Sentencia C-191 de 2026

C-191-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL - Sala Plena - SENTENCIA C-191 DE 2026 Referencia : Expediente RE-390 A s unt o : Revisión de constitucionalidad del Decreto 150 del 11 de febrero de 2026, “[p] or el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional ” Magistrado ponente : M i gu e l P o l o R o s e r o Bogotá D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiséis (2026). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial, las previstas en el artículo 241 de la Carta Política y en el Decreto Ley 2067 de 1991 [1] , profiere esta providencia, con fundamento en los siguientes: I. ANTECEDENTES 1. En este acápite la Corte presentará una síntesis de la presente sentencia y, seguidamente, reseñará los hechos relevantes del caso, el acto normativo revisado, el recaudo probatorio, las intervenciones allegadas a la causa y el concepto rendido por el Procurador General de la Nación. A. Síntesis de la decisión 2. La Sala Plena de la Corte reiteró su competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto 150 de 2026, con fundamento en el artículo 241.7 de la Constitución y en la jurisprudencia reiterada de este Tribunal. A partir de este reconocimiento, la Sala Plena estableció que le correspondía establecer si el decreto cumplía las condiciones formales y materiales de validez. 3. Para la Corte la expedición del Decreto 150 de 2026 cumplió con las condiciones formales previstas para ese propósito en la Constitución y la ley. Precisó, en todo caso, que la mención que en las consideraciones del decreto se hace respecto de zonas diferentes a las enunciadas en la delimitación territorial contenida en el artículo 1, no constituye una habilitación para ejercer las competencias que confiere la emergencia, por fuera de los ocho departamentos allí indicados. 4. La Sala concluyó que el evento meteorológico que tuvo lugar entre enero y febrero del año en curso, a pesar de inscribirse en el contexto del cambio climático, constituyó un hecho repentino e inesperado que, en virtud de la cantidad de precipitaciones que produjo, alteró de manera significativa el sistema hidrológico. Con ese punto de partida reconoció que, en general, los hechos invocados como fundamento fáctico para la expedición del Decreto 150 de 2026 satisfacen los requerimientos que imponen los juicios de realidad, identidad y sobreviniencia ( presupuesto fáctico ). Según la Corte, el fenómeno meteorológico que tuvo lugar podía calificarse como extremo, extraordinario y sobreviniente. 5. No obstante, esta Corporación encontró que, según el reporte de la UNGRD [2] , en 181 municipios –del total que integran los departamentos identificados en el artículo 1 del decreto– se registraron afectaciones por el fenómeno meteorológico atípico que tuvo lugar, lo que implica que no satisface el juicio de realidad , la referencia general a la totalidad del territorio de tales departamentos. Teniendo en cuenta tal circunstancia, estimó necesario declarar que el artículo 1 del decreto debe entenderse en el sentido de que el ámbito territorial allí previsto, solo comprende los 181 municipios referidos, así como los demás municipios respecto de los cuales pueda demostrarse, de manera precisa, un impacto concreto derivado de la misma causa . 6. Para la Corte, en diferentes partes integradas a la justificación del Decreto 150 de 2026, se alude a hechos y consideraciones relacionados con (i) la atención de la crisis financiera de las empresas de servicios públicos de energía eléctrica y el riesgo sistémico para la continuidad del servicio público domiciliario de energía en el territorio nacional; (ii) las facultades de la Agencia Nacional de Tierras en materia de deslinde de tierras de la Nación y la recuperación de bienes de uso público y baldíos, así como en otros procedimientos agrarios; y (iii) la actualización de los Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas –POMCA–, los procesos de acotamiento de rondas hídricas y su incorporación como determinantes ambientales en los instrumentos de ordenamiento territorial . A juicio de este Tribunal, tales hechos y consideraciones corresponden a circunstancias estructurales , cuya agravación por el evento hidrometeorológico no resultó acreditada y, en esa medida, al no superar el juicio de sobreviniencia , se encuentran excluidos de la declaración de emergencia contenida en el artículo 1 del Decreto 150 de 2026. Por lo demás, en cuanto al juicio de identidad , no se advirtió ningún reparo en el estado declarado por parte del Gobierno nacional de ahí que se diera por satisfecho, con las salvedades ya señaladas, el presupuesto fáctico . 7. A continuación, la Sala Plena estableció que el Decreto 150 de 2026 cumplió las exigencias propias del presupuesto valorativo , dado que las razones invocadas para su expedición, así como los medios de prueba recaudados, mostraban un impacto significativo en diferentes áreas de la vida familiar, comunitaria y social, afectando y amenazando derechos previstos en la Constitución. Aunque con diferencias en su magnitud, la Sala Plena verificó que el fenómeno impactó directamente el ejercicio de múltiples facetas de tales derechos, incluyendo la vida, la integridad personal, la vivienda, la salud y la educación. 8. Advirtió la Corte que la declaratoria del estado de emergencia regulado en el artículo 215 de la Constitución tiene por objeto exclusivo conferir competencias al Gobierno nacional para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos . Señaló que el alcance del referido estado de excepción, para hacer frente a los desastres vinculados a eventos meteorológicos como los referidos en el Decreto 150 de 2026, debe considerar (i) las fases previstas para la atención de los desastres y (ii) la prohibición de adoptar medidas de naturaleza estructural. Bajo esta perspectiva y apoyándose en diferentes fuentes, la Sala precisó el alcance de las facultades excepcionales en este tipo de situaciones: Tipo de medidas Definición Admisibilidad en los estados de excepción Medidas de respuesta Son aquellas medidas que se toman justo antes, durante o inmediatamente después de una crisis, con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad; asegurar la seguridad pública; o atender las necesidades mínimas de subsistencia de las personas. Lo anterior, mediante la provisión de asistencia humanitaria, acceso a agua potable y saneamiento básico, alimentación y salud, alojamiento de emergencia, evacuación, transporte, búsqueda y rescate, así como las demás acciones necesarias para atender las necesidades inmediatas y de corto plazo de la población en riesgo o afectada. Se trata de medidas compatibles con los estados de excepción. Medidas de rehabilitación Son aquellas que se implementan inmediatamente después de que se ha dado respuesta a las necesidades más urgentes de la población afectada. Su finalidad es la restauración a corto plazo de los servicios e instalaciones básicos preexistentes afectados por la crisis, al igual que propiciar la superación de las dificultades económicas generadas por esa situación. Estas medidas no pretenden transformar, ni mejorar las condiciones preexistentes a la crisis. Se trata de medidas compatibles con los estados de excepción. Medidas de reconstrucción Son aquellas que persiguen reestablecer en el mediano y largo plazo las condiciones de vida, la infraestructura, los servicios y las actividades socio-económicas afectados por la crisis a niveles iguales o superiores a su advenimiento. Así, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), la reconstrucción se refiere a la “ reedificación a mediano y largo plazo y restauración sostenible de infraestructuras vitales resilientes, servicios, viviendas, instalaciones y medios de vida necesarios para el pleno funcionamiento de una comunidad o sociedad afectadas por un desastre ”. Solo son compatibles con el estado de excepción cuando el Gobierno demuestre que tales medidas se encuentran, a su vez, estrecha y directamente relacionadas con la fase de rehabilitación. Medidas estructurales Son aquellas que se orientan a superar un problema preexistente a la crisis. Es decir, a diferencia de las medidas de reconstrucción, su objetivo no es atender la crisis ni devolver las cosas al estado anterior a su producción, sino superar un problema de vieja data. Estas medidas son incompatibles con el estado de excepción. 9. A partir de esta clasificación la Sala Plena afirmó que las facultades de excepción previstas en los artículos 2 y 3 del Decreto 150 de 2026, no habilitan la adopción de medidas estructurales dirigidas a superar problemas preexistentes a la crisis, ni de aquellas que tengan por objeto ejecutar acciones de reconstrucción , a menos que, únicamente respecto de estas últimas, el Gobierno nacional demuestre que se encuentran directa y estrechamente relacionadas con la fase de rehabilitación, en los términos indicados. 10. Precisado en esos términos el alcance general de las facultades conferidas por el Decreto 150 de 2026, la Sala señaló, a partir de su jurisprudencia, que el empleo del estado de emergencia regulado en el artículo 215 de la Constitución, para enfrentar los desastres naturales originados en eventos meteorológicos, requiere una valoración especial que tenga en cuenta (i) los esfuerzos por integrar los desastres naturales más agudos al objeto de la legislación ordinaria, tal y como ha ocurrido con la Ley 1523 de 2012; (ii) la proscripción constitucional de la inercia estatal frente a la gestión de los riesgos de desastre derivados del cambio climático; y (iii) la experiencia acumulada del Estado frente a situaciones análogas o equivalentes. Esa valoración especial se traduce en una carga a favor de la utilización de los medios ordinarios y, en consecuencia, en un escrutinio particular del presupuesto de insuficiencia de las medidas ordinarias. 11. A partir de esas consideraciones la Corte valoró el cumplimiento de ese presupuesto en el Decreto 150 de 2026. En esa dirección, identificó que dicho decreto prevé que, con fundamento en las facultades previstas en sus artículos 2 y 3, serán adoptadas dos clases de medidas para enfrentar la emergencia. Así, el decreto anuncia (i) medidas que no tienen como propósito la financiación de la emergencia, y (ii) medidas cuyo fin consiste en recaudar y apropiar recursos para asegurar dicha financiación. (i) Sobre las medidas que no tienen como propósito la financiación de la emergencia declarada 12. La Corte señaló que, respecto de este grupo de medidas, el Decreto 150 de 2026 cumplía las condiciones impuestas por el presupuesto de insuficiencia. En aplicación del precedente establecido en la sentencia C-383 de 2023, la Sala Plena concluyó que la fundamentación contenida en las consideraciones del referido decreto, así como la evidencia probatoria recaudada, interpretadas a la luz de las características y efectos del evento hidrometeorológico, permitió concluir que la valoración realizada por el Gobierno nacional sobre la insuficiencia de las medidas ordinarias disponibles podía considerarse razonable. 13. Sostuvo que (i) el carácter repentino de la crisis, (ii) la velocidad con la que se manifestó en diferentes dimensiones de la vida individual y comunitaria, (iii) el grado de impacto que tuvo en posiciones amparadas por normas constitucionales, y (iv) la afectación acentuada y multidimensional sobre personas especialmente protegidas por la Constitución, descartan que la apreciación global sobre las medidas de excepción contenida en el Decreto 150 de 2026 carezca de razonabilidad (ii) Sobre las medidas que tienen como propósito la financiación de la emergencia declarada 14. La Sala Plena señaló que el Decreto 150 de 2026 estableció, en atención al impacto de los hechos que motivaron la declaración del estado de emergencia, que era necesario adoptar instrumentos encaminados a obtener recursos para financiar la gestión del desastre. A su vez, en el curso del proceso, el Gobierno destacó que no existía un mecanismo ordinario que hiciera posible contar con los recursos necesarios para financiar las medidas de la emergencia. Para el Gobierno nacional no eran suficientes los actualmente previstos en el ordenamiento (distribuciones, SGP, SGR, empréstitos, y mensaje de urgencia para la aprobación de un proyecto de ley). 15. No obstante, la Corte también encontró que algunas de las intervenciones recibidas en el curso del proceso, discrepaban de ese punto de partida, al advertir que el Gobierno disponía de múltiples alternativas, incluyendo el uso de recursos derivados de operaciones de endeudamiento o la ejecución de los que integran el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo. Igualmente advirtieron que podría realizar operaciones de distribución presupuestal o incluso disponer de manera eficiente de los recursos del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías. 16. Teniendo en cuenta tal circunstancia, la Sala concluyó que la pregunta sobre los medios óptimos para financiar la emergencia no parece tener una respuesta concluyente. Estableció que existían discrepancias que impedían definir con plena certidumbre en qué grado los recursos requeridos pueden obtenerse a través de los medios ordinarios. A pesar de estos desacuerdos, señaló que la justificación presentada por el Gobierno nacional no podía considerarse arbitraria, debido a que en la motivación del decreto y en los informes presentados, procuró contrastar las diversas fuentes de financiación previstas en el ordenamiento, las condiciones para su aplicación y los límites jurídicos o prácticos previstos para su empleo. 17. La Corte consideró que, sin perjuicio de esa conclusión, existían dos cuestiones relacionadas con el presupuesto de insuficiencia que debían ser abordadas. En primer lugar , era necesario definir cómo debe proceder este Tribunal cuando, como consecuencia del debate surtido en la Corte, persisten dudas sobre la posible existencia de medidas ordinarias para la financiación de las medidas de emergencia. A su vez, en segundo lugar , estimó que debía establecer qué ocurre cuando de las pruebas recaudadas también surgen dudas sobre la cuantía del presupuesto que ha estimado el Gobierno y, con fundamento en la cual ha justificado la necesidad de adoptar medidas de financiación. 18. Sobre los instrumentos de financiación , la Sala indicó que la definición de la aptitud de estos instrumentos para hacer frente a la emergencia declarada depende de valoraciones concretas y particulares que no le correspondía establecer a la Corte. Juzgar en este examen la idoneidad precisa de cada uno de tales instrumentos, no solo suscitaría objeciones de naturaleza jurídica, sino que enfrentaría a este Tribunal a problemas de información que no podría superar en el curso de este proceso judicial. Así, por ejemplo, la Sala Plena consideró que no tenía la posibilidad de indicar, en este momento, si las posibilidades de priorización de recursos del SGP o del SGR tienen la aptitud, en términos de oportunidad, para cubrir algunas dimensiones de la emergencia. Incluso, precisó la Corte, era necesario considerar los instrumentos de financiación a disposición de las entidades territoriales afectadas por el fenómeno. 19. En todo caso, indicó que las facultades de excepción para la financiación que se ejerzan con fundamento en los artículos 2 y 3 del decreto examinado, deben considerar los instrumentos ordinarios que, en función de la oportunidad y disponibilidad de recursos, puedan ser empleados para enfrentar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. En esa dirección, concluyó que la configuración y ejecución de los instrumentos de financiación aprobados en desarrollo de lo dispuesto en los artículos referidos, debe sujetarse a las siguientes condiciones: a) La entidad con competencia para ordenar el gasto en cada sector deberá indicar en un acto administrativo debidamente motivado, las razones por las cuales, en función de la oportunidad del gasto y la disponibilidad de los recursos, no es posible acudir a medios ordinarios de financiación. Esta obligación se extenderá a los recursos que todavía no se hayan comprometido o ejecutado. b) El Gobierno nacional, en coordinación con las entidades territoriales afectadas, deberá establecer mecanismos que, con pleno respeto de su autonomía, permitan distribuir las tareas de financiación de las medidas de emergencia entre la Nación y dichas entidades. 20. Sobre el presupuesto estimado para financiar la emergencia, la Sala destacó que (i) los desacuerdos que han surgido sobre los cálculos existentes de la cuantía de los recursos requeridos para enfrentar la crisis y conjurar la extensión de sus efectos, y (ii) la prohibición de que las medidas de excepción puedan ejecutarse más allá de la búsqueda de tales fines, conforme lo exige el artículo 215 de la Constitución, conduce a concluir que las competencias para recaudar y ejecutar recursos al amparo de las facultades previstas en los artículos 2 y 3 del Decreto 150 de 2026 no pueden extenderse, en ningún caso, para cubrir gastos que no se encuentren directamente vinculados con el estado de emergencia, en los términos en que ello establece esta sentencia. 21. Destacó la Sala que la dificultad de la presupuestación no puede derivar en una habilitación para adoptar medidas de financiación que excedan lo requerido, impongan cargas tributarias excesivas o dejen a un lado otros medios para la obtención de recursos. Con ese propósito, precisó el alcance de las facultades de excepción para la ejecución de los recursos estableciendo las siguientes condiciones: a) Las competencias para financiar ( recaudo, crédito, distribuciones, entre otras ) y ejecutar recursos al amparo del estado de excepción no pueden extenderse, en ningún caso, a gastos no relacionados directamente con el estado de emergencia declarado, y en las condiciones antes indicadas. Por eso, a la mayor brevedad posible, el Ministerio de Hacienda deberá recalcular el costo total de la emergencia y de las adiciones presupuestales necesarias para financiarlo, teniendo en cuenta el contenido de esta sentencia y los principios y reglas que guían la gestión de los recursos públicos. b) El Gobierno nacional deberá prever un mecanismo para la administración y ejecución de los recursos obtenidos al amparo del estado de emergencia, absolutamente separado de otras fuentes, que permita un seguimiento adecuado de su destinación y que haga posible que los organismos de control dispongan de información permanente sobre los diferentes compromisos que se asuman. Esta obligación se extenderá a los recursos que todavía no se hayan comprometido o ejecutado. 22. Conforme con lo anterior, la Sala Plena resaltó la importancia de la actividad de los organismos de control, en particular de la Contraloría General de la República, a efectos de asegurar la correcta ejecución de los recursos, teniendo en cuenta las decisiones adoptadas en esta oportunidad y los principios que gobiernan la gestión fiscal. 23. La Sala Plena advirtió que cada fenómeno meteorológico no puede traducirse en la declaración de un estado de excepción. Esa es una ecuación inconstitucional. Y ello es así, no solo porque a medida que el conocimiento avanza y la ciencia se desarrolla, se incrementa la posibilidad de anticipar los eventos extraordinarios. También porque las instituciones se encuentran obligadas, a partir de su experiencia, a establecer e implementar medidas ordinarias de excepción , esto es, instrumentos incorporados al ordenamiento mediante los procedimientos regulares de producción normativa. El control constitucional de los decretos dictados al amparo del artículo 215 de la Constitución debe tomar nota de esta circunstancia y, en consecuencia, considerar los avances en la legislación ordinaria. 24. La Corte destacó que la realidad del cambio climático, la variabilidad recurrente del clima y el surgimiento de eventos meteorológicos repentinos e inusuales en el territorio colombiano exigen un compromiso de todas las autoridades, en particular del Gobierno nacional, el Congreso y las entidades territoriales, para implementar las estrategias de planeación que se requieran, con el fin de fortalecer institucional y presupuestalmente los esfuerzos estatales frente al cambio climático y, en ese contexto, las entidades y fondos encargados de cumplir la responsabilidad de gestionar el riesgo en sus diferentes fases. La necesidad de ese fortalecimiento se inscribe en un contexto en el que los fenómenos climáticos tienden a manifestarse con más fuerza y a tener mayores impactos, afectando de manera especial a grupos vulnerables. En consecuencia, este Tribunal encontró procedente formular una orden y un exhorto para avanzar en esa dirección. 25. La Corte constató en esta oportunidad la existencia de debilidades significativas en el Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres, lo que exige su fortalecimiento con el propósito de incrementar su capacidad para enfrentar los desafíos asociados a la emergencia climática. Bajo esa perspectiva, la Sala estimó necesario anunciar que el examen de suficiencia futuro de los medios ordinarios impondrá una carga argumentativa especial al Gobierno nacional que no se entenderá cumplida solo con la identificación de la insuficiencia de las medidas de dicho sistema, sino que requerirá demostrar cómo se ha avanzado en su fortalecimiento. 26. Concluyó indicando que la decisión, en un caso como el examinado, exige un grado alto de valoración global de las circunstancias, pero también de adopción de medidas para asegurar el debido control del estado de excepción. Las pretensiones de declarar la exequibilidad simple o de expulsar del ordenamiento el Decreto 150 de 2026, no pueden abrirse paso en esta oportunidad. Esa idea del “ todo o nada ” impide articular las preocupaciones concurrentes de asegurar, por una parte, la reducción del dolor y la desesperanza que en la emergencia conviven, y de preservar, por la otra, el cauce limitado de los poderes de excepción. De ahí que, sea el propósito de articular ambas preocupaciones –que encuentran asiento en el texto de la Constitución– lo que justifica las determinaciones que en esta ocasión adopta la Corte. B. Tabla de siglas o abreviaturas 27. La Corte utilizará algunas siglas o abreviaturas que fueron empleadas por los intervinientes, y otras que se consideran relevantes para facilitar la lectura de esta sentencia. Para tal fin, se incluye la siguiente tabla ilustrativa: Abreviatura Nombre CP Constitución Política CADH Convención Americana sobre Derechos Humanos Corte IDH Corte Interamericana de Derechos Humanos DPS Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DIMAR Dirección General Marítima EESE Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. EDAN Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades FINAGRO Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. OCHA Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ENOS Oscilación del Sur en el componente atmosférico. El Niño-Oscilación del Sur PAE Plan de Acción Específico PRT Plan de Recuperación Temprana SGP Sistema General de Participaciones SGR Sistema General de Regalías SNPAD Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres SNGRD Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. C. Hechos relevantes 28. El 11 de febrero de 2026, el Gobierno nacional expidió el Decreto 150 de 2026, “[p] or el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional ”. Al día siguiente, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a la Presidencia de la Corte Constitucional copia auténtica del mismo [3] . 29. El 12 de febrero de 2026, la Sala Plena de la Corte Constitucional realizó el reparto del expediente. La sustanciación le correspondió al magistrado Miguel Polo Rosero, razón por la cual el proceso se remitió a su despacho al día siguiente [4] . 30. En auto del 18 de febrero del año en curso [5] , el magistrado sustanciador avocó conocimiento del control posterior y automático de constitucionalidad del decreto de la referencia. En esa misma providencia: (i) se decretó la práctica de pruebas y (ii) se formularon requerimientos a varias entidades y organizaciones. Igualmente, entre otras cosas, se dispuso que luego de vencido el periodo probatorio y allegados los elementos de convicción correspondientes, (iii) se fijaría en lista el proceso, se convocaría a autoridades e instituciones con funciones afines con la declaratoria, y se daría traslado al procurador general de la Nación. 31. El 2 de marzo de 2026, la Secretaría General de la Corte remitió la relación de los documentos aportados durante el periodo probatorio dispuesto por el magistrado sustanciador [6] . Posteriormente, los días 4 y 6 de marzo remitió informes de prueba complementarios. 32. Examinados los documentos aportados, el 11 de marzo siguiente, el magistrado sustanciador profirió un nuevo auto, con la finalidad de (i) requerir la información solicitada, que no fue enviada por las autoridades requeridas; (ii) recabar la entrega de documentos complementarios; y (iii) contrastar el contenido de algunos de los informes recibidos [7] . 33. El 25 de marzo siguiente, Carlos Oscar Vergara Rodríguez, en calidad de director de la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, presentó solicitud de prórroga para allegar el concepto solicitado mediante el auto del 11 de marzo de 2026 [8] . En providencia del día 26 siguiente, el magistrado sustanciador prorrogó por cinco (5) días el término otorgado a la Contraloría General de la República, para que remitiera la información solicitada por esta Corporación [9] . 34. De conformidad con lo indicado por la Secretaría General de la Corte, en los informes de los días 2, 4, 6, 11 y 16 de marzo y de 6 de abril de 2026, se recibieron varios de los documentos solicitados, en virtud de los autos de prueba referidos. Igualmente, según el informe de la Secretaría General del 9 de abril siguiente, se recibió respuesta de la Contraloría General de la República al auto del 11 de marzo de 2026. 35. Al revisar el contenido de lo enviado, el magistrado sustanciador consideró que la información que reposaba en el expediente digital era suficiente para continuar con el trámite del proceso. En consecuencia, en providencia del 10 de abril siguiente ordenó dar cumplimiento a los numerales sexto a noveno de la parte resolutiva del auto del 18 de febrero de 2026 [10] . 36. El término de fijación en lista transcurrió entre los días 23 y 28 de abril de 2026 [11] , y el 13 de mayo siguiente el procurador general de la Nación rindió el concepto a su cargo [12] . 37. Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a realizar el control automático de constitucionalidad del Decreto 150 de 2026. D. Regulación objeto de revisión 38. El texto del Decreto 150 de 2026, publicado en el Diario Oficial No. 53.395 del 11 de febrero de 2026, se transcribe en su totalidad en el “ Anexo I ”. A continuación, se reproduce su parte dispositiva: “ DECRETO 150 DE 2026 (febrero 11) Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA , En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 215 de la Constitución Política y en la Ley 137 de 1994, y DECRETA: Artículo 1. Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto. Artículo 2. El Gobierno nacional, ejercerá las facultades a las cuales se refiere el artículo 215 de la Constitución Política, la Ley 137 de 1994 y las demás disposiciones concordantes, exclusivamente para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Artículo 3. El Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto, todas aquellas que sean necesarias y estén destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, incluyendo las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo. Artículo 4. Convocar al Congreso de la República para el décimo día siguiente al vencimiento del cese del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, según lo dispuesto en el artículo 215 de la Constitución y en el artículo 46 de la Ley 137 de 1994, con el fin de que se realice el control político sobre el ejercicio de las facultades extraordinarias del Gobierno nacional. Artículo 5. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación”. E. Etapa probatoria 39. En atención a las pruebas decretadas mediante los autos del 18 de febrero y del 11 de marzo de 2026, las siguientes entidades e instituciones remitieron informes relativos al Decreto 150 de 2026, cuyo contenido se sintetiza en el “ Anexo II ”. A continuación, se enuncia el contenido de los informes: Entidad Tema Informes en cumplimiento del auto del 18 de febrero de 2026 Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República Remitió los actos administrativos de nombramiento o encargo de algunos de los ministros que suscribieron el Decreto 150 de 2026 y las notificaciones diplomáticas de la comunicación de la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Remitió informe conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y la Dirección General Marítima sobre el fenómeno de frente frío, las precipitaciones, las alertas y pronósticos emitidos. A su vez, aportó informe conjunto con la Secretaría Jurídica de la Presidencia sobre el impacto del evento meteorológico referido en el decreto, su gravedad, inminencia y consecuencias, su relación e impacto en el mercado energético, la relación entre la ocupación indebida de bienes públicos y las inundaciones, y el número de damnificados. De otra parte, remitió informe conjunto con la Secretaría Jurídica de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda sobre el monto de los recursos para afrontar el evento meteorológico descrito en el decreto, la destinación de los recursos, las medidas presupuestales y fiscales ordinarias, y las razones de su insuficiencia. Gobernaciones de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar y Cesar Allegaron de manera independiente, información sobre alertas y afectaciones del frente frío, las actuaciones adelantadas, estudios de puntos críticos de inundación o riesgo hidrológico, la disponibilidad presupuestal para atender el evento natural y la estimación de las afectaciones en sus territorios, y del monto de los recursos para atenderlas. Federación Nacional de Departamentos y Federación Colombiana de Municipios Remitieron informes independientes sobre la estimación de familias y territorios afectados y las medidas para enfrentar el evento meteorológico. Ministerio del Interior Remitió información relacionada con los recursos para enfrentar la situación de emergencia declarada en el decreto. Departamento Nacional de Planeación Allegó información sobre los programas y medidas para la atención de las emergencias declaradas en los Decretos 1372 de 2024 y 150 de 2026, y de los instrumentos de planificación territorial en algunas materias. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Presentó informe respecto de programas sociales vigentes dirigidos a población vulnerable afectada por los eventos descritos en el decreto y las actuaciones adelantadas por la entidad en relación con dicha población. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Informó sobre los impactos del evento climático en la prestación de servicios públicos domiciliarios, los mecanismos ordinarios de respuesta a esos impactos y las actuaciones desplegadas por la entidad. Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge Aportó informe sobre las inundaciones descritas en el decreto, sus causas y las medidas adelantadas al respecto. Contraloría General de la República Remitió información sobre la disponibilidad presupuestal para atender la situación invocada en el decreto, las actuaciones adelantadas y los recursos a disposición del Gobierno nacional para enfrentar eventos naturales. Informes en cumplimiento del auto del 11 de marzo de 2026 Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República Remitió los actos administrativos de nombramiento o encargo de los ministros que suscribieron el Decreto 150 de 2026, aún faltantes. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Remitió anexos correspondientes al informe remitido a esta Corporación el 27 de febrero de 2026, con radicado 2026EE03695. Urrá S.A.S E.S.P e Hidroituango S.A. Informaron de manera independiente sobre la evolución del fenómeno climático, registros de eventos análogos y las prácticas operativas adoptadas para enfrentar dicho fenómeno. Contraloría General de la República, Federación Nacional de Departamentos, Federación Colombiana de Municipios y el Departamento Nacional de Planeación Se pronunciaron de manera independiente respecto del contenido del informe rendido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el que se determinó, entre otros, el impacto de la emergencia, las medidas disponibles, las actuaciones adelantadas y los costos para atender lo ocurrido. Contaduría General de la Nación y Comité Autónomo de la Regla Fiscal Manifestaron su falta de competencia para intervenir en el asunto de la referencia. Alcaldías de los municipios de San Juan del Cesar (La Guajira), Cotorra, Momil y Montería (Córdoba), Guaranda (Sucre), Olaya, Angelópolis, Chigorodó, San Francisco, San Luis, Anorí, Santa Bárbara, Venecia y Tarso (Antioquia). Remitieron, de manera independiente, informes respecto del fenómeno climático descrito en el decreto, las alertas y afectaciones, la disponibilidad presupuestal, y las medidas adelantadas para atender el evento. F. Intervenciones y conceptos 40. Según los informes de la Secretaría General de la Corte Constitucional, se tiene que en el proceso de la referencia se presentaron las siguientes intervenciones, cuyo contenido se sintetiza en el “ Anexo III ” [13] : Solicitud Intervinientes Exequibilidad Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ministerio de Transporte, Defensoría del Pueblo, Universidad Libre y Ministerio de Educación. Exequibilidad parcial Leonardo Rubio Blanco. Inexequibilidad ALCOLGEN, Jaime Enrique Lozano, Juan Diego Sánchez Galeano, Catalina Plazas Molina, Mauricio Alfredo Plazas Vega, Juan José Fuentes Bernal, ASOFONDOS, Alejandro Linares Cantillo, Federación Colombiana de Municipios, Federación Nacional de Departamentos, Ana María Barbosa Rodríguez, Margarita Diana Salas Sánchez, José Fernando Reyes Cuartas, Juan Mateo Martínez Riveros, Fundación para el Estado de Derecho, ANDI, Harold Sua Montaña, Juan Alberto Londoño Martínez (extemporáneo) [14] , así como Verónica Rodríguez, María Camila Salazar Contreras, Juan Francisco Goyes Domínguez, Miguel Jarrin Fajardo, Valentina Lozano Nassar y Álvaro Prieto García (extemporáneo) [15] . Indeterminada Paola Andrea Mesa Galindo. G. Concepto de la Procuraduría General de la Nación 41. En concepto 7577 del 12 de abril de 2026, la Procuraduría General de la Nación defendió la exequibilidad del Decreto 150 de 2026, salvo en lo relativo a los hechos y consideraciones relacionados con las problemáticas estructurales del mercado de energía mayorista y los asuntos relacionados con el acceso a la tierra. A fin de sustentar su posición, el Ministerio Público examinó, para empezar, el cumplimiento de los requisitos formales de validez del decreto y, luego, los presupuestos materiales que sujetan su constitucionalidad. 42. En relación con los requisitos formales , la Procuraduría concluyó que el decreto satisfizo integralmente las exigencias previstas en el artículo 215 de la Constitución y en la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción [16] . En primer lugar , verificó que el acto fue suscrito por el presidente Gustavo Petro Urrego y por la totalidad de los ministros que integraban el gabinete al momento de la expedición, incluidos cinco de ellos que se encontraban en encargo y cuyas designaciones fueron acreditadas mediante los respectivos decretos y actas de posesión. 43. En segundo lugar , constató el cumplimiento del requisito de motivación, pues el Gobierno desarrolló de manera diferenciada el presupuesto fáctico, el presupuesto valorativo y el presupuesto de insuficiencia de los mecanismos ordinarios. En tercer lugar , encontró satisfechos los requisitos de delimitación temporal y territorial, dado que la declaratoria se restringió a treinta días calendario y a ocho departamentos específicamente identificados. Finalmente, en cuarto y quinto lugar , verificó la convocatoria al Congreso y la comunicación de la medida a la Organización de Estados Americanos y a la Organización de Naciones Unidas. 44. Superado el examen formal, el Ministerio Público procedió con el estudio de los presupuestos materiales . Respecto del (i) presupuesto fáctico [17] , se indicó que, en términos generales, el Decreto 150 de 2026 cumple las exigencias del (a) juicio de realidad en torno a los hechos de origen climático, a las afectaciones humanas y territoriales, a las afectaciones a servicios esenciales, así como a los daños a la producción agrícola y pecuaria. Con todo, advirtió que dicho juicio se cumple parcialmente en torno a los daños en la infraestructura energética y a las problemáticas asociadas al sistema eléctrico, conforme se sintetiza a continuación: Hechos Juicio de realidad Hechos de origen climático [18] Se concluyó que el fenómeno climático descrito en el acto examinado presentó características excepcionales, extraordinarias e imprevisibles. Con fundamento en la información suministrada por el IDEAM y la UNGRD, se verificó que el desplazamiento anómalo de un frente frío hacia la región Caribe produjo precipitaciones históricas, vientos intensos y oleajes atípicos, generando 65 emergencias asociadas a inundaciones y movimientos en masa en 61 municipios. Los registros pluviométricos alcanzaron acumulados equivalentes al 130% y hasta más del 180% de los niveles normales, mientras algunos embalses y cuencas, como Urrá, Playas e Hidroituango, alcanzaron umbrales operativos históricamente inusuales, comparables únicamente con eventos registrados en 1963. Se destacó que los suelos ya se encontraban altamente saturados debido a las lluvias acumuladas durante 2025, situación que agravó el impacto del fenómeno. La UNGRD reportó anomalías pluviométricas superiores entre el 200% y el 400% respecto de los valores históricos, lo que produjo una saturación acelerada de los suelos y desencadenó inundaciones y crecientes súbitas en cuestión de horas. A partir de estos elementos, el Ministerio Público concluyó que el juicio de realidad se encontraba satisfecho respecto del evento climático. Afectaciones humanas y territoriales [19] Se consideró acreditado el juicio de realidad , pues es palmaria la magnitud excepcional del desastre. El Gobierno reportó más de 358.000 personas damnificadas, pertenecientes a cerca de 26.000 familias, así como 11 personas fallecidas y 24 lesionadas. Asimismo, más de 23.000 viviendas resultaron afectadas, de las cuales aproximadamente 4.000 fueron destruidas totalmente. Córdoba fue el departamento con mayor impacto, seguido por La Guajira, Sucre, Antioquia y Chocó. El fenómeno afectó además a 181 municipios y más de 4.500 veredas, con aproximadamente 87.000 hectáreas inundadas. Aunque se advirtió inconsistencias entre algunas cifras oficiales contenidas en el decreto y las reportadas por la UNGRD, particularmente, en el número de municipios afectados, se estimó que ello no desvirtuaba la existencia ni la gravedad de la emergencia, aunque se reprochó la falta de rigurosidad técnica del Gobierno en la presentación de la información. Afectaciones a servicios esenciales [20] Se encontró acreditado el juicio de realidad , al evidenciar graves afectaciones en educación y salud. En efecto, más de 1.200 sedes educativas resultaron dañadas y cerca de 250.000 estudiantes vieron comprometida la continuidad del servicio educativo debido a daños físicos, interrupciones eléctricas y utilización de instituciones como albergues temporales. También se reportaron afectaciones al Programa de Alimentación Escolar y especiales impactos sobre comunidades indígenas. A su vez, en el sector salud, el fenómeno produjo daños en infraestructura hospitalaria y un produjo un aumento significativo sobre los servicios asistenciales. Se registraron incrementos de infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, dengue, zika, chikungunya, malaria y accidentes ofídicos, además de afectaciones a la salud mental de la población. La Procuraduría concluyó que la combinación entre incremento de la demanda médica, daños hospitalarios y riesgo de desabastecimiento de medicamentos configuraba un escenario sanitario de gravedad e inminencia. Daños a la producción agrícola y pecuaria [21] Se constató la satisfacción del juicio de realidad , al verificar daños extensos sobre cultivos, sistemas pecuarios y economías rurales. Más de 110.000 hectáreas agrícolas resultaron afectadas y se reportaron daños sobre animales productivos y sistemas pecuarios de pequeños productores, quienes representaban cerca del 95% de los predios afectados. De igual forma se registraron pérdidas económicas significativas en el sector agrícola y pecuario. Daños en la infraestructura energética y problemáticas asociadas al sistema eléctrico [22] Se sostuvo que el juicio de realidad se acreditó solo parcialmente . Se encontró demostrado que las lluvias extraordinarias ocasionaron daños directos en redes, conductores y sistemas hidroeléctricos, afectando la continuidad del servicio y dificultando las labores de reparación de empresas como AIR-E, AFINIA y EPM. Igualmente se verificó que el embalse de Urrá registró caudales históricamente altos que obligaron a activar operaciones de emergencia para preservar la seguridad hidráulica. Sin embargo, se concluyó que el Gobierno no acreditó suficientemente que las lluvias hubieran generado impactos nuevos sobre el mercado de energía mayorista, ni sobre las dificultades financieras estructurales del sistema eléctrico de la Costa Caribe. La Procuraduría recordó que problemáticas, como el bajo recaudo, las conexiones ilegales, las altas tarifas y las deficiencias en la prestación, existían desde décadas atrás y ya habían sido examinadas por la Corte Constitucional al revisar el Decreto 1390 de 2025. Por ello, se consideró que en la materia únicamente los daños directos derivados de la emergencia podían justificar medidas extraordinarias. 45. En relación con el (b) juicio de identidad [23] , el Ministerio Público concluyó que los hechos invocados correspondían efectivamente a un estado de emergencia económica, social y ecológica derivado de un desastre natural, y no a circunstancias propias de la conmoción interior o la guerra exterior. 46. Respecto del (c) juicio de sobreviniencia [24] , la Procuraduría General de la Nación analizó si los hechos que motivaron la declaratoria tenían el carácter de imprevisibles, repentinos, inusuales y extraordinarios. Al respecto, resaltó que el fenómeno climático consistió en el desplazamiento atípico de un frente frío que penetró más al sur de lo normalmente registrado sobre la región Caribe colombiana, entre enero y febrero de 2026, superando registros históricos de precipitación. Dado que Colombia se ubica en la zona ecuatorial, no está usualmente expuesta a la influencia directa de sistemas frontales de latitudes medias, lo cual hace que este tipo de evento sea climatológicamente atípico para el país. 47. A lo anterior se sumó un alto nivel de vulnerabilidad ecosistémica acumulada en las cuencas hidrográficas, producto de la deforestación, degradación de suelos e intervención antrópica en sistemas de drenaje, que amplificaron los efectos del fenómeno. No obstante, la Procuraduría reconoció que, si bien el Gobierno nacional tenía conocimiento de probabilidades de lluvias para 2026, evidenciado por la situación de desastre nacional declarada desde 2024 y prorrogada en 2025, la intensidad con la que se presentaron las precipitaciones resultó imposible de anticipar razonablemente. 48. Con todo, el elemento determinante para superar este juicio fue la velocidad y magnitud del impacto: en menos de veinte días y en solo ocho departamentos, se registraron afectaciones equiparables al promedio nacional de todo el año 2025. La comparación histórica reforzó esta conclusión, pues los eventos de 2022, 2023, 2024 y 2025 tuvieron alcances muy limitados frente al salto exponencial que representó 2026. Por lo anterior, el concepto concluyó que los hechos invocados constituían circunstancias imprevisibles y extraordinarias que superaban los requisitos del juicio de sobreviniencia. 49. En cuanto al (ii) presupuesto valorativo [25] , el Ministerio Público recordó que el mismo impone examinar si el Gobierno incurrió en un análisis arbitrario o en un error manifiesto, al calificar la gravedad e inminencia de las circunstancias que dieron origen a la declaratoria. Para la Procuraduría, la magnitud acumulada de los daños humanos, territoriales, sociales e institucionales ocurridos en un período corto, demostró que las lluvias superaron los registros históricos y causaron inundaciones que comprometieron gravemente la infraestructura, la vida y la integridad de la población en los territorios declarados. Los datos consolidados (748.678 personas damnificadas, 220.870 familias afectadas, 10 fallecidos, más de 22.000 viviendas averiadas y 166.145 hectáreas productivas perjudicadas) sustentaron la gravedad e inminencia de la perturbación del orden económico, social y ecológico. 50. Además, la afectación a los servicios esenciales intensificó la valoración. En educación se reportaron más de 1.200 sedes afectadas y cerca de 250.000 estudiantes impactados; en salud se evidenciaron daños en infraestructura hospitalaria, saturación de la red asistencial, riesgo de desabastecimiento de medicamentos y proliferación de enfermedades transmitidas por vectores como dengue, zika y malaria, configurando un riesgo sanitario colectivo con capacidad de expansión territorial. 51. Sin embargo, la Procuraduría advirtió que el Gobierno incorporó en el acápite valorativo circunstancias adicionales que no superan este presupuesto: la ocupación ilegal de baldíos y las problemáticas de acceso a la tierra. En efecto, estos fenómenos tienen un carácter estructural y preexistente, no presentan los atributos de gravedad, ni inminencia exigidos para justificar un estado de excepción, y el ejecutivo no demostró ninguna relación directa ni indirecta entre dichas problemáticas históricas de tenencia de la tierra y los fenómenos hidrometeorológicos registrados. Por tanto, en el documento se concluye que el presupuesto valorativo se satisface únicamente respecto de los hechos climáticos y sus consecuencias directas, pero no frente a los asuntos de tierras. 52. Finalmente, respecto del (iii) presupuesto de suficiencia [26] , la Vista Fiscal señaló que en él se evalúa si la situación de emergencia podía conjurarse con los mecanismos ordinarios disponibles o si, por el contrario, resultaba necesario acudir a las facultades excepcionales del artículo 215 de la Constitución. Sobre el particular, advirtió que el Gobierno justificó la insuficiencia de los instrumentos ordinarios señalando que carecían de la inmediatez, amplitud, flexibilidad y capacidad de asignación de recursos que exigía la magnitud, simultaneidad y extensión territorial del fenómeno hidrometeorológico. La Procuraduría manifestó que la dimensión catastrófica del evento ocurrido superó cualquier proyección razonable y desbordó la capacidad de respuesta institucional ordinaria, prevista en la política nacional de gestión del riesgo de desastres. 53. Así mismo, en el ámbito presupuestal, indicó que los mecanismos ordinarios de modificación del gasto público resultaban objetivamente insuficientes. Lo anterior, con sustento en que el Presupuesto General de la Nación para 2026 estaba aprobado por la Ley 2559 de 2025 con ingresos y gastos cerrados, y las operaciones de traslado o distribución solo permiten ajustes internos dentro de una misma sección, sin autorizar una redistribución entre sus componentes. A ello se sumó que una proporción significativa del presupuesto estaba comprometida por mandatos constitucionales, decisiones judiciales y obligaciones contractuales de largo plazo (deuda, pensiones, nómina, SGP, etc.), lo que reducía considerablemente el margen de maniobra fiscal disponible para atender la emergencia. 54. A su turno, indicó que los sistemas de financiación territorial tampoco ofrecían una salida eficaz. En concreto, resaltó que los recursos del Sistema General de Participaciones están constitucionalmente destinados a salud, educación y agua potable, con cerca del 96% ya asignado a esos fines, sin margen para atender contingencias extraordinarias. Los recursos del Sistema General de Regalías, por su parte, requieren procedimientos ordinarios de formulación, viabilidad y aprobación, y el Gobierno no puede redistribuirlos unilateralmente ante situaciones de urgencia. Además, las propias entidades territoriales confirmaron que sus capacidades fiscales resultaban desbordadas por la magnitud de las afectaciones. 55. La Procuraduría también valoró que el Gobierno había hecho uso previo de los mecanismos ordinarios de la Ley 1523 de 2012, sin lograr conjurar la crisis climática acumulada, como lo fue la declaratoria de desastre nacional mediante el Decreto 1372 de 2024, prorrogada por el Decreto 1193 de 2025. Sumado a ello, advirtió que los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ya estaban comprometidos en la financiación de proyectos previos y resultaban insuficientes para cubrir la totalidad de las nuevas necesidades, en un contexto de déficit fiscal estructural advertido por el Departamento Nacional de Planeación. 56. No obstante, la Procuraduría expresó preocupación por las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República, que identificó diferencias entre las cifras oficiales y los ejercicios técnicos independientes, inconsistencias metodológicas, posibles sobreestimaciones y ausencia de un plan nacional integral con soporte técnico robusto. Pese a ello, recordó que el presupuesto de suficiencia en el control del decreto declaratorio es una valoración global, y no detallada medida por medida, sobre la incapacidad de los poderes ordinarios para conjurar la situación. Bajo ese entendimiento, concluyó que el Decreto 150 de 2026 supera el juicio de suficiencia, pues quedó acreditado que el ordenamiento jurídico ordinario no ofrecía instrumentos idóneos, ni recursos suficientes, para responder con la oportunidad y proporcionalidad que exigía la emergencia. 57. En este orden de ideas, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte declarar la exequibilidad del Decreto 150 de 2026, respecto de las medidas relacionadas con la emergencia climática, las afectaciones humanas y territoriales, la infraestructura energética directamente impactada, los servicios esenciales y el sector agropecuario. Con todo, el Ministerio Público solicitó declarar la inexequibilidad de las consideraciones relativas a las problemáticas estructurales del mercado de energía mayorista y a los asuntos relacionados con el acceso a la tierra, al estimar que corresponden a fenómenos estructurales y preexistentes, que exceden el ámbito material propio de un estado de emergencia económica, social y ecológica [27] . II. CONSIDERACIONES A. Competencia 58. Según su precedente reiterado [28] , este Tribunal es competente para juzgar la constitucionalidad del Decreto 150 de 2026, con fundamento en lo establecido en los artículos 215 y 241.7 de la Constitución. 59. En atención a dicha competencia, a la Corte le corresponde evaluar la validez procedimental y sustantiva del decreto conforme lo tiene definido la jurisprudencia de este Tribunal desde la sentencia C-004 de 1992. Precisamente en esa oportunidad, indicó que, “[ e] n sentir de la Corte, es claro e indudable que por virtud de lo dispuesto en los artículos 4, 214, 215, 228 y 241.7, de la nueva Carta Política, el control del decreto que declara el estado de emergencia es integral [,] lo cual supone que sea imperativamente de mérito y no simplemente de forma ”. Según la Corte, “ atendiendo a su propia naturaleza, la Constitución califica el estado de emergencia como un estado de excepción ”. Y, si ello es así, “ la interpretación de su alcance ha de ser restrictiva, y su declaratoria y aplicación han de estar sometidas a los más estrictos controles, precisamente porque aún bajo su vigencia impera el Estado Social de Derecho que consagra el artículo 1° de la Constitución ” [29] . 60. El control constitucional que en desarrollo de esta competencia ejerce la Corte tiene varias características que evidencian su importancia y que han sido precisadas por la jurisprudencia a partir de los artículos 215, 241 y 242 de la Constitución. Es automático , en tanto no requiere de una demanda de inconstitucionalidad, encontrándose este Tribunal habilitado para aprehender de oficio los decretos, cuando el presidente de la República no los remita en el término dispuesto en la Constitución. Es posterior , dado que su competencia se activa cuando el decreto correspondiente ha sido promulgado. Es integral , toda vez que se ocupa de verificar que no se configuren vicios de procedimiento y vicios de fondo. En general, tiene efectos de cosa juzgada absoluta , dado que la sentencia examina todos los componentes del decreto, a partir de todas las disposiciones relevantes de la Constitución, del bloque de constitucionalidad y de la Ley Estatutaria 137 de 1994. Igualmente, se trata de un control sujeto a términos de decisión especial, puesto que se reducen a la tercera parte. B. Planteamiento general del problema, síntesis de las conclusiones y estructura de la decisión 61. Le corresponde a la Corte establecer si el Decreto 150 de 2026, “[ p] or el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional ” resulta compatible con la Constitución y demás parámetros de control previamente mencionados. En esa dirección, siguiendo su jurisprudencia reiterada, es necesario establecer si, además de cumplirse los requisitos formales de validez, se satisfacen las condiciones fácticas , valorativas y de suficiencia para acudir a este mecanismo extraordinario. La Corte arribará, en síntesis, a las siguientes conclusiones. 62. Primera . El Decreto 150 de 2026 cumple los requisitos formales establecidos en la Constitución y la ley para su expedición. Sobre ello se precisará, que la mención que hacen las consideraciones del decreto a zonas diferentes a las enunciadas en la delimitación territorial contenida en el artículo 1°, no constituye una habilitación para ejercer las competencias que confiere la emergencia por fuera de los ocho departamentos establecidos. 63. Segunda . Para la Corte, el evento meteorológico que tuvo lugar los primeros días del mes de febrero del año en curso, a pesar de inscribirse en el contexto del cambio climático, constituyó un hecho repentino e inesperado que, debido a las precipitaciones que produjo, alteró de manera significativa el sistema hidrológico. 64. El Decreto 150 de 2026 y los hechos invocados como fundamento fáctico, satisfacen los requerimientos que imponen los juicios de realidad, identidad y sobreviniencia ( presupuesto fáctico ), con excepción de los hechos y consideraciones relacionados con (i) la atención de la crisis financiera de las empresas de servicios públicos de energía eléctrica y el riesgo sistémico para la continuidad del servicio público domiciliario de energía en el territorio nacional; (ii) las facultades de la Agencia Nacional de Tierras en materia de deslinde de tierras de la Nación y la recuperación de bienes de uso público y baldíos, así como en otros procedimientos agrarios; y (iii) la actualización de los Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas –POMCA–, los procesos de acotamiento de rondas hídricas y su incorporación como determinantes ambientales en los instrumentos de ordenamiento territorial . 65. Tercera . El Decreto 150 de 2026 satisfizo las exigencias propias del presupuesto valorativo , debido a que las razones invocadas para su expedición y los medios de prueba recaudados por la Corte, evidencian un impacto grave en diferentes áreas de la vida familiar, comunitaria y social, que afecta el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 66. Cuarta . La declaratoria del estado de emergencia regulado en el artículo 215 de la Constitución tiene por objeto exclusivo conferir competencias al Gobierno nacional para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. En el marco de los desastres naturales, tales expresiones comprenden las denominadas fases de “ respuesta ” y “ rehabilitación ”. Las facultades de excepción previstas en los artículos 2 y 3 del Decreto 150 de 2026, no habilitan la adopción de medidas estructurales dirigidas a superar problemas preexistentes a la crisis, ni de aquellas que tengan por objeto ejecutar acciones de reconstrucción , a menos que, únicamente respecto de estas últimas, el Gobierno nacional demuestre que se encuentran directa y estrechamente relacionadas con la fase de rehabilitación, en los términos indicados. 67. Quinta . El Decreto 150 de 2026 cumple el presupuesto de insuficiencia dado que, a partir de un examen global de las medidas adoptadas, se desprende que ellas son necesarias, teniendo en cuenta el carácter repentino e inesperado del fenómeno meteorológico, así como el impacto que ha tenido. 68. A pesar de que la justificación ofrecida por el Gobierno, al momento de anunciar las medidas para asegurar la financiación de los recursos dirigidos a enfrentar la emergencia, está comprendida por el margen de acción aplicable al ejercicio de esta competencia, la configuración y ejecución de los instrumentos de financiación aprobados en desarrollo de lo dispuesto en los artículos referidos, debe sujetarse a las siguientes condiciones: a) La entidad con competencia para ordenar el gasto en cada sector deberá indicar en un acto administrativo debidamente motivado, las razones por las cuales, en función de la oportunidad del gasto y la disponibilidad de los recursos, no es posible acudir a medios ordinarios de financiación. Esta obligación se extenderá a los recursos que todavía no se hayan comprometido o ejecutado. b) El Gobierno nacional, en coordinación con las entidades territoriales afectadas, deberá establecer mecanismos que, con pleno