Sentencia C-250 de 2026

C-250-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Plena SENTENCIA C-250 de 202 6 Referencia: expediente LAT-505 Asunto: control de constitucionalidad del “Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares” adoptado en Nueva York el 7 de julio de 2017, así como de la Ley 2493 de 2025, por medio de la cual fue aprobado Magistrada ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera Bogotá, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, en especial de la prevista por el artículo 241.10 de la Constitución Política, profiere la siguiente SENTENCIA Síntesis de la decisión . La Corte adelantó el control de constitucionalidad del “Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares” (Tratado o TPAN), adoptado en Nueva York el 7 de julio de 2017, así como de la Ley 2493 de 2025 (ley aprobatoria o LAT), por medio de la cual fue aprobado dicho instrumento internacional. La Sala Plena formuló los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y la Ley 2493 de 2025 satisfacen los requisitos formales previstos por la Constitución Política y la Ley 5ª de 1992? Y (ii) ¿el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y la Ley 2493 de 2025 son compatibles con la Constitución Política? Para resolver esos problemas jurídicos, la Corte Constitucional adelantó el control de constitucionalidad formal y material del TPAN y de su ley aprobatoria. De un lado, la Sala concluyó que ambos satisficieron los requisitos formales para su expedición en (i) la fase previa gubernamental, (ii) el trámite ante el Congreso de la República y (iii) la sanción presidencial y el envío a la Corte Constitucional. Además, constató que los instrumentos examinados no debían ser sometidos a consulta previa ni acreditar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, relativo al análisis de impacto fiscal. De otro lado, en relación con el control material, tras examinar los artículos de la ley aprobatoria y del Tratado, la Corte estableció que dichos instrumentos son compatibles con la Constitución Política. Lo anterior, a partir de dos argumentos principales. De un lado, porque la fijación de prohibiciones y otros requisitos dirigidos a la proscripción de la tenencia y uso de armas y explosivos nucleares no se opone a ningún postulado de la Constitución y, antes bien, desarrolla diversos postulados de la Constitución y está en armonía con el artículo 81 superior, el cual prohíbe expresamente tal material bélico. De otro, por cuanto las demás disposiciones del Tratado son compatibles tanto con los principios comúnmente aceptados en el derecho internacional público y el derecho internacional humanitario (DIH), como con las previsiones superiores que regulan las relaciones internacionales de Colombia. I. ANTECEDENTES 1. Trámite procesal 1. El 30 de julio de 2025, el secretario jurídico del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República remitió a esta Corte copia autenticada del expediente de la Ley 2493 de 2025, “por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares’ adoptado en Nueva York el 7 de julio de 2017”. 2. Mediante los autos de 20 de agosto, 15 de septiembre y 24 de octubre de 2025, la magistrada ponente (i) avocó conocimiento del presente asunto; (ii) decretó pruebas e insistió en su práctica; (iii) ordenó fijar en lista el proceso; (iv) corrió traslado al procurador general de la Nación para que rindiera el concepto de rigor; (v) ordenó comunicar el inicio del proceso a los presidentes de la República y del Congreso de la República y, por último, (vi) ordenó comunicar el inicio del proceso a los ministerios de Justicia y del Derecho, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, al Servicio Geológico Colombiano, a varias facultades de derecho y a diferentes asociaciones y organizaciones, para que rindieran su concepto. 3. Por medio del Auto de 27 de noviembre de 2025, la magistrada sustanciadora constató que fueron allegadas las pruebas solicitadas por medio de los autos referidos en el numeral anterior, por lo que ordenó a la Secretaría General de la Corte Constitucional dar cumplimiento a los resolutivos tercero a sexto del Auto de 20 de agosto de 2025, a saber: fijar en lista el proceso, correr traslado al procurador general de la Nación y comunicar la iniciación del proceso a los presidentes de la República y del Congreso de la República, así como a distintas entidades públicas, facultades de derecho y asociaciones y organizaciones para que rindieran su concepto ( supra , pár. 2). 4. El 23 de enero de 2026, Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de la Nación, manifestó su impedimento “para participar en el debate de constitucionalidad de la referencia y, por consiguiente, para rendir el concepto de que trata el numeral 5 del artículo 278 de la Carta Política” [1] . En su criterio, se configuró un motivo de impedimento por “haber intervenido en el trámite legislativo de la norma cuestionada” [2] . En consecuencia, por medio del Auto 197 de 2026, la Sala Plena declaró fundado el impedimento, dispuso el levantamiento de la suspensión de términos y ordenó a la Secretaría General correr traslado al viceprocurador general de la Nación para rendir el concepto correspondiente. 5. La Corte recibió las pruebas solicitadas y el concepto del viceprocurador General de la Nación. Cumplidos los trámites pertinentes, la Sala Plena procede a adelantar el control de constitucionalidad del Tratado y de su ley aprobatoria. 2. Disposiciones objeto de control 6. Las disposiciones objeto de control son el “Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares” adoptado en Nueva York el 7 de julio de 2017, así como la Ley 2493 de 2025, por medio de la cual fue aprobado dicho instrumento internacional. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial número 53.190 de 23 de julio de 2025. Estas disposiciones serán transcritas en el anexo que forma parte integral de esta providencia, así como en la sección correspondiente al examen material de constitucionalidad. 3. Intervenciones 7. Dentro del término de fijación en lista [3] , que finalizó el 15 de enero de 2026, remitieron sus intervenciones la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) en conjunto con la International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), así como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 8. Intervención de la CCCM y el ICAN. Los intervinientes solicitaron a la Corte declarar exequible la Ley 2493 de 2025, aprobatoria del TPAN. De un lado, porque es compatible con el Preámbulo de la Constitución, sus artículos 9, 22, 79 y 81, el principio de dignidad humana, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Al respecto, explicaron que el uso de armas nucleares es incompatible con los principios fundamentales del DIH como la distinción, la proporcionalidad y la necesidad militar. Señalaron que los efectos indiscriminados, transgeneracionales e irreparables vulneran derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y la dignidad humana. 9. Además, destacaron que el instrumento internacional (i) compatibiliza con la prohibición de armas nucleares, al tiempo que la “desarrolla, fortalece y operacionaliza mediante un régimen jurídico internacional que le otorga eficacia material” [4] ; (ii) contribuye a los fines de la paz “al reducir riesgos existenciales, prevenir catástrofes humanitarias y promover la cooperación internacional” [5] ; (iii) desarrolla la obligación del Estado colombiano de integrarse en regímenes internacionales que consoliden la paz global y está inserto en “la tradición […] de adhesión a instrumentos de desarme multilateral”, respecto de los que la Corte ha concluido que son compatibles con la Constitución [6] ; (iv) contiene obligaciones de asistencia a víctimas y remediación ambiental que “se alinean con estándares humanitarios reconocidos en tratados ya ratificados por Colombia y han sido defendidos por esta Corte como instrumentos de protección reforzada” [7] , al tiempo que (v) “incorpora estándares de reparación ambiental que promueven la protección del patrimonio ecológico nacional y global” [8] . 10. De otro, por cuanto el instrumento internacional armoniza con otras obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano. En particular, las intervinientes explicaron que el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco), ratificado por Colombia desde 1969, forma parte del bloque de constitucionalidad. Además, dispone que los Estados Parte, incluido Colombia, se obligaron a “no ensayar, usar, fabricar, producir o adquirir por cualquier medio armas nucleares, directa o indirectamente” [9] . Por esto, el TPAN “no introduce obligaciones sustancialmente nuevas para el Estado […], sino que refuerza y actualiza compromisos ya asumidos desde su adhesión al Tratado de Tlatelolco” [10] . Agregaron que los dos instrumentos internacionales son coherentes y complementarios: “mientras Tlatelolco establece una prohibición regional integral, el [TPAN] desarrolla un marco universal robusto, con responsabilidades adicionales en materia de asistencia a las víctimas, remediación ambiental y cooperación internacional” [11] . 11. Asimismo, las intervinientes sostuvieron que el TPAN complementa y refuerza el Tratado sobre la no Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), en particular, “el pilar de desarme […] y constituye una medida para implementar el artículo VI del TNP, que exige a los Estados Parte […] entablar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces para lograr el desarme completo” [12] . Por todo, concluyeron que el instrumento internacional sub examine “no impone obligaciones desmedidas a Colombia” y, por el contrario, (i) “[c]onsolida prohibiciones ya existentes en el orden interno”; (ii) “exige obligaciones coherentes con tratados ya ratificados” y (iii) “no limita la soberanía ni afecta la seguridad nacional” [13] . 12. Intervención del CICR. El CICR indicó que, junto con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, están comprometidos con la promoción de la ratificación de este instrumento internacional, así como con su implementación de buena fe por los Estados Parte. Precisó que el TPAN está conforme con la protección de la dignidad humana en los términos de la Constitución Política, por lo que “la razón más poderosa para ratificar este tratado es un acuerdo universal sobre” este principio [14] . Asimismo, indicó que estos mandatos materializan el papel del derecho internacional humanitario “como parte integral del texto constitucional para proteger la dignidad del ser humano, incluso en contextos de conflicto armado” [15] . 13. En este contexto, explicó que el instrumento internacional se basa en obligaciones de DIH [16] y busca la “prohibición integral de las armas nucleares”, asunto “esencial para su eliminación, dadas sus devastadoras consecuencias humanitarias y ambientales” [17] . Tales obligaciones “se traducen en normas que promueven el respeto de la dignidad humana y que hacen parte de otros tratados de DIH ratificados por Colombia, como los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977” [18] . Además, el Comité señaló que el Tratado (i) “reafirma el nexo fundamental entre los imperativos humanitarios y la seguridad al establecer que los riesgos asociados a las armas nucleares ‘afectan a la seguridad de toda la humanidad’” [19] , por lo que contiene obligaciones sobre desarme, atención a víctimas y restauración del medioambiente, y (ii) “refuerza […] obligaciones de desarme vigentes previstas en otros instrumentos” ratificados por Colombia como el Tratado de Tlatelolco, el TNP y la Convención de Armas Biológicas de 1972. Todo lo anterior, “con el fin de eliminar por completo las armas nucleares y evitar sus consecuencias devastadoras tanto para la humanidad como para el medio ambiente” [20] . 14. Después, el CICR se refirió a las armas nucleares y el DIH. Indicó que estas armas son “cualquier artefacto explosivo activado por fisión o fusión nuclear” y constituyen “medios de guerra considerados armas de destrucción masiva” [21] . Entre sus efectos, que están ampliamente documentados, resaltó la liberación de “enormes cantidades de calor y energía cinética, así como radiación prolongada”, lo que “causaría un sufrimiento humano incalculable […] y excedería la capacidad de respuesta humanitaria”, al igual que “consecuencias en el medio ambiente” [22] . Por esto, consideró dudoso que estas armas puedan utilizarse de conformidad con el derecho internacional humanitario y, en particular, respecto de los principios de distinción, de proporcionalidad y aquellos que “guían la elección y uso de medios y métodos de guerra” [23] . En su criterio, eso “supondría el desmedro de las consideraciones mínimas de humanidad que inspiran la existencia de tales principios” [24] . Así, el Comité planteó los escenarios en los que tales principios y normas serían desconocidos: Argumentos por los que el uso o la amenaza de uso de las armas nucleares pueden desconocer principios y normas del DIH Principio de distinción . Los ataques con armas nucleares en contra de, por ejemplo, ciudades, concentraciones de personas civiles o de sus bienes no serían en contra de objetivos militares específicos. Esas armas “y la forma en que los Estados han previsto su uso, tienen potencial de destrucción masiva y sus efectos no distinguirían entre personas o bienes civiles y objetivos militares, incluso en escenarios de represalias beligerantes”. Principio de proporcionalidad . La definición de objetivos militares concretos y directos es imprecisa con las armas nucleares. Además, “el daño incidental previsible es significativo –a tal punto de causar consecuencias humanitarias y ambientales catastróficas–, dada la información sobre estas armas disponible en la actualidad”. Por ejemplo, la explosión de esas armas puede causar la muerte de personas civiles, enfermedades relacionadas con la radiación, daño a bienes civiles y al medioambiente. Estas consecuencias “deben ser anticipadas y son previsibles”, por lo que “no configuran un daño incidental imprevisible o justificable con cualquier ventaja militar”. Prohibición de llevar a cabo ataques con efectos indiscriminados y desproporcionados . El uso de estas armas en contra de objetivos militares cercanos a zonas pobladas desconocería esta prohibición “pues las explosiones nucleares liberan una combinación de ondas expansivas, calor intenso en forma de radiación térmica y altos niveles de radiación ionizada, que normalmente se dispersa en una amplia área”. Para el CICR, tales efectos no podrían limitarse conforme a las exigencias del DIH [25] . Prohibición de emplear medios y métodos de guerra que causen males superfluos y sufrimientos innecesarios . El Comité explicó que algunos países han sostenido que el uso de armas sería lícito en algunas circunstancias como su uso en altamar y otras áreas remotas en las que no impacten inmediatamente en la población civil. Sin embargo, el CICR ha reiterado la posición de la Corte Internacional de Justicia “según la cual estas armas también generan consecuencias en la vida y en la salud de quienes participan directamente de las hostilidades, pues la exposición a la radiación está relacionada con patologías como cáncer […] y enfermedades del sistema nervioso central”. Esas consecuencias son “males superfluos y sufrimientos innecesarios, contrarios a los principios y normas del DIH”. Desconocimiento de las normas del DIH que protegen el medioambiente . El uso de una de estas armas “puede causar daños graves, extensos y duraderos al medio ambiente, debido al impacto del polvo, el hollín y las partículas radiactivas en la atmósfera, el suelo, el agua, las plantas y los animales”, los cuales calificó como devastadores y contrarios a las normas de protección del medio ambiente en el DIH. Tabla 1. Posición del CICR sobre escenarios que desconocerían principios y mandatos del DIH. 4. Concepto del viceprocurador general de la Nación 15. Dentro del término legal [26] , el viceprocurador general de la Nación solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la Ley 2493 de 2025 y la constitucionalidad del TPAN. En su criterio, estas disposiciones cumplieron los requisitos formales y materiales exigidos por la jurisprudencia constitucional. 16. En relación con los requisitos formales, explicó que el TPAN fue adoptado el 7 de julio de 2017 y Colombia lo suscribió el 3 de agosto de 2018, “para lo cual se delegó al Embajador y Representante Permanente (E) ante la [Organización de Naciones Unidas (ONU)], previa concesión de plenos poderes por parte de la entonces ministra de Relaciones Exteriores” [27] . Indicó que “aun cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que no reposan los antecedentes de esa negociación multilateral en el archivo de la entidad, el presidente de la República otorgó aprobación ejecutiva al instrumento con anterioridad a la presentación del proyecto de ley” [28] . Luego, el 21 de agosto de 2024, los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional lo radicaron ante el Congreso de la República. En ese contexto, manifestó que no existe algún vicio de constitucionalidad en la manifestación del consentimiento por parte del Estado colombiano en la suscripción del instrumento internacional. 17. El funcionario relató que (i) el proyecto de ley fue radicado ante el Senado de la República; (ii) la iniciativa legislativa, las ponencias, los textos aprobados y la ley sancionada fueron debida y oportunamente publicados; (iii) el proyecto de ley inició su trámite en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, fue discutido y votado en sesiones previamente anunciadas, en las que se respetaron los quórums deliberatorio y decisorio; (iv) el proyecto fue aprobado por las mayorías requeridas mediante votación nominal y pública; (v) el trámite legislativo concluyó en menos de dos legislaturas y se respetaron los términos de ocho y de 15 días para su aprobación; (vi) el TPAN no fue modificado durante el trámite legislativo; (vii) el presidente de la República sancionó la ley aprobatoria y remitió el expediente a la Corte Constitucional de forma oportuna; (viii) el Tratado no debió surtir el trámite de consulta previa [29] y, por último, (ix) el instrumento no crea beneficios tributarios ni ordena gastos operativos [30] , por lo que no requería análisis de impacto fiscal. 18. Respecto al análisis material, el viceprocurador general de la Nación, en primer lugar, presentó un contexto del TPAN. En él explicó que los hechos históricos como el uso de armas nucleares en los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki, sus consecuencias, la persistencia en la memoria de la humanidad y la lentitud del desarme nuclear incidieron en la celebración de ese instrumento internacional. Señaló que existen alrededor de 13.400 armas nucleares concentradas, en su mayoría, en Estados Unidos y Rusia, “dos de los cinco Estados poseedores de armas nucleares” [31] . Agregó que se han realizado más de 2.000 pruebas nucleares, lo que ha provocado varios tratados multilaterales para evitar la proliferación y ensayos nucleares, así como la promoción de avances de desarme [32] . 19. En ese contexto, señaló que “Colombia hace parte de una de las zonas libres de armas nucleares, que abarcan América Latina y el Caribe, el Pacífico Sur, el Sudeste Asiático, África y Asia Central” [33] . De ahí que los Estados manifestaran su intención de obligarse para lograr la eliminación de las armas nucleares y los programas que las utilizan o ensayan, así como la eliminación o conversión de los espacios en los que son manipuladas. En concreto, indicó que son tres ámbitos que pretende atender: “(i) las consecuencias humanitarias de su uso o ensayo, (ii) la necesidad de eliminar las armas nucleares existentes, y (iii) la prevención de su uso” [34] . 20. En segundo lugar, el viceprocurador manifestó que los 20 artículos del instrumento internacional son compatibles con los principios constitucionales del Estado de Derecho, la soberanía, la realización de la paz como principio y valor, “y en un contexto de enfoques diferenciales en favor de sujetos de especial protección constitucional y de conservación del medio ambiente” [35] . Explicó que los considerandos del Tratado refieren dos enfoques diferenciales para las mujeres y las niñas, así como los pueblos indígenas. Esto, por el impacto diferenciado que pueden tener el uso de armas nucleares y los entornos de radiación ionizante. En su criterio, esas consideraciones son compatibles, de un lado, con los artículos 13 y 43 de la Constitución que propenden por la adopción de medidas especiales en favor de las mujeres y de la niñez “en atención a su condición de vulnerabilidad en escenarios de conflictos armados y de guerra” [36] . De otro, con los artículos 1, 7, 8, 72, 79, 246, 287 y 330 ibidem , que buscan “la especial protección de las comunidades étnicamente diferenciadas, en defensa de su patrimonio cultural, salvaguardando la riqueza étnica y cultural de la nación, y evitando los riesgos de afectaciones directas que se pudieren generar” [37] . 21. Luego, adujo que el objetivo del instrumento en términos de desarme nuclear a nivel mundial está conforme al artículo 81 de la Constitución. A su vez, es compatible con la paz como valor, principio y derecho, así como con el fin esencial del Estado de lograr una convivencia pacífica. Agregó que el logro de la paz está asociado al principio de dignidad humana, por lo que su alcance incide en el ejercicio de los derechos fundamentales “al promover la justicia con ocasión de los crímenes y violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario: reafirma su gravedad, reprocha su comisión y restablece la norma que los prohíbe” [38] . 22. Asimismo, consideró que la educación para la paz es acorde con los artículos 67 y 95.6 de la Constitución Política. A su vez, aseguró que el Tratado respeta el fin del Estado de proteger el medioambiente, previsto por el artículo 79 superior. Al respecto, indicó que “el uso y ensayo de armas nucleares conllevan un considerable impacto ecológico, y traen consecuencias para la salud humana y el medio ambiente” [39] . En ese contexto, el viceprocurador concluyó que el TPAN impone obligaciones al Estado que “no limitan la soberanía ni afectan la seguridad […], pues los miembros de la sociedad se pueden ver afectados por circunstancias que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el conglomerado social como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre competencia económica” [40] . Además, indicó que este instrumento internacional “materializa las relaciones exteriores del Estado con el alcance fijado en el artículo 9 Superior” [41] . 23. En tercer lugar, el viceprocurador general de la Nación explicó por qué los artículos específicos del TPAN están conformes con la Constitución. La siguiente tabla sintetiza estos argumentos: Argumentos que fundamentan la constitucionalidad de los artículos del TPAN Arts. 1, 2, 3 y 4 Estas disposiciones pretenden materializar el objeto del Tratado: “la eliminación irreversible de los programas de armas nucleares, así como la eliminación o conversión de las instalaciones respectivas”. El viceprocurador describió el objeto de tales artículos y consideró que “se proyectan al logro de la paz y propugnan para que las partes ejecuten una política tendiente a la solución pacífica de sus controversias”, lo cual está conforme con la Constitución. En todo caso, precisó que, según el material probatorio, no hay constancia de que en Colombia existan o hubiesen existido programas de armas nucleares o instalaciones para su manejo. Con todo, insistió en que los artículos contribuyen “al fortalecimiento del Estado social de Derecho, así como al deber de proteger a la población, por cuanto es deber del Estado respetar y proteger la vida y seguridad de todas las personas, así como sus otros derechos y libertades, e impedir que terceros los vulneren o pongan en riesgo”. Art. 6 En criterio del funcionario, esta disposición es constitucional porque “garantiza que, de una parte, las víctimas del uso o ensayo de armas nucleares reciban la asistencia estatal debida, y, de otra parte, que el entorno ecológico y ambiental sea restaurado”. Destacó que tales obligaciones refuerzan el carácter humanitario del instrumento y desarrollan compromisos internacionales en materia de atención a poblaciones afectadas por conflictos y desastres. Arts. 5, 7 y 8 El viceprocurador explicó que la incorporación del instrumento internacional al derecho interno y la cooperación, asistencia y programación de reuniones internacionales “no son más que la consecuencia material de las prohibiciones y compromisos pactados con el instrumento multilateral”. Estos artículos se ajustan a la Constitución porque pretenden la eficacia del acuerdo internacional del que es parte Colombia, sin alterar el diseño constitucional ni las competencias y atribuciones del Estado; no desconoce el ordenamiento jurídico interno ni impone obligaciones desproporcionadas. Arts. 9 al 20 Estas disposiciones se ajustan a los artículos 226 y 227 de la Constitución. En criterio del viceprocurador, son cláusulas “necesarias para la aplicación y ejecución de cualquier instrumento de Derecho Internacional Público” y “responden a la ‘facultad de las partes en toda convención, bilateral o multilateral, a nivel privado, público, o en el campo de las relaciones internacionales, [de] dejar definido cuándo principia la observación de lo pactado y cuál habrá de ser el término de su duración”. Tabla 2. Argumentos del viceprocurador general de la Nación que justifican la constitucionalidad de los artículos del TPAN . 24. Finalmente, en lo relativo al análisis material de la LAT, el viceprocurador general de la Nación adujo que es constitucional porque (i) el artículo primero da cuenta de la voluntad inequívoca del Congreso de la República de aprobar el instrumento internacional, conforme a las competencias previstas por el artículo 150.16 de la Constitución; (ii) el artículo segundo dispone que el Tratado obligará al Estado a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional, según la Ley 7 de 1944, en los términos del artículo 224 constitucional; (iii) el artículo tercero indica que regirá “a partir de la fecha de su publicación” [42] , por lo que garantiza el principio superior de publicidad de las leyes y, por último, (iv) la ley satisface el principio de unidad de materia dispuesto por los artículos 158 y 169 superiores, habida cuenta de que el título y los tres artículos tienen una clara conexidad, al referirse a “aspectos relacionados con la adopción del tratado objeto de estudio” [43] . II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 25. De conformidad con lo previsto por el artículo 241.10 de la Constitución Política [44] , la Corte es competente para ejercer el control de constitucionalidad del Tratado y de su ley aprobatoria. Este control implica el análisis de constitucionalidad tanto de los aspectos formales como materiales de tales instrumentos normativos [45] . 2. Problemas jurídicos y metodología de la decisión 26. Problemas jurídicos. Corresponde a la Sala Plena resolver los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y la Ley 2493 de 2025 satisfacen los requisitos formales de validez previstos por la Constitución Política y la Ley 5ª de 1992? Y (ii) ¿el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y la Ley 2493 de 2025 son compatibles con la Constitución Política? 27. Metodología . La Sala (i) reiterará su jurisprudencia respecto de la celebración y el control de constitucionalidad de tratados internacionales; (ii) verificará el cumplimiento de los requisitos formales del Tratado y de su ley aprobatoria, en cada una de sus fases, y (iii) revisará la constitucionalidad de cada una de las disposiciones que integran el TPAN y la Ley 2493 de 2025. 3. Celebración y control de constitucionalidad de tratados internacionales [46] 28. E l proceso de celebración de los tratados internacionales exige agotar diversas etapas sucesivas en las que intervienen las tres ramas del poder público, a saber: (i) la suscripción del instrumento internacional o la aprobación por parte del presidente de la República, (ii) la aprobación del convenio internacional por el Congreso de la República, por medio de una ley aprobatoria, (iii) el estudio del convenio y de su ley aprobatoria por parte de la Corte Constitucional y, finalmente, (iv) la ratificación del instrumento internacional [47] , su adhesión o la manifestación válida del consentimiento por parte del Estado. Una vez se perfecciona el tratado, concluidas las etapas señaladas, los compromisos celebrados por el Estado colombiano son exigibles en los ámbitos nacional e internacional [48] . 29. El control de constitucionalidad de los tratados internacionales que le corresponde adelantar a esta Corte se caracteriza por ser [49] (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación de la ley por parte del Congreso de la República y a la sanción presidencial; (ii) automático , por cuanto se activa con el envío de la ley aprobatoria a la Corte Constitucional por el presidente de la República, dentro de los 6 días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral , puesto que tiene por objeto constatar el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de la ley, así como del tratado; (iv) un requisito sine qua non para la ratificación o cualquier otra forma de perfeccionamiento del instrumento internacional y (v) preventivo , en tanto que su finalidad es garantizar la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano. Asimismo, este control (vi) tiene fuerza de cosa juzgada absoluta . 30. El control formal de constitucionalidad implica examinar si el tratado internacional y su ley aprobatoria cumplen los requisitos procedimentales previstos por la Constitución Política y por la Ley 5ª de 1992. Por su parte, el control material de constitucionalidad consiste en confrontar el contenido “del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, con la totalidad de las disposiciones de la Constitución, para determinar si se ajusta o no a la Carta Política” [50] . Este control comprende el análisis de constitucionalidad del instrumento internacional en general y de sus finalidades [51] , así como de su contenido particular, esto es, de las “disposiciones del instrumento internacional y de su ley aprobatoria” [52] . 31. El parámetro para llevar a cabo este control está conformado por “la totalidad de las disposiciones de la Constitución Política” [53] . La jurisprudencia constitucional ha reiterado que el control material “se extiende a los instrumentos normativos anexos y conexos que tengan por objeto dar alcance a lo pactado en el tratado” [54] y se caracteriza por ser “un estudio eminentemente jurídico” [55] . Lo anterior significa “que no se ocupa de revisar las ventajas u oportunidad práctica de un acuerdo a nivel económico, social, etc., ni su conveniencia política” [56] . 4. Control formal de constitucionalidad [57] 32. La Corte Constitucional llevará a cabo el control de constitucionalidad formal del Tratado y de su ley aprobatoria en sus tres fases, a saber: (i) la fase previa gubernamental; (ii) el trámite ante el Congreso de la República, y (iii) la sanción presidencial y su envío a la Corte Constitucional. Adicionalmente, la Corte examinará si en el presente asunto era necesario acreditar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, relativo al análisis de impacto fiscal del proyecto de ley. Para este análisis, la Sala tendrá en cuenta las gacetas del Congreso y los informes recibidos en la etapa probatoria. Asimismo, hará referencia a las gacetas y a las grabaciones de algunas sesiones del Congreso, en aplicación de los principios de libertad probatoria y de libre valoración de la evidencia [58] . Esto, al constatar que no fueron remitidas todas las gacetas por parte del Congreso de la República, a pesar de que la Corte requirió dicho material probatorio. 4.1. Fase previa gubernamental 33. El control de constitucionalidad en esta fase del procedimiento requiere que la Corte verifique (i) la validez de la representación del Estado colombiano; (ii) si la aprobación del Tratado debía someterse a consulta previa y, de ser así, si esta se llevó a cabo [59] y (iii) si el instrumento internacional fue aprobado por el presidente de la República y sometido a consideración del Congreso de la República [60] . 4.1.1. Representación del Estado colombiano 34. El literal a) del artículo 7.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 dispone que “se considerará que una persona representa a un Estado” si presenta “los adecuados plenos poderes”. Por su parte, el literal a) del artículo 7.2. ibidem indica que, en virtud de sus funciones, representan a su Estado “los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado”. En cualquier caso, el artículo 8 de la convención ibidem prevé que “[u]n acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al artículo 7, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado”. 35. El TPAN fue abierto para firma el 20 de septiembre de 20 17 [61] . Luego, el 31 de julio de 2018, María Ángela Holguín, la entonces ministra de Relaciones Exteriores, “confirió plenos poderes para que el señor [Francisco Alberto] González procediera a la suscripción del Convenio en nombre del Estado colombiano” [62] . Esto, de conformidad con lo previsto por el literal a) del artículo 7.1 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 [63] . En consecuencia, Colombia suscribió el instrumento internacional el 3 de agosto de 2018 [64] . En ese contexto, la Corte considera que la representación del Estado colombiano fue ejercida por quien ostentaba la calidad de representante y, por tanto, la suscripción del Tratado es válida [65] . Además, como se explicará más adelante el instrumento internacional fue objeto de aprobación ejecutiva por parte del presidente de la República, lo cual reafirma la validez de la expresión de la voluntad internacional del Estado. 4.1.2. Requisito de consulta previa [66] 36. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, la consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades indígenas, tribales, rom, afrodescendientes y raizales [67] . En atención a lo dispuesto por el artículo 6.1(a) del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) [68] , la Corte Constitucional ha precisado que la consulta previa es obligatoria siempre que se demuestre una “afectación directa” a los sujetos titulares de este derecho [69] . 37. Además, la Corte ha señalado que (i) la consulta previa se aplica para medidas legislativas o administrativas [70] ; (ii) la afectación que da lugar a la obligatoriedad de la consulta previa debe ser directa, que no accidental o circunstancial, es decir, de una entidad que (a) involucre una alteración a la identidad diferenciada, al modificar “el estatus de la persona o de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere beneficios” [71] , o (b) surta efectos directos sobre el territorio de la comunidad o sobre los aspectos definitorios de su identidad cultural; (iii) la consulta previa busca “materializar la protección constitucional […] que tienen los grupos étnicos a participar en las decisiones que los afecten” [72] ; (iv) el procedimiento de consulta debe adelantarse a la luz del principio de buena fe, además de ser oportuno y eficaz [73] y, por último, (v) la omisión de consulta “constituye un vicio que impide declarar exequible la Ley” [74] . 38. En el marco del control de constitucionalidad de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias, la Corte ha reiterado que solo es necesario someter a consulta previa, por una parte, los tratados internacionales que impliquen una afectación directa a las comunidades indígenas, tribales, rom, afrodescendientes y raizales [75] y, por otra, las medidas de orden legislativo y administrativo que se adopten en desarrollo del tratado y que impliquen afectación directa para los mismos sujetos [76] . En el primer caso, será obligatorio adelantar el procedimiento de consulta “antes de que se presente la norma para su aprobación en el Congreso de la República” [77] . Por el contrario, la Corte ha resaltado que no es necesario agotar la consulta previa cuando el tratado o las medidas que lo desarrollen (i) no impliquen una afectación directa sobre el territorio o sobre aspectos definitorios de la identidad cultural de las comunidades titulares de este derecho [78] ; (ii) carezca de disposiciones que regulen de manera favorable o desfavorable a tales sujetos, impongan limitaciones, gravámenes o beneficios particulares a los mismos [79] y (iii) solo contenga disposiciones generales que no alteren el estatus de tales comunidades [80] , como aquellas que se refieren a las condiciones de libre comercio [81] . 39. Con base en lo anterior, la Corte constata que el Tratado y su ley aprobatoria no debían someterse a consulta previa por tres razones. Primero, porque esos instrumentos no contienen disposiciones que afecten directamente el territorio o la identidad cultural de las comunidades titulares del derecho a la consulta previa. En términos generales, el instrumento internacional busca eliminar las armas nucleares, prevenir su utilización y atender las consecuencias catastróficas ocasionadas a las personas y al medioambiente con ocasión de su uso o ensayo. Tales finalidades no inciden específicamente en el territorio o en la definición de la identidad cultural de dichas comunidades, sino que se proyectan sobre el Estado en su conjunto. Además, no es posible considerar que la regulación de los artefactos a los que se refiere el instrumento internacional haga parte de la identidad étnica de tales comunidades. Segundo, el TPAN y su LAT no surten efectos diferenciados y específicos respecto de tales comunidades, puesto que las obligaciones y prohibiciones se dirigen al Estado. Tercero, si bien el preámbulo del instrumento internacional reconoce el impacto desproporcionado de las actividades relacionadas con las armas nucleares, entre otros, en los pueblos indígenas, esta referencia tiene un alcance contextual, general y abstracto que no les impone cargas, crea beneficios o compromete su autonomía en alguna medida [82] . 40. Por tanto, la Corte considera que el Tratado y la LAT no debieron someterse a consulta previa, como lo manifestó el viceprocurador general de la Nación en su concepto [83] . En todo caso, la Sala precisa que esta conclusión se predica únicamente de estas disposiciones. Por esto, al momento de adoptar las medidas legislativas o administrativas pertinentes para desarrollar el instrumento internacional, las autoridades deberán examinar, en cada caso concreto, si puede existir una afectación directa, diferenciada y específica a las comunidades titulares del derecho fundamental a la consulta previa en los términos de la jurisprudencia constitucional. De ser el caso, deberán garantizarlo en consonancia con el contenido y alcance que la jurisprudencia constitucional le ha otorgado a dicho derecho. 4.1.3. Aprobación presidencial y sometimiento del instrumento internacional a consideración del Congreso de la República 41. De conformidad con lo previsto por el artículo 189.2 de la Constitución Política, le corresponde al presidente de la República dirigir las relaciones internacionales y celebrar tratados con otros Estados que “se someterán a la aprobación del Congreso”. En el presente asunto, la Corte constata que el presidente de la República impartió la aprobación ejecutiva y ordenó someter el instrumento internacional a consideración del Congreso de la República [84] . Si bien dicha aprobación no tiene una fecha legible, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, conforme a los registros disponibles, remitió el acto de aprobación ejecutiva a la Presidencia de la República el 29 de julio de 2024 y, el 21 de agosto siguiente, fue radicado el proyecto de ley ante el Congreso. Esto permite inferir, como lo indicó esta entidad, que “la suscripción del acto [de aprobación ejecutiva] tuvo lugar antes de esta fecha” [85] . En cualquier caso, como lo indicará más adelante esta corporación, el proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República fue sancionado por el presidente de la República, lo que despeja cualquier duda respecto de la referida aprobación ejecutiva. 42. Por las razones expuestas, la Sala Plena concluye que las normas sometidas a control de constitucionalidad satisfacen los requisitos examinados en esta fase del procedimiento. 4.2. Trámite ante el Congreso de la República 43. La Constitución Política no prevé un procedimiento especial para las leyes aprobatorias de los tratados internacionales. Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado que a estas leyes les corresponde el trámite previsto para las leyes ordinarias [86] . En este sentido, el control de constitucionalidad sobre los aspectos formales en esta fase del procedimiento implica verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos constitucionales y legales: Requisitos constitucionales y legales de las LAT (i) La presentación del proyecto de ley ante el Senado de la República por parte del Gobierno nacional (arts. 154 de la CP y 142.20 de la Ley 5ª de 1992). (ii) La publicación oficial del proyecto de ley aprobatoria (arts. 157.1 de la CP y 144, 147.1 y 156 de la Ley 5 a de 1992). (iii) El inicio del trámite legislativo en la respectiva comisión constitucional permanente (art. 154 de la CP). (iv) La publicación de la ponencia para debate en las comisiones y en las plenarias (arts. 157 y 185 de la Ley 5 a de 1992). (v) El anuncio del proyecto previo a su discusión y votación (art. 160 de la CP). (vi) La votación y las exigencias de quorum y mayorías (arts. 145 y 146 de la CP). (vii) El lapso entre los debates de 8 o 15 días, según corresponda (art. 160 de la CP). (viii) El respeto del lapso de dos legislaturas que no puede exceder el trámite del proyecto de ley (art. 162 de la CP). (ix) El trámite de conciliación en caso de ser procedente (art. 161 de la CP). (x) La acreditación de los principios de consecutividad e identidad flexible. Tabla 3. Requisitos que deben acreditar las leyes aprobatorias de tratados internacionales en el trámite ante el Congreso de la República. 44. Como expondrá la Sala a continuación, el trámite aprobatorio del TPAN satisface los referidos requisitos. 4.2.1. El proyecto de ley y su exposición de motivos fueron presentados por el Gobierno nacional ante el Senado de la República 45. El 21 de agosto de 2024, los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional radicaron ante el Senado de la República el proyecto de ley aprobatoria del Tratado, junto con su exposición de motivos [87] . A este proyecto de ley le fue asignado el número de radicado 157 de 2024 (Senado). En tales términos, la Corte constata el cumplimiento de lo previsto por los artículos 142.20 de la Ley 5ª de 1992 [88] y 154 de la Constitución Política [89] . 4.2.2. El proyecto de ley fue publicado antes de darle trámite en la respectiva comisión 46. El 21 de agosto de 2024, el presidente y el secretario general del Senado de la República ordenaron remitir una copia del proyecto de ley 157 de 2024 (Senado) a la Imprenta Nacional para su publicación [90] , la cual se llevó a cabo en la Gaceta del Congreso n.° 1384 de 12 de septiembre de 2024. Así las cosas, la Corte verifica que el Congreso de la República cumplió con la exigencia prevista por los artículos 157 de la Constitución Política [91] y 144 de la Ley 5ª de 1992 [92] . 4.2.3. El proyecto de ley inició su trámite legislativo en la comisión constitucional competente 47. El 21 de agosto de 2024, el proyecto de ley 157 de 2024 (Senado) fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República [93] . En esa medida, satisfizo la exigencia constitucional y legal relativa a iniciar el trámite en la comisión constitucional competente, según lo previsto por el artículo 2 de la Ley 3ª de 1992 [94] . 4.2.4. En el trámite del primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República el proyecto de ley cumplió las exigencias constitucionales y legales 48. En ejercicio de la competencia prevista por el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992 [95] , la Mesa Directiva de la Comisión Segunda del Senado de la República designó como ponente para el primer debate al senador José Luis Pérez Oyuela [96] . 48.1 Informe de ponencia. El 4 de octubre de 2024, el senador José Luis Pérez Oyuela presentó el informe de ponencia positiva para el primer debate ante el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional Permanente [97] . Este informe fue publicado en la Gaceta del Congreso de la República n.° 1661 de 4 octubre de 2024. Con lo anterior, la Sala advierte que se observaron las exigencias previstas por los artículos 160 de la Constitución [98] , así como 156 [99] y 157 [100] de la Ley 5ª de 1992. 48.2 Anuncio previo [101] . El anuncio previo se llevó a cabo el 5 de noviembre de 2024, según consta en el Acta n.° 11 del mismo día, publicada en la Gaceta del Congreso n.° 597 de 2025. En dicha sesión, el secretario de la Comisión Segunda anunció el debate y la votación del proyecto de ley 157 de 2024 (Senado) “para discutir y votar en la próxima sesión de la Comisión” [102] . Luego, el presidente de la Comisión convocó “para mañana” y levantó la sesión [103] . En tales términos, la Corte encuentra que en el caso concreto se cumplió con la exigencia prevista por el artículo 160 de la Constitución Política, relativa al anuncio previo [104] . Lo anterior porque, aun cuando el secretario no mencionó una fecha exacta, el presidente de la Comisión convocó para el día siguiente, de tal forma que era posible determinar la sesión futura en la que se llevaría a cabo la discusión y votación del proyecto de ley. 48.3 Debate y aprobación . En la sesión de 6 de noviembre de 2024, la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República llevó a cabo el debate y la aprobación del proyecto de ley sub examine , como consta en el Acta n.° 12 del mismo día. Dicha acta fue publicada en la Gaceta del Congreso n.° 597 de 2025. De conformidad con la referida acta, la Corte considera satisfechos los siguientes requisitos: Requisito Cumplimiento Quorum deliberatorio La sesión inició con la verificación del quorum deliberatorio, el cual se satisfizo al contar con la presencia de siete de los 12 integrantes de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República [105] . En consecuencia, el trámite sub examine satisfizo el requisito previsto por el artículo 145 de la Constitución Política. Quorum decisorio Tras el debate sobre el proyecto de ley objeto de análisis, los senadores de la República presentes eran ocho [106] . En ese sentido, el trámite cumplió el requisito previsto por el artículo 145 de la Constitución Política. Aprobación de la proposición final con la que termina el informe de ponencia Mediante votación nominal y pública, ocho senadores votaron por el sí y ninguno por el no [107] . En esa medida, en el trámite analizado se observaron las exigencias dispuestas por los artículos 133 y 146 de la Constitución Política, respecto de la votación nominal y de la mayoría simple. Aprobación de la proposición para omitir la lectura del articulado del proyecto de ley y del articulado Mediante votación nominal y pública, ocho senadores votaron por el sí y ninguno por el no [108] . Por tanto, en el procedimiento sub judice se observaron las exigencias dispuestas por los artículos 133 y 146 de la Constitución, referidas anteriormente. Aprobación del título del proyecto de ley y del envío para segundo debate Mediante votación nominal y pública, siete senadores votaron por el sí y ninguno por el no [109] . Por tanto, en el procedimiento ante la Comisión Segunda se cumplieron las exigencias dispuestas por los artículos 133 y 146 de la Constitución mencionadas anteriormente. Tabla 4. Requisitos satisfechos en el primer debate del proyecto de ley. 48.4 Publicación del texto aprobado. El texto del proyecto de ley sub examine aprobado en el primer debate fue publicado en la Gaceta del Congreso de la República n.° 2110 de 2024 [110] . 4.2.5. En el trámite del segundo debate en la Plenaria del Senado de la República el proyecto de ley cumplió las exigencias constitucionales y legales 49. Tras recibir el proyecto de ley objeto de análisis en la Secretaría del Senado de la República, el senador José Luis Pérez Oyuela continuó como ponente [111] . 49.1 Informe de ponencia. El 2 de diciembre de 2024, el ponente presentó el informe de ponencia positiva para segundo debate ante el vicepresidente de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República [112] . Este informe fue publicado en la Gaceta del Congreso de la República n.° 2110 de 2024. Con lo anterior, la Sala verifica que se observaron las exigencias previstas por los artículos 160 de la Constitución y 174 de la Ley 5ª de 1992 [113] . 49.2 Anuncio previo. El anuncio previo se llevó a cabo el 19 de marzo de 2025, como consta en la grabación de la sesión plenaria [114] . En dicha sesión, por instrucciones del presidente del Senado de la República, el secretario anunció los “proyectos de ley para discutir y votar”, dentro de los cuales enunció el 157 de 2024 (Senado) [115] . De conformidad con la jurisprudencia constitucional, “en los casos en que no se señale expresamente la fecha de la sesión futura en que dicha votación se realizará, puede entenderse referido a la siguiente sesión en la que se voten proyectos de ley, siempre que en la siguiente sesión se incluya el proyecto de que se trate en el orden del día” [116] . La Corte constata el cumplimiento de la exigencia prevista por el artículo 160 de la Constitución Política, en tanto que (i) el anuncio se hizo en la sesión de 19 de marzo de 2025 y (ii) el proyecto de ley fue incluido en el orden del día de la siguiente sesión a la que había convocado la presidencia [117] . En efecto, al finalizar la sesión de 19 de marzo de 2025, la presidencia convocó “para el próximo martes hora por Secretaría” [118] . En todo caso la Sala Plena reitera que el cumplimiento del requisito dispuesto por el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política “es un elemento de absoluta importancia dentro del trámite legislativo y se erige como un mecanismo para garantizar derechos y principios fundamentales” [119] . Habida cuenta de su relevancia para garantizar en la mayor medida posible el principio democrático y la publicidad del trámite en el Congreso de la República, insiste en que los anuncios deben hacerse, de forma detallada, indicando “(i) no solo el número del proyecto sino la identificación, cuando menos, del título del proyecto de ley; (ii) la finalidad del anuncio que se realiza, esto es, para que los proyectos de ley anunciados sean debatidos y votados; y (iii) la fecha en que se realizará la votación de los proyectos de ley anunciados” [120] . 49.3 Debate y aprobación. En la sesión de 25 de marzo de 2025, que correspondió al martes siguiente al 19 de marzo del mismo año, la Plenaria del Senado de la República llevó a cabo el debate y la aprobación del proyecto de ley sub examine , como consta en el Acta n.° 57 del mismo día. Dicha acta fue publicada en la Gaceta del Congreso n.° 477 de 2026. De conformidad con esa acta, la Corte considera satisfechos los siguientes requisitos: Requisito Cumplimiento Quorum deliberatorio La sesión inició con la verificación del quorum deliberatorio, el cual se satisfizo al contar con la presencia de 83 senadores de la República [121] . En consecuencia, el trámite sub examine satisfizo el requisito previsto por el artículo 145 de la Constitución Política. Quorum decisorio Tras el debate sobre el proyecto de ley objeto de análisis, al momento de votar el informe de ponencia, los senadores de la República presentes eran 61 [122] y, al momento de votar el título, la pregunta y la omisión de lectura articulado, eran 56 [123] . En ese sentido, el trámite examinado cumplió el requisito previsto por el artículo 145 de la Constitución Política. Aprobación de la proposición final con la que termina el informe de ponencia Mediante votación nominal y pública, 61 senadores votaron por el sí y ninguno por el no [124] . En esa medida, en el trámite analizado se observaron las exigencias dispuestas por los artículos 133 y 146 de la Constitución Política, respecto de la votación nominal y de la mayoría simple. Aprobación del título, de la omisión de la lectura del articulado, del articulado, y que se le dé trámite en la Cámara de Representantes Mediante votación nominal y pública, 56 senadores votaron por el sí y ninguno por el no [125] . Por tanto, en el procedimiento se observaron las exigencias dispuestas por los artículos 133 y 146 de la Constitución, referidas anteriormente. Tabla 5. Requisitos satisfechos en el segundo debate del proyecto de ley . 49.4 Publicación del texto aprobado. El texto del proyecto de ley sub examine aprobado en el segundo debate fue publicado en la Gaceta del Congreso de la República n.° 411 de 2025 [126] . 50. El lapso entre el primer y el segundo debate satisface el término previsto por el artículo 160 de la Constitución Política [127] . El primer y el segundo debate se llevaron a cabo los días 6 de noviembre de 2024 y 25 de marzo de 2025, respectivamente. De esta forma, entre dichos debates transcurrieron más de ocho días. 4.2.6. En el trámite del tercer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley cumplió las exigencias constitucionales y legales 51. Una vez aprobado el proyecto de ley 157 de 2024 (Senado) en la Plenaria del Senado de la República, fue remitido a la Cámara de Representantes y radicado con el número 575 de 2025 (Cámara) [128] . Este proyecto fue asignado a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes [129] . El 23 de abril de 2025, la Mesa Directiva de dicha Comisión designó como ponentes a los representantes Carmen Felisa Ramírez Boscán, Norman David Bañol Álvarez, David Alejandro Toro Ramírez y Álvaro Mauricio Londoño Lugo, este último en calidad de coordinador [130] . Esta designación cumplió con lo previsto por el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, toda vez que la Mesa Directiva garantizó la representación de diferentes bancadas [131] . 51.1 Informe de ponencia . El 8 de mayo de 2025 [132] , los ponentes presentaron informe de ponencia para primer debate ante el secretario de la Cámara de Representantes. Este informe fue publicado en la Gaceta del Congreso n.° 663 de 2025. Con lo anterior, la Sala constata que se observaron las exigencias previstas por los artículos 160 de la Constitución Política, así como 156 y 157 de la Ley 5ª de 1992. 51.2 Anuncio previo . El anuncio previo se llevó a cabo el 14 de mayo de 2025, como consta en el Acta n.° 27 del mismo día, publicada en la Gaceta del Congreso n.° 1578 de 2025 [133] . En esa sesión, la secretaria de la Comisión Segunda anunció el proyecto de ley sub judice dentro de los “proyectos de ley para discusión y votación en primer debate […] para la próxima sesión donde se discutan proyectos de ley” [134] . En tales términos, la Corte constata el cumplimiento de la exigencia prevista por el artículo 160 de la Constitución Política, relativa al anuncio previo. Lo anterior, porque la sesión futura en la que se llevaría a cabo la discusión y eventual aprobación del proyecto de ley era determinable. 51.3 Debate y aprobación . En la sesión de 20 de mayo de 2025, la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes debatió y aprobó el proyecto de ley, como consta en el Acta n.° 28 del mismo día. Dicha acta fue publicada en la Gaceta del Congreso de la República n.° 1579 de 2025. De conformidad con la referida acta, la Corte encuentra satisfechos los siguientes requisitos: Requisito Cumplimiento Quorum deliberatorio La sesión inició con la verificación del quorum deliberatorio, el cual se satisfizo al contar con la presencia de 16 de los 20 representantes a la cámara de la Comisión Segunda [135] . En consecuencia, el trámite sub examine satisfizo el requisito previsto por el artículo 145 de la Constitución Política. Quorum decisorio Tras el debate sobre el proyecto de ley objeto de estudio, los representantes a la cámara presentes eran 12 [136] . En ese sentido, el trámite examinado cumplió el requisito previsto por el artículo 145 de la Constitución Política. Aprobación de la proposición final con la que termina el informe de ponencia Mediante votación nominal y pública, 12 representantes a la cámara votaron por el sí y ninguno por el no [137] . En esa medida, en el trámite analizado se observaron las exigencias dispuestas por los artículos 133 y 146 de la Constitución Política, respecto de la votación nominal y de la mayoría simple. Aprobación del articulado del proyecto de ley Mediante votación nominal y pública, 12 representantes a la cámara votaron por el sí y ninguno por el no [138] . Por tanto, en el trámite analizado se observaron las exigencias dispuestas por los artículos 133 y 146 de la Constitución Política, referidas anteriormente. Aprobación del título del proyecto de ley y del envío para cuarto debate Mediante votación nominal y pública, 12 representantes a la cámara votaron por el sí y ninguno por el no [139] . Por tanto, en el procedimiento ante la Comisión Segunda se cumplieron las exigencias dispuestas por los artículos 133 y 146 de la Constitución, indicadas anteriormente. Tabla 6. Requisitos satisfechos en el tercer debate del proyecto de ley . 52. Publicación del texto aprobado . El texto del proyecto de ley sub examine aprobado en el tercer debate fue publicado en la Gaceta del Congreso de la República n.° 879 de junio de 2025 [140] . 53. El lapso entre el segundo y el tercer debate satisface el término previsto en el artículo 160 de la Constitución Política. La Corte constata que el segundo y tercer debate se llevaron a cabo los días 25 de marzo de 2025 y 20 de mayo de 2025, respectivamente. Por tanto, se respetó el lapso de al menos 15 días entre estos debates. 4.2.7. En el trámite del cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley cumplió las exigencias constitucionales y legales 54. Los representantes a la cámara Carmen Felisa Ramírez Boscán, Norman David Bañol Álvarez, David Alejandro Toro Ramírez y Álvaro Mauricio Londoño Lugo continu