Auto C.E. 11001-03-24-000-2021-00352-00 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 11001-03-24-000-2021-00352-00 AUTO INTERLOCUTORIO SUSTENTO NORMATIVO : LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 1 LITERAL A / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 101 / LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 42 NUMERAL 3 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 159 / LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 28 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 100 NUMERAL 8 / DECRETO 2363 DE 2015 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 171 NUMERAL 3 NORMA DEMANDADA : FECHA : 20/08/2026 SECCION : SECCION PRIMERA PONENTE : PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA ACTOR : FRIGOSINU S.A. DEMANDADO : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE DECISION : PROSPERA TEMA : AUTO QUE RESUELVE EXCEPCIONES PREVIAS / CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE / FORMULACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO / ACUERDO NORMATIVO / PLAN DE MANEJO AMBIENTAL / DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA / ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN PREVIA Problema jurídico: ¿Procede el medio de control de nulidad presentado contra los Acuerdos 364 del 30 de mayo de 2018 y 385 del 7 de diciembre de 2018, expedidos por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge – CVS, que adoptaron el Plan de Manejo Ambiental de un Humedal? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e advierte que en los actos enjuiciados la CVS adoptó el Plan de Manejo ambiental en el departamento de Córdoba. Por ende, es evidente que se trata de actos administrativos de carácter general y en esas condiciones el medio de control procedente para cuestionar su validez es el previsto en el artículo 137 del CPACA (…) Además, de la lectura del libelo introductorio no se evidencia que el accionante persiga el restablecimiento automático de un derecho subjetivo propio o de un tercero, pues la causa petendi se orienta a la protección del ordenamiento jurídico en abstracto. En efecto, allí se sostiene que los actos enjuiciados desconocieron las órdenes impartidas dentro de la acción popular con radicación 2006-00784 para la protección del humedal ubicado en los predios aledaños a Frigosinú S.A.; que el Plan de Manejo Ambiental adoptado no correspondía al ecosistema objeto de dicha decisión judicial, que redujo su ámbito de protección para permitir procesos de expansión urbana y que, por esa razón, los acuerdos demandados infringen la normativa ambiental aplicable y se encuentran afectados por los vicios de falsa motivación, expedición irregular y desviación de poder. En el mismo sentido, del contenido de la demanda tampoco se desprende que la parte actora persiga el restablecimiento automático de una situación jurídica derivada de los usos del suelo aplicables a los predios de Frigosinú S.A, pues como se vio sus reproches se dirigen a controvertir la legalidad de los Acuerdos 364 y 385 de 2018 al estimar que desconocieron las órdenes impartidas en la mencionada acción popular y la normativa ambiental aplicable. Lo expuesto permite desestimar igualmente la excepción de caducidad, toda vez que esta parte de un fundamento erróneo, consistente en que el medio de control procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho. En efecto, como quedó expuesto, la demanda persigue la protección del ordenamiento jurídico en abstracto y, por tanto, corresponde al medio de control de nulidad, el cual conforme al literal a) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA, puede ejercerse en cualquier tiempo. (…) En suma, el reparo no prospera. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 1 LITERAL A,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 101,Ley 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 42 NUMERAL 3 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE / FORMULACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / INDEBIDA CONFORMACIÓN DEL CONTRADICTORIO / ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / REPRESENTACIÓN JUDICIAL / DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / PARTE DEMANDADA / INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN PREVIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Se configura la excepción de indebida integración del contradictorio si se alega que pese a haberse vinculado a una Corporación Autónoma Regional, no se integró al proceso su Consejo Directivo por haber sido el órgano que expidió los actos administrativos enjuiciados? Respuesta al problema jurídico: No [S]i varios sujetos procesales intervinieron en la expedición del acto o los actos demandados, todos ellos deberán ser vinculados al proceso judicial y estar representados por la persona -de existir un solo representante- o por las personas -si por expresa disposición legal hubiere concurrencia de sujetos procesales-, de mayor jerarquía en la autoridad que expidió el acto. En ese orden, tratándose de las corporaciones autónomas regionales, la representación judicial corresponde a la persona de mayor jerarquía de la entidad, esto es, a su Director General, quien actúa como su representante legal. (…) En consecuencia, aunque los actos administrativos demandados fueron expedidos por el Consejo Directivo de la CVS, ello no implica que dicho órgano deba ser vinculado al proceso como sujeto procesal independiente pues carece de personería jurídica propia y hace parte de la estructura orgánica de esa corporación, cuya representación judicial corresponde a su Director General. Precisamente por ello, mediante auto del 27 de febrero de 2024 se dispuso la vinculación de la CVS a través de su representante legal, con lo cual quedó debidamente integrado el contradictorio. En suma, el reproche no prospera. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 159,Ley 99 DE 1993 - ARTÍCULO 28 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE / FORMULACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / EXCEPCIÓN DE PLEITO PENDIENTE / REQUISITOS DE LA EXCEPCIÓN DE PLEITO PENDIENTE / PROCESO JUDICIAL EN TRÁMITE / FALTA DE IDENTIDAD DE OBJETO / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN POR PLEITO PENDIENTE ENTRE LAS MISMAS PARTES Y SOBRE EL MISMO ASUNTO / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN PREVIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Se configura la excepción de pleito pendiente, si el demandando afirma que aún se encuentra en trámite la resolución del incidente de desacato en la acción popular con radicado 23001-33-1-003-2006-00784-00? Respuesta al problema jurídico: No [E]xiste un presupuesto principal para adelantar el estudio del caso en el marco de la excepción mencionada y es que debe existir un proceso en curso, entendiendo por ello que el proceso no ha sido finalizado y que sobre el mismo no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada. Superado este aspecto, es procedente analizar los tres restantes, es decir, la identidad en el objeto, en la causa petendi y en los sujetos. Visto lo anterior, el Despacho pasará analizar en el caso en concreto los presupuestos antes mencionados: Que exista otro proceso en curso. Bajo esta perspectiva, al consultar el Sistema de Gestión Judicial SAMAI se observa que el incidente de desacato promovido dentro del proceso con radicación 23001 33 31 003 2006 00784 00 permanece pendiente de decisión por parte del Juzgado Cuarto Administrativo de Montería, circunstancia que evidencia que el trámite incidental no ha finalizado. Igual situación acontece con el proceso de la referencia, el cual fue radicado el día 16 de julio de 2021, y cuyas excepciones previas se están resolviendo en este momento. De acuerdo con lo anterior, está acreditado el primero de los requisitos para la configuración de la excepción de pleito pendiente, en la medida de que ambos expedientes se encuentran en curso. Similitud de objeto. En cuanto al citado requisito, el Despacho advierte que este presupuesto no se configura. En efecto, el incidente de desacato promovido dentro de la acción popular tiene como finalidad establecer si las autoridades accionadas incumplieron las órdenes impartidas en la sentencia proferida dentro de ese proceso y de ser el caso, adoptar las medidas coercitivas previstas en la ley para lograr su cumplimiento. Por el contrario, el presente medio de control persigue que se determine si los Acuerdos 364 del 30 de mayo de 2018 y 385 del 7 de diciembre de 2018 se encuentran afectados por los vicios de ilegalidad invocados en la demanda y, en consecuencia, si hay lugar a declarar su nulidad. Por ende, es evidente que dicho requisito no se cumple y, por ende, no se configura la excepción de pleito pendiente por lo que el anotado medio exceptivo no prospera. FUENTE FORMAL: Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 100 NUMERAL 8 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS / FORMULACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / ASUNTO NO SUSCEPTIBLE DE CONTROL JUDICIAL / ACCIÓN POPULAR / ORDEN JUDICIAL / CUMPLIMIENTO DE ORDEN JUDICIAL / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO / ANTECEDENTE JURISPRUDENCIAL / ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDABLE / PROCEDENCIA DEL CONTROL DE LEGALIDAD / AUTO QUE ORDENA ESTARSE A LO RESUELTO / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN PREVIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Los Acuerdos 364 del 30 de mayo de 2018 y 385 del 7 de diciembre de 2018, expedidos por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge – CVS por los cuales se adoptó el Plan de Manejo Ambiental de un Humedal son pasibles de control judicial, si se alega que se tratan de actos de ejecución para dar cumplimiento a lo ordenado en una sentencia de acción popular? Respuesta al problema jurídico: No [S]e advierte que el mencionado reparo ya fue resuelto por la Sala de Decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado, quien en auto del 20 de abril de 2023 indicó: (…) la Sala colige que, si bien los acuerdos demandados surgen como consecuencia de unas órdenes judiciales dictadas en el proceso popular con radicado 23001-33-31-003-2006-00784-00, también es una realidad: (i) que en el Acuerdo No. 364 de 30 de mayo de 2018 se delimitó e implementó un plan de manejo ambiental de un terreno mayor al indicado por el juez popular; (ii) que en el Acuerdo No. 385 de 7 de diciembre de 2018, se excluyó del área ambiental protegida inicialmente, una parte del predio aledaño a la sociedad Frigosinú S.A., el cual fue protegido en su totalidad por el juez popular, y (iii) que de la causa petendi de la demanda se puede observar que la intención del accionante también está orientada a controvertir la legalidad de las resoluciones enjuiciadas. Con sustento en tales premisas, la Sala considera, en esta instancia preliminar del proceso, que obran en el expediente medios demostrativos que acreditan que los acuerdos enjuiciados introdujeron alteraciones o modificaciones a las órdenes dictadas por el juez popular en las sentencias de 27 de enero de 2015 y de 16 de noviembre de 2017, generándose así una nueva decisión administrativa que, dada su novedad, si está sujeta al control del juez contencioso administrativo. (…) En suma, el Despacho se estará a lo resuelto en la providencia antes referida y, en consecuencia, declarará no probada la excepción propuesta. AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS / FORMULACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO / ORDEN / AGENCIA NACIONAL / TIERRAS / CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES / INEXISTENCIA DE LITISCONSORCIO NECESARIO / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN PREVIA / DESVINCULACIÓN DEL PROCESO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Tiene legitimación en la causa por pasiva la Agencia Nacional de Tierras para intervenir en el proceso en el que se discute la legalidad de los Acuerdos 364 del 30 de mayo de 2018 y 385 del 7 de diciembre de 2018, expedidos por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge – CVS que aprobaron el Plan de Manejo Ambiental de un Humedal, si se alega que esa entidad no participó dentro del trámite de emisión de los actos enjuiciados? Respuesta al problema jurídico: No [L]os sujetos cuya vinculación resulta obligatoria desde el auto admisorio de la demanda son la parte demandada, el Ministerio Público y aquellas personas que ostentan un interés directo en el resultado del proceso, esto es, los litisconsortes necesarios respecto de quienes no es posible adoptar una decisión de fondo sin su comparecencia. Distinta es la situación de los coadyuvantes, pues estos tienen la condición de terceros que intervienen para respaldar las pretensiones o la defensa de la parte demandada sin que su presencia resulte indispensable para para proferir una sentencia. Por tal razón, no existe obligación legal de vincularlos desde el inicio del proceso y en caso de comparecer, deben asumir la actuación en el estado en que se encuentre al momento de su intervención, sin que ello genere la invalidez de lo actuado con anterioridad. Así, lo que se evidencia es que la Agencia Nacional de Tierras no emitió los actos enjuiciados, de manera que al tenor de lo dispuesto en el artículo 159 de CPACA no tendría la condición de demandada en el proceso de la referencia. Además, el Despacho considera que la Agencia Nacional de Tierras no ostenta la condición de litisconsorte necesaria, pues la única referencia que los actos demandados hacen respecto de esa entidad consiste en requerirla para que adelante el deslinde y amojonamiento de los predios que integran el humedal en desarrollo de las competencias que le atribuye el Decreto 2363 de 2015. (…) En otras palabras, la orden de deslinde y amojonamiento no reconoce, modifica ni extingue situación jurídica subjetiva alguna en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras, sino que se limita a requerir el ejercicio de una competencia que dicha entidad ya tenía atribuida por el Decreto 2363 de 2015. Así, el acto acusado únicamente le exige el cumplimiento de una función establecida en una disposición normativa cuya legalidad no se controvierte en este proceso, por ello, no existe una relación jurídica sustancial que haga necesaria su vinculación como litisconsorte. En suma, se declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Agencia Nacional de Tierras y se dispondrá su exclusión del este proceso. FUENTE FORMAL: Decreto 2363 DE 2015,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 159,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 171 NUMERAL 3