Auto C.E. 5001-23-33-000-2025-00255-01 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 05001-23-33-000-2025-00255-01 AUTO INTERLOCUTORIO SUSTENTO NORMATIVO : LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 135 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 208 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 213 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 133 / LEY 1881 DE 2018 - ARTÍCULO 21 / LEY 14337 DE 2011 - ARTÍCULO 246 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 212 / LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 66 NORMA DEMANDADA : FECHA : 03/08/2026 SECCION : SECCION PRIMERA PONENTE : CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO ACTOR : VEEDURIA CIUDADANA AMIGA DEMANDADO : ELISA CAROLINA TOBON OSPINA, JOSE DANIEL RESTREPO MONTOYA DECISION : NO REPONE TEMA : AUTO QUE NIEGA LA NULIDAD PROCESAL / RECURSO DE REPOSICIÓN / SOLICITUD DE NULIDAD PROCESAL / CAUSALES DE NULIDAD PROCESAL / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / TAXATIVIDAD DE LAS CAUSALES DE NULIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE LA NULIDAD PROCESAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / CONFIRMACIÓN DEL AUTO Problema jurídico: ¿Se configura alguna de las causales de nulidad procesal previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso por el decreto oficioso de pruebas efectuado por el Despacho, y, en consecuencia, es procedente reponer el auto de 10 de marzo de 2026? Respuesta al problema jurídico: No (E)l despacho encuentra que los argumentos expuestos en el recurso no tienen la capacidad de desvirtuar las razones que sustentaron la decisión recurrida. En efecto, mediante el auto del 10 de marzo de 2026, el despacho advirtió que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1881 de 2018, en los procesos de pérdida de investidura resultan aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, de manera subsidiaria, las del Código General del Proceso, siempre que sean compatibles con la naturaleza de la actuación. En materia de nulidades procesales, el artículo 208 del CPACA remite expresamente a las causales previstas en el Código General del Proceso, mientras que el artículo 135 ibidem establece que el juez rechazará de plano la solicitud que se funde en una causal distinta de las contempladas legalmente. En el presente asunto, tal como se indicó en la providencia recurrida, la solicitud de nulidad formulada por la parte demandada no se sustentó en ninguna de las causales taxativamente previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso. Por el contrario, los argumentos expuestos estuvieron encaminados a cuestionar la conveniencia, oportunidad y legalidad de la decisión adoptada por el despacho al decretar pruebas de oficio, aspecto que constituye un desacuerdo con el contenido de la providencia y no la configuración de un vicio procesal susceptible de generar nulidad. En ese sentido, no le asiste razón al recurrente cuando sostiene que el despacho estaba obligado a decretar la nulidad de oficio o a adoptar medidas de saneamiento, pues dichas facultades no relevan a las partes de la carga de demostrar la configuración de las causales expresamente previstas por el ordenamiento jurídico. Admitir lo contrario implicaría desconocer el carácter excepcional, taxativo y restrictivo que gobierna el régimen de nulidades procesales. De igual forma, tampoco resulta de recibo el argumento según el cual el decreto de pruebas de oficio implicó la sustitución de la carga probatoria de la parte demandante y el consecuente desconocimiento del principio de igualdad procesal. Sobre este aspecto, el despacho reitera que el artículo 213 del CPACA autoriza expresamente al juez o magistrado ponente para decretar, en cualquiera de las instancias, las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad y para dilucidar aspectos oscuros o difusos de la controversia. Por consiguiente, el simple ejercicio de dicha facultad legal no constituye, por sí mismo, una irregularidad procesal ni configura una causal de nulidad. Para que ello ocurra, correspondía al recurrente demostrar que el decreto y la práctica de las pruebas desconocieron las garantías de contradicción y defensa o neutralizaron el núcleo esencial del debido proceso, circunstancia que no fue acreditada. Por el contrario, tal como se expuso en el auto del 10 de marzo de 2026, las pruebas allegadas por la Notaría Única del Círculo de Santa Rosa de Osos y por la Registraduría Nacional del Estado Civil fueron puestas en conocimiento de las partes mediante los respectivos traslados, circunstancia que garantizó a los demandados el ejercicio de sus derechos de contradicción y defensa, así como la posibilidad de pronunciarse sobre su contenido y alcance probatorio. En ese orden de ideas, la inconformidad del recurrente respecto del ejercicio de la facultad oficiosa prevista en el artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no constituye, por sí sola, una vulneración del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, ni acredita la configuración de alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso. En efecto, el despacho reitera lo señalado en la providencia objeto del recurso, en el sentido de que los poderes oficiosos del juez encuentran respaldo expreso en el ordenamiento jurídico. Así, el artículo 213 del CPACA dispone que «en cualquiera de las instancias el juez o magistrado ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad», así como aquellas dirigidas a «esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda». Por consiguiente, el ejercicio de dicha facultad no supone, en sí mismo, el desconocimiento de los principios de igualdad, contradicción o defensa, ni implica la sustitución de las cargas probatorias de las partes, máxime cuando, como ocurrió en el presente asunto, las pruebas decretadas y practicadas fueron oportunamente puestas en conocimiento de los sujetos procesales, quienes contaron con los mecanismos legales para controvertirlas. En consecuencia, dado que el recurso de reposición se limita a reiterar los argumentos expuestos en la solicitud inicial, sin aportar elementos nuevos que desvirtúen las consideraciones contenidas en el auto del 10 de marzo de 2026 ni demostrar la existencia de un vicio procesal invalidante, el despacho mantendrá incólume la decisión adoptada mediante dicha providencia y, en consecuencia, no repondrá el numeral primero de su parte resolutiva. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 135,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 208,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 213,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 133,Ley 1881 DE 2018 - ARTÍCULO 21 RECURSO DE REPOSICIÓN / SOLICITUD DE PRUEBA / PRUEBA TESTIMONIAL / OBJETO DE LA PRUEBA / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA / REQUISITOS DE LAS PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD DE PRUEBA / OMISIÓN DEL TÉRMINO PROCESAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / CONFIRMACIÓN DEL AUTO / RECURSO DE SÚPLICA INTERPUESTO EN FORMA SUBSIDIARIA / TRÁMITE DEL RECURSO DE SÚPLICA Problema jurídico: ¿Es procedente reponer la decisión que rechazó la solicitud de pruebas testimoniales, por considerar la parte demandada que estas resultaban necesarias para contraprobar las pruebas decretadas de oficio y al amparo del inciso tercero del artículo 213 del CPACA? Respuesta al problema jurídico: No (E)l despacho considera que los argumentos expuestos no tienen la entidad suficiente para desvirtuar las razones que sustentaron la decisión recurrida. En primer lugar, debe precisarse que el inciso tercero del artículo 213 del CPACA autoriza a las partes, por una sola vez y dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, a aportar o solicitar nuevas pruebas, siempre que estas resulten indispensables para contraprobar aquellas decretadas oficiosamente. De esta manera, la norma establece una excepción restringida al principio de preclusión probatoria, cuya finalidad exclusiva consiste en permitir la contradicción de las pruebas decretadas de oficio y no en reabrir el debate probatorio respecto de aspectos que debieron discutirse en las oportunidades ordinarias previstas por el legislador. En el presente asunto, las pruebas decretadas de oficio mediante el auto del 31 de julio de 2025 se limitaron a los registros civiles de nacimiento de las señoras Elisa Carolina Tobón Ospina y María Isabel Tobón Ospina, así como al registro civil de matrimonio de José Daniel Restrepo Montoya y María Isabel Tobón Ospina, documentos encaminados a acreditar el vínculo de parentesco existente entre las personas involucradas. Por el contrario, los testimonios cuya práctica solicita la parte demandada tienen por objeto demostrar la ausencia de interés directo y personal de los concejales demandados, así como acreditar la inexistencia del elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura. En consecuencia, no existe una relación de conexidad directa entre las pruebas decretadas oficiosamente y los testimonios solicitados, pues estos últimos no están dirigidos a controvertir los hechos acreditados con los registros civiles, sino a demostrar circunstancias distintas que hacen parte del debate general sobre la configuración de la causal invocada. En segundo lugar, no resulta acertada la afirmación según la cual el decreto oficioso de los registros civiles creó un nuevo contexto procesal que habilita la reapertura integral del debate probatorio. La facultad prevista en el artículo 213 del CPACA no tiene el alcance de revivir oportunidades procesales ya precluidas ni de permitir a las partes replantear estrategias probatorias adoptadas durante la primera instancia. En efecto, se encuentra acreditado que los señores Víctor Hugo Gil Salazar y Juan David Montoya Vásquez fueron oportunamente solicitados como testigos durante la primera instancia y que la propia parte demandada desistió expresamente de su práctica, por considerar satisfecho el objeto de dichas declaraciones con las pruebas documentales allegadas al expediente. En tales condiciones, no resulta jurídicamente admisible que, con fundamento en la expedición de un auto que decretó pruebas documentales de oficio, se pretenda nuevamente la práctica de testimonios respecto de los cuales la parte ejerció voluntariamente su facultad de desistimiento. De igual forma, respecto de los demás testimonios solicitados, el despacho reitera que estos no fueron pedidos en la contestación de la demanda ni en ninguna de las oportunidades previstas en el artículo 212 del CPACA, razón por la cual no pueden ser incorporados extemporáneamente al proceso bajo el argumento de la necesidad de contraprobar las pruebas decretadas de oficio. Por consiguiente, el derecho a la igualdad invocado por la parte recurrente no se traduce en la facultad irrestricta de solicitar pruebas en cualquier etapa del proceso, sino en la posibilidad real y efectiva de ejercer las facultades procesales dentro de las oportunidades legalmente establecidas, oportunidades con las que contó plenamente la parte demandada durante el trámite de la primera instancia. (…) En conclusión, los argumentos expuestos en el recurso de reposición no desvirtúan las razones que sustentaron el rechazo de la solicitud probatoria, pues, se insiste que las pruebas testimoniales solicitadas no cumplen la condición prevista en el inciso tercero del artículo 213 del CPACA, en tanto no resultan indispensables para contraprobar las pruebas decretadas de oficio, sino que buscan reabrir un debate probatorio que debía agotarse en las oportunidades procesales correspondientes. No obstante, comoquiera que el apoderado de la parte demandada interpuso, en subsidio recurso de súplica contra el numeral segundo del auto del 10 de marzo de 2026, y teniendo en cuenta que la providencia recurrida fue proferida durante el trámite de la apelación y rechazó por improcedente una solicitud probatoria, el despacho considera procedente conceder dicho recurso, para que sea resuelto por la Sala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 246 del CPACA, modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021. FUENTE FORMAL: Ley 14337 DE 2011 - ARTÍCULO 246,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 212,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 213,Ley 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 66