Auto C.E. 25000-23-41-000-2025-01672-01 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 25000-23-41-000-2025-01672-01 AUTO INTERLOCUTORIO SUSTENTO NORMATIVO : LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 125 NUMERAL 2 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 125 NUMERAL 3 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 294 INCISO 1 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 294 INCISO 2 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 133 NUMERAL 1 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 133 PARÁGRAFO / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 134 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 135 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 264 PARÁGRAFO / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 7 LITERAL C / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 294 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 285 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 287 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 42 NUMERAL 1 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 42 NUMERAL 3 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 43 NUMERAL 2 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 1 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 295 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 141 NUMERAL 1 NORMA DEMANDADA : FECHA : 14/08/2026 SECCION : SECCION QUINTA PONENTE : PEDRO PABLO VANEGAS GIL ACTOR : DIANA MARCELA DIAGO GUAQUETA DEMANDADO : LEIDI MARCELA PINILLA PINILLA DECISION : RECHAZA TEMA : NULIDAD PROCESAL / RECHAZO DE LA RECUSACIÓN / DEBIDO PROCESO / RECHAZO DE LA NULIDAD PROCESAL Problema jurídico: ¿Se deben rechazar de plano las solicitudes de nulidad formuladas por la demandada, en nombre propio, de todo lo actuado desde el auto del 30 de julio de 2026, por medio del cual se rechazó la recusación formulada contra los magistrados de la Sección? Respuesta al problema jurídico: Si El despacho advierte que las solicitudes de nulidad propuestas por la demandada serán rechazadas, por las razones que, en adelante, se exponen. Respecto de las nulidades formuladas con fundamento en el artículo 133 del CGP y su aplicación en el medio de control de nulidad electoral. En primer lugar, es preciso advertir que, en los términos del artículo 135 del CGP, aplicable por remisión normativa del 306 del CPACA, «[l]a parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer […]». En relación con la oportunidad para alegar las nulidades, el artículo 134 del CGP establece que «podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella». En virtud de lo establecido en esta norma, las causales que se aleguen con posterioridad a que se profiriera sentencia de segunda instancia, en sede electoral, únicamente pueden ser formuladas con fundamento en el primer inciso del artículo 294 de la Ley 1437 de 2011, según el cual la nulidad de sentencia procederá, únicamente, «por incompetencia funcional, indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante, por omisión de la etapa de alegaciones y cuando la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de Magistrados al previsto por la ley». Igualmente, la referida norma, en su segundo inciso, señala que el juez deberá rechazar de plano, por improcedente, la petición de nulidad de la sentencia que tenga como fundamento una causal diferente de las taxativamente establecidas. Caso concreto. [1] Sobre las solicitudes de nulidad formuladas. • Sobre la solicitud de nulidad contra el auto que rechazó las recusaciones. (…). En primer lugar, es preciso advertir que, de conformidad con el marco normativo expuesto, las causales establecidas en dicha norma [parágrafo del artículo 133 de la Ley 1564 de 2012] no son susceptibles de ser aplicadas al asunto, puesto que, al haberse proferido sentencia, las nulidades pueden ser promovidas exclusivamente con sustento en el artículo 294 del CPACA. Sin perjuicio de lo anterior, se destaca que el parágrafo del artículo 133 del CGP no contempla ninguna causal de procedencia de nulidad, puesto que su tenor literal dispone que «[l]as demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece». Así las cosas, se rechazará esta solicitud, al haber sido propuesta con sustento en la norma ibidem, pues los eventos allí contemplados no son procedentes dentro del presente medio de control, en la medida en que no se encuentran dentro de las circunstancias dispuestas expresamente en el artículo 294 del CPACA. En todo caso, no sobra precisar que, a pesar de que la accionada se refiere a la presunta transgresión al derecho al debido proceso, lo cierto es que no se advierte su vulneración, en tanto en el trámite surtido se actuó con sustento en las normas procesales que rigen el asunto y con pleno respeto de las garantías de las partes. Sobre el particular, se advierte que, según lo dispuesto por el artículo 125, numeral 3.º, de la Ley 1437 de 2011 y por la Sala Plena del Consejo de Estado en auto del 2 de febrero de 2024, corresponde al magistrado ponente dictar la providencia que decida sobre el rechazo de plano de las recusaciones formuladas en los eventos en los que «la parte hubiera actuado con posterioridad al hecho que motiva la recusación, sin alegarla; […] se alegue una causa diferente a las previstas en el artículo 142 [Ley 1564 de 2012]; y […] se recuse a los magistrados a quienes corresponde conocer de la recusación». En ese sentido, de acuerdo con la providencia en referencia, la decisión de rechazo de una recusación no se encuentra dentro de las expresamente previstas en el numeral 2.º del artículo 125 del CPACA, por lo que resulta aplicable el numeral 3.º de la misma norma. (…). Así las cosas, contrario a lo expuesto por la peticionaria, el suscrito magistrado profirió el auto del 30 de julio de 2026, de conformidad con la competencia que le otorga el ordenamiento para el rechazo de las recusaciones formuladas y en cumplimiento de la normativa procesal prevista para tal efecto. Como consecuencia, ante el rechazo de plano de la recusación formulada, la Sala Electoral contaba con la competencia para pronunciarse sobre las solicitudes de adición y aclaración formuladas, como en efecto ocurrió. Con todo, no sobra precisar que, en su petición, la demandada aludió al contenido de la causal contenida en el numeral 1.° del artículo 133 del CGP, no como fundamento de la nulidad sino para argumentar la supuesta vulneración del derecho al debido proceso, norma que alude a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 125 NUMERAL 2,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 125 NUMERAL 3,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 294 INCISO 1,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 294 INCISO 2,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 133 NUMERAL 1,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 133 PARÁGRAFO,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 134,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 135 NULIDAD PROCESAL / NEGACIÓN DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA / DEBIDO PROCESO / RECHAZO DE LA NULIDAD PROCESAL Problema jurídico: ¿Se deben rechazar de plano las solicitudes de nulidad formuladas por la demandada, en nombre propio, de todo lo actuado desde el auto del 30 de julio de 2026, por medio del cual se rechazó la recusación formulada contra los magistrados de la Sección? Respuesta al problema jurídico: Si • Sobre la solicitud de anular el auto que negó la adición y aclaración de la sentencia del 9 de julio de 2026. (…). [L]a demandada también pidió que se declarara la nulidad del auto del 30 de julio de 2026 referido, con fundamento en el parágrafo del artículo 133 del CGP. Al respecto, el despacho reitera que, al haberse proferido sentencia, las causales de nulidad que cobijan el presente asunto son las establecidas taxativamente por el artículo 294 del CPACA, por ser la norma especial prevista por el legislador para estos eventos en el medio de control de nulidad electoral. En dicha medida, procede el rechazo de la solicitud, al estar fundamentada en una norma no aplicable al asunto. No obstante, en gracia de discusión, se advierte nuevamente que el parágrafo invocado no establece ninguna causal de nulidad. De igual forma, el despacho enfatiza en la inexistencia de la transgresión al debido proceso de la accionada, pues, por un lado, la competencia funcional de la Sección Quinta se fundamenta en lo dispuesto por el legislador, específicamente, en los artículos 150 y 152, numeral 7, literal c) del CPACA, para conocer en segunda instancia los asuntos relativos a la nulidad electoral, y en los artículos 285 y 287 del CGP. En tal sentido, contrario al errado entendimiento de la peticionaria, la Sala de lo Electoral no pierde su competencia por el simple hecho de remitir el expediente a la Secretaría para que se surta el trámite respectivo que corresponda, pues ello atiende a la necesidad de que dicha dependencia, en desarrollo de sus funciones, comunique y notifique las decisiones adoptadas. A su vez, debe advertirse que no se acreditó ninguna irregularidad procesal, dado que la providencia del 30 de julio de 2026 fue debidamente notificada a las partes, sin que a estas se les hubiera impedido ejercer su derecho de defensa. Por otra parte, para este despacho es necesario reiterar que el lapso en el cual la Sección Quinta adopta sus decisiones obedece a la obligación y al respeto por el estricto cumplimiento de los términos establecidos en el parágrafo del artículo 264 de la Constitución Política para resolver el medio de control de nulidad electoral, que, para este caso, es de máximo un año, por tratarse de un proceso de doble instancia. FUENTE FORMAL: Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 264 PARÁGRAFO,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 7 LITERAL C,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 294,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 133 PARÁGRAFO,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 285,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 287 NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA / FALTA DE COMPETENCIA / RECHAZO DE PLANO DE LA SOLICITUD DE NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Se deben rechazar de plano las solicitudes de nulidad formuladas por la demandada, en nombre propio, de todo lo actuado desde el auto del 30 de julio de 2026, por medio del cual se rechazó la recusación formulada contra los magistrados de la Sección? Respuesta al problema jurídico: Si • Sobre la solicitud de nulidad contra la sentencia del 9 de julio de 2026. La accionada solicitó declarar la nulidad originada en el fallo de segunda instancia, con sustento en las causales de incompetencia funcional, indebida notificación del auto admisorio y omisión de la etapa de alegaciones, previstas en el inciso primero del artículo 294 del CPACA. Este despacho rechazará esta solicitud de nulidad puesto que, a pesar de que se fundamentó en la norma especial para este tipo de trámite, los argumentos expuestos no guardan relación con las causales invocadas, sino que, por el contrario, resulta evidente la intención de acudir a maniobras dilatorias con el fin de impedir la ejecutoria de la decisión adoptada por la Sala Electoral. Al respecto, es pertinente advertir que, en los términos del artículo 42 del CGP, es deber del juez, entre otros, velar por la rápida solución del proceso y adoptar las medidas para impedir su paralización y dilación (numeral 1.°), así como prevenir, remediar, sancionar o denunciar actos contrarios a la lealtad que debe observarse en el curso del proceso (numeral 3.°). De igual forma, la misma codificación [Ley 1564 de 2012], en su artículo 43, hace referencia a los poderes de ordenación e instrucción que posee el juez, dentro de los cuales se destaca el previsto en el numeral 2.°, relativo a rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique dilación manifiesta. En este orden de ideas, en lo relacionado con la falta de competencia de la Sección Quinta para restringir los derechos políticos de funcionarios electos, la improcedencia de la solicitud es evidente, puesto que este reproche es ajeno a la nulidad originada en la sentencia. En efecto, desde el auto del 3 de junio de 2026, por medio del cual se admitieron los recursos de apelación promovidos, la Sala Electoral asumió competencia para conocer en segunda instancia del medio de control de nulidad electoral adelantado contra la demandada en su calidad de alcaldesa local de Usme. De tal forma, la incompetencia funcional alegada no tuvo origen en el fallo, ni en un hecho sobreviniente, puesto que el ahora alegado motivo de la nulidad fue conocido desde la etapa de admisión de la alzada y, en esa medida, a pesar de que se invocó el artículo 294 del CPACA, es notorio que lo argumentado no tiene como fin sustentar la causal prevista en esta disposición, en tanto no guarda relación con la misma. Sumado a lo anterior, el fundamento de este reproche se sustenta en el artículo 23, numeral 2.º de la Convención Americana de Derechos Humanos, para señalar que el asunto, en su criterio, correspondía resolverlo «exclusivamente a los jueces penales». Sin embargo, dicha norma ha sido aplicada y desarrollada en relación con funcionarios electos por voto popular, que no es el caso de la demandada, que fue nombrada por el alcalde Mayor de Bogotá, D.C., por tanto, es evidente su conducta dilatoria al referir a un aspecto abiertamente improcedente. Por su parte, con respecto a la omisión en la notificación del auto admisorio a las comunidades y pueblos indígenas que habitan la localidad de Usme, también resulta palmaria la intención dilatoria por parte de la accionada, puesto que el evento previsto por el legislador corresponde a aquellos casos de «indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandante o su representante». De esta forma, lo alegado por la solicitante no guarda relación alguna con este supuesto, motivo por el cual su improcedencia es evidente y hay lugar a rechazarla. Frente a ello, es necesario precisar que, dada la interpretación restrictiva que debe seguirse de esta norma, no es procedente el razonamiento de la peticionaria según el cual deba extenderse la causal de indebida notificación a sujetos distintos a los establecidos por el legislador. (…). Finalmente, en relación con la omisión de la etapa de alegaciones ante la falta de valoración de las razones de hecho y de derecho que sustentó la accionada y del supuesto cambio en el «marco interpretativo bajo el cual se desarrolló el debate y se presentaron las pruebas», es notorio que las razones presentadas no se dirigen a sustentar la pretermisión de esta fase procesal. En tal sentido, la accionada no pretende alegar la configuración de la causal contemplada por el artículo 294 del CPACA pues su solicitud se fundamentó en su inconformidad con la valoración probatoria efectuada por la Sala Electoral, motivo por el cual la petición obedece realmente a una maniobra dilatoria del proceso e incumple con la exigencia del artículo 306 ibidem, de «[…] expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta […]» la nulidad propuesta. Sin perjuicio de lo anterior, basta con señalar que la Secretaría de la Sección Quinta corrió traslado para alegar de conclusión, oportunidad en la cual la demandada se pronunció y sus argumentos fueron tomados en consideración en la sentencia que solicita anular. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 294 INCISO 1,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 42 NUMERAL 1,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 42 NUMERAL 3,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 43 NUMERAL 2 RECUSACIÓN DE CONSEJERO DE ESTADO / PETICIÓN IMPERTINENTE EN EL PROCESO JUDICIAL / EXHORTO / RECHAZO DE LA RECUSACIÓN Problema jurídico: ¿Se debe rechazar de plano la recusación formulada por la demandada contra los magistrados de la Sección Quinta? Respuesta al problema jurídico: Si [2] Solicitud de recusación contra los magistrados que componen la Sala Electoral. (…). [L]a demandada nuevamente formuló recusación contra la totalidad de los magistrados de la Sección Quinta y reitera la configuración de la causal 1. ° del artículo 141 del CGP, para lo cual insiste en los argumentos relacionados con la celeridad con la que se resolvió la solicitud de aclaración y adición, y con el desconocimiento de lo establecido por el artículo 132 del CPACA para el trámite de las recusaciones. Al respecto, se advierte que esta solicitud también resulta reiterativa y dilatoria, puesto que, mediante auto del 30 de julio de 2026, el suscrito magistrado dio trámite a la recusación que la accionada formuló contra los magistrados que integran esta Sala, en el sentido de rechazarla, en el marco de la competencia otorgada por el ordenamiento. (…). En el mismo sentido, es notorio que, mediante esta nueva recusación, la finalidad de la demandada es simplemente manifestar los motivos de inconformidad con lo decidido en dicha providencia e insistir en las razones que fundamentaron las solicitudes de nulidad presentadas. Sin perjuicio de lo anterior, es preciso recordar que el artículo 132 de la Ley 1437 de 2011, en su numeral 1.°, prevé que la recusación «se propondrá por escrito ante el juez o magistrado ponente con expresión de la causal legal y de los hechos en que se fundamente, acompañando las pruebas que se pretendan hacer valer». Por tanto, aunado a la evidente intención de dilatar el proceso, es palmario que la recusación formulada tampoco satisface la exigencia de expresar los hechos fundamento de la causal invocada, dado que (…) resultan ajenos a esta. En el mismo sentido, se precisa que, en el marco de este proceso, se elevó advertencia a la accionada con el único propósito de que se abstuviera de presentar solicitudes impertinentes o dilatorias y, con ello, conminarla a evitar que se apliquen las consecuencias sancionatorias que fueron previstas por el legislador para este medio de control en el artículo 295 del CPACA. En consecuencia, dicha indicación no correspondió a una forma de «intimidación» que tuviera como fin cercenar las garantías procesales de la demandada. Aunado a ello, se insiste en que lo expuesto en estos términos por la peticionaria no guarda relación con algún hecho que sustente la causal de recusación invocada. Por tanto, procede el rechazo de su solicitud. Conclusión. (…). Por último, el despacho, nuevamente, conmina a la parte demandada a abstenerse de presentar peticiones que resulten impertinentes o dilatorias, so pena de aplicar las consecuencias previstas en el artículo 295 de la Ley 1437 de 2011. Además, informa que no se tendrán en cuenta nuevas solicitudes en el mismo sentido o que busquen obstaculizar el curso regular del proceso. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 1,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 295,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 141 NUMERAL 1