trámite de subsanación; (ii) la convocatoria y citación a las sesiones extraordinarias; (iii) la sesión del 27 de junio de 2025, en la que se efectuó el anuncio de votación; y (iv) la sesión del 28 de junio de 2025, en la que se llevó a cabo la deliberación y la votación de la proposición extraordinaria presentada por la representante María del Mar Pizarro y otros. Al respecto, la Corte resolvió lo siguiente: (i) Examen de la oportunidad del trámite de subsanación La Corte consideró que el presidente de la República y la plenaria de la Cámara de Representantes no incurrieron en un vicio de procedimiento al iniciar y adelantar el trámite de subsanación del vicio antes de que el Auto 841 de 2025 fuera notificado y cobrara ejecutoria. Esto, porque el resolutivo segundo del Auto 841 de 2025 dispuso expresamente que el término de treinta días para subsanar el vicio comenzaría a correr a partir de la “ comunicación ” de la providencia –no de su notificación o de su ejecutoria–. Conforme a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, el Reglamento de la Corte Constitucional aplicable al caso (Acuerdo 02 de 2015) y la jurisprudencia constitucional, las providencias de la Sala Plena dictadas en procesos de constitucionalidad, tales como los autos que ordenan devolver una ley o norma al Congreso de la República, (i) tienen la fecha en que se adoptan y desde ese momento existen; y (ii) surten efectos y son obligatorias a partir de la publicación del comunicado de prensa, que es el medio de comunicación de la decisión. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la notificación y la ejecutoria de estas providencias no condicionan su existencia, la producción de efectos ni su obligatoriedad. Por otra parte, el comunicado de prensa del Auto 841 de 2025 contenía un resumen de la ratio decidendi , lo que permitía a la plenaria de la Cámara de Representantes comprender con suficiencia el alcance del vicio y la orden de subsanación. En consecuencia, desde la fecha de publicación del comunicado de prensa, esto es, el 27 de junio de 2025, el presidente de la República y la plenaria de la Cámara de Representantes eran competentes para, respectivamente, proferir el decreto de convocatoria y adelantar el trámite de subsanación. (ii) Examen de la convocatoria y citación a las sesiones extraordinarias La Corte concluyó que la convocatoria a las sesiones extraordinarias que el presidente de la República efectuó mediante el Decreto 747 de 2025 cumplió con los requisitos previstos en la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992. La Corte reconoció que el lapso entre la convocatoria y el inicio de las sesiones extraordinarias fue, ciertamente, breve (apenas 5 horas). Sin embargo, consideró que esto no constituyó una irregularidad ni un vicio de procedimiento, porque la Constitución Política y la Ley 5ª de 1992 no establecen expresamente un término mínimo de antelación que deba mediar entre la convocatoria y el inicio de las sesiones extraordinarias. La convocatoria a sesiones extraordinarias es una competencia del presidente de la República, por lo que, en ausencia de una limitación constitucional explícita, no puede ser condicionada por el Congreso de la República ni por la Corte Constitucional. Por otra parte, la Sala Plena señaló que el término previsto en el artículo 138 de la Ley 5ª de 1992 no es aplicable a la citación a sesiones extraordinarias y, en cualquier caso, aun si fuera aplicable, su desconocimiento no obstaculizó el ejercicio de la función legislativa de la plenaria de la Cámara de Representantes ni afectó el principio democrático. (iii) Examen de la sesión del 27 de junio de 2025 La Corte determinó que la sesión del 27 de junio de 2025 cumplió con los requisitos constitucionales y legales de procedimiento: En primer lugar, la Sala Plena advirtió que la sesión del 27 de junio de 2025 fue abierta e inició válidamente, conforme a lo previsto en los artículos 145 de la Constitución Política y 91 de la Ley 5ª de 1992. La Corte reconoció que el orden del día no fue aprobado, pues no existía quórum decisorio. Sin embargo, consideró que esto no afectó la validez de la sesión ni del anuncio, porque la Constitución Política y la Ley 5ª de 1992 no prevén que la aprobación del orden del día sea un requisito de procedimiento ni una condición de validez de las sesiones. En segundo lugar, la Sala Plena constató que el anuncio de votación cumplió con los requisitos constitucionales y legales, porque: (i) se llevó a cabo en una sesión distinta y previa a la votación; (ii) la formulación del anuncio permitía deducir, sin equívocos, la intención de someter el proyecto de reforma pensional a votación en una sesión posterior; y (iii) el anuncio señaló de forma expresa que la votación se llevaría a cabo en la sesión del 28 de junio de 2025. La Corte advirtió que el anuncio se realizó cuando existía quórum deliberatorio —no decisorio—. Sin embargo, a diferencia de lo alegado por la demandante, así como por algunos representantes y ciudadanos que presentaron escritos en este proceso, concluyó que ello no afectaba su validez. Lo anterior, pues conforme a la Constitución Política, la Ley 5ª de 1992 y la jurisprudencia constitucional, el anuncio no requiere ser aprobado ni votado por la célula legislativa. Por el contrario, será válido siempre que se realice en una sesión válidamente abierta en la que exista, por lo menos, quórum deliberatorio. En tercer lugar, la Sala Plena concluyó que la falta de aprobación del Acta núm. 256, correspondiente a la sesión del 27 de junio de 2025, constituía apenas una irregularidad, no un vicio de procedimiento. Esto, porque (i) la Corte Constitucional ha reiterado en pacífica jurisprudencia que la aprobación de las actas de las sesiones no constituye un requisito de validez de las decisiones que adopta el Congreso de la República; y (ii) en este caso existían otros medios de prueba que permitían dar cuenta de lo ocurrido en la sesión plenaria extraordinaria del 27 de junio de 2025. (iv) Examen de la sesión del 28 de junio de 2025 La Corte consideró que, en la sesión del 28 de junio de 2025, la plenaria de la Cámara de Representantes subsanó parcialmente el vicio identificado en el Auto 841 de 2025. La Sala Plena constató que la plenaria cumplió con la parte 1 de la orden de subsanación, pues debatió y aprobó la proposición extraordinaria conforme al deber de deliberación mínima y en observancia de los requisitos de trámite previstos en la Constitución y la Ley 5ª de 1992. En efecto, la mesa directiva (i) cumplió con las reglas previstas en el artículo 108 de la Ley 5ª de 1992, (ii) garantizó una oportunidad real y efectiva para que los representantes deliberaran y (iii) respetó las reglas de discusión y aprobación que había fijado al inicio del debate. Sin embargo, a juicio de la Sala Plena, la plenaria de la Cámara de Representantes no cumplió a cabalidad con la parte 2 , dado que no debatió algunos artículos de forma separada ni tramitó las proposiciones válidamente radicadas luego de la reanudación del debate, pese a que, conforme a las reglas previstas en la Constitución Política, la Ley 5ª de 1992 y la jurisprudencia constitucional, ello debía hacerse. La Corte recordó que, durante el debate de la proposición extraordinaria, varios representantes solicitaron que el debate del articulado aprobado por el Senado de la República se llevara a cabo de forma separada –no globalmente–, es decir, artículo por artículo o por grupos de artículos. Luego, una vez aprobada la proposición extraordinaria, el representante Juan Carlos Wills radicó una proposición mediante la cual solicitaba continuar con el debate del articulado y tramitar las proposiciones presentadas durante el trámite de subsanación. La mesa directiva sometió a votación esta última proposición, que fue rechazada con 100 votos en contra y 11 a favor. Luego de esta votación, la mesa directiva cerró el debate, pese a que muchos representantes dejaron constancias e insistieron en que el articulado debía debatirse y que las proposiciones de modificación, eliminación y adición debían tramitarse. La Corte consideró que esta actuación de la mesa directiva y la plenaria de la Cámara de Representantes desconoció parcialmente la parte 2 de la orden de subsanación proferida en el Auto 841 de 2025, así como la Constitución Política, la Ley 5ª de 1992 y la jurisprudencia constitucional. Esto, por dos razones fundamentales: Primera . La Corte recordó que la Ley 5ª de 1992 prevé dos modalidades para debatir el articulado: (i) de forma separada –artículo por artículo o por grupos de artículos– o (ii) de forma global. Conforme al inciso segundo del artículo 176 de la Ley 5ª de 1992, en el debate en las plenarias, la discusión del articulado de forma separada (artículo por artículo o por grupos de artículos) es un derecho de los congresistas. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, aunque este derecho no es absoluto ni irrestricto y su alcance y efectos deben examinarse en cada caso, sí constituye una garantía que no puede ser desconocida de manera discrecional por la mesa directiva o por las mayorías parlamentarias. Lo anterior, siempre que (i) el congresista que solicite del debate por separado de alguno o algunos artículos cumpla con las cargas de debida de diligencia que le son exigibles; y (ii) la solicitud de debatir de forma separada alguno o algunos artículos (a) se presente de forma oportuna, (b) tenga una finalidad sustancial y probada de enmienda, lo que implica que debe estar acompañada de la presentación de proposiciones modificativas, sustitutivas o aditivas; y (c) se compruebe que no tiene una finalidad dilatoria y tampoco constituye un ejercicio abusivo del derecho que obstaculice de forma irrazonable el trámite legislativo. Por esta razón, recordó la Sala Plena, la Corte Constitucional ha interpretado que, en aquellos casos en los cuales existe solicitud presentada de forma válida, conforme a los requisitos descritos, el debate por separado de los artículos o grupos de artículos respecto de los cuales se presenten proposiciones modificativas, sustitutivas o aditivas es, por regla general, una exigencia preceptiva u obligatoria , que no está sometida a la discrecionalidad de la mesa directiva ni a la decisión de las mayorías. En criterio de la Corte, en el trámite de subsanación, la plenaria de la Cámara de Representantes desconoció el inciso 2º del artículo 176 de la Ley 5ª de 1992 y la regla de decisión citada, pues, luego de aprobar la proposición extraordinaria, deliberadamente decidió no debatir de forma separada los artículos del texto aprobado por el Senado de la República respecto de los cuales se presentaron proposiciones modificativas, sustitutivas y aditivas. Lo anterior, pese a que múltiples representantes lo solicitaron de forma válida durante el debate, el presidente de la Cámara lo sugirió y, además, un representante formuló una proposición en ese sentido. En lugar de proceder al debate del articulado por separado, para debatir aquellos artículos con proposiciones válidamente radicadas y no desistidas, la mesa directiva decidió someter a votación la proposición que planteaba reanudar el debate a pesar de que, conforme a la jurisprudencia constitucional, en estos casos el debate por separado es preceptivo u obligatorio , en los términos expuestos. Segunda . La Corte reiteró que los artículos 160 de la Constitución Política y 113 de la Ley 5ª de 1992 exigen que las proposiciones modificativas o aditivas planteadas en el curso del debate del articulado sean tramitadas. Una vez presentadas, ha dicho la Corte, es obligación de la mesa directiva del órgano legislativo respectivo someterlas a debate y posterior votación. Lo anterior, salvo que se compruebe el desistimiento del proponente, ya sea expreso o tácito. La falta de debate o de votación de una proposición modificativa del articulado, válidamente presentada y no desistida, constituye una irregularidad que, por regla general, puede conducir a un vicio de procedimiento. La Sala Plena constató que, en este caso, la plenaria de la Cámara no tramitó proposiciones modificativas o aditivas que múltiples representantes presentaron válidamente durante la sesión del 28 de junio de 2025, respecto de nueve (9) artículos del texto aprobado por el Senado de la República. Lo anterior, pese a que los proponentes cumplieron con las cargas de diligencia reforzadas que les eran exigibles y no retiraron ni desistieron de sus proposiciones. En criterio de la Corte, esta omisión vulneró los artículos 160 de la Constitución Política y 113 de la Ley 5ª de 1992, así como la jurisprudencia constitucional que exige que las proposiciones de este tipo planteadas en el curso del debate del articulado sean objeto de discusión y votación. Naturaleza del vicio . La Corte concluyó que el vicio identificado, consistente en el desconocimiento del inciso 2º del artículo 176 de la Ley 5ª de 1992 y la omisión de trámite de las proposiciones válidamente radicadas y no desistidas, era subsanable. Esto, por dos razones. Primero, sólo afectaba, total o parcialmente, según el contenido de la proposición, los 9 artículos respecto de los cuales se presentaron proposiciones que no fueron desistidas. Segundo, no implicó la pretermisión total de una etapa estructural del procedimiento ni una elusión total del debate. Órdenes y remedios . Con fundamento en estas consideraciones, la Corte adoptó un remedio bipartito [1] . De un lado, –resolutivo primero– resolvió declarar la exequibilidad, por los vicios de procedimiento examinados en esta sentencia, de las disposiciones de la Ley 2381 de 2024 aprobadas válidamente. De otro lado, –resolutivo segundo– , la Sala Plena decidió devolver a la plenaria de la Cámara de Representantes los artículos o apartes de la reforma pensional respecto de los cuales se presentaron válidamente proposiciones modificativas o aditivas que no fueron retiradas ni desistidas. Para cumplir con lo anterior, se dispuso que la Plenaria de la Cámara de Representantes tendrá un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. Asimismo, se ordenó que, – resolutivo tercero – culminado el trámite de subsanación, el secretario de la Cámara de Representantes debía rendir informe a la Corte sobre las actuaciones. La Sala Plena aclaró que, conforme al Decreto 2067 de 1991, al Reglamento de la Corte y a las normas procesales aplicables, la notificación de las sentencias de constitucionalidad se entiende surtida con la desfijación del edicto. Por lo tanto, precisó que el término concedido para la subsanación sólo empezará a correr cuando ello ocurra [2] . Por otra parte, la Corte resolvió (i) resolutivo cuarto : declarar la exequibilidad del artículo 94 de la Ley 2381 de 2024, en el entendido de que las disposiciones declaradas exequibles en el resolutivo primero entrarán en vigencia a partir del 1º de abril de 2027; (ii) resolutivo quinto : precisar que la exequibilidad y vigencia de las disposiciones que la Corte ordena devolver mediante el resolutivo segundo estarán condicionadas al procedimiento de subsanación; y (iii) resolutivo sexto : extender la suspensión de los términos para la tramitación de los procesos que cursen o llegaren a cursar ante la Corte Constitucional, por demandas instauradas contra la Ley 2381 de 2024, hasta el 1º de abril de 2027. TABLA DE CONTENIDO I. ANTECEDENTES . 9 1. La demanda y el trámite procesal 9 2. El Auto 841 de 2025: comunicado de prensa . 9 3. El trámite de subsanación adelantado en el Congreso de la República . 11 4. Publicación del texto definitivo del Auto 841 de 2025 . 12 5. Pruebas y escritos ciudadanos . 13 6. Recusación del magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño . 14 7. Designación de conjuez . 14 8. Recusación e impedimento del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar 14 II. CONSIDERACIONES . 15 1. Competencia . 15 2. Problema jurídico y estructura de la decisión . 18 3. Control constitucional formal del trámite de subsanación . 19 3.1. Examen de la oportunidad del trámite de subsanación . 19 3.1.1. Obligatoriedad, notificación y ejecutoria de las providencias que dicta la Corte Constitucional en los procesos de control abstracto de constitucionalidad. Reiteración de jurisprudencia . 20 3.1.2. Caso concreto: el trámite de subsanación no es inválido por haberse adelantado antes de la notificación del Auto 841 de 2025 . 25 3.2. Examen de la convocatoria y citación a las sesiones extraordinarias . 29 3.2.1. La regulación constitucional y legal de las sesiones extraordinarias del Congreso de la República. Reiteración de jurisprudencia . 30 3.2.2. Caso concreto: la convocatoria y posterior citación a las sesiones extraordinarias para el trámite de subsanación de la Ley 2381 de 2024 fueron válidas 32 3.3. Examen de la sesión del 27 de junio de 2025 . 37 3.3.1. La apertura de la sesión y la falta de aprobación del orden del día . 39 3.3.2. El anuncio de votación . 45 3.3.3. La falta de aprobación del acta de la sesión del 27 de junio de 2025 . 50 3.4. Examen de la sesión del 28 de junio de 2025 . 57 3.4.1. El Auto 841 de 2025: comunicado de prensa y texto definitivo . 61 3.4.2. El deber de deliberación mínima y las reglas sobre la modalidad del debate y el trámite de las proposiciones . 71 3.4.3. Caso concreto . 96 4. Naturaleza del vicio . 125 5. Órdenes y remedios . 128 III. DECISIÓN .. 141 I. ANTECEDENTES [3] 1. La demanda y el trámite procesal 1. La demanda . El 18 de julio de 2024, Paloma Susana Valencia Laserna presentó demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2381 de 2024, “[p]or medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones”. La demandante formuló tres cargos de inconstitucionalidad, los cuales se resumen en la siguiente tabla: Cargos de inconstitucionalidad Cargo primero La plenaria de la Cámara de Representantes incurrió en un vicio de procedimiento por elusión del debate, que desconoció el principio de consecutividad previsto en el artículo 157 de la Constitución Política. Esto, al aprobar la proposición extraordinaria que propuso acoger íntegramente el texto aprobado por la plenaria del Senado de la República y cerrar el debate de forma intempestiva, sin debatir el articulado ni tramitar las proposiciones presentadas. Cargo segundo El artículo 93 de la Ley 2381 de 2024 vulnera el artículo 48 de la Constitución Política al establecer un régimen pensional especial para determinados grupos poblacionales. Cargo tercero El numeral 5º del artículo 84 de la Ley 2381 de 2024 prevé que las pensiones estarán gravadas con el impuesto sobre la renta por la parte que exceda de 1.000 UVT. Sin embargo, omite precisar que ese umbral debía aplicarse mensualmente. La demandante aseguró que esta omisión permite interpretar que el límite de 1.000 UVT se refiere a un monto anual, lo que implicaría que las pensiones de aproximadamente 3.600.000 pesos mensuales quedarían sujetas a imposición. A juicio de la demandante, esto afecta directamente a miles de jubilados de clase media. —Tabla 1. Cargos de inconstitucionalidad— 2. Trámite procesal . Mediante Auto de 13 de agosto de 2024, el entonces magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez Najar, admitió la demanda. Durante el término de fijación en lista, la Corte recibió múltiples escritos de intervención, los cuales fueron sintetizados en el Auto 841 de 2025. El 23 de abril de 2025, el Procurador General de la Nación presentó un concepto en el que solicitó a la Corte que declarara exequible la Ley 2381 de 2024 [4] . 2. El Auto 841 de 2025: comunicado de prensa 3. En sesión del 17 de junio de 2025, la Sala Plena adoptó el Auto 841 de 2025, cuyo comunicado de prensa fue publicado el 27 de junio siguiente. El comunicado informó que la Corte encontró que los cargos segundo y tercero no eran aptos, dado que no satisfacían las cargas argumentativas desarrolladas por la jurisprudencia constitucional. Por otro lado, en cuanto al cargo primero, el comunicado señaló que la Sala Plena concluyó que, al aprobar la proposición extraordinaria de acoger en su integridad el texto que había sido adoptado por el Senado de la República, la plenaria de la Cámara de Representantes incurrió en un vicio de procedimiento por el incumplimiento del deber de deliberación mínima que afectó el “principio de consecutividad, el principio democrático y los derechos de las minorías” [5] . De acuerdo con el comunicado, el vicio se produjo por dos razones: (i) el cierre “intempestivo y anticipado” del debate por suficiente ilustración, sin consideración a las reglas previstas en el artículo 108 de la Ley 5ª de 1992, y (ii) el desconocimiento del inciso 2º del artículo 176 de la Ley 5ª de 1992 y de las “reglas de juego” acordadas por la mesa directiva. 4. La Corte concluyó que el vicio por incumplimiento del deber de deliberación mínima era subsanable. Esto, porque, pese a que afectó el principio democrático y los derechos de las minorías, no podía “predicarse una ausencia absoluta o elusión del segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes”. En este sentido, conforme a lo previsto en el parágrafo del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte ordenó devolver la Ley 2381 de 2024 para que la plenaria de la Cámara de Representantes corrigiera el vicio. Asimismo, el comunicado informó que, además de la devolución, la Corte resolvió suspender: (i) los términos de los procesos de constitucionalidad en curso o que se presenten ante la Corte Constitucional, por demandas en contra de la Ley 2381 de 2024; y (ii) la entrada en vigencia de la ley, con excepción de los artículos 12, parágrafo transitorio, y 76. 5. En el comunicado de prensa, se transcribieron los resolutivos del Auto 841 de 2025, en los siguientes términos: “ PRIMERO . Por Secretaría General de la Corte Constitucional, DEVOLVER a la Presidencia de la Plenaria de la Cámara de Representantes la Ley 2381 de 2024, “[p]or medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común, y se dictan otras disposiciones”. SEGUNDO . ORDENAR al Presidente de la Cámara de Representantes que, con el propósito de subsanar el vicio de procedimiento en el que se incurrió en el trámite de la Ley 2381 de 2024 advertido en esta providencia, de nuevo someta a discusión y votación de la Plenaria de la Cámara de Representantes la proposición sustitutiva presentada por María del Mar Pizarro, Cristóbal Caicedo y otros representantes durante la sesión ordinaria del 14 de junio de 2024, por medio de la cual se propuso acoger el texto aprobado por la plenaria del Senado y publicado en la Gaceta del Congreso 497 de 2024. Para cumplir con lo anterior, la Plenaria de la Cámara de Representantes tendrá un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la comunicación de esta providencia, cuyo trámite solo correrá cuando el Congreso de la República se encuentre en sesiones ordinarias, a menos que sea convocado para ello en sesiones extraordinarias (CP art. 138). Este término no cobija el trámite de conciliación ante las dos cámaras legislativas, en caso de que sea necesario recurrir a dicha instancia legislativa (CP art. 161). De ser el caso, el trámite de la conciliación deberá surtirse en el término máximo de una legislatura. TERCERO . ORDENAR al Presidente de la Cámara de Representantes que, vencido el término de que trata el numeral anterior, RINDA informe a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la presente providencia y REMITA copia de las respectivas actas de Plenaria, para que la Corte Constitucional se pronuncie definitivamente sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024. CUARTO . SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión los términos para la tramitación de los procesos que cursen o llegaren a cursar ante la Corte Constitucional, por demandas instauradas en contra de la Ley 2381 de 2024, total o parcialmente, hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley dentro del expediente de la referencia. La Secretaría General de la Corte Constitucional realizará las anotaciones que correspondan en los expedientes respectivos. QUINTO . SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de las normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo que se refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada ley. El Congreso de la República, en el marco del trámite legislativo correspondiente, podrá definir un nuevo término de entrada en vigencia integral de la Ley 2381 de 2024. 3. El trámite de subsanación adelantado en el Congreso de la República 6. El trámite de subsanación del vicio identificado por la Corte en el Auto 841 de 2025 tuvo lugar entre el 27 y el 28 de junio de 2025. Este trámite tuvo, principalmente, tres etapas: (i) la convocatoria a sesiones extraordinarias efectuada por el presidente de la República, con el objeto de cumplir con lo ordenado por la Corte en el Auto 841 de 2025; (ii) la sesión plenaria del 27 de junio de 2025, en la que se llevó a cabo el anuncio de votación; y (iii) la sesión plenaria del 28 de junio de 2025, en la cual se discutieron y votaron (a) la proposición extraordinaria presentada por María del Mar Pizarro y otros representantes y (b) la proposición presentada por el representante Juan Carlos Wills, quien, luego de que se acogió el texto del Senado de la República, propuso reabrir la discusión del articulado y tramitar las proposiciones que se radicaron. Trámite de subsanación Convocatoria y citación - Convocatoria . El 27 de junio de 2025, el presidente de la República profirió el Decreto 747 de 2025, mediante el cual se convocaba al Congreso de la República a sesiones extraordinarias, “desde el día 27 de junio de 2025 y hasta el día 19 de julio de 2025”. El decreto dispuso que el objeto de las sesiones extraordinarias era cumplir con lo ordenado por la Corte en el Auto 841 de 2025. - Citación . El 27 de junio de 2025, a las 3:00 p.m., la Secretaría General de la Cámara de Representantes envió la citación a los representantes a la Cámara a las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno Nacional. En la citación, se informó que las sesiones iniciarían el mismo 27 de junio a las 7:00 p.m. La Secretaría General de la Cámara de Representantes publicó el orden del día de la sesión plenaria extraordinaria en su página web y en la cuenta de esa corporación en la red social “X”. Sesión plenaria del 27 de junio de 2025 El 27 de junio de 2025, la plenaria de la Cámara de Representantes efectuó el anuncio de la votación que se llevaría a cabo en la sesión del 28 de junio siguiente. - Apertura de la sesión. A las 9:17 p.m., luego de abrir el registro y certificar la existencia de quórum deliberatorio, el presidente de la Cámara de Representantes autorizó que el secretario general declarara abierta la sesión y que se leyera el orden del día. - Orden del día. A las 9:19 p.m., el secretario general leyó el orden del día. No obstante, el orden del día no fue aprobado por falta de quórum decisorio. - Deliberación. Entre las 9:20 p.m. y las 10:47 p.m., los representantes presentes debatieron sobre la posibilidad de (i) continuar con la sesión, pese a que el orden del día no había sido aprobado, y (ii) realizar el anuncio, a pesar de que no existía quórum decisorio. - Anuncio. A las 10:47 p.m., el presidente de la Cámara de Representantes (i) señaló que, conforme al artículo 145 de la Constitución Política, la sesión estaba válidamente abierta y (ii) ordenó al secretario que anunciara el proyecto. En consecuencia, a las 10:48 p.m., el secretario anunció la votación “para la sesión plenaria de mañana, extraordinaria, sábado 28 de junio de 2025 a las 10:00 de la mañana”. Sesión plenaria del 28 de junio de 2025 El 28 de junio de 2025, la plenaria de la Cámara de Representantes llevó a cabo la sesión extraordinaria destinada a subsanar el vicio de procedimiento advertido por la Corte Constitucional en el Auto 841 de 2025. - Apertura de la sesión . A las 10:00 a.m., el presidente de la Cámara de Representantes abrió el registro y certificó la existencia de quórum deliberatorio y decisorio. Luego, se aprobó el orden del día y se establecieron las “reglas de discusión”. - Debate y votación de la proposición extraordinaria . Entre las 2:13 p.m. y las 6:19 p.m., se debatió la proposición extraordinaria presentada por María del Mar Pizarro y otros, que proponía acoger el texto aprobado por el Senado de la República. Luego de 4 horas de deliberación, la proposición se sometió a votación y obtuvo 104 votos a favor y 9 en contra. - Debate sobre el alcance de la orden de subsanación . Varios representantes advirtieron que, a su juicio, para cumplir la orden de la Corte, aún hacía falta (i) debatir con suficiencia y votar el texto del proyecto de ley aprobado, (ii) conocer, debatir y votar las cerca de 60 proposiciones modificativas, de eliminación y adición del articulado aprobado por el Senado de la República que habían sido radicadas durante la discusión y (iii) de ser el caso, adelantar el trámite de conciliación. - Proposición del representante Juan Carlos Wills . A las 7:16 p.m., el representante Juan Carlos Wills radicó una proposición para reabrir el debate con el objeto de discutir el articulado y examinar las proposiciones modificativas, de eliminación y adición del articulado aprobado por el Senado de la República. La proposición fue negada con 11 votos a favor y 100 en contra. - Cierre de la sesión . El presidente de la Cámara de Representantes informó que, con la decisión de negar la proposición del representante Juan Carlos Wills, “se ratificó la voluntad política de la Plenaria de la Cámara de Representantes de aprobar el texto de Senado en cuarto y último debate, sin ninguna modificación respecto al aprobado por la Plenaria del Senado” [6] . Por esta razón, a las 8:15 p.m., ordenó cerrar el debate. —Tabla 2. Trámite de subsanación— 7. El 21 de julio de 2025, el presidente de la Cámara de Representantes rindió un informe a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento del Auto 841 de 2025, en el que informó sobre el trámite de subsanación realizado. En concreto, remitió documentos relacionados con (i) la convocatoria a sesiones extraordinarias; (ii) la convocatoria de las sesiones plenarias de los días 27 y 28 de junio; y (iii) las actas de dichas sesiones, entre otros. 4. Publicación del texto definitivo del Auto 841 de 2025 8. El 14 de agosto de 2025, la Corte Constitucional publicó el texto definitivo del Auto 841 de 2025. 5. Pruebas y escritos ciudadanos 9. Pruebas solicitadas. Mediante autos de fecha 22 de julio, 11 y 25 de agosto de 2025, el entonces magistrado sustanciador, Jorge Enrique Ibáñez Najar, decretó la práctica de pruebas. En estos autos, solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al presidente de la Cámara de Representantes, entre otros, documentación relacionada con la citación de las sesiones extraordinarias, la publicación de las citaciones, convocatorias y órdenes del día de las sesiones plenarias, y el trámite y aprobación de las respectivas actas de las sesiones plenarias. 10. Informes de pruebas . Los días 8, 12 y 14 de agosto, y 5 y 19 de septiembre de 2025, el presidente y el secretario general de la Cámara de Representantes, así como el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, allegaron la información y la documentación solicitadas en los autos de prueba. El contenido detallado del informe de cumplimiento y de las pruebas recabadas se referirá en el análisis que efectuará la Sala Plena. En todo caso, el Anexo I que acompaña esta providencia sintetiza la información recibida. 11. Escritos ciudadanos. La Corte Constitucional recibió cinco escritos en el término del traslado de pruebas: Escritos Solicitud Paloma Valencia (demandante) [7] , Harold Sua Montaña y Nelson Helber Rodríguez Vargas. Argumentaron que el vicio no se subsanó y solicitaron a la Corte que declarara la inexequibilidad de la Ley 2381 de 2024. Procurador General de la Nación [8] y Elson Rafael Rodríguez Beltrán. Sostuvieron que el vicio se subsanó y solicitaron a la Corte que declarara la exequibilidad de la Ley 2381 de 2024. Otros escritos. Luego de surtido el trámite de subsanación, la Corte recibió múltiples escritos de ciudadanos, entidades e instituciones que no tienen la calidad de intervinientes, pues no participaron en el proceso dentro del término de fijación en lista [9] . —Tabla 3. Escritos ciudadanos— 12. El resumen detallado de los escritos ciudadanos se presenta en el Anexo II de esta sentencia. 6. Recusación del magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño 13. El 3 de octubre de 2025, la demandante, Paloma Susana Valencia Laserna, presentó escrito de recusación contra el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño. Esto, por considerar que había conceptuado sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024 antes de ser elegido y posesionarse como magistrado de la Corte Constitucional. Surtido el trámite correspondiente, mediante Auto 1861 de 24 de noviembre de 2025, la Corte encontró fundada la recusación presentada contra el magistrado Carvajal y, en consecuencia, lo separó del conocimiento del trámite de la demanda de la referencia. 7. Designación de conjuez 14. En sesión del 24 de noviembre de 2025, la Sala Plena de la Corte designó por sorteo a Pablo Márquez Escobar como conjuez para decidir el expediente de la referencia. Lo anterior, debido a que la ponencia presentada por el entonces magistrado sustanciador, Jorge Enrique Ibáñez, no obtuvo la mayoría necesaria para su aprobación. 8. Recusación e impedimento del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar 15. El 26 de enero de 2026, Augusto Alfonso Ocampo Camacho, en su calidad de secretario jurídico de la Presidencia de la República, recusó al magistrado J orge Enrique Ibáñez Najar, por considerar que se encontraba inmerso en la causal de “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”. Argumentó que el magistrado concedió una entrevista a un medio de comunicación en la que emitió un juicio sobre el trámite de subsanación de la Ley 2381 de 2024. En consecuencia, solicitó apartar al magistrado del conocimiento del asunto. 16. El 13 de febrero de 2026, el magistrado Ibáñez Najar presentó manifestación de impedimento por los mismos hechos planteados en la recusación. Sostuvo que, en ejercicio de sus funciones como presidente de la Corte, concedió una entrevista a un medio de comunicación en la que se refirió, entre otros aspectos, al proceso de la referencia. Mediante Auto 203 de 18 de febrero de 2026, la Sala Plena declaró fundado el impedimento y separó al magistrado Ibáñez del conocimiento del expediente. 17. El 20 de febrero siguiente, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió el expediente al despacho de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, a quien, tras la separación del proceso del magistrado Ibáñez Najar, el expediente correspondió por orden alfabético. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 18. La Corte Constitucional es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, conforme a lo previsto en el numeral 4º y el parágrafo del artículo 241 de la Constitución Política. Estas disposiciones prevén que, si en los procesos de acción pública de inconstitucionalidad, se encuentra configurado un vicio de procedimiento subsanable , la Corte es competente para (i) devolver la ley o norma al Congreso de la República para que, de ser posible, “enmiende el defecto observado” [10] y (ii) una vez subsanado el vicio y remitida la norma objeto de control por el Congreso de la República, decidir definitivamente sobre su constitucionalidad [11] . 19. La Sala Plena advierte que en el presente proceso constitucional existe una controversia sobre el alcance de la competencia de control constitucional formal que ejerce la Corte respecto del trámite de subsanación. Algunos representantes y ciudadanos que presentaron escritos en este proceso sostienen que la Corte es competente y tiene la obligación de examinar el trámite de subsanación en su integridad, lo que incluye verificar: (i) la validez de la convocatoria a las sesiones extraordinarias, (ii) el plazo de la citación, (iii) la legalidad del orden del día y el anuncio para votación que se efectuó en la sesión del 27 de junio de 2025 y, por último, (iv) el debate y votación de la proposición extraordinaria presentada por María del Mar Pizarro, que tuvo lugar el 28 de junio siguiente. En contraste, otros ciudadanos sugieren que el examen se circunscribe exclusivamente a la constatación de la subsanación del vicio identificado en el Auto 841 de 2025: el incumplimiento del deber de deliberación mínima en la aprobación de la proposición extraordinaria. 20. La Sala Plena considera que el control constitucional formal abarca la totalidad del trámite de subsanación. Esto implica que comprende: (i) el examen del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales aplicables a cada una de las etapas y actuaciones que se surtieron en dicho trámite; y (ii) la verificación de la subsanación del vicio de procedimiento específico identificado por la Corte en la sentencia o auto anterior. Por lo demás, (iii) la Sala aclara que en eventos en los que, como ocurre en este caso, el trámite de subsanación se llevó a cabo en sesiones extraordinarias, el control formal también comprende el examen del decreto mediante el cual el presidente de la República convoca a sesiones extraordinarias. Esto se debe a que, en la jurisprudencia sobre competencias atípicas de control, la Corte Constitucional ha enfatizado que, aunque el decreto de convocatoria es un acto administrativo, “hace parte del proceso de formación de la ley —en este caso, de la validez de las sesiones extraordinarias—, por lo cual se somete a su examen” [12] . 21. Esta aproximación al alcance de la competencia de la Corte se deriva de la jurisprudencia constitucional, así como de una interpretación sistemática de los artículos 241 a 243 de la Constitución Política. La Sala Plena reconoce que, en sentido estricto, no existe una regla de decisión expresa ni un precedente vigente en la materia. Sin embargo, algunas sentencias de constitucionalidad recientes, en las que la Corte ha examinado el trámite de subsanación de normas devueltas al Congreso de la República por vicios de procedimiento en su formación, confirman esta interpretación. En concreto, se resaltan las sentencias C-138 de 2018 y C-448 de 2024: - Sentencia C-138 de 2018. La Corte Constitucional estudió una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1777 de 2016, en la que el demandante formuló, entre otros, un cargo por vicio de procedimiento en su formación. Por medio del Auto 011 de 2018, la Corte constató que, durante el trámite legislativo, el Congreso de la República incurrió en un vicio de procedimiento subsanable por violación del principio de publicidad, dado que omitió publicar con anticipación el informe de conciliación, por lo que ordenó devolver la ley para su subsanación. Luego de recibir el informe de cumplimiento, la Sala Plena encontró que el vicio fue debidamente subsanado porque (i) el informe fue publicado y (ii) “ el trámite se adelantó con respeto a las disposiciones constitucionales y legales de rigor y, sobre todo, en las plenarias del Congreso se satisficieron las exigencias de los principios de publicidad y deliberación” [13] . Como puede verse, el examen no se restringió al vicio originalmente identificado en el Auto 011 de 2018, sino que también se verificó el cumplimiento de los requisitos de procedimiento aplicables a cada una de las etapas y actuaciones que se surtieron en el trámite de subsanación. - Sentencia C-448 de 2024. La Corte resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2294 de 2023 por vicios de procedimiento en su formación. Mediante el Auto 705 de 2024, la Sala Plena consideró que el Congreso de la República incurrió en un vicio de procedimiento subsanable por violación del principio de publicidad, consistente en que el informe de conciliación no había sido publicado. Por esta razón, la Corte ordenó devolver la ley y conceder un plazo para su subsanación. Luego de recibir el informe de cumplimiento, la Corte llevó a cabo el control formal del trámite de subsanación, para lo cual constató no solo el cumplimiento del principio de publicidad ( vicio original ), sino también (i) la constitucionalidad de los anuncios previos y (ii) el cumplimiento de las reglas de quórum y mayorías en la discusión y votación del informe de ponencia. Al constatar el cumplimiento de todos los requisitos procedimentales aplicables a cada uno de estos actos, la Sala Plena concluyó que el vicio había sido subsanado y declaró la exequibilidad de la norma respecto del cargo analizado. 22. Ahora bien, la Sala Plena observa que, contra esta línea jurisprudencial, podría argumentarse que, en los casos de control rogado o por acción, el estudio de la Corte debe circunscribirse exclusivamente a la verificación de la subsanación del vicio identificado y, por lo tanto, no podría comprender el examen de la totalidad del trámite de subsanación. Esto se debe a que el control constitucional que la Corte ejerce cuando su competencia se activa por la presentación de una demanda es, por definición, rogado —no integral—, lo que implica que se limita a los cargos formulados en la demanda. Además, podría argumentarse que el control de la totalidad de las actuaciones y fases limitaría la posibilidad de que, una vez surtido el trámite de subsanación, cualquier ciudadano pudiera interponer una demanda por vicios de procedimiento en dicho trámite. 23. La Sala Plena no comparte esta interpretación por dos razones fundamentales. En primer lugar, el control formal de la totalidad del trámite de subsanación no modifica la naturaleza rogada del control constitucional. El control formal que la Corte ejerce sobre las actuaciones y fases que se surten en el trámite de subsanación guarda una relación intrínseca con el examen del vicio identificado, denunciado originalmente en la demanda. Esto se debe a que la subsanación del vicio depende, necesariamente, de la constitucionalidad y legalidad de estas actuaciones y fases, las cuales condicionan la validez del procedimiento. Sería contrario al principio de supremacía constitucional, así como a la obligatoriedad de las decisiones de este tribunal, concluir que el vicio fue subsanado si la Corte constata que otro requisito previo, indispensable para que el Congreso de la República pudiera adelantar el trámite, fue incumplido. Por lo demás, el examen que efectúa la Corte no cobija vicios de procedimiento que pudieren haberse presentado en el procedimiento legislativo original; sólo comprende el control formal del trámite de subsanación. 24. En segundo lugar, la tesis según la cual el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales del trámite de subsanación sólo podría estudiarse en el marco del examen de nuevas demandas de constitucionalidad desconocería el término de caducidad previsto para la presentación de demandas por vicios de forma. El artículo 242.3 de la Constitución Política dispone de forma expresa que “[l]as acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto”. En criterio de la Sala Plena, permitir la presentación de nuevas demandas por vicios de procedimiento, luego de surtido el trámite de subsanación, dejaría sin efecto alguno el término de caducidad. Además, esta habilitación podría vulnerar el principio de seguridad jurídica. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional [14] , el Constituyente optó por fijar de manera clara y precisa un término máximo e improrrogable para que pudiera demandarse una norma por vicios de forma, con el objeto de conceder “prevalencia en este punto al principio de la seguridad jurídica” [15] . Esto, en la medida en que fijar un límite temporal a la acción por vicios de forma clausura los debates sobre el procedimiento de formación de las leyes y confiere estabilidad a su validez formal, lo que evita litigios indefinidos ante la Corte Constitucional. 25. En criterio de la Sala Plena, la protección de la seguridad jurídica y el cierre definitivo del debate en torno a la validez formal del procedimiento de aprobación legislativa de la Ley 2381 de 2024 cobran especial relevancia en este caso. Esto es así en atención, entre otras razones, a (i) el tiempo prolongado que, por diferentes circunstancias procesales, ha tomado el presente proceso constitucional; (ii) las dificultades jurídicas y operativas que ha causado la suspensión de la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024; y (iii) los efectos, expectativas legítimas y posibles derechos consolidados que se han materializado con ocasión de los traslados que habilitaron el artículo 12, parágrafo transitorio, y el artículo 76 de la citada ley. En este contexto, la Corte considera que mantener abierto el debate sobre la validez formal del procedimiento de formación de la Ley 2381 de 2024 causaría una incertidumbre profundamente nociva para la seguridad jurídica y, además, podría afectar múltiples derechos fundamentales y principios constitucionales. 26. En este sentido, la Corte concluye que el control constitucional formal comprende la integridad del trámite de subsanación, lo que implica constatar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de cada una de las actuaciones y fases, no sólo la verificación de la subsanación del vicio de procedimiento específico –incumplimiento del deber de deliberación mínima– identificado en el Auto 841 de 2025. 2. Problema jurídico y estructura de la decisión 27. Problema jurídico . La Corte debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿El trámite de subsanación de la Ley 2381 de 2024 se adelantó conforme a los requisitos de procedimiento previstos en la Constitución Política y la Ley 5ª de 1992 y, en este trámite, la plenaria de la Cámara de Representantes subsanó el vicio por incumplimiento del deber de deliberación mínima que la Corte encontró probado en el Auto 841 de 2025? 28. Estructura de la decisión . Conforme a lo expuesto en la sección anterior, la Corte dividirá el control constitucional del trámite de subsanación en cuatro secciones: (i) el examen de la oportunidad del trámite de subsanación; (ii) el examen de la convocatoria y citación a las sesiones extraordinarias; (iii) el examen de la sesión del 27 de junio de 2025, en la que se efectuó el anuncio; y (iv) el examen de la sesión del 28 de junio de 2025, en la que se llevó a cabo la deliberación y la votación de la proposición extraordinaria presentada por la representante María del Mar Pizarro: Control constitucional del trámite de subsanación Oportunidad de la subsanación La Corte examinará si, como lo alegan algunos representantes y ciudadanos, la convocatoria a sesiones extraordinarias y el trámite de subsanación están viciados por haberse llevado a cabo de forma “prematura”, esto es, antes de que el texto final del Auto 841 de 2025 fuera publicado y notificado. Convocatoria y citación a sesiones extraordinarias La Corte analizará si la convocatoria y la citación a las sesiones extraordinarias se efectuaron conforme a los requisitos previstos en la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992. Sesión del 27 de junio de 2025 La Corte estudiará si la sesión del 27 de junio de 2025, en la que se efectuó el anuncio de votación, cumplió con los requisitos constitucionales y legales. Sesión del 28 de junio de 2025 La Corte examinará si la plenaria de la Cámara de Representantes subsanó el vicio por incumplimiento del deber de deliberación mínima, identificado por la Corte en el Auto 841 de 2025. —Tabla 4. Control constitucional del trámite de subsanación— 29. En cada sección, la Corte (i) hará un breve resumen de los hechos relevantes, (ii) resumirá los escritos ciudadanos que presentaron argumentos o alegaciones respecto de cada etapa y, por último, (iii) verificará el cumplimiento de los requisitos de procedimiento aplicables. 3. Control constitucional formal del trámite de subsanación 3.1. Examen de la oportunidad del trámite de subsanación 30. Hechos relevantes . La Corte Constitucional adoptó el Auto 841 de 2025 en la sesión de la Sala Plena celebrada el 17 de junio de 2025. El 27 de junio siguiente, la Corte publicó el comunicado de prensa, el cual contenía: (i) la parte resolutiva de la decisión, en la que se precisó que la Corte había resuelto devolver la Ley 2381 de 2024 a la Cámara de Representantes para la subsanación del vicio de procedimiento identificado, y (ii) una síntesis de los fundamentos jurídicos [16] . Con base en el comunicado de prensa, el 27 de junio de 2025, el presidente de la República expidió el Decreto 747 de 2025, mediante el cual convocó a la Cámara de Representantes a sesiones extraordinarias para cumplir con la orden de subsanación [17] . Las sesiones extraordinarias tuvieron lugar los días 27 y 28 de junio de 2025. El 21 de julio de 2025, en cumplimiento del resolutivo tercero, el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca Torres, envió a la Corte el informe de cumplimiento [18] . Sin embargo, sólo fue hasta el 14 de agosto de 2025 que la Corte Constitucional publicó el texto definitivo del Auto 841 de 2025. 31. Escritos ciudadanos . La Corte recibió cinco escritos que sostuvieron que el trámite de subsanación estaba viciado porque se llevó a cabo antes de la notificación y de la ejecutoria del Auto 841 de 2025 [19] . Según ellos, esta actuación desconoce la Constitución Política por dos razones. Primero, el presidente de la República no estaba habilitado para convocar sesiones extraordinarias “sin que existiera una providencia judicial firme y debidamente notificada” [20] . En tales términos, señalan que el Decreto 747 de 2025 es nulo por desviación de poder y falsa motivación. Segundo, las sesiones extraordinarias se adelantaron conforme al comunicado de prensa de la Corte, el cual, a su juicio, no contenía información clara y específica sobre el alcance del vicio y la orden de subsanación. 32. Metodología . La Sala Plena advierte que la controversia respecto de la oportunidad del trámite de subsanación gira en torno a (i) el momento a partir del cual las providencias de la Corte son obligatorias y (ii) los efectos del comunicado de prensa v . los efectos de la notificación y ejecutoria de la providencia. Para resolver este punto, la Sala Plena reiterará las reglas relativas a la obligatoriedad, la notificación y la ejecutoria de las providencias de la Corte Constitucional en los procesos de control abstracto de constitucionalidad (sección 3.1.1 infra ), así como la jurisprudencia constitucional sobre los efectos derivados de la publicación del comunicado de prensa. Luego, con base en esas reglas, resolverá si el trámite de subsanación está viciado por haberse adelantado antes de la notificación y de la ejecutoria del Auto 841 de 2025 (sección 3.1.2 infra ). 3.1.1. Obligatoriedad, notificación y ejecutoria de las providencias que dicta la Corte Constitucional en los procesos de control abstracto de constitucionalidad. Reiteración de jurisprudencia 33. El artículo 56 de la Ley 270 de 1996, “Ley Estatutaria de la Administración de Justicia” (en adelante “ LEAJ ”), modificado por el artículo 23 de la Ley 2430 de 2024, regula la fecha en la que las sentencias de la Corte Constitucional se entienden adoptadas y el momento a partir del cual empieza a correr el término de ejecutoria. Asimismo, habilita que las sentencias de la Corte sean objeto de comunicado de prensa: “ARTÍCULO 56. FIRMA Y FECHA DE PROVIDENCIAS Y CONCEPTOS. Artículo modificado por el artículo 23 de la Ley 2430 de 2024. El nuevo texto es el siguiente: El reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y del Consejo de Estado, respectivamente, determinará, entre otras, la forma como serán expedidas y firmadas las providencias, conceptos o dictámenes adoptados. Las sentencias podrán ser objeto de comunicado de prensa . La sentencia tendrá la fecha en que se adopte. En todo caso la ejecutoria de la sentencia comenzará a contarse a partir de la fecha de notificación . En dicho reglamento se deberá además incluir un término perentorio para consignar en el salvamento o la aclaración del voto los motivos de los Magistrados que disientan de la decisión jurisdiccional mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la sentencia. PARÁGRAFO. En todo caso, los reglamentos internos contemplarán el plazo máximo para publicar el texto íntegro de la sentencia” (énfasis añadido). 34. Antes de su entrada en vigor, el artículo 23 de la Ley 2430 de 2024 fue objeto de control automático de constitucionalidad en la Sentencia C-134 de 2023 . La versión original de esta disposición, contenida en el proyecto de ley estatutaria de administración de justicia (PLEAJ), preveía que “[s]olo las sentencias debidamente notificadas podrán ser objeto de comunicado de prensa”. La Corte Constitucional consideró que este aparte de la norma era inconstitucional, dado que condicionaba la publicación de los comunicados de prensa a la notificación de las sentencias. A juicio de la Sala Plena, esto (i) “afectaba los principios de autonomía judicial, de acceso a la información y de publicidad de la administración de justicia”; y (ii) en algunos casos, restringía “gravemente derechos fundamentales o dificulta[ba] el avance hacia finalidades constitucionales esenciales, y eso en aras de una seguridad jurídica para la cual no siempre es idónea”. En este sentido, la Corte resolvió eliminar el significado restrictivo de la norma, para lo cual declaró inconstitucionales “los fragmentos ‘ solo ’ y ‘ debidamente notificadas’ del inciso primero del PLEAJ, de manera que las sentencias puedan ser objeto de comunicado de prensa sin necesidad de que hayan sido previamente notificadas” [21] . 35. Los comunicados de prensa de las sentencias de constitucionalidad están regulados en los Reglamentos de la Corte Constitucional actualmente vigentes: (i) el Acuerdo 02 de 2015, aplicable a los procesos que hayan iniciado durante su vigencia (1 de julio de 2015 a 31 de marzo de 2025); y (ii) el Acuerdo 01 de 2025 [22] , que rige “los procesos radicados en la Corte a partir de su entrada en vigencia” [23] (1 de abril de 2025). El artículo 36 de ambos acuerdos regula el comunicado de prensa en forma casi idéntica [24] : Acuerdo 02 de 2015 Acuerdo 01 de 2025 “ARTÍCULO 36. EXPEDICIÓN Y FIRMA DE PROVIDENCIAS. Una vez