Sentencia C-212 de 2026

C-212-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Plena Sentencia C-212 de 2026 Referencia: Expediente D-17.052 Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 3 (parcial) de la Ley 2502 de 2025 “ [p] or medio de la cual se modifica y establece un agravante al artículo 296 de la Ley 599 del 2000, Código Penal, y se dictan otras disposiciones” Demandante: Juan Manuel López Carrero Magistrado ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiséis (2026) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el artículo 241.4 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso adelantado, en los términos de los artículos 40.6, 241.4 y 242 de la Constitución y del Decreto Ley 2067 de 1991, con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Juan Manuel López Carrero, en contra de la norma prevista en el artículo 3 (parcial), de la Ley 2502 de 2025 “ [p] or medio de la cual se modifica y establece un agravante al artículo 296 de la Ley 599 del 2000, Código Penal, y se dictan otras disposiciones.” Síntesis de la decisión La demanda de inconstitucionalidad. La Corte Constitucional resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3 (parcial) de la Ley 2502 de 2025, “ [p] or medio de la cual se modifica y establece un agravante al artículo 296 de la Ley 599 del 2000, Código Penal, y se dictan otras disposiciones.” La aptitud sustancial de la demanda y el problema jurídico. Como cuestión previa, la Corte constató que la demanda es apta y que el cargo por violación del principio de legalidad estricta habilita un pronunciamiento de fondo. En consecuencia, delimitó como problema jurídico establecer si la utilización de la expresión “inteligencia artificial” como circunstancia de agravación de la falsedad personal desconoce las exigencias de taxatividad, lex certa y previsibilidad derivadas del principio de legalidad penal (art. 29 de la Constitución), sin que a la Sala le corresponda fijar una definición general de dicho concepto. El análisis de fondo. Para resolverlo, la Corte, primero, describió la evolución del concepto de “inteligencia artificial”; segundo, se refirió a su regulación mediante un ejercicio de derecho comparado; tercero, reiteró la jurisprudencia sobre la amplia potestad de configuración del legislador en materia penal y sus límites; y, cuarto, precisó lo relativo al principio de estricta legalidad y a los tipos penales abiertos y en blanco. La solución al problema jurídico. Con fundamento en lo anterior, la Corte resolvió el cargo. En primer lugar, precisó que la Constitución no exige que todo elemento normativo de un tipo penal tenga una definición legal expresa, y que la circunstancia demandada no crea un tipo autónomo, sino que cualifica el medio de comisión de la falsedad personal. La “inteligencia artificial” opera como ingrediente normativo cuyo alcance se concreta por vía interpretativa. Por ello, el juicio de legalidad de la agravante se realiza en relación con el tipo básico de falsedad personal, sin desligarla de la conducta a la que accede. En segundo lugar, la Corte estableció que la disposición corresponde a un tipo penal abierto no a un tipo penal en blanco. Aunque la técnica del tipo en blanco admite la remisión impropia a normas de rango reglamentario, ello exige que el legislador efectúe el reenvío y que la norma reglamentaria integre el supuesto de hecho, lo cual no concurre en este caso. Por un lado, Ley 2502 de 2025 no remite a norma alguna que defina la inteligencia artificial. Por eso, el Decreto 1263 de 2022 y el Acuerdo PCSJA24-12243 de 2024 que contienen definiciones de IA, no operan como normas de remisión que integren el tipo, sino como referentes que permiten decantar su núcleo funcional. Por otro, la definición de “deepfake” del artículo 2 de la ley, a su turno, no cumple una función integradora, sino que obra como referente hermenéutico que confirma el nexo funcional entre la IA y la falsedad personal. En tercer lugar, tras constatar que la ausencia de una definición legal obedeció a una decisión deliberada del legislador, la Corte verificó que la constitucionalidad del ingrediente, pese a su relativa indeterminación, se supedita a tres condiciones: (i) que la naturaleza del tipo justifique la apertura; (ii) que existan referentes idóneos que permitan cerrar la indeterminación relativa; y (iii) que, mediante una interpretación razonable ordinaria, sea posible comprender la conducta prohibida. Sobre la segunda condición, la Corte precisó que los referentes que cierran la indeterminación de un tipo abierto deben tener carácter jurídico-normativo. En consecuencia, ancló el núcleo funcional del concepto, en primer lugar, en referentes con fuerza normativa: el Decreto 1263 de 2022, el Acuerdo PCSJA24-12243 de 2024 y la caracterización efectuada por esta Corte en las Sentencias T-323 de 2024, T-067 y T-256 de 2025. Los instrumentos técnicos y de política pública –los documentos Conpes 3975 de 2019 y 4144 de 2025, la definición de la OCDE, la Recomendación de la UNESCO y el Reglamento (UE) 2024/1689– operan como elementos de contexto y de confirmación de las mismas notas funcionales, sin cerrar por sí solos la indeterminación. De esos referentes se decanta un núcleo funcional común: un sistema, basado en máquinas o soportado en programas y equipos computacionales, que a partir de los datos que recibe infiere o procesa información para generar predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones propias de tareas que ordinariamente requerirían capacidades cognitivas humanas, con algún grado de autonomía o adaptabilidad. Estas notas operan como criterios funcionales de reconocimiento, no como una lista de requisitos acumulativos, y no comportan que la Corte defina la inteligencia artificial, labor reservada al Congreso. Finalmente, sobre la tercera condición, la Corte precisó que el agravante no se aplica de manera automática por la sola invocación de la inteligencia artificial, sino que exige acreditar, con prueba suficiente, que la herramienta empleada corresponde a un sistema de IA, que su uso fue funcional a la falsedad y que condujo a suplantar o sustituir a una persona. La mayor intensidad del reproche se justifica en la superior capacidad lesiva del medio —mayor verosimilitud del engaño, escala masiva y dificultad de detección—, sin que ello suponga pena privativa de la libertad, pues se trata de una circunstancia que agrava una conducta querellable sancionada con multa. La decisión. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluyó que el ingrediente normativo “inteligencia artificial” presenta una indeterminación meramente relativa, superable mediante una interpretación razonable apoyada en referentes objetivos, verificables y preexistentes, por lo que el inciso acusado no desconoce el principio de estricta legalidad (art. 29 de la Constitución). Esta conclusión no se sustenta en que toda referencia legislativa a la inteligencia artificial satisfaga, por sí sola, las exigencias del principio de legalidad, sino en las particulares características de la disposición demandada, en su contexto normativo y en la existencia de referentes objetivos que la hacen determinable. En consecuencia, la Corte declaró la exequibilidad del inciso segundo del artículo 296 del Código Penal, adicionado por el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, por el cargo analizado. I. ANTECEDENTES Trámite procesal 1. El 6 de noviembre de 2025 , en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Juan Manuel López Carrero demandó la norma prevista en el artículo 3 (parcial) de la Ley 2502 de 2025 “ [p] or medio de la cual se modifica y establece un agravante al artículo 296 de la Ley 599 del 2000, Código Penal, y se dictan otras disposiciones.” 2. Mediante Auto del 2 de diciembre de 2025, [1] se inadmitió la demanda respecto de los dos cargos formulados, al considerar que aquellos carecían de certeza, especificidad y suficiencia. Por consiguiente, se le concedió al demandante el término de tres días para que subsanara la demanda. [2] 3. En el escrito de corrección, el demandante señala que su demanda consta de un solo cargo, por el desconocimiento del artículo 29 de la Constitución, en tanto la norma acusada introduce un agravante penal construido sobre un elemento normativo esencial -la inteligencia artificial (en adelante, también denominado “IA”)- que no está definido en la ley. Este concepto, a su juicio, carece de límites técnicos o jurídicos verificables y su contenido no puede ser fijado por el intérprete sin invadir la órbita exclusiva del legislador en materia penal. Dicha situación conlleva el quebrantamiento de los subprincipios que componen el principio de legalidad, es decir, la lex certa, la taxatividad, la previsibilidad de la conducta sancionada, la reserva legal absoluta en la definición de los elementos esenciales del tipo y la prohibición de analogía in malam partem. 4. Una vez analizado el escrito de corrección, por medio del Auto del 20 de enero de 2026, [3] se admitió la demanda, por el cargo propuesto. Adicionalmente, se comunicó el inicio del proceso al presidente de la República, a los ministros de Justicia y del Derecho, de Defensa Nacional y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para que, si lo estimaban oportuno, presentaran por escrito las razones que justificaban la constitucionalidad de la norma sometida a control. A su vez, se invitó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la Defensoría del Pueblo, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, al Centro de Estudios Regulatorios, y a las facultades de derecho de las siguientes universidades: Los Andes, Antioquia, Cartagena, Externado de Colombia, Javeriana, Nacional, del Norte, del Rosario, del Cauca, Libre, Pontificia Bolivariana y Sergio Arboleda en calidad de expertos para que, si lo estimaban conveniente, emitieran concepto. Así mismo, ordenó fijar en lista el expediente y requerir el concepto del Procurador General de la Nación. La norma demandada 5. A continuación, se transcribe el texto del artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, con lo demandado en subrayas. “LEY 2502 de 2025 (julio 28) [4] Por medio de la cual se modifica y establece un agravante al artículo 296 de la Ley 599 del 2000, Código Penal Colombiano y se dictan otras disposiciones […] ARTÍCULO 3°. Modifíquese el artículo 296 de la Ley 599 del 2000 - Código Penal Colombiano - y adiciónese un inciso el cual quedará así: “ARTÍCULO 296. FALSEDAD PERSONAL. El que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro, o causar daño, sustituya o suplante a una persona o se atribuya nombre, edad, estado civil, o calidad que pueda tener efectos jurídicos, incurrirá en multa, siempre que la conducta no constituya otro delito. Cuando la falsedad personal se realizare con la utilización de Inteligencia Artificial la multa se aumentará hasta en una tercera parte, siempre que la conducta no constituya otro delito.” La demanda 6. El demandante argumenta que el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025 agrega al artículo 296 del Código Penal un agravante cuyo elemento diferenciador es la utilización de la inteligencia artificial. Sin embargo, la ley no define qué se entiende por inteligencia artificial; el artículo 2 de la ley parcialmente acusada, dedicado a ciertas definiciones, no incluye este concepto; y las definiciones contempladas –como deepfake, identidad, imagen e individualidad–, se refieren a fenómenos distintos y no permiten delimitar el alcance tecnológico del agravante. Para el actor, esto genera un vacío normativo sobre el elemento esencial que activa la agravación punitiva, en la medida en que no está definido de manera precisa y exhaustiva, de tal forma que permita distinguir inequívocamente cuándo la conducta simple se convierte en agravada. 7. Tal indeterminación persiste incluso atendiendo a las definiciones incluidas en el artículo 2 de la Ley 2502 de 2025. El deepfake describe una modalidad específica de manipulación audiovisual mediante inteligencia artificial, mientras que identidad, imagen e individualidad describen atributos personales. Estos conceptos (i) no delimitan el contenido técnico de la inteligencia artificial utilizada en el agravante; (ii) no establecen qué tecnologías digitales son penalmente relevantes; (iii) no precisan si basta un software simple, un algoritmo estadístico, un modelo generativo o una herramienta de edición automática; y (iv) no permiten determinar si la gravedad del hecho depende del tipo, intensidad, finalidad o sofisticación de la herramienta empleada. En suma, la ley no ofrece un criterio jurídico que establezca qué constituye “inteligencia artificial” como elemento habilitante del agravante penal. 8. Aunado a lo anterior, el artículo 29 superior exige que la ley penal sea clara, estricta, completa, determinada, y previsible. No obstante, el concepto de inteligencia artificial es un concepto tecnológicamente abierto, jurídicamente no precisado, conceptualmente heterogéneo, en constante expansión y evolución, y sin un reconocimiento uniforme en la legislación penal colombiana. Dada esta amplitud semántica, un ciudadano no puede prever si incurre en algún agravante al emplear filtros automáticos, aplicaciones de edición digital, herramientas de reconocimiento facial, auto correctores, modelos predictivos, sistemas generativos o cualquier algoritmo elemental integrado a servicios cotidianos. A su turno, es el juez quien, en este caso, debe rellenar la indeterminación del término, definiendo qué es inteligencia artificial, convirtiéndolo así en colegislador. 9. En definitiva, para el actor un agravante penal requiere de un elemento normativo que sea objetivamente delimitable, claro, preciso, independiente de criterios técnicos externos al texto legal, y que permita distinguir con certeza la conducta simple de la agravada; pero el concepto de inteligencia artificial carece de estos atributos. Por ende, el agravante contemplado en el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025 desconoce el artículo 29 de la Carta Política. Intervenciones en el trámite de constitucionalidad 10. En el trámite de este proceso se recibieron 10 intervenciones de entidades del Estado y de expertos. A continuación, se enuncia cada una de estas intervenciones y, posteriormente, se resume su contenido. Intervención Solicitud Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Exequibilidad Ministerio de Justicia y del Derecho Exequibilidad Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Inhibición Colegio de Abogados Penalistas Exequibilidad condicionada Instituto Colombiano de Derecho Procesal Exequibilidad Universidad del Norte Inexequibilidad Semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana Inexequibilidad Universidad Pontificia Bolivariana Exequibilidad Clínica de Acciones y Litigio de Interés Público de la facultad de ciencias jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana Inexequibilidad Fundación Proyecto Inocencia Inexequibilidad 11. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones explica que Colombia cuenta con un Conpes de Política de Seguridad Digital -el 3995 del 1 de julio de 2020, en el que se constituye una hoja de ruta para propender por entornos digitales confiables y seguros, así como para proteger los derechos de las personas y la seguridad. Esta es una política, expresa el ministerio, que busca combatir delitos por el uso abusivo de la tecnología como manipulación de imágenes y voz. 12. Esta política responde a acciones como las que tiene el ministerio con la implementación, entre varias, de la iniciativa “En TIC Confío”, que responde a una estrategia en promoción de uso seguro y responsable de internet y, en general, de las nuevas tecnologías. 13. Bajo este marco, el ministerio se opone a una eventual declaratoria de inexequibilidad de la norma demandada, en tanto “ dejaría un vacío importante frente al avance de una consciente regulación de la inteligencia artificial en el país. Lo anterior, además, sería retroceder hacia el establecimiento del uso ético de las nuevas tecnologías, como lo han recalcado diferentes Instituciones Internacionales de las cuales el Estado es parte.” [5] 14. Para defender esta postura, arguye que el término de inteligencia artificial no es indeterminado. La UNESCO ha delimitado recomendaciones sobre la ética en inteligencia artificial. En las recomendaciones dadas a los Estados parte, define la inteligencia artificial como “sistemas capaces de procesar datos e información de una manera que se asemeja a un comportamiento inteligente, y abarca generalmente aspectos de razonamiento, aprendizaje, percepción, predicción, planificación o control.” [6] 15. Posteriormente, estableció las diversas tecnologías que podrían ser definidas como inteligencia artificial de la siguiente manera: “a) los sistemas de IA son tecnologías de procesamiento de la información que integran modelos y algoritmos que producen una capacidad para aprender y realizar tareas cognitivas, dando lugar a resultados como la predicción y la adopción de decisiones en entornos materiales y virtuales. Los sistemas de IA están diseñados para funcionar con diferentes grados de autonomía, mediante la modelización y representación del conocimiento y la explotación de datos y el cálculo de correlaciones. Pueden incluir varios métodos, como, por ejemplo, aunque no exclusivamente: i) el aprendizaje automático, incluido el aprendizaje profundo y el aprendizaje de refuerzo; ii) el razonamiento automático, incluidas la planificación, la programación, la representación del conocimiento y el razonamiento, la búsqueda y la optimización. Los sistemas de IA pueden utilizarse en los sistemas ciberfísicos, incluidos la Internet de las cosas, los sistemas robóticos, la robótica social y las interfaces entre seres humanos y ordenadores, que comportan el control, la percepción, el procesamiento de los datos recogidos por sensores y el funcionamiento de los actuadores en el entorno en que operan los sistemas de IA;” [7] 16. De esta forma, arguye la entidad que, siendo parte de la UNESCO desde 1947, Colombia podrá tomar esta recomendación para contextualizar y dar alcance a lo que se puede entender como inteligencia artificial. Ello, sin que la tecnología denominada como IA deba ser estricta y taxativamente definida, aun cuando este tipo de herramientas tienen avances exponenciales todos los días. 17. Adicionalmente, pone de presente que esta Corte también ha intentado definir lo que se conoce como inteligencia artificial. En la Sentencia T-323 de 2024 indicó que la IA “agrupa tecnologías que, a través del procesamiento masivo de datos, tienen incluso la capacidad de permitir el aprendizaje automático para este tipo de herramientas.” En ese mismo año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) explicó la naturaleza cambiante de la IA, en tanto el avance de esta tecnología se ha consolidado en varias áreas del conocimiento, de las cuales el derecho no puede alejarse. 18. Así las cosas, para el ministerio, esta es una oportunidad para determinar el impacto y los límites necesarios para el uso de la inteligencia artificial en el país, teniendo en cuenta que esta tecnología será de suma importancia en el futuro. 19. No se puede entonces hablar de una indeterminación, puesto que esto llevaría a que otras normas relativas, por ejemplo, a las agregadas mediante la Ley 1273 de 2009, también desconocerían la norma superior mencionada en la demanda. En ese escenario, “ es responsabilidad de todos los operadores del Estado, más aún, de este Alto Tribunal Constitucional, empezar a construir y continuar con una clara línea de interpretación frente a las tecnologías que constantemente están apareciendo, cambiando y desapareciendo. Aún más, cuando la realidad demuestra que la inteligencia artificial se encuentra atravesando todos los aspectos de la vida en sociedad.” 20. Ahora bien, el ordenamiento jurídico permite los tipos penales en blanco, caracterizados por que el supuesto de hecho se encuentra desarrollado total o parcialmente por una norma de carácter extrapenal. De este modo, para que un tipo penal sea inconstitucional su ambigüedad debe ser insuperable. En el presente caso, la entidad arguye que la inteligencia artificial es fácilmente conceptualizada y, en todo caso, la norma acusada constituye un tipo penal en blanco que permite la interpretación autorizada por parte de la Corte Constitucional y/o la Corte Suprema de Justicia, según sea el caso. 21. De otro lado, el agravante que se introduce mediante el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025 no crea una nueva conducta ni redefine el núcleo esencial del tipo penal de falsedad personal. Esta norma pretende incorporar un elemento tecnológico que incrementa la lesividad de la conducta. En este sentido, la referencia al uso de la inteligencia artificial no altera la estructura típica, sino que responde a una lógica de actualización normativa frente a nuevas formas de ejecución del delito. 22. Sumado a lo anterior, expresa la entidad que este agravante debe entenderse y aplicarse de acuerdo con las definiciones incorporadas en el artículo 2 de la Ley parcialmente demandada, específicamente, según los términos deepfake , identidad, imagen e individualidad. 23. Además, el agravante demandado cumple con el principio de previsibilidad, en la medida en que cualquier ciudadano sensato puede entender que emplear sistemas de inteligencia artificial para realizar una conducta punible conlleva un reproche penal más severo. La norma no castiga el uso o la creación legítima de estas tecnologías, sino su utilización para incrementar la perpetración de delitos; esto es consistente con el mandato constitucional de proteger adecuadamente los bienes jurídicos y con la obligación del Estado de modificar su política criminal a las nuevas realidades tecnológicas. 24. Así, pues, a juicio del ministerio, no hay razones para concluir que el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025 vulnera el principio de legalidad. 25. El Ministerio de Justicia y del Derecho recuerda que el principio de legalidad estricta exige que las conductas y sus consecuencias se describan de manera previa, clara y taxativa, máxime cuando el legislador acude a cláusulas abiertas o a categorías técnicas susceptibles de múltiples interpretaciones. 26. En ese orden de ideas, para determinar si una disposición del Código Penal vulnera el principio de legalidad estricta es indispensable verificar que no resulte razonablemente determinable su alcance; esto es, que el enunciado normativo configure una indeterminación insuperable. Expresa que, según la jurisprudencia constitucional, el principio de legalidad no implica exigir un “cierre absoluto” en toda descripción típica, pues existen conductas cuya complejidad técnica o variabilidad impiden al legislador anticipar y describir exhaustivamente cada modalidad posible. Así, es constitucionalmente admisible que, aunque el tipo penal no tenga una formulación cerrada, aún conserve un núcleo de sentido objetivamente delimitable mediante una interpretación razonable y verificable, que permita a los destinatarios prever, en un grado aceptable, cuándo su comportamiento puede quedar comprendido en la prohibición y garantice el ejercicio efectivo del derecho de defensa. 27. Por ejemplo, en la Sentencia C-069 de 2023, relata la entidad, el demandante alegó que el término “exhibicionismo” incluido en la expresión “o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad” , prevista en el literal b) del numeral 2 del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016, desconocía el principio de legalidad. En aquella oportunidad, se reiteró las reglas que permiten evaluar la constitucionalidad de un concepto jurídico indeterminado, a saber: “i. En ningún caso los conceptos jurídicos indeterminados permiten que las autoridades actúen de manera arbitraria. ii. El legislador debe evitar emplear palabras y conceptos que impliquen un grado de ambigüedad tal, que afecten la certeza del derecho y lleven a una interpretación absolutamente discrecional de la autoridad a quien corresponde aplicar determinada disposición, especialmente cuando se trata de normas que restringen el derecho a la libertad. iii. La indeterminación no debe ser examinada de manera general, sino dentro del contexto en el que se emplea el respectivo concepto. iv. El criterio para establecer la admisibilidad de un concepto indeterminado en un contexto particular es su incidencia e impacto en los principios y derechos constitucionales, razón por la cual, cuando de su utilización se sigue una restricción injustificada de los mismos, se afecta su validez. v. Cuando sea posible esclarecer un concepto jurídico indeterminado, a partir de las herramientas hermenéuticas que ofrece el propio ordenamiento jurídico, la disposición no será inconstitucional. Por el contrario, si el concepto es tan abierto que no puede ser concretado en forma razonable, se debe declarar su inconstitucionalidad, como consecuencia del desconocimiento del principio de legalidad. vi. En materia sancionatoria, ya sea penal o disciplinaria, la exigencia de certeza sobre el supuesto de hecho de una norma es mayor, puesto que la aplicación de esta puede implicar una afectación más profunda de los derechos y libertades constitucionalmente protegidas.” [8] 28. A partir de lo anterior, el ministerio concluye que el ordenamiento jurídico no proscribe el uso de conceptos jurídicos indeterminados en materia penal. Su constitucionalidad depende del grado de determinación alcanzable a través de la interpretación sistemática del ordenamiento y de la existencia de criterios objetivos que aseguren previsibilidad, control judicial y respeto por la legalidad estricta. 29. Dentro de este marco, la entidad arguye que el concepto de inteligencia artificial no es irremediablemente indeterminado, dado que es posible reconstruir su sentido normativo con un grado razonable de certeza a partir de referentes normativos y lingüísticos, así como del propio contexto de la Ley 2502 de 2025. 30. En primer lugar, el Decreto 1263 de 2022 incorpora una definición expresa de inteligencia artificial, al señalar que corresponde a un “campo de la informática dedicado a resolver problemas cognitivos comúnmente asociados con la inteligencia humana o con seres inteligentes capaces de adaptarse a situaciones cambiantes, cuya base se encuentra en el desarrollo de sistemas informáticos, la disponibilidad de datos y los algoritmos.” [9] 31. La Superintendencia de Industria y Comercio, a su turno, acogió la definición de sistema de IA adoptada en 2023 por la OCDE, que la entiende como “un sistema basado en máquinas que infiere, a partir de entradas, la forma de generar salidas como predicciones, contenido, recomendaciones o decisiones con potencial de influir en entornos físicos o virtuales, con distintos niveles de autonomía y adaptabilidad tras su implementación.” [10] 32. Por otro lado, en el plano lingüístico, la Real Academia Española define la IA como “la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico.” [11] 33. De esta forma, el ministerio afirma que la inteligencia artificial se asocia, de forma estable, con técnicas o sistemas informáticos que reproducen operaciones como aprendizaje, inferencia, razonamiento o predicción, y no con cualquier herramienta digital indiferenciada. 34. Adicionalmente, recuerda que la finalidad de la Ley 2502 de 2025, según su artículo 1, es modificar y establecer un agravante al delito de falsedad personal para la modalidad de suplantación utilizando inteligencia artificial. Seguidamente, el artículo 2 define el concepto de deepfake como la creación, modificación o utilización de registros audiovisuales falsos mediante inteligencia artificial, de manera que el registro parezca auténtico respecto del discurso o conducta real de un individuo. A su turno, el artículo 4 vincula el fenómeno de la inteligencia artificial con herramientas algorítmicas asociadas a aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural para la detección de fraudes, deepfakes y suplantación. 35. Bajo este contexto el Ministerio de Justicia y del Derecho argumenta que el concepto de inteligencia artificial no constituye un término vacío o arbitrario, sino uno técnico-jurídico abierto, cuyo contenido puede ser determinado mediante criterios objetivos, tecnológicos y normativos, sin habilitar discrecionalidades incompatibles con el principio de legalidad. El operador jurídico, en lugar de definir qué es IA, lo que debe hacer es verificar si la herramienta empleada encaja objetivamente en dicho concepto, como lo haría, por ejemplo, con los términos “documento”, “medio electrónico” o “sistema informático”. 36. Con ello, el alcance razonable del supuesto fáctico que activa la agravación puede establecerse con un grado admisible de certeza, lo que impide afirmar que el agravante configure una indeterminación insuperable en los términos exigidos por la jurisprudencia constitucional. En esa medida, el precepto acusado es constitucional. 37. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia argumenta que no debe confundirse que un delito sea un tipo penal en blanco o que use elementos normativos o descriptivos. No obstante, también es posible que en un caso puedan concurrir ambos fenómenos. En líneas generales, los tipos penales en blanco son aquellos cuya definición del supuesto de hecho depende de otras normas. Por su parte, puede ocurrir que la redacción de los tipos penales incluya conceptos que necesiten de definición, lo cual no los hace, por sí mismos, tipos penales en blanco. 38. Por lo anterior, no puede concluirse que todo tipo penal que incluya elementos normativos, de contenido jurídico, social o de valor, pueda calificarse como tipo penal en blanco. Por esa razón, se ha entendido que la taxatividad es un principio y no una regla, es decir, un mandato de optimización. 39. Bajo este escenario, la Sala de Casación Penal considera que el agravante demandado se encuentra razonablemente definido en la ley penal. La inclusión del término “inteligencia artificial” no conduce al incumplimiento del principio de legalidad. Por el contrario, está suficientemente claro que la conducta prohibida por el agravante es la de realizar una falsificación personal –sustituir o suplantar una persona, o atribuirse su nombre, edad, estado civil, o calidad– a través de una modalidad específica, el uso de la inteligencia artificial. 40. Sin importar la multiplicidad de sistemas que pueden componer el concepto de inteligencia artificial o cuánto puedan cambiar en el futuro, “ la razonabilidad del mandato de determinación en el caso en concreto no puede llevar a establecer criterios rígidos o tipologías estrictas que conduzcan a la obsolescencia de la ley penal respecto de la creciente criminalidad a través de la inteligencia artificial.” 41. De hecho, son varias las referencias normativas, técnicas y de política pública sobre lo que se debe entender por inteligencia artificial, a las cuales puede y debe acudir el operador jurídico para la comprensión y alcance del ingrediente. Entre estas normativas se encuentran el Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia, adoptado en mayo de 2021 por la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital; la Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO a la cual Colombia se adhirió en noviembre de 2021; el Decreto 1263 de 2022, “[p] or el cual se adiciona el Título 22 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de definir lineamientos y estándares aplicables a la Transformación Digital Pública”; y el Conpes 4144 del 14 de febrero de 2025 sobre política nacional de inteligencia artificial. 42. El demandante plantea que se delega al juez la labor de determinar el nivel tecnológico que se subsume en el agravante, lo cual, en su criterio, podría generar un riesgo de arbitrariedad. Sin embargo, a juicio de la Sala de Casación Penal, ningún tipo penal puede concretar las infinitas posibilidades o tipologías para su realización. Es por esa razón que siempre existirá un margen de indeterminación en la definición de la norma penal. 43. En adición a lo expresado, debe tenerse en cuenta que la utilización de elementos normativos en la descripción típica o la técnica de los tipos penales en blanco son posibilidades que quedan comprendidas dentro de la amplia libertad de configuración legislativa en materia penal, según las competencias propias del Congreso de la República para hacer las leyes y expedir y reformar códigos según lo previsto en los artículos 114 y 150, numeral 2, de la Constitución . 44. Esta libertad de configuración debe respetar los principios de estricta legalidad, de exclusiva protección de bienes jurídicos, la observancia de los instrumentos internacionales ratificados en Colombia, y el deber de respeto por los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. En el presente caso, la Sala de Casación Penal advierte que la norma demandada define los supuestos de hecho en forma clara y cierta, de la misma manera que señala el contexto de la aplicación del agravante a partir de las definiciones previstas en el artículo 2 de la Ley 2502 de 2025. 45. Tras esta argumentación, la Sala de Casación sostiene que la demanda es inepta. El actor considera que el legislador no definió en la misma Ley 2502 de 2025 qué debe entenderse por inteligencia artificial, y, por ello, en su criterio, se afecta la certeza de la descripción del agravante y se crean riesgos de aplicación arbitraria de esta figura. Desde esta particular interpretación, tendría que llegarse a la imposible conclusión de que todos los ingredientes normativos de todos los tipos penales tendrían que estar definidos en la misma ley que los establece. De otro lado, si lo que cuestiona el demandante es que la norma resulta inconstitucional porque el legislador omitió definir el concepto de inteligencia artificial, ha debido estructurar el cargo con la especificidad y suficiencia argumentativa exigidas para este tipo de reproches, referidos a una omisión legislativa relativa. 46. Por consiguiente, la supuesta ambigüedad del tipo penal corresponde a su particular interpretación y no encierra un problema objetivo de constitucionalidad . 47. El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia considera, por el contrario, que la norma acusada es constitucional de manera condicionada. En primer lugar, recuerda que los tipos penales en blanco son aquellos cuya descripción normativa se encuentra incompleta y que, mediante la remisión, pueden ser completados con otras normas distintas al Código Penal. Bajo este contexto, aduce que el hecho de que el término “inteligencia artificial” no aparece completamente delimitado en la norma demandada no conlleva, per se, a que la norma vulnere el principio de legalidad y tipicidad. Si así se entendiera, los tipos penales en blanco no existirían dentro del ordenamiento jurídico. La inconstitucionalidad resulta cuando la indeterminación del tipo penal en blanco, frente al supuesto de hecho, es insuperable. 48. A este respecto, aclara que esta Corporación ha explicado que una indeterminación o imprecisión en la norma penal es superable en los siguientes casos: “ (i) si la norma penal es sometida a una interpretación razonable y después de ello se asegura a la ciudadanía un grado admisible de previsibilidad sobre las consecuencias jurídicas de determinados comportamientos; (ii) si se garantiza el derecho a la defensa de los acusados por la norma en cuestión; y (iii) si es posible, después de un razonamiento previo, entender con claridad cuál es el bien jurídico que se quiere proteger y cuál es el comportamiento que se quiere desestimular.” [12] 49. Sobre el caso en concreto, señala que, en la Sentencia T-323 de 2024 se destacó que la inteligencia artificial ha venido evolucionando desde 1950, y que en la última década sus gigantescos avances la configuran como un fenómeno tecnológico innovador y cambiante debido al constante y rápido progreso, lo que impide en ocasiones comprender por completo su funcionamiento y más aún su definición. Concretamente, se expresó que: “ [l] os constantes y rápidos avances en la materia hacen que, de manera continua, los expertos en esta disciplina científica realicen ajustes y actualizaciones al concepto de IA. Aunque no exista una definición única y universalmente aceptada, en términos simples, puede afirmarse que se trata de sistemas que tienen la capacidad para analizar el ambiente o entorno en el que están inmersos y así emprender acciones, con algún grado de autonomía, a efectos de alcanzar objetivos específicos (…) Un sistema de IA es un sistema basado en una máquina que, ya sea para alcanzar objetivos explícitos o implícitos, infiere -a partir de la entrada que recibe- cómo generar salidas, tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, las cuales pueden influir en entornos físicos o virtuales. Los diferentes sistemas de IA varían en sus niveles de autonomía y capacidad de adaptación después de su implementación.” 50. Dichas definiciones, asegura el interviniente, conllevan a que, en efecto, no exista una definición mundial ni nacionalmente aceptada del término IA que permita su delimitación o clasificación para determinar cuál de estas tecnologías resultan relevantes para el derecho penal colombiano y, así, poder dar aplicación al agravante creado por el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, que introdujo un inciso en el artículo 296 de la Ley 599 de 2000. Más aún si se tiene en cuenta que las capacidades de los sistemas de IA son variables, pero que hasta el momento se pueden agrupar en cuatro criterios: (i) el razonamiento, (ii) la racionalidad, (iii) la conducta y (iv) la fidelidad en la forma de actuar con los humanos. 51. Con todo, la Ley 2502 de 2025 entrará en vigor un año después de su promulgación, lo que da tiempo para que se expida una legislación que regule los temas relacionados con la inteligencia artificial, sus límites y aplicaciones o funcionalidades relevantes para el derecho penal. Con ello, se garantizaría el principio de legalidad. Ahora bien, de igual forma, el artículo 2 de la Ley 2502 de 2025 incluye la definición de deepfake, con lo que se entiende que lo que se busca sancionar es el uso de IA que genera deepfake, entendida esta como la creación, modificación y utilización de un registro audiovisual, incluidas fotografías, vídeos, imágenes o grabaciones de sonido falsos, mediante inteligencia artificial, de manera que el registro parezca auténtico del discurso o conducta real de un individuo. 52. En suma, para el interviniente, la IA debe entenderse como cualquier tecnología capaz de generar deepfake en los términos del artículo 2 de la Ley 2502 de 2025. Además, ante los avances apresurados que está generando la IA en el mundo, solicita a la Corte apremiar al legislador para que antes de la entrada en vigencia de la citada modificación al artículo 296 del Código Penal colombiano, expida una regulación suficiente, expresa y limitante de su uso para proteger no solo el bien jurídico de la fe pública, sino los derechos humanos. 53. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal estima que el inciso segundo del artículo 296 del Código penal, adicionado por el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025 es constitucional. Primero, advierte que el análisis de constitucionalidad del agravante introducido por el artículo 3 en mención requiere de una interpretación sistemática de la disposición acusada, en armonía con el conjunto normativo del cual forma parte. Al tener en cuenta las definiciones incluidas en el artículo 2 de esta ley, se extrae que “el legislador no pretendió ofrecer una definición técnica, científica o exhaustiva de la inteligencia artificial en abstracto. Su propósito fue distinto y jurídicamente relevante: delimitar la función penalmente significativa de la inteligencia artificial en el contexto del delito de falsedad personal. Por ello, la ley no define qué es la inteligencia artificial como fenómeno tecnológico, sino para qué resulta relevante su utilización en la comisión de la conducta que el ordenamiento penal reprocha, y por medio de esta norma agrava.” [13] Para el caso concreto, entonces, la inteligencia artificial penalmente relevante es aquella tecnología que permite crear, modificar o utilizar registros audiovisuales falsos con un alto grado de verosimilitud, capaces de afectar de manera significativa la identidad, la imagen o la individualidad de una persona. Estos bienes jurídicos, a su vez, se encuentran expresamente delimitados la ley. 54. Para el instituto, el tipo penal objeto de controversia constitucional es uno abierto y no en blanco. Lo anterior, pues no contiene una remisión normativa a disposiciones extrapenales para completar su contenido. Lo que la norma exige es la concreción interpretativa de un concepto técnico dentro del marco normativo provisto, particularmente dentro del contexto funcional fijado por la Ley 2502 de 2025. A este respecto, exigir una definición rígida y exhaustiva de inteligencia artificial en sede penal no sólo resultaría técnicamente problemático, sino que conduciría a una rápida obsolescencia de la norma, dejando sin respuesta penal adecuada modalidades de engaño tecnológicamente sofisticadas que evolucionan con velocidad superior a la de los marcos normativos. 55. Así las cosas, la tarea del juez en este caso será la de subsumir hechos en una regla legal, es decir, una tarea interpretativa. Concretamente, deberá verificar, a partir de los elementos del caso concreto, si la herramienta utilizada corresponde a un sistema o aplicación que según el estado del arte tecnológico se considere de inteligencia artificial y si su empleo fue funcional a la suplantación, todo ello dentro del marco conceptual que la propia Ley 2502 de 2025 aporta y con apoyo en referentes técnicos objetivos, en un ejercicio de valoración razonada y controlable, no de creación normativa. 56. Adicionalmente a lo anterior, existen varias herramientas hermenéuticas que le permiten al operador jurídico comprender el alcance del concepto técnico utilizado por el legislador. El documento Conpes 3975 de 2019, que establece la política pública para la transformación digital e inteligencia artificial, brinda una definición de esta tecnología. La propia Rama Judicial ha avanzado en la comprensión institucional de esta herramienta. Mediante el Acuerdo PCSJA24-12243 de 2024 se adoptaron lineamientos para el uso responsable, seguro, ético y transparente de la inteligencia artificial. En consecuencia, los referentes de política pública y regulación judicial demuestran que el concepto de “Inteligencia Artificial” no constituye un vacío normativo ni una expresión carente de sentido jurídico. Se trata de un concepto técnico con contenido reconocible, accesible y verificable, que sirve de anclaje objetivo para la interpretación judicial. 57. Igualmente, el agravante corresponde a una mayor lesividad de la conducta, en cuanto la falsedad personal se comete mediante el uso de inteligencia artificial. En ejercicio de su potestad de configuración en materia de política criminal, el legislador diseñó una respuesta punitiva diferenciada frente a una modalidad de suplantación que, por el medio empleado, incrementa de manera significativa la afectación del bien jurídico protegido, tanto cualitativa como cuantitativamente. Esto, en razón a que las tecnologías de inteligencia artificial permiten generar contenidos falsos altamente verosímiles capaces de reproducir rasgos, gestos, voces y comportamientos de una persona real con un grado de fidelidad que excede ampliamente las formas tradicionales de suplantación. 58. En suma, para el Instituto, el inciso segundo del artículo 296 del Código Penal, modificado por el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, no desconoce el principio de legalidad penal estricta consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. 59. La Universidad del Norte explica que el término de inteligencia artificial actualmente no cuenta con una definición legal expresa dentro del ordenamiento jurídico, ni en el Código Penal ni en alguna ley especial que delimite su alcance, contenido y características esenciales. En ese orden de ideas, l a ausencia de una delimitación normativa clara convierte el término en una expresión abierta, ambigua y conceptualmente indeterminada, cuyo significado puede variar dependiendo del enfoque técnico, científico, académico o incluso comercial. Esta indeterminación resulta particularmente grave cuando se pretende integrar dicha expresión dentro de un tipo penal, el cual exige, dentro de su estructura, un alto grado de precisión y certeza. 60. Aunado a lo anterior, la noción de inteligencia artificial no es taxativa, en tanto comprende una multiplicidad de herramientas, sistemas y procesos tecnológicos que se encuentran en constante evolución. Es posible identificar desde algoritmos más simples hasta sistemas autónomos complejos, razón por la cual la expresión carece de un núcleo esencial claramente identificable, lo que impide determinar con precisión cuál es el comportamiento que el legislador pretende sancionar. Esta amplitud conceptual genera un margen excesivo de interpretación para las autoridades judiciales, comprometiendo seriamente el principio de tipicidad que debe caracterizar a toda conducta en materia penal. 61. La ambigüedad del concepto de inteligencia artificial hace imposible que los ciudadanos conozcan ex ante qué comportamientos se encuentran agravados por el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025; por lo tanto, el precepto demandado vulnera el artículo 29 de la Carta Política. 62. El Semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana señala que no hay nada inherentemente inconstitucional en la remisión normativa ni en los tipos penales en blanco. No obstante, la correcta utilización de estas figuras requiere el cumplimiento de algunas condiciones. En esencia, la disposición que efectúa la remisión ha de comprender unos contenidos mínimos que le permitan al intérprete y ejecutor de la norma identificar un determinado cuerpo normativo sin que haya lugar a ambigüedades ni a indeterminaciones al respecto. Además, las normas a las que se remite deben contener, en efecto, los elementos que permiten definir con precisión y claridad la conducta sancionada, de forma tal que su aplicación se efectúe con el respeto debido al principio de tipicidad. 63. En cuanto al caso concreto, hasta el momento, la inteligencia artificial sólo es capaz de estudiar la inmensa cantidad de datos que se le suministran, cada vez que cualquier persona interactúa con cualquier dispositivo electrónico, y con base en esa información, organiza y compacta la información para responder una inquietud, consejo o dinámica. La OCDE la define como “un sistema basado en una máquina que, ya sea para alcanzar objetivos explícitos o implícitos, infiere -a partir de la entrada que recibe- cómo generar salidas, tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, las cuales pueden influir en entornos físicos o virtuales. Los diferentes sistemas de IA varían en sus niveles de autonomía y capacidad de adaptación después de su implementación.” [14] 64. A su vez, el Grupo de expertos de alto nivel de la Comisión Europea, mediante documento publicado el 8 de abril de 2019 consideró que “ [l] a inteligencia artificial (IA) se refiere a sistemas que muestran un comportamiento inteligente analizando su entorno y tomando medidas, con cierto grado de autonomía, para lograr objetivos específicos. Los sistemas basados en IA pueden ser puramente software y actuar en el mundo virtual (p. ej., asistentes de voz, software de análisis de imágenes, motores de búsqueda, sistemas de reconocimiento de voz y facial) o pueden estar integrados en dispositivos de hardware (p. ej., robots avanzados, coches autónomos, drones o aplicaciones del Internet de las Cosas).” 65. A pesar de las anteriores definiciones, el Semillero afirma que lo cierto es que la circunstancia de agravación carece de una norma a la cual se remita que sea determinada. Por ello, surgen vacíos legales que vulneran los principios de tipicidad y legalidad. Por ende, para esta universidad, la disposición demandada es inconstitucional. 66. La Universidad Pontificia Bolivariana considera que, con la Ley 2502 de 2025, el legislador observó que el uso de la IA potencia la capacidad lesiva o dificulta la detección de la suplantación en el injusto de falsedad personal. Entonces, se trata de un elemento objetivo del tipo penal abierto, relativo a la tecnología empleada en la conducta ilícita. 67. Aunque el artículo 2 de la Ley 2502 de 2025 no presenta la definición de “inteligencia artificial”, ello no es obstáculo para la intelección de la proposición jurídica. En primer lugar, la definición de deepfake describe una modalidad de IA utilizada para alterar imágenes, audios o videos con apariencia de autenticidad. Esto indica que el agravante referente a la utilización de un sistema de IA alude a lo que la ley define como deepfake. De esta manera, aunque la Ley 2502 no define inteligencia artificial en abstracto, sí ofrece un patrón de referencia concreto a través del concepto de deepfake que articula su sentido jurídico. Esto se alinea con el artículo 1 de la Ley 2502 de 2025, que establece como propósito de la ley prevenir y controlar el uso indebido de IA para la suplantación de identidad. 68. En segundo lugar, es tarea del operador jurídico construir, a partir del enunciado “inteligencia artificial”, una norma jurídica que atribuya sentido razonable a dicha expresión. Debe utilizar herramientas hermenéuticas que le permitan superar el grado de indeterminación lingüística inherente a todos los enunciados normativos. 69. La universidad añade que la Corte ha afirmado que el parámetro de control constitucional incluido en el artículo 29 superior no se vulnera por la simple indeterminación lingüística, de modo que los tipos penales abiertos no desconocen, por sí mismos, el principio de legalidad en materia penal. Concretamente, los tipos penales abiertos no violan el principio de legalidad siempre que: “(i) la naturaleza del tipo impida su descripción exacta, pero se encuentran los elementos básicos para delimitar la prohibición, y (ii) el destinatario pueda comprender cuál es el comportamiento sancionado, lo cual se verifica cuando mediante un ejercicio de actividad interpretativa ordinaria se puede precisar el alcance de la prohibición o cuando existe un referente especializado que precisa los parámetros específicos del contenido y alcance de la prohibición.” [15] En otras palabras, la inconstitucionalidad de un tipo penal se deriva de su indeterminación insuperable desde un punto de vista jurídico o porque su sentido ni siquiera es posible determinarlo con fundamento en una interpretación razonable. [16] 70. Teniendo en cuenta lo anterior, el agravante penal acusado resulta inteligible. No es cualquier uso de la IA el que se sanciona, sino aquel cuya finalidad sea la suplantación de identidad. Con base en ello, tanto el ciudadano como el operador jurídico pueden comprender cuál es el comportamiento sancionado mediante una interpretación razonable de la expresión “inteligencia artificial”. Aún más, exigir una definición rígida de la IA desconocería que este es un fenómeno tecnológicamente expansivo y altamente dinámico. Exigir al legislador la descripción exhaustiva de todas las formas de IA empleadas para suplantación sería incompatible con la naturaleza evolutiva del fenómeno. Por lo que, con buen criterio, el legislador identificó el núcleo prohibitivo: usar IA como medio para ejecutar la suplantación típica. 71. Bajo esta argumentación, la Universidad Pontificia Bolivariana solicitó declarar la constitucionalidad del artículo 3 (parcial) de la Ley 2502 de 2025. 72. La Clínica de Acciones y Litigio de Interés Público de la facultad de ciencias jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana aduce que el agravante demandado configura un tipo penal en blanco que no satisface los requisitos para su constitucionalidad. Afirma que, si un tipo penal es excesivamente indeterminado, el principio de tipicidad se transgrede. Así se reconoce en la Sentencia C-091 de 2017 en los siguientes términos: “(...) los requisitos de certeza, claridad y precisión exigidos por el principio de estricta legalidad, de manera que la norma objeto de remisión debe también respetar el principio de definición taxativa.” En esa medida, los supuestos de hecho y las penas redactadas de forma incierta o excesivamente indeterminada son inconstitucionales. 73. Respecto del caso concreto, advierte que el precepto demandado es un agravante que remite a una norma extrapenal. No obstante, la remisión debe gozar de tal nivel de claridad, que el intérprete comprenda su alcance sin ambages, anfibologías o equívocos. En esa medida, para que un tipo penal en blanco sea constitucional, debe cumplir cuatro requisitos: “(i) remisión expresa o inequívoca a otra norma; (ii) norma de remisión identificable; (iii) contenido determinado de esa norma; y (iv) no delegación judicial del núcleo del tipo.” [17] 74. No obstante, el agravante acusado no cumple ninguno de estos requisitos. No hay remisión expresa, pues el artículo no hace alusión al respecto; no hay ninguna norma identificable; no hay contenido determinado, pues el artículo 2 sobre definiciones no incluye el concepto de inteligencia artificial; y por ende, de este escenario resulta una delegación judicial, pues el juez, entonces, debe determinar caso a caso qué tecnologías califican como IA, invadiendo la órbita del legislador. 75. Incluso si se asumiera que el término “inteligencia artificial” incluido en el artículo parcialmente demandado corresponde al de deepfake establecido en el artículo inmediatamente anterior, la disposición no resulta constitucionalmente admisible. El concepto de deepfake únicamente cubre las manipulaciones audiovisuales, pero la IA abarca más tecnologías; además, el precepto no establece criterios técnicos y no permite distinguir entre herramientas cotidianas -como Snapchat, Photoshop y FaceApp-, de sistemas sofisticados, como Stable Diffusion o DALL-E. 76. En suma, cuando el legislador introduce un agravante basado en uso de IA, está obligado a ofrecer una definición estable y finalista de este concepto para los efectos de ese tipo penal en específico. Debido a que en este caso la indeterminación de “inteligencia artificial” es insuperable, la disposición demandada vulnera la lex certa y la taxatividad, en tanto el poder judicial puede ampliar el ámbito de prohibición penal a casos no previstos en la ley. También, viola la previsibilidad, en la medida en que el ciudadano no cuenta con la certeza necesaria para identificar de manera clara cuándo su conducta podría configurar el agravante. Asimismo, viola la reserva legal absoluta, pues el legislador transfiere al juez penal la decisión sobre qué tecnologías constituyen el agravante, qué umbral técnico requiere, cuándo una herramienta constituye una IA y cómo resolver casos limítrofes. Finalmente, la disposición invita a la analogía in malam partem, porque la vaguedad del término permite interpretaciones extensivas. 77. Por todo lo expuesto, solicita declarar inexequible el inciso segundo del artículo 296 del Código Penal, adicionado por el artículo 3 de la Ley 2502 de 2025, por vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. 78. La Fundación Proyecto Inocencia considera que, en efecto, la norma acusada es inconstitucional. Esto, por cuanto en el ordenamiento jurídico no existe una definición de inteligencia artificial que establezca normativamente a qué medio se refiere esta modalidad de ejecución del punible como agravante. Si bien se han radicado proyectos de ley para regular la inteligencia artificial, actualmente no existe una disposición que permita esa remisión o complementación del tipo penal en blanco. 79. Ahora bien, uno de los proyectos de ley definía la inteligencia artificial como: “ disciplina científica que tiene por objetivo que tecnologías (computadoras y máquinas) simulen procesos cognitivos comúnmente asociados con la inteligencia humana (como el aprendizaje, razonamiento lógico, resolución de problemas, la creatividad, entre otros). Su base es el desarrollo de sistemas informáticos, la disponibilidad de datos y los algoritmos.” [18] 80. No obstante, posteriormente, otro proyecto de ley la definía como: “Ciencia para diseñar sistemas éticos y transparentes con el fin de acelerar y apoyar las decisiones y acciones humanas que pueden emular, no reemplazar, las tareas humanas, utilizando técnicas de diversos campos como la informática, las ciencias de datos, las humanidades, las matemáticas y las ciencias naturales. La Inteligencia Artificial se mueve principalmente en dos áreas: el análisis de grandes volúmenes de datos y la automatización.” [19] 81. Para la interviniente, estas definiciones son sumamente distintas entre ellas, lo que hace evidente la violación del principio de legalidad. La interviniente recuerda que en la estructuración de los tipos penales en blanco la remisión debe ser expresa y estar justificada en razón del bien jurídico protegido por la norma penal bajo un criterio de certeza, de tal forma que se dé la suficiente concreción para que la conducta calificada de delictiva quede suficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma a la que la ley penal se remite. Sin embargo, en este caso la correcta remisión es imposible ante la falta de definición del término “inteligencia artificial”. Concepto del Procurador General de la Nación 82. En su concepto, el procurador, en primer lugar, explica que varias aproximaciones definen la inteligencia artificial como “una colección de componentes computacionales que permiten construir sistemas que emulan funciones realizadas por el cerebro humano.” De igual forma, aduce que esta tecnología tiene “la capacidad de procesar datos e información de una manera que se asemeja a un comportamiento inteligente, y abarca generalmente aspectos de razonamiento, aprendizaje, creatividad o la capacidad de predecir o planear.” [20] 83. Luego de reiterar algunas otras definiciones dadas por la OCDE, el Parlamento Europeo y esta Corte, advierte que, a partir de las características de la IA, en especial su autonomía y su adaptabilidad, resulta evidente la complejidad de su funcionamiento y la velocidad con la que evoluciona. Por lo tanto, se requieren marcos jurídicos claros que, sin embargo, no existen en Colombia. 84. Así, hasta tanto se adopte una ley que regule el funcionamiento de la IA, lo cierto es que “se deberá acudir a la auto regulación y a las propias restricciones, a los autocontroles y a una construcción colectiva voluntaria, siendo ellas estrategias eficientes, en cuanto pueden promover en mayor medida la innovación y maximizar las utilidades de estas herramientas, sin afectar derechos, sino por el contrario propendiendo por su mayor realización.” [21] 85. En segundo lugar, el procurador explica lo que es un deepfake como un vide