Sentencia C-256 de 2026

C-256-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Plena SENTENCIA C-256 DE 2026 Referencia: Expediente LAT-507 Asunto: Revisión constitucional del “Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, adoptado en Roma, el 22 de noviembre de 2009 y de su Ley aprobatoria 2529 de 2025. Magistrado Ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar Bogotá, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular de aquella que le confiere el artículo 241.10 de la Constitución Política, dentro del proceso adelantado, en los términos de los artículos 241.10 y 242 de la Constitución y el Decreto Ley 2067 de 1991, con ocasión del control de constitucionalidad del “Acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada’, adoptado en Roma, el 22 de noviembre de 2009” y de la Ley 2529 de 2025 que lo aprueba, profiere la siguiente SENTENCIA Síntesis de la decisión La Sala Plena de la Corte Constitucional realizó control de constitucionalidad sobre el “ Acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” y de la Ley 2529 de 2025, que lo aprobó. Análisis del proceso de formación del Acuerdo y de la Ley 2529 de 2025. En primer lugar, la Corte encontró que el Estado había participado en consultas técnicas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Asimismo, había intervenido en algunas reuniones de las Partes del Acuerdo, en las que manifestó su intención de adherirse al Acuerdo. Así mismo, verificó que el Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado, impartió la respectiva aprobación ejecutiva el 2 de noviembre de 2023 y, en el mismo acto, en cumplimiento de los trámites constitucionales, ordenó someter el Acuerdo a consideración del Congreso de la República. Seguidamente, constató que el instrumento y su ley aprobatoria no debían someterse al trámite de consulta previa, pues el Acuerdo no afecta de manera directa y especial a los pueblos étnicos que realizan la pesca artesanal, ya sea de modo positivo o negativo. No existía una evidencia razonable de que las medidas ordenadas en el Acuerdo incidan de forma profunda en estos pueblos, debido a su carácter general sobre la población colombiana. En este sentido, destacó que el artículo 3 del tratado excluía de su aplicación la pesca artesanal, dado que ella contribuye a la subsistencia de poblaciones, explota los recursos de manera sostenible y resulta ser una actividad primordial para la garantía de los derechos fundamentales de las comunidades étnicas . También, la Corte evaluó el trámite del Proyecto de Ley No.189 de 2023 Senado – No.394 de 2024 (Cámara) en el Congreso de la República. Verificó que (i) el proyecto fuera presentado por el Gobierno Nacional ante el Senado de la República, junto con su respectiva exposición de motivos; (ii) el proyecto de ley comenzara su trámite en la célula legislativa correspondiente; (iii) el cumplimiento de los anuncios previos antes de cada debate, la realización de estos, el quorum deliberatorio y decisorio, la votación nominal y pública, la mayoría requerida, la publicación de los textos aprobados, el tiempo transcurrido entre los debates; y de los principios de pluralismo político, democrático al conformar la comisión de conciliación; y (iv) el proyecto de ley no fuera estudiado en más de dos legislaturas. La Corte revisó que se hubiesen respetado los principios de consecutividad e identidad flexible. En el caso bajo control, las modificaciones que se introdujeron fueron netamente formales y relacionadas con la redacción de la normativa. De este modo, en los debates cumplidos tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes se discutió y aprobó el mismo articulado. De este modo, se cumplió con dichos principios. Para los efectos del análisis sobre el impacto fiscal, se puso de presente que el Acuerdo incluía obligaciones inherentes a las funciones de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y de la Dirección General Marítima. Estas obligaciones se enmarcan dentro del ejercicio ordinario de las competencias funcionales, técnicas y policivas que el ordenamiento jurídico ya le ha asignado a estas entidades. Así las cosas, si bien la implementación de las inspecciones establecidas en el Acuerdo exige un despliegue de capacidad operativa, técnica y humana, este esfuerzo se deriva del cumplimiento de los fines del Estado en materia de protección de los recursos naturales, sin desbordar los marcos presupuestales ya aprobados. Por último, la Corte verificó que el Presidente de la República había sancionado la Ley 2529 de 2025 el 4 de agosto de 2025. Control de constitucionalidad material del Acuerdo y de su ley aprobatoria. Al analizar el contenido de cada uno de los artículos del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada , la Corte encontró que: (i) el objetivo del instrumento es compatible con la Constitución Ecológica, al buscar prevenir el deterioro de los ecosistemas marinos y la sobreexplotación de especies, así como promover el desarrollo sostenible; (ii) le otorga herramientas al Estado rector del puerto para controlar la entrada de buques extranjeros y los productos que ingresan, con el fin de identificar si algún buque ha incurrido en pesca INDNR y eliminar dicha actividad; (iii) incluye excepciones a la denegación de entrada al puerto estrictamente relacionadas con asuntos de seguridad y salud; (iv) promueve la cooperación internacional entre Estados rectores del puerto y del pabellón para enfrentar un fenómeno trasnacional que afecta los ecosistemas marinos, diversas especies, la economía global y el desarrollo sostenible; (v) establece normas claras sobre la forma en que deben realizarse las inspecciones, documentarse sus resultados y comunicarse a las autoridades competentes; (vi) incorpora garantías mínimas que le permiten a los capitanes, patrones y propietarios de los buques acceder a mecanismos de defensa conforme al derecho al debido proceso; (vii) promueve la capacitación de los inspectores; (viii) incluye disposiciones que reconocen las necesidades especiales de los Estados en desarrollo en la implementación de las medidas del Estado rector del puerto; (ix) establece mecanismos de solución de controversias y, en general, (x) se encuentra acorde con el derecho internacional. Por su parte, la Ley 2529 de 2025 contiene tres artículos. El primero armoniza con la competencia prevista por los artículos 150.16 y 224 de la Constitución Política, conforme a los cuales le corresponde al Congreso de la República aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por su parte, el segundo y el tercero se ajustan a la consolidada jurisprudencia constitucional, según la cual “ la ley rige desde el momento en que se perfeccione el vínculo internacional respectivo, precisión que responde a lo dispuesto en general por el derecho internacional y la Constitución en materia de leyes aprobatorias de tratados internacionales.” Decisión de la Corte. De conformidad con lo anterior, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del “ Acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, adoptado en Roma, el 22 de noviembre de 2009, y la exequibilidad de la Ley 2529 de 2025. I. ANTECEDENTES Trámite procesal 1. Mediante oficio recibido el 13 de agosto de 2025, [1] la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta corporación copia auténtica del “Acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” (en adelante, “Acuerdo” o “AMERP”), y de la Ley 2529 de 2025 para que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 241.10 de la Constitución, [2] decida sobre su constitucionalidad. 2. El asunto fue repartido en la Sala Plena del 4 de septiembre de 2025. El 8 de septiembre de 2025, el expediente fue remitido, por la Secretaría General, al despacho del magistrado sustanciador para lo de su competencia. [3] 3. Mediante Auto del 11 de septiembre de 2025, se asumió conocimiento del asunto. En esta providencia, además, se decretaron pruebas para verificar el proceso de formación del Acuerdo y de su ley aprobatoria. Específicamente, se solicitó a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes que remitieran a esta Corte y, con destino al proceso: copia del expediente legislativo correspondiente; las certificaciones en relación con algunos asuntos del trámite y requisitos del procedimiento legislativo. Además, se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que enviara copia auténtica de la aprobación ejecutiva impartida por el Presidente de la República, por medio de la cual se ordenó someter el Acuerdo a la aprobación del Congreso de la República y de los trabajos preparatorios del antedicho documento. 4. En cumplimiento de lo anterior, la Corte recibió algunos documentos por parte de los Secretarios de las Comisiones Segundas Constitucionales del Senado de la República [4] y de la Cámara de Representantes [5] y del Ministerio de Relaciones Exteriores. [6] Sin embargo, los secretarios generales de ambas cámaras no allegaron la totalidad de los documentos solicitados. Por esta razón, mediante Auto del 28 de octubre de 2025, se requirió a los secretarios generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para que allegaran los documentos que aún no habían sido remitidos a esta Corporación. [7] 5. Entre el 29 de octubre y el 19 de noviembre de 2025, se recibieron y calificaron los documentos allegados al proceso que se habían requerido en la providencia del 28 de octubre de 2025. En consecuencia, mediante Auto del 19 de noviembre del mismo año, se ordenó a la Secretaría General de la Corte continuar con el trámite respectivo y cumplir con lo dispuesto en los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva del Auto del 11 de septiembre de 2025. [8] 6. En concreto, en el citado auto se dispuso lo siguiente: (i) fijar en lista el asunto en la Secretaría General, por el término de 10 días, para que cualquier ciudadano pudiera intervenir por escrito, para defender o impugnar la constitucionalidad del Acuerdo y de la ley de la referencia; (ii) comunicar la iniciación del proceso a la Presidencia de la República, a la Presidencia del Congreso de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores y, al Ministerio de Industria y Comercio, para que, si lo consideraban oportuno, intervinieran, directamente o por medio de apoderado; (iii) invitar a la Defensoría del Pueblo, a la Dirección General Marítima (Dimar), al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis ” (Invemar), a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Academia Colombiana de Derecho Internacional, a la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), a la Fundación Natura, a la Fundación Malpelo, a la Red por la Justicia Ambiental en Colombia y a las facultades de Derecho de las Universidades de Antioquia, de Los Andes, de Caldas, del Cauca, Externado de Colombia, EAFIT, Javeriana, Mariana, Nacional de Colombia, de Nariño, del Norte, Pontificia Bolivariana, de la Sabana, Santo Tomás y Sergio Arboleda, para que, en su condición de expertos, en caso de considerarlo pertinente, presentaran un concepto técnico sobre los aspectos que estimaran relevantes para la elaboración del proyecto de fallo. 7. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios y previo concepto rendido por el Señor Viceprocurador General de la Nación, esta Corte procede a realizar el estudio de constitucionalidad del instrumento internacional junto con el de su ley aprobatoria. Las normas objeto de control 8. El texto del Acuerdo se incluye como anexo a esta providencia. 9. A continuación, se transcribe el texto de la Ley 2529 de 2025, aprobatoria del Acuerdo, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 53.204 del 6 de agosto de 2025: “ LEY 2529 de 2025 (agosto 04) [9] Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", adoptado en Roma, el 22 de noviembre de 2009. EL CONGRESO DE COLOMBIA Visto el texto del por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", adoptado en Roma, el 22 de noviembre de 2009. Se adjunta copia fiel y completa de la copia certificada en español del texto del Acuerdo, certificado por el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa en el archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de este Ministerio y que consta de doce (12) folios. El Presente proyecto de ley consta de dieciocho (31) folios (sic.) (…) DECRETA: ARTÍCULO 1o. Apruébese el "Acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, adoptado en Roma, el 22 de noviembre de 2009". ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7 de 1944, el "Acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, adoptado en Roma, el 22 de noviembre de 2009" que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo. ARTÍCULO 3º. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.” Las intervenciones 10. Durante el presente trámite se recibieron cinco intervenciones que defienden la constitucionalidad del AMERP y de su ley aprobatoria. Los argumentos expuestos por los intervinientes se sintetizan a continuación. 11. La Dirección General Marítima. Resalta que el AMERP es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que tiene como objetivo tratar la actividad de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR), estableciendo normas mínimas que debe aplicar el Estado rector del puerto –es decir, aquel que ejerce autoridad para inspeccionar barcos extranjeros que llegan a sus puertos nacionales [10] –, para prevenir, desalentar y eliminar este tipo de pesca. Actualmente, 85 son los Estados parte, de los cuales resalta a Chile, Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay y México. 12. Aduce que la aplicación del AMERP se encuentra en las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios 1995, el Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas Internacionales de Conservación y Ordenación por los Buques Pesqueros en Alta Mar de 1993, y el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO de 1995. En ese sentido, el AMERP contribuirá a la adecuada gestión de la pesca en altamar y el control efectivo del Estado rector del puerto y Estado ribereño en el compromiso de conservación de los recursos marinos, en especial de los recursos que se califican como transzonales o altamente migratorios. 13. Sobre el contenido del Acuerdo, explica que las medidas del Estado rector del puerto son “los requisitos establecidos o las intervenciones que llevan a cabo los Estados del puerto y que los barcos pesqueros extranjeros deben cumplir, o a los que están sujetos, como condición para el uso de los puertos de ese Estado del puerto.” [11] Estas suelen incluir requisitos de notificación previa al ingreso en el puerto, uso de puertos determinados, restricciones para el ingreso en los puertos y para la descarga o transbordo de pescado, restricciones sobre los suministros y los servicios, requisitos de documentación e inspección en los puertos y disposiciones afines, como la lista de barcos participantes en la pesca INDNR, además de otras medidas relacionadas con el comercio y las sanciones. 14. Luego de reseñar los instrumentos internacionales que han servido de base jurídica de las medidas del Estado rector del puerto, arguye que Colombia está obligada a preservar los recursos y ecosistemas marinos, no sólo por el derecho internacional consuetudinario, sino por las obligaciones contraídas formalmente sobre la materia en la Convención entre los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical de 1949; la vinculación del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) al Acuerdo de la Jolla, el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe y el Protocolo Relativo a la Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe de 1983, la Declaración de Santiago y el Acuerdo que crea la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 15. Adicionalmente, algunos instrumentos tanto vinculantes como no vinculantes expedidos por la FAO, [12] así como otros tratados elaborados por las Naciones Unidas como es el Acuerdo de Nueva York de 1995 sobre las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, dejan al país sujeto a un marco jurídico nacional limitado donde requiere una actualización, entendiendo que muchas de las normativas fueron expedidas en los años 80 y 90, y no abordan las problemáticas que hoy en día tiene el sector pesquero. 16. Así las cosas, la DIMAR concluye que el AMERP le permitirá al país: “1. Facilitar el intercambio de información y cooperación regional, con la posibilidad de acceder a herramientas desarrolladas para registro del historial de los buques pesqueros en la región, facilitando la actividad de los que operan legalmente, y creando un mecanismo de control para los buques de bandera extranjera que realizan pesca INDNR. “2. Impulsar la articulación de las entidades para la construcción de procedimientos, la identificación de escenarios, y construcción de mapas de riesgos para la aprobación o denegación de la entrada de buques pesqueros a los puertos nacionales designados. “3. Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las instituciones para el seguimiento, control y vigilancia de la pesca INDNR, de la mano de la FAO y de los Estados parte. ” [13] 17. En ese sentido, la DIMAR concluye que el AMERP contribuirá a la adecuada gestión de la pesca en altamar, y el control efectivo del Estado rector del puerto, de bandera y ribereño en el compromiso de conservación de los recursos marinos. 18. Por último, afirmó que el trámite legislativo de la ley aprobatoria del AMERP surtió sus cuatro debates conforme a las disposiciones de la Ley 5 de 1992 y las normas constitucionales aplicables en la materia. 19. En vista de lo anterior, solicitó a la Corte declarar la constitucionalidad del Acuerdo y la exequibilidad de su ley aprobatoria. 20. El ciudadano Walter Arévalo Ramírez, Presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI), advierte que, aunque el Acuerdo no lo menciona expresamente, se entiende que sus artículos hacen referencia directa o indirecta a las aguas jurisdiccionales de un Estado, que incluyen la Zona Económica Exclusiva, esto es, la que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta un máximo de 200 millas náuticas, y en ella el Estado costero no ejerce soberanía plena, sino derechos de soberanía con fines específicos (funcionales). Estos derechos son primariamente económicos y se limitan a la exploración, explotación, conservación y administración de todos los recursos naturales, tanto vivos (pesca) como no vivos (hidrocarburos) de la columna de agua y del lecho marino. 21. Adicionalmente, en la guía de aplicación del AMERP, la mención del término “Zona Económica Exclusiva” (ZEE) es más frecuente. Este material explica con detalle el contexto y la implementación del Acuerdo. La Guía utiliza el término ZEE para clarificar, por ejemplo, el alcance jurisdiccional, al explicar que el Acuerdo se aplica a la pesca INDNR independientemente de dónde ocurran las actividades ilícitas (aquellas iniciadas en alta mar, ZEE de otros Estados, o la ZEE del propio Estado ribereño). 22. Bajo ese contexto, el interviniente aduce que debe estudiarse la constitucionalidad del AMERP en concordancia con el artículo 101 de la Constitución que establece cuáles son los límites de Colombia. Específicamente, prevé que “ [t] ambién son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa.” A juicio de esta academia, aquella enunciación “en ningún momento contradice el derecho internacional vigente en relación con las normas consuetudinarias del Derecho del MAR y coincide plenamente con los espacios de aplicación del Acuerdo AMERP. Por un lado, la enunciación de accidentes geográficos que hacen ‘parte’ de los espacios territoriales colombianos en materia de Islas no es un contenido que sea contrario a lo desarrollado por el Acuerdo AMERP, y ninguna norma del AMERP colisiona con esta disposición.” [14] 23. A su turno, precisa que las interpretaciones descritas al artículo 101 de la Constitución no son ajenas a la Corte Constitucional. Refiere que en la Sentencia T-141 de 1996 se advierte la posibilidad de interpretar de manera armónica las menciones a la ZEE en la Constitución, incluyendo la noción de que estos espacios son parte del territorio colombiano y, al mismo tiempo, se reconoce el alcance de las potestades del Estado sobre ciertos espacios reconocidos internacionalmente, que debe ser interpretado de acuerdo con las normas internacionales, incluyendo la costumbre. Particularmente, aunque Colombia no hace parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en aquella providencia se adoptaron las normas consuetudinarias recogidas en esa convención para darle contenido a la noción de ZEE, donde la soberanía no debe ser interpretada como una nacional plena, sino que se trata de una de alcance económico. 24. Bajo este escenario, concluye que todas las disposiciones del AMERP, su guía práctica y las disposiciones correlativas de la FAO, son concordantes con la interpretación de la Corte Constitucional sobre los espacios marítimos colombianos y su jurisdicción sobre la ZEE. 25. Intervención de la Universidad Santo Tomás de Aquino. El director del consultorio jurídico y la monitora docente de este evaluaron el trámite legislativo que tuvo el AMERP y su ley aprobatoria. Al no encontrar ningún vicio, solicitaron declarar la constitucionalidad del tratado y de su ley aprobatoria. 26. Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio explicó primero el contexto y contenido del AMERP. Posteriormente, se refirió a los siguientes asuntos: 26.1. Adhesión: Adujo que Colombia es miembro de la FAO. El 22 de noviembre de 2009, en el marco del 36° periodo de sesiones de la Conferencia de la FAO, fue aprobado el AMERP. Si bien Colombia participó de las discusiones, no fue uno de sus dignatarios. El Acuerdo estuvo abierto para firma ante el depositario hasta el 21 de noviembre de 2010. Debido a que Colombia no firmó el Acuerdo en el periodo dispuesto para ello, el perfeccionamiento del vínculo jurídico internacional debe realizarse mediante la figura de la adhesión. En ese sentido, no se requirió de la expedición de plenos poderes o de confirmación de acto alguno para ninguna de las actuaciones previas a la presentación del Acuerdo ante el Congreso de la República para su aprobación. 26.2. Aprobación presidencial: El 2 de noviembre de 2023, el Presidente de la República impartió la respectiva aprobación ejecutiva y ordenó someterlo a consideración del Congreso para su aprobación, de conformidad con el artículo 150.16 superior. 26.3. Trámite realizado por el Congreso de la República. El Ministerio recordó que el proyecto fue presentado en la Comisión Segunda del Senado de la República, surtió el trámite correspondiente y la posterior Ley 2529 de 2025 fue sancionada por el Presidente de la República. 26.4. Remisión de la Ley Aprobatoria del tratado sancionada por el Gobierno Nacional. Conforme a lo establecido en el Artículo 241 de la Constitución Política, el 13 de agosto de 2025, el Gobierno Nacional remitió a la Corte Constitucional copia auténtica de la Ley 2529 de 2025, por medio de la cual se aprueba el AMERP. 27. Luego de este recuento, el Ministerio recordó que la Constitución Política establece la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales como elementos estrechamente relacionados con principios y deberes del orden constitucional, así como derechos fundamentales constitucionales (arts.8, 65, 79 y 80). Estas normas constitucionales reflejan la relevancia que tiene el AMERP, ya que busca prevenir y restringir prácticas que van en contra de los preceptos que la Carta Política busca proteger. 28. Sumado a lo anterior, la entidad adujo que la jurisprudencia ha precisado los principios constitucionales mencionados. Particularmente, el denominado principio de precaución ambiental hace alusión a que el desarrollo del país debe darse conforme a los principios universales y de desarrollo sostenible. Este principio exige prevención y medidas eficaces dirigidas a impedir la degradación ambiental, así como deberes que le son exigibles tanto a autoridades como a particulares. 29. Adicionalmente, para Colombia como país bioceánico, con comunidades insulares y costeras, la protección de los recursos marinos vivos y los ecosistemas es prioritaria. Así lo ha considerado la Corte, destacando la importancia de la preservación del ecosistema marítimo saludable para las comunidades que emplean la pesca para subsistir, particularmente la artesanal. En la Sentencia T-547 de 1996 la Corte encontró que “el daño ecológico marítimo afecta sobremanera a quien tiene por oficio la pesca.” El Acuerdo en cuestión busca precisamente restringir aquellas actividades de pesca que resultan insostenibles y depredadoras del ecosistema y los recursos marinos vivos. 30. En suma, la entidad afirma que la adhesión de Colombia al AMERP permitiría al Estado corresponder a los deberes constitucionales reseñados de forma más efectiva y cooperar con otros Estados miembros contra este flagelo que no reconoce fronteras. 31. Adicionalmente, resalta que, históricamente, el Estado colombiano ha hecho esfuerzos para vigilar y controlar la pesca INDNR. No obstante, este fenómeno presenta dificultades que escapan a las fronteras nacionales, por lo tanto, debe ser abordado y enfrentado de forma conjunta. Esto implica implementar acciones que permitan robustecer no sólo las capacidades del Estado, sino también una respuesta global a este flagelo que impacta negativamente la sostenibilidad de los recursos marinos vivos, los ecosistemas marinos y los medios de vida de los pescadores e incluso de comunidades costeras. Por las razones antes mencionadas, se requiere hacer uso de las herramientas de cooperación e intercambio de información a nivel internacional para establecer un trabajo conjunto contra la pesca INDNR. 32. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, los siguientes son los beneficios que traería para Colombia ser miembro del AMERP: “i. Verificación y comprobación de buques que lleguen a puertos de Colombia. “ii. Control más efectivo de buques autorizados para llevar el pabellón del Estado colombiano. “iii. Intercambio de información entre los Estados ribereños con respecto a buques que pueden estar incurriendo en actividades ilegales. “iv. Garantía de cumplimiento de la legislación nacional y medidas regionales de conservación y ordenación adoptadas por las OROP (Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera). “v. Imposibilidad de que el recurso capturado mediante actividades de pesca INDNR acceda a mercados nacionales e internacionales.” [15] 33. A juicio de esa entidad, de este modo, el Estado contará con mejores elementos para mejorar la sostenibilidad, conservación y gobernanza de su mar territorial. 34. Por último, sobre el impacto fiscal, el Ministerio señaló que el Acuerdo no impone una orden de gasto ni establece un beneficio tributario, por lo que se cumple con este requisito. 35. Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó declarar la constitucionalidad del AMERP y la exequibilidad de la Ley 2529 de 2025 que lo aprueba. 36. Intervención de la Universidad Nacional de Colombia. Señaló que la pesca INDNR constituye uno de los mayores desafíos para la sostenibilidad ambiental y para la gobernanza marítima y continental en Colombia. Además de ser un problema ecológico, también es uno que compromete la seguridad alimentaria y el bienestar de comunidades costeras y ribereñas. En un país con costa en dos océanos y una vasta red hídrica, la falta de regulación y control adecuado sobre las actividades extractivas ha permitido que prácticas destructivas, mercados informales y actores ilegales erosionen el patrimonio natural y social de múltiples territorios. 37. Así mismo, genera una espiral de pobreza ambiental: “menos peces significa menos ingresos, lo cual empuja a algunos actores a participar en prácticas informales o ilegales para sobrevivir, reforzando a su vez la degradación del ecosistema. Como expone Saving the Amazon (2023), esta presión recae especialmente en comunidades indígenas y afrodescendientes, cuyas prácticas tradicionales son desplazadas por dinámicas extractivas externas que no solo afectan su seguridad alimentaria sino su autonomía cultural. A ello se suma la ruptura del tejido social provocada por disputas por territorios de pesca, el debilitamiento de acuerdos comunitarios y la precarización laboral de quienes operan en cadenas productivas dominadas por intermediarios y mercados clandestinos.” [16] 38. La pesca INDNR tiene consecuencias ambientales evidentes. La sobrepesca de especies tanto comerciales como no comerciales disminuye la pervivencia de estas y afecta el hábitat, comprometiendo el funcionamiento ecológico de los sistemas acuáticos. 39. A nivel económico, la pesca INDNR compromete la rentabilidad de la actividad pesquera y desincentiva la permanencia de los jóvenes en el oficio. A escala nacional, esta pesca representa pérdidas fiscales significativas, distorsiona los precios, desplaza a productores legales y deteriora la competitividad del sector pesquero en los mercados internacionales que exigen estándares de trazabilidad. 40. En este contexto, la universidad concluyó que la reglamentación de la pesca en Colombia no es una opción técnica, sino una necesidad urgente. “Reglamentar implica establecer normas claras sobre captura, comercialización, trazabilidad, uso de artes de pesca y control; fortalecer la capacidad institucional para hacer cumplir dichas normas y garantizar que los beneficios de la actividad pesquera se distribuyan de manera justa y sostenible. Significa también articular los estándares nacionales con los compromisos internacionales para cerrar mercados al producto ilegal y asegurar que Colombia no contribuya a redes transnacionales de explotación marina. Sobre todo, implica reconocer que la sostenibilidad del recurso pesquero es inseparable de la sostenibilidad social: sin comunidades fortalecidas, con ingresos dignos y con participación activa en la toma de decisiones, cualquier política de regulación será insuficiente. Reglamentar es un acto de justicia ambiental y social necesario para el país.” [17] 41. Seguidamente, la universidad analizó el trámite legislativo que tuvo el Proyecto de Ley No.189 de 2023 (Senado) –394 de 2024 (Cámara) y concluyó que no se había presentado ningún vicio. 42. Respecto del cumplimiento de los requisitos materiales, la institución adujo que el Acuerdo reafirma que las medidas portuarias se aplican en ejercicio de la jurisdicción interna del Estado rector del puerto, por lo cual, Colombia no cede competencias a organismos supranacionales ni renuncia a su potestad de controlar el ingreso y operación de embarcaciones en sus puertos. Por el contrario, fortalece los instrumentos dispuestos para ejercer ese control de manera eficaz y coordinada con otros Estados. Esta característica garantiza que el Acuerdo no interfiera con la estructura constitucional ni con las competencias reservadas a las autoridades nacionales. 43. En segundo lugar, el AMERP casi de forma exclusiva regula procedimientos administrativos aplicables a buques extranjeros que solicitan acceso a puertos nacionales. No regula la pesca artesanal ni interviene en prácticas culturales. Tampoco interfiere en la seguridad alimentaria de comunidades costeras ni altera el régimen de aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos en aguas interiores. Por consiguiente, su impacto en derechos económicos, culturales y sociales es mínimo y, en su lugar, el Acuerdo se presenta como un instrumento para garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano. 44. Adicionalmente, resaltó que la pesca INDNR constituye una amenaza grave para los ecosistemas marinos y para la seguridad alimentaria de millones de personas, deteriora cadenas, altera la población de peces y perjudica a las comunidades que dependen de la pesca responsable. El Acuerdo, al establecer mecanismos unificados de inspección portuaria, verificación documental y denegación de acceso a buques sospechosos o infractores, desarrolla de manera directa el principio constitucional de prevención del daño ambiental. El Acuerdo no solo es compatible con el artículo 79 de la Constitución, sino que se convierte en una herramienta necesaria para materializarlo, pues la protección de los mares hoy exige estrategias coordinadas. 45. Finalmente, la institución expresó que el AMERP no contradice otros acuerdos, la Convención del Mar (UNCLOS), el Acuerdo de Nueva York sobre poblaciones de peces, el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, entre otros. Por el contrario, los desarrolla y complementa. 46. En esa medida, la universidad considera que el AMERP y su ley aprobatoria son constitucionales. El concepto del Viceprocurador General de la Nación [18] 47. El Viceprocurador General de la Nación, advierte que, si bien Colombia hace parte de la FAO y participó en su 36° periodo de sesiones, se abstuvo de votar la Resolución 12 de 2009 que contenía el AMERP, que fue aprobado el 22 de noviembre de 2009. Por consiguiente, si el Estado pretende hacerse parte del Convenio debe depositar el respectivo instrumento de adhesión para su entrada en vigor, tal como lo contempla el artículo 27 del Acuerdo. Para ello, basta con que el presidente imparta la aprobación ejecutiva del instrumento internacional para su posterior consideración por el Congreso. En el presente caso, el Presidente de la República, el 2 de noviembre de 2023, impartió dicha aprobación. 48. Asimismo, observa que en el trámite legislativo que tuvo el Proyecto de Ley No.189 de 2023 (Senado) –394 de 2024 (Cámara) no se incurrió en ningún vicio. 49. Seguidamente, explica el contexto del Acuerdo. Indica que la comunidad internacional ha creado distintos instrumentos destinados a la coordinación, control y vigilancia para enfrentar la actividad pesquera ilegal, entre ellos, el Plan de Acción Internacional de la FAO adoptado en 2001 para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal. En particular, las medidas del Estado rector del puerto consisten en requisitos y controles que los Estados portuarios imponen a los buques pesqueros extranjeros como condición para el uso de sus puertos. En esa medida, el Estado rector del puerto puede adoptar medidas de inspección, vigilancia y control sobre las actividades pesqueras realizadas en altamar por naves que operan fuera de la jurisdicción de su Estado de abanderamiento, estableciendo las condiciones de acceso y uso del puerto por parte de naves extranjeras. De este modo, el Estado rector del puerto tiene la capacidad de prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR y fortalecer la gobernanza portuaria. 50. En definitiva, para el Viceprocurador, “el Estado Colombiano al suscribir este acuerdo busca proteger la actividad pesquera en Colombia, considerando que fomentar la pesca sostenible y responsable implica, por un lado, contribuir directamente en la seguridad alimentaria del país y que además constituye una fuente de empleo para la población y, por otro lado, proteger el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos.” [19] 51. Sobre esta base, argumenta que el AMERP es compatible con los principios constitucionales del Estado de derecho, soberanía, cooperación internacional en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como con la protección al medio ambiente y el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. A su juicio, esto se advierte al constatar que el Acuerdo tiene como propósitos: “i) fortalecer la gobernanza portuaria y marítima y marítima del Estado rector del puerto para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (artículo 8 CP), ii) proteger y conservar la biodiversidad marina y los recursos acuáticos vivos (artículos 8, 79 y 80 CP), iii) garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales (artículos 8 y 80 CP), el saneamiento ambiental y la seguridad u autonomías alimentarias en el territorio nacional (artículos 49, 65 y 366 CP) y, iv) facilitar el intercambio de información y cooperación regional (artículo 9 CP).” [20] 52. En efecto, el AMERP establece que las medidas para hacer frente a la pesca INDNR “deben basarse en la responsabilidad principal del Estado del pabellón y hacer uso de toda la jurisdicción disponible de conformidad con el Derecho Internacional (…)” para velar por que los nacionales no apoyen ni realicen actividades de pesca ilegal. Concretamente, Estado del pabellón es aquel cuya bandera se enarbola en el buque correspondiente. En esa medida, es el que tiene el deber de ejercer de manera efectiva su jurisdicción y control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales sobre los buques que enarbolen su pabellón. [21] 53. Además, el Acuerdo fomenta el intercambio de información, de tecnologías, de redes y de bases de datos que permitan prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR a través del control del ingreso y operación de embarcaciones en sus puertos. Asimismo, contribuye al desarrollo sostenible de los recursos naturales y la seguridad alimentaria. 54. Así las cosas, al adoptar el AMERP, Colombia reconoce que la sostenibilidad del recurso pesquero está estrechamente ligado a la sostenibilidad social, pues implica establecer normas claras sobre la captura, comercialización, trazabilidad, uso y control de artes de pescar que permitan fortalecer la capacidad institucional y garantizar que los ingresos por la actividad pesquera se distribuyan de manera justa y sostenible. 55. Por otro lado, reitera que, al analizar los artículos del Acuerdo por bloques, estos (i) prevén las definiciones técnicas necesarias para la correcta aplicación del Acuerdo, sin amenazar o vulnerar algún mandato constitucional; (ii) desarrollan medidas de control portuario orientadas a prevenir la pesca INDNR, dentro del marco de la soberanía, legalidad y cooperación internacional que exige la Carta Política; (iii) garantizan que toda actuación estatal cuente con justificación adecuada, notificación oportuna y acceso a las vías de reclamación previstas en el ordenamiento interno; y (iv) preservan la cooperación internacional sin comprometer la soberanía del Estado ni alterar el reparto constitucional de competencias. 56. Finalmente, la Ley 2529 de 2025 consta de 3 artículos. En el primero, el Congreso de la República manifiesta inequívocamente su voluntad de aprobar integralmente el AMERP, lo cual se enmarca en la competencia otorgada por el artículo 150.16 de la Constitución. En el artículo 2, se señala que el instrumento obligará al Estado colombiano a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respectivo, atendiendo con ello lo dispuesto en el artículo 224 de la Carta Política. El artículo 3, respetando el principio superior de publicidad de las leyes, indica que el cuerpo normativo rige “a partir de la fecha de su publicación.” Igualmente, el Ministerio Público destaca que existe una clara conexidad entre el título de la Ley y sus tres artículos. 57. Por las razones expuestas, el Viceprocurador General de la Nación solicita declarar la constitucionalidad del Acuerdo y la exequibilidad de su ley aprobatoria. II. CONSIDERACIONES Competencia 58. De acuerdo con lo previsto en el artículo 241.10 de la Constitución, [22] esta Corte es competente para ejercer el control integral de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban. El control de constitucionalidad sobre el proceso de formación de los tratados y de sus leyes aprobatorias [23] 59. Presupuestos generales sobre el control a los tratados y sus leyes aprobatorias. La adopción de tratados internacionales es un acto jurídico complejo en el que participan las tres ramas del poder público. En primer lugar, el Presidente de la República tiene la función de dirigir las relaciones internacionales y suscribir los tratados internacionales. [24] En segundo lugar, el Congreso de la República detenta la función de aprobar o improbar estos instrumentos. [25] En tercer lugar, la Corte Constitucional, como guardiana de la Constitución, debe juzgar el instrumento internacional y su ley aprobatoria con fundamento en las normas constitucionales y declarar si sus disposiciones se ajustan o no a la Carta Política. [26] 60. Este control es previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental de la ley. Asimismo, es automático, pues debe ser enviado por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental. Este control también es integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como materiales de la ley y el tratado, con el fin de verificar su conformidad con la Constitución. Igualmente, tiene fuerza de cosa juzgada absoluta. Finalmente, es una condición sine qua non para la ratificación, adhesión o cualquier otra forma de perfeccionamiento del instrumento internacional –según lo que este disponga o lo que las Partes hayan convenido, conforme al artículo 11 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969– y cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar la supremacía de la Carta Política y el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado. [27] 61. Para adelantar esta labor, la Corte valora el cumplimiento de exigencias formales y materiales de constitucionalidad necesarias para que los instrumentos internacionales y la ley proferida se consideren conformes a la Carta. 62. El control de constitucionalidad formal consiste en examinar si el tratado internacional y su ley aprobatoria cumplen los requisitos procedimentales previstos por la Constitución y por la Ley 5ª de 1992 [28] . Por lo tanto, se dirige, fundamentalmente, a examinar los siguientes aspectos concretos: i. La validez de la representación del Estado colombiano en las fases de negociación, celebración y firma del tratado correspondiente; ii. La verificación del análisis de impacto fiscal de la ley aprobatoria del tratado internacional, cuando las disposiciones de este último involucren una orden de gasto o concedan un beneficio tributario; [29] iii. El examen del cumplimiento del requisito de consulta previa, cuando el tratado internacional o las medidas que lo desarrollen impliquen una afectación directa a las comunidades implicadas; [30] iv. El trámite legislativo del proyecto de ley ante el Congreso de la República, de acuerdo con las reglas procedimentales para su publicación, deliberación y aprobación y el respeto por los principios de consecutividad e identidad flexible; [31] y v. La fase de sanción presidencial. 63. Por su parte, el control de constitucionalidad material consiste en la evaluación de las cláusulas del instrumento internacional respectivo para determinar su conformidad con la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Esta labor comprende l a integridad del texto, incluyendo todas sus definiciones, anexos y pies de página, así como cualquier comunicación entre las partes para acordar los compromisos asumidos, y la ley aprobatoria del tratado. [32] Análisis del proceso de formación del Acuerdo y de la Ley 2529 de 2025 Fase previa gubernamental 64. Representación del Estado en la negociación, celebración y firma del Acuerdo. Esta Corte ha determinado que el análisis formal pasa por establecer si quien suscribió el instrumento internacional tenía la competencia respectiva. Esto se satisface si el firmante cumple con lo previsto en el artículo 7°, numerales 1 y 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, [33] o cuando el tratado no ha sido suscrito, pero es notoria la voluntad del Estado de adherirse a él, en tanto se surta el trámite interno. Esta posibilidad también es válida en los supuestos que contempla el artículo 15 de la citada Convención de Viena. [34] 65. En el asunto de la referencia, Colombia no suscribió el Acuerdo. El Estado colombiano manifestará su consentimiento en obligarse mediante la adhesión, forma expresamente prevista en el artículo 27 del propio instrumento. Por esa razón, el examen de este presupuesto no se dirige a establecer la validez de una firma, sino a constatar que la voluntad del Estado de adherirse al Acuerdo es notoria y que la decisión de someterlo a consideración del Congreso provino de quien tiene la competencia para adoptarla. Los antecedentes que se reseñan a continuación dan cuenta de una y otra cosa. 66. Antecedentes: la participación de Colombia en la elaboración del Acuerdo. En primer lugar, se celebró una consulta técnica para redactar un instrumento jurídicamente vinculante sobre las medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (en adelante, también llamada “pesca INDNR”), convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los días 23 a 27 de junio de 2008, 26 a 30 de enero de 2009, 4 a 8 de mayo y 24 a 28 de agosto del mismo año, en Roma. La consulta técnica finalizó el Proyecto de Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR el 28 de agosto de 2009. 67. En su apéndice E reposa una declaración de las delegaciones de Colombia, la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador y México en la que reiteran su compromiso de promover el uso sostenible y la conservación a largo plazo de los recursos vivos marinos. Para el efecto, afirman que han contribuido de manera constructiva y transparente a fin de elaborar un texto que pueda ser considerado por los Estados miembros de la FAO para la adopción, suscripción y efectiva aplicación de un instrumento jurídicamente vinculante de normas mínimas eficaces para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR, que complemente la responsabilidad principal del Estado del pabellón. [35] 68. La manifestación de la voluntad de adherirse. En los informes sobre las reuniones que han celebrado las Partes en el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR, se indica que Colombia participó en la segunda reunión entre el 3 y 6 de junio de 2019, por medio del jefe de la oficina de asesoría jurídica de la Autoridad Nacional de Acuicultura y pesca. En esta, las Partes e xaminaron detenidamente el Reglamento para las reuniones de las Partes y lo aprobaron. Entre otros, la reunión reconoció la importancia de que las Partes aplicaran de forma efectiva el Acuerdo, conscientes de los desafíos a los que se enfrentaban a este respecto, en particular los Estados Partes en desarrollo, incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo. Asimismo, las Partes apreciaron la importancia de la asistencia técnica prestada por la FAO, con el apoyo de los donantes y otras entidades, a los Estados Partes en desarrollo para mejorar su capacidad de aplicar las medidas del Estado rector del puerto y otros instrumentos de lucha contra la pesca INDNR y reiteraron la necesidad de que se mantuviera y mejorara esa asistencia. La reunión reconoció los esfuerzos realizados por las Partes con miras a cargar sus datos en las aplicaciones piloto del Acuerdo para los puertos designados y los puntos de contacto y señaló que estas aplicaciones satisfacían los requisitos del Acuerdo. Las Partes respaldaron las recomendaciones del Grupo de trabajo técnico sobre intercambio de información y acordaron que el sistema mundial de intercambio de información debía entrar en funcionamiento lo antes posible; a este respecto, expresaron su preferencia por un sistema integrado que adoptara un enfoque modular y gradual de implementación y solicitaron a la FAO que elaborara un prototipo del sistema antes de la tercera reunión del Grupo de trabajo técnico. La reunión alentó, además, a mejorar la coordinación y la cohesión de las iniciativas de fomento de la capacidad para velar por el uso eficiente de los recursos disponibles y evitar la duplicación de esfuerzos. [36] 69. Asimismo, en la tercera reunión Colombia manifestó su intención de adherirse al Acuerdo, a través del señor Alberto Bula Bohórquez, como jefe de delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores. [37] 70. La aprobación ejecutiva y la remisión al Congreso. El Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado, impartió la respectiva aprobación ejecutiva el 2 de noviembre de 2023 y, en el mismo acto, en cumplimiento de los trámites constitucionales, ordenó someter el tratado a consideración del Congreso de la República. En efecto, dentro del expediente reposa la respectiva autorización. [38] 71. Bajo ese contexto, la Sala concluye que el primer presupuesto se encuentra satisfecho. En efecto, Colombia hizo parte de las negociaciones y manifestó su voluntad de adherirse al instrumento una vez surtiera el trámite interno para su aprobación y revisión judicial previa exigida por la Constitución Política. Se configura, en particular, la hipótesis prevista en el literal a) del artículo 15 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, comoquiera que el Acuerdo, en su artículo 27, dispone expresamente que los Estados pueden manifestar su consentimiento en obligarse mediante la adhesión. [39] 72. Determinación de la existencia o no del deber de someter el instrumento y su ley aprobatoria al trámite de consulta previa. El Convenio 169 de 1989 de la OIT reconoce a las comunidades étnicamente diferenciadas, que están regidas total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones. Por lo tanto, en su artículo 2° exige a los gobiernos asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de aquellos pueblos y garantizar el respeto de su integridad. [40] Uno de estos derechos, establecido en el artículo 6.1(a) del Convenio, prevé la obligación de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.” 73. Con fundamento en lo anterior, esta Corte ha precisado que la consulta previa es obligatoria, siempre que se demuestre una afectación directa a los sujetos titulares de este derecho. Esta se presenta cuando una entidad altera “ el estatus de la persona o de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere beneficios ”, [41] o cuando “recae o tiene el potencial de surtir efectos directos sobre el territorio de la comunidad o sobre los aspectos definitorios de su identidad cultural.” [42] 74. En el marco del control de constitucionalidad de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias, debe adelantarse una consulta previa cuando el tratado internacional o las medidas legislativas y administrativas que se adopten en desarrollo de este impliquen una afectación directa a las comunidades indígenas, tribales, rom, afrodescendientes y raizales. Al respecto esta Corporación ha hecho las siguientes precisiones: “(i) La medida que regula se trata de aquellas contempladas constitucionalmente en el artículo 330, es decir, cuando se refieren al territorio ancestral, al uso del suelo o a la extracción de recursos naturales; (ii) Se trata de una disposición que está vinculada con el ethos o la identidad étnica de alguna comunidad étnica, luego altera negativa o positivamente su vida política, económica, social y cultural como elementos definitorios de su identidad; (iii) Impone cargas o atribuciones de beneficios a una comunidad, de tal manera que modifique su situación o posición jurídica; (iv) El objeto principal de la regulación es una o varias comunidades étnicas o pueblos tribales o el desarrollo específico de un derecho previsto en el Convenio 169 de 1989 de la OIT; y (v) Cuando a pesar de tratarse de una medida general, (a) ésta tiene mayores efectos en las comunidades indígenas que en el resto de la población, o (b) regula sistemáticamente materias que conforman la identidad de dichas comunidades, por lo que puede generarse bien una posible afectación, un déficit de protección de sus derechos o una omisión legislativa relativa que las discrimine.’ [43] ” [44] 75. Por el contrario, esta Corte ha indicado que no es obligatorio adelantar el trámite de la consulta previa si las medidas tomadas, vía legislativa o administrativa, se dirigen a la población en su conjunto. En consecuencia, ha recalcado que tal mecanismo solo se activa cuando se afecte específica y directamente a las comunidades étnicas, y no cuando las disposiciones hubieren sido previstas “ de manera uniforme para la generalidad de los colombianos. ” [45] 76. En el presente caso, no se realizó la consulta previa. Ello se establece al revisar los antecedentes del proyecto de ley en cuestión. En ese sentido, debe verificarse si existía o no el deber de llevar a cabo dicha consulta, de conformidad con las reglas expuestas. 77. Sobre el asunto, la Sala concluye que el “ Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ” no requería de un proceso de consulta previa. En efecto, el Acuerdo tiene por objeto prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR mediante la aplicación de medidas eficaces del Estado rector del puerto, garantizando así su uso sostenible y la conservación a largo plazo de los recursos y los ecosistemas marinos. 78. Para alcanzar tal fin, y en lo que atañe específicamente la pesca artesanal, cada Parte aplicará el Acuerdo a los buques que no estén autorizados a enarbolar su pabellón y que soliciten entrar en sus puertos o se encuentren en uno de ellos, excepto para (i) los buques de un Estado limítrofe que realicen actividades de pesca artesanal de subsistencia, siempre que el Estado rector del puerto y el Estado del pabellón cooperen para velar por que dichos buques no incurran en actividades de pesca INDNR ni otras actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR; y (ii) los buques portacontenedores que no transporten pescado o, en el caso de que lo transporten, solo se trata de pescado que se haya desembarcado previamente, siempre que no existan motivos fundados para sospechar que dichos buques han incurrido en actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca INDNR. 79. En tal sentido, el Acuerdo y, por ende, su ley aprobatoria, no incluyen medidas que afecten directa y particularmente a una comunidad étnica diferenciada. Es notorio que las medidas están dirigidas a la generalidad de la población que practica la pesca, sin distinción de sexo, raza, origen familiar, religión, o de cualquier otra índole. Además, buscan proteger las poblaciones marinas sobreexplotadas y evitar la pesca INDNR. 80. Ahora bien, tal como lo precisó la Corte en la Sentencia C-277 de 2024, es importante resaltar lo relativo a la pesca artesanal que se realiza en Colombia. En efecto, esta actividad históricamente ha abastecido el consumo nacional. Se ha estimado que el 80% del pescado fresco que se consume en Colombia proviene de ésta. [46] Precisamente, los pueblos indígenas fueron los primeros en adoptar los pescados y mariscos como parte fundamental de su dieta. Luego, las comunidades afrodescendientes asumieron prácticas asociadas a la explotación de los recursos del mar, la cual se extendió también a otras comunidades populares en las regiones costeras, creándose una fuerte dependencia sobre esos recursos para asegurar su derecho a la alimentación y su bienestar económico . [47] 81. Por lo anterior, esta Corporación ha destacado la importancia que tiene esta actividad para las minorías étnicas. Por ejemplo, en la Sentencia T-652 de 1998 la Corte resaltó lo siguiente: “La pesca cotidiana, que de manera gratuita enriquecía la dieta embera con proteínas y grasas de origen animal, se hizo improductiva y no podrá volverse a practicar hasta después de una década o más; la caza, práctica esporádica y complementaria, no tiene objeto en los terrenos deforestados de Iwagadó y requiere de largos desplazamientos en Karagabí, a más de ser insuficiente para compensar la pérdida del pescado; la entresaca de madera está prohibida, y la rotación de cultivos seriamente restringida con la superposición de las tierras de los actuales resguardos con el Parque Nacional Natural; adicionalmente, con la inundación de la presa perderán las vegas aluviales que les permitían obtener al menos dos ricas cosechas al año; las corrientes que les permitían transportarse serán reemplazadas por aguas quietas; los referentes geográficos conocidos por todos y los sitios sagrados relacionados con rápidos y estrechos del río ya no van a estar allí cuando se inunde la presa.” 82. Por su parte, en la Sentencia T-606 de 2015 la Corte puso de presente la importancia de la pesca artesanal para los pueblos indígenas que obtienen sus alimentos en las cuencas hidrográficas del país y reconoció que la pesca es una de las actividades agropecuarias que más aporta a la seguridad alimentaria, pues existe una amplia población que depende del sustento diario a través de la pesca de pequeña escala o artesanal. Así las cosas, concluyó que la prohibición de ejercer la pesca artesanal en el parque Tayrona no era una medida desproporcionada ni arbitraria, pues protegía a las especies marítimas que habitan en esa área. Sin embargo, esto no eximía a las autoridades competentes de garantizar una adecuada compensación a las comunidades ancestrales que obtenían su sustento del ecosistema. 83. En definitiva, la pesca artesanal es importante de cara a garantizar la se