Sentencia C-257 de 2026

C-257-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Plena SENTENCIA C-257 DE 2026 Referencia: expediente RE-398 Asunto: control de constitucionalidad sobre el Decreto Legislativo 0214 del 5 de marzo de 2026 [1] Magistrado ponente: Juan Carlos Cortés González Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026) La Sala Plena de la Corte Constitucional, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, profiere la presente SENTENCIA Síntesis de la decisión ¿Qué estudió la Corte? La Sala Plena de la Corte Constitucional realizó el control automático e integral de constitucionalidad s obre el Decreto Legislativo 0214 del 5 de marzo de 2026, “ Por el cual se adoptan medidas para el servicio público domiciliario esencial de energía eléctrica en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto número 0150 del 11 de febrero de 2026 ” (en adelante, DL214). ¿Qué consideró la Corte? La Sala analizó, como cuestión preliminar, la configuración de la inconstitucionalidad por consecuencia. Al respecto, advirtió que mediante Sentencia C-191 de 2026, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad parcial y condicionada del Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero de 2026 (en adelante, DL150), por medio del cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica al amparo del cual se expidió el decreto legislativo objeto de estudio . Por lo anterior, la Sala verificó si en el presente asunto operó la inconstitucionalidad por consecuencia, para lo cual reiteró jurisprudencia sobre la materia. Al respecto, encontró que los artículos 3 y 4 del DL214 resultaban inconstitucionales por consecuencia al relacionarse específicamente con la situación de crisis financiera de las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica y con el riesgo sistémico de ese sector, consideraciones que fueron declaradas inexequibles en la Sentencia C-191 de 2026. En concreto, respecto del artículo 3 del DL214, la Sala verificó que la inconstitucionalidad por consecuencia se configuró porque la norma, en su justificación y diseño regulatorio, no incluye ninguna referencia que permita establecer una relación temática directa y estrecha con la atención de la población damnificada en los municipios afectados y cobijados por el DL150 o con la rehabilitación de las instalaciones e infraestructuras afectadas con ocasión del fenómeno hidrometeorológico del Frente Frío. Por el contrario, esta disposición está formulada exclusivamente en función de los operadores de red, específicamente en lo referente a sus planes de inversión y al esquema tarifario de recuperación, lo que evidencia que, en efecto, el objeto de la misma es adecuar la metodología de remuneración tarifaria del sector eléctrico. El supuesto de hecho que activa la suspensión excepcional de los efectos económicos de la subejecución es el incumplimiento, en términos generales y amplios, de los planes de inversión y de reducción de pérdidas. Tal elemento no está condicionado de ninguna manera a la verificación de que dichos incumplimientos se originen en los hechos que causaron el estado de emergencia económica, social y ecológica y que fueron avalados en la Sentencia C-191 de 2026. Al valorar los elementos referidos en conjunto, la Sala concluyó que esta medida extraordinaria tiene el fin de generar un alivio económico general, asegurar la sostenibilidad de los esquemas tarifarios y, con ello, mitigar la crisis financiera anterior de las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica. En efecto, aquella incide en el funcionamiento de las empresas prestadoras y en el mercado de energía eléctrica ante la posibilidad de un riesgo sistémico que afecte el Sistema Interconectado Nacional. De otra parte, sobre el artículo 4 del DL214 concluyó que si bien los considerandos que justifican la adopción de esta norma se refieren, en términos generales, a los usuarios damnificados de los estratos 1, 2 y 3, lo cierto es que esas mismas consideraciones invocan como sustento de la medida la necesidad de evitar la agravación de afectaciones anteriores del Sistema Interconectado Nacional, derivadas de la insuficiencia del régimen tarifario especial ordinario consagrado en el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019. Esta argumentación apunta a una finalidad distinta a la de atender a la población damnificada y que consiste en mitigar la crisis financiera y operativa preexistente de las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica. En esa medida, en el diseño técnico de la norma no se establece una medida de atención focalizada que busque impactar directamente en los derechos de dicho grupo frente a la situación excepcional que se pretende atender. Lo anterior, teniendo en cuenta además que el régimen tarifario previsto en el artículo 4 del DL214 se constituye como una decisión optativa para las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica. Asimismo, la Sala advirtió que la referencia al fenómeno del niño, en cuanto evento climatológico distinto al del Frente Frío e incluso incierto y futuro, no permite acreditar la existencia de una relación temática directa y estrecha entre la norma analizada del DL214 y el DL150, en los términos de la Sentencia C-191 de 2026. Por el contrario, confirma que este mecanismo está diseñado como una medida estructural a mediano y largo plazo, que se dirige a proteger la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica e incidir en el Mercado de Energía Mayorista – MEM. Una vez superado el análisis de la cuestión preliminar, la Sala propuso el siguiente problema jurídico: ¿el Decreto Legislativo 0214 de 2026 cumple con los requisitos formales y materiales previstos en la Constitución y en la Ley Estatutaria de Estados de Excepción? Para resolverlo, adoptó la siguiente metodología: (i) reiteró jurisprudencia sobre los requisitos que guían el control de constitucionalidad de decretos legislativos que adoptan medidas para el desarrollo del estado de emergencia económica, social y ecológica; (ii) analizó el cumplimiento de los requisitos formales y (iii) verificó el cumplimiento de los juicios materiales previstos en la jurisprudencia constitucional. ¿Qué decidió la Corte? La Sala encontró acreditado el cumplimiento de los cinco requisitos formales. Lo anterior, en la medida que el DL214 fue expedido durante la vigencia del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por medio del Decreto Legislativo 0150 de 2026; su aplicación se restringió al ámbito territorial delimitado por el decreto declaratorio del estado de excepción; cumplió con el presupuesto de motivación; se remitió de manera oportuna a la Corte Constitucional para el control automático de constitucionalidad y contó con la firma del presidente de la República y de todos los ministros. Posteriormente, verificó el cumplimiento de los juicios materiales en relación con los artículos 1, 2, 5 y 6 del DL214. En concreto, la Sala encontró que: 1. Artículo 1: No superó el juicio de necesidad jurídica por cuanto el Gobierno nacional no tuvo en cuenta la existencia de normas ordinarias que permitían atender la finalidad propuesta y adoptar las medidas decretadas, considerando además que: (i) no identificó la existencia de mecanismos ordinarios aplicables y dirigidos a atender el mismo supuesto de hecho y la misma finalidad que el artículo 1 del DL214, particularmente la Ley 1506 de 2012; (ii) no justificó, ni siquiera mínimamente, por qué la medida normativa ordinaria contenida en el artículo 3 de la Ley 1506 de 2012, que guarda identidad en términos regulatorios y de objetivos, resultaba insuficiente y no permitía alcanzar la finalidad perseguida y (iii) tampoco sustentó en qué diferían los supuestos de hecho regulados por una y otra disposición o por qué el artículo 3 de la Ley 1506 de 2012, en su diseño, resultaba insuficiente frente a la magnitud de la emergencia. 2. Artículo 2: No superó el juicio de motivación suficiente, por cuanto la justificación de las medidas allí incorporadas es marginal y no específica, en tanto se considera en forma agregada con la justificación que corresponde al resto de las disposiciones y se asocia exclusivamente con el juicio de conexidad. Además, el Gobierno nacional refirió decisiones de este Tribunal sin justificar por qué las medidas y circunstancias allí juzgadas resultaban asimilables. En efecto, la sola referencia jurisprudencial no da cuenta de una motivación suficiente, teniendo en cuenta que se trata de condiciones diferentes que dieron origen a declaratorias de emergencia distintas. Además, se sustenta en expresiones genéricas; no presenta un sustento técnico ni un análisis jurídico de entorno mínimo, relacionado con las medidas específicas, el alcance en beneficiarios ni su impacto en las empresas de servicios públicos, y alude a diferimientos y condonaciones en los pagos, “especialmente” para usuarios de los estratos 1, 2 y 3, asuntos que en sentido estricto no se corresponden con la disposición contenida en el artículo 2. 3. Artículo 5: Superó los juicios materiales previstos en la jurisprudencia constitucional porque: - El traslado de recursos autorizado tiene el objetivo de atender los efectos derivados de la emergencia económica, social y ecológica, a través de un mecanismo de financiación que permita priorizar y asignar los recursos recaudados conforme a la magnitud de los daños, el nivel de afectación del servicio y la urgencia de las intervenciones requeridas, todo lo anterior de acuerdo a lo previsto en la Sentencia C-191 de 2026. - El artículo 5 bajo examen guarda relación con las consideraciones expresadas por el Gobierno nacional para motivar el DL214 y con las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción. - El Gobierno nacional cumplió con el juicio de motivación suficiente al justificar la adopción de la medida en los considerandos del DL214. - Se superan los juicios de ausencia de arbitrariedad, no contradicción específica, intangibilidad e incompatibilidad, por cuanto el artículo 5 del DL214 (i) no suspende o vulnera el núcleo esencial de los derechos y libertades fundamentales; (ii) no interrumpe el normal funcionamiento de las ramas del poder público y de los órganos del Estado; (iii) no suprime o modifica los organismos y las funciones básicas de acusación y juzgamiento; (iv) no restringe derechos intangibles ni mecanismos judiciales indispensables para su defensa; (v) no vulnera de manera específica la Constitución o los tratados internacionales, ni desconoce el contenido de los artículos 47 a 50 de la Ley 137 de 1994 y (vi) no suspende la vigencia de normas ordinarias. - Satisface los juicios de necesidad fáctica y jurídica. En efecto, el traslado presupuestal previsto en dicha disposición permite que la UNGRD tenga recursos suficientes para atender a la población damnificada ante la magnitud del fenómeno hidrometeorológico del Frente Frío y de los impactos que aquel tuvo en el sector eléctrico. Adicionalmente, era necesario acudir a una norma con fuerza material de ley para cambiar la destinación de los recursos de los fondos FAZNI, FAER y PRONE y permitir el traslado de los mismos a la UNGRD. - Es una medida proporcional, porque no afecta ni limita derechos fundamentales; la cifra objeto de traslado corresponde al 1,5% de los recursos apropiados en los fondos FAZNI, FAER y PRONE y, en todo caso, los mismos se destinan al sector eléctrico para la atención de la población damnificada. - No instaura tratos discriminatorios. No obstante, en relación con el artículo 5 del DL214 y por tratarse de un mecanismo presupuestal y de financiamiento extraordinario, la Sala señaló que resultaba necesario aplicar los condicionamientos previstos en la Sentencia C-191 de 2026. 4. Artículo 6: d ado que esta disposición contempla exclusivamente la vigencia del DL214, su materia y la exequibilidad condicionada del artículo 5 del DL214 implican que esta norma es exequible. ¿Qué resolvió la Corte? PRIMERO. Declarar INEXEQUIBLES , por consecuencia, los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo 0214 del 5 de marzo de 2026. SEGUNDO. Declarar INEXEQUIBLES por desconocimiento del juicio de necesidad jurídica el artículo 1 y por falta de motivación suficiente el artículo 2, ambos del Decreto Legislativo 0214 del 5 de marzo de 2026. TERCERO. Modular los efectos de la declaratoria de inexequibilidad contenida en el numeral segundo de la parte resolutiva de esta providencia, en relación con los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 0214 del 5 de marzo de 2026. Lo anterior, en el sentido de ORDENAR que se mantengan incólumes las situaciones jurídicas consolidadas y aquellas que se encuentren en curso, respecto de los usuarios del servicio de energía eléctrica damnificados en los municipios cobijados por la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, en los términos de la Sentencia C-191 de 2026, que fueron beneficiarios de mecanismos de no facturación y cobro, diferimiento y facilidades de pago y/o que celebraron acuerdos con las empresas prestadoras de dicho servicio público con fundamento en lo dispuesto en el Decreto Legislativo 0214 de 2026. CUARTO. Declarar EXEQUIBLE , el artículo 5 del Decreto Legislativo 0214 del 5 de marzo de 2026, en el entendido de que: (i) La habilitación de traslado de recursos otorgada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por medio del artículo 5 del DL214 no puede extenderse a gastos no relacionados directamente con la atención del estado de emergencia económica, social y ecológica, esto último implica que únicamente comprende: (a) a los 181 municipios que, según el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD–, registraron afectaciones por el fenómeno meteorológico atípico ocurrido entre enero y febrero de 2026, y (b) a los demás municipios respecto de los cuales pueda demostrarse, de manera precisa, una afectación concreta derivada del fenómeno que originó la declaratoria del estado de excepción. (ii) No podrán ejecutarse con cargo a los recursos trasladados medidas estructurales, ni aquellas que tengan por objeto la ejecución de acciones de reconstrucción, a menos de que se acredite que estas últimas están directa y estrechamente relacionadas con la fase de rehabilitación entendida como “la restauración a corto plazo de los servicios e instalaciones básicos preexistentes afectados por la crisis”, y “la superación de las dificultades económicas generadas por esa situación”. En tal sentido, no puede extenderse a gastos relacionados con la atención de la crisis financiera de las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica o con el riesgo sistémico del sector. (iii) El Ministerio de Hacienda deberá incluir en el cálculo del costo total de la emergencia los costos asociados a la medida de financiación prevista en el artículo 5 del DL214. (iv) El Gobierno nacional tendrá que prever un mecanismo para la administración y ejecución de los recursos obtenidos, absolutamente separado de otras fuentes, que permita el seguimiento adecuado de su destinación y que haga posible que los organismos de control dispongan de la información permanente sobre los compromisos que se asuman, de conformidad con lo dispuesto por la Sentencia C-191 de 2026. QUINTO. Declarar EXEQUIBLE el artículo 6 del Decreto Legislativo 0214 del 5 de marzo de 2026. I. ANTECEDENTES 1. El 5 de marzo de 2026, el presidente de la República profirió el Decreto Legislativo 0214 de 2026, mediante el cual “se adoptan medidas para el servicio público domiciliario de energía eléctrica en el marco del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica ordenada mediante el Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero de 2026 ” (en adelante, DL150). 2. El 6 de marzo de 2026, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 215 de la Carta Política, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional copia del Decreto Legislativo 0214 de 2026 [2] . El expediente fue repartido al despacho sustanciador en Sala Plena del 9 de marzo de 2026 y, al día siguiente, la Secretaría General de la Corte Constitucional lo remitió para trámite [3] . 3. Mediante Auto del 13 de marzo de 2026, ese despacho avocó conocimiento de la revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 0214 del 5 de marzo de 2026 (en adelante, DL214). En esa providencia también decretó pruebas. Posteriormente, mediante Auto del 7 de abril de 2026, requirió a varias entidades públicas y privadas para que dieran cumplimiento a las órdenes proferidas en el Auto del 13 de marzo de 2026 [4] . Luego del ejercicio probatorio correspondiente, el 5 de junio de 2026, mediante auto, aquel despacho ordenó continuar con el trámite del proceso de constitucionalidad [5] . 4. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de  juicios, y previo concepto del procurador general de la Nación, la Corte Constitucional procede a decidir sobre el decreto de la referencia. II. LA NORMA BAJO EXAMEN 5. Por la extensión de la norma objeto de control, la Sala resume el contenido del Decreto Legislativo 0214 de 2026 (en adelante, DL214) en la siguiente herramienta visual, con el fin de facilitar su lectura y comprensión. Tabla 1. Medidas adoptadas en el DL214 [6] Art. Medida ¿En qué consiste? 1 No facturación ni cobro por consumos posteriores a la declaración de emergencia En el caso de que el inmueble de un usuario haya sido afectado por los hechos que sustentaron la declaratoria de la emergencia y, por esa razón, no pueda recibir el servicio de energía eléctrica, la empresa prestadora no podrá facturar ni cobrar ningún valor, hasta tanto se cumplan, al mismo tiempo, dos condiciones: (i) que el inmueble recupere las condiciones necesarias para volver a recibir el servicio de energía eléctrica y (ii) que el prestador garantice y restablezca la prestación del servicio en condiciones seguras. Esta medida solo es aplicable respecto de los inmuebles efectivamente afectados y que se encuentren en los departamentos cobijados por el estado de emergencia declarado mediante DL150. Este artículo le otorga, además, al Ministerio de Minas y Energía la facultad de expedir la reglamentación que considere necesaria para poner en práctica esta medida. 2 Diferimientos, facilidades y/o mecanismos de pagos por consumos anteriores a la declaración de emergencia Esta norma establece que aquellos valores adeudados por consumos de energía eléctrica en el ciclo de facturación inmediatamente anterior a la declaratoria de emergencia, no podrán ser cobrados a los usuarios de manera inmediata. Por el contrario, las empresas prestadoras deberán diferir esos valores y darle al usuario un plazo de doce meses para pagarlos, término que puede ampliarse por acuerdo entre el usuario y el prestador. Además, si el medidor, las conexiones o la acometida de energía —bienes que son propiedad del usuario — resultaron dañados por los hechos que sustentaron la emergencia y la empresa ya los reparó, el costo de esa reparación tampoco se podrá cobrar de inmediato, ya que debe diferirse en un plazo de entre 12 y 36 meses. En ninguno de los dos casos la empresa puede cobrarle intereses al usuario por el término adicional que se le concede para pagar. 3 Suspensión excepcional de los efectos de la subejecución Las empresas que operan las redes de energía —llamadas Operadores de Red— tienen normalmente la obligación de invertir cada año una cantidad determinada de dinero para mejorar sus redes y reducir las pérdidas de energía. Si no cumplen esa meta, se denomina subejecución y la regulación ordinaria las sanciona reduciéndoles la tarifa que pueden cobrar. Este artículo suspende esa sanción, exclusivamente para los Operadores de Red que prestan el servicio de energía eléctrica en los departamentos cobijados por el estado de emergencia económica, social y ecológica. Lo anterior, solo si efectivamente incumplieron sus planes de inversión, es decir, presentan subejecución. La suspensión se mantendrá por 2 años, período durante el cual esas empresas pueden ponerse al día con las inversiones pendientes y, mientras tanto, seguir cobrando la tarifa que habrían perdido por no cumplir, de modo que puedan recuperar el costo de esa inversión más adelante. El artículo le ordena a la CREG expedir de inmediato la regulación necesaria para aplicar esta suspensión, sin que ello afecte lo ya dispuesto por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 40505 de 2025, o en la norma que la modifique, sustituya o derogue. 4 Régimen tarifario especial y diferencial de carácter transitorio Las empresas que venden energía a los usuarios finales —las comercializadoras— no compran toda la energía que necesitan al mismo precio: hacen distintas compras, unas más baratas y otras más caras y el precio que finalmente le cobran a cada usuario normalmente resulta de promediar esas compras entre todos sus clientes por igual. Este artículo les da la posibilidad —no la obligación, pues es un mecanismo optativo para cada empresa— de asignarles específicamente a los usuarios damnificados de los departamentos cobijados por la emergencia declarada en el DL150, los bloques de energía más baratos que hayan comprado, de manera que a esos usuarios en particular les aplique una tarifa más económica. La condición es que esa reasignación efectivamente les reduzca el costo frente a lo que venían pagando. Para que esta medida no incremente la tarifa a los demás usuarios que no reciben el beneficio, el DL214 exige que el costo que se les cobra a ellos se mantenga ajustado a las reglas ordinarias del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 y a la regulación de la CREG. Si una empresa decide aplicar esta medida, debe informarlo formalmente y reportar cada mes al Ministerio de Minas y Energía, a la CREG y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cómo calculó el beneficio y qué resultados dio; la CREG, a su vez, queda habilitada para actualizar la regulación tan pronto una empresa le informe que se va a acoger a la medida. Este régimen especial deja de aplicar 1 año después de que se hayan restablecido las condiciones técnicas del servicio y los usuarios damnificados puedan volver a usar normalmente sus inmuebles. 5 Autorización excepcional para el traslado de recursos sectoriales Esta medida se refiere a tres fondos públicos del sector eléctrico, cada uno creado por una ley distinta y con un propósito específico: el FAER [7] ; el FAZNI [8] ; y el PRONE [9] . Por regla general, el dinero de esos tres fondos solo puede usarse para fines específicos establecidos en la ley que los regula. Este artículo le permite al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de manera excepcional y transitoria, trasladar, sin especificar el monto y las veces que lo puede hacer, parte de esos recursos hacia la cuenta, fondo o instrumento financiero que administre la UNGRD para atender el estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en el DL150. Ese traslado no lo decide el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por su cuenta: depende de que el Ministerio de Minas y Energía determine primero la disponibilidad presupuestal correspondiente. Los recursos trasladados solo pueden usarse para enfrentar los efectos de la emergencia en el sector eléctrico y evitar que se extiendan, siempre dentro del propósito de garantizar la continuidad, la seguridad y la confiabilidad del servicio público de energía eléctrica. El Ministerio de Minas y Energía debe, además, remitirle al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la UNGRD los lineamientos técnicos y financieros precisos para la asignación y ejecución de esos recursos, de forma que sirvan efectivamente para suministrar bienes, prestar servicios o ejecutar las obras que le devuelvan a la población afectada el acceso al servicio de energía eléctrica. 6° Vigencia De acuerdo con este artículo, el DL214 empieza a producir efectos jurídicos desde el mismo día en que se publicó oficialmente. 6. En todo caso, el texto completo del DL214 se incluirá en el anexo a esta sentencia. III. MATERIAL PROBATORIO RECAUDADO 7. En cumplimiento de lo ordenado por el magistrado sustanciador en los autos del 13 de marzo y 7 de abril, ambos de 2026, se recibieron las respuestas que se identifican a continuación. El contenido de las mismas se referirá, en lo pertinente, en el análisis material sobre la constitucionalidad de la norma bajo examen. Tabla 2. Material probatorio Entidad 1. Gobierno nacional [10] 2. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD [11] 3. Contraloría General de la República [12] 4. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios [13] 5. Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG [14] 6. Gobernación de La Guajira [15] 7. Gobernación de Sucre [16] 8. Gobernación de Bolívar [17] 9. Gobernación del Cesar [18] 10. Secretaría de Ambiente de la gobernación de Antioquia [19] 11. Gobernación de Córdoba [20] 12. Alcaldía de Sincelejo [21] 13. Alcaldía de Montería [22] 14. Alcaldía de Santa Marta [23] 15. Alcaldía de Necoclí [24] 16. XM S.A. E.S.P. – XM [25] 17. Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – AFINIA [26] IV. INTERVINIENTES E INVITADOS [27] 8. Con anterioridad al término de fijación en lista y durante el mismo, el cual transcurrió entre el 19 y el 25 de junio de 2026, la Corte Constitucional recibió cuatro intervenciones. En la siguiente tabla, se identifica cada escrito junto con la solicitud sobre la constitucionalidad del DL214 formulada. Tabla 3. Intervenciones Interviniente Solicitud Ministerio de Transporte [28] Exequibilidad del DL214, por cumplirse con los requisitos formales y materiales para su expedición. Harold Eduardo Sua Montaña [29] Exequibilidad del DL214. Aunque alega un vicio formal de suscripción, solicita la exequibilidad con fundamento en la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal. Universidad Santo Tomás [30] Exequibilidad condicionada: (i) Los artículos 1, 2 y 4 bajo el entendido de que el Gobierno nacional acredite la magnitud real de la población beneficiaria, el impacto financiero de las medidas y los mecanismos previstos para preservar la sostenibilidad de las empresas prestadoras. (ii) Artículo 3 bajo el entendido de que el Gobierno nacional debe demostrar que el plazo de 2 años constituye el mínimo necesario frente a daños efectivamente acreditados. También, que la suspensión no extingue, sino que difiere las obligaciones de inversión y que la CREG debe ejercer función de seguimiento y verificación. (iii) Artículo 5 bajo el entendido de que el Gobierno nacional debe acreditar la inexistencia de fuentes de financiación alternativas, que el monto es estrictamente proporcional a los daños probados y no se comprometa la viabilidad financiera ni el cumplimiento de los planes y proyectos ordinarios. También, que se incorpora un plazo razonable para la reposición de los recursos y que la UNGRD garantice la trazabilidad y destinación exclusiva de los recursos trasladados. Fundación para el Estado de Derecho [31] Inexequibilidad, por cuanto el DL214 tiene vicios en su suscripción y en su delimitación temporal y no cumple con los requisitos materiales de: finalidad, conexidad material, motivación suficiente, proporcionalidad e incompatibilidad. 9. En respuesta al numeral quinto del Auto del 13 de marzo de 2026 [32] se recibieron los conceptos que se identifican a continuación: Tabla 4. Conceptos Invitado 1. Federación Nacional de Departamentos [33] 2. Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica – ASOCODIS [34] 3. Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones – ANDESCO [35] 4. Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas – CCA [36] 5. Academia Colombiana de Jurisprudencia [37] 10. El contenido de las intervenciones y de los conceptos se referirá, en lo pertinente, en el análisis material sobre la constitucionalidad de la norma bajo examen. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN 11. El procurador general de la Nación solicitó declarar [38] : (i) la inexequibilidad de los artículos 1 y 2 del DL214; (ii) la inexequibilidad por consecuencia de los artículos 3 y 4 de dicho cuerpo normativo y (iii) la exequibilidad del artículo 5 del DL214. 12. En primer lugar, indicó que el DL214 cumple los requisitos formales para su expedición. En segundo lugar, analizó el cumplimiento de los presupuestos materiales previstos en la jurisprudencia constitucional de la siguiente manera: 13. Las medidas de cobertura y acceso al servicio público de energía eléctrica (artículos 1 y 2 del DL214). Señaló que estas medidas no cumplen el juicio de proporcionalidad por cuanto no se justificó “de qué manera la suspensión transitoria de la facturación y de los pagos evita generar efectos adversos sobre la actividad de los [o]peradores de [r]ed y de las empresas prestadoras del servicio, los cuales podrían, a la postre, incidir negativamente en la continuidad y calidad de la prestación” [39] . Adicionalmente, el DL214 no incluyó de forma adecuada y articulada mecanismos orientados a garantizar la sostenibilidad financiera de las mencionadas empresas, situación que plantea dudas en torno a la proporcionalidad de las medidas y a la garantía de los principios de suficiencia de costos y viabilidad previstos en el artículo 367 superior [40] . 14. Las medidas dirigidas a los agentes responsables de la prestación del servicio de energía eléctrica (artículos 3 y 4). Expuso que las medidas relacionadas con la subejecución de los planes de inversión y con el régimen tarifario especial hacen parte de materias que, de conformidad con la leyes 1955 de 2019 y 142 de 1994, son objeto de la facultad regulatoria de la CREG y del Ministerio de Minas y Energía. 15. Adicionalmente, indicó que estos mecanismos no superan el juicio de finalidad porque “ suspender los efectos de la subejecución de planes de inversión y de la reducción de pérdidas a cargo de los operadores de red, y habilitar a las empresas comercializadoras para que puedan —de manera potestativa— reflejar la diferenciación tarifaria a los usuarios, no se muestran como medidas orientadas directa y específicamente a los hechos que dieron origen a la declaratoria del estado de excepción” [41] . 16. Tampoco cumplen el presupuesto de conexidad material ya que: (i) no basta con enunciar la existencia de una presunta relación con las causas que dieron origen al estado de excepción; (ii) estas medidas “regulan supuestos que […] dan paso a circunstancias eventuales en cabeza de los operadores de red y de las empresas de comercialización” y (iii) no se sustentó el propósito de los artículos 3 y 4 de cara a la superación de la crisis. 17. Por otra parte, no satisfacen el juicio de necesidad fáctica pues s e trata de medidas que tienen efectos en el funcionamiento del mercado de energía eléctrica. En cuanto a la necesidad jurídica señaló que no se tuvo en cuenta que el marco normativo sobre la subejecución y los regímenes tarifarios especiales se constituye por medidas de carácter regulatorio y reglamentario, por lo que no había necesidad de acudir a una norma con fuerza de ley. 18. Finalmente, señaló que, de conformidad con lo decidido en la Sentencia C-191 de 2026, los artículos 3 y 4 serían inconstitucionales por consecuencia al relacionarse con la crisis financiera de las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica y dirigirse a mitigar el riesgo sistémico del sector [42] . 19. La medida de carácter presupuestal (artículo 5). A juicio del procurador general de la Nación el artículo 5° del DL214 supera los juicios de finalidad y conexidad material. Esto con fundamento en que l a habilitación para el traslado de recursos contribuye a garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica a aquellas personas que resultaron damnificadas con la emergencia y, además, en el DL214 se identificaron las afectaciones a la prestación del servicio público de energía eléctrica cuya superación debe ser financiada [43] . 20. También satisface los juicios de motivación suficiente, ausencia de arbitrariedad, intangibilidad, no contradicción específica e incompatibilidad. Lo anterior, en la medida en que: no restringe derechos fundamentales ni altera el normal funcionamiento de las ramas del poder público; se dirige a garantizar la prestación efectiva del servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y seguridad y, con ello, proteger los derechos fundamentales de los usuarios; no suspende ni restringe derechos intangibles; no contraría el régimen constitucional y legal de los estados de excepción ni desconoce tratados internacionales y no suspende ni modifica alguna ley. 21. Igualmente, encontró acreditados los presupuestos de necesidad fáctica y jurídica. Lo anterior, porque: (i) el traslado intersectorial de recursos resulta fácticamente necesario para atender las afectaciones a la infraestructura para la prestación del servicio de energía eléctrica; (ii) resultaba necesaria una norma con fuerza de ley para modificar la destinación específica de los fondos FAZNI, FAER y PRONE consagrada en el artículo 190 de la Ley 1753 de 2015; (iii) los recursos trasladados mantendrán su destinación dentro del sector energético y (iv) se asegura que el Ministerio de Minas y Energía emita los lineamientos técnicos y financieros para la asignación y ejecución de los recursos trasladados. 22. Además, indicó que esta medida cumple el presupuesto de proporcionalidad porque tiene el fin de asegurar fuentes de financiamiento para atender la emergencia. Finalmente, señaló que el artículo 5° del DL214 no instaura ningún trato discriminatorio. VI. CONSIDERACIONES 1. Competencia 23. En virtud de lo dispuesto en los artículos 215 y 241.7 de la Constitución, en el artículo 55 de la Ley 137 de 1994 – Ley Estatutaria de Estados de Excepción – LEEE y en los artículos 36 a 38 del Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional es competente para ejercer el control automático de constitucionalidad sobre el Decreto Legislativo 0214 del 5 de marzo de 2026, dado que fue adoptado al amparo de la declaratoria previa del estado de emergencia económica, social y ecológica. 2. Cuestión preliminar. La configuración de la inconstitucionalidad por consecuencia respecto del decreto legislativo bajo examen 24. En desarrollo de la metodología empleada por esta Corte al cotejar las medidas adoptadas en los decretos de desarrollo de un estado de excepción con la declaratoria de inexequibilidad parcial o condicionada del decreto declarativo de dicho estado [44] y con ocasión del concepto rendido por el procurador general de la Nación, en el que expresó que los artículos 3 y 4 del Decreto 0214 de 2026 estaban cobijados por la configuración de la inconstitucionalidad por consecuencia como resultado de lo resuelto en la Sentencia C-191 de 2026, la Sala Plena procederá a analizar dicho aspecto. 2.1. La Sentencia C-191 de 2026 por medio de la cual se resolvió sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo 150 de 2026 25. La Sentencia C-191 de 2026 avaló parcialmente la constitucionalidad del Decreto Legislativo 150 de 2026, mediante el cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en parte del territorio nacional, al considerar que se ajustaba a la Constitución Política, excepto en lo relativo a los hechos y las consideraciones relacionadas con: (i) La atención de la crisis financiera de las empresas de servicios públicos de energía eléctrica y el riesgo sistémico para la continuidad del servicio público domiciliario de energía en el territorio nacional; (ii) las facultades de la Agencia Nacional de Tierras en materia de deslinde de tierras de la Nación y la recuperación de bienes de uso público y baldíos, así como en otros procedimientos agrarios; y (iii) la actualización de los Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), los procesos de acotamiento de rondas hídricas y su incorporación como determinantes ambientales en los instrumentos de ordenamiento territorial. 26. Por otra parte, este Tribunal también condicionó la exequibilidad de los artículos 1, 2 y 3 del DL150. En cuanto al artículo 1, precisó que el ámbito territorial de la declaratoria de emergencia comprende únicamente los 181 municipios de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó que registraron afectaciones por el fenómeno hidrometeorológico atípico ocurrido entre enero y febrero de 2026, y los demás municipios respecto de los cuales pueda demostrarse, de manera precisa, una afectación concreta derivada de dicho fenómeno. 27. Con respecto a los artículos 2 y 3 advirtió que el estado de emergencia no habilita la adopción de medidas estructurales, ni de aquellas que tengan por objeto ejecutar acciones de reconstrucción, a menos que, respecto de estas últimas, el Gobierno nacional demuestre que se encuentran directa y estrechamente relacionadas con la fase de rehabilitación, entendida como “la restauración a corto plazo de los servicios e instalaciones básicos preexistentes afectados por la crisis”, y “la superación de las dificultades económicas generadas por esa situación”. 28. Además, indicó que la configuración y ejecución de las medidas de financiación extraordinarias debe sujetarse a las siguientes exigencias: (i) Las competencias para financiar y ejecutar recursos no pueden extenderse a gastos no relacionados directamente con el estado de emergencia; (ii) la entidad ordenadora del gasto en cada sector debe indicar, en un acto administrativo, las razones por las cuales, en función de la oportunidad del gasto y la disponibilidad de los recursos, no es posible acudir a medios ordinarios de financiación, obligación que se extiende a los recursos que no se hayan comprometido o ejecutado; (iii) el Gobierno nacional, en coordinación con las entidades territoriales afectadas, debe establecer mecanismos que permitan distribuir las tareas de financiación de las medidas de emergencia entre la Nación y dichas entidades, con pleno respeto de su autonomía; (iv) el Gobierno nacional debe prever un mecanismo para la administración y ejecución de los recursos obtenidos al amparo del estado de emergencia, absolutamente separado de otras fuentes, que permita un seguimiento adecuado de su destinación y que haga posible que los organismos de control dispongan de información permanente sobre los diferentes compromisos que se asuman, obligación que se extiende a los recursos que todavía no se han comprometido o ejecutado. 2.2. Análisis sobre la configuración de la inconstitucionalidad por consecuencia respecto del DL214 29. La Corte Constitucional ha establecido que la inconstitucionalidad por consecuencia respecto de los decretos legislativos en los que se adoptan medidas de desarrollo al amparo de la declaratoria de estados de excepción, se configura cuando se resuelve que el decreto legislativo declaratorio es inexequible. Es decir, la declaratoria de inexequibilidad de dicho decreto presupone la expulsión posterior de los decretos de desarrollo [45] . Esto se debe a que la incompatibilidad con la Constitución no proviene de cada decreto en particular, sino de la ausencia sobrevenida de la competencia para expedirlos [46] . Esta Corporación ha establecido que la inconstitucionalidad por consecuencia también es aplicable cuando la inexequibilidad del decreto declaratorio del estado de excepción es parcial o se adopta una decisión de exequibilidad con una modulación sobre sus efectos [47] . 30. En ese sentido, cuando el decreto declaratorio del estado de excepción no es inconstitucional en su totalidad, puede ocurrir que alguna medida específica adoptada a partir de su habilitación parcial no encuentre sustento en las causas que motivaron la declaratoria parcial de exequibilidad [48] . En ese escenario, si bien la habilitación extraordinaria persiste formalmente, la Corte Constitucional ha señalado que toda medida que se expida al amparo del estado de excepción debe respetar un estándar estricto de relación temática directa y estrecha [49] con la situación excepcional que dio lugar al ejercicio de las facultades extraordinarias y a su habilitación por la Corte Constitucional [50] . Dicho aspecto se erige como un parámetro de control de competencia [51] . Así, si un decreto legislativo que contiene medidas de desarrollo aborda materias ajenas o no cobijadas por las razones que justificaron la declaratoria del estado de excepción y que fueron validadas por esta Corporación o se aparta de los condicionamientos fijados respecto del decreto declarativo, la consecuencia jurídica es la inexequibilidad de aquel por exceso en el uso de la atribución habilitante [52] , en tanto el Ejecutivo habría actuado por fuera del ámbito material autorizado por la Constitución [53] . 31. Con fundamento en lo expuesto, l a Sala debe determinar si operó o no la inconstitucionalidad por consecuencia en el presente asunto. 2.2.1. Los artículos 3 y 4 del DL214 son inconstitucionales por consecuencia al relacionarse con los hechos y las consideraciones declaradas inexequibles en la Sentencia C-191 de 2026 2.2.1.1. La inconstitucionalidad por consecuencia del artículo 3 del DL214 32. Contenido y alcance. El artículo 3 del DL214 establece que por el período de 2 años se suspenderán, de manera excepcional y automática, los efectos económicos de la subejecución de los planes de inversión y de reducción de pérdidas de los operadores de red que presten el servicio público de energía eléctrica en los municipios cobijados por la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica. Lo anterior, en los eventos en los que efectivamente se hayan incumplido los planes de inversión y sin que se tenga que acreditar que dicho incumplimiento se originó en los hechos que dieron lugar a la expedición del DL150. 33. Según el contenido de esta norma, la suspensión allí ordenada permite que las empresas prestadoras, durante el término previsto, puedan: ( i) desarrollar las inversiones pendientes en su infraestructura de red; (ii) ponerse al corriente de los planes de inversión; y (iii) recuperar los esquemas tarifarios de recuperación de las inversiones para mejora de la prestación del servicio y reducción de pérdidas . Esto último con el fin de que logren recuperar el costo de dichas inversiones. Finalmente, este artículo le ordena a la CREG expedir la regulación necesaria para aplicar esta suspensión, sin que ello afecte lo ya dispuesto por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 40505 de 2025 o en la norma que la modifique, sustituya o derogue. 34. Análisis de la inconstitucionalidad por consecuencia. La Sala observa que le asiste razón al procurador general de la Nación en cuanto que el artículo 3 del DL214 se relaciona específicamente con la atención de la crisis financiera de las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica y con el riesgo sistémico del sector en el territorio nacional, hecho declarado inexequible en la Sentencia C-191 de 2026, por lo que se configura la inconstitucionalidad por consecuencia de dicha norma. Lo anterior, con fundamento en las razones que se exponen a continuación. 35. En primer lugar, se observa que esta medida está justificada en los considerandos 14, 16 y 27 del decreto, en los cuales no existe alguna referencia que permita establecer una relación temática directa y estrecha con el DL150, en los términos de la Sentencia C-191 de 2026. En concreto, en estos considerandos, la suspensión de los efectos de la subejecución se justifica en lo siguiente: (i) Los planes de inversión y de reducción de pérdidas constituyen insumos estructurales para la determinación de los ingresos aprobados a los operadores de red, por lo que cualquier alteración extraordinaria de las condiciones económicas, financieras u operativas debe ser tenida en cuenta como evento exógeno en la metodología tarifaria; (ii) es razonable conceder un plazo de 2 años para el cumplimiento de las obligaciones de inversión de las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica, al tener en cuenta que, respecto del desastre natural ocurrido en Mocoa en el 2017, de menor envergadura que el que justificó la expedición del DL150, la CREG otorgó 36 meses por medio de la Resolución 141 de 2017, plazo que se amplió a 54 meses mediante la Resolución 105 de 2019 y (iii) “ la ausencia de recaudo de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (ESPD) del caribe, agrava las afectaciones anteriores del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y anticipa en el tiempo el riesgo sistémico de que se extienda a otros departamento[s] distintos a los señalados en la declaratoria de emergencia según Decreto 0150 del 11 de febrero del 2026” [54] . 36. De lo anterior se observa que esta norma está formulada exclusivamente en función de los operadores de red en lo específico frente a sus planes de inversión y a su esquema tarifario de recuperación, lo que evidencia que el objeto de la misma es adecuar la metodología de remuneración tarifaria del sector eléctrico. En efecto, esta disposición se estructura en función de la relación jurídico-económica entre los operadores de red y los entes reguladores, sin relacionarse de manera específica con alguno de los hechos que dieron origen al estado de emergencia económica, social y ecológica, ni con la atención de la población afectada con el evento climático, conforme a las circunstancias que fueron avaladas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-191 de 2026. 37. En segundo lugar, se advierte que la relación temática directa y estrecha [55] tampoco se puede establecer desde el contenido literal del artículo objeto de examen. En efecto, se encuentra que el supuesto de hecho que activa la suspensión excepcional de los efectos económicos de la subejecución es el incumplimiento, en términos generales y amplios, de los planes de inversión y de reducción de pérdidas. Tal elemento no está condicionado de ninguna manera a la verificación de que dichos incumplimientos se originen en los hechos que dieron origen al estado de emergencia económica, social y ecológica y que fueron avalados en la Sentencia C-191 de 2026. Esta situación acredita la ausencia de una relación temática estrecha y directa, pues si se analiza en conjunto con las finalidades de la norma, esto es desarrollar las inversiones pendientes en la infraestructura de red de los operadores, ponerse al corriente de los planes de inversión y recuperar los esquemas tarifarios de recuperación de las inversiones, se observa que, en realidad, esta medida extraordinaria tiene el fin de generar un alivio económico general, asegurar la sostenibilidad de los esquemas tarifarios y, con ello, mitigar la crisis financiera anterior de las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica. 38. Adicionalmente, la Sala observa que las finalidades antes mencionadas y que justifican el término de vigencia de 2 años, están sustentadas en función del operador de red, de su recuperación económica y de la ejecución de sus planes de inversión anteriores a la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica y que fueron incumplidos. Pero, no existe en la norma algún elemento que se traduzca en un beneficio concreto, medible o exigible para las personas damnificadas , tampoco en la rehabilitación de las instalaciones o infraestructuras afectadas por el fenómeno hidrometeorológico y, por ende, no se relaciona con la atención de la emergencia en los términos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-191 de 2026. 39. En tercer lugar, durante el trámite constitucional de revisión algunas entidades públicas e intervinientes argumentaron lo siguiente en relación con el alcance de esta medida: Tabla 5. Alcance del artículo 3 del DL214 Gobierno nacional - “[L]a medida prevista en el artículo 3 [del DL214] —relativa a la suspensión excepcional de los efectos económicos asociados a la subejecución de los planes de inversión y de reducción de pérdidas— tiene como finalidad evitar que, en el contexto de la emergencia invernal, la aplicación ordinaria de la regulación genere efectos adicionales que agraven la situación financiera de los prestadores del servicio […].En este sentido, la disposición se enmarca en la necesidad de garantizar la continuidad, seguridad y confiabilidad del servicio público de energía eléctrica, así como de mitigar el riesgo sistémico advertido para el sector . Bajo esta consideración, no es objeto de la norma reactivar, extender o modificar efectos regulatorios derivados de evaluaciones o verificaciones realizadas con anterioridad a la expedición del decreto, ni alterar situaciones regulatorias previamente consolidadas. Por el contrario, su propósito es prevenir la materialización de nuevos efectos económicos adversos derivados de la subejecución durante el periodo estipulado en la norma. En consecuencia, la suspensión excepcional prevista en el artículo 3 debe aplicarse respecto de los efectos económicos que se generen a partir de la entrada en vigor del Decreto 0214 de 2026 y en todo caso los previstos en el mes de abril de 2026 conforme la regulación vigente, sin que ello implique la revisión, reversión o inaplicación de resultados de evaluaciones del plan de reducción de pérdidas o verificaciones de planes de inversión que hayan sido definidos con anterioridad, los cuales se entienden incorporados al estado regulatorio vigente de cada operador de red” (énfasis añadido) [56] . - “De otra parte, en relación con el alcance de aplicación de la medida, es necesario precisar que, si bien la motivación de las disposiciones extraordinarias se encuentra asociada a afectaciones territoriales específicas, los mecanismos regulatorios del sector eléctrico —particularmente aquellos relacionados con remuneración, incentivos y liquidación de cargos— se estructuran y aplican sobre los mercados de comercialización atendidos por los prestadores. En tal sentido, y con el fin de preservar la suficiencia financiera de los agentes y la efectividad de las medidas adoptadas, la aplicación de la suspensión de los efectos de la subejecución debe considerar el funcionamiento integral de los mercados de comercialización . Lo anterior resulta coherente, en cuanto busca evitar distorsiones que, de limitarse exclusivamente a una segmentación territorial estricta, podrían comprometer la estabilidad financiera de los prestadores y, en consecuencia, la adecuada prestación del servicio en su conjunto” (énfasis añadido) [57] . - “Resulta necesario suspender excepcionalmente los efectos ordinarios de la subejecución para atender las circunstancias que dieron origen al estado de emergencia económica en vista que pretende evitar que, en el contexto de la emergencia invernal, la aplicación ordinaria de la regulación genere efectos adicionales que agraven la situación financiera de los prestadores del servicio. En este sentido, la disposición se enmarca en la necesidad de garantizar la continuidad, seguridad y confiabilidad del servicio público de energía eléctrica, así como de mitigar el riesgo sistémico advertido para el sector ” (énfasis añadido) [58] . - “Los criterios analizados por el Ministerio de Minas y Energía para definir el término de vigencia de dos (2) años son de naturaleza técnica, operativa y financiera, enmarcados en el objetivo de estabilizar el sistema y preservar la continuidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Esta necesidad resulta particularmente relevante en la región Caribe, una de las más afectadas por la ola invernal de 2026, donde además concurren condiciones estructurales previas que configuran un escenario de riesgo sistémico […] el horizonte de dos años responde al tiempo requerido para la recuperación efectiva de la infraestructura afectada y la ejecución de intervenciones necesarias sobre los activos del sistema […]. En cuanto al componente financiero, la medida busca aliviar presiones de liquidez derivadas del incremento de costos operativos, la afectación en los niveles de recaudo y la necesidad de realizar inversiones no previstas. El plazo de dos años permite acompasar la recuperación progresiva de los ingresos con la ejecución de dichas inversiones, contribuyendo a mitigar riesgos de incumplimiento en la cadena de pagos del sector y a preservar la sostenibilidad de los agentes” [59] . Procurador general de la Nación - “ Así, suspender los efectos de la subejecución de planes de inversión y de la reducción de pérdidas a cargo de los operadores de red, y habilitar a las empresas comercializadoras para que puedan —de manera potestativa— reflejar la diferenciación tarifaria a los usuarios, no se muestran como medidas orientadas directa y específicamente a los hechos que dieron origen a la declaratoria del estado de excepción. […] [Regula] supuestos que no guardan una relación directa con el estado de emergencia, sino que dan paso a circunstancias eventuales en cabeza de los operadores de red y de las empresas de comercialización” (énfasis añadido) [60] . - “Se trata de [una medida] que tienen efectos en el funcionamiento del mercado de energía eléctrica, específicamente para el eslabón de distribución , en tanto conceden 2 años a los OR para que restablezcan las condiciones de prestación del servicio y que puedan desarrollar inversiones de red con la posibilidad de recuperar los esquemas tarifarios y las pérdidas, lapso en el que se suspenderán los efectos establecidos en la regulación vigente, esto es, la Resolución 15 de 2018” (énfasis añadido) [61] . Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG “[S]uspender los efectos de la “subejecución” de la lectura del decreto se entiende como permitir la aplicación del incentivo máximo en el reconocimiento de pérdidas adicionales independiente del nivel de inversión realizada por las empresas en 2025, y en no realizar las evaluaciones de cumplimiento de metas de reducción de pérdidas para 2025 y años siguientes durante la vigencia el decreto” [62] . Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – AFINIA - “[E]l Gobierno [n]acional, mediante la Resolución MME 40505 del 28 de octubre de 2025, articuló una medida orientada a suspender los efectos de la subejecución de planes de inversión, que no fue instrumentada oportunamente por la CREG. Esta omisión prolongó la vigencia de penalidades diseñadas para escenarios de operación normal, amplificando el impacto financiero del choque exógeno sobre los operadores . Ante la imposibilidad de que el Gobierno [n]acional subsanara directamente dicha omisión mediante instrucción regulatoria (dado que la CREG es una comisión de regulación con autonomía funcional), el decreto legislativo se convirtió en el único instrumento idóneo para producir el efecto normativo requerido con la urgencia que la situación demandaba” (énfasis añadido) [63] . - “ En lo relacionado con la suspensión de los efectos económicos de la subejecución de planes de inversión, se justifica en la imposibilidad material sobrevenida que enfrentan los operadores de red para ejecutar dichos planes conforme a los cronogramas y parámetros definidos en condiciones de normalidad” [64] . Fundación para el Estado de Derecho “[L] a suspensión bienal de los efectos de la subejecución […] se orienta a corregir problemas estructurales del sector y a prevenir un riesgo sistémico de alcance nacional . Finalidades que no guardan relación directa y específica con el hecho sobreviniente y que, además, desbordan el ámbito territorial de la declaratoria al pretender salvaguardar el Sistema Interconectado Nacional en su conjunto, lo cual constituye un objetivo de planeación ordinaria y no de excepción ” (énfasis añadido) [65] Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones – ANDESCO “ El artículo 3 —que suspende por dos años los efectos económicos de la subejecución de los planes de inversión y reducción de pérdidas de los Operadores de Red— aborda un problema crónico del sector eléctrico en la región Caribe: la dificultad histórica de los operadores para ejecutar los planes de inversión comprometidos en el marco regulatorio . AFINIA, principal operador en la región, presenta niveles de pérdidas del 27,5% —11% técnicas y 16,5% no técnicas—, muy superiores al promedio nacional, y un déficit de caja acumulado estimado en $630.000 millones (Informe de gestión AFINIAGrupo EPM, primer semestre de 2024). Esta situación es preexistente al Frente Frío y no es consecuencia de él” (énfasis añadido) [66] . 40. De las consideraciones expuestas en la tabla anterior, la Sala concluye que, de acuerdo con el alcance dado a la medida por parte del Gobierno nacional y por las demás entidades que participaron en el trámite constitucional,  el artículo 3 del DL214 se dirige específicamente a atender la crisis financiera de las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica en los departamentos cobijados por el DL150 y, con ello, evitar su agravamiento e incidencia en el riesgo sistémico del sector. En concreto, porque del alcance y justificación se observa que el artículo 3 del DL214 se dirige a tres fines, estos son: (i) La necesidad de proteger financieramente a las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica, a través de una medida estructural dirigida a aliviar la carga económica por los incumplimientos preexistentes y, con ello, mitigar el riesgo sistémico del sector y que no se vea impactado el Sistema Interconectado Nacional; (ii) preservar la suficiencia financiera de dichas empresas para mantener la estructura y disponibilidad de los mercados de comercialización de energía eléctrica y (iii) la continuidad, seguridad y confiabilidad de la prestación de este servicio público domiciliario depende de la reducción del riesgo sistémico. 41. Tales objetivos confirman la conclusión señalada en cuanto constatan que la medida prevista en el artículo 3 del DL214 tiene el fin exclusivo de incidir en el funcionamiento de las empresas prestadoras y en el mercado de energía eléctrica, ante la posibilidad de un riesgo sistémico que afecte el Sistema Interconectado Nacional. Dicho propósito desconoce que en la Sentencia C-191 de 2026 la Corte Constitucional expresamente señaló que tales consideraciones no superaban el juicio de sobreviniencia, por cuanto “corresponden a circunstancias estructurales, cuya agravación por el evento hidrometeorológico no resultó acreditada” [67] . 42. Adicionalmente, se observa que incluso AFINIA reconoce que la suspensión de los efectos económicos de la subejecución es un mecanismo dirigido a mitigar la amplificación de la crisis financiera. Ahora bien, respecto del argumento propuesto por esta empresa, según el cual este mecanismo se justifica en la imposibilidad material sobrevenida de ejecutar los planes de inversión con ocasión del fenómeno hidrometeorológico, la Sala advierte que si bien este análisis podría ser razonable, lo cierto es que, tal y como se evidenció con anterioridad, la suspensión de los efectos de