Sentencia C-165 de 2026

C-165-26 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia C-165/26 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA -Cargos se estructuran a partir de una interpretación subjetiva del precepto demandado y no guardan relación con su contenido ANÁLISIS DE IMPACTO FISCAL EN TRÁMITE LEGISLATIVO -No es exigible al no ordenar gasto o contener beneficio tributario (...) los artículos 5, 6 y 8 de la Ley 2434 de 2024 no desconocieron los artículos 334 de la Constitución y 7 de la Ley 819 de 2003. Esto es así, pues tales disposiciones no prevén una orden de gasto, sino una autorización de gasto. Bajo tal consideración, el legislador no tenía el deber de analizar su impacto fiscal. PRINCIPIO DEMOCRATICO -No vulneración porque garantizó debate legislativo (...) la plenaria de la Cámara de Representantes no eludió el debate de las disposiciones acusadas. Por el contrario, cumplió con el deber de darles una deliberación mínima, pues: (i) se abrieron formalmente los espacios para discutir su contenido; (ii) su texto fue conocido por los representantes, lo que aseguró su participación informada; y (iii) se garantizó la participación plural de los congresistas. En efecto, los representantes conocieron las modificaciones propuestas al proyecto de ley, escucharon explicaciones sobre su contenido y finalidad, y contaron con la posibilidad de intervenir antes de que adoptaran una decisión. PRINCIPIOS DE CONSECUTIVIDAD E IDENTIDAD FLEXIBLE -No vulneración (...) el parágrafo primero del artículo 10 de la Ley 2434 de 2024 no desconoció los principios de consecutividad e identidad flexible que se derivan de los artículos 157 y 160 de la Constitución. Esto es así, porque tiene una proximidad temática clara, específica, estrecha, necesaria y evidente con la agilización de los trámites notariales, como medida dirigida a eliminar las barreras que dificultan la adquisición de vivienda propia, es decir, con un asunto discutido durante los cuatro debates del proyecto de ley. PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA -No vulneración por existencia de conexidad causal, teleológica, temática y sistémica con la materia dominante (...) dado que el artículo 10, parcialmente demandado, tiene una conexidad causal, temática y teleológica con el núcleo temático de la Ley 2434 de 2024, la Sala declarará exequible su inciso primero y la expresión: “[e]l notario que incumpla los términos mencionados anteriormente incurrirá en falta disciplinaria”, contenida en su parágrafo 1º, en relación con el cargo cuarto de la demanda, referido a la presunta vulneración del principio de unidad de materia derivado de los artículos 158 y 169 de la Constitución. PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR -No se vulnera cuando la falta o infracción está descrita de manera específica y precisa, o sea determinable (...) el apartado normativo demandado no desconoce el derecho al debido proceso. Esto es así, pues no se trata de un enunciado indeterminado y ambiguo, en tanto se articula con el régimen disciplinario de los notarios previsto por el Estatuto del Notariado y el Código General Disciplinario. ANÁLISIS DE IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS -Contenido y alcance ANÁLISIS DE IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS -Etapas La jurisprudencia constitucional también ha precisado que el análisis que corresponde adelantar para determinar si en el trámite de una ley se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 debe surtir dos etapas: la primera consiste en verificar si la norma examinada ordena un gasto o establece un beneficio tributario; la segunda, en identificar quién tuvo la iniciativa legislativa y cuáles son las cargas que se derivan de ella. ANÁLISIS DE IMPACTO FISCAL EN TRÁMITE LEGISLATIVO -Mandatos (...) se pueden inferir cuatro deberes de actuación en la materia (uno general y tres especiales), a saber: a) el deber general de analizar el impacto fiscal de todos los proyectos de ley que prevean una orden de gasto o un beneficio tributario; b) el deber, a cargo del Congreso, de incluir en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional para su financiamiento; c) el deber, a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de rendir -en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso- su concepto sobre la consistencia del análisis de los costos fiscales, sin que sea posible que dicho concepto se oponga al MFMP, y d) el deber, a cargo del Gobierno nacional, de establecer, en los proyectos de ley de su iniciativa y que impliquen un gasto adicional o una reducción de ingresos, la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumento de ingresos, según el análisis y la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. PRINCIPIO DEMOCRATICO -Importancia del debate parlamentario en trámite legislativo (...) Durante el trámite legislativo, todos los debates tienen la misma importancia, ninguno se puede eludir y cada uno debe llevarse a cabo. Ninguna instancia adicional puede ser entendida como una etapa que tenga la capacidad de suplir los debates en las comisiones constitucionales permanentes y en las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. DEBATE PARLAMENTARIO -Etapas DEBATE O DELIBERACION EN TRAMITE LEGISLATIVO -Contenido y alcance DELIBERACION MINIMA -Dimensiones (...) existe un deber de deliberación mínima, que no se agota con el cumplimiento formal de las etapas del proceso legislativo, sino que exige verificar la existencia de condiciones materiales que aseguren la participación, el pluralismo, la racionalidad y la construcción colectiva de la decisión del legislador. La doctrina constitucional ha identificado tres dimensiones estructurales de este deber de deliberación mínima: (i) la posibilidad de debatir, esto es, que se abra formalmente el espacio para discutir el contenido del proyecto; (ii) la publicidad efectiva de los textos, que permita su conocimiento y análisis por parte de los congresistas, y que asegure su participación informada, y (iii) la garantía de intervención plural, que preserve los espacios de voz y voto de las minorías y de la oposición. ELUSION DEL DEBATE PARLAMENTARIO -Condiciones para la configuración (...) la elusión del debate se configura cuando: (i) se constata una omisión voluntaria y consciente de debatir y votar un tema, o de trasladar la responsabilidad de decidir a una instancia posterior del trámite; (ii) la conducta omisiva no se ajusta a lo previsto en el Reglamento del Congreso y, con ella, (iii) se vulnera el valor sustantivo que se asegura con el artículo 157 de la Constitución, esto es, la debida formación de la voluntad democrática y la posibilidad de que los congresistas participen con voz y voto en el trámite de aprobación de las leyes. Esta irregularidad puede ocurrir en cualquiera de los debates. PRINCIPIOS DE CONSECUTIVIDAD E IDENTIDAD FLEXIBLE -Contenido y alcance (...) los principios de consecutividad e identidad flexible permiten incorporar cambios a las iniciativas legislativas, siempre y cuando la misma materia, tema o asunto haya sido discutido durante los cuatro debates previstos por la Constitución Política. Esto implica que la iniciativa se conserve sustancialmente a lo largo del trámite legislativo. En particular, la identidad flexible se predica del proyecto de ley o su articulado, considerado en conjunto, y no de los distintos artículos analizados de manera aislada. Concretamente, las modificaciones que tienen relación con el contenido general de la ley deben tener una proximidad clara, específica, estrecha, necesaria y evidente con los asuntos debatidos en las comisiones y plenarias de cada cámara. Por lo tanto, se debe evaluar si, a pesar de tener proximidad temática, la norma novedosa implica, en lo fundamental, una materia autónoma e independiente de los asuntos discutidos y votados previamente. PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA -Alcance PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA -Conexidad causal, teleológica, temática o sistemática PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA -Reglas aplicables (...) el principio de unidad de materia exige que todas las disposiciones de una ley guarden una conexidad objetiva y razonable con su núcleo principal o materia predominante. Esta regla de coherencia interna busca salvaguardar el debate democrático, al evitar la introducción de asuntos ajenos o extraños a los temas previamente definidos para la actividad legislativa. No obstante, su aplicación reconoce el carácter dinámico de esa actividad, por lo que el control del juez constitucional suele ser de baja intensidad y respetuoso del margen de configuración del legislador. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACION DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA -Metodología El examen del cumplimiento del principio de unidad de materia se realiza en dos etapas. En la primera, se identifica el núcleo temático de la ley. En la segunda, se verifica la existencia de, al menos, un criterio de conexidad (causal, temática, teleológica o sistemática) entre la disposición cuestionada y el núcleo temático de la ley que la contiene. NOTARIOS -Son particulares a los que se les ha asignado el desempeño de una función pública pero no adquieren la condición de servidores públicos NOTARIOS -Régimen disciplinario (...) los notarios que incurran en falta disciplinaria podrán ser sancionados con multa, suspensión, destitución e inhabilidad, dependiendo de: (i) la calificación de falta leve, grave o gravísima que se establezca conforme los artículos 201 a 203 de ese mismo estatuto y 80 y 81 del Código General Disciplinario, y (ii) los criterios para la graduación de la falta y la sanción previstos por los artículos 199 a 204 del estatuto y 82 del Código. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR -Sujeto a principios de legalidad, tipicidad y reserva de ley que orientan el debido proceso REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL -Sala Plena- SENTENCIA C-165 DE 2026 Ref.: expediente D-16.514 Asunto: demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 y 12 de la Ley 2434 de 2024, “[p] or la cual se reducen las barreras para la adquisición de vivienda, por medio de créditos hipotecarios y leasing habitacional, se promueve la utilización de energías limpias para vivienda y se dictan otras disposiciones - vivienda al alcance de todos ” Magistrado ponente: Miguel Polo Rosero Bogotá D.C., tres (3) de junio de dos mil veintiséis (2026) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, específicamente las previstas en el artículo 241 de la Constitución y en el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la siguiente providencia, con fundamento en los siguientes: I. ANTECEDENTES 1. En este acápite la Corte realizará una síntesis de esta sentencia, luego de lo cual hará una presentación del trámite procesal, de las normas objeto de revisión, de los cargos de inconstitucionalidad admitidos, de las intervenciones y opiniones recibidas y del concepto allegado por el procurador general de la Nación. A. Síntesis de la decisión 2. La Sala Plena de la Corte se pronunció sobre los artículos 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 y 12 de la Ley 2434 de 2024, “[p] or la cual se reducen las barreras para la adquisición de vivienda, por medio de créditos hipotecarios y leasing habitacional, se promueve la utilización de energías limpias para vivienda y se dictan otras disposiciones - vivienda al alcance de todos ”, en virtud de una demanda presentada por el señor Manuel Páez Ramírez, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. 3. El demandante formuló cinco cargos de inconstitucionalidad, tres de ellos por vicios de procedimiento en el trámite legislativo de las disposiciones demandadas, y dos por cuestiones sustanciales. En cuanto a los vicios de procedimiento, alegó que: (i) los artículos 2, 3, 5, 6, 8 y 12 desconocieron el deber de análisis de impacto fiscal previsto por los artículos 334 de la Constitución y 7 de la Ley 819 de 2003; (ii) los artículos 10, 11 y 12 quebrantaron el principio democrático que se deriva de los artículos 157 y 160 de la Constitución y 123.5 y 147 de la Ley 5ª de 1992, y (iii) el artículo 10 (parcial) vulneró los principios de consecutividad e identidad flexible derivados de los artículos 157 y 160 de la Constitución. En cuanto a las cuestiones sustanciales, alegó que el artículo 10 (parcial) infringió (iv) el principio de unidad de materia al que se refieren los artículos 158 y 169 de la Constitución y (v) el derecho al debido proceso previsto por el artículo 29 de la Constitución. 4. Debido a que algunos intervinientes cuestionaron la aptitud sustantiva de la demanda, en cuanto al presunto desconocimiento del deber de análisis de impacto fiscal y a la supuesta vulneración del derecho al debido proceso, la Sala estudió este aspecto como una cuestión previa. Al respecto, concluyó que ambas acusaciones eran aptas para formular auténticos cargos de inconstitucionalidad, excepto en lo referente a los artículos 2, 3 y 12 de la Ley 2434 de 2024. Por lo tanto, decidió declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de estas disposiciones, por el presunto desconocimiento del deber de análisis de impacto fiscal. 5. Superada esta cuestión previa, la Sala formuló cinco problemas jurídicos, con el fin de resolver de fondo la demanda. Frente a cada uno de estos, la Sala llegó a las siguientes conclusiones: 6. Primero , los artículos 5, 6 y 8 de la Ley 2434 de 2024 no desconocieron los artículos 334 de la Constitución y 7 de la Ley 819 de 2003 , porque tales disposiciones no prevén una orden de gasto, ni crean un beneficio tributario. En esa medida, el legislador no tenía el deber de analizar su impacto fiscal. 7. Segundo , los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 2434 de 2024 no vulneraron el principio democrático que se deriva de los artículos 157 y 160 de la Constitución y 123.5 y 147 de la Ley 5ª de 1992, porque en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes en la que se produjo su aprobación, se garantizaron las condiciones mínimas para debatir sobre estas disposiciones. 8. Tercero , el artículo 10 (parcial) de la Ley 2434 de 2024 no se apartó de los principios de consecutividad e identidad flexible que se derivan de los artículos 157 y 160 de la Constitución, porque el trámite de escrituración previsto por su inciso primero, y su parágrafo 1, tienen una proximidad temática clara, específica, estrecha, necesaria y evidente con asuntos debatidos a lo largo del trámite legislativo. 9. Cuarto , el artículo 10 (parcial) de la Ley 2434 de 2024 no infringió el principio unidad de materia que se deriva de los artículos 158 y 169 de la Constitución, porque regular el trámite de escrituración y crear una falta disciplinaria para los notarios que incumplan sus términos tiene conexidad causal, temática y teleológica con una de las materias principales de la ley, esto es, la reducción de las barreras que dificultan la adquisición de vivienda mediante créditos hipotecarios y leasing habitacional. 10. Quinto , el artículo 10 (parcial) de la Ley 2434 de 2024 no vulnera el derecho al debido proceso que se deriva del artículo 29 de la Constitución, porque la expresión “[e] l notario que incumpla los términos mencionados anteriormente incurrirá en falta disciplinaria ”: (i) no desconoce los principios de legalidad y tipicidad, (ii) no establece una responsabilidad objetiva, y (iii) no impone una sanción irrazonable y desproporcionada. 11. En consecuencia, salvo la inhibición parcial respecto de los artículos 2, 3 y 12 por el cargo de impacto fiscal, la Sala decidió declarar exequibles las disposiciones y apartados normativos demandados, por los cargos aptos examinados en esta providencia. B. Trámite procesal 12. El 28 de marzo de 2025, en ejercicio de la acción pública prevista en los artículos 40.6, 241 y 242 de la Constitución, el ciudadano Manuel Yasser Páez Ramírez presentó demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2434 de 2024, “[p] or la cual se reducen las barreras para la adquisición de vivienda, por medio de créditos hipotecarios y leasing habitacional, se promueve la utilización de energías limpias para vivienda y se dictan otras disposiciones - vivienda al alcance de todos ” [1] . 13. En auto del 25 de abril de 2025 [2] , el magistrado sustanciador resolvió inadmitir parcialmente la demanda y conceder al demandante el término de tres días para que procediera a corregirla, si así lo consideraba. En atención a lo dispuesto en esa providencia, mediante comunicación del 5 de mayo de 2025, el demandante presentó el escrito de corrección [3] . 14. Por medio de auto del 20 de mayo del año en cita [4] , el magistrado sustanciador admitió la demanda, al constatar que fueron subsanadas las falencias evidenciadas en el auto inadmisorio. Por ende, encontró mérito para estudiar la acusación respecto de los siguientes cargos de inconstitucionalidad: Cargo primero , por desconocimiento del deber de análisis de impacto fiscal previsto por los artículos 334 de la Constitución y 7 de la Ley 819 de 2003, en el trámite de aprobación de los artículos 2, 3, 5, 6, 8 y 12 de la Ley 2434 de 2024. Cargo segundo , al presuntamente no haberse surtido el número de debates exigido por la Constitución, para la aprobación de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 2434 de 2024, lo que habría dado lugar al desconocimiento de los artículos 157 y 160 de la Constitución y 123.5 y 147 de la Ley 5ª de 1992. Cargo tercero , al presuntamente haber sido aprobado el inciso primero y el parágrafo 1° del artículo 10 de la Ley 2434 de 2024, con desconocimiento de los principios de consecutividad e identidad flexible (CP arts. 157 y 160). Cargo cuarto , al presuntamente desconocer el principio de unidad de materia de que tratan los artículos 158 y 169 de la Constitución, frente el artículo 10 (parcial) de la Ley 2434 de 2024 y su parágrafo 1°. Cargo quinto , al presuntamente desconocer el artículo 29 de la Constitución, sobre el derecho al debido proceso, en relación con el parágrafo 1° (parcial) del artículo 10 de la Ley 2434 de 2024. 15. De otro lado, en el mismo auto del 20 de mayo de 2025, se resolvió correr traslado del expediente al procurador general de la Nación; fijar en lista el proceso; comunicar su inicio al presidente de la República, a los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, así como a altos funcionarios del Gobierno nacional; invitar a participar en el proceso a distintas entidades públicas y privadas, así como a varias facultades de derecho, y ordenar la práctica de pruebas . Al respecto, se dispuso que, una vez superada la etapa probatoria, se procediera con el cumplimiento de las órdenes sobre el traslado, la fijación en lista, y el resto de las comunicaciones decretadas. 16. El periodo probatorio se extendió hasta el 25 de agosto de 2025, cuando la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió al despacho del magistrado sustanciador el último informe de los elementos de juicio que fueron requeridos [5] . Verificada la información, mediante auto del 7 de octubre de 2025 [6] , el magistrado sustanciador ordenó continuar con el trámite procesal dispuesto en el citado auto del 20 de mayo del año en cita. 17. El 24 de octubre de 2025, el procurador general de la Nación manifestó un impedimento para conceptuar en el proceso de la referencia, por la causal referida a haber intervenido en la expedición de la disposición demandada [7] . En auto 1920 del 26 de noviembre de 2025, notificado el 19 de diciembre siguiente, la Sala Plena declaró infundado el impedimento planteado [8] . 18. Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a realizar el control de constitucionalidad de los artículos 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 y 12 de la Ley 2434 de 2024. C. Normas objeto de revisión 19. De conformidad con la demanda y con lo dispuesto en el auto del 20 de mayo del 2025, la Corte deberá examinar la constitucionalidad de las normas que se transcriben a continuación [9] : LEY 2434 DE 2024 (noviembre 08) por la cual se reducen las barreras para la adquisición de vivienda, por medio de los créditos hipotecarios y leasing habitacional, se promueve la utilización de energías limpias para vivienda y se dictan otras disposiciones -vivienda al alcance de todos EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA […] Artículo 2. Inclusión de los derechos notariales, impuestos y gastos de registro en los préstamos hipotecarios del régimen de financiación de vivienda a largo plazo . Adiciónese un parágrafo al artículo 23 de la Ley 546 de 1999, el cual quedará así: Artículo 23. Derechos notariales y gastos de registro . Los derechos notariales y gastos de registro que se causen con ocasión de la constitución o modificación de gravámenes hipotecarios, a favor de un participante en el sistema especializado de financiación de vivienda, para garantizar un crédito de vivienda individual, se liquidarán al setenta por ciento (70%) de la tarifa ordinaria aplicable. La cancelación de gravámenes hipotecarios de créditos para vivienda se considerará acto sin cuantía. Para efectos de los derechos notariales y gastos de registro, la constitución del patrimonio de familia de que trata el artículo 22, cuya inembargabilidad se entenderá levantada únicamente a favor del acreedor hipotecario que financió su adquisición, o de quien lo suceda en sus derechos, en todos los casos se considerará como un acto sin cuantía. Parágrafo . Los establecimientos de crédito y las entidades descritas en el artículo 1º de la presente ley podrán ofrecer a los solicitantes la opción de incluir los gastos de escrituración, impuestos y registro incluyendo el de transferencia de dominio, asumidos por el comprador dentro del valor de la financiación, bien sea a través de préstamo hipotecario o leasing habitacional, previa autorización del solicitante o por acuerdo entre las partes. En todo caso, la inclusión de los referidos gastos en el financiamiento no se computará para efectos de fijar el límite a la financiación de vivienda previsto en la normatividad vigente. Artículo 3. Inclusión de los derechos notariales y gastos de registro en los préstamos hipotecarios de vivienda de interés social. Adiciónese un parágrafo al artículo 31 de la Ley 546 de 1999, el cual quedará así: Artículo 31. Derechos notariales y gastos de registro . Los derechos notariales y gastos de registro que se causen con ocasión de la constitución o modificación de gravámenes hipotecarios, a favor de un participante en el sistema especializado de financiación de vivienda, para garantizar un crédito de vivienda individual de interés social no subsidiable, se liquidarán al cuarenta por ciento: 40% de la tarifa ordinaria aplicable. Los derechos notariales y gastos de registro que se causen con ocasión de la constitución o modificación de gravámenes hipotecarios, a favor de un participante en el sistema especializado de financiación de vivienda, para garantizar un crédito de vivienda individual de interés social, que en razón de su cuantía pueda ser objeto de subsidio directo, se liquidarán al diez por ciento (10%) de la tarifa ordinaria aplicable. Para efectos de los derechos notariales y gastos de registro, la constitución del patrimonio de familia de que trata el artículo 22, cuya inembargabilidad se entenderá levantada únicamente a favor del acreedor hipotecario que financió su adquisición, o de quien lo suceda en sus derechos, en todos los casos se considerará como un acto sin cuantía. Igualmente, la cancelación de los gravámenes será considerado un acto sin cuantía. Parágrafo 1. Lo previsto en el presente artículo, se aplicará sin perjuicio de las normas que establezcan tarifas más favorables, respecto de actos relativos a viviendas de interés social. Parágrafo 2. Los establecimientos de crédito y las entidades descritas en el artículo 1 de la presente ley podrán ofrecer a los solicitantes la opción de incluir los gastos de escrituración, impuestos y registro incluyendo el de transferencia de dominio, asumidos por el comprador dentro del valor de la financiación, bien sea a través de préstamo hipotecario o leasing habitacional, previa autorización del solicitante o por acuerdo entre las partes. En todo caso, la inclusión de los referidos gastos en el financiamiento no se computará para efectos de fijar el límite a la financiación de vivienda previsto en la normatividad vigente. En el caso de vivienda de interés social, el financiamiento podrá extenderse a otros actos sujetos a registro, tales como la afectación a vivienda familiar, el patrimonio de familia inembargable, y a la expedición del certificado de tradición y libertad y la reproducción de la constancia de inscripción, requeridos para el trámite hipotecario, siempre y cuando se cuente con la autorización del solicitante. […] Artículo 5. Promoción del uso de energías solares . El Gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Minas y Energía en el marco de sus funciones, fijará planes, programas y proyectos para el uso de energía solar fotovoltaica en el desarrollo de los proyectos de vivienda y en la modalidad de mejoramiento y construcción de vivienda. Los planes, programas y proyectos de que trata el presente artículo, deberán ser construidos de forma diferencial para hogares pobres y vulnerables y hogares no pobres y no vulnerables, de acuerdo a la clasificación del Sisbén IV o el instrumento de focalización que lo reemplace. Artículo 6. Promoción y financiamiento de energías solares en la adquisición de vivienda . En aras de promover el acceso al financiamiento para el uso de energías solares en vivienda, el Gobierno nacional fortalecerá las líneas de crédito y garantía existentes con condiciones y plazos diferenciales. Además, implementará nuevas líneas de crédito con condiciones específicas y plazos diferenciales dirigidas a personas naturales con el objeto de financiar la adquisición de los elementos necesarios para la provisión de este tipo de energías, con prelación de las poblaciones de las zonas no interconectadas y/o donde se presenta intermitencia constante del servicio de energía o fallas en la prestación del servicio de energía eléctrica. Durante los próximos diez años a la entrada en vigencia de la presente ley, se dará prioridad a las poblaciones ubicadas en zonas no interconectadas y/o donde se presenta intermitencia constante o fallas en la prestación del servicio de energía eléctrica. Transcurrido este período, el Gobierno nacional reevaluará las necesidades y ajustará sus prioridades para asegurar una distribución equitativa y eficiente de los recursos. Las líneas de crédito y garantía de que trata el presente artículo, deberán ser construidas de forma diferencial para hogares pobres y vulnerables y hogares no pobres y no vulnerables, de acuerdo a la clasificación del Sisbén IV o el instrumento de focalización que lo reemplace. […] Artículo 8. Mecanismos de socialización. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) creará planes de socialización de los beneficios existentes en materia de financiación de vivienda nueva o usada a largo plazo y de vivienda de interés social, incluyendo los beneficios en materia de derechos notariales, avalúos técnicos, condiciones de acceso a programas de subsidios de vivienda y operación de los mismos, así como los beneficios del uso y adecuación en la viviendas de la energía solar fotovoltáica, entre otros relacionados con las funciones a su cargo. Dicha socialización se realizará a través de los entes territoriales garantizando y priorizando la difusión para los territorios más apartados y con poca conectividad. Los avances respecto de los mecanismos de socialización a que se refiere el presente artículo se presentarán al Consejo Superior de Vivienda, para que este presente recomendaciones al respecto, en el marco de sus funciones. […] Artículo 10. En los contratos de crédito para vivienda financiados con recursos de los fondos de vivienda que forman parte del Presupuesto General de la Nación, así como en los contratos de adquisición de vivienda financiados por las demás entidades del Estado que como política pública tienen como objeto y/o funciones promover la adquisición de vivienda, incluyendo las empresas industriales, comerciales y de sociedades de economía mixta del Estado de carácter financiero del orden nacional, las partes contratantes estarán obligadas a que los trámites que se deban celebrar ante notario sean asignados de manera equitativa entre las notarías existentes en el círculo notarial donde se encuentre ubicado el inmueble mediante el trámite especial de reparto notarial. Para lo anterior, las notarías deberán respetar los siguientes términos de prelación: · Una vez notificada el acta de reparto notarial, el notario contará con el término de dos (2) días hábiles para contactar a los inte­resados y realizar la solicitud de documentos. · Citación de los afiliados para escrituración: tres (3) días hábiles para firmar escritura, previa recepción de los documentos que la notaría solicite. · Remitir las escrituras para firma de los representantes legales de las personas jurídicas que intervienen en el instrumento: cinco (5) días hábiles a partir de la primera firma del instrumento. · Numerar las escrituras con la primera firma que tome el notario dentro del día hábil siguiente. · Firma del notario desde que la escritura cuenta con la firma de todos los intervinientes: dos (2) días hábiles. · Cierre de escritura para copias un (1) día hábil a partir de la fir­ma del notario. · Expedición de las primeras copias de la escritura dos (2) días hábiles después del cierre de la escritura. Parágrafo 1. El notario que incumpla los términos mencionados anteriormente incurrirá en falta disciplinaria. En los círculos notariales en los que existan dos (2) o más notarías y el notario asignado incumpla los términos, las entidades arriba mencionadas podrán solicitar un nuevo reparto dentro del mismo círculo. Parágrafo 2 . La radicación de las escrituras públicas de que trata el presente artículo ante las oficinas de registro de instrumentos públicos deberá realizarse por el notario de manera electrónica a través de la plataforma dispuesta por la Superintendencia de Notariado y Registro, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago del impuesto de registro. Parágrafo 3. No obstante, lo anterior, la ejecución de estos contratos se realizará en cumplimiento de los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política. Artículo 11. Las obligaciones que se generen por la aplicación de las disposiciones establecidas en la presente ley que afecten a las entidades del orden nacional pertenecientes al Presupuesto General de la Nación quedarán sujetas a las disponibilidades existentes tanto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo como en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector respectivo. Artículo 12. La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), con el fin de promover y facilitar la eficiencia tecnológica y reducir barreras operativas para la adquisición de viviendas o predios a nivel nacional, deberá habilitar en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, a plataformas tecnológicas para acceder, desarrollar y comercializar masivamente productos de valor agregado que se basen en la información que comercializa la SNR, como Certificados de Libertad y Tradición y Certificados de No propiedad, entre otros. D. Cargos de inconstitucionalidad 20. El demandante planteó los siguientes cinco cargos de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones demandadas, que se organizan a partir de aquellos que tienen un contenido netamente procedimental, para culminar con los que envuelven valoraciones sustanciales. 21. Cargo primero. Incumplimiento del deber de análisis de impacto fiscal. El actor sostuvo que los artículos 2, 3, 5, 6, 8 y 12 de la Ley 2434 de 2024 no cumplieron con el deber de análisis de impacto fiscal previsto por los artículos 334 de la Constitución y 7 de la Ley 819 de 2003 [10] . Según afirmó, “ durante el trámite de la ahora Ley 2434 de 2024 el poder legislativo omitió por completo esta obligación ” [11] , pues “ en ninguno de los cuatro debates se presentaron y estudiaron las implicaciones fiscales del proyecto de ley, a pesar de que, como lo señaló el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el mismo contenía disposiciones con evidentes impactos fiscales ” [12] . 22. En relación con los artículos 2 y 3, advirtió que “ reducen significativamente el monto o valor de los derechos notariales y las tarifas de registro aplicables en estos casos, al estipular que dichos valores ‘se liquidarán al setenta por ciento (70%) de la tarifa ordinaria aplicable’ (art. 2), ‘al cuarenta por ciento (40%) de la tarifa ordinaria aplicable’, e incluso ‘al diez por ciento (10%) de la tarifa ordinaria aplicable’ (art. 3) ”. De esta manera, sostuvo, otorgan beneficios económicos que reducen, en amplios porcentajes, los montos del recaudo por parte de las notarías y las oficinas de registro por concepto de adquisición y escrituración, lo que genera alteraciones en los ingresos nacionales. 23. En cuanto a los artículos 5 y 6, afirmó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público “ señaló que la electrificación rural con paneles solares tendría un costo aproximado de $3.083.421.042.000 (tres billones ochenta y tres mil cuatrocientos veintiún millones cuarenta y dos mil pesos) por cada 114.000 hogares, e, igualmente, alertó que la implementación de esta iniciativa podría demandar ajustes en el presupuesto de las entidades encargadas de realizar la promoción y el fomento ordenado, ‘así como la reasignación de recursos de otros sectores’ del Estado ” [13] . A pesar de ello, el proyecto de ley “ continuó su trámite sin hacer ninguna acotación respecto de las implicaciones fiscales y de costo que la adquisición y promoción de los paneles solares podría conllevar en el Marco Fiscal a Mediano y Largo Plazo ” [14] . 24. Frente al artículo 8, sostuvo que si bien la socialización de los planes de financiamiento de vivienda podría no parecer una fuente significativa de gasto, lo cierto es que implica la asignación de recursos para cubrir diversos costos, entre ellos, la difusión y publicación de los planes en medios de comunicación, los procesos de contratación o reubicación del personal responsable de ejecutar las actividades de socialización y el pago de sus remuneraciones. En su criterio, “las remuneraciones del personal encargado de esta labor deben ser contempladas y dependen del Presupuesto General de la Nación, razón por la cual el análisis de impacto fiscal resultaba imprescindible ” [15] . 25. Finalmente, indicó que el artículo 12 obliga a la Superintendencia de Notariado y Registro a poner en marcha plataformas tecnológicas, lo que “ ocasiona gastos fiscales evidentes, en la medida en que dicha autoridad obtiene sus recursos del presupuesto nacional y en virtud de esta nueva obligación deberá financiar la puesta en marcha, el mantenimiento y la actualización de programas o herramientas tecnológicas con las que no cuenta hoy en día ” [16] . Pese a ello, advirtió, el impacto fiscal de estos gastos tampoco fue analizado en el trámite de la ley demandada. 26. Cargo segundo. Vulneración del principio democrático. El demandante sostuvo que los artículos 10, 11 y 12 desconocieron los artículos 157 y 160 de la Constitución y 123.5 y 147 de la Ley 5ª de 1992, porque no cumplieron con el número de debates exigidos para su aprobación, con lo que se omitió el deber de deliberación y, en consecuencia, se vulneró el principio democrático. Según explicó, en el segundo debate en la Cámara de Representantes (que correspondió al cuarto debate del proyecto de ley), el secretario general de esa Corporación leyó una proposición que cambiaba el sentido original del artículo 10 e incluía dos nuevos artículos: los números 11 y 12. Estas modificaciones, advirtió, fueron aprobadas sin que se surtiera el debate que obligaba al pronunciamiento de la Cámara. 27. De acuerdo con el demandante, a lo largo de los cuatro debates, el texto del artículo 10 fue distinto al que finalmente se aprobó. La redacción original, argumentó, permitía que los fondos de vivienda que integran el presupuesto nacional y otras autoridades del sector financiero eligieran la notaría de su preferencia para el desarrollo de sus actividades. Sin embargo, en el cuarto debate, varios congresistas “ radicaron una proposición sustitutiva para reemplazar el artículo 10 con una disposición que, por un lado, modificaba los términos del procedimiento notarial para extender escrituras de compraventa de inmuebles de vivienda y, por otro, creaba una falta disciplinaria aplicable a todos los notarios del país ” [17] . 28. Agregó que la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó las proposiciones contentivas de los tres artículos mencionados “ sin ninguna explicación sobre su contenido y alcance por parte de sus autores, y sin brindar el espacio necesario para efectuar alguna deliberación o discusión al respecto ” [18] . 29. A juicio del demandante, dado que no se agotó la deliberación exigida “ tampoco se respetó la regla de someter toda iniciativa de ley ordinaria a los cuatro (4) debates reglamentarios ” [19] . En suma, en su criterio, los tres artículos fueron incluidos como proposiciones en el último debate, “ sin que en dicha oportunidad (ni en las sesiones posteriores donde se votó el texto conciliado) se hubiese llevado a cabo alguna forma de discusión que pudiese garantizar el respeto por el número de debates que exigen las normas superiores y con una votación en bloque improcedente ” [20] . 30. Tercer cargo. Vulneración de los principios de consecutividad e identidad flexible. Según el demandante, inciso primero del artículo 10 de la Ley 2434 de 2024 y el parágrafo 1 de esta misma disposición, especialmente, la expresión: “[e] l notario que incumpla los términos mencionados anteriormente incurrirá en falta disciplinaria ”, vulneraron los principios de consecutividad e identidad flexible, a los que se refieren los artículos 157 y 160 de la Constitución, pues “ carece [n] de una relación clara, evidente y estrecha con el objetivo de la ley y las finalidades tanto del artículo 10 como del propio parágrafo 1 ” [21] . 31. Según explicó, a lo largo del procedimiento legislativo, el artículo 10 versó sobre otro asunto: la posibilidad de que los fondos de vivienda eligieran libremente las notarías donde realizarían las actividades propias de su negocio. Sin embargo, en el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes (que correspondió al cuarto debate del proyecto de ley), “ el tenor literal de la norma cambió radicalmente, rompiendo con ello el vínculo temático que poseía con el objeto y fin de la iniciativa legal ” [22] . En particular, señaló que la expresión demandada, referente a la falta disciplinaria de los notarios, “ irrespetó los principios de consecutividad e identidad flexible, pues se trató de una temática disciplinaria sin relación clara, estrecha y específica con las demás disposiciones que conforman la ley y con la finalidad general de la misma ” [23] . 32. En cuanto al trámite surtido en el Congreso de la República, explicó lo siguiente: (i) tanto el texto original como la ponencia para el primer debate coincidieron en sostener que la iniciativa apuntaba a eliminar barreras económicas y financieras para la compra de vivienda; (ii) en el primer debate, ninguna de las proposiciones modificatorias radicadas versó sobre las faltas disciplinarias de los notarios; (iii) en la ponencia para segundo debate, se agregó la promoción de energías limpias como finalidad del proyecto de ley; (iv) en el segundo debate, nada se mencionó sobre modificar el estatuto disciplinario de los notarios, creando una nueva falta; (v) en la ponencia para tercer debate, se indicó que la iniciativa buscaba incluir los gastos de escrituración y los costos de los avalúos en los créditos de vivienda; (vi) durante el tercer debate, ningún congresista mencionó nada sobre la necesidad de crear nuevas faltas disciplinarias para sancionar a los notarios; y (vii) en la ponencia para cuarto debate, tampoco se mencionó la inclusión de sanciones para los notarios por el incumplimiento de términos, como uno de los fines de la iniciativa. 33. Así, en criterio del demandante, la creación de una falta disciplinaria no guarda una conexión directa y evidente con la materia original y central del proyecto de ley, relacionada con el acceso a la vivienda y la promoción de energías limpias. Tampoco se evidencia una relación suficiente entre la expresión demandada y el resto del articulado, pues la introducción de un régimen disciplinario nuevo no aporta directamente al cumplimiento de los objetivos específicos de la ley. A su juicio, “ aquella disposición regula una materia adicional, totalmente autónoma y separable, que la constitución delegó ya sea al Código General Disciplinario o al Estatuto del Notariado Colombiano ” [24] . 34. Cargo cuarto. Vulneración del principio de unidad de materia. El demandante advirtió que el artículo 10 (parcial) y el parágrafo primero desconocen el principio de unidad de materia al que se refieren los artículos 158 y 169 de la Constitución [25] . Según explicó, el proyecto de ley siempre tuvo como finalidad promover la adquisición de vivienda de interés social, eliminando ciertas barreras financieras y económicas que les dificultaban el acceso a un hogar a las personas de escasos recursos económicos. Además, durante su trámite, se le agregó un objetivo adicional, relacionado con la promoción del acceso a paneles solares, como una estrategia para reducir los costos asociados al mantenimiento de las viviendas. 35. Así, en el primer debate, se expresó que el objetivo de la iniciativa consistía en reducir las barreras económicas y financieras para la adquisición de vivienda por medio de créditos hipotecarios y de leasing habitacional, así como la implementación de energías fotovoltaicas. En el segundo debate, se explicó que su núcleo central consistía, por una parte, en incluir los gastos de escrituración dentro de los créditos para la adquisición de vivienda y, por la otra, en promover energías limpias y el uso de paneles solares. 36. Durante el tercer debate, agregó, se expuso que la iniciativa tenía tres propósitos centrales: (i) la inclusión de derechos notariales y de registro en los créditos hipotecarios y de leasing habitacional, (ii) la posibilidad de realizar avalúos técnicos a través de mecanismos digitales, y (iii) fomentar el uso de energías solares. Finalmente, en el cuarto debate, se insistió en que el proyecto de ley surgía a partir de la dificultad que tenían algunas familias para pagar los derechos notariales y registrales, junto con la intención de implementar energías alternativas renovables. 37. Según advirtió, a pesar de que este tipo de consideraciones fueron reiteradas a lo largo del trámite legislativo, en la sesión plenaria de la Cámara, mediante una proposición sustitutiva que no fue debatida, se incorporó un texto que no cumplía con los criterios de conexidad causal, teleológica, temática y sistemática. Esto, pues el proyecto de ley “[n] unca se planteó como una iniciativa dirigida a reducir los términos del procedimiento notarial, ni, mucho menos, a crear sanciones disciplinarias contra los notarios públicos ” [26] . La siguiente tabla sintetiza las razones expuestas por el demandante: Medidas cuestionadas / Criterios para verificar la unidad de materia Sobre la reducción en los tiempos del trámite de escrituración Sobre la creación de una falta disciplinaria Conexidad causal La duración de los trámites notariales nunca fue parte de las causas que dieron lugar a la Ley 2434 de 2024. El incumplimiento de ciertos plazos por parte de los notarios no representa uno de los obstáculos que la ley quiso remover para facilitar la adquisición de vivienda. Conexidad sistémica Mientras las demás disposiciones de la ley contienen medidas económicas para promover la adquisición de vivienda y reducir los costos de su sostenimiento, la norma acusada modifica los tiempos de un trámite notarial. La creación de una falta disciplinaria carece de relación con las demás normas de la ley, que buscan aliviar cargas económicas en la compra y el sostenimiento de una vivienda. Conexidad teleológica Mientras la ley busca remover obstáculos económicos para la adquisición de vivienda y promover el uso de paneles solares, la norma acusada modifica los tiempos de un trámite notarial. Crear una falta disciplinaria no se conecta con la finalidad de promover el acceso a la vivienda y el uso de la energía solar. Conexidad temática Mientras la materia dominante de la ley son los alivios económicos para la compra y el mantenimiento de una vivienda, la norma acusada modifica los tiempos de un trámite notarial. La materia de la que trata la ley no tiene ningún vínculo objetivo ni razonable con el derecho disciplinario como manifestación del ius puniendi estatal. 38. Quinto cargo. Vulneración del derecho al debido proceso. Según el demandante, el parágrafo 1º del artículo 10 de la Ley 2434 de 2024 “ crea una falta disciplinaria contraria al debido proceso ”, que desconoce el principio de legalidad, sanciona comportamientos ajenos al sujeto disciplinado y resulta irrazonable y desproporcionada. 39. En primer lugar, afirmó que el apartado normativo demandado desconoce el principio de legalidad, pues establece una falta disciplinaria, pero omite fijar la sanción que acarrea su comisión [27] . Según afirma, la expresión “[e] l notario que incumpla los términos mencionados anteriormente incurrirá en falta disciplinaria ” no determina: (i) la gravedad de la conducta (es decir, si se trata de una falta gravísima, grave o leve); (ii) la sanción que se puede imponer cuando se acredite su comisión (amonestación, destitución, suspensión, multa u otras); (iii) la modalidad en la cual deberá realizarse la conducta para que sea sancionable (dolo, culpa gravísima, culpa grave o culpa leve), (iv) ni las circunstancias de dosificación punitiva [28] . Por lo tanto, considera que, “ en el presente caso [,] todos y cada uno de los requisitos mínimos de tipicidad sancionatoria fueron ignorados por el legislador ” [29] . 40. En segundo lugar, sostuvo que la disposición acusada vulnera el principio de responsabilidad personal y subjetiva en materia disciplinaria, ya que “ las expresiones demandadas (…) castigan la ocurrencia de un resultado (el incumplimiento de los términos fijados para el trámite de la escrituración de inmuebles) haciendo abstracción del comportamiento del notario disciplinado ”. Según afirma, existen etapas del trámite notarial que contemplan hechos ajenos al ámbito de control de los notarios, como que “ los intervinientes en la escritura pública respeten el término previsto para suscribir el instrumento ” [30] . En su criterio, la participación de terceros en la configuración del comportamiento descrito como una falta imputable al notario contraría el debido proceso, porque realiza “ un reproche individual, y lo castiga, a pesar de que se trata de una situación fáctica en la cual concurre un número plural de personas y voluntades, violando con ello el principio de responsabilidad individual y subjetiva del derecho sancionatorio estatal ” [31] . 41. Finalmente, afirmó que el apartado normativo demandado crea una falta disciplinaria irrazonable y desproporcionada, porque castiga el incumplimiento de términos que abarcan entre 1 y 5 días hábiles, sin considerar que “ los notarios públicos del país no sólo tienen a su cargo la realización de escrituras públicas sobre la compraventa de inmuebles destinados a la vivienda, sino que adicionalmente están llamados a realizar un sinnúmero adicional de trámites y diligencias ” [32] . A su juicio, al calificar el comportamiento del notario como falta, “ por la mera superación de unos términos ostensiblemente estrechos (como un día hábil de ocho horas) [,] [llevan a que] las expresiones acusadas [devengan en] inconstitucionales por vulnerar el principio de proporcionalidad contenido en el derecho fundamental a un debido proceso (art. 29 de la Constitución) ” [33] . E. Intervenciones y conceptos 42. En la siguiente tabla se sintetiza el sentido de las intervenciones y los conceptos recibidos durante el término de fijación en lista del proceso [34] : Inhibición Exequibilidad Inexequibilidad Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ( frente al cargo primero ) Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre de Colombia ( frente al cargo quinto ) Superintendencia de Notariado y Registro ( frente a los cargos primero y quinto ) Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ( en subsidio de inhibición ) Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre de Colombia ( en subsidio de inhibición ) Superintendencia de Notariado y Registro ( en subsidio de inhibición ) Unión de Notarios de Bogotá y Unión Colegiada del Notariado Colombiano Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre de Colombia ( frente al apartado “el notario que incumpla los términos mencionados incurrirá en falta disciplinaria”, contenido en el parágrafo 1º del artículo 10, en lo que respecta al cargo tercero ) 43. Por razones de brevedad y economía procesal, y dado que se examinará cada cargo de forma separada, la síntesis de cada una de estas intervenciones se presentará en las consideraciones de esta providencia, en los apartados correspondientes a la aptitud de la demanda y a la solución de los cargos que resulten aptos para surtir un pronunciamiento de fondo. F. Concepto del procurador general de la Nación 44. En el concepto No. 7541, el procurador general de la Nación formuló las siguientes solicitudes con respecto a la constitucionalidad de la Ley 2434 de 2024: (i) declarar exequibles los artículos 2, 3, 5, 6, 8 y 12, en relación con el cargo por el presunto incumplimiento del deber de análisis de impacto fiscal; (ii) declarar exequibles los artículos 10, 11 y 12, en relación con el cargo por la presunta violación del principio democrático; (iii) declarar exequible el artículo 10 (parcial), en relación con el cargo por el presunta vulneración del principio de unidad de materia; (iv) declarar exequible el parágrafo 1º del artículo 10, en relación con el cargo por el presunto desconocimiento de los principios de consecutividad e identidad flexible, y (v) declarar inexequible la expresión “ el notario que incumpla los términos mencionados anteriormente incurrirá en falta disciplinaria ”, contenida en el parágrafo 1º del artículo 10, por la vulneración del derecho al debido proceso. 45. La síntesis de las razones que fundamentan las solicitudes del procurador también se presentará en las consideraciones de esta providencia, en los apartados correspondientes a la solución de los cargos que resulten aptos para que la Sala Plena adelante el examen de constitucionalidad propuesto por el demandante. II. CONSIDERACIONES 46. En este acápite, la Corte se pronunciará sobre su competencia para revisar la Ley 2434 de 2024. En seguida, analizará la aptitud de la demanda, en la medida en que algunos intervinientes solicitaron que la Corte se declare inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo, en relación con algunos cargos de inconstitucionalidad. Con posterioridad, definirá la metodología de la decisión y llevará a cabo, dado el caso, la revisión de las normas bajo examen. A. Competencia 47. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 241.4 de la Constitución [35] , la Corte es competente para revisar la constitucionalidad los artículos 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 y 12 de la Ley 2434 de 2024, “[p] or la cual se reducen las barreras para la adquisición de vivienda, por medio de créditos hipotecarios y leasing habitacional, se promueve la utilización de energías limpias para vivienda y se dictan otras disposiciones - vivienda al alcance de todos ”. 48. Dado que los cargos primero, segundo y tercero se refieren a presuntos vicios de procedimiento en la formación de la Ley 2434 de 2024, la Sala constata el cumplimiento del término de caducidad previsto por el numeral 3 del artículo 242 de la Constitución. En efecto, la ley fue promulgada el 8 de noviembre de 2024, y la demanda fue presentada el 28 de marzo de 2025, es decir que la acción pública de inconstitucionalidad se ejerció dentro del año siguiente a la publicación de la ley acusada. Por lo tanto, la Corte conserva su competencia temporal para pronunciarse sobre dichos cargos. B. Cuestión previa: aptitud de la demanda 49. En el auto que admite una demanda de inconstitucionalidad, el magistrado sustanciador valora si esta cumple con los requisitos mínimos de aptitud sustantiva. Este estudio corresponde a una revisión sumaria que no compromete ni define la competencia de la Sala Plena de la Corte, depositaria de la función de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presentan los ciudadanos, en los términos del artículo 241 de la Constitución. 50. Cuando ninguno de los intervinientes en el trámite cuestiona la aptitud de la demanda, es plausible, mas no necesario, inferir que se trabó de manera adecuada la litis constitucional y, por lo tanto, que aquellos pudieron presentar argumentos razonables para impugnar o defender la constitucionalidad de la disposición acusada, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto Ley 2067 de 1991. 51. Contrario sensu , si los intervinientes presentan “ un análisis mínimo que permita colegir las razones del incumplimiento de cada uno de los requisitos de la carga argumentativa, es adecuado que la Sala Plena valore nuevamente la aptitud de la demanda ” [36] . Lo anterior no afecta, de ninguna manera, la competencia de la Corte para valorar la aptitud de la demanda a la luz de los argumentos propuestos, cuando no fue cuestionada durante el trámite inicial, ni tampoco para considerar argumentos adicionales a los expuestos, cuando ello resulte necesario. En otras palabras, las intervenciones y conceptos no limitan la competencia de la Corte para valorar la aptitud sustantiva de los cargos de las demandas de inconstitucionalidad. 52. Las solicitudes de inhibición. En sus intervenciones y conceptos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (en adelante, el ministerio), el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre de Colombia (en adelante, el observatorio) y la Superintendencia de Notariado y Registro (en adelante, la superintendencia) cuestionaron la aptitud de la demanda, por la falta de certeza y pertinencia de las acusaciones contenidas en los cargos primero y quinto. 53. En cuanto al cargo primero , referido al presunto desconocimiento del deber de análisis de impacto fiscal, el ministerio advirtió, de un lado, que “ al comparar el contenido de los artículos 23 y 31 de la Ley 546 de 1999, modificados respectivamente por los artículos 2 y 3 de la Ley 2434 de 2024, no se introduce ninguna medida que imponga el deber de realizar un análisis de impacto fiscal ” [37] . En su criterio, las modificaciones efectuadas no ordenan gastos ni crean beneficios tributarios, sino que facultan a los establecimientos de crédito para otorgar beneficios a los solicitantes, que existen y fueron aprobados por el legislador desde 1999. Además, se trata de una facultad discrecional, si se tiene en cuenta que en los parágrafos adicionados se utiliza el término “ podrán ” como verbo normativo. 54. De otro lado, indicó que los artículos 5, 6 y 8 tampoco introducen modificaciones que hagan obligatorio analizar el impacto fiscal de las medidas adoptadas. En el caso del artículo 8, explicó que “[l] a socialización de la oferta institucional del ministerio se realiza con cargo a los recursos ya asignados para modelos de difusión de carácter general ” [38] . 55. En similar sentido, la superintendencia afirmó que “ el gasto al que hace referencia la demanda no se produce en realidad ” [39] . Según explicó, la ley no establece un gasto específico. Por el contrario, el artículo 9 dispone que las medidas adoptadas no son impositivas para los usuarios, y el artículo 11 prevé que las obligaciones que se generen de su aplicación y que afecten a entidades pertenecientes al Presupuesto General de la Nación quedarán sujetas a las disponibilidades existentes tanto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, como en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector respectivo . 56. Esto, en su criterio, significa que la ley no establece un gasto o una exención tributaria directa, “ pues en ninguno de los apartes demandados se establece que esos incentivos se cubrirán con gasto público y, en todo caso, están sometidos a la condición de que exista disponibilidad en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en el Marco de Gasto de Mediano Plazo ” . Así, “ cualquier gasto en que se pueda incurrir no será necesariamente cubierto con recursos del Presupuesto General de la Nación ” [40] . 57. En cuanto al cargo quinto , referido al presunto desconocimiento del artículo 29 de la Constitución, el observatorio advirtió que la demanda se limita a expresar, por medio de apreciaciones fácticas, que el parágrafo primero del artículo 10 es desproporcionado . En su criterio, “ no logra demostrar, cuáles son los fines constitucionales que se desprenden de la norma demandada, cuáles son los principios constitucionales que se afectan con la expedición de la norma y, además, no argumenta el juicio de proporcionalidad, pues no cuestiona la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la norma en sentido estricto ” [41] . 58. La superintendencia, por su parte, indicó que: (i) no es cierto que el parágrafo primero del artículo 10 vulnere el principio de tipicidad de las sanciones administrativas, “ pues los supuestos de la sanción son claros en el incumplimiento de los deberes contenidos en la ley ” [42] , y (ii) tampoco lo es que de ese apartado normativo se derive algún tipo de responsabilidad objetiva, ya que a esa superintendencia le corresponde analizar la conducta de los notarios, de manera concreta y bajo la perspectiva del plazo razonable y de los elementos de la responsabilidad disciplinaria . 59. Así, dado que los intervinientes presentaron argumentos dirigidos a evidenciar la ineptitud de las acusaciones del demandante, y que “ la Sala Plena está facultada para realizar un escrutinio sobre la efectiva configuración de un genuino cargo de inconstitucionalidad ” [43] , la Sala procederá con el análisis de aptitud de la demanda en relación con las acusaciones planteadas por: (i) la omisión del análisis de impacto fiscal de los artículos 2, 3, 5, 6, 8 y 12 y (ii) la vulneración del debido proceso por parte del artículo 10 (parcial) y de su parágrafo primero. 60. El cargo por omisión del análisis de impacto fiscal es apto frente a los artículos 5, 6 y 8. Sin embargo, no lo es respecto de los artículos 2, 3 y 12. En primer lugar , la Sala advierte que la acusación referida al presunto desconocimiento del deber de análisis de impacto fiscal respecto de los artículos 2 y 3 de la Ley 2434 de 2024 no es apta , como seguidamente se explica. 61. El accionante sostuvo que estos artículos “ reducen significativamente el monto o valor de los derechos notariales y las tarifas de registro aplicables en estos casos, al estipular que dichos valores ‘se liquidarán al setenta por ciento (70%) de la tarifa ordinaria aplicable’ (art. 2º), ‘al cuarenta por ciento (40%) de la tarifa ordinaria aplicable’, e incluso ‘al diez por cient